Res. 07237-2026 Sala Constitucional — INDER ordered to title parcel for elderly farmer in Guatuso within 4 monthsINDER debe titular en 4 meses parcela a adulto mayor en Guatuso

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07237 - 2026

Fecha de la Resolución: 27 de Febrero del 2026 a las 09:30

Expediente: 26-002800-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

QUEJA.

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

POSESION..

Tema: MINORÍAS

Subtemas:

ADULTO MAYOR.

007237-26. PODER EJECUTIVO. PROPIEDAD. MINORÍAS. ADULTO MAYOR, QUE ES AGRICULTOR, ACUSA QUE HACE MÁS DE 40 AÑOS, LE FUE ADJUDICADO UN TERRENO, POR PARTE DEL IDA Y, QUE AÚN NO LE HA SIDO REGULARIZADA SU SITUACIÓN REGISTRAL. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, QUE GESTIONE LO NECESARIO DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PARA QUE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE CUATRO MESES, CONCLUYA EL PROCESO DE TITULACIÓN DE LA PARCELA 25 DEL ASENTAMIENTO COSTA ANA. VCG03/2026

“(…) IV.- Sobre el caso concreto. La parte recurrente sostiene que el amparado es una persona adulta mayor, agricultor y vecino de Costa Ana de San Rafael de Guatuso, a quien en la década de 1980 le fue adjudicada una parcela por el entonces Instituto de Desarrollo Agrario, como parte de un proceso de compra y reparto de tierras. Afirma que, por circunstancias ajenas a su voluntad –primero de índole familiar y luego por errores técnicos en la medición del terreno atribuibles a la propia institución– las escrituras y planos fueron anulados, sin que hasta la fecha el INDER haya regularizado la situación registral. Indica que esta omisión prolongada le impide acceder a programas estatales de vivienda, gestionar permisos de construcción y realizar trámites básicos ante diversas entidades públicas, situación que resulta especialmente gravosa dada su condición de adulto mayor, su delicado estado de salud y el de su compañera sentimental, las precarias condiciones de la vivienda en la que habitan y su dependencia de una pensión del Régimen No Contributivo. En ese contexto, solicita la tutela constitucional para que se ordene a la institución recurrida adoptar las medidas necesarias para regularizar la titulación de la parcela y remover los obstáculos que le impiden ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

En el presente asunto, esta Sala verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, en virtud de las razones que a continuación serán expuestas. En primer término, debe precisarse que el reproche constitucional no se centra en la inexistencia absoluta de actuaciones por parte de la autoridad recurrida, sino en la falta de un resultado útil y oportuno que permita al tutelado ejercer efectivamente las facultades derivadas de su condición de asignatario del inmueble, pues, aun cuando se detallan diversas gestiones técnicas y coordinaciones institucionales, lo cierto es que, a la fecha, el proceso de titulación no se ha materializado y la situación registral continúa indefinida.

Seguidamente, aun cuando la institución alude a circunstancias anteriores para explicar la evolución del trámite, lo determinante para este análisis es que, desde la reactivación formal del procedimiento al menos a partir del 16 de marzo de 2020, tampoco se advierte una conducción administrativa que haya permitido su culminación dentro de un plazo razonable, ya que, pese a los ajustes técnicos efectuados y al nuevo levantamiento topográfico realizado el 28 de enero de 2025, el plano continúa pendiente de calificación registral y no existe una fecha cierta para la conclusión definitiva del proceso.

Luego, si bien la autoridad recurrida informó al tutelado sobre el estado del trámite mediante oficios de 11 de marzo de 2024 y 23 de junio de 2025, tales comunicaciones no desvirtúan la lesión alegada, en tanto no se tradujeron en la regularización efectiva del inmueble, sino que confirmaron que el procedimiento seguía sujeto a etapas pendientes, manteniendo al amparado en una situación de incertidumbre prolongada.

Finalmente, en este contexto, la prolongación del proceso de titulación por varios años desde su reactivación, sin una definición efectiva ni un horizonte temporal claro para su culminación, resulta desproporcionada, especialmente tratándose de una persona adulta mayor, por lo que procede declarar con lugar el recurso y ordenar a la autoridad recurrida que gestione y coordine lo necesario para concluir el trámite dentro de un plazo breve y verificable, sin perjuicio de que, de existir un impedimento legal insuperable, se emita la resolución final correspondiente, debidamente fundamentada y notificada al interesado. Por consiguiente, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto se hace. (…)”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) II.- Cuestión preliminar. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una solicitud gestionada por un adulto mayor, que presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo a la condición de adulto mayor del recurrente que se encuentra involucrada y a la naturaleza de la gestión, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de las solicitudes de este tipo. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG03/2026

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG03/2026

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Texto de la resolución

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Exp: 26-002800-0007-CO

Res. Nº 2026007237

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-002800-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL -INDER-. 

Resultando:

 1.- Por escrito presentado ante esta Sala a las 14:00 horas del 26 de enero de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra del INDER. Expone que el amparado es una persona adulta mayor, agricultor y vecino de Costa Ana de San Rafael de Guatuso. Menciona que en 1984, el amparado -junto con otras 60 familias- invadieron una propiedad cuyo dueño registral era un norteamericano. Menciona que en aquél momento el Instituto de Desarrollo Agrario compró la propiedad, enviaron un topógrafo y repartieron el terreno entre las familias involucradas y adjudicaron las parcelas a cada beneficiario. Aduce que, en ese momento, tenían que cancelar lo correspondiente al plano catastrado y a la escritura. No obstante, después de varios años la parcela No 25 (la cual fue adjudicada al amparado) debido a un problema con su pareja, se quedó sin papeles y se anuló una escritura. Por ende, el INDER le adjudicó la parcela solo al tutelado, el cual, presenta problemas de salud e, incluso, sufrió un pre infarto. A esto suma que presenta síntomas de derrame cerebral, ha perdido la movilidad motora y vive en unión libre con su compañera sentimental que también enfrenta problemas de salud (tiene un brazo con polio, es paralítica y debe utilizar silla de ruedas). Señala que habitan en una casa que no reúne las condiciones mínimas para poder ser habitada y viven de una pensión otorgada por el Régimen No Contributivo. Sin embargo, por las limitaciones con el INDER, no pueden solicitar ninguna ayuda ante alguna institución del Estado para poder remodelar la vivienda (bono) y menos gestionar algún permiso de construcción, debido a que no cuenta con plano ni escritura para realizar los trámites. Esto, por cuanto la primer escritura y el respectivo plano se anuló a petición del tutelado por abandono de hogar de su compañera sentimental y; la segunda, debido a que el topógrafo del INDER midió mal el terreno. No obstante, acusa que han pasado años y no se ha brindado ninguna solución. Aduce que, pese a que se ha conversado en diversas ocasiones que las personas encargadas de la institución accionada, no se ha logrado llegar a nada y el amparado continúa sin contar con la titulación de su parcela, lo cual le impide también gestionar otros trámites ante otras instituciones. Por lo anterior, solicita la intervención del Estado.  

2.- Por resolución de las 17:02 horas del 30 de enero de 2026, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se le solicitó informe al gerente general y al jefe de la Oficina Regional de San Rafael de Guatuso, ambos del INDER, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 18:19 horas del 06 de febrero de 2026, informa bajo juramento Cindy Bravo Castro, en su condición de gerente general del INDER, lo siguiente:

“Preámbulo: De previo a rendir el informe con relación al recurso de amparo presentado, es menester aclarar a la Sala Constitucional que en este despacho administrativo no consta ninguna solicitud que haya realizado el recurrente sobre los hechos que acusa. Lo anterior, precisamente guarda sentido en vista de que ese tipo de trámites agrarios son de naturaleza técnico-sustantivo, se encuentran a cargo de las Regiones de Desarrollo del Inder que, según la competencia geográfica se les haya asignado, en este caso sería Oficina de Desarrollo Territorial de Guatuso, encargados de la atención del Asentamiento Costa Ana, ubicado en San Rafael de Guatuso. No obstante, a pesar de que no corresponden a funciones de administración, inherentes a la competencia esta Gerencia General, en observancia del principio de coordinación administrativa se procederá a responder conforme a la información recabada internamente. Dicho esto, se responde de la siguiente manera: PRIMERO: Es cierto en parte que el recurrente es un adulto mayor, información confirmada así en la página del Registro Civil. Sin embargo, debe quedar claro que al instituto no le consta la forma de ingreso del recurrente a la parcela. SEGUNDO: Es cierto. El IDA hoy INDER adquirió la finca por medio de Compraventa y en el año 1991, mediante Escritura N°4 del 4 de mayo de 1991, de los notarios Carlos Enrique García Anchía y Jorge Manuel Solano Chinchilla, mediante la cual se solicitó al Registro Público reunir fincas de las cuales otorgo 52 lotes, entre ellos el Lote 25 al recurrente y su esposa, de acuerdo con los siguientes acuerdos de Junta Directiva: - Que, mediante acuerdo de Junta Directiva, articulo XXXII, sesión 383-86, fecha 15 de abril del año 1986, el señor [Nombre 002], cedula [Valor 003], es declarado beneficiario de la institución. - Que, mediante acuerdo de Junta Directiva, articulo I, sesión 08-88, fecha 26 de enero del 1988, en el punto 2 se acuerda adjudicar la parcela al señor [Nombre 002], se acuerda adjudicar la parcela en Asentamiento Costa Ana, sin indicar número de parcela. - Que, mediante acuerdo de Junta Directiva, articulo XIII, sesión 26-91, fecha 1 de abril del 1991, se acuerda aprobar la adjudicación, segregación y traspaso de la Parcela 25 del Asentamiento Costa Ana a favor de los señores [Nombre 002] y [Nombre 003]. - Que, en el año 1991, la familia Zumbado Prendas, por motivos desconocidos no se presentaron a firmar la convocatoria de firma de Protocolo convocada. - En el año 2014 (23 años después), se tiene información del proceso Judicial de Divorcio sumaria 14-0000223-FA-6, mismo que hace referencia a la Sentencia N°959-2014 emitida por el Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de Alajuela, mismo que refiere proceso de Divorcio presentado por el señor [Nombre 002] contra [Nombre 003], a raíz de esta información la Oficina Territorial considera que la familia Zumbado Prendas no solicito nuevamente la titulación de la Parcela 25 Asentamiento Costa Ana. TERCERO: Se rechaza como viene expuesto. En este hecho se torna importante indicar que, pese a que resulta muy lamentable la condición de salud que indica el recurrente, no se puede trasladar dicha condición per se a la institución. Nótese que el mismo recurrente reconoce y conforme a la información recabada se tiene por cierto, que el administrado desde su asignación tardó 23 años en dar a conocer a la Oficina Territorial la situación familiar por la que estaba pasando. (Ver Sentencia de Divorcio del Juzgado de Familia II Circuito Judicial de Alajuela, emitida el 28 de noviembre del 2014), lo que significa que tampoco hizo el pago respectivo ni se materializó registralmente la adjudicación, cuyo efecto material es la desestimación del trámite. Ahora bien, de la información recabada se vislumbra que el recurrente realizó una nueva solicitud de titulación ante la Oficina Territorial de Guatuso, empero, las condiciones del fundo y la aplicación de la normativa, impuso que se realizara una valoración de la parcela, siendo que la Oficina mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-129-2020 del 16 de marzo del 2020, realizó solicitud formal ante la Direccion Territorial Huetar Norte, con el fin de asignar un topógrafo para que realizara un nuevo levantamiento de la Parcela 25, Asentamiento Costa Ana, la misma obedeció a que según criterios del SINAC en el inmueble se presenta importantes áreas afectadas por humedales, de modo que hasta contar con el nuevo plano debidamente catastrado se procedería a continuar por parte de la Oficina Territorial de Guatuso con el trámite de titulación y posteriormente su inscripción ante el Registro Nacional. Es relevante en este acto indicar que en respuesta del oficio INDER-GG-DRT-RDHNOTSR-1277-2021, la Oficina Territorial ha venido dando trámite a la solicitud del recurrente. Cabe resaltar que por parte de esta se solicito a la Oficina de Información y Registro de Tierras la modificación del plano A-20850990-1989, existente hasta la fecha, ya que se logró identificar un área dentro del predio correspondiente al Patrimonio Natural del Estado, por lo que se llevó a cabo el levantamiento del plano catastrado A38722-2021 sin inclusión del área del PNE. (ver oficio INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI0115-2026). De acuerdo con la Minuta 2022-94845-C se presentó dicho plano ante la Municipalidad de Guatuso para su respectivo visado, mismo que indica que el plano requiere la certificación de uso Conforme de suelo de ese inmueble. Mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-011-2023, realiza la solicitud formal a la Unidad de Agroeconómicos del instituto la confección de dicho certificado el cual fue emitido mediante Certificado 23044001 el 16 de agosto del 2023. Posteriormente se presenta nuevamente el plano y la prevención del certificado de uso de suelos ante la Municipalidad de Guatuso, quien mediante correo electrónico de fecha 4 de diciembre del 2023, indica que se debe llenar nuevamente los formularios para el visado del plano, por cuanto la anterior se encontraba cancelada. (ver oficio INDER-GGDRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025). Que el recurrente presento solicitud de titulación y estado del caso según escrito presentado en fecha 25/2/2024 (ver folio 128 del expediente Administrativo) y mediante Oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 del 11/3/2024, se dio formal respuesta al recurrente y quien firma conforme el recibido la señora Sirlene Zumbado Prendas hija del señor [Nombre 002] (ver folio 131 del expediente Administrativo). Que según el oficio INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI-0115-2026 y ha solicitud de la Oficina Territorial de Guatuso a la Oficina de Informacion y Registro de Tierras, rectificar el área en la presentación catastral 202294845-C (misma del plano A-38722-2024) ya que el área era inferior a la existente en campo, y el 28 de enero del 2025 el funcionario Marvin Cruz Fuentes, procedió con el Levantamiento de la nueva medida topográfica en la Parcela 25, tomado dicho levantamiento Informacion y Registro de Tierras procedió con la confección del plano de agrimensura que ingreso al Registro Inmobiliario mediante el Contrato CFIA número 1240251, encontrándose en espera de su calificación para posteriormente presentarse ante la Municipalidad de Guatuso para su respectivo visado. Ahora bien, para continuar el avance de la tramitación del Proceso de Titulación en favor del recurrente, se debe cumplir con los siguientes requisitos establecidos por ley como lo es: el Plano Catastrado, Certificado de uso de Suelos, emitido por el INTA y la Certificación del MINAE que el inmueble no corresponde a ningún área del Patrimonio Natural del Estado. CUARTO: Se rechaza como viene expuesto. Si bien es cierto que se ha dado inconsistencias con la confección del Plano Catastrado, el primero de ellos fue realizado de muy vieja data, debiendo corregir por encontrase inmersa dentro de este plano un área del Patrimonio Natural del Estado (humedal), por segunda ocasión se dio por la disminución de área de la parcela por lo que se debió modificar nuevamente y también por la solicitud de la Municipalidad de Guatuso respecto al Certificado del Uso de Conforme de suelos, actualmente este se encuentra debidamente presentado ante el Registro Inmobiliario para su respectiva calificación, por lo que no es de recibo las manifestaciones del recurrente por cuanto el INDER NO ha desatendido sus solicitudes, nótese que para la tramitología del proceso los requisitos pendientes el instituto de debe a calificaciones o certificaciones de entes externos a la institución. SOBRE EL CASO CONCRETO Y DEBIDA RESPUESTA AL RECURRENTE. Es importante reiterar que, en razón de la petitoria de información solicitada por el recurrente, el Instituto por medio de la Oficina Territorial de Guatuso procedió a darle trámite correspondiente a dicha solicitud verbal como se explicó, y en atención a su solicitud se reitera que se procedió con el levantamiento de un nuevo plano, con el fin de cumplir con las nuevas especificaciones solicitadas por el Departamento de Catastro y Visados de la Municipalidad de Guatuso, notificándose el estado actual del trámite de titulación al recurrente según oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025por medio de su hija Sirlene Zumbado Prendas quien firma para constancia y se encuentra autorizada para cualquier trámite en nombre del señor [Nombre 002] (ver img expediente administrativo folio 128 ). En tal sentido a respecto la Sala Constitucional ha señalado que: “(…) la información que solicitó el recurrente lo fue sobre asuntos que le interesaban directamente, pues su labor periodística lo justifica. Sin embargo, si la información requerida no se encontraba en poder de los recurridos o no existía, tenían el deber de indicarlo por escrito. (…)”. (Resolución n.° 2637-1993 del 9 de junio de 1993) Posteriormente, una vez recibida la información por parte de la Oficina Territorial de Guatuso en forma verbal y via telefónica, esta oficina solicito a la oficina de Informacion y Registro de Tierras, la solicitud de modificación del plano correspondiente a la Parcela 25 del Asentamiento Costa Ana según se indica en el oficio INDER-GG-DRT-RDHNOTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025 con el fin de continuar con el avance del Proceso de Titulación en favor del recurrente. Según lo señalado la Sala Constitucional también ha indicado que: “(…) ante una solicitud de información presentada por algún administrado, la contestación que ofrezca el funcionario o entidad pública requerido no puede limitarse a dar constancia de que se recibió la petición, sino que debe examinar el contenido de la solicitud y resolverla conforme a las atribuciones jurídicas que le competen, respondiendo lo antes posible a fin de que eventualmente el administrado pueda plantear las respectivas acciones administrativas o judiciales, si el acto le depara perjuicio. En caso de que la solicitud adolezca de requisitos, lo propio es que la Administración haga la prevención, o, en caso de haberse presentado ante un órgano incompetente, procede también advertirlo y pasar el asunto a quien corresponda (artículo 220 Ley General de la Administración Pública), pero notificando la decisión tomada, siempre partiendo de que de no haber obstáculo alguno debe la Elaborado por PEP Administración brindar la información requerida o señalar el escollo que le impide hacerlo e indicar el estado de la gestión. (…)”. (Resolución n.° 4923-2001 del 8 de junio del 2001). El subrayado no pertenece a su original. De igual forma según lo expuesto, la Sala Constitucional ha señalado con respecto a la respuesta que emita la Administración lo siguiente: “(…) Si bien es cierto que el derecho de petición y pronta respuesta no implica una respuesta afirmativa a las solicitudes que se presenten, también es cierto que la respuesta que brinde la Administración debe responder de una manera clara las inquietudes o peticiones del administrado, sea positiva o negativamente. (…)”. (Resolución n.° 11397-2013 del 27 de agosto del 2013) El subrayado no pertenece a su original. Es importante, señalar que mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068- 2024 del 11/3/2024 y oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025 antes de ser notificado el INDER del presente recurso se le ha informado en reiteradas ocasiones del avance del proceso al recurrente, mismos que se encuentran recibidos por la hija que “En atención a la consulta verbal mediante via telefónica a la Oficina Territorial de Guatuso, según oficio INDER-GG-DRT-RDHNOTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025, de la manera más atenta se comunica los antecedentes del caso del señor [Nombre 002] y los pormenores que se han presentado en el trámite de titulación de la Parcela 25, Asentamiento Costa Ana que actualmente se está a la espera de la calificación del nuevo levantamiento del plano ante el Registro Nacional y cuando el mismo se encuentre debidamente catastrado, presentarlo nuevamente ante la Municipalidad de Guatuso para su respectivo visado. Agradecemos la atención.”, sin embargo, posteriormente se notifica al INDER el presente recurso de amparo, y aun nos encontramos pendientes de la calificación del Registro Nacional. SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Como se ha venido exponiendo el INDER ya procedió a dar formal atención y respuesta al recurrente sobre el estado actual de su proceso de titulación mediante el ultimo oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025, bajo esta tesitura, estando en curso el presente recurso de amparo el INDER, dentro de los Procesos de titulación debe cumplirse con una serie de requisitos que con el pasar del tiempo ha venido cambiando por lo que actualmente para todo proceso de titulación institucional se debe contar con el Certificado de Uso de Suelos emitido por un certificador del INTA y la Certificación del MINAE donde se indique que el predio a titular no pertenece al Patrimonio Natural del Estado, y para poder realizar estos requisitos se tiene como requisito primordial el Plano Catastrado el cual se encuentra actualmente presentado ante el Catastro Nacional según Contrato 1240251. Por los motivos expuestos se solicita, se exonere al INDER del pago de costas, daños y perjuicios, fundamentados, en que el INDER al emitir y notificarle al recurrente los oficios INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 del 11/3/2024 y oficio INDER-GGDRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 de fecha 23 de junio del 2025, está dando fiel cumplimiento con la conducta impugnada, de tal forma, valora este Instituto que el presente proceso debe resolverse sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios basado en lo siguiente: 1. Si bien estamos ante la jurisdicción constitucional, para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se debe tomar en cuenta como fuente supletoria los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, y para el caso en estudio en materia Contencioso Administrativo, el art. 35 inciso 2 del Código Proceso Contencioso Administrativo el cual se podría usar por analogía, señala: “2) De haberse acudido directamente a la vía jurisdiccional, el juez o el Tribunal concederá, al jerarca supremo de la entidad o el órgano competente, un plazo máximo de quince días hábiles, con suspensión del proceso, para que cumplimente la conducta debida. De hacerlo así, se dará por terminado el proceso sin especial condenatoria en costas, (…)” (El subrayado no pertenece a su original). 2. La Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha indicado que: “(…) VI. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” . Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. (…)” (Ver Resolución Nº 02924 – 2022, Resolución Nº 14043 – 2021 y Res. Nº 2020-016759) Por lo anterior expuesto se tenga por cumplida por parte del INDER la conducta impugnada, se exonere al INDER y se declare sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios el presente recurso de amparo”.

 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.             

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

 I.- Objeto del recurso. El recurrente señala que el amparado es una persona adulta mayor, agricultor y vecino de Costa Ana de San Rafael de Guatuso, a quien le fue adjudicada una parcela por parte del entonces Instituto de Desarrollo Agrario en la década de 1980, como resultado de un proceso de compra y reparto de tierras entre varias familias. Afirma que, por circunstancias ajenas a su voluntad, vinculadas primero a una situación familiar y posteriormente a errores técnicos en la medición del terreno por parte del ente adjudicador, se anularon las escrituras y planos correspondientes, sin que a la fecha se haya regularizado su situación registral. Aduce que la ausencia de plano y escritura ha persistido por años sin solución por parte del INDER, lo que le impide al tutelado acceder a programas estatales de vivienda, gestionar permisos de construcción o realizar trámites básicos ante otras instituciones. Sostiene que dicha omisión resulta especialmente gravosa dada la condición de adulto mayor del amparado, su delicado estado de salud y el de su compañera sentimental, así como las precarias condiciones de la vivienda en que habitan y su dependencia de una pensión del Régimen No Contributivo. En ese contexto, solicita la tutela constitucional para que se ordene a la institución recurrida adoptar las medidas necesarias a fin de regularizar la titulación de la parcela y remover los obstáculos que le impiden ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

II.- Cuestión preliminar. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una solicitud gestionada por un adulto mayor, que presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo a la condición de adulto mayor del recurrente que se encuentra involucrada y a la naturaleza de la gestión, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de las solicitudes de este tipo. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)     El 15 de abril de 1986, mediante acuerdo de Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, artículo XXXII de la sesión 383-86, se declaró beneficiario institucional al señor [Nombre 002] (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

b)    El 26 de enero de 1988, mediante acuerdo de Junta Directiva, artículo I de la sesión 08-88, se acordó adjudicar al señor [Nombre 002] una parcela en el Asentamiento Costa Ana, sin que en dicho acuerdo se indicara el número de parcela correspondiente (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

c)     El 1 de abril de 1991, mediante acuerdo de Junta Directiva, artículo XIII de la sesión 26-91, se aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de la Parcela 25 del Asentamiento Costa Ana a favor de los señores [Nombre 002] y [Nombre 003] (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

d)    El 4 de mayo de 1991, el entonces Instituto de Desarrollo Agrario formalizó la adquisición de la finca mediante escritura pública número 4 otorgada ante los notarios Carlos Enrique García Anchía y Jorge Manuel Solano Chinchilla, solicitándose al Registro Público la reunión de fincas y la generación de 52 lotes, entre ellos el Lote 25 asignado al recurrente y su esposa (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

e)     En el año 1991, pese a la aprobación de la adjudicación, los señores [Nombre 002] y [Nombre 003] no se presentaron a la convocatoria realizada para la firma del protocolo de traspaso correspondiente, sin que consten las razones de dicha incomparecencia (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

f)      El 28 de noviembre de 2014, se dictó la sentencia número 959-2014 dentro del proceso de divorcio sumario número 14-0000223-FA-6, tramitado ante el Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de Alajuela, promovido por el señor [Nombre 002] contra [Nombre 003] (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

g)    El 16 de marzo de 2020, la Oficina Territorial de Guatuso, mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-129-2020, solicitó formalmente a la Dirección Territorial Huetar Norte la asignación de un topógrafo para realizar un nuevo levantamiento de la Parcela 25 del Asentamiento Costa Ana, debido a la presencia de áreas identificadas como humedales según criterios del SINAC (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

h)    En el año 2021, la Oficina Territorial de Guatuso solicitó a la Oficina de Información y Registro de Tierras la modificación del plano catastrado A-20850990-1989, al identificarse un área correspondiente al Patrimonio Natural del Estado dentro del predio, lo que dio lugar a la confección del plano catastrado A-38722-2021 sin inclusión de dicha área (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

i)      El 16 de agosto de 2023, la Unidad de Agroeconómicos del Instituto emitió el Certificado de Uso de Suelo número 23044001, requerido como parte del trámite de visado del plano ante la Municipalidad de Guatuso (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

j)      El 4 de diciembre de 2023, la Municipalidad de Guatuso comunicó que debía presentarse nuevamente la solicitud de visado del plano catastrado, por cuanto la gestión anterior se encontraba cancelada (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

k)    El 25 de febrero de 2024, el señor [Nombre 002] presentó solicitud de titulación y consulta sobre el estado del trámite correspondiente a la Parcela 25 del Asentamiento Costa Ana (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

l)      El 11 de marzo de 2024, mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024, la Oficina Territorial de Guatuso dio respuesta formal al recurrente sobre el estado del proceso de titulación, comunicación que fue recibida por su hija Sirlene Zumbado Prendas (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

m)  El 23 de junio de 2025, mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025, la Oficina Territorial de Guatuso informó nuevamente al recurrente, por medio de su hija Sirlene Zumbado Prendas, sobre el estado actualizado del trámite de titulación, indicándose que se estaba a la espera de la calificación del nuevo plano ante el Registro Nacional para su posterior visado municipal (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

n)    El 28 de enero de 2025, el funcionario Marvin Cruz Fuentes realizó un nuevo levantamiento topográfico de la Parcela 25 del Asentamiento Costa Ana, a partir del cual la Oficina de Información y Registro de Tierras confeccionó un nuevo plano de agrimensura ingresado al Registro Inmobiliario bajo el contrato CFIA número 1240251, encontrándose pendiente de calificación registral (véase el informe rendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente digital).

IV.- Sobre el caso concreto. La parte recurrente sostiene que el amparado es una persona adulta mayor, agricultor y vecino de Costa Ana de San Rafael de Guatuso, a quien en la década de 1980 le fue adjudicada una parcela por el entonces Instituto de Desarrollo Agrario, como parte de un proceso de compra y reparto de tierras. Afirma que, por circunstancias ajenas a su voluntad –primero de índole familiar y luego por errores técnicos en la medición del terreno atribuibles a la propia institución– las escrituras y planos fueron anulados, sin que hasta la fecha el INDER haya regularizado la situación registral. Indica que esta omisión prolongada le impide acceder a programas estatales de vivienda, gestionar permisos de construcción y realizar trámites básicos ante diversas entidades públicas, situación que resulta especialmente gravosa dada su condición de adulto mayor, su delicado estado de salud y el de su compañera sentimental, las precarias condiciones de la vivienda en la que habitan y su dependencia de una pensión del Régimen No Contributivo. En ese contexto, solicita la tutela constitucional para que se ordene a la institución recurrida adoptar las medidas necesarias para regularizar la titulación de la parcela y remover los obstáculos que le impiden ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

En el presente asunto, esta Sala verifica la violación de los derechos fundamentales de la parte amparada, en virtud de las razones que a continuación serán expuestas. En primer término, debe precisarse que el reproche constitucional no se centra en la inexistencia absoluta de actuaciones por parte de la autoridad recurrida, sino en la falta de un resultado útil y oportuno que permita al tutelado ejercer efectivamente las facultades derivadas de su condición de asignatario del inmueble, pues, aun cuando se detallan diversas gestiones técnicas y coordinaciones institucionales, lo cierto es que, a la fecha, el proceso de titulación no se ha materializado y la situación registral continúa indefinida.

Seguidamente, aun cuando la institución alude a circunstancias anteriores para explicar la evolución del trámite, lo determinante para este análisis es que, desde la reactivación formal del procedimiento al menos a partir del 16 de marzo de 2020, tampoco se advierte una conducción administrativa que haya permitido su culminación dentro de un plazo razonable, ya que, pese a los ajustes técnicos efectuados y al nuevo levantamiento topográfico realizado el 28 de enero de 2025, el plano continúa pendiente de calificación registral y no existe una fecha cierta para la conclusión definitiva del proceso.

Luego, si bien la autoridad recurrida informó al tutelado sobre el estado del trámite mediante oficios de 11 de marzo de 2024 y 23 de junio de 2025, tales comunicaciones no desvirtúan la lesión alegada, en tanto no se tradujeron en la regularización efectiva del inmueble, sino que confirmaron que el procedimiento seguía sujeto a etapas pendientes, manteniendo al amparado en una situación de incertidumbre prolongada.

Finalmente, en este contexto, la prolongación del proceso de titulación por varios años desde su reactivación, sin una definición efectiva ni un horizonte temporal claro para su culminación, resulta desproporcionada, especialmente tratándose de una persona adulta mayor, por lo que procede declarar con lugar el recurso y ordenar a la autoridad recurrida que gestione y coordine lo necesario para concluir el trámite dentro de un plazo breve y verificable, sin perjuicio de que, de existir un impedimento legal insuperable, se emita la resolución final correspondiente, debidamente fundamentada y notificada al interesado. Por consiguiente, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto se hace.

V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Cindy Bravo Castro, en su condición de gerente general del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, o a quien ocupe dicho cargo, que gestione lo necesario dentro del ámbito de su competencia, para que, en un plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el proceso de titulación de la parcela 25 del Asentamiento Costa Ana. Se apercibe a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Nacional de Desarrollo Rural al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 WFLQPJXWV43O61

EXPEDIENTE N° 26-002800-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 08:41:13.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 07237 - 2026**

**Date of Resolution:** February 27, 2026 at 09:30

**Case File:** 26-002800-0007-CO

**Drafted by:** Anamari Garro Vargas

**Type of Matter:** Amparo Appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Judgment with Separate Note**

**Relevance Indicators**

**Relevant Judgment**

**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**

**Content of Interest:**

**Strategic Topics:** Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights

**Type of Content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** EXECUTIVE BRANCH

**Subtopics:**

COMPLAINT.

**Topic:** PROPERTY

**Subtopics:**

POSSESSION.

**Topic:** MINORITIES

**Subtopics:**

OLDER ADULT.

007237-26. EXECUTIVE BRANCH. PROPERTY. MINORITIES. OLDER ADULT, WHO IS A FARMER, CLAIMS THAT MORE THAN 40 YEARS AGO, HE WAS AWARDED A PLOT OF LAND BY THE IDA AND THAT HIS REGISTRY SITUATION HAS STILL NOT BEEN REGULARIZED. THE APPEAL IS GRANTED. CONSEQUENTLY, THE GENERAL MANAGER OF THE INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL IS ORDERED TO TAKE ALL NECESSARY MEASURES WITHIN HER COMPETENCE SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF FOUR MONTHS, THE TITLING PROCESS FOR PARCEL 25 OF THE COSTA ANA SETTLEMENT IS CONCLUDED. VCG03/2026

"(...) IV.- On the specific case. The appellant maintains that the protected party is an older adult, a farmer, and a resident of Costa Ana de San Rafael de Guatuso, who was awarded a parcel in the 1980s by the then Instituto de Desarrollo Agrario, as part of a land purchase and distribution process. They state that, due to circumstances beyond his control –first of a family nature and later due to technical errors in the land measurement attributable to the institution itself– the deeds and survey plans were annulled, and to date, the INDER has not regularized the registry situation. They indicate that this prolonged omission prevents him from accessing state housing programs, managing construction permits, and carrying out basic procedures before various public entities, a situation that is particularly burdensome given his condition as an older adult, his delicate state of health and that of his common-law partner, the precarious conditions of the dwelling they inhabit, and their dependence on a Non-Contributory Regime pension. In this context, they request constitutional protection so that the respondent institution is ordered to adopt the necessary measures to regularize the titling of the parcel and remove the obstacles that prevent him from fully exercising his fundamental rights.

In the present matter, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the protected party, by virtue of the reasons that will be set forth below. Firstly, it must be specified that the constitutional reproach is not centered on the absolute non-existence of actions by the respondent authority, but on the lack of a useful and timely result that allows the protected party to effectively exercise the faculties derived from his status as assignee of the property, since, even though various technical actions and institutional coordination are detailed, the truth is that, to date, the titling process has not materialized and the registry situation remains undefined.

Next, even though the institution alludes to previous circumstances to explain the evolution of the proceeding, what is decisive for this analysis is that, since the formal reactivation of the procedure at least as of March 16, 2020, no administrative conduct is observed that would have allowed its culmination within a reasonable period, given that, despite the technical adjustments made and the new survey (levantamiento topográfico) carried out on January 28, 2025, the survey plan (plano) is still pending registry qualification (calificación registral) and there is no certain date for the definitive conclusion of the process.

Then, although the respondent authority informed the protected party about the status of the proceeding through official letters of March 11, 2024, and June 23, 2025, such communications do not disprove the alleged injury, as they did not result in the effective regularization of the property, but rather confirmed that the procedure remained subject to pending stages, keeping the protected party in a situation of prolonged uncertainty.

Finally, in this context, the prolongation of the titling process for several years since its reactivation, without an effective definition or a clear time horizon for its culmination, is disproportionate, especially in the case of an older adult; therefore, it is appropriate to grant the appeal and order the respondent authority to take the necessary steps and coordinate to conclude the proceeding within a short and verifiable period, without prejudice to the fact that, should there be an insurmountable legal impediment, the corresponding final resolution is issued, duly substantiated and notified to the interested party. Consequently, the appropriate course is to grant the appeal, as is hereby done. (...)"

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**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

"(...) II.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 08:55 hours of February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the reasonably established timeframes to resolve the requests filed by the administered parties, in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, since it involves a request managed by an older adult, which has allegedly not been resolved within a reasonable timeframe. Given the older adult condition of the appellant that is involved and the nature of the proceeding, this Chamber will assess the possible delays in the resolution of this type of requests. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (...)" VCG03/2026

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**Content of Interest:**

**Type of Content:** Separate Note

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

V.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional protection process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours of February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG03/2026

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**Text of the resolution**



Exp: 26-002800-0007-CO

Res. No. 2026007237

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine thirty hours on the twenty-seventh of February, two thousand twenty-six.

Amparo appeal processed in case file number 26-002800-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], identity card [Value 002], against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL -INDER-.

**Whereas:**

1.- By means of a brief filed before this Chamber at 14:00 hours on January 26, 2026, the appellant files an amparo appeal against the INDER. They state that the protected party is an older adult, a farmer, and a resident of Costa Ana de San Rafael de Guatuso. They mention that in 1984, the protected party –along with 60 other families– invaded a property whose registered owner was a North American. They mention that at that time, the Instituto de Desarrollo Agrario purchased the property, sent a surveyor, and distributed the land among the involved families and awarded the parcels to each beneficiary. They argue that, at that time, they had to pay for the cadastral survey plan (plano catastrado) and the deed. However, after several years, parcel No. 25 (which was awarded to the protected party), due to a problem with his partner, was left without papers and a deed was annulled. Therefore, the INDER awarded the parcel solely to the protected party, who presents health problems and has even suffered a pre-heart attack. To this, they add that he presents symptoms of a stroke, has lost motor mobility, and lives in a common-law union with his partner who also faces health problems (she has one arm affected by polio, is paralyzed, and must use a wheelchair). They point out that they live in a house that does not meet the minimum conditions to be inhabited and live on a pension granted by the Non-Contributory Regime. However, due to the limitations with the INDER, they cannot request any assistance from any State institution to remodel the dwelling (housing bond), much less process any construction permit, because they do not have a survey plan (plano) or a deed to carry out the procedures. This is because the first deed and the respective survey plan (plano) were annulled at the protected party's request due to his common-law partner's abandonment of the home; and the second, because the INDER's surveyor measured the land incorrectly. However, they claim that years have passed and no solution has been provided. They argue that, despite having spoken on various occasions with the persons in charge of the respondent institution, nothing has been achieved, and the protected party continues without the titling of his parcel, which also prevents him from processing other procedures before other institutions. For the foregoing, they request the intervention of the State.

2.- By resolution of 17:02 hours on January 30, 2026, the Presidency of the Chamber admitted this constitutional process and requested a report from the general manager and the head of the Regional Office of San Rafael de Guatuso, both of the INDER, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- By means of a brief incorporated into the digital case file at 18:19 hours on February 6, 2026, Cindy Bravo Castro, in her capacity as general manager of the INDER, reports under oath, the following:

"Preamble: Before rendering the report regarding the amparo appeal filed, it is necessary to clarify to the Constitutional Chamber that in this administrative office there is no record of any request made by the appellant regarding the facts they claim. The foregoing makes sense precisely because these types of agrarian proceedings are technical-substantive in nature and are under the charge of the Development Regions of the Inder, which, according to the geographical competence assigned to them, in this case would be the Territorial Development Office of Guatuso, responsible for attending to the Costa Ana Settlement, located in San Rafael de Guatuso. However, despite the fact that they do not correspond to administrative functions inherent to the competence of this General Management, in observance of the principle of administrative coordination, we will proceed to respond according to the information gathered internally. Having said this, we respond as follows: FIRST: It is partially true that the appellant is an older adult, information confirmed as such on the Civil Registry website. However, it must be clear that the institute cannot attest to the manner in which the appellant entered the parcel. SECOND: It is true. The IDA, today INDER, acquired the farm through a Purchase-Sale and in the year 1991, by means of Deed No. 4 of May 4, 1991, by notaries Carlos Enrique García Anchía and Jorge Manuel Solano Chinchilla, through which the Public Registry was requested to merge farms from which it granted 52 lots, among them Lot 25 to the appellant and his wife, in accordance with the following Board of Directors agreements: - That, by agreement of the Board of Directors, Article XXXII, session 383-86, dated April 15, 1986, Mr. [Name 002], ID [Value 003], is declared a beneficiary of the institution. - That, by agreement of the Board of Directors, Article I, session 08-88, dated January 26, 1988, in point 2 it is agreed to award the parcel to Mr. [Name 002], it is agreed to award the parcel in the Costa Ana Settlement, without indicating a parcel number. - That, by agreement of the Board of Directors, Article XIII, session 26-91, dated April 1, 1991, it is agreed to approve the award, segregation (segregación), and transfer of Parcel 25 of the Costa Ana Settlement in favor of Mr. [Name 002] and Ms. [Name 003]. - That, in the year 1991, the Zumbado Prendas family, for unknown reasons, did not appear to sign the convened Protocol signing. - In the year 2014 (23 years later), there is information regarding the Summary Divorce judicial process 14-0000223-FA-6, which refers to Judgment No. 959-2014 issued by the Family Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, which refers to a Divorce process filed by Mr. [Name 002] against [Name 003]. Based on this information, the Territorial Office considers that the Zumbado Prendas family did not request the titling of Parcel 25, Costa Ana Settlement again. THIRD: It is rejected as presented. In this fact, it is important to indicate that, although the health condition indicated by the appellant is very regrettable, said condition cannot be transferred per se to the institution. Note that the appellant himself acknowledges, and according to the information gathered, it is taken as true, that the administered party, from his assignment, took 23 years to inform the Territorial Office of the family situation he was going through. (See Divorce Judgment of the Family Court, II Judicial Circuit of Alajuela, issued on November 28, 2014), which means he also did not make the respective payment nor was the award materialized in the registry, the material effect of which is the dismissal of the proceeding. That said, from the information gathered, it is evident that the appellant made a new titling request before the Territorial Office of Guatuso; however, the conditions of the land and the application of the regulations required that an assessment of the parcel be carried out, with the Office, by means of official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-129-2020 of March 16, 2020, making a formal request to the Huetar Norte Territorial Directorate, in order to assign a surveyor to carry out a new survey (levantamiento) of Parcel 25, Costa Ana Settlement. This was due to the fact that, according to SINAC criteria, the property presents significant areas affected by wetlands, so that, once the new duly cadastral-registered survey plan (plano debidamente catastrado) was available, the Territorial Office of Guatuso would proceed to continue with the titling process and subsequently its registration before the National Registry. It is relevant in this act to indicate that in response to official letter INDER-GG-DRT-RDHNOTSR-1277-2021, the Territorial Office has been processing the appellant's request. It should be noted that this Office requested the Land Information and Registry Office to modify the existing survey plan (plano) A-20850990-1989, as an area within the property corresponding to the State Natural Heritage was identified, so the cadastral survey plan (plano catastrado) A38722-2021 was drawn up without including the PNE area. (See official letter INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI0115-2026). According to Minute 2022-94845-C, said survey plan (plano) was submitted to the Municipality of Guatuso for its respective approval, which indicates that the survey plan (plano) requires the Conforming Land Use certification of that property. Through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-011-2023, a formal request is made to the Institute's Agroeconomics Unit for the preparation of said certificate, which was issued through Certificate 23044001 on August 16, 2023. Subsequently, the survey plan (plano) and the prevention regarding the land use certificate are submitted again to the Municipality of Guatuso, which, via email dated December 4, 2023, indicates that the forms for the approval of the survey plan (plano) must be completed again, as the previous one was cancelled. (See official letter INDER-GGDRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025). That the appellant submitted a request for titling and case status according to a brief filed on 2/25/2024 (see folio 128 of the Administrative File) and through Official Letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 of 3/11/2024, a formal response was given to the appellant, and the person signing as recipient is Mrs. Sirlene Zumbado Prendas, daughter of Mr. [Name 002] (see folio 131 of the Administrative File). That according to official letter INDER-GG-DRT-FT-IRT-OFI-0115-2026 and at the request of the Territorial Office of Guatuso to the Land Information and Registry Office, to rectify the area in the cadastral submission 202294845-C (same as survey plan (plano) A-38722-2024) since the area was smaller than what existed on the field, and on January 28, 2025, official Marvin Cruz Fuentes proceeded with the New Topographic Measurement Survey (Levantamiento de la nueva medida topográfica) on Parcel 25. Once this survey (levantamiento) was taken, Information and Land Registry proceeded with the preparation of the survey (agrimensura) plan (plano) which was submitted to the Real Property Registry through CFIA Contract number 1240251, and is currently awaiting its qualification to subsequently be submitted to the Municipality of Guatuso for its respective approval. Now, to continue the advancement of the Titling Process proceedings in favor of the appellant, the following legally established requirements must be met: the Cadastral Survey Plan (Plano Catastrado), Land Use Certificate, issued by the INTA, and the Certification from MINAE that the property does not correspond to any State Natural Heritage area. FOURTH: It is rejected as presented. While it is true that there have been inconsistencies with the preparation of the Cadastral Survey Plan (Plano Catastrado), the first one was made very long ago, having to be corrected because a State Natural Heritage area (wetland) was included within this survey plan (plano). For a second time, this occurred due to the reduction of the parcel area, which is why it had to be modified again, and also due to the request from the Municipality of Guatuso regarding the Conforming Land Use Certificate. Currently, this is duly submitted to the Real Property Registry for its respective qualification. Therefore, the appellant's statements are not acceptable, as the INDER has NOT neglected their requests. Note that for the processing of the procedure, the pending requirements depend on qualifiers or certifications from entities external to the institution. ON THE SPECIFIC CASE AND PROPER RESPONSE TO THE APPELLANT. It is important to reiterate that, by reason of the request for information filed by the appellant, the Institute, through the Territorial Office of Guatuso, proceeded to process said verbal request as explained, and in response to their request, it is reiterated that a new survey plan (plano) was drawn up in order to comply with the new specifications requested by the Department of Cadastre and Approvals of the Municipality of Guatuso, notifying the current status of the titling proceeding to the appellant according to official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 dated June 23, 2025, through their daughter Sirlene Zumbado Prendas who signs for the record and is authorized for any procedure on behalf of Mr. [Name 002] (see img administrative file folio 128). In this regard, the Constitutional Chamber has indicated that: '(...) the information requested by the appellant concerned matters of direct interest to him, as his journalistic work justifies it. However, if the requested information was not in the possession of the respondents or did not exist, they had the duty to so indicate in writing. (...)' (Resolution No. 2637-1993 of June 9, 1993). Subsequently, once the information was received by the Territorial Office of Guatuso verbally and via telephone, this office requested the Land Information and Registry Office to modify the survey plan (plano) corresponding to Parcel 25 of the Costa Ana Settlement, as indicated in official letter INDER-GG-DRT-RDHNOTGU-OFI-0354-2025 dated June 23, 2025, in order to continue advancing the Titling Process in favor of the appellant. As indicated, the Constitutional Chamber has also stated that: '(...) faced with a request for information submitted by any administered party, the response offered by the required public official or entity cannot be limited to attesting that the request was received, but must examine the content of the request and resolve it in accordance with the legal attributions within its competence, responding as soon as possible so that the administered party may eventually file the respective administrative or judicial actions, if the act causes harm. In the event that the request lacks requirements, the appropriate course is for the Administration to make the prevention, or, if filed before an incompetent body, it is also appropriate to so warn and forward the matter to the corresponding body (Article 220 of the General Law of Public Administration), but notifying the decision taken, always on the basis that if there is no obstacle whatsoever, the Prepared by PEP Administration must provide the requested information or indicate the obstacle preventing it from doing so and indicate the status of the proceeding. (...)' (Resolution No. 4923-2001 of June 8, 2001). The underlining does not belong to the original. Similarly, according to the foregoing, the Constitutional Chamber has indicated regarding the response issued by the Administration the following: '(...) While it is true that the right of petition and prompt response does not imply an affirmative response to the requests submitted, it is also true that the response provided by the Administration must respond in a clear manner to the concerns or requests of the administered party, whether positively or negatively. (...)' (Resolution No. 11397-2013 of August 27, 2013). The underlining does not belong to the original. It is important to note that through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 of 3/11/2024 and official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 dated June 23, 2025, before the INDER was notified of this appeal, the appellant was repeatedly informed of the progress of the process, which documents were received by the daughter stating: 'In response to the verbal consultation via telephone to the Territorial Office of Guatuso, according to official letter INDER-GG-DRT-RDHNOTGU-OFI-0354-2025 dated June 23, 2025, most respectfully the background of the case of Mr. [Name 002] is communicated, along with the details that have arisen in the titling process of Parcel 25, Costa Ana Settlement, that we are currently awaiting the qualification of the new survey survey (levantamiento) plan (plano) before the National Registry, and when it is duly cadastral-registered, to submit it again to the Municipality of Guatuso for its respective approval. Thank you for your attention.' However, the INDER is subsequently notified of this amparo appeal, and we are still awaiting the qualification from the National Registry. ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. As has been stated, the INDER has already proceeded to give formal attention and response to the appellant regarding the current status of their titling process through the latest official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 dated June 23, 2025. Under this situation, with this amparo appeal being in progress, the INDER, within the Titling Processes, must comply with a series of requirements that have changed over time, so currently for any institutional titling process, one must have the Land Use Certificate issued by an INTA certifier and the MINAE Certification indicating that the property to be titled does not belong to the State Natural Heritage, and to be able to fulfill these requirements, a primary requirement is the Cadastral Survey Plan (Plano Catastrado), which is currently submitted to the National Cadastre under Contract 1240251. For the reasons stated, it is requested that the INDER be exempted from the payment of costs, damages, and prejudices, based on the fact that the INDER, by issuing and notifying the appellant of official letters INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024 of 3/11/2024 and INDER-GGDRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025 dated June 23, 2025, is faithfully complying with the challenged conduct. Thus, this Institute assesses that the present process should be resolved without special award of costs, damages, and prejudices based on the following: 1. Although we are before the constitutional jurisdiction, for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction, the principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law must be taken into account as a supplementary source, and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes. And for the case under study in Contentious-Administrative matters, Article 35 subsection 2 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which could be used by analogy, states: '2) If the jurisdictional route has been taken directly, the judge or the Court shall grant the supreme head of the entity or the competent body a maximum period of fifteen business days, with suspension of the process, to carry out the due conduct. If so done, the process shall be terminated without a special award of costs, (...)' (The underlining does not belong to the original). 2. The Constitutional Chamber has repeatedly indicated that: '(...) VI. On the award of costs, damages, and prejudices in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Under better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable), the granting must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that this same final paragraph refers that the grant is ordered solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable. It is underlined that the Law indicates if they are applicable, which means that the applicability or impropriety of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary)."

To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any decision upholding the remedy shall condemn in the abstract to the compensation of damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment,” where no possibility is foreseen to assess whether or not compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, in addition, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction —cf. Article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, should it so wish, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the criterion of the majority to resolve this remedy without condemnation to costs, damages, and losses. (…)” (See Ruling No. 02924 – 2022, Ruling No. 14043 – 2021 and Rul. No. 2020-016759). By reason of the foregoing, let the challenged conduct be deemed fulfilled by INDER, let INDER be exonerated, and let this amparo proceeding be declared without special condemnation to costs, damages, and losses.”

 4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Justice Garro Vargas; and,

 Considering:

 I.- Purpose of the remedy. The petitioner states that the person seeking amparo (amparado) is an older adult, a farmer, and a resident of Costa Ana de San Rafael de Guatuso, to whom a parcel (parcela) was awarded by the then Institute of Agrarian Development in the 1980s, as a result of a process of purchase and distribution of lands among several families. He asserts that, due to circumstances beyond his control, linked first to a family situation and later to technical errors in the measurement of the land by the awarding entity, the corresponding deeds and plans were annulled, without his registry situation having been regularized to date. He argues that the absence of a plan and deed has persisted for years without a solution by INDER, which prevents the protected person (tutelado) from accessing state housing programs, managing construction permits, or carrying out basic procedures before other institutions. He maintains that this omission is especially burdensome given the protected person's status as an older adult, his delicate state of health and that of his domestic partner, as well as the precarious conditions of the dwelling in which they live and their dependence on a pension from the Non-Contributory Regime. In this context, he requests constitutional protection so that the respondent institution be ordered to adopt the necessary measures in order to regularize the titling of the parcel and remove the obstacles that prevent him from fully exercising his fundamental rights.

 II.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has met the reasonably established deadlines to resolve requests made by citizens (administrados) in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Precisely, in the sub lite, an exception case is raised, as this concerns a request managed by an older adult, which has allegedly not been resolved within a reasonable time. Taking into account the petitioner's status as an older adult that is involved and the nature of the proceeding, this Chamber will assess possible delays in the resolution of requests of this type. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo proceeding.

 III.- Proven facts. Of relevance to the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided in the initial order:

 a) On April 15, 1986, by agreement of the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development, Article XXXII of Session 383-86, Mr. [Name 002] was declared an institutional beneficiary (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 b) On January 26, 1988, by agreement of the Board of Directors, Article I of Session 08-88, it was agreed to award Mr. [Name 002] a parcel in the Costa Ana Settlement (Asentamiento Costa Ana), without said agreement indicating the corresponding parcel number (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 c) On April 1, 1991, by agreement of the Board of Directors, Article XIII of Session 26-91, the award, segregation, and transfer of Parcel 25 of the Costa Ana Settlement in favor of Mr. [Name 002] and [Name 003] were approved (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 d) On May 4, 1991, the then Institute of Agrarian Development formalized the acquisition of the property through public deed number 4 executed before notaries Carlos Enrique García Anchía and Jorge Manuel Solano Chinchilla, requesting from the Public Registry the reunification of properties and the generation of 52 lots, among them Lot 25 assigned to the petitioner and his wife (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 e) In 1991, despite the approval of the award, Mr. [Name 002] and [Name 003] did not appear at the call made for the signing of the corresponding transfer protocol, without the reasons for said non-appearance being on record (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 f) On November 28, 2014, judgment number 959-2014 was issued within summary divorce proceeding number 14-0000223-FA-6, processed before the Family Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, brought by Mr. [Name 002] against [Name 003] (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 g) On March 16, 2020, the Territorial Office of Guatuso, through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-129-2020, formally requested the Huetar Norte Territorial Directorate to assign a surveyor to carry out a new cadastral survey (levantamiento) of Parcel 25 of the Costa Ana Settlement, due to the presence of areas identified as wetlands according to SINAC criteria (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 h) In the year 2021, the Territorial Office of Guatuso requested the Office of Land Information and Registry to modify the cadastral plan A-20850990-1989, as an area corresponding to the State's Natural Heritage was identified within the property, which gave rise to the preparation of cadastral plan A-38722-2021 without the inclusion of said area (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 i) On August 16, 2023, the Institute's Agroeconomic Unit issued the Land Use Certificate number 23044001, required as part of the plan approval (visado) procedure before the Municipality of Guatuso (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 j) On December 4, 2023, the Municipality of Guatuso communicated that the application for approval of the cadastral plan had to be resubmitted, as the previous proceeding was cancelled (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 k) On February 25, 2024, Mr. [Name 002] filed a request for titling and a consultation on the status of the procedure corresponding to Parcel 25 of the Costa Ana Settlement (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 l) On March 11, 2024, through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-068-2024, the Territorial Office of Guatuso formally responded to the petitioner regarding the status of the titling process, a communication that was received by his daughter Sirlene Zumbado Prendas (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 m) On June 23, 2025, through official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTGU-OFI-0354-2025, the Territorial Office of Guatuso again informed the petitioner, through his daughter Sirlene Zumbado Prendas, about the updated status of the titling procedure, indicating that the process was awaiting the qualification of the new plan before the National Registry for its subsequent municipal approval (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 n) On January 28, 2025, official Marvin Cruz Fuentes carried out a new topographic cadastral survey of Parcel 25 of the Costa Ana Settlement, from which the Office of Land Information and Registry prepared a new land survey plan (plano de agrimensura) submitted to the Real Estate Registry under CFIA contract number 1240251, pending registry qualification (see the report rendered under oath and the evidence incorporated into the digital case file).

 IV.- On the specific case. The petitioning party maintains that the amparado is an older adult, a farmer, and a resident of Costa Ana de San Rafael de Guatuso, to whom a parcel was awarded in the 1980s by the then Institute of Agrarian Development, as part of a process of land purchase and distribution. He asserts that, due to circumstances beyond his control –first of a family nature and later due to technical errors in the land measurement attributable to the institution itself– the deeds and plans were annulled, without INDER having regularized the registry situation to date. He indicates that this prolonged omission prevents him from accessing state housing programs, managing construction permits, and carrying out basic procedures before various public entities, a situation that is especially burdensome given his status as an older adult, his delicate state of health and that of his domestic partner, the precarious conditions of the dwelling in which they live, and their dependence on a pension from the Non-Contributory Regime. In this context, he requests constitutional protection so that the respondent institution be ordered to adopt the necessary measures to regularize the titling of the parcel and remove the obstacles that prevent him from exercising his fundamental rights.

 In the present matter, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the amparado party, by virtue of the reasons that will be set forth below. In the first place, it must be pointed out that the constitutional reproach is not centered on the absolute lack of actions by the respondent authority, but on the lack of a useful and timely result that allows the protected person to effectively exercise the faculties derived from his condition as assignee of the property, since, even though various technical proceedings and institutional coordination are detailed, the truth is that, to date, the titling process has not materialized and the registry situation remains undefined.

 Next, even though the institution alludes to previous circumstances to explain the evolution of the procedure, what is decisive for this analysis is that, since the formal reactivation of the proceeding at least as of March 16, 2020, no administrative direction is observed that would have allowed its culmination within a reasonable timeframe, given that, despite the technical adjustments made and the new topographic cadastral survey carried out on January 28, 2025, the plan continues pending registry qualification and there is no certain date for the definitive conclusion of the process.

 Subsequently, although the respondent authority informed the protected person about the status of the procedure through official letters of March 11, 2024 and June 23, 2025, such communications do not disprove the alleged harm, insofar as they did not translate into the effective regularization of the property, but rather confirmed that the procedure continued to be subject to pending stages, keeping the amparado in a situation of prolonged uncertainty.

 Finally, in this context, the prolongation of the titling process for several years since its reactivation, without an effective definition or a clear time horizon for its culmination, is disproportionate, especially in the case of an older adult, and therefore it is appropriate to declare the remedy with merit and order the respondent authority to manage and coordinate whatever is necessary to conclude the procedure within a short and verifiable timeframe, without prejudice to, if an insurmountable legal impediment exists, issuing the corresponding final decision, duly reasoned and notified to the interested party. Consequently, the proper course is to declare the remedy with merit, as is hereby done.

 V.- Note of Justice Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Tribunal's thesis that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, those who should hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law for the Regulation of the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional circumstances, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

 VI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

 Therefore:

 The remedy is declared with merit. Consequently, Cindy Bravo Castro, in her capacity as general manager of the National Institute of Rural Development, or whoever holds said position, is ordered to manage whatever is necessary within the scope of her authority, so that, within a maximum period of FOUR MONTHS, counted from the notification of this judgment, she concludes the titling process for parcel 25 of the Costa Ana Settlement. The respondent party is warned that, pursuant to the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not fulfill it or cause it to be fulfilled, provided that the offense is not more severely punished. The National Institute of Rural Development is condemned to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Justice Castillo Víquez records a note. Notify.













 Fernando Castillo V.

 President

 

 



Fernando Cruz C.

 

 

 Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

 

 

 Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

 

 

 Ingrid Hess H.

 

 Document Electronically Signed

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 Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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