Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Ahora bien, se desprende de los hechos probados que el aprovechamiento de agua pública se realizaba sin ningún tipo de concesión. Ante esta irregularidad, la Dirección de Agua notificó al afectado con el propósito de que pusiera su situación a Derecho, ya fuera demoliendo la estructura encontrada o regularizando el aprovechamiento mediante la respectiva gestión. La Sala no encuentra reproche alguno en la actuación de la Dirección de Aguas, cuyo objetivo es, precisamente, velar por el adecuado uso de las fuentes de agua. Vistas las manifestaciones del recurrente, la Sala aclara que este cuadro fáctico se diferencia de la suspensión del servicio de agua por parte de un proveedor, que impone el deber a tal proveedor de brindar una fuente pública al afectado. En el sub lite, no existe servicio de agua potable legal, cuya tutela pueda pretenderse. Además, la Sala destaca que la Dirección de Aguas otorgó un plazo al interesado para que gestionara el aprovechamiento del agua. Sin embargo, a la fecha, no hay una gestión a su nombre con ese propósito. Tampoco consta que él gestionara alguna prórroga del plazo, a fin de cumplir los requisitos o hacerse asesorar. En ese tanto, la Sala no observa lesión alguna a sus derechos fundamentales y, en consecuencia, declara sin lugar el recurso.
English (translation)Now, it is evident from the proven facts that the use of public water was carried out without any type of concession. Faced with this irregularity, the Water Directorate notified the affected party in order to bring his situation into compliance with the law, either by demolishing the structure found or by regularizing the use through the corresponding procedure. The Chamber finds no reproach in the actions of the Water Directorate, whose purpose is precisely to ensure the proper use of water sources. Considering the petitioner's statements, the Chamber clarifies that this factual context differs from the suspension of water service by a provider, which imposes the duty on such provider to provide a public source to the affected party. In the present case, there is no legal potable water service whose protection can be claimed. Furthermore, the Chamber emphasizes that the Water Directorate granted the interested party a period to process the water use. However, to date, there is no procedure in his name for that purpose. Nor is there any evidence that he requested an extension of the deadline in order to meet the requirements or obtain advice. Therefore, the Chamber does not observe any violation of his fundamental rights and, consequently, declares the appeal without merit.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 05359 - 2026 Fecha de la Resolución: 13 de Febrero del 2026 a las 09:34 Expediente: 26-000824-0007-CO Redactado por: Paul Rueda Leal Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas: AGUA POTABLE. 005359-26. SERVICIOS PÚBLICOS. ACUSA EL RECURRENTE QUE SE LE SUSPENDIÓ EL ACCESO AL AGUA. SE DECLARA SIN LUGAR, AL DEMOSTRARSE QUE HABÍA UN APROVECHAMIENTO DE AGUA SIN CONCESIÓN, ADEMÁS, SE OTORGÓ UN PLAZO PARA PONERSE A DERECHO Y NO HIZO NINGUNA GESTIÓN AL RESPECTO. VCG03/2026 “(…) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente señala que habita en una comunidad sin acueducto público. Indica que suple su necesidad de agua mediante una estructura de captación de agua. Reclama que la Dirección de Agua inspeccionó el lugar y ordenó el cese inmediato del aprovechamiento y la eliminación de la estructura de captación, lo que genera un impacto humano, sanitario y social. Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante notificación del 4 de setiembre de 2025, la Dirección de Agua advirtió al recurrente: “- Que el Ministerio de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 17 y 168 de la Ley de Aguas, establece que es necesario contar con la concesión otorgada, para el aprovechamiento de agua superficial, autorización que concede el Ministerio del Ambiente y Energía, previa solicitud formulada ante la Dirección de Aguas. - Siendo que no cuentan con la concesión otorgada, deberán cesar el aprovechamiento ilegítimo de manera inmediata, eliminando la estructura construida para la captación de la fuente. Por lo tanto, en el plazo de DIEZ DÍAS de conformidad con artículo 264 la Ley General de la Administración Pública, deberá presentar una nota en donde manifieste que la estructura ha sido eliminada en su totalidad y una secuencia fotográfica que así lo acredite. - Si las obras encontradas en la coordenada proyección Lambert Norte latitud 171074 y longitud 557200 (coordenada en proyección CRTM-05 latitud 1056417 y longitud 520822) no son removidas en el plazo de tiempo antes indicado, se procederá a la eliminación de la estructura por parte de este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, trasladando los costos de la demolición al administrado. - Que de conformidad con los artículos 140 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, se le intima que, de mantener interés en aprovechar el agua, solicite la Concesión de Aprovechamiento de Agua ante el Ministerio del Ambiente y Energía en el plazo de DIEZ DÍAS, según el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública. En caso de incumplimiento, el Estado puede ejercer las acciones penales correspondientes. En caso omiso, se tendrá por notificado lo actuado con el transcurso de 24 horas según la Ley 7637, y se presentará posteriormente la respectiva denuncia penal por el delito de Desobediencia estipulado en el Código Penal en el numeral 314 y de Usurpación de Agua contemplado en el 226 del mismo cuerpo legal”. El aprovechamiento de agua sin concesión se da, presuntamente, por parte del proyecto turístico Batsu Garden y se utiliza para una casa de peones del proyecto, el restaurante, una casa de habitación y el riego de árboles. Por oficio DA-UHTPSOZ-1468-2025 del 17 de octubre de 2025, una funcionaria del Área Técnica de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur de la Dirección de Agua comunicó al coordinador de esa área: “Con base en lo inspeccionado y de acuerdo con las labores de gabinete para la atención de esta denuncia ambiental, se recomienda proceder con la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de usurpación de aguas y desobediencia, según lo establecido en el Código Penal en los artículos 226 y 314, en contra del señor [Nombre 001], portador de la cédula de identidad número [Valor 001], al haber transcurrido el tiempo de notificación y existir todavía el aprovechamiento ilegal del recurso hídrico para fines comerciales proveniente de ambos cuerpos de agua inspeccionados”. Finalmente, mediante oficio DA-UHTPSOZ-1469-2025 del 17 de octubre de 2025, la Dirección de Agua presentó una denuncia por presuntos delitos de Usurpación de Agua y Desobediencia a la Autoridad en contra del amparado. Ahora bien, se desprende de los hechos probados que el aprovechamiento de agua pública se realizaba sin ningún tipo de concesión. Ante esta irregularidad, la Dirección de Agua notificó al afectado con el propósito de que pusiera su situación a Derecho, ya fuera demoliendo la estructura encontrada o regularizando el aprovechamiento mediante la respectiva gestión. La Sala no encuentra reproche alguno en la actuación de la Dirección de Aguas, cuyo objetivo es, precisamente, velar por el adecuado uso de las fuentes de agua. Vistas las manifestaciones del recurrente, la Sala aclara que este cuadro fáctico se diferencia de la suspensión del servicio de agua por parte de un proveedor, que impone el deber a tal proveedor de brindar una fuente pública al afectado. En el sub lite, no existe servicio de agua potable legal, cuya tutela pueda pretenderse. Además, la Sala destaca que la Dirección de Aguas otorgó un plazo al interesado para que gestionara el aprovechamiento del agua. Sin embargo, a la fecha, no hay una gestión a su nombre con ese propósito. Tampoco consta que él gestionara alguna prórroga del plazo, a fin de cumplir los requisitos o hacerse asesorar. En ese tanto, la Sala no observa lesión alguna a sus derechos fundamentales y, en consecuencia, declara sin lugar el recurso. (…)” ... Ver más Texto de la resolución Exp: 26-000824-0007-CO Res. Nº 2026005359 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del trece de febrero de dos mil veintiseis . Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 26-000824-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Sala el 10 de enero de 2026, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que la comunidad de San Gerardo de Dota no cuenta con acueducto público, ASADA, u otro ente regulador que suministre el agua potable a las viviendas y actividades económicas de la zona, por lo cual históricamente el abastecimiento de agua para consumo humano se ha realizado mediante fuentes de agua natural, tales como nacientes, escorrentías o captaciones similares. Que en una propiedad de carácter familiar ubicada en dicha comunidad, existe desde hace varios años una estructura de captación de agua, utilizada de manera histórica, ocasional y complementaria como una de las fuentes disponibles para el abastecimiento de agua para consumo humano de varias viviendas familiares, incluyendo su propia casa, la de sus padres, la de su hermana, así como actividades económicas familiares vinculadas al turismo rural. Esa fuente de agua no tiene un comportamiento uniforme durante todo el año, ya que en algunos períodos de verano prolongado el caudal disminuye considerablemente o incluso desaparece, situación que ha generado históricamente dificultades deabastecimiento en la zona, lo cual evidencia que no existe certeza técnica sobre su carácter permanente. Expone que a raíz de una denuncia planteada por un tercero, la Dirección de Aguas realizó una inspección administrativa y mediante notificación formal ordenó "(...) el cese inmediato del aprovechamiento y la eliminación de la estructura de captación, bajo apercibimiento de demolición forzosa, traslado de costos y eventuales consecuencias penales por desobediencia (…)". Acusa que la Dirección de Aguas no valoró el impacto humano, sanitario y social que implicaría la eliminación inmediata de la captación, ni garantizó "una fuente alterna real, previa y suficiente" de abastecimiento de agua para las personas afectadas, pese a tratarse de un recurso indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana en una comunidad rural sin acceso a servicios públicos de agua. Estima lesionados sus derechos fundamentales. 2.- Por resolución de las 10:31 horas del 14 de enero de 2026 se dio curso al amparo. 3.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, lo siguiente: “Para la atención del recurso se solicito un informe técnico a la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur, de la Dirección de Agua quien atiende la zona, remitiendo al efecto el oficio DA-UHTPSOZ-0067-2026 del 15 de enero del 2026. Conforme lo señalado en éste, se tienen los siguientes hechos: Se recibió en la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur, la denuncia anónima cuyo código de identificación es 56199-2025, esto a través del sistema SITADA oficial del MINAE para recibid denuncias y que fuera trasladada a la UH por parte de la administración de este sistema; denuncia que refiere sobre un aprovechamiento ilegal de agua y cuya descripción citaba de indica: toma de agua ilegal para cultivos y casas de peones. Con fecha 8 de octubre del 2025, se realizó inspección al sitio denunciado lo que generó el informe técnico DAUHTPSOZ-1468-2025, de fecha 17 de octubre del 2025, señalando lo encontrado: Se verificó un aprovechamiento de agua sin concesión por parte del proyecto turístico Batsu Garden. Básicamente se está proveyendo agua para una casa de peones del proyecto, así como un restaurante llamado Alba Árbol de San Gerardo de Dota, una casa de habitación y riego de árboles de aguacate. Mediante dictamen de cuerpo de agua, según oficio DA-UHTPSOZ-1631-2024 del 20 de noviembre del 2024, se determina que el cuerpo de agua de donde se realiza la captación corresponde a una quebrada permanente de dominio público. Conforme lo encontrado en campo se notifica al propietario registral donde se da el aprovechamiento ilegal, el 4 de setiembre del 2025, indicándole que debía de ponerse a derecho y solicitar la respectiva concesión de agua en tanto revisado el Registro no se registra concesión por parte del recurrente. Ante la inacción del recurrente, se procedió con fecha 17 de octubre del 2025, mediante oficio DA-UHTPSOZ1469-2025 del17 de octubre del 2025, a interponer la denuncia penal correspondiente por usurpación de bienes públicos. Es importante que el recurrente tenga claro, que el agua es del Estado y para su aprovechamiento debe de cumplir con el procedimiento que señala tanto la Ley 276 y el Decreto 44410-MINAE. Conforme la Ley de Agua 276 es necesaria una concesión de agua para poder hacer uso de este recurso y la misma se tramita con esta Dirección de Agua. De la información descrita y documentos adjuntos se comprueba que al recurrente se le indicó la forma y el procedimiento para obtener una concesión de aprovechamiento de agua. Según el Revisado el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauce que opera esta Dirección conforme artículo 18 de la Ley de Agua, a la fecha de este informe no existe concesión otorgada o solicitud de concesión en trámite a nombre del señor [Nombre 001] con cédula [Valor 001]. Es evidente la falta de interés del mismo de ponerse a derecho como cualquier habitante de la República. No es de recibo el señalamiento que hace en cuanto a que al no haber un acueducto público o no contar con un servicio público, se le estaría afectando el derecho constitucional al acceso al agua. De ninguna manera puede tenerse como cierta esta afirmación, debiendo tramita la concesión de agua de conformidad con la Ley de Aguas y reglamentos. El trámite para obtener la concesión es demasiado sencillo se hace en línea a través de la plataforma SIPECO de la Dirección de Agua y con requisitos que la misma plataforma indica o directamente de acceder a ellos directamente por la administración. Es importante que no estamos antes un uso poblacional ni servicio público; sino que se trata de un comercial turístico y económico del propietario de la propiedad, de ahí que se reitera la necesidad y deber de tener que solicitar individualmente la concesión. De tal forma que el actuar del MINAE como ente rector del recurso hídrico en Costa Rica, a través de la Dirección de Agua, como Órgano Técnico conforme el artículo 177 de la Ley de Aguas, no es desmedido ni atenta contra derechos fundamentales como lo es el acceso al agua. En este caso, nos encontramos con un aprovechamiento ilegal, que debe ser enderezado y puesto a derecho, y para ello, por medio de la solicitud y trámite de la concesión, lo que reiteramos a la fecha el recurrente no ha realizado”. 4.- Según constancia del 26 de enero de 2026 de este Tribunal: “…en el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 17/01/2026 al 22/01/2026, la MINISTRA DE AMBIENTE Y ENERGÍA haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó…”. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Rueda Leal; y, Considerando: I.- Cuestión previa. En vista de que la ministra de Ambiente y Energía omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos. II.- Objeto del recurso. La parte recurrente señala que habita en una comunidad sin acueducto público. Indica que suple su necesidad de agua mediante una estructura de captación de agua. Reclama que la Dirección de Agua inspeccionó el lugar y ordenó el cese inmediato del aprovechamiento y la eliminación de la estructura de captación, lo que genera un impacto humano, sanitario y social. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: a) Mediante notificación del 4 de setiembre de 2025, la Dirección de Agua advirtió al recurrente: “- Que el Ministerio de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 17 y 168 de la Ley de Aguas, establece que es necesario contar con la concesión otorgada, para el aprovechamiento de agua superficial, autorización que concede el Ministerio del Ambiente y Energía, previa solicitud formulada ante la Dirección de Aguas. - Siendo que no cuentan con la concesión otorgada, deberán cesar el aprovechamiento ilegítimo de manera inmediata, eliminando la estructura construida para la captación de la fuente. Por lo tanto, en el plazo de DIEZ DÍAS de conformidad con artículo 264 la Ley General de la Administración Pública, deberá presentar una nota en donde manifieste que la estructura ha sido eliminada en su totalidad y una secuencia fotográfica que así lo acredite. - Si las obras encontradas en la coordenada proyección Lambert Norte latitud 171074 y longitud 557200 (coordenada en proyección CRTM-05 latitud 1056417 y longitud 520822) no son removidas en el plazo de tiempo antes indicado, se procederá a la eliminación de la estructura por parte de este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, trasladando los costos de la demolición al administrado. - Que de conformidad con los artículos 140 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, se le intima que, de mantener interés en aprovechar el agua, solicite la Concesión de Aprovechamiento de Agua ante el Ministerio del Ambiente y Energía en el plazo de DIEZ DÍAS, según el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública. En caso de incumplimiento, el Estado puede ejercer las acciones penales correspondientes. En caso omiso, se tendrá por notificado lo actuado con el transcurso de 24 horas según la Ley 7637, y se presentará posteriormente la respectiva denuncia penal por el delito de Desobediencia estipulado en el Código Penal en el numeral 314 y de Usurpación de Agua contemplado en el 226 del mismo cuerpo legal”. (Ver informe rendido y prueba aportada). b) El aprovechamiento de agua sin concesión se da, presuntamente, por parte del proyecto turístico Batsu Garden y se utiliza para una casa de peones del proyecto, el restaurante, una casa de habitación y el riego de árboles. (Ver informe rendido). c) Por oficio DA-UHTPSOZ-1468-2025 del 17 de octubre de 2025, una funcionaria del Área Técnica de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur de la Dirección de Agua comunicó al coordinador de esa área: “Con base en lo inspeccionado y de acuerdo con las labores de gabinete para la atención de esta denuncia ambiental, se recomienda proceder con la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de usurpación de aguas y desobediencia, según lo establecido en el Código Penal en los artículos 226 y 314, en contra del señor [Nombre 001], portador de la cédula de identidad número [Valor 001], al haber transcurrido el tiempo de notificación y existir todavía el aprovechamiento ilegal del recurso hídrico para fines comerciales proveniente de ambos cuerpos de agua inspeccionados”. (Ver informe rendido y prueba aportada). d) Mediante oficio DA-UHTPSOZ-1469-2025 del 17 de octubre de 2025, la Dirección de Agua presentó una denuncia por presuntos delitos de Usurpación de Agua y Desobediencia a la Autoridad en contra del amparado. (Ver informe rendido y prueba aportada). e) El recurrente no ha gestionado una concesión para aprovechar el agua. (Ver informe rendido). IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente señala que habita en una comunidad sin acueducto público. Indica que suple su necesidad de agua mediante una estructura de captación de agua. Reclama que la Dirección de Agua inspeccionó el lugar y ordenó el cese inmediato del aprovechamiento y la eliminación de la estructura de captación, lo que genera un impacto humano, sanitario y social. Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante notificación del 4 de setiembre de 2025, la Dirección de Agua advirtió al recurrente: “- Que el Ministerio de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 17 y 168 de la Ley de Aguas, establece que es necesario contar con la concesión otorgada, para el aprovechamiento de agua superficial, autorización que concede el Ministerio del Ambiente y Energía, previa solicitud formulada ante la Dirección de Aguas. - Siendo que no cuentan con la concesión otorgada, deberán cesar el aprovechamiento ilegítimo de manera inmediata, eliminando la estructura construida para la captación de la fuente. Por lo tanto, en el plazo de DIEZ DÍAS de conformidad con artículo 264 la Ley General de la Administración Pública, deberá presentar una nota en donde manifieste que la estructura ha sido eliminada en su totalidad y una secuencia fotográfica que así lo acredite. - Si las obras encontradas en la coordenada proyección Lambert Norte latitud 171074 y longitud 557200 (coordenada en proyección CRTM-05 latitud 1056417 y longitud 520822) no son removidas en el plazo de tiempo antes indicado, se procederá a la eliminación de la estructura por parte de este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, trasladando los costos de la demolición al administrado. - Que de conformidad con los artículos 140 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, se le intima que, de mantener interés en aprovechar el agua, solicite la Concesión de Aprovechamiento de Agua ante el Ministerio del Ambiente y Energía en el plazo de DIEZ DÍAS, según el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública. En caso de incumplimiento, el Estado puede ejercer las acciones penales correspondientes. En caso omiso, se tendrá por notificado lo actuado con el transcurso de 24 horas según la Ley 7637, y se presentará posteriormente la respectiva denuncia penal por el delito de Desobediencia estipulado en el Código Penal en el numeral 314 y de Usurpación de Agua contemplado en el 226 del mismo cuerpo legal”. El aprovechamiento de agua sin concesión se da, presuntamente, por parte del proyecto turístico Batsu Garden y se utiliza para una casa de peones del proyecto, el restaurante, una casa de habitación y el riego de árboles. Por oficio DA-UHTPSOZ-1468-2025 del 17 de octubre de 2025, una funcionaria del Área Técnica de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur de la Dirección de Agua comunicó al coordinador de esa área: “Con base en lo inspeccionado y de acuerdo con las labores de gabinete para la atención de esta denuncia ambiental, se recomienda proceder con la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de usurpación de aguas y desobediencia, según lo establecido en el Código Penal en los artículos 226 y 314, en contra del señor [Nombre 001], portador de la cédula de identidad número [Valor 001], al haber transcurrido el tiempo de notificación y existir todavía el aprovechamiento ilegal del recurso hídrico para fines comerciales proveniente de ambos cuerpos de agua inspeccionados”. Finalmente, mediante oficio DA-UHTPSOZ-1469-2025 del 17 de octubre de 2025, la Dirección de Agua presentó una denuncia por presuntos delitos de Usurpación de Agua y Desobediencia a la Autoridad en contra del amparado. Ahora bien, se desprende de los hechos probados que el aprovechamiento de agua pública se realizaba sin ningún tipo de concesión. Ante esta irregularidad, la Dirección de Agua notificó al afectado con el propósito de que pusiera su situación a Derecho, ya fuera demoliendo la estructura encontrada o regularizando el aprovechamiento mediante la respectiva gestión. La Sala no encuentra reproche alguno en la actuación de la Dirección de Aguas, cuyo objetivo es, precisamente, velar por el adecuado uso de las fuentes de agua. Vistas las manifestaciones del recurrente, la Sala aclara que este cuadro fáctico se diferencia de la suspensión del servicio de agua por parte de un proveedor, que impone el deber a tal proveedor de brindar una fuente pública al afectado. En el sub lite, no existe servicio de agua potable legal, cuya tutela pueda pretenderse. Además, la Sala destaca que la Dirección de Aguas otorgó un plazo al interesado para que gestionara el aprovechamiento del agua. Sin embargo, a la fecha, no hay una gestión a su nombre con ese propósito. Tampoco consta que él gestionara alguna prórroga del plazo, a fin de cumplir los requisitos o hacerse asesorar. En ese tanto, la Sala no observa lesión alguna a sus derechos fundamentales y, en consecuencia, declara sin lugar el recurso. V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- TTLBJWHUUNS61 EXPEDIENTE N° 26-000824-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 20:02:57. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 05359 - 2026 Date of Resolution: February 13, 2026, at 09:34 Case File: 26-000824-0007-CO Drafted by: Paul Rueda Leal Type of Matter: Amparo action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Indicators of Relevance Relevant ruling Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Strategic Themes: Economic, social, cultural, and environmental rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. CONSTITUTIONAL GUARANTEE MATTERS Topic: PUBLIC SERVICES Subtopics: DRINKING WATER. 005359-26. PUBLIC SERVICES. THE APPELLANT CLAIMS THAT HIS ACCESS TO WATER WAS SUSPENDED. THE APPEAL IS DECLARED WITHOUT MERIT, AS IT WAS SHOWN THAT THERE WAS A WATER USE WITHOUT A CONCESSION (aprovechamiento de agua sin concesión); MOREOVER, A DEADLINE WAS GRANTED TO COMPLY WITH THE LAW AND HE TOOK NO ACTION IN THAT REGARD. VCG03/2026 “(…) IV.- Regarding the specific case. In the sub examine, the appellant states that he lives in a community without a public aqueduct. He indicates that he meets his water needs through a water catchment structure. He complains that the Water Directorate (Dirección de Agua) inspected the site and ordered the immediate cessation of the water use and the removal of the catchment structure, which generates a human, sanitary, and social impact. Having analyzed the record, the Chamber has deemed it proven that, through a notification dated September 4, 2025, the Water Directorate warned the appellant: “- That the Ministry of Environment and Energy, in accordance with articles 17 and 168 of the Water Law (Ley de Aguas), establishes that it is necessary to have a granted concession for the use of surface water, an authorization granted by the Ministry of Environment and Energy, upon prior request made to the Water Directorate. - Since you do not have a granted concession, you must immediately cease the illegitimate water use, removing the structure built for catchment from the source. Therefore, within a period of TEN DAYS in accordance with article 264 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), you must submit a note stating that the structure has been completely removed and a photographic sequence proving it. - If the works found at the Lambert North projection coordinate latitude 171074 and longitude 557200 (coordinate in CRTM-05 projection latitude 1056417 and longitude 520822) are not removed within the aforementioned period, this Ministry will proceed with the removal of the structure, in accordance with the provisions of article 99 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), passing the demolition costs on to the administered party. - That in accordance with articles 140 and 150 of the General Law of Public Administration, you are summoned that, if you maintain an interest in using the water, to request the Water Use Concession (Concesión de Aprovechamiento de Agua) before the Ministry of Environment and Energy within a period of TEN DAYS, according to article 264 of the General Law of Public Administration. In case of non-compliance, the State may exercise the corresponding criminal actions. Should you fail to comply, the proceedings will be deemed notified after 24 hours according to Law 7637, and the respective criminal complaint will subsequently be filed for the crime of Disobedience stipulated in the Criminal Code (Código Penal) under numeral 314 and Water Usurpation (Usurpación de Agua) contemplated under 226 of the same legal body.” The water use without a concession is allegedly carried out by the Batsu Garden tourism project and is used for a project worker's house, the restaurant, a dwelling house, and the irrigation of trees. By official communication DA-UHTPSOZ-1468-2025 dated October 17, 2025, an official from the Technical Area of the Térraba-South Pacific Hydrological Unit (Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur) of the Water Directorate informed the coordinator of that area: “Based on the inspection and in accordance with the desk work for handling this environmental complaint, it is recommended to proceed with the complaint before the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) for the crimes of water usurpation and disobedience, as established in the Criminal Code in articles 226 and 314, against Mr. [Name 001], holder of identity card number [Value 001], given that the notification period has elapsed and the illegal water use (aprovechamiento ilegal del recurso hídrico) for commercial purposes from both inspected bodies of water still exists.” Finally, through official communication DA-UHTPSOZ-1469-2025 dated October 17, 2025, the Water Directorate filed a complaint for the alleged crimes of Water Usurpation and Disobedience to Authority against the protected party. Now, it is apparent from the proven facts that the public water use was being carried out without any type of concession. Faced with this irregularity, the Water Directorate notified the affected party with the purpose that he bring his situation into Legal compliance, either by demolishing the structure found or by regularizing the water use through the respective process. The Chamber finds no reproach whatsoever in the actions of the Water Directorate, whose objective is, precisely, to ensure the proper use of water sources. In view of the appellant's statements, the Chamber clarifies that this factual scenario differs from the suspension of water service by a provider, which imposes the duty on such provider to offer a public source to the affected party. In the sub lite, there is no legal drinking water service whose protection can be sought. Furthermore, the Chamber notes that the Water Directorate granted a period to the interested party to process the water use. However, to date, there is no process in his name for that purpose. Nor is there evidence that he requested any extension of the deadline in order to meet the requirements or obtain advice. To that extent, the Chamber observes no injury to his fundamental rights and, consequently, declares the appeal without merit. (…)” ... See more Text of the resolution Exp: 26-000824-0007-CO Res. No. 2026005359 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-four hours on February thirteenth, two thousand twenty-six. Amparo action processed in case file no. 26-000824-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. Whereas: 1.- Through a document received by the Chamber on January 10, 2026, the petitioner files an amparo action. He states that the community of San Gerardo de Dota does not have a public aqueduct, ASADA, or other regulatory entity that supplies drinking water to the homes and economic activities of the area, which is why historically the water supply for human consumption has been made through natural water sources, such as springs (nacientes), runoffs or similar catchments. That on a family property located in said community, a water catchment structure has existed for several years, used historically, occasionally, and complementarily as one of the sources available for supplying water for human consumption to several family homes, including his own house, that of his parents, that of his sister, as well as family economic activities linked to rural tourism. This water source does not have a uniform behavior throughout the year, as in some prolonged summer periods the flow decreases considerably or even disappears, a situation that has historically generated supply difficulties in the area, which shows that there is no technical certainty about its permanent nature. He explains that following a complaint filed by a third party, the Water Directorate (Dirección de Aguas) conducted an administrative inspection and through formal notification ordered "(...) the immediate cessation of the water use and the removal of the catchment structure, under warning of forced demolition, passing on of costs, and eventual criminal consequences for disobedience (…)". He claims that the Water Directorate did not assess the human, sanitary, and social impact that the immediate elimination of the catchment would entail, nor did it guarantee "a real, prior, and sufficient alternative source" of water supply for the affected persons, despite it being an indispensable resource for life, health, and human dignity in a rural community without access to public water services. He considers his fundamental rights to have been violated. 2.- By resolution at 10:31 hours on January 14, 2026, the amparo action was admitted for processing. 3.- José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath, the following: “To address the appeal, a technical report was requested from the Térraba-South Pacific Hydrological Unit, of the Water Directorate which services the area, sending official communication DA-UHTPSOZ-0067-2026 dated January 15, 2026, for this purpose. As stated therein, the following facts are noted: The Térraba-South Pacific Hydrological Unit received an anonymous complaint with the identification code 56199-2025, through the SITADA system, the official MINAE system for receiving complaints, which was forwarded to the HU by the administration of this system; a complaint that refers to an illegal water use and whose cited description stated: illegal water intake for crops and workers' houses. On October 8, 2025, an inspection was conducted at the reported site, which generated technical report DAUHTPSOZ-1468-2025, dated October 17, 2025, indicating what was found: A water use without a concession was verified by the Batsu Garden tourism project. Basically, water is being supplied for a project worker's house, as well as a restaurant called Alba Árbol de San Gerardo de Dota, a dwelling house, and the irrigation of avocado trees. By water body determination, according to official communication DA-UHTPSOZ-1631-2024 dated November 20, 2024, it is determined that the body of water from which the catchment is made corresponds to a permanent stream of public domain. According to what was found in the field, the registered owner where the illegal water use occurs was notified on September 4, 2025, indicating that he had to comply with the law and request the respective water concession, given that upon reviewing the Registry, no concession is registered on the part of the appellant. Due to the appellant's inaction, on October 17, 2025, through official communication DA-UHTPSOZ1469-2025 dated October 17, 2025, the corresponding criminal complaint was filed for usurpation of public property. It is important that the appellant be clear that water belongs to the State and for its use, he must comply with the procedure indicated by both Law 276 and Decree 44410-MINAE. According to Water Law 276, a water concession is necessary to be able to make use of this resource, and it is processed with this Water Directorate. From the information described and attached documents, it is verified that the appellant was informed of the form and procedure for obtaining a water use concession. According to the Review of the National Registry of Concessions and Works in Watercourses (Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauce) operated by this Directorate according to article 18 of the Water Law, as of the date of this report, there is no concession granted or concession request being processed in the name of Mr. [Name 001] with ID [Value 001]. His lack of interest in complying with the law like any inhabitant of the Republic is evident. The point he makes that because there is no public aqueduct or because he does not have a public service, his constitutional right to access to water would be affected, is not acceptable. This statement can in no way be taken as true, and he must process the water concession in accordance with the Water Law and regulations. The process to obtain the concession is quite simple, it is done online through the SIPECO platform of the Water Directorate and with requirements that the platform itself indicates or by accessing them directly through the administration. It is important that we are not dealing with a population or public service use; but rather it is a commercial, tourist, and economic undertaking of the property owner, hence the need and duty to individually request the concession is reiterated. In such a way that MINAE's actions as the governing body of water resources in Costa Rica, through the Water Directorate, as the Technical Body according to article 177 of the Water Law, are not excessive nor do they violate fundamental rights such as access to water. In this case, we are facing an illegal water use, which must be rectified and brought into Legal compliance, and for that purpose, through the request and processing of the concession, which we reiterate the appellant has not done to date.” 4.- According to the certification dated January 26, 2026, of this Court: “…in the Costa Rican system for managing judicial offices, the control of received documents and this case file, it did not appear that from 01/17/2026 to 01/22/2026, the MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY presented any document whatsoever, in order to render the report requested of her…”. 5.- In the proceedings followed, the legal provisions have been observed. Magistrate Rueda Leal drafts; and, Considering: I.- Preliminary issue. Given that the Minister of Environment and Energy omitted to answer the hearing within the period set by this Court in the resolution admitting the sub lite, the appeal is resolved in accordance with article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) and taking into consideration the evidentiary elements contained in the record. II.- Purpose of the appeal. The appellant states that he lives in a community without a public aqueduct. He indicates that he meets his water needs through a water catchment structure. He complains that the Water Directorate inspected the site and ordered the immediate cessation of the water use and the removal of the catchment structure, which generates a human, sanitary, and social impact. III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order: a) Through a notification dated September 4, 2025, the Water Directorate warned the appellant: “- That the Ministry of Environment and Energy, in accordance with articles 17 and 168 of the Water Law, establishes that it is necessary to have a granted concession for the use of surface water, an authorization granted by the Ministry of Environment and Energy, upon prior request made to the Water Directorate. - Since you do not have a granted concession, you must immediately cease the illegitimate water use, removing the structure built for catchment from the source. Therefore, within a period of TEN DAYS in accordance with article 264 of the General Law of Public Administration, you must submit a note stating that the structure has been completely removed and a photographic sequence proving it. - If the works found at the Lambert North projection coordinate latitude 171074 and longitude 557200 (coordinate in CRTM-05 projection latitude 1056417 and longitude 520822) are not removed within the aforementioned period, this Ministry will proceed with the removal of the structure, in accordance with the provisions of article 99 of the Organic Environmental Law, passing the demolition costs on to the administered party. - That in accordance with articles 140 and 150 of the General Law of Public Administration, you are summoned that, if you maintain an interest in using the water, to request the Water Use Concession before the Ministry of Environment and Energy within a period of TEN DAYS, according to article 264 of the General Law of Public Administration. In case of non-compliance, the State may exercise the corresponding criminal actions. Should you fail to comply, the proceedings will be deemed notified after 24 hours according to Law 7637, and the respective criminal complaint will subsequently be filed for the crime of Disobedience stipulated in the Criminal Code under numeral 314 and Water Usurpation contemplated under 226 of the same legal body.” (See report rendered and evidence provided). b) The water use without a concession is allegedly carried out by the Batsu Garden tourism project and is used for a project worker's house, the restaurant, a dwelling house, and the irrigation of trees. (See report rendered). c) By official communication DA-UHTPSOZ-1468-2025 dated October 17, 2025, an official from the Technical Area of the Térraba-South Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate informed the coordinator of that area: “Based on the inspection and in accordance with the desk work for handling this environmental complaint, it is recommended to proceed with the complaint before the Public Prosecutor's Office for the crimes of water usurpation and disobedience, as established in the Criminal Code in articles 226 and 314, against Mr. [Name 001], holder of identity card number [Value 001], given that the notification period has elapsed and the illegal water use for commercial purposes from both inspected bodies of water still exists.” (See report rendered and evidence provided). d) Through official communication DA-UHTPSOZ-1469-2025 dated October 17, 2025, the Water Directorate filed a complaint for the alleged crimes of Water Usurpation and Disobedience to Authority against the protected party. (See report rendered and evidence provided). e) The appellant has not processed a concession to use the water. (See report rendered). IV.- Regarding the specific case. In the sub examine, the appellant states that he lives in a community without a public aqueduct. He indicates that he meets his water needs through a water catchment structure. He complains that the Water Directorate inspected the site and ordered the immediate cessation of the water use and the removal of the catchment structure, which generates a human, sanitary, and social impact. Having analyzed the record, the Chamber has deemed it proven that, through a notification dated September 4, 2025, the Water Directorate warned the appellant: “- That the Ministry of Environment and Energy, in accordance with articles 17 and 168 of the Water Law, establishes that it is necessary to have a granted concession for the use of surface water, an authorization granted by the Ministry of Environment and Energy, upon prior request made to the Water Directorate. - Since you do not have a granted concession, you must immediately cease the illegitimate water use, removing the structure built for catchment from the source. Therefore, within a period of TEN DAYS in accordance with article 264 of the General Law of Public Administration, you must submit a note stating that the structure has been completely removed and a photographic sequence proving it. - If the works found at the Lambert North projection coordinate latitude 171074 and longitude 557200 (coordinate in CRTM-05 projection latitude 1056417 and longitude 520822) are not removed within the aforementioned period, this Ministry will proceed with the removal of the structure, in accordance with the provisions of article 99 of the Organic Environmental Law, passing the demolition costs on to the administered party. - That in accordance with articles 140 and 150 of the General Law of Public Administration, you are summoned that, if you maintain an interest in using the water, to request the Water Use Concession before the Ministry of Environment and Energy within a period of TEN DAYS, according to article 264 of the General Law of Public Administration. In case of non-compliance, the State may exercise the corresponding criminal actions. Should you fail to comply, the proceedings will be deemed notified after 24 hours according to Law 7637, and the respective criminal complaint will subsequently be filed for the crime of Disobedience stipulated in the Criminal Code under numeral 314 and Water Usurpation contemplated under 226 of the same legal body.” The water use without a concession is allegedly carried out by the Batsu Garden tourism project and is used for a project worker's house, the restaurant, a dwelling house, and the irrigation of trees. By official communication DA-UHTPSOZ-1468-2025 dated October 17, 2025, an official from the Technical Area of the Térraba-South Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate informed the coordinator of that area: “Based on the inspection and in accordance with the desk work for handling this environmental complaint, it is recommended to proceed with the complaint before the Public Prosecutor's Office for the crimes of water usurpation and disobedience, as established in the Criminal Code in articles 226 and 314, against Mr. [Name 001], holder of identity card number [Value 001], given that the notification period has elapsed and the illegal water use for commercial purposes from both inspected bodies of water still exists.” Finally, through official communication DA-UHTPSOZ-1469-2025 dated October 17, 2025, the Water Directorate filed a complaint for the alleged crimes of Water Usurpation and Disobedience to Authority against the protected party. Now, it is apparent from the proven facts that the public water use was being carried out without any type of concession. Faced with this irregularity, the Water Directorate notified the affected party with the purpose that he bring his situation into Legal compliance, either by demolishing the structure found or by regularizing the water use through the respective process. The Chamber finds no reproach whatsoever in the actions of the Water Directorate, whose objective is, precisely, to ensure the proper use of water sources. In view of the appellant's statements, the Chamber clarifies that this factual scenario differs from the suspension of water service by a provider, which imposes the duty on such provider to offer a public source to the affected party. In the sub lite, there is no legal drinking water service whose protection can be sought. Furthermore, the Chamber notes that the Water Directorate granted a period to the interested party to process the water use. However, to date, there is no process in his name for that purpose. Nor is there evidence that he requested any extension of the deadline in order to meet the requirements or obtain advice. To that extent, the Chamber observes no injury to his fundamental rights and, consequently, declares the appeal without merit. V.- Documentation provided to the case file. The parties are advised that, if they have provided any document on paper or objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch" (approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and on article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012. Therefore: The appeal is declared without merit. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- TTLBJWHUUNS61 CASE FILE N° 26-000824-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. 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