Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se amplía el plazo conferido en la sentencia nro. 2023003645 de las 9:20 horas de 17 de febrero de 2023. En consecuencia, se le confiere a Lisseth Rodríguez Garita, en su condición de directora ejecutiva del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, o a quien ocupe ese cargo, el plazo de DOCE MESES MÁS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, para cumplir lo ordenado en la sentencia nro. 2023003645 de las 9:20 horas de 17 de febrero de 2023.
English (translation)The deadline granted in judgment No. 2023003645 of 9:20 a.m. on February 17, 2023, is extended. Consequently, Lisseth Rodríguez Garita, in her capacity as Executive Director of the National System of Information and Single Registry of State Beneficiaries, or whoever holds that position, is granted an additional TWELVE MONTHS, counted from notification of this ruling, to comply with the order in judgment No. 2023003645 of 9:20 a.m. on February 17, 2023.
Extension of deadline granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 03048 - 2026 Fecha de la Resolución: 27 de Enero del 2026 a las 09:20 Expediente: 22-012803-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 22-012803-0007-CO Res. Nº 2026003048 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil veintiseis . Gestión posterior planteada por LISSETH RODRÍGUEZ GARITA, en su condición de DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO, en relación con la sentencia nro. 2023003645 de las 9:20 horas de 17 de febrero de 2023. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de diciembre de 2025, la autoridad accionada expone: “Esta representación se permite indicar, de conformidad con informe adjunto de fecha diciembre 2025, realizado por Irene Hernández Carazo, Profesional en Ciencias Sociales del SINIRUBE, las diferentes acciones realizadas para el cumplimiento de la orden emitida por la Sala Constitucional, en resolución Nº2023003645 de las diez horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés: “…2. Metodología de trabajo Partiendo de la hoja de ruta presentada a la Sala Constitucional en el informe de cumplimiento 22-012803-0007-CO se detallan las acciones, actividades y gestiones realizadas por el Sinirube para la implementación de un mecanismo de focalización diferenciado para determinar los niveles de pobreza, adaptándola a las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales que tienen las poblaciones indígenas, las cuales se detallan según las siguientes fases: 2.1. Análisis de la metodología de estimación de pobreza monetaria del Sinirube, cobertura de los hogares con población indígena. Con recursos del BID se realizó la contratación de la empresa Prosperia para el desarrollo de un “Análisis de la Metodología de Estimación de Pobreza Monetaria del Sinirube Cobertura de los Hogares con Población Indígena”1. Este estudio, partió de que el Sinirube cuenta con un modelo de estimación de ingresos, que se utiliza para priorizar la demanda de los programas de protección social. Este modelo de estimación de ingresos se diseñó utilizando la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). No obstante, la ENAHO presenta una limitación al no recopilar datos sobre las características étnicas de la población (Prosperia, 2023). Siendo así, el estudio realizado por Prosperia tenía como objetivo abordar los vacíos generados por la ausencia de dicha información en la ENAHO, así como “analizar las implicaciones que podría tener el modelo Sinirube en la equidad en el acceso a los programas de protección social” (Prosperia, 2023, p.2) Debido a lo anterior, el estudio utilizó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH 2018) “para incorporar información sobre la etnia auto declarada de las personas en el análisis”, así como la “información sobre los ingresos que permite medir la cobertura y los errores de inclusión y exclusión para la población indígena” (Prosperia, 2023, p.2) Es importante mencionar que la empresa social Prosperia utilizó varias pruebas, escenarios y consideraciones para determinar el alcance de la metodología actual en personas indígenas. Dentro de dichas pruebas y consideraciones se pueden mencionar: i. Equidad Algorítmica: la cual buscaba determinar si el algoritmo está favoreciendo algún grupo poblacional en particular. ii. Equidad de Grupos: lo cual evalúa elementos demográficos, de umbral, tasas de error y de acción afirmativa. iii. Métodos de Focalización: considera variables demográficas. categóricas, prueba de medios y comunitaria. De esta forma, tras el análisis realizado por Prosperia se concluyó que: a. La adopción del modelo Sinirube constituye una herramienta eficaz para una asignación más justa y precisa de recursos en el ámbito de la protección social de estos grupos poblacionales (Prosperia, 2023, p.17) b. La población indígena de Costa Rica no está siendo afectada negativamente por el modelo de ingreso de Sinirube. (…) hay evidencia de que el modelo comete menos errores de exclusión con la población indígena que con la población costarricense en general y que se beneficia de una acción afirmativa por defecto por parte del modelo (Prosperia, 2023, p.20) 2.1.1. Mecanismo de focalización diferenciada para población indígena Partiendo del hecho de que, según la Sala Constitucional, la metodología del Sinirube no toma en cuenta las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales que tienen las poblaciones indígenas, se realizó un análisis profundo para implementar una nueva metodología. Actualmente la metodología implementada por el Sinirube para determinar la clasificación socioeconómica de un hogar utiliza medidas de estimación de niveles de pobreza monetaria de los hogares, en particular aquellas utilizadas con fines de determinación de elegibilidad y priorización del acceso a programas sociales. Es así, como para el cálculo de pobreza desarrollado por el Sinirube se toma en cuenta las variables que se encuentran incorporadas en el RIS, el cual permite la recolección de información socioeconómica de los hogares, entre la cual se encuentran datos con relación a la ubicación geográfica, características de la vivienda, el estado del inmueble, el acceso a servicios básicos, las características del hogar, la composición de este, características educativas, condición de empleo, ingresos, entre otras. De esta forma, a diferencia del anterior, el mecanismo de focalización diferenciada para población indígena, en adelante mecanismo diferenciado, utilizará únicamente el ingreso de los hogares para realizar la clasificación socioeconómica, este ingreso podrá ser reportado de dos formas: I. Ingreso reportado por fuentes oficiales, por ejemplo: salarios, pensiones, entre otros; para estimar el ingreso per cápita del hogar. Dicho ingreso per cápita es utilizado para determinar la condición socioeconómica de los hogares, a saber: pobreza, vulnerabilidad y no pobreza. II. Ingreso auto reportado: en caso de no contar con un ingreso registrado por fuentes oficiales, la persona indígena podrá indicar por medio del RIS, cuál es su ingreso actual. El ingreso auto reportado es el que se utilizará para la asignación de la calificación socioeconómica. Por medio de la implementación de este mecanismo diferenciado se pretende que en los procesos de focalización de los hogares con población indígena que realiza el Sinirube, no sean consideradas en la clasificación socioeconómica aquellas variables que no toman en cuenta las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales de las poblaciones indígenas; en procura de que las personas indígenas puedan acceder más fácilmente a los diferentes beneficios que las instituciones del sector social brindan. (…) 3. Proceso de diálogo con los pueblos indígenas 3.1 Etapa 1: Acciones iniciales Como parte de las acciones a realizar, el Sinirube estableció el desarrollo de un proceso para la recopilación de criterios y la presentación de las acciones identificadas para implementar dicho mecanismo diferenciado. En este sentido, desde el Sinirube, se realizaron las siguientes acciones iniciales: a. Consulta técnica a especialistas en materia económica y ciencias de datos: Como parte de las acciones realizadas, se inició un proceso de consulta a especialistas en materia económica y ciencia de datos mediante sesiones de trabajo con entidades nacionales, entre ellos el IMAS, como ente rector en materia de erradicación de la pobreza, Programa Estado de la Nación (PEN), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y con la organización internacional Prosperia Social, empresa social que trabaja a nivel internacional con la gestión de políticas sociales, aprovechando la ciencia de datos. Uno de los principales resultados de este proceso, es el estudio “una metodología especializada para determinar los niveles de pobreza, adaptándola a las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales que tienen las poblaciones indígenas” que permite identificar algunos mecanismos de focalización diferenciada que pueden ser aplicados a la población indígena costarricense. b. Consulta técnica a especialistas en materia indígena: De manera simultánea a dicho proceso de consulta en materia económica, se realizaron sesiones de trabajo y asesorías con diferentes actores especialistas en materia indígena, entre ellos la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), con el señor Hugo Us Amador, especialista en materia indígena del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). c. Por otra parte, se logra realizar diferentes enlaces con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), los cuales derivan en la asistencia a una sesión de la Presentación de La Estrategia Nacional REDD+ que constituye un primer acercamiento con líderes comunales de diferentes territorios, permitiendo identificar parte de las necesidades que fueron plasmadas en los Planes Ambiental Forestal y Territorial del Territorio, las cuales integraron, en algunos territorios, necesidades vinculadas con el abordaje de la población en condición de pobreza de los territorios, así como la necesidad de adecuar el acceso a los programas sociales del Estado, los cuales son otorgados por las diferentes instituciones responsables. Se realizó una sesión adicional con las personas representantes de FONAFIFO que permitió conocer diferentes recomendaciones para enlazar con las comunidades indígenas, identificándose como uno de los principales acuerdos de la sesión que FONAFIFO le brindaría al Sinirube un espacio en los próximos talleres que realizarán con las ADI´s, tanto sesiones locales como talleres nacionales, para articular con las comunidades indígenas lo referente a las consideraciones que se deban tener para establecer un mecanismo de focalización diferenciado para las poblaciones indígenas. d. Participación el 08 de agosto del 20235 en un encuentro nacional desarrollado por FONAFIFO, se realizó un acercamiento inicial con las personas representantes de las Asociaciones de Desarrollo de los Territorios Indígenas. En esta actividad se realizó una exposición sobre aspectos generales del Sinirube en el marco del recurso de amparo interpuesto por ADITICA. e. Remisión del oficio IMAS-Sinirube-927-20236, con fecha del 20 de octubre del 2023, dirigido a la CONAI en el que se le consulta sobre: 1. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza a nivel nacional, y que, por ende, debería implementar el Sinirube para identificar a la población indígena? 2. ¿Puede la CONAI como ente rector brindar acompañamiento al Sinirube para realizar los enlaces territoriales para iniciar los procesos de diálogo? f. Remisión del oficio IMAS-Sinirube-930-20237, con fecha del 20 del 2023, dirigido a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca, en el que se le solicita, como parte recurrente del curso de amparo, para implementar el proceso de diálogo en el marco del respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y a lo establecido en el convenio 169 de la OIT. g. Remisión de los oficios: - IMAS-Sinirube-997-20238 dirigido a la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA), Mesa de Diálogo entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón, Unión Ngäbe, Bloque Centro y Norte. − IMAS-Sinirube-998-20239 dirigido al Territorio Talamanca Bribri. − IMAS-Sinirube-999-202310 dirigido al Territorio Alto Chirripó. En los cuales se les consultaba la posibilidad de establecer una reunión con el objetivo de definir las coordinaciones pertinentes para el desarrollo de un proceso de consulta con los pueblos indígenas para dar respuesta a la solicitud de la Sala Constitucional. 3.2 Etapa 2: Intercambio de información Siendo que la Sala Constitucional le ordena al Sinirube la implementación de un mecanismo especializado para determinar los niveles de pobreza, adaptándola a las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales que tienen las poblaciones indígenas “siguiendo los lineamientos y objetivos establecidos en el Mecanismo General en lo que resulte aplicable11 al procedimiento y acciones que se imponen en este fallo” es que desde el Sinirube se realizó, en primera instancia, las siguientes consultas, vía oficio IMAS-Sinirube-248-202312, al Ministerio de Justicia y Paz: (…) En respuesta a ambos oficios, por parte de la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) del Ministerio de Justicia y Paz, se remitió el oficio DNRAC-UTCI 11- 202314, en el cual se indicaba que el Mecanismo de Consulta “no resulta de aplicación obligatoria para las instituciones autónomas”. Por consiguiente, desde el Sinirube se procedió a utilizar el Mecanismo de Consulta como referencia para desarrollar aquellas acciones que se consideraron aplicables según lo establecido en este marco normativo: (…) Siendo así, en las siguientes líneas se detallan las sesiones iniciales realizadas con cada uno de los territorios indígenas: (..) 3.3 Etapa 3: Posterior al intercambio de información Partiendo de lo señalado en el artículo 7 del Mecanismo de Consulta respecto a que “Serán plenamente vinculantes para todas las partes involucradas, todos aquellos acuerdos que hayan sido alcanzados entre los pueblos indígenas, las instituciones públicas y las empresas privadas, sean acuerdos preparatorios para la consulta, acuerdos finales, acuerdos de monitoreo y fiscalización o cualquier acuerdo alcanzado a lo largo del proceso” a la fecha de elaboración de este informe, se está a la espera de la respuesta por parte de los territorios sobre los acuerdos tomados en la sesión inicial. simismo, posterior a las sesiones iniciales, se realizaron sesiones de seguimiento con algunos de los territorios, tal y como se señaló en la Etapa 2 sobre el Intercambio de Información. Para el caso de los territorios de Talamanca Cabécar, Maleku y Bajo Chirripó se realizó una sesión de intercambio para elaborar el mecanismo de diálogo o consulta a realizar, según lo que determine cada uno de los territorios, a partir de lo que establece el Mecanismo General de Consulta, en su artículo 7. 3.4 Otras gestiones previas al proceso de consulta Aunado a lo mencionado en las etapas señaladas, desde el Sinirube, se realizaron otras gestiones para enriquecer o retroalimentar las acciones implementadas con el fin de dar cumplimiento a cabalidad con lo ordenado por la Sala Constitucional; dichas gestiones son las siguientes: a. Remisión del oficio IMAS-Sinirube-077-202475 dirigido al Sr. Nombre01, del Tribunal Supremo de Elecciones, referente a la identificación de personas pertenecientes a pueblos indígenas (…) b. Remisión del oficio IMAS-Sinirube-1030-202377 dirigido a la Sra. Yorleni León Marchena, del Instituto Mixto de Ayuda Social, referente a la inclusión de las políticas institucionales con referencia al tema indígena en el borrador de la Política Pública para Pueblos Indígenas, en respuesta a la solicitud remitida mediante el oficio DVMP-MT-184-202378. c. Remisión del oficio IMAS-Sinirube-227-202479 dirigido a la Sra. Nombre02, referente a la solicitud de información a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, a la cual se le dio respuesta mediante los oficios DE-OF-164- 202480 y DL-C-004-202481, en este último se establece, dentro de las conclusiones y recomendaciones lo siguiente: “Ningún Estado o sus instituciones, cuenta con la potestad o el derecho a imponer una definición de quién es o no indígena; o incluso, ninguna persona tiene el derecho de cuestionar la auto adscripción de otra persona. Son los propios indígenas, primero a título personal quienes ejercen el derecho al auto adscripción o auto identificación y la identificación como indígena por el pueblo que lo conforma, este debe ser considerado un criterio básico añadido para ostentar tal condición. Simultáneamente, el reconocimiento de los derechos culturales es esencial para la subsistencia de estos grupos, junto con el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas misma que es vital para el goce de su cultura y correlativamente de los derechos culturales. Se debe agregar que, la institución también puede proceder a solicitar una certificación o documento a las Asociaciones de Desarrollo Integral de los Territorios indígenas información respecto a quienes son o no indígenas, lo anterior, siendo que son los representantes legales del Territorio, es menester aclarar que esto no sustituye a la consulta indígena que deba corresponder a cada caso en que lo amerite. Asimismo, lo anterior aplica también a las personas indígenas que se encuentren fuera de los territorios. La CONAI no cuenta con la competencia legal para facilitar la información solicitada por el Sinirube, lo que si puede la institución es brindar un acompañamiento y servir como ente coordinador entre los territorios indígenas y esa institución, a los efectos de obtener la información que se requiere.” d. Participación en actividad organizada por FONAFIFO el 06 de marzo del 2024, en la que se le presentó a las personas indígenas representantes de las Asociaciones de Desarrollo de los Territorios información relacionada sobre el Sinirube y el proceso realizado en el marco del recurso de amparo. Además, se establecieron coordinaciones con las personas representantes, para el posterior contacto para la realización de las sesiones iniciales. 3.5 Mecanismo General de Consulta Pueblos Indígenas Desde el Sinirube se han realizado una serie de acciones enfocadas en dar cumplimiento a lo establecido en el Mecanismo General de Consulta Pueblos Indígenas. (…) 4. Implementación del proceso de focalización diferenciado en un medio tecnológico. 4.1 GeoSinirube La herramienta GeoSinirube tiene dos objetivos principales: 1. Buscar una relación geográfica entre las geolocalizaciones de los hogares registrados en RIS del Sinirube con la delimitación de los territorios indígenas oficializados en Costa Rica. Con este cruce de información se podrá identificar si la vivienda de la familia se encuentra en un territorio indígena. 2. Aplicar las capas de amenazas que están identificadas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para identificar hogares no solo en riesgo social, sino también en riesgos de desastres naturales. El desarrollo de esta plataforma tiene dentro de sus principales labores: El GeoSinriube permitirá identificar a través de procesos de georreferenciación las viviendas que ya se encuentran registradas en el sistema RIS, por lo tanto, será necesario correr un proceso de identificación de las viviendas actuales. Algunas de las ventajas esperadas al contar con esta herramienta son: ✓ Identificar si una vivienda se encuentra en territorio indígena, cuando se registran fichas en el sistema RIS desde las oficinas del IMAS. ✓ Identificar cuáles de las viviendas georreferenciadas en RIS se encuentran en territorio indígena. ✓ Generar información que permita analizar datos en la atención de familias en territorios indígenas. ✓ Identificar la población indígena que se encuentra en riesgos de sufrir por posibles desastres naturales (hogares indígenas en zonas de amenazas). (…) 4.2 Mejoras en RIS La funcionalidad de GeoSinirube es solo una parte de lo identificado como requerimiento a desarrollar dentro del sistema RIS. Las funcionalidades y necesidades de información para la atención del mecanismo de focalización diferenciado para la población, consta de los siguientes requerimientos: ✓ Detalle para etnia: Actualmente el RIS cuenta con la variable etnia en la información de la persona, siendo esta variable un detalle de percepción se requiere que cuando se seleccione etnia indígena el sistema habilite una nueva ventana que muestre la información del pueblo al cual pertenecen y el territorio en el que se ubica. o Código de requerimiento: RF-76715-2023 o Estado: aprobado para desarrollo ✓ Mecanismo de focalización diferenciado: este requerimiento busca ejecutar un mecanismo diferenciado del cálculo de la clasificación socioeconómica del hogar, distinto para aquellos hogares que se encuentran clasificados como indígenas. o Código de requerimiento: RF-76595-2023 • Estado: aprobado para desarrollo. ✓ Hogar en territorio indígena (GeoSinirube): Esta funcionalidad consiste en remitir una latitud y una longitud (georreferenciación) al GeoSinirube y este responde si dicho punto geográfico se encuentra en un territorio indígena. Esta funcionalidad se encuentra en desarrollo, pero para finiquitarlo es necesario aplicar las capas que brinde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER). o Código: Este requerimiento es parte de los requerimientos listados en el apartado anterior. o Estado: En desarrollo. ✓ Carga reconocimiento colectivo de población indígena: Habilitar a nivel de portal Sinirube una opción en CARGAS que permita realizar una carga (plantilla en formato xls) del listado de personas con "reconocimiento colectivo". E incluir en el RIS un indicador que se habilitará para identificar si la persona posee, es decir estaba en la lista, de "reconocimiento colectivo". o Código de requerimiento: RF-80133-2024 • Estado: aprobado para definición y estimación. ✓ Reconocimiento colectivo de etnia indígena: para validar la pertenencia de una persona a uno de los territorios indígenas se requiere cargar la información de los reconocimientos colectivos que serán emitidas por las instancias territoriales indígenas, las cuales remitirán al Sinirube y ello debe mostrarse en el RIS/REPIC. Por lo cual, se debe hacer un desarrollo que permita insertar la información de la certificación de reconocimiento colectivo a un territorio indígena en Sinirube y otro método para que las instituciones puedan visualizar esta información en el RIS/REPIC. o Código de requerimiento: RF-80737-2024 • Estado: pendiente para pase a producción. ✓ Reconocimiento de población indígena por medio del TSE: El requerimiento consiste en cargar desde el TSE el reconocimiento como indígena que se ha realizado para el pueblo indígena Brörán (Térraba). o Código de requerimiento: RF-80741-2024 • Estado: Pendiente definir el requerimiento. 5. Consideraciones finales Es importante destacar una serie de aspectos relevantes identificados a lo largo del proceso de cumplimiento del mandato emitido por la Sala Constitucional, los cuales superan el ámbito de acción del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y que inciden directamente en los plazos de ejecución del proceso de focalización diferenciada para pueblos indígenas. En primera instancia, conforme se avanzó en las diferentes etapas de acercamiento y coordinación con los territorios indígenas, se identificaron factores estructurales y operativos que trascienden la gestión del Sinirube, tales como: • Dependencia del proceso de admisibilidad: Según lo dispuesto en el oficio DNRAC-UTCI-18-2025 y la resolución DNRAC-UTCI-01-2025, la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) no ha otorgado aún la admisibilidad del proyecto, requisito indispensable para avanzar formalmente a las siguientes etapas del proceso de consulta indígena. En consecuencia, el Sinirube se mantiene dentro de la fase de acuerdos preparatorios y acciones de coordinación previa, conforme al artículo 7 del Decreto Ejecutivo N.º 40932-MP-MJP. Cabe resaltar que, hay territorios indígenas que han solicitado se continue con el proceso específicamente los territorios que han brindado el aval, sin embargo, no ha sido posible avanzar debido al criterio de la UTCI, situación que limita el accionar del Sinirube. • Limitaciones derivadas de la naturaleza nacional del proceso de consulta: El criterio de la UTCI establece que, al tratarse de una medida de impacto geográfico nacional, la consulta debe construirse con los aportes de los 24 erritorios indígenas del país, respetando las particularidades culturales y organizativas de cada uno. Por tanto, el proceso no puede continuar con algunos territorios mientras otros no hayan emitido su criterio, • Autonomía y tiempos propios de los pueblos indígenas: De acuerdo con los principios del Mecanismo General de Consulta, el Estado debe respetar los procedimientos y tiempos de deliberación de los pueblos indígenas. Por ello, los plazos de respuesta de las Instancias Territoriales de Consulta Indígena (ITCI) y de las organizaciones representativas no pueden ser impuestos por el Sinirube. • Limitaciones en la identificación de población indígena: La ausencia de una base de datos consolidada de reconocimiento colectivo, responsabilidad de las instancias competentes como la CONAI y los propios territorios, ha dificultado la incorporación de este elemento en el Registro de Información Socioeconómica (RIS) y, por ende, la plena aplicación del mecanismo diferenciado. • Aspectos técnicos complementarios: La ausencia de una Canasta Básica Alimentaria o Línea de Pobreza específica para población indígena, competencia del INEC, representa un vacío técnico que incide en la calibración final del modelo de estimación de pobreza diferenciado. A pesar de estas limitaciones, el Sinirube ha mantenido una ejecución constante de acciones de diálogo, coordinación y seguimiento con los territorios que han manifestado disposición, priorizando el respeto a la autonomía y la participación informada de los pueblos indígenas. Asimismo, las propuestas presentadas por el Sinirube para la implementación del mecanismo diferenciado han sido valoradas de manera positiva por los territorios que han emitido criterio, reconociendo que la metodología propuesta ajusta la clasificación socioeconómica a las realidades culturales y económicas de las poblaciones indígenas. En la misma línea, se les han remitido oficios en los cuales Sinirube se pone a disposición de los territorios para brindar la información requerida y se han realizado los encuentros requeridos a solicitud de los territorios. De igual forma, se reitera que el Sinirube ha cumplido con todas las acciones que se encuentran dentro de su competencia, encontrándose a la espera de que la UTCI otorgue la admisibilidad correspondiente para avanzar a la siguiente fase del proceso de consulta, conforme al Decreto Ejecutivo N.º 40932-MP-MJP. (…)” Tal y como puede apreciarse del informe transcrito, se han realizado esfuerzos por parte del SINIRUBE, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Nº2023003645 de las diez horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés. No obstante, lo anterior, el proceso, aunque presenta avances significativos, no ha culminado. Por lo que es necesario continuar con el acercamiento y recopilación de criterios en los territorios indígenas que, de momento, no han dado respuesta. Así como completar labores técnicas vinculadas a la integración del GeoSinirube y las mejoras del sistema RIS, incluyendo la firma de la adenda al convenio con el INDER para el intercambio de información geoespacial y la ejecución de pruebas finales previas al pase a producción. II. Solicitud de ampliación del plazo para el cumplimiento: En virtud de lo anterior, y considerando el marco legal y operativo que rige este proceso, se solicita respetuosamente a la Sala Constitucional ampliación de plazo de 18 meses a partir del 9 de enero de 2026, fecha en la cual vence la ampliación otorgada previamente para el cumplimiento de lo ordenado en la resolución N.º 2023003645, con el propósito de: 1. Finalizar el proceso de acercamiento y recopilación de criterios con los territorios pendientes de respuesta, respetando los tiempos propios de deliberación de cada pueblo indígena. 2. Completar las labores técnicas vinculadas a la integración del GeoSinirube y las mejoras del sistema RIS, incluyendo la firma de la adenda al convenio con el INDER para el intercambio de información geoespacial y la ejecución de pruebas finales previas al pase a producción. (…) PETITORIA: Se solicita ampliación ampliación del plazo de cumplimiento de la resolución Nº2023003645 de las diez horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés, por un período adicional de 18 meses contado a partir del 09 de enero de 2026”. 2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, Considerando: I.- En la sentencia nro. 2023003645 de las 9:20 horas de 17 de febrero de 2023, se dispuso: “Se declara parcialmente con lugar el recurso en relación con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. Se ordena a Erikson Álvarez Calonge, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que inmediatamente adopte las medidas que sean necesarias dentro del ejercicio de sus competencias para garantizar que dentro del plazo de tres meses contado a partir la notificación de esta sentencia, implementen una metodología especializada para determinar los niveles de pobreza, adaptándola a las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales que tienen las poblaciones indígenas, siguiendo los lineamientos y objetivos establecidos en el Mecanismo General de Consulta Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo N° 40932- MP-MJP en lo que resulte aplicable al procedimiento y acciones que se imponen en este fallo. Se les advierte, que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal suscribe nota aparte”. II.- Mediante resolución interlocutoria nro. 2023012580 de las 10:20 horas del 30 de mayo de 2023 se indicó: “Se amplía el plazo conferido en la sentencia número 2023-006345 del 17 de febrero del año en curso, o a quien ejerza ese cargo, el plazo adicional de DOCE MESES, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, para dar cumplimiento a lo ordenado en dicha sentencia, todo bajo las mismas advertencias de ley”. III.- En resolución interlocutoria nro. 2024018741 de las 9:30 horas del 5 de julio de 2024 se consignó: “Se amplía al plazo conferido en la sentencia número 2023-003645 de las 9:20 del 17 de febrero del año 2023, el plazo adicional de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, para dar cumplimiento a lo ordenado en dicha sentencia, todo bajo las mismas advertencias de ley”. IV.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, la autoridad accionada solicita que se amplíe en 18 meses el pazo otorgado para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia nro. 2023003645 de las 9:20 horas de 17 de febrero de 2023. Al respecto, se recuerda que lo ordenado por la Sala fue: “que dentro del plazo de tres meses contado a partir la notificación de esta sentencia, implementen una metodología especializada para determinar los niveles de pobreza, adaptándola a las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales que tienen las poblaciones indígenas, siguiendo los lineamientos y objetivos establecidos en el Mecanismo General de Consulta Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo N° 40932- MP-MJP en lo que resulte aplicable al procedimiento y acciones que se imponen en este fallo” Sobre el particular, las autoridades accionadas remiten el informe de acciones realizadas, actualizado a diciembre de 2025, en el que se detallan las actuaciones ejecutadas con el objetivo de cumplir con lo dispuesto por este Tribunal. Así las cosas, vistas las justificaciones esbozadas por las autoridades accionadas, este Tribunal considera necesario ampliar el plazo inicialmente otorgado; empero, tal ampliación no debe ser de dieciocho meses, pues ello sería excesivo y desproporcionado, máxime que en el sub lite ya han mediado otras dos ampliaciones para un total de 30 meses. Aclarado lo anterior, se concede una prórroga, en los términos que se dirán en la parte dispositiva de este pronunciamiento, a los efectos de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia nro. 2023003645 de las 9:20 horas de 17 de febrero de 2023. V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012. Por tanto: Se amplía el plazo conferido en la sentencia nro. 2023003645 de las 9:20 horas de 17 de febrero de 2023. En consecuencia, se le confiere a Lisseth Rodríguez Garita, en su condición de directora ejecutiva del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, o a quien ocupe ese cargo, el plazo de DOCE MESES MÁS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, para cumplir lo ordenado en la sentencia nro. 2023003645 de las 9:20 horas de 17 de febrero de 2023. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- DPOCKUR4XCU61 EXPEDIENTE N° 22-012803-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:07:30. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**By the Numbers** Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 03048 - 2026 Date of Resolution: January 27, 2026, at 09:20 Expediente: 22-012803-0007-CO Drafted by: Ingrid Hess Herrera Type of matter: Amparo action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 22-012803-0007-CO Res. No. 2026003048 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-seventh of January, two thousand twenty-six. Subsequent motion filed by LISSETH RODRÍGUEZ GARITA, in her capacity as EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO, in relation to judgment no. 2023003645 of 9:20 hours on February 17, 2023. Whereas: 1.- By document incorporated into the digital expediente on December 18, 2025, the respondent authority states: "This representation respectfully indicates, in accordance with the attached report dated December 2025, prepared by Irene Hernández Carazo, Social Sciences Professional of SINIRUBE, the different actions taken to comply with the order issued by the Constitutional Chamber, in resolution No. 2023003645 of ten hours twenty minutes on the thirtieth of May, two thousand twenty-three: “…2. Work Methodology Based on the roadmap presented to the Constitutional Chamber in the compliance report 22-012803-0007-CO, the actions, activities, and procedures carried out by Sinirube for the implementation of a differentiated targeting mechanism to determine poverty levels, adapting it to the economic, geographic, social, and cultural conditions of indigenous populations, are detailed according to the following phases: 2.1. Analysis of the Sinirube monetary poverty estimation methodology, coverage of households with indigenous population. With IDB resources, the company Prosperia was contracted to develop an 'Analysis of the Sinirube Monetary Poverty Estimation Methodology and Coverage of Households with Indigenous Population'¹. This study was based on the fact that Sinirube has an income estimation model, which is used to prioritize the demand for social protection programs. This income estimation model was designed using the National Household Survey (Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO). However, the ENAHO presents a limitation by not collecting data on the ethnic characteristics of the population (Prosperia, 2023). As such, the study carried out by Prosperia aimed to address the gaps generated by the absence of such information in the ENAHO, as well as 'analyze the implications that the Sinirube model could have on equity in access to social protection programs' (Prosperia, 2023, p.2). Due to the above, the study used the National Household Income and Expenditure Survey 2018 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, ENIGH 2018) 'to incorporate information on the self-declared ethnicity of individuals into the analysis', as well as 'information on income that allows measuring coverage and inclusion and exclusion errors for the indigenous population' (Prosperia, 2023, p.2). It is important to mention that the social enterprise Prosperia used several tests, scenarios, and considerations to determine the scope of the current methodology for indigenous people. Among these tests and considerations, the following can be mentioned: i. Algorithmic Fairness: which sought to determine if the algorithm is favoring any particular population group. ii. Group Fairness: which evaluates demographic, threshold, error rate, and affirmative action elements. iii. Targeting Methods: considers demographic variables, categorical variables, means testing, and community-based methods. In this way, after the analysis carried out by Prosperia, it was concluded that: a. The adoption of the Sinirube model constitutes an effective tool for a fairer and more precise allocation of resources in the field of social protection for these population groups (Prosperia, 2023, p.17). b. The indigenous population of Costa Rica is not being negatively affected by the Sinirube income model. (…) there is evidence that the model commits fewer exclusion errors with the indigenous population than with the Costa Rican population in general and that it benefits from a default affirmative action by the model (Prosperia, 2023, p.20). 2.1.1. Differentiated targeting mechanism for the indigenous population Starting from the fact that, according to the Constitutional Chamber, the Sinirube methodology does not take into account the economic, geographic, social, and cultural conditions of indigenous populations, a deep analysis was carried out to implement a new methodology. Currently, the methodology implemented by Sinirube to determine the socioeconomic classification of a household uses measures for estimating household monetary poverty levels, particularly those used for determining eligibility and prioritizing access to social programs. Thus, for the poverty calculation developed by Sinirube, the variables incorporated in the RIS are taken into account, which allows for the collection of household socioeconomic information, including data related to geographic location, dwelling characteristics, the state of the property, access to basic services, household characteristics, its composition, educational characteristics, employment status, income, among others. In this way, unlike the previous one, the differentiated targeting mechanism for the indigenous population, hereinafter the differentiated mechanism, will only use household income to perform the socioeconomic classification; this income can be reported in two ways: I. Income reported by official sources, for example: salaries, pensions, among others; to estimate the household's per capita income. Said per capita income is used to determine the socioeconomic condition of the households, namely: poverty, vulnerability, and non-poverty. II. Self-reported income: if there is no income registered by official sources, the indigenous person may indicate, through the RIS, what their current income is. The self-reported income is what will be used to assign the socioeconomic classification. Through the implementation of this differentiated mechanism, the aim is that in the targeting processes of households with indigenous populations carried out by Sinirube, those variables that do not take into account the economic, geographic, social, and cultural conditions of indigenous populations are not considered in the socioeconomic classification; in an effort to ensure that indigenous people can more easily access the different benefits that social sector institutions provide. (…) 3. Dialogue process with indigenous peoples 3.1 Stage 1: Initial actions As part of the actions to be carried out, Sinirube established the development of a process for gathering criteria and presenting the actions identified to implement said differentiated mechanism. In this regard, Sinirube carried out the following initial actions: a. Technical consultation with specialists in economic matters and data science: As part of the actions carried out, a consultation process was initiated with specialists in economic matters and data science through working sessions with national entities, including IMAS, as the governing body in matters of poverty eradication, the Programa Estado de la Nación (PEN), the Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), and the international organization Prosperia Social, a social enterprise that works internationally with the management of social policies, leveraging data science. One of the main results of this process is the study 'a specialized methodology to determine poverty levels, adapting it to the economic, geographic, social, and cultural conditions of indigenous populations' that allows for the identification of some differentiated targeting mechanisms that can be applied to the Costa Rican indigenous population. b. Technical consultation with specialists in indigenous matters: Simultaneously with said consultation process in economic matters, working and advisory sessions were held with various actors specializing in indigenous matters, including the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), and Mr. Hugo Us Amador, a specialist in indigenous matters for the Inter-American Development Bank (IDB). c. Furthermore, various links were established with the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), which led to attending a session for the Presentation of the National REDD+ Strategy, which constituted a first approach with community leaders from different territories, allowing the identification of some of the needs that were reflected in the Territory's Forest and Environmental Plans, which integrated, in some territories, needs related to addressing the population living in poverty within the territories, as well as the need to adapt access to State social programs, which are granted by the various responsible institutions. An additional session was held with FONAFIFO representatives that provided various recommendations for connecting with indigenous communities, one of the main agreements of the session being that FONAFIFO would provide Sinirube with a space in upcoming workshops to be held with the ADI's, both local sessions and national workshops, to coordinate with indigenous communities regarding the considerations that must be taken into account to establish a differentiated targeting mechanism for indigenous populations. d. Participation on August 8, 2023⁵ in a national meeting organized by FONAFIFO, where an initial approach was made with representatives of the Development Associations of the Indigenous Territories. At this event, a presentation was made on general aspects of Sinirube within the framework of the amparo action filed by ADITICA. e. Sending of official letter IMAS-Sinirube-927-2023⁶, dated October 20, 2023, addressed to CONAI, in which it is consulted on: 1. What is the mechanism used at the national level, and which, therefore, Sinirube should implement to identify the indigenous population? 2. Can CONAI, as the governing body, provide support to Sinirube to establish territorial contacts to initiate the dialogue processes? f. Sending of official letter IMAS-Sinirube-930-2023⁷, dated October 20, 2023, addressed to the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca, in which it is requested, as a party filing the amparo action, to implement the dialogue process within the framework of respect for the autonomy of indigenous peoples and the provisions of ILO Convention 169. g. Sending of official letters: - IMAS-Sinirube-997-2023⁸ addressed to the Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA), Mesa de Diálogo between the Government and the Indigenous Peoples of Buenos Aires and Pérez Zeledón, Unión Ngäbe, Bloque Centro y Norte. - IMAS-Sinirube-998-2023⁹ addressed to the Territorio Talamanca Bribri. - IMAS-Sinirube-999-2023¹⁰ addressed to the Territorio Alto Chirripó. In which they were consulted about the possibility of arranging a meeting with the objective of defining the pertinent coordination for the development of a consultation process with indigenous peoples to respond to the Constitutional Chamber's request. 3.2 Stage 2: Information exchange Given that the Constitutional Chamber orders Sinirube to implement a specialized mechanism to determine poverty levels, adapting it to the economic, geographic, social, and cultural conditions of indigenous populations 'following the guidelines and objectives established in the General Mechanism to the extent applicable¹¹ to the procedure and actions imposed in this ruling,' Sinirube made, in the first instance, the following consultations, via official letter IMAS-Sinirube-248-2023¹², to the Ministry of Justice and Peace: (…) In response to both letters, the Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) of the Ministry of Justice and Peace sent official letter DNRAC-UTCI 11-2023¹⁴, which stated that the Consultation Mechanism 'is not mandatory for autonomous institutions.' Consequently, Sinirube proceeded to use the Consultation Mechanism as a reference to develop those actions considered applicable according to this regulatory framework: (…) As such, the following lines detail the initial sessions held with each of the indigenous territories: (..) 3.3 Stage 3: After the information exchange Based on the provisions of Article 7 of the Consultation Mechanism regarding 'All agreements reached between indigenous peoples, public institutions, and private companies shall be fully binding for all parties involved, whether they are preparatory agreements for the consultation, final agreements, monitoring and oversight agreements, or any agreement reached throughout the process,' as of the date of this report, a response is awaited from the territories on the agreements reached in the initial session. Likewise, following the initial sessions, follow-up sessions were held with some of the territories, as noted in Stage 2 on Information Exchange. For the territories of Talamanca Cabécar, Maleku, and Bajo Chirripó, an exchange session was held to develop the dialogue or consultation mechanism to be carried out, as determined by each territory, based on what is established in the General Consultation Mechanism, in its Article 7. 3.4 Other procedures prior to the consultation process In addition to the activities mentioned in the indicated stages, Sinirube carried out other procedures to enrich or provide feedback on the actions implemented in order to fully comply with the Constitutional Chamber's order; said procedures are as follows: a. Sending of official letter IMAS-Sinirube-077-2024⁷⁵ addressed to Mr. Name01, of the Tribunal Supremo de Elecciones, regarding the identification of persons belonging to indigenous peoples (…) b. Sending of official letter IMAS-Sinirube-1030-2023⁷⁷ addressed to Mrs. Yorleni León Marchena, of the Instituto Mixto de Ayuda Social, regarding the inclusion of institutional policies with reference to indigenous matters in the draft of the Public Policy for Indigenous Peoples, in response to the request sent via official letter DVMP-MT-184-2023⁷⁸. c. Sending of official letter IMAS-Sinirube-227-2024⁷⁹ addressed to Mrs. Name02, regarding the request for information from the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, which was responded to via official letters DE-OF-164-2024⁸⁰ and DL-C-004-2024⁸¹, the latter of which establishes, within its conclusions and recommendations, the following: 'No State or its institutions has the power or right to impose a definition of who is or is not indigenous; or even, no person has the right to question another person's self-identification. It is the indigenous people themselves, first individually, who exercise the right to self-identification or self-recognition, and the identification as indigenous by the people that constitutes it; this must be considered an additional basic criterion for holding such status. Simultaneously, the recognition of cultural rights is essential for the survival of these groups, along with the recognition of the identity of indigenous peoples, which is vital for the enjoyment of their culture and, correlatively, of their cultural rights. It should be added that the institution may also proceed to request a certification or document from the Asociaciones de Desarrollo Integral of the Indigenous Territories regarding who is or is not indigenous, considering that they are the legal representatives of the Territory; it is necessary to clarify that this does not replace the indigenous consultation that must correspond to each case where it is warranted. Likewise, the foregoing also applies to indigenous people who are outside the territories. - CONAI does not have the legal competence to provide the information requested by Sinirube; what the institution can do is provide support and serve as a coordinating body between the indigenous territories and that institution, for the purpose of obtaining the required information.' d. Participation in an activity organized by FONAFIFO on March 6, 2024, in which information related to Sinirube and the process carried out within the framework of the amparo action was presented to the indigenous representatives of the Development Associations of the Territories. In addition, coordination was established with the representatives for subsequent contact to hold the initial sessions. 3.5 Mecanismo General de Consulta Pueblos Indígenas Sinirube has carried out a series of actions focused on complying with the provisions of the Mecanismo General de Consulta Pueblos Indígenas. (…) 4. Implementation of the differentiated targeting process in a technological medium. 4.1 GeoSinirube The GeoSinirube tool has two main objectives: 1. To find a geographic relationship between the geolocations of the households registered in Sinirube's RIS and the delimitation of the officially recognized indigenous territories in Costa Rica. This cross-referencing of information will make it possible to identify if the family's dwelling is located in an indigenous territory. 2. To apply the hazard layers identified by the Comisión Nacional de Emergencias (CNE), to identify households not only at social risk, but also at risk of natural disasters. The development of this platform includes the following main tasks: GeoSinriube will allow for the identification, through georeferencing processes, of dwellings already registered in the RIS system; therefore, it will be necessary to run a process to identify current dwellings. Some of the expected advantages of having this tool are: ✓ Identify if a dwelling is located in an indigenous territory when records are registered in the RIS system from IMAS offices. ✓ Identify which of the georeferenced dwellings in RIS are located in an indigenous territory. ✓ Generate information that allows data analysis regarding the attention to families in indigenous territories. ✓ Identify the indigenous population at risk of suffering from possible natural disasters (indigenous households in hazard zones). (…) 4.2 Improvements in RIS The functionality of GeoSinirube is only part of what has been identified as a requirement to develop within the RIS system. The functionalities and information needs for serving the differentiated targeting mechanism for the population consist of the following requirements: ✓ Detail for ethnicity: Currently, the RIS has the ethnicity variable in the person's information. Since this variable is a perception detail, it is required that when an indigenous ethnicity is selected, the system enable a new window showing the information of the people to which they belong and the territory where they are located. o Requirement code: RF-76715-2023 o Status: approved for development ✓ Differentiated targeting mechanism: this requirement seeks to execute a differentiated mechanism for calculating the household's socioeconomic classification, distinct for those households classified as indigenous. o Requirement code: RF-76595-2023 • Status: approved for development. ✓ Household in indigenous territory (GeoSinirube): This functionality consists of sending a latitude and longitude (georeferencing) to GeoSinirube, and it will respond whether said geographic point is located in an indigenous territory. This functionality is under development, but to complete it, it is necessary to apply the layers provided by the Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER). o Code: This requirement is part of the requirements listed in the previous section. o Status: In development. ✓ Upload collective recognition of indigenous population: Enable an option in CARGAS at the Sinirube portal level to allow uploading a list (template in .xls format) of persons with 'collective recognition'. And include an indicator in the RIS that will be enabled to identify if the person has, that is, was on the list of, 'collective recognition'. o Requirement code: RF-80133-2024 • Status: approved for definition and estimation. ✓ Collective recognition of indigenous ethnicity: to validate a person's membership in one of the indigenous territories, it is required to upload the information of the collective recognitions that will be issued by the indigenous territorial bodies, which will send them to Sinirube, and this must be displayed in RIS/REPIC. Therefore, a development must be done that allows inserting the information of the collective recognition certification for an indigenous territory into Sinirube, and another method so that institutions can view this information in RIS/REPIC. o Requirement code: RF-80737-2024 • Status: pending release to production. ✓ Recognition of indigenous population through the TSE: This requirement consists of uploading, from the TSE, the recognition as indigenous that has been carried out for the Brörán (Térraba) indigenous people. o Requirement code: RF-80741-2024 • Status: Pending definition of the requirement. 5. Final considerations It is important to highlight a series of relevant aspects identified throughout the compliance process for the mandate issued by the Constitutional Chamber, which exceed the scope of action of the Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) and that directly affect the execution timelines for the differentiated targeting process for indigenous peoples. In the first instance, as progress was made in the different stages of approach and coordination with the indigenous territories, structural and operational factors were identified that transcend Sinirube's management, such as: • Dependency on the admissibility process: According to official letter DNRAC-UTCI-18-2025 and resolution DNRAC-UTCI-01-2025, the Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) has not yet granted project admissibility, an indispensable requirement to formally advance to the subsequent stages of the indigenous consultation process. Consequently, Sinirube remains within the phase of preparatory agreements and prior coordination actions, in accordance with Article 7 of Decreto Ejecutivo N.º 40932-MP-MJP. It should be noted that there are indigenous territories that have requested to continue with the process, specifically the territories that have given their approval; however, it has not been possible to advance due to the UTCI's criterion, a situation that limits Sinirube's actions. • Limitations arising from the national nature of the consultation process: The UTCI's criterion establishes that, as it is a measure with national geographic impact, the consultation must be built with the contributions of the 24 indigenous territories of the country, respecting the cultural and organizational particularities of each one. Therefore, the process cannot continue with some territories while others have not issued their criterion. • Autonomy and own timelines of indigenous peoples: In accordance with the principles of the Mecanismo General de Consulta, the State must respect the procedures and deliberation timelines of indigenous peoples. Therefore, the response times of the Instancias Territoriales de Consulta Indígena (ITCI) and representative organizations cannot be imposed by Sinirube. • Limitations in the identification of the indigenous population: The absence of a consolidated database of collective recognition, the responsibility of competent bodies such as CONAI and the territories themselves, has made it difficult to incorporate this element into the Registro de Información Socioeconómica (RIS) and, therefore, the full application of the differentiated mechanism. • Complementary technical aspects: The absence of a specific Canasta Básica Alimentaria or Poverty Line for the indigenous population, the responsibility of INEC, represents a technical gap that affects the final calibration of the differentiated poverty estimation model. Despite these limitations, Sinirube has maintained a constant execution of dialogue, coordination, and follow-up actions with the territories that have shown willingness, prioritizing respect for the autonomy and informed participation of indigenous peoples. Likewise, the proposals presented by Sinirube for the implementation of the differentiated mechanism have been positively assessed by the territories that have issued their criteria, recognizing that the proposed methodology adjusts the socioeconomic classification to the cultural and economic realities of indigenous populations. In the same vein, official letters have been sent in which Sinirube makes itself available to the territories to provide the required information, and the requested meetings have been held at the request of the territories. Similarly, it is reiterated that Sinirube has complied with all actions within its competence, and is awaiting the UTCI to grant the corresponding admissibility to advance to the next phase of the consultation process, in accordance with Decreto Ejecutivo N.º 40932-MP-MJP. (…)' As can be seen from the transcribed report, efforts have been made by SINIRUBE to comply with the provisions of resolution No. 2023003645 of ten hours twenty minutes on the thirtieth of May, two thousand twenty-three. However, the process, although showing significant progress, has not been completed. It is therefore necessary to continue with the outreach and gathering of criteria in the indigenous territories that, at this time, have not responded. As well as completing technical work related to the integration of GeoSinirube and the improvements to the RIS system, including the signing of the addendum to the agreement with INDER for the exchange of geospatial information and the execution of final tests prior to release to production. II. Request for extension of the deadline for compliance: By virtue of the foregoing, and considering the legal and operational framework governing this process, the Constitutional Chamber is respectfully requested to grant an 18-month extension of the deadline, starting from January 9, 2026, the date on which the previously granted extension for compliance with the order in resolution No. 2023003645 expires, for the purpose of: 1. Finalizing the process of outreach and gathering of criteria with the territories pending a response, respecting the own deliberation timelines of each indigenous people. 2. Completing the technical work related to the integration of GeoSinirube and the improvements to the RIS system, including the signing of the addendum to the agreement with INDER for the exchange of geospatial information and the execution of final tests prior to release to production. (…) PETITION: An extension of the compliance deadline for resolution No. 2023003645 of ten hours twenty minutes on the thirtieth of May, two thousand twenty-three, is requested for an additional period of 18 months counted from January 9, 2026." 2.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Hess Herrera; and, Considering: I.- In judgment no. 2023003645 of 9:20 hours on February 17, 2023, it was ordered: "The amparo action is partially granted in relation to the Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. It is ordered that Erikson Álvarez Calonge, in his capacity as Executive Director of the Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, or whoever holds that position in his stead, immediately adopt the measures that are necessary within the exercise of his powers to guarantee that within a period of three months counted from the notification of this judgment, they implement a specialized methodology to determine poverty levels, adapting it to the economic, geographic, social, and cultural conditions that indigenous populations have, following the guidelines and objectives established in the Mecanismo General de Consulta Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, to the extent applicable to the procedure and actions imposed in this ruling." They are warned that failure to comply with said order will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a term of imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the amparo is dismissed. Judge Rueda Leal issues a separate opinion.” II.- By interlocutory resolution no. 2023012580 at 10:20 a.m. on May 30, 2023, it was stated: “The time limit granted in judgment number 2023-006345 of February 17 of the current year is extended, granting an additional period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this ruling, to comply with what was ordered in said judgment, all under the same legal warnings.” III.- In interlocutory resolution no. 2024018741 at 9:30 a.m. on July 5, 2024, it was recorded: “The time limit granted in judgment number 2023-003645 at 9:20 a.m. on February 17, 2023, is extended by an additional period of eighteen months, counted from the notification of this ruling, to comply with what was ordered in said judgment, all under the same legal warnings.” IV.- REGARDING THE REQUEST FILED. In this case, the respondent authority requests that the period granted for compliance with what was ordered in judgment no. 2023003645 at 9:20 a.m. on February 17, 2023, be extended by 18 months. In this regard, it is recalled that what was ordered by the Chamber was: “that within a period of three months counted from the notification of this judgment, they implement a specialized methodology to determine poverty levels, adapting it to the economic, geographical, social, and cultural conditions of Indigenous populations, following the guidelines and objectives established in the Mecanismo General de Consulta Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, to the extent applicable to the procedure and actions imposed in this ruling.” On this point, the respondent authorities submit the report of actions taken, updated to December 2025, detailing the actions carried out with the aim of complying with what was ordered by this Court. Thus, in view of the justifications put forward by the respondent authorities, this Court considers it necessary to extend the originally granted period; however, such extension should not be for eighteen months, as that would be excessive and disproportionate, especially considering that in the case at hand, two other extensions totaling 30 months have already been granted. Having clarified the above, an extension is granted, in the terms to be set forth in the operative part of this ruling, for the purpose of fully complying with what was ordered in judgment no. 2023003645 at 9:20 a.m. on February 17, 2023. V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are forewarned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012. Por tanto: The time limit granted in judgment no. 2023003645 at 9:20 a.m. on February 17, 2023, is extended. Consequently, Lisseth Rodríguez Garita, in her capacity as executive director of the Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, or whoever holds that position, is granted an additional period of TWELVE MORE MONTHS, counted from the notification of this ruling, to comply with what was ordered in judgment no. 2023003645 at 9:20 a.m. on February 17, 2023. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- DPOCKUR4XCU61 EXPEDIENTE N° 22-012803-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:07:30. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República