Res. 03078-2026 Sala Constitucional — Inadmissibility of amparo for visual pollution from utility polesInadmisibilidad de amparo por contaminación visual de postes

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03078 - 2026

Fecha de la Resolución: 27 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-037501-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-037501-0007-CO

Res. Nº 2026003078

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre129908, Nombre129909, Nombre129910 Y Nombre129911; contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) Y SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL).

Resultando:

1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea   a las 09:49  horas del  01 de diciembre  de   2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “Este recurso de amparo se presenta ante la Sala Constitucional contra la Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela por la omisión de ejercer sus competencias en materia de ordenamiento territorial, control urbanístico y protección del paisaje, lo que vulnera el derecho fundamental de las personas recurrentes a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y a la belleza escénica natural. El caso se origina en la existencia de tres postes eléctricos ubicados en el cantón central de Alajuela, cuyo tendido y cableado se describe como desordenado y generador de contaminación visual, y en la respuesta municipal del 22 de septiembre de 2025, en la que dicho ente se declara incompetente e indica a los recurrentes que deben acudir al Instituto Costarricense de Electricidad, omitiendo su deber de coordinar en respuesta a la ciudadanía. HECHOS RELACIONADOS CON LA ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: PRIMERO: El día 17 de Septiembre del 2025, se realizó una denuncia ante la Alcaldía se la Municipalidad de Alajuela, donde se indicaba que en el cantón central de Alajuela, de encuentran 3 postes: el primero ubicado justo frente a la entrada principal de la Escuela Miguel Obregón Lizano, al cruzar la calle, identificado como Poste eléctrico No. 084/380, en las coordenadas 10.015573, -84.213175, el segundo se encuentra frente al restaurante de comida china Sion Jo, identificado como Poste eléctrico No. 084/320, en las coordenadas 10.015975, -Telf9949, y el tercero se encuentra frente a la entrada principal de la terminal FECOSA, identificado como Poste eléctrico No. 211 01 x4, en las coordenadas 1.107.373,099900 ,- Telf9950, cuyo tendido de telecomunicaciones, se encuentra en condiciones desordenadas. lo que constituye evidente contaminación visual y riesgos para los transeúntes. SEGUNDO: El día 22 de septiembre del presente año la Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela emitió respuesta donde indicó que la denuncia realizada no se encuentra dentro de sus competencias y señaló que el asunto debía remitirse al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ser la entidad encargada del mantenimiento y uso del cableado y de los postes. TERCERO: No existe mejoría visible considerable en los postes objeto de la denuncia planteada a la Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela. HECHOS RELACIONADOS AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PRIMERO: El día 17 de septiembre del presente año se realizó una denuncia frente al Instituto Costarricense de Electricidad en Alajuela y Telecomunicaciones de la misma empresa, donde se indicaba la misma problemática de los postes que se encuentran en  Alajuela, el primero ubicado justo frente a la entrada principal de la Escuela Miguel Obregón Lizano, al cruzar la calle, identificado como Poste eléctrico No. 084/380, en las coordenadas 10.015573, -84.213175, el segundo se encuentra frente al restaurante de comida china Sion Jo, identificado como Poste eléctrico No. 084/320, en las coordenadas 10.015975, -84.213254, y el tercero se encuentra frente a la entrada principal de la terminal FECOSA, identificado como Poste eléctrico No. 211 01 x4, en las coordenadas 1.107.373,099900 ,- 476.342,179600, por problemática de desorden visual. SEGUNDO:El día 15 de octubre el Instituto Costarricense de Electricidad respondió dicha denuncia indicando las acciones que realizaron a raíz de la denuncia, ellos señalaron que Primero en el “poste frente a la entrada principal de la Escuela Miguel Obregón Lizano, coordenadas: 10.015573, -84.213175: Se eliminaron algunos cables en desuso como lo eran las acometidas que ingresaban a la Escuela. Segundo: Poste frente al restaurante Sion Jo, coordenadas: 10.015975, -84.213254, Se eliminan cables de cobre en desuso, el poste se encuentra en buen estado y suficiente altura, sin cruces de calle, no hay peligro para vehículos ni peatones.Tercero: Poste frente a la entrada principal de la terminal FECOSA, identificado como coordenadas: 1.107.373,099900,-476.342,179600, se retiran algunas acometidas telefónicas en desuso. Cuarto: No omitimos indicar que las acciones efectuadas se enmarcan en lo dispuesto en el Reglamento sobre el Uso Compartido de Infraestructura para el Soporte de Redes Públicas de Telecomunicaciones, particularmente en los artículos: a) Artículo 12: obligación de utilizar racionalmente el espacio asignado y retirar elementos en desuso. b) Artículo 14: responsabilidad del operador de remover infraestructura no utilizada. c) Artículo 15: traslado o reubicación de elementos dentro del plazo establecido por la autoridad competente. Quinto: A su vez el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual (Decreto No 35860-MINAET), en su artículo 3, inciso e), reconoce la infraestructura de telecomunicaciones como parte de los elementos que pueden generar impacto visual y, por tanto, deben ser gestionados conforme a lineamientos ambientales. Sexto: El ICE - Proceso Entrega y Aseguramiento de los Servicios Zona Metropolitana Oeste, reafirma su compromiso con el cumplimiento del marco regulatorio ambiental y técnico, manteniendo un proceso permanente de revisión, ordenamiento y retiro de infraestructura obsoleta o en desuso.Sétimo: De igual forma, la institución promueve la aplicación de los principios de sostenibilidad y coordinación interinstitucional contemplados en los artículos 5 y 10 del Reglamento de Uso Compartido, en aras de contribuir a la reducción del impacto visual en el espacio público. TERCERO: El Poste eléctrico No. 084/320 evidencia una gran mejora con respecto a la estética de este a cómo se veía en primera instancia, debido a los cables que fueron quitados, sin embargo los postes No. 084/380 y el No. 211 01 x4, carecen de una mejora notable con respecto a cómo se percibían antes de la denuncia. CUARTO: Ese mismo 17 de septiembre del 2025, presentamos denuncia ante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), señalando la misma problemática del tendido de cables en los tres postes antes descritos. QUINTO: El día 15 de octubre del 2025, el ICE respondió indicando que había realizado diversas acciones, tales como eliminación de cables en desuso, retiro de cables de cobre obsoletos y remoción de cables telefónicos antiguos. También indicó que dichas acciones se realizaron conforme al Reglamento de Uso Compartido de Infraestructura y al Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual. SEXTO: Tras verificar el estado de los postes, constatamos que únicamente el Poste No. 084/320 presenta una mejora significativa. Los postes No. 084/380 y No. 211 01 x4 continúan prácticamente en las mismas condiciones, manteniendo la contaminación visual denunciada. HECHOS RELACIONADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) PRIMERO: El día 17 de septiembre del 2025, presentamos denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), exponiendo la contaminación visual y el desorden del tendido de cables en los postes señalados. SEGUNDO: La SUTEL respondió el día 16 de octubre del año 2025 indicando que el ICE había realizado trabajos correctivos; sin embargo, se limitó a reproducir la información suministrada por el ICE, sin aportar evidencia de inspección propia, verificación técnica independiente o procedimiento administrativo de supervisión. TERCERO: A la fecha, los postes No. 084/380 y No. 211 01 x4 continúan prácticamente iguales, lo que demuestra que la SUTEL no ejerció eficazmente su función fiscalizadora, contribuyendo a que persista la contaminación visual y la afectación al ambiente y al paisaje urbano. CUARTO: La falta de acciones efectivas por parte de la Municipalidad de Alajuela, el ICE y la SUTEL ha permitido que la contaminación visual persista, afectando nuestro derecho constitucional a un ambiente sano, equilibrado y libre de elementos que degraden la belleza escénica del entorno urbano.

FUNDAMENTO JURÍDICO El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, validándola para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y también para reclamar la reparación del daño causado. La acumulación de cables del tendido de empresas cableras de una forma desordenada constituye una forma de contaminación visual que viene a degradar el paisaje urbano, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y también los expone a riesgos, situaciones que requieren atención inmediata para evitarlas. Asimismo el artículo 89 de la Constitución Política, en su párrafo primero indica que: Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Este mandato constitucional obliga al Estado y a las instituciones a velar por el paisaje urbano y rural, su conservación y su adecuada gestión, lo que incluye la prevención y corrección de fenómenos de contaminación visual y ambiental como los aquí denunciados. La contaminación visual generada por el desorden del tendido de cables en los postes denunciados no constituye únicamente un problema estético o de percepción ambiental, produce además afectaciones directas y comprobables en la calidad de vida de las personas, tanto en el plano emocional, psicológico como en el físico. La Sala Constitucional ha reconocido expresamente esta dimensión humana en su voto Nº 1394-94, donde afirmó que “desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza”, estableciendo que el paisaje y el entorno visual forman parte del bienestar integral de las personas. Por ello, cuando el paisaje se ve degradado por elementos desordenados o intrusivos, como ocurre con la acumulación de cables obsoletos y estructuras en mal estado, se produce una afectación al derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. En el caso concreto, el desorden del cableado, la presencia de cables en desuso, la saturación visual y la permanencia de postes en evidente deterioro generan una sensación constante de incomodidad, estrés urbano y desasosiego en quienes circulan por el centro de Alajuela, particularmente en zonas cercanas a un centro educativo y áreas de alto tránsito peatonal. La persistencia de un paisaje saturado de cables colgantes o acumulados afecta la tranquilidad, la concentración y la percepción de seguridad, generando un ambiente visualmente agresivo que deteriora el estado emocional. Este tipo de contaminación produce, además, cansancio visual y sensación de saturación, afectando la salud física de las personas al exponerlas de manera constante a estímulos visuales desordenados que dificultan el desplazamiento seguro y el disfrute pleno del espacio público. A ello se suma una afectación ambiental material, en los tres postes denunciados es evidente la presencia de residuos sólidos derivados de infraestructura obsoleta, tales como plásticos, metales, cables deteriorados, restos de cobre, amarres, recubrimientos y otros materiales en desuso que permanecen expuestos en la vía pública. La permanencia de estos elementos, sin gestión adecuada o retiro por parte de la Municipalidad, el ICE o la SUTEL, constituye una forma de disposición irregular de residuos, ajena a toda normativa ambiental y contraria al deber constitucional del Estado de proteger el ambiente. Este manejo inadecuado configura, en los hechos, verdaderos botaderos clandestinos de desechos tecnológicos y sólidos tolerados por las instituciones recurridas, agravando la contaminación visual y aportando un componente adicional de afectación al paisaje urbano, al ambiente y a la salud humana. La omisión de las instituciones en retirar estos materiales evidencia una falta de supervisión, coordinación y gestión efectiva, contraria al principio constitucional de prevención y al deber de fiscalización activa que exige la OC-23/17. En su Opinión Consultiva OC-23/17 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, la Corte Interamericana afirmó que los Estados “Tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, para lo cual deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente; y realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño”. Este principio de prevención implica un deber de actuar con atención, las autoridades deben anticiparse y evitar el daño ambiental antes de que ocurra, especialmente frente a riesgos conocidos. La propia Corte ha indicado que la obligación de prevención debe estar guiada por el principio precautorio, la falta de certeza científica absoluta sobre la gravedad del daño no puede usarse como excusa para postergar acciones de protección ambiental. Aplicado al cableado eléctrico, este principio es contrario a la pasividad ante la evidente contaminación visual causada. Asimismo, en la OC-23/17 señaló que la preservación del medio ambiente es uno de los tres pilares indisociables del desarrollo integral, bases del principio de desarrollo sostenible. Este principio impone conciliar el crecimiento económico y las necesidades de infraestructura con la conservación del entorno para beneficio de las generaciones presentes y futuras. En el contexto de la contaminación visual urbana, el desarrollo de redes de telecomunicaciones debe armonizarse con la protección del paisaje y la estética del entorno. No se trata de oponer progreso tecnológico a medio ambiente, sino de integrarlos, un tendido eléctrico y de telecomunicaciones ordenado y libre de cables obsoletos materializa un desarrollo verdaderamente sostenible, que brinda servicios públicos sin dañar el valor escénico y la calidad de vida. Por otro lado, rige el principio de no regresividad en materia ambiental, que promueve el avance, nunca el retroceso en la protección ambiental lograda. Una vez alcanzados ciertos estándares o regulaciones ambientales, como el Reglamento para la prevención de la contaminación visual del MINAET, cuyo artículo primero señala el objetivo de establecer los lineamientos necesarios para prevenir los efectos de la contaminación visual, el Estado no puede desentenderse o simplemente debilitar su cumplimiento. […]PRETENSIONES 1. Que se declare con lugar el presente recurso de amparo, por haberse vulnerado nuestro derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la belleza escénica natural, consagrados en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. 2. Que se declare que la Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela incurrió en una lesión actual y comprobada a los derechos ambientales de los recurrentes, al negarse indebidamente a ejercer sus competencias en materia de ordenamiento territorial, control urbanístico y protección del paisaje, señalando erróneamente que el asunto no le compete. 3. Que se ordene a la Alcaldía de Alajuela iniciar de inmediato el procedimiento administrativo correspondiente, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, para: ● Inspeccionar los tres postes identificados en los hechos del recurso. ● Valorar su adecuación al ordenamiento territorial, paisaje urbano y belleza escénica. ● Coordinar con el ICE las acciones necesarias para corregir, reubicar, ordenar o adecuar el tendido de telecomunicaciones y cableado que genera contaminación visual. 4. Que se ordene a la Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela emitir una resolución debidamente motivada, conforme al principio de juridicidad sobre las medidas de corrección o mitigación que correspondan. 5. Que se prevenga a la Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela para que en lo sucesivo se abstenga de negar indebidamente competencia en asuntos relacionados con ordenamiento territorial y belleza escénica natural, cuando existan evidencias de afectación ambiental dentro del cantón. 6. Que se declare que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) incurrió en una omisión lesiva, al no realizar una supervisión efectiva del estado real del cableado, limitándose a reproducir información del ICE sin verificación técnica. 7. Que se ordene a la SUTEL realizar una inspección técnica presencial en los tres postes denunciados, dentro de un plazo razonable, verificando: ● Estado real del tendido de cables. ● Cumplimiento del Reglamento de Uso Compartido. ● Existencia de cables en desuso. ● Afectación visual y ambiental. 8. Que se ordene a la SUTEL emitir una resolución motivada, con los resultados de la inspección y las medidas correctivas, iniciando los procedimientos administrativos que correspondan contra los operadores que incumplan la normativa. 9. Que se declare que la Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela, el ICE y la SUTEL han permitido la persistencia de residuos sólidos derivados del tendido de telecomunicaciones, tales como cables en desuso, restos de cobre, tubos plásticos, amarres metálicos y otros materiales, configurándose, en los hechos, verdaderos botaderos clandestinos que agravan la contaminación visual y el deterioro del paisaje urbano. 10. Que se ordene a la Municipalidad de Alajuela coordinar con el ICE y con los operadores de telecomunicaciones para retirar de manera inmediata todos los residuos sólidos presentes en los postes denunciados, incluyendo materiales obsoletos, restos plásticos, cables colgantes, infraestructura abandonada y cualquier residuo adicional asociado al tendido. 11. Que se ordene al ICE efectuar un proceso integral y verificable de limpieza y retiro de todos los cables en desuso, elementos colgantes, materiales deteriorados, restos de cobre, plásticos y demás componentes obsoletos, garantizando la correcta gestión y disposición final de estos residuos conforme a la normativa ambiental. 12. Que se ordene a la SUTEL supervisar presencialmente el retiro de los residuos sólidos y del cableado colgante u obsoleto, verificando que los operadores cumplan con el Reglamento de Uso Compartido y con la normativa ambiental aplicable. 13. Que se prevenga a la Municipalidad, al ICE y a la SUTEL para que en lo sucesivo eviten la formación de nuevos botaderos clandestinos en postes públicos, mediante la implementación de controles permanentes, procedimientos de revisión periódica y mecanismos de gestión y eliminación adecuada de residuos sólidos de infraestructura de telecomunicaciones.” (sic).  Consideran que lo anterior es contrario a lo dispuesto en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO.  Los recurrentes acusan que el 17 de septiembre de 2025 presentaron una denuncia ante la Municipalidad de Alajuela, el ICE y la SUTEL,  por tres postes que a su juicio producen contaminación visual y riesgo para los transeúntes. No obstante, la municipalidad respondió  indicando que la denuncia no se encuentra dentro de sus competencias, por lo que debían  remitirse al ICE. Acusan que el ICE les respondió que habían realizado acciones, se eliminaron cables y se verificó que los postes están en buen estado. Además, no existía riesgo para vehículos ni peatones, todo conforme a la reglamentación vigente. Finalmente, mencionan que la SUTEL  respondió informando que el ICE había realizados trabajos correctos, pero se limitó a reproducir la información suministrada por el ICE, sin aportar evidencia de inspección propia, verificación técnica independiente o procedimiento administrativo de supervisión. Estiman que, a la fecha de interposición de este amparo, los postes continúan prácticamente iguales. Acusan que la falta de acciones efectivas por parte de la Municipalidad de Alajuela, el ICE y la SUTEL ha permitido que la contaminación visual persista, afectando su derecho constitucional a un ambiente sano, equilibrado y libre de elementos que degraden la belleza escénica del entorno urbano.

II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Del escrito de interposición y las pruebas aportadas al efecto,  se observa que, en efecto, la parte  recurrente presentó gestiones  ante las autoridades recurridas  con el fin de denunciar unos postes que presuntamente causan contaminación visual y riesgo para las personas. De igual forma, se constata que dichas gestiones fueron contestadas por las autoridades recurridas -incluso antes de la interposición de este amparo- oportunidades en las cuales se les informó a los recurrentes las acciones correctivas, la normativa aplicable y la falta de riesgo para las personas. Así las cosas, resulta claro que las autoridades recurridas  sí atendieron las gestiones   planteadas por la parte recurrente, no obstante,  se encuentran inconformes con lo resuelto y con la solución brindada.  En ese sentido, se le hace saber a los amparados  que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones que emita la Municipalidad de Alajuela, el ICE o la SUTEL, de modo que no le corresponde actuar como un tribunal  de alzada en la materia y revisar si lo resuelto en este caso,  se ajusta o no a los hechos y a la normativa aplicable, ni determinar conforme a la revisión de criterios técnicos y legales cuál es la solución al problema según pretenden los amparados, toda vez que,  se trata de extremos de legalidad ordinaria que deben ser dirimidos en la vía común, administrativa o jurisdiccional. Por todo ello, deberá la parte recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 ZG47PZ1X9REW61

EXPEDIENTE N° 25-037501-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:08:08.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 03078 - 2026

Date of Resolution: January 27, 2026, at 09:20

Expediente: 25-037501-0007-CO

Drafted by: Fernando Castillo Víquez

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution



Exp: 25-037501-0007-CO

Res. No. 2026003078

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on January twenty-seventh, two thousand twenty-six.

Amparo appeal filed by Nombre129908, Nombre129909, Nombre129910 AND Nombre129911; against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA, THE COSTA RICAN ELECTRICITY INSTITUTE (ICE) AND THE SUPERINTENDENCY OF TELECOMMUNICATIONS (SUTEL).

Resultando:

1.- By means of a written brief submitted via Online Filing at 09:49 hours on December 1, 2025, the appellants file an amparo appeal and state that: “This amparo appeal is filed before the Constitutional Chamber against the Mayor's Office of the Municipality of Alajuela for the omission to exercise its powers regarding land-use planning (ordenamiento territorial), urban control, and landscape protection, which violates the appellants' fundamental right to a healthy, ecologically balanced environment and to natural scenic beauty. The case originates from the existence of three utility poles located in the central canton of Alajuela, whose wiring and cabling are described as disorderly and generating visual pollution, and from the municipal response of September 22, 2025, in which said entity declares itself incompetent and tells the appellants that they must go to the Costa Rican Electricity Institute, omitting its duty to coordinate in response to the citizenry. FACTS RELATED TO THE MAYOR'S OFFICE OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA: FIRST: On September 17, 2025, a complaint was filed before the Mayor's Office of the Municipality of Alajuela, indicating that in the central canton of Alajuela, there are 3 poles: the first located just in front of the main entrance of the Miguel Obregón Lizano School, across the street, identified as Electric Pole No. 084/380, at coordinates 10.015573, -84.213175, the second is located in front of the Chinese food restaurant Sion Jo, identified as Electric Pole No. 084/320, at coordinates 10.015975, -Telf9949, and the third is located in front of the main entrance of the FECOSA terminal, identified as Electric Pole No. 211 01 x4, at coordinates 1.107.373,099900 ,- Telf9950, whose telecommunications wiring is in disorderly conditions, which constitutes evident visual pollution and risks for passersby. SECOND: On September 22nd of this year, the Mayor's Office of the Municipality of Alajuela issued a response indicating that the complaint filed does not fall within its powers and pointed out that the matter should be referred to the Costa Rican Electricity Institute (ICE), as it is the entity responsible for the maintenance and use of the wiring and the poles. THIRD: There is no considerable visible improvement in the poles that are the subject of the complaint filed with the Mayor's Office of the Municipality of Alajuela. FACTS RELATED TO THE COSTA RICAN ELECTRICITY INSTITUTE FIRST: On September 17th of this year, a complaint was filed before the Costa Rican Electricity Institute in Alajuela and Telecommunications of the same company, indicating the same problem of the poles located in Alajuela, the first located just in front of the main entrance of the Miguel Obregón Lizano School, across the street, identified as Electric Pole No. 084/380, at coordinates 10.015573, -84.213175, the second is located in front of the Chinese food restaurant Sion Jo, identified as Electric Pole No. 084/320, at coordinates 10.015975, -84.213254, and the third is located in front of the main entrance of the FECOSA terminal, identified as Electric Pole No. 211 01 x4, at coordinates 1.107.373,099900 ,- 476.342,179600, due to the problem of visual disorder. SECOND: On October 15th, the Costa Rican Electricity Institute responded to said complaint indicating the actions taken as a result of the complaint; they pointed out that First, at the “pole in front of the main entrance of the Miguel Obregón Lizano School, coordinates: 10.015573, -84.213175: Some disused cables, such as the service drops entering the School, were removed. Second: Pole in front of the Sion Jo restaurant, coordinates: 10.015975, -84.213254, Disused copper cables are removed, the pole is in good condition and sufficient height, without street crossings, there is no danger for vehicles or pedestrians. Third: Pole in front of the main entrance of the FECOSA terminal, identified as coordinates: 1.107.373,099900,-476.342,179600, some disused telephone service drops are removed. Fourth: We do not omit to indicate that the actions carried out are framed within the provisions of the Regulation on the Shared Use of Infrastructure for the Support of Public Telecommunications Networks, particularly in the articles: a) Article 12: obligation to rationally use the assigned space and remove disused elements. b) Article 14: responsibility of the operator to remove unused infrastructure. c) Article 15: transfer or relocation of elements within the period established by the competent authority. Fifth: In turn, the Regulation for the Prevention of Visual Pollution (Decreto No 35860-MINAET), in its article 3, subsection e), recognizes telecommunications infrastructure as part of the elements that can generate visual impact and, therefore, must be managed according to environmental guidelines. Sixth: The ICE - Process for Delivery and Assurance of Services West Metropolitan Zone, reaffirms its commitment to compliance with the environmental and technical regulatory framework, maintaining a permanent process of review, ordering, and removal of obsolete or disused infrastructure. Seventh: Likewise, the institution promotes the application of the principles of sustainability and inter-institutional coordination contemplated in articles 5 and 10 of the Shared Use Regulation, in order to contribute to the reduction of visual impact in public spaces. THIRD: Electric Pole No. 084/320 shows a great improvement regarding its aesthetics compared to how it looked initially, due to the cables that were removed; however, poles No. 084/380 and No. 211 01 x4 lack a notable improvement compared to how they were perceived before the complaint. FOURTH: That same September 17, 2025, we filed a complaint before the Costa Rican Electricity Institute (ICE), pointing out the same problem of the wiring on the three poles described above. FIFTH: On October 15, 2025, the ICE responded indicating that it had carried out various actions, such as elimination of disused cables, removal of obsolete copper cables, and removal of old telephone cables. It also indicated that said actions were carried out in accordance with the Shared Use of Infrastructure Regulation and the Regulation for the Prevention of Visual Pollution. SIXTH: After verifying the condition of the poles, we confirmed that only Pole No. 084/320 shows a significant improvement. Poles No. 084/380 and No. 211 01 x4 remain practically in the same conditions, maintaining the visual pollution reported. FACTS RELATED TO THE SUPERINTENDENCY OF TELECOMMUNICATIONS (SUTEL) FIRST: On September 17, 2025, we filed a complaint before the Superintendency of Telecommunications (SUTEL), exposing the visual pollution and the disorder of the cabling on the indicated poles. SECOND: SUTEL responded on October 16, 2025, indicating that the ICE had carried out corrective work; however, it merely reproduced the information provided by the ICE, without providing evidence of its own inspection, independent technical verification, or supervisory administrative procedure. THIRD: To date, poles No. 084/380 and No. 211 01 x4 remain practically the same, which demonstrates that SUTEL did not effectively exercise its supervisory function, contributing to the persistence of visual pollution and the impact on the environment and the urban landscape. FOURTH: The lack of effective actions by the Municipality of Alajuela, the ICE, and SUTEL has allowed visual pollution to persist, affecting our constitutional right to a healthy, balanced environment free of elements that degrade the scenic beauty of the urban environment.

LEGAL BASIS Article 50 of the Political Constitution establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment, empowering them to report acts that infringe this right and also to claim reparation for the damage caused. The accumulation of cables from the wiring of cable companies in a disorderly manner constitutes a form of visual pollution that degrades the urban landscape, affecting the quality of life of citizens and also exposing them to risks, situations that require immediate attention to avoid them. Likewise, article 89 of the Political Constitution, in its first paragraph, indicates that: Among the cultural aims of the Republic are: protecting natural beauties, conserving and developing the historical and artistic heritage of the Nation, and supporting private initiative for scientific and artistic progress. This constitutional mandate obliges the State and its institutions to watch over the urban and rural landscape, its conservation, and its adequate management, which includes the prevention and correction of visual and environmental pollution phenomena such as those reported here. The visual pollution generated by the disorder of the wiring on the reported poles does not constitute merely an aesthetic or environmental perception problem; it also produces direct and verifiable effects on people's quality of life, both on an emotional and psychological level and on a physical level. The Constitutional Chamber has expressly recognized this human dimension in its vote No. 1394-94, where it affirmed that “from a psychic and intellectual point of view, the state of mind also depends on nature,” establishing that the landscape and the visual environment are part of people's integral well-being. Therefore, when the landscape is degraded by disorderly or intrusive elements, as occurs with the accumulation of obsolete cables and structures in poor condition, an impact on the constitutional right to live in a healthy environment is produced. In the specific case, the disorder of the wiring, the presence of disused cables, visual saturation, and the permanence of poles in evident deterioration generate a constant sensation of discomfort, urban stress, and unease in those who circulate through downtown Alajuela, particularly in areas near an educational center and high pedestrian traffic areas. The persistence of a landscape saturated with hanging or accumulated cables affects tranquility, concentration, and the perception of safety, generating a visually aggressive environment that deteriorates the emotional state. This type of pollution also produces visual fatigue and a sensation of saturation, affecting people's physical health by constantly exposing them to disorderly visual stimuli that hinder safe movement and the full enjoyment of public space. Added to this is a material environmental impact; on the three reported poles, the presence of solid waste derived from obsolete infrastructure is evident, such as plastics, metals, deteriorated cables, copper remnants, ties, coatings, and other disused materials that remain exposed on public roads. The permanence of these elements, without adequate management or removal by the Municipality, the ICE, or SUTEL, constitutes a form of irregular waste disposal, alien to all environmental regulations and contrary to the State's constitutional duty to protect the environment. This inadequate management configures, in fact, true clandestine dumps of technological and solid waste tolerated by the respondent institutions, aggravating visual pollution and providing an additional component of impact on the urban landscape, the environment, and human health. The omission of the institutions in removing these materials evidences a lack of supervision, coordination, and effective management, contrary to the constitutional principle of prevention and the duty of active supervision demanded by OC-23/17. In its Advisory Opinion OC-23/17 on Environment and Human Rights, the Inter-American Court affirmed that States “Have the obligation to prevent significant environmental damage, within or outside their territory, for which they must regulate, supervise, and oversee the activities under their jurisdiction that may produce significant damage to the environment; and conduct environmental impact studies when there is a risk of damage.” This principle of prevention implies a duty to act with care; authorities must anticipate and avoid environmental damage before it occurs, especially in the face of known risks. The Court itself has indicated that the obligation of prevention must be guided by the precautionary principle; the lack of absolute scientific certainty about the severity of the damage cannot be used as an excuse to postpone environmental protection actions. Applied to electrical wiring, this principle is contrary to passivity in the face of the evident visual pollution caused. Likewise, in OC-23/17, it pointed out that the preservation of the environment is one of the three inseparable pillars of integral development, bases of the principle of sustainable development. This principle imposes reconciling economic growth and infrastructure needs with the conservation of the environment for the benefit of present and future generations. In the context of urban visual pollution, the development of telecommunications networks must be harmonized with the protection of the landscape and the aesthetics of the environment. It is not about opposing technological progress to the environment, but about integrating them; orderly electrical and telecommunications wiring free of obsolete cables materializes truly sustainable development, which provides public services without damaging the scenic value and quality of life. Furthermore, the principle of non-regression in environmental matters applies, which promotes progress, never a regression in the achieved environmental protection. Once certain environmental standards or regulations are achieved, such as the MINAET Regulation for the Prevention of Visual Pollution, whose first article states the objective of establishing the necessary guidelines to prevent the effects of visual pollution, the State cannot disengage or simply weaken its compliance. […]PRETENSIONS 1. That the present amparo appeal be declared with merit, for having violated our fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to natural scenic beauty, enshrined in articles 50 and 89 of the Political Constitution. 2. That it be declared that the Mayor's Office of the Municipality of Alajuela incurred in a current and verified injury to the environmental rights of the appellants, by unduly refusing to exercise its powers regarding land-use planning, urban control, and landscape protection, erroneously pointing out that the matter does not fall under its competence. 3. That the Mayor's Office of Alajuela be ordered to immediately initiate the corresponding administrative procedure, within the scope of its legal attributions, to: ● Inspect the three poles identified in the facts of the appeal. ● Assess their adaptation to land-use planning, urban landscape, and scenic beauty. ● Coordinate with the ICE the actions necessary to correct, relocate, order, or adapt the telecommunications wiring and cabling that generates visual pollution. 4. That the Mayor's Office of the Municipality of Alajuela be ordered to issue a duly reasoned resolution, in accordance with the principle of legality, on the corresponding correction or mitigation measures. 5. That the Mayor's Office of the Municipality of Alajuela be warned to henceforth refrain from unduly denying competence in matters related to land-use planning and natural scenic beauty, when there is evidence of environmental impact within the canton. 6. That it be declared that the Superintendency of Telecommunications (SUTEL) incurred in a harmful omission, by not carrying out effective supervision of the real state of the wiring, merely reproducing information from the ICE without technical verification. 7. That SUTEL be ordered to carry out an on-site technical inspection of the three reported poles, within a reasonable period, verifying: ● Real state of the wiring. ● Compliance with the Shared Use Regulation. ● Existence of disused cables. ● Visual and environmental impact. 8. That SUTEL be ordered to issue a reasoned resolution, with the results of the inspection and the corrective measures, initiating the administrative procedures that correspond against operators who fail to comply with the regulations. 9. That it be declared that the Mayor's Office of the Municipality of Alajuela, the ICE, and SUTEL have allowed the persistence of solid waste derived from the telecommunications wiring, such as disused cables, copper remnants, plastic tubes, metal ties, and other materials, configuring, in fact, true clandestine dumps that aggravate visual pollution and the deterioration of the urban landscape. 10. That the Municipality of Alajuela be ordered to coordinate with the ICE and telecommunications operators to immediately remove all solid waste present on the reported poles, including obsolete materials, plastic remains, hanging cables, abandoned infrastructure, and any additional waste associated with the wiring. 11. That the ICE be ordered to carry out an integral and verifiable process of cleaning and removal of all disused cables, hanging elements, deteriorated materials, copper remnants, plastics, and other obsolete components, guaranteeing the correct management and final disposal of this waste in accordance with environmental regulations. 12. That SUTEL be ordered to supervise on-site the removal of solid waste and hanging or obsolete wiring, verifying that operators comply with the Shared Use Regulation and applicable environmental regulations. 13. That the Municipality, the ICE, and SUTEL be warned to henceforth avoid the formation of new clandestine dumps on public poles, through the implementation of permanent controls, periodic review procedures, and mechanisms for the adequate management and elimination of solid waste from telecommunications infrastructure.” (sic). They consider that the foregoing is contrary to the provisions of articles 50 and 89 of the Political Constitution.

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action presented to its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected action.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considerando:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellants allege that on September 17, 2025, they filed a complaint before the Municipality of Alajuela, the ICE, and SUTEL, regarding three poles that, in their opinion, produce visual pollution and risk for passersby. However, the municipality responded by indicating that the complaint does not fall within its powers, so they should refer the matter to the ICE. They claim that the ICE responded that it had carried out actions, cables were removed, and it was verified that the poles are in good condition. Furthermore, there was no risk for vehicles or pedestrians, all in accordance with current regulations. Finally, they mention that SUTEL responded informing that the ICE had carried out corrective work, but it merely reproduced the information provided by the ICE, without providing evidence of its own inspection, independent technical verification, or supervisory administrative procedure. They estimate that, as of the date of filing this amparo, the poles remain practically the same. They allege that the lack of effective actions by the Municipality of Alajuela, the ICE, and SUTEL has allowed visual pollution to persist, affecting their constitutional right to a healthy, balanced environment free of elements that degrade the scenic beauty of the urban environment.

II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. From the writ of filing and the evidence provided for this purpose, it is observed that, indeed, the appellants submitted actions before the respondent authorities in order to report some poles that allegedly cause visual pollution and risk to people. Similarly, it is verified that said actions were answered by the respondent authorities -even before the filing of this amparo- opportunities in which the appellants were informed of the corrective actions, the applicable regulations, and the lack of risk to people. Thus, it is clear that the respondent authorities did attend to the actions raised by the appellants; however, they are dissatisfied with what was resolved and with the solution provided. In that sense, the petitioners are informed that this Chamber is not a controller of the legality of the actions or resolutions issued by the Municipality of Alajuela, the ICE, or SUTEL, so it is not its role to act as an appellate court in this matter and review whether what was resolved in this case conforms or not to the facts and applicable regulations, nor to determine according to the review of technical and legal criteria what the solution to the problem is as sought by the petitioners, given that these are matters of ordinary legality that must be settled in the ordinary, administrative, or jurisdictional channels. For all these reasons, the appellants must present their disagreements or claims before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, forums in which they will be able to broadly discuss the substance of the matter and assert their claims. Consequently, the appeal is inadmissible and is so declared.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The appellants are forewarned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the "Regulation on Electronic Case File before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is rejected outright.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

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ZG47PZ1X9REW61

EXPEDIENTE N° 25-037501-0007-CO

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:08:08.

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