Res. 02548-2026 Sala Constitucional — Clarification on Natural Heritage certification rejected as technical matterAclaración sobre certificación de Patrimonio Natural del Estado no procede por ser cuestión técnica

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Sala Constitucional

Resolución Nº 02548 - 2026

Fecha de la Resolución: 23 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 23-014549-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 23-014549-0007-CO

Res. Nº 2026002548

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de enero de dos mil veintiseis .

 

 Gestión posterior que se tramita en el expediente nro. 23-014549-0007-CO, interpuesto por Nombre129865, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO y la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.

 

Resultando:

  1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 15 de diciembre de 2025, Hilda Carvajal Bonilla, jefa del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, aporta escrito al expediente donde manifiesta lo siguiente: “…Que a través del documento suscrito por el alcalde de la Municipalidad de Talamanca, el licenciado Rugeli Morales Rodríguez, en atención y dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional en las resoluciones anteriores, procedió a informar a este Tribunal, que se llevó a cabo la nueva delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) elaborada por el SINAC, mediante el oficio SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-006-2025, la cual fue recibida en fecha del 17 de marzo de 2025, con lo que inmediatamente y una vez revisada la información procedieron a girar las directrices para el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial, elaborando el oficio OF.A.M.T. E-129-2025 de fecha del 24 de marzo de 2025, dirigida al INVU con el fin de que se procediera conforme a derecho correspondía con la nueva zonificación luego de la emisión por parte del MINAE de la nueva certificación y el oficio OF.A.M.T. E-132-2025 de fecha 25 de marzo de 2025 dirigida a SETENA para que determinara si con la nueva certificación se requería de una nueva licencia ambiental. Cuarto Que mediante oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0827-2025 de fecha 31 de julio del 2025, la directora regional del Área de Conservación La Amistad Caribe, Maylin Mora Arias, indicó puntualmente: “Una vez emitida y entregada la certificación a los entes correspondientes, se recibieron observaciones por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) mediante oficio DU 299-09-2024 de fecha 23 de septiembre de 2024. La atención de las observaciones realizadas por el INVU dio lugar a la actualización de la Certificación de Patrimonio Natural del Estado del año 2024 SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024, por medio de la Certificación del Patrimonio Natural del Estado SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025 para lo cual se emitió el documento técnico SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-006-2025, ejercicio realizado por el equipo técnico designado para este fin por el Área de Conservación La Amistad Caribe en el presente año 2025. En este documento técnico se corrigen algunas inconsistencias topográficas y se incorporan nuevas áreas al Patrimonio Natural del Estado para el cantón de Talamanca” Quinto. Que de conformidad con la coordinación efectuada entre la Municipalidad de Talamanca y el INVU, se acordó mediante oficio CDU-372-11-2025, de fecha 14 de noviembre del 2025, que este Instituto sea quien realice la consulta a la Sala Constitucional, para que esta nos informe y aclare si la más reciente certificación de PNE elaborada por SINAC-ACLAC, cumple con lo ordenado por este órgano constitucional mediante la resolución N°2025023012 del expediente 23-014549-0007-CO, esto con la finalidad de tener certeza de que lo modificado se ajusta con lo requerido y así dar continuidad a las siguientes etapas correspondientes al trámite de viabilidad ambiental y el reajuste de la zonificación. PRETENSIÓN Indicado lo anterior, solicitamos respetuosamente un pronunciamiento por parte de este Órgano Constitucional, con la aclaración y ampliación respecto a la modificación de la certificación SINAC ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, para determinar si la misma cumple con lo ordenado mediante resolución N.º 2025023012 de las nueve horas veinte minutos del veintitrés de julio de dos mil veinticinco”.

 2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

 Considerando:

I.- DE PREVIO. De conformidad con el numeral 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la adición y aclaración de una sentencia procede únicamente para complementarla en caso de que algunos de los puntos debatidos, no hubiere sido fallado o para explicar los alcances de los que en el fallo pudiere ser confuso.

II.- SOBRE LO RESUELTO POR LA SALA CONSTITUCIONAL. Mediante voto N° 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, este Tribunal dispuso lo siguiente: “Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena: i) a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021; ii) a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe a. i. del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. Se advierte a las autoridades recurridas que según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” Lo cual fue reiterado por resolución N.º 2025023012 de las 09:20 horas del 23 de julio de 2025, donde se les indicó a las autoridades accionadas cumplir con la orden que fue dada en la sentencia supra citada.

III.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. Mediante escrito aportado por la jefa del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, solicita a la Sala que les informe y aclare si la más reciente certificación de PNE elaborada por SINAC-ACLAC satisface lo dispuesto por este Tribunal, esto con el fin de dar cumplimiento con lo ordenado. Señala: “con la finalidad de tener certeza de que lo modificado se ajusta con lo requerido y así dar continuidad a las siguientes etapas correspondientes al trámite de viabilidad ambiental y el reajuste de la zonificación. PRETENSIÓN. Indicado lo anterior, solicitamos respetuosamente un pronunciamiento por parte de este Órgano Constitucional, con la aclaración y ampliación respecto a la modificación de la certificación SINAC ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, para determinar si la misma cumple con lo ordenado...”.

Es menester indicar que, la naturaleza de lo solicitado supone que este Tribunal emita un criterio técnico especializado sobre la certeza, calidad, suficiencia o corrección de insumos cartográficos, metodologías, delimitaciones, criterios biofísicos y demás extremos propios de la determinación técnica del Patrimonio Natural del Estado y, concretamente de humedales en la ZMT.

Sin embargo, ese tipo de determinaciones corresponden, por regla a la Administración técnica competente —en este caso, el MINAE/SINAC, por medio de sus dependencias especializadas— a quienes les compete definir, sustentar y explicar, con base en evidencia científica y criterios metodológicos, la identificación, delimitación y clasificación de las áreas que integran el PNE, así como la consistencia entre distintos estudios o actualizaciones.

Por ello, no corresponde a esta Sala —por la vía de una solicitud de aclaración— validar técnicamente el contenido de una certificación administrativa, ni certificar si sus conclusiones cartográficas y técnicas son “correctas” o “suficientes” desde la especialidad ambiental. La función de este Tribunal se circunscribe a la tutela de derechos fundamentales y al control constitucional, sin sustituir a los órganos técnicos en su valoración especializada.

De esta manera, si el INVU requiere precisión sobre:

        Los criterios utilizados para la actualización,

        El alcance real de la delimitación de humedales,

        La explicación técnica de la inclusión/exclusión de áreas,

        La metodología, insumos, capas cartográficas, validación, o

        La correspondencia entre insumos previos (2017/2021/2024) y la actualización 2025.

Lo anterior, deberá plantearlo directamente ante el SINAC, para que ese órgano —desde su competencia y experticia— explique y justifique técnicamente lo actuado, aporte aclaraciones metodológicas y de ser el caso, evacúe las consultas institucionales que procedan.

En consecuencia, al pretender la parte gestionante que la Sala se pronuncie sobre extremos técnicos ajenos al ámbito propio de una aclaración judicial y que son de resorte del órgano especializado, la solicitud deviene improcedente.

IV.- CONCLUSIÓN. Por las razones expuestas, se procede a rechazar la gestión formulada, sin perjuicio de que la parte interesada acuda ante el SINAC para obtener la explicación técnica correspondiente.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43- 12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formula. -

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 23-014549-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:06:25.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

1.- By document incorporated into the electronic case file on December 15, 2025, Hilda Carvajal Bonilla, head of the Department of Urbanism (Departamento de Urbanismo) of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), contributes a document to the case file stating the following: “…That through the document signed by the mayor of the Municipality of Talamanca, Mr. Rugeli Morales Rodríguez, in attention to and in compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in previous resolutions, he proceeded to inform this Court that a new delimitation of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) was carried out, prepared by SINAC, through official communication SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-006-2025, which was received on March 17, 2025, whereupon immediately and once the information was reviewed, they proceeded to issue directives for compliance with what was ordered by the judicial authority, preparing official communication OF.A.M.T. E-129-2025 dated March 24, 2025, addressed to the INVU so that it would proceed according to law with the new zoning after the issuance by MINAE of the new certification, and official communication OF.A.M.T. E-132-2025 dated March 25, 2025, addressed to SETENA to determine whether a new environmental license was required with the new certification. Fourth Whereas through official communication CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0827-2025 dated July 31, 2025, the regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe), Maylin Mora Arias, indicated specifically: 'Once the certification was issued and delivered to the corresponding entities, observations were received from the INVU through official communication DU 299-09-2024 dated September 23, 2024. Addressing the observations made by the INVU led to the updating of the 2024 State Natural Heritage Certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024, through the State Natural Heritage Certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, for which technical document SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-006-2025 was issued, an exercise carried out by the technical team designated for this purpose by the La Amistad Caribe Conservation Area in the current year 2025. In this technical document, some topographic inconsistencies are corrected and new areas are incorporated into the State Natural Heritage for the canton of Talamanca.' Fifth. That in accordance with the coordination carried out between the Municipality of Talamanca and the INVU, it was agreed through official communication CDU-372-11-2025, dated November 14, 2025, that this Institute will be the one to consult the Constitutional Chamber, so that it may inform us and clarify whether the most recent PNE certification prepared by SINAC-ACLAC complies with what was ordered by this constitutional body through Resolution No. 2025023012 of case file 23-014549-0007-CO, this with the purpose of having certainty that the modification complies with what is required and thus to give continuity to the subsequent stages corresponding to the environmental feasibility procedure (trámite de viabilidad ambiental) and the zoning readjustment. CLAIM Having stated the foregoing, we respectfully request a pronouncement by this Constitutional Body, with the clarification and amplification regarding the modification of certification SINAC ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, to determine whether it complies with what was ordered through Resolution No. 2025023012 of nine hours twenty minutes on July twenty-third, two thousand twenty-five.”

2.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Hess Herrera; and,

**CONSIDERANDO:**

I.- PRELIMINARY. In accordance with numeral 12 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the addition and clarification of a judgment proceeds only to complement it in the event that some of the debated points were not decided, or to explain the scope of what in the ruling might be confusing.

II.- REGARDING WHAT WAS RESOLVED BY THE CONSTITUTIONAL CHAMBER. Through Vote No. 2024003959 of 09:30 hours on February 16, 2024, this Court ordered the following: “Therefore (Por tanto): The appeal is granted. It is ordered: i) to Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional del Áreas de Conservación), or to whoever holds that position in her stead, to conclude, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the procedure to complement the State Natural Heritage certification in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the Canton of Talamanca with the 'Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca' of June 2021; ii) to Delio Antonio Robles Loaiza, in his capacity as acting head of the Department of Urbanism, and to Daniel Brenes Arroyo, head of the Unit of Technical and Operational Criteria for Land-Use Planning (Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial), both of the INVU, as well as to Rugeli Morales Rodríguez, mayor, and to Yahaira Mora Blanco, president of the Council, both of the Municipality of Talamanca, to arrange what is necessary to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the Canton of Talamanca. The respondent authorities are warned that, according to the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State, the INVU, and the Municipality of Talamanca are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment proceedings of the contentious-administrative court. Judge Salazar Alvarado dissents and dismisses the appeal, as it is up to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative court, to determine whether the challenged administrative actions and conduct comply or not, in substance, with the legal system provisions at the legal rank level, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.” This was reiterated by Resolution No. 2025023012 of 09:20 hours on July 23, 2025, where the respondent authorities were instructed to comply with the order given in the aforementioned judgment.

III.- REGARDING THE PETITION FILED. Through a document contributed by the head of the Department of Urbanism of the INVU, she requests the Chamber to inform them and clarify whether the most recent PNE certification prepared by SINAC-ACLAC satisfies what was ordered by this Court, in order to comply with what was ordered. She states: “with the purpose of having certainty that the modification complies with what is required and thus to give continuity to the subsequent stages corresponding to the environmental feasibility procedure and the zoning readjustment. CLAIM Having stated the foregoing, we respectfully request a pronouncement by this Constitutional Body, with the clarification and amplification regarding the modification of certification SINAC ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, to determine whether it complies with what was ordered...”.

It is necessary to indicate that the nature of what is requested presupposes that this Tribunal issues a specialized technical criterion on the certainty, quality, sufficiency, or correctness of cartographic inputs, methodologies, delimitations, biophysical criteria, and other aspects typical of the technical determination of the State Natural Heritage and, specifically, of wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT).

However, such determinations correspond, as a rule, to the competent technical Administration —in this case, MINAE/SINAC, through its specialized dependencies— which are responsible for defining, supporting, and explaining, based on scientific evidence and methodological criteria, the identification, delimitation, and classification of the areas that make up the PNE, as well as the consistency between different studies or updates.

Therefore, it is not for this Chamber —through a request for clarification— to technically validate the content of an administrative certification, nor to certify whether its cartographic and technical conclusions are “correct” or “sufficient” from the environmental specialty perspective. The function of this Court is limited to the protection of fundamental rights and constitutional control, without substituting technical bodies in their specialized assessment.

Thus, if the INVU requires precision regarding:

•    The criteria used for the update,

•    The real scope of the wetland delimitation,

•    The technical explanation of the inclusion/exclusion of areas,

•    The methodology, inputs, cartographic layers, validation, or

•    The correspondence between previous inputs (2017/2021/2024) and the 2025 update.

The foregoing must be raised directly before SINAC, so that entity —from its competence and expertise— explains and technically justifies the actions taken, provides methodological clarifications, and if appropriate, resolves the institutional consultations that proceed.

Consequently, since the petitioner seeks for the Chamber to rule on technical matters outside the proper scope of a judicial clarification and that fall under the purview of the specialized body, the request is deemed inadmissible.

IV.- CONCLUSION. For the reasons stated, the petition filed is hereby rejected, without prejudice to the interested party going to SINAC to obtain the corresponding technical explanation.

V.- DOCUMENTATION CONTRIBUTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have contributed any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

**Por tanto:**

The petition filed is dismissed. -