Res. 06425-2026 Sala Constitucional — Municipal duty to recover invaded public park: prolonged omission violates right to healthy environmentDeber municipal de recuperar parque público invadido: omisión prolongada viola derecho a ambiente sano

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06425 - 2026

Fecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2026 a las 09:30

Expediente: 26-003249-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

QUEJA.
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

006425-26. MUNICIPALIDAD. SE ACUSA QUE PARQUE MUNICIPAL FUE INVADIDO Y, LA MUNICIPALIDAD RECURRIDA, NO HA GESTIONADO NINGÚN CAMBIO. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA ALCALDESA DE LA MUNICIPAL DE VÁZQUEZ DE CORONADO, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES, COORDINE LO CORRESPONDIENTE, Y LLEVE A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE SOLUCIONE DE MANERA DEFINITIVA EL PROBLEMA DE INVASIONES EN LA PROPIEDAD MUNICIPAL OBJETO DE ESTE PROCESO. VCG03/2026

“(…) IV.- SOBRE EL FONDO. En este caso, se acreditó que desde el 2017, se denunció en la Contraloría de Servicios de la Municipalidad recurrida la invasión del parque público ubicado cien metros oeste y ciento veinticinco metros al sur de la Fábrica Nacional de Banderas, registrado bajo el número de plano SJ-2061818-2018 y el número de finca 118139. Además, que antes de proceder al desalojo, la administración delimitó el bien demanial mediante el levantamiento topográfico (Oficio CT-231-0033-2018) y la inscripción del plano catastrado SJ-2061818-2018. Además, rechazó una solicitud de visado municipal en octubre de 2018, promovida por uno de los invasores con el fin de segregar parte del terreno. También que, en el año 2024, la Dirección de Catastro y la Dirección de Planificación Urbana ha reiterado el estado demanial del terreno y la necesidad de continuar con las acciones legales para el desalojo. Finalmente que, con ocasión a este proceso, sea el 9 de febrero de 2026, se le giró una instrucción a la Trabajadora Social, señora Raquel González Bravo, mediante el Oficio AL-200-141-2026, para que se realice un estudio socioeconómico de las personas que ocupan el área.

Desde este panorama, resulta necesaria la intervención de este Tribunal.

Al respecto, se verifica que desde hace aproximadamente nueve años la municipalidad recurrida tiene conocimiento de la situación de invasiones ilegales al inmueble registrado bajo el número de plano SJ-2061818-2018 y el número de finca 118139, que es una propiedad pública de ese gobierno local, cuya naturaleza está destinada para parque.

Ahora bien, pese a que en el transcurso de los años la municipalidad recurrida ha efectuado algunas actuaciones para atender el caso, aún no se han adoptado las medidas correspondientes para solucionar de manera integral y definitiva la problemática acusada.

Así las cosas, visto que se trata de una zona pública destinada como “terreno de parque”, y por ende relacionada intrínsicamente con el disfrute de un ambiente sano, esta Sala Constitucional acoge el reclamo planteado, pues la omisión de la autoridad recurrida de solucionar el problema objeto de este recurso dentro de un plazo razonable contraviene lo establecido en el ordinal 50 de la Constitución Política (véase en similar sentido la Sentencia N° 2023-24202 de las 9:15 horas de 29 de setiembre de 2023).

En consecuencia, se declara con lugar el recurso, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. (…)”


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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una denuncia que presuntamente no ha sido resuelta en forma pronta. La denuncia se refiere a invasores de un área pública que han realizado múltiples construcciones, y que en dichas estructuras se desarrollan actividades delictivas como venta de drogas, se han detectado conatos de incendios, además de que se utiliza el parque infantil como depósito de escombros y, según se explica, los invasores intimidan e insultan a las personas que transitan o juegan el sitio público, Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG03/2026

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG03/2026

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se reclama, que la demora del Gobierno Local recurrido de tramitar denuncias interpuestas desde el año 2018 tendientes a recuperar el parque infantil de la comunidad que ha sido invadido, se han realizado múltiples construcciones en que las que habitan personas que desarrollan actividades delictivas como venta de drogas, se han detectado conatos de incendios, además de que utilizan el parque infantil como depósito de escombros, poniendo en riesgo a las personas que desean utilizar el espacio público.

VCG03/2026

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de cierta complejidad, como es en este caso que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, la Municipalidad de Vázquez de Coronado brinde una solución al problema de invasiones en la propiedad municipal objeto de este proceso. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG03/2026

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Texto de la resolución

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Exp: 26-003249-0007-CO

Res. Nº 2026006425

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-003249-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 29 de enero de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Explica, que es vecina de la Urbanización Sinaí, distrito Cascajal de Vásquez de Coronado. Explica, que en dicha urbanización existe un parque público ubicado cien metros oeste y ciento veinticinco metros al sur de la Fábrica Nacional de Banderas, registrado bajo el número de plano SJ-2061818-2018 y el número de finca 118139, el cual históricamente ha sido destinado al uso recreativo de la comunidad. Pero dicho terreno fue invadido y ocupada desde el año 2018 hasta la fecha de interposición de este recurso y sin justificación legal y sin oposición de la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Los invasores de este predio han realizado múltiples construcciones, y que en dichas estructuras se desarrollan actividades delictivas como venta de drogas, conatos de incendios, además de que se utiliza el parque infantil como depósito de escombros. Agrega que uno de los invasores construyó una cerca para evitar que las personas menores de edad se acerquen, cuando se las bolas o juguetes caen en ese lugar, y también los intimidan con insultos y ofensas. Y el líder del proceso vende "derechos" de forma ilegal en sumas de cuatro millones de colones o más. Esta situación impide y limita el derecho de la comunidad de la Urbanización Sinaí y del cantón en general a utilizar el parque para recreación, esparcimiento y libre tránsito, afectando de forma directa su calidad de vida. Manifiesta que los adultos mayores y las personas menores de edad deben desplazarse grandes distancias para acceder a otra zona comunal, ubicada al cruzar la ruta nacional 307, carretera altamente transitada, lo cual pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Reclama que, pese a que las invasiones fueron denunciadas ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado, ésta no ha actuado para recuperar el espacio público, ni para garantizar su uso conforme a su naturaleza. Estima lesionados sus derechos fundamentales.

2.- Por resolución de las 10:07 horas de 4 de febrero de 2026, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Alcalde de la Municipalidad de Vásquez de Coronado.

3.- Informa Yamilet Quesada Zúñiga, en su condición de Alcaldesa de la Municipal de Vázquez de Coronado, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:

“I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES. La Municipalidad de Vázquez de Coronado lamenta profundamente la situación descrita por la recurrente y la afectación que la invasión del área de parque en la Urbanización Sinaí ha generado a la calidad de vida y los derechos de la comunidad. No obstante, es imperativo desvirtuar la aseveración de que las autoridades municipales han incurrido en una "inacción" o han sido "cómplices" de dicho proceso de usurpación. Por el contrario, la Municipalidad ha mantenido un expediente activo y ha ejecutado acciones administrativas y técnicas continuas para la defensa y recuperación del bien de dominio público.

II.- SOBRE LOS HECHOS

Primero: Sobre los alegatos de inacción y letargo, indicados por la recurrente, los mismos se rechazan categóricamente. La documentación interna demuestra que, desde la recepción de la denuncia inicial en 2017, se iniciaron las gestiones para la recuperación del área. El proceso se ha desarrollado en fases técnicas y legales necesarias para garantizar la legalidad y efectividad de la acción administrativa. Inicialmente, la Dirección de Planificación Urbana y el Departamento Legal determinaron que, a pesar de que el área estaba destinada a uso público en el diseño de sitio, era indispensable realizar un levantamiento topográfico para definir con certeza el área invadida, dado que la finca madre (1-118139) seguía a nombre del desarrollador. Esta necesidad de certeza técnica fue atendida con la contratación de un topógrafo, quien en mayo de 2018 emitió el informe CT-231-0033-2018, el cual confirmó la invasión de los ranchos y otras estructuras en el Terreno “A”.

Posteriormente, se confeccionó el plano catastrado SJ-2061818-2018, un paso técnico fundamental para la delimitación registral del bien demanial. La diligencia municipal se evidencia aún más con el rechazo contundente de una solicitud de visado municipal en octubre de 2018 (Oficio CT-231-0149- 2018), promovida por uno de los invasores (Agustín Fernández Tenorio), con el fin de segregar parte del terreno. Dicho rechazo se fundamentó en la naturaleza demanial del bien, citando los artículos 40 y 44 de la Ley de Planificación Urbana y la jurisprudencia constitucional. Más recientemente, en 2024, la Dirección de Catastro y la Dirección de Planificación Urbana han reiterado el estado demanial del terreno y la necesidad de continuar con las acciones legales para el desalojo.

Segundo: La recurrente menciona correctamente que el área de parque está registrada bajo el número de finca 118139 a nombre de un tercero, el desarrollador original. Sin embargo, esta situación no desvirtúa la naturaleza pública del bien. Conforme al artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, el dominio municipal sobre las áreas de parques y facilidades comunales se constituye por el mismo uso al que fue destinado en el diseño de sitio de la urbanización, rigiendo el Principio de Inmatriculación.

Este principio dota al bien de una publicidad material que lo reviste de las características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Por lo tanto, el hecho de que la finca no haya sido formalmente traspasada al municipio no impide ni limita el ejercicio de la potestad de recuperación, pues el bien de dominio público desde la aprobación del fraccionamiento.

Tercero: La Municipalidad tiene conocimiento de que el señor Agustín Fernández Tenorio, uno de los ocupantes, intentó legitimar su posesión mediante un poder especial otorgado por el dueño registral.

No obstante, como se indicó en el oficio LE-202-055-2017, este poder es irrelevante, ya que los bienes de dominio público están fuera del comercio de los hombres. La venta de "derechos" sobre una propiedad demanial es un acto absolutamente nulo y carente de valor jurídico, pues nadie puede adquirir derechos de posesión o propiedad sobre un bien que la ley ha afectado al uso público. La Municipalidad ha actuado para impedir la consolidación de estos actos ilegales, como lo demuestra el rechazo del visado catastral.

Cuarto: La recurrente alega que la invasión del parque público, registrado bajo el plano SJ-2061818-2018 y la Finca 118139, impide el uso recreativo, genera riesgos por el tránsito de personas y vehículos, y permite el desarrollo de actividades delictivas. La Municipalidad es consciente de que la afectación del uso de un bien demanial por ocupación ilegal vulnera el derecho al libre goce de los bienes públicos, el cual debe ser garantizado por el Gobierno Local. La potestad de la Municipalidad para recuperar estos bienes es clara, pues se trata de un dominio público inalienable e imprescriptible.

Ahora bien, la Municipalidad no ha permanecido inactiva; por el contrario, ha ejecutado una serie de acciones técnicas, administrativas y legales que demuestran su compromiso con la recuperación del bien, las cuales han sido documentadas internamente y remitidas a esta Sala:

Antes de proceder al desalojo, la administración se aseguró de delimitar el bien demanial. Esto se logró mediante el levantamiento topográfico (Oficio CT-231-0033-2018) y la inscripción del plano catastrado SJ-2061818-2018, lo cual es un requisito indispensable para la certeza jurídica en la ejecución de la recuperación.

La Municipalidad ejerció su potestad al rechazar formalmente el intento de segregación de parte del terreno público por parte de un tercero (Oficio CT-231-0149-2018), confirmando que la titularidad registral privada no puede prevalecer sobre la afectación demanial por el principio de inmatriculación. Se confirma que la Sección de Inspección Municipal ha realizado notificaciones y clausuras a las edificaciones ilegales localizadas en el Terreno "A", ejerciendo el poder de policía administrativa sobre las construcciones que invaden el espacio público.

La acción más reciente y relevante es la instrucción girada a la Trabajadora Social, señora Raquel González Bravo, mediante el Oficio AL-200-141-2026, para que se realice un estudio socioeconómico de las personas que ocupan el área. Esta gestión no constituye dilación, sino una medida de debida diligencia administrativa que busca identificar las condiciones de los ocupantes.

La jurisprudencia ha indicado que, si bien la Administración puede proceder al desalojo de bienes demaniales sin un debido proceso formal para los invasores, no debe procederse a un desalojo intempestivo, debiendo al menos prevenirse al administrado de la futura acción. El estudio social permite a la Municipalidad coordinar con las instituciones sociales pertinentes para mitigar el impacto del desalojo, asegurando que la recuperación del bien público se realice de la forma más ordenada y humana posible, sin menoscabo de la obligación final de restituir el uso a la comunidad.

En resumen, la Municipalidad ha cumplido con su deber de investigar, delimitar, defender jurídicamente el bien y se encuentra en la etapa final de planificación social antes de ordenar la ejecución material del desalojo de los invasores.

II.- PRUEBA

1. Gestión inicial Contraloría de Servicios

2. Oficio SA-253-423-2017 del área de Saneamiento Ambiental y oficio LE-202-055-2017 del área legal

3. Oficio CT-231-0033-2018, emitido por el departamento de Catastro

4. Oficio CT-231-0149-2018, emitido por el departamento de Catastro

5. Otros datos relacionados con el oficio CT-231-0149-2018

6. Oficio CT-231-0061-2024, emitido por el departamento de Catastro, dirigido al despacho del alcalde

7. Oficio GP-230-0119-2024 emitido por el área de Planificación Urbana, dirigido a la alcaldía municipal.

8. Copia del plano SJ-2061818-2018

9. Copia oficio AL-200-141-2026 emitido por la alcaldía municipal, dirigido a la señora Raquel González Bravo, Trabajadora Social.

III.-PETITORIA

Con base en la documentación aportada y el análisis legal, se solicita a esta Honorable Sala:

1. Que se tenga por demostrado que la Municipalidad de Vázquez de Coronado ha actuado con la debida diligencia en la defensa del dominio público, realizando las gestiones técnicas y administrativas necesarias desde el año 2017.

2. Que se reconozca que la Administración se encuentra en la fase de planificación social previa a la ejecución material del desalojo, lo cual demuestra la voluntad de restituir el bien a su uso público.

3. Que, en virtud de la diligencia demostrada y la inexistencia de omisión ilegal atribuible a la autoridad recurrida, se declare SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo”.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:

I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una denuncia que presuntamente no ha sido resuelta en forma pronta. La denuncia se refiere a invasores de un área pública que han realizado múltiples construcciones, y que en dichas estructuras se desarrollan actividades delictivas como venta de drogas, se han detectado conatos de incendios, además de que se utiliza el parque infantil como depósito de escombros y, según se explica, los invasores intimidan e insultan a las personas que transitan o juegan el sitio público, Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente asegura que es vecina de la Urbanización Sinaí, distrito Cascajal de Vásquez de Coronado y que en dicha urbanización existe un parque público ubicado cien metros oeste y ciento veinticinco metros al sur de la Fábrica Nacional de Banderas, registrado bajo el número de plano SJ-2061818-2018 y el número de finca 118139, el cual históricamente ha sido destinado al uso recreativo de la comunidad. Pero dicho terreno fue invadido y ocupada desde el año 2018 hasta la fecha de interposición de este recurso y sin justificación legal y sin oposición de la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Explica, que han denunciado la situación al Gobierno Local, en especial por cuanto los invasores han realizado múltiples construcciones, y que en dichas estructuras se desarrollan actividades delictivas como venta de drogas, se han detectado conatos de incendios, además de que se utiliza el parque infantil como depósito de escombros. Incluso, los invasores intimidan e insultan a las personas que transitan o juegan el sitio público; sin embargo, no se ha solicitado la situación.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

Desde el año 2017, se denunció en la Contraloría de Servicios de la Municipalidad recurrida la invasión del parque público ubicado cien metros oeste y ciento veinticinco metros al sur de la Fábrica Nacional de Banderas, registrado bajo el número de plano SJ-2061818-2018 y el número de finca 118139 (véase al respecto el informe y la prueba remitida por la Alcaldesa de la Municipalidad de Coronado).
Antes de proceder al desalojo, la administración delimitó el bien demanial mediante el levantamiento topográfico (Oficio CT-231-0033-2018) y la inscripción del plano catastrado SJ-2061818-2018. Además, rechazó una solicitud de visado municipal en octubre de 2018, promovida por uno de los invasores con el fin de segregar parte del terreno (véase al respecto el informe y la prueba remitida por la Alcaldesa de la Municipalidad de Coronado).
En 2024, la Dirección de Catastro y la Dirección de Planificación Urbana ha reiterado el estado demanial del terreno y la necesidad de continuar con las acciones legales para el desalojo (véase al respecto el informe y la prueba remitida por la Alcaldesa de la Municipalidad de Coronado).
El 6 de febrero de 2026, se le notificó la resolución de curso de este proceso a la Alcaldesa de la Municipalidad de Coronado (véase al respecto el informe y la prueba remitida por la Alcaldesa de la Municipalidad de Coronado).
La acción más reciente es la instrucción girada a la Trabajadora Social, señora Raquel González Bravo, mediante el Oficio AL-200-141-2026 del 9 de febrero de 2026, para que se realice un estudio socioeconómico de las personas que ocupan el área (véase al respecto el informe y la prueba remitida por la Alcaldesa de la Municipalidad de Coronado).

IV.- SOBRE EL FONDO. En este caso, se acreditó que desde el 2017, se denunció en la Contraloría de Servicios de la Municipalidad recurrida la invasión del parque público ubicado cien metros oeste y ciento veinticinco metros al sur de la Fábrica Nacional de Banderas, registrado bajo el número de plano SJ-2061818-2018 y el número de finca 118139. Además, que antes de proceder al desalojo, la administración delimitó el bien demanial mediante el levantamiento topográfico (Oficio CT-231-0033-2018) y la inscripción del plano catastrado SJ-2061818-2018. Además, rechazó una solicitud de visado municipal en octubre de 2018, promovida por uno de los invasores con el fin de segregar parte del terreno. También que, en el año 2024, la Dirección de Catastro y la Dirección de Planificación Urbana ha reiterado el estado demanial del terreno y la necesidad de continuar con las acciones legales para el desalojo. Finalmente que, con ocasión a este proceso, sea el 9 de febrero de 2026, se le giró una instrucción a la Trabajadora Social, señora Raquel González Bravo, mediante el Oficio AL-200-141-2026, para que se realice un estudio socioeconómico de las personas que ocupan el área.

Desde este panorama, resulta necesaria la intervención de este Tribunal.

Al respecto, se verifica que desde hace aproximadamente nueve años la municipalidad recurrida tiene conocimiento de la situación de invasiones ilegales al inmueble registrado bajo el número de plano SJ-2061818-2018 y el número de finca 118139, que es una propiedad pública de ese gobierno local, cuya naturaleza está destinada para parque.

Ahora bien, pese a que en el transcurso de los años la municipalidad recurrida ha efectuado algunas actuaciones para atender el caso, aún no se han adoptado las medidas correspondientes para solucionar de manera integral y definitiva la problemática acusada.

Así las cosas, visto que se trata de una zona pública destinada como “terreno de parque”, y por ende relacionada intrínsicamente con el disfrute de un ambiente sano, esta Sala Constitucional acoge el reclamo planteado, pues la omisión de la autoridad recurrida de solucionar el problema objeto de este recurso dentro de un plazo razonable contraviene lo establecido en el ordinal 50 de la Constitución Política (véase en similar sentido la Sentencia N° 2023-24202 de las 9:15 horas de 29 de setiembre de 2023).

En consecuencia, se declara con lugar el recurso, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se reclama, que la demora del Gobierno Local recurrido de tramitar denuncias interpuestas desde el año 2018 tendientes a recuperar el parque infantil de la comunidad que ha sido invadido, se han realizado múltiples construcciones en que las que habitan personas que desarrollan actividades delictivas como venta de drogas, se han detectado conatos de incendios, además de que utilizan el parque infantil como depósito de escombros, poniendo en riesgo a las personas que desean utilizar el espacio público.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de cierta complejidad, como es en este caso que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, la Municipalidad de Vázquez de Coronado brinde una solución al problema de invasiones en la propiedad municipal objeto de este proceso. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. 

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Yamilet Quesada Zúñiga, en su condición de alcaldesa de la Municipal de Vázquez de Coronado, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes, coordine lo correspondiente, y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias para que, dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione de manera definitiva el problema de invasiones en la propiedad municipal objeto de este proceso. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipal de Vázquez de Coronado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a la presente declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignan notas por separado. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 26-003249-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:51:51.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 06425 - 2026

Resolution Date: February 20, 2026 at 09:30

Case File: 26-003249-0007-CO

Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Type of matter: Amparo proceeding

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Judgment with Dissenting Vote

Judgment with Separate Note

Relevance Indicators

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Strategic Themes: Economic, Social, Cultural and Environmental Rights

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

COMPLAINT.
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

006425-26. MUNICIPALITY. IT IS ALLEGED THAT A MUNICIPAL PARK WAS INVADED AND THE APPEALED MUNICIPALITY HAS NOT MANAGED ANY CHANGE. THE APPEAL IS GRANTED. THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF VÁZQUEZ DE CORONADO IS ORDERED TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS, COORDINATE THE CORRESPONDING ACTIONS, AND CARRY OUT ALL PROCEEDINGS WITHIN THE SCOPE OF THEIR RESPECTIVE COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, THE PROBLEM OF INVASIONS ON THE MUNICIPAL PROPERTY SUBJECT TO THIS PROCESS IS DEFINITIVELY RESOLVED. VCG03/2026

"(...) IV.- ON THE MERITS. In this case, it was proven that since 2017, the invasion of the public park located one hundred meters west and one hundred twenty-five meters south of the Fábrica Nacional de Banderas, registered under plan number SJ-2061818-2018 and property number 118139, was reported to the Services Comptrollership of the appealed Municipality. Furthermore, that before proceeding with the eviction, the administration delimited the public domain property by means of a topographic survey (Official Communication CT-231-0033-2018) and the registration of cadastral plan SJ-2061818-2018. It also rejected a request for a municipal visa in October 2018, promoted by one of the invaders with the aim of segregating part of the land. Also, that in 2024, the Directorate of Cadastre and the Directorate of Urban Planning reiterated the public domain status of the land and the need to continue with the legal actions for the eviction. Finally, that on the occasion of this process, on February 9, 2026, an instruction was given to the Social Worker, Mrs. Raquel González Bravo, through Official Communication AL-200-141-2026, to conduct a socioeconomic study of the people occupying the area.

From this perspective, the intervention of this Court is necessary.

In this regard, it is verified that for approximately nine years the appealed municipality has been aware of the situation of illegal invasions of the property registered under plan number SJ-2061818-2018 and property number 118139, which is public property of that local government, whose nature is designated for a park.

However, despite the fact that over the years the appealed municipality has carried out some actions to address the case, the corresponding measures to comprehensively and definitively resolve the alleged problem have not yet been adopted.

Thus, given that it is a public area designated as 'park land,' and therefore intrinsically related to the enjoyment of a healthy environment, this Constitutional Chamber grants the claim filed, as the omission by the appealed authority to resolve the problem subject to this appeal within a reasonable time contravenes the provisions of Article 50 of the Political Constitution (see in a similar sense Judgment No. 2023-24202 of 9:15 a.m. on September 29, 2023).

Consequently, the appeal is granted, under the terms to be indicated in the operative part of this pronouncement. (...)"

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Content of Interest:

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

"(...) I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure— it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-002545 of 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the Public Administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this case, a scenario of exception is presented because it involves a complaint that has presumably not been resolved promptly. The complaint refers to invaders of a public area who have made multiple constructions, and that in said structures criminal activities such as drug sales are carried out, fire outbreaks have been detected, in addition to the children's playground being used as a debris deposit and, as explained, the invaders intimidate and insult people who transit or play at the public site. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (...)" VCG03/2026

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Content of Interest:

Type of content: Separate Note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

V.- NOTE OF JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when the complainant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo proceeding established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on Article 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG03/2026

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Content of Interest:

Type of content: Separate Note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

VI.- NOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where it is claimed that the delay by the appealed Local Government in processing complaints filed since 2018 aimed at recovering the community's children's park that has been invaded, multiple constructions have been made in which people reside who carry out criminal activities such as drug sales, fire outbreaks have been detected, and they also use the children's park as a debris deposit, putting people who wish to use the public space at risk.

VCG03/2026

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Content of Interest:

Type of content: Dissenting Vote

Branch of Law: 6. CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Topic: 056- Execution of judgments

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. While I concur with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves technical aspects of some complexity, as is the case here where, within a period of six months, counted from the notification of this judgment, the Municipality of Vázquez de Coronado must provide a solution to the problem of invasions on the municipal property subject to this process. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting chronograms, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, I consider that the execution phase must be carried out before the Judgment Execution Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.

VCG03/2026

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Text of the resolution

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Exp: 26-003249-0007-CO

Res. No. 2026006425

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty on the twentieth of February, two thousand twenty-six.

Amparo proceeding processed in case file No. 26-003249-0007-CO, filed by [Name 001], identity card No. [Value 001], against the MUNICIPALITY OF VÁSQUEZ DE CORONADO.

WHEREAS:

1.- By a brief filed with the Secretariat of the Chamber and added to the case file on January 29, 2026, the petitioner files an amparo proceeding against the Municipality of Vásquez de Coronado. She explains that she is a resident of the Urbanización Sinaí, Cascajal district of Vásquez de Coronado. She explains that in said urbanization there is a public park located one hundred meters west and one hundred twenty-five meters south of the Fábrica Nacional de Banderas, registered under plan number SJ-2061818-2018 and property number 118139, which has historically been designated for recreational use by the community. But said land was invaded and occupied from 2018 until the date of filing this appeal, without legal justification and without opposition from the Municipality of Vásquez de Coronado. The invaders of this property have made multiple constructions, and in said structures, criminal activities such as drug sales and fire outbreaks occur, and the children's playground is also used as a debris deposit. She adds that one of the invaders built a fence to prevent minors from approaching when balls or toys fall into that place, and they also intimidate them with insults and offenses. And the leader of the process illegally sells "rights" for sums of four million colones or more. This situation prevents and limits the right of the community of the Urbanización Sinaí and the canton in general to use the park for recreation, leisure, and free transit, directly affecting their quality of life. She states that older adults and minors must travel great distances to access another communal area, located across National Route 307, a heavily traveled highway, which puts citizens' lives at risk. She claims that, despite the invasions being reported to the Municipality of Vásquez de Coronado, it has not acted to recover the public space or to guarantee its use according to its nature. She considers her fundamental rights violated.

2.- By resolution at 10:07 a.m. on February 4, 2026, the process was admitted and a hearing was granted to the Mayor of the Municipality of Vásquez de Coronado.

3.- Yamilet Quesada Zúñiga, in her capacity as Mayor of the Municipality of Vázquez de Coronado, reports on the alleged facts as follows:

"I.- PRELIMINARY CONSIDERATIONS. The Municipality of Vázquez de Coronado deeply regrets the situation described by the petitioner and the impact that the invasion of the park area in the Urbanización Sinaí has generated on the quality of life and the rights of the community. However, it is imperative to refute the assertion that the municipal authorities have incurred in 'inaction' or have been 'accomplices' in said usurpation process. On the contrary, the Municipality has maintained an active file and has executed continuous administrative and technical actions for the defense and recovery of the public domain property.

II.- ON THE FACTS

First: Regarding the allegations of inaction and lethargy indicated by the petitioner, they are categorically rejected. The internal documentation demonstrates that, since the receipt of the initial complaint in 2017, procedures for the recovery of the area were initiated. The process has been developed in technical and legal phases necessary to guarantee the legality and effectiveness of the administrative action. Initially, the Urban Planning Directorate and the Legal Department determined that, despite the area being designated for public use in the site design, it was essential to carry out a topographic survey to confidently define the invaded area, given that the parent property (1-118139) remained in the developer's name. This need for technical certainty was addressed with the hiring of a surveyor, who in May 2018 issued report CT-231-0033-2018, which confirmed the invasion of the shacks and other structures on Land 'A'.

Subsequently, the cadastral plan SJ-2061818-2018 was prepared, a fundamental technical step for the registral delimitation of the public domain property. The municipal diligence is further evidenced by the forceful rejection of a municipal visa request in October 2018 (Official Communication CT-231-0149-2018), promoted by one of the invaders (Agustín Fernández Tenorio), for the purpose of segregating part of the land. Said rejection was based on the public domain nature of the property, citing Articles 40 and 44 of the Urban Planning Law and constitutional jurisprudence. More recently, in 2024, the Directorate of Cadastre and the Urban Planning Directorate reiterated the public domain status of the land and the need to continue with the legal actions for the eviction.

Second: The petitioner correctly mentions that the park area is registered under property number 118139 in the name of a third party, the original developer. However, this situation does not detract from the public nature of the property. Pursuant to Article 44 of the Urban Planning Law, municipal dominion over park areas and communal facilities is constituted by the very use for which it was designated in the urbanization's site design, governed by the Principle of Initial Registration (Principio de Inmatriculación).

This principle endows the property with a material publicity that cloaks it with the characteristics of inalienability, imprescriptibility, and unattachability. Therefore, the fact that the property has not been formally transferred to the municipality does not prevent or limit the exercise of the recovery power, as the property has been of public domain since the approval of the subdivision (fraccionamiento).

Third: The Municipality is aware that Mr. Agustín Fernández Tenorio, one of the occupants, attempted to legitimize his possession through a special power of attorney granted by the registered owner.

However, as indicated in Official Communication LE-202-055-2017, this power of attorney is irrelevant, as public domain assets are outside the commerce of men. The sale of 'rights' over a public domain property is an act that is absolutely null and void and without legal value, as no one can acquire rights of possession or ownership over a property that the law has dedicated to public use. The Municipality has acted to prevent the consolidation of these illegal acts, as demonstrated by the rejection of the cadastral visa.

Fourth: The petitioner alleges that the invasion of the public park, registered under plan SJ-2061818-2018 and Property 118139, prevents recreational use, generates risks due to the transit of people and vehicles, and allows the development of criminal activities. The Municipality is aware that the impairment of the use of a public domain property by illegal occupation violates the right to the free enjoyment of public assets, which must be guaranteed by the Local Government. The Municipality's power to recover these assets is clear, as it involves inalienable and imprescriptible public domain.

Now, the Municipality has not remained inactive; on the contrary, it has executed a series of technical, administrative, and legal actions that demonstrate its commitment to the recovery of the property, which have been internally documented and submitted to this Chamber:

Before proceeding with the eviction, the administration ensured the delimitation of the public domain property. This was achieved through the topographic survey (Official Communication CT-231-0033-2018) and the registration of cadastral plan SJ-2061818-2018, which is an indispensable requirement for legal certainty in the execution of the recovery.

The Municipality exercised its power by formally rejecting the attempt to segregate part of the public land by a third party (Official Communication CT-231-0149-2018), confirming that private registered ownership cannot prevail over the public domain encumbrance by the principle of initial registration. It is confirmed that the Municipal Inspection Section has carried out notifications and closures on the illegal buildings located on Land 'A', exercising the administrative police power over the constructions that invade the public space.

The most recent and relevant action is the instruction given to the Social Worker, Mrs. Raquel González Bravo, through Official Communication AL-200-141-2026, to conduct a socioeconomic study of the people occupying the area. This action does not constitute delay, but rather a measure of administrative due diligence that seeks to identify the conditions of the occupants.

Jurisprudence has indicated that, while the Administration may proceed with the eviction of public domain properties without formal due process for the invaders, it should not proceed with a sudden eviction, and must at least warn the administered party of the future action. The social study allows the Municipality to coordinate with the pertinent social institutions to mitigate the impact of the eviction, ensuring that the recovery of the public property is carried out in the most orderly and humane way possible, without undermining the final obligation to restore its use to the community.

In summary, the Municipality has fulfilled its duty to investigate, delimit, and legally defend the property and is in the final stage of social planning before ordering the material execution of the invaders' eviction.

II.- EVIDENCE

1. Initial procedure, Services Comptrollership

2. Official Communication SA-253-423-2017 from the Environmental Sanitation area and Official Communication LE-202-055-2017 from the Legal Department

3. Official Communication CT-231-0033-2018, issued by the Cadastre Department

4. Official Communication CT-231-0149-2018, issued by the Cadastre Department

5. Other data related to Official Communication CT-231-0149-2018

6. Official Communication CT-231-0061-2024, issued by the Cadastre Department, addressed to the Mayor's Office

7. Official Communication GP-230-0119-2024 issued by the Urban Planning Department, addressed to the Municipal Mayor's Office.

8. Copy of plan SJ-2061818-2018

9. Copy of Official Communication AL-200-141-2026 issued by the Municipal Mayor's Office, addressed to Mrs. Raquel González Bravo, Social Worker.

III.-PETITION

Based on the documentation provided and the legal analysis, this Honorable Chamber is requested:

1. To consider it proven that the Municipality of Vázquez de Coronado has acted with due diligence in the defense of the public domain, carrying out the necessary technical and administrative actions since 2017.

2. To recognize that the Administration is in the social planning phase prior to the material execution of the eviction, which demonstrates the will to restore the property to its public use.

3. That, by virtue of the demonstrated diligence and the absence of illegal omission attributable to the appealed authority, the present Amparo Proceeding be declared WITHOUT MERITS."

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,

WHEREAS:

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter —for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure— it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-002545 of 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the Public Administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this case, a scenario of exception is presented because it involves a complaint that has presumably not been resolved promptly. The complaint refers to invaders of a public area who have made multiple constructions, and that in said structures criminal activities such as drug sales are carried out, fire outbreaks have been detected, and the children's playground is also used as a debris deposit and, as explained, the invaders intimidate and insult people who transit or play at the public site. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner asserts that she is a resident of the Urbanización Sinaí, Cascajal district of Vásquez de Coronado, and that in said urbanization there is a public park located one hundred meters west and one hundred twenty-five meters south of the Fábrica Nacional de Banderas, registered under plan number SJ-2061818-2018 and property number 118139, which has historically been designated for recreational use by the community. But said land was invaded and occupied from 2018 until the date of filing this appeal, without legal justification and without opposition from the Municipality of Vásquez de Coronado. She explains that they have reported the situation to the Local Government, especially because the invaders have made multiple constructions, and in said structures criminal activities such as drug sales are carried out, fire outbreaks have been detected, and the children's playground is also used as a debris deposit. Moreover, the invaders intimidate and insult people who transit or play at the public site; however, the situation has not been resolved.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are considered duly proven:

Since 2017, the invasion of the public park located one hundred meters west and one hundred twenty-five meters south of the Fábrica Nacional de Banderas, registered under plan number SJ-2061818-2018 and property number 118139, was reported to the Services Comptrollership of the appealed Municipality (see in this regard the report and evidence submitted by the Mayor of the Municipality of Coronado).
Before proceeding with the eviction, the administration delimited the public domain property by means of a topographic survey (Official Communication CT-231-0033-2018) and the registration of cadastral plan SJ-2061818-2018. It also rejected a request for a municipal visa in October 2018, promoted by one of the invaders with the aim of segregating part of the land (see in this regard the report and evidence submitted by the Mayor of the Municipality of Coronado).
In 2024, the Directorate of Cadastre and the Directorate of Urban Planning reiterated the public domain status of the land and the need to continue with the legal actions for the eviction (see in this regard the report and evidence submitted by the Mayor of the Municipality of Coronado).
On February 6, 2026, the resolution admitting this process was notified to the Mayor of the Municipality of Coronado (see in this regard the report and evidence submitted by the Mayor of the Municipality of Coronado).
The most recent action is the instruction given to the Social Worker, Mrs. Raquel González Bravo, through Official Communication AL-200-141-2026 of February 9, 2026, to conduct a socioeconomic study of the people occupying the area (see in this regard the report and evidence submitted by the Mayor of the Municipality of Coronado).

IV.- ON THE MERITS. In this case, it was proven that since 2017, the invasion of the public park located one hundred meters west and one hundred twenty-five meters south of the Fábrica Nacional de Banderas, registered under plan number SJ-2061818-2018 and property number 118139, was reported to the Services Comptrollership of the appealed Municipality. Furthermore, that before proceeding with the eviction, the administration delimited the public domain property by means of a topographic survey (Official Communication CT-231-0033-2018) and the registration of cadastral plan SJ-2061818-2018. It also rejected a request for a municipal visa in October 2018, promoted by one of the invaders with the aim of segregating part of the land. Also, that in 2024, the Directorate of Cadastre and the Directorate of Urban Planning reiterated the public domain status of the land and the need to continue with the legal actions for the eviction. Finally, that on the occasion of this process, on February 9, 2026, an instruction was given to the Social Worker, Mrs. Raquel González Bravo, through Official Communication AL-200-141-2026, to conduct a socioeconomic study of the people occupying the area.

From this perspective, the intervention of this Court is necessary.

In this regard, it is verified that for approximately nine years the appealed municipality has been aware of the situation of illegal invasions of the property registered under plan number SJ-2061818-2018 and property number 118139, which is public property of that local government, whose nature is designated for a park.

However, despite the fact that over the years the appealed municipality has carried out some actions to address the case, the corresponding measures to comprehensively and definitively resolve the alleged problem have not yet been adopted.

Thus, given that it is a public area designated as 'park land,' and therefore intrinsically related to the enjoyment of a healthy environment, this Constitutional Chamber grants the claim filed, as the omission by the appealed authority to resolve the problem subject to this appeal within a reasonable time contravenes the provisions of Article 50 of the Political Constitution (see in a similar sense Judgment No. 2023-24202 of 9:15 a.m. on September 29, 2023).

Consequently, the appeal is granted, under the terms to be indicated in the operative part of this pronouncement.

V.- NOTE OF JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when the complainant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber.

Now, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Constitution's Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VI.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I believe that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, just as occurs in this case, where it is claimed that the delay by the respondent Local Government in processing complaints filed since 2018 aimed at recovering the community’s children's park that has been invaded, multiple constructions have been carried out in which people who engage in criminal activities such as drug sales live, fire outbreaks have been detected, and they also use the children's park as a debris deposit, putting at risk the people who wish to use the public space.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE BY JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I concur with the majority of the Chamber that the amparo action should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves technical aspects of some complexity, as in this case, where, within a period of six months counted from the notification of this judgment, the Municipality of Vázquez de Coronado must provide a solution to the problem of invasions on the municipal property subject to this process. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase must take place before the Execution Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment execution rules of said Code.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The amparo action is granted. Yamilet Quesada Zúñiga, in her capacity as mayor of the Municipality of Vázquez de Coronado, or whoever holds that office in her place, is ordered to issue the pertinent orders, coordinate the corresponding actions, and carry out all actions within the scope of their respective competencies so that, within a period of SIX MONTHS counted from the notification of this judgment, the problem of invasions on the municipal property subject to this process is definitively resolved. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo action, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The Municipality of Vázquez de Coronado is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that served as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment proceeding in the contentious-administrative jurisdiction. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado set forth separate notes. Judge Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the execution rules established in Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures for this ruling may be initiated.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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