Res. 03240-2026 Sala Constitucional — Access to tuna fishing data from purse seiners in the Pacific Exclusive Economic ZoneAcceso a datos de pesca de atún por buques cerqueros en la zona económica exclusiva del Pacífico

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03240 - 2026

Fecha de la Resolución: 27 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 26-001387-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 26-001387-0007-CO

Res. Nº 2026003240

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil veintiseis .

  Recurso de amparo interpuesto por Nombre130062, cédula de identidad número  CED74219, en su condición de DIRECTOR DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE PESCA TURÍSTICA FECOP, cédula jurídica número CED74220; contra  el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA).

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala    a las  10:37    horas del  15  de enero de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “PRIMERO: En conversaciones en su momento con don Heiner Méndez Barrientos, ex presidente ejecutivo de INCOPESCA, con seguimiento por escrito mediante los oficios FECOPINCOPESCA-2022-14 del 30 de agosto de 2022; FECOP-1NCOPESCA-2022-23 del 12 de diciembre de 2022; FECOP-1NCOPESCA-2023-15 del 7 de junio de 2023, FECOP-2023-27,  del 22 de noviembre de 2023, FECOP-1NCOPESCA-2024-01 del 31 de enero de 2024 y FECOP-1NCOPESCA-2024-03 del 24 de abril de 2024, y con el Sr. Nelson Peña Navarro, actual presidente ejecutivo de INCOPESCA, mediante oficios FECOP-2024-06 del 7 de agosto 2024 y FECOP-007-2025-Incopesca del 10 de julio 2025, FECOP ha solicitado y reiterado la solicitud formal para que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura ( "INCOPESCA") nos comparta los datos de pesca de atún en aguas de la zona económica exclusiva del Pacífico de Costa Rica por buques atuneros cerqueros, según los provee la Comisión Inter-Americana del Atún Tropical (CIAT) al país. Además, se ha solicitado copia de los reportes e informes oficiales sobre las  capturas del país reportadas a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (en adelante "CIAT"). (Documento de Prueba #1)

La información solicitada es necesaria para realizar estudios y publicaciones científicas del comportamiento de la pesquería atunera en el contexto costarricense, así como para apoyar al Gobierno de la República y a los diputados a establecer políticas públicas en beneficio del sector y protección de la riqueza marina.

Literalmente, se han solicitado:

"Datos de capturas y capturas retenidas desde 1978 a 2021 incluyendo:

I . 1. Capturas de atún (capturas y capturas retenidas): clase del buque cerquero (1,2,3,4,5, 0 6), capacidad de la bodega de pescado del buque en toneladas métricas y metros cúbicos, número de secuencia asignado al viaje, fuente de datos (observador, bitácora), número de secuencia del lance (delfín, plantado, no asociado, objeto flotante, natural), mes del lance, día, fecha y hora del lance, año del lance, tipo de lance, posición según latitud del lance, posición según longitud del lance, hora de inicio, y hora de finalización del lance, captura y captura retenida de atún aleta amarilla (YFTc, YFTr), atún barrilete (SKJc, SKJr), atún patudo (BETc, BETr), atún barrilete negro (BKJc, BKJr), de atún melva-melvera (FRZc, FRZr). Las capturas y

capturas retenidas de atún aleta amarilla y patudo por tallas (pequeño, mediano y grande).

1.2. Capturas de especies de captura incidental: biomasa (en toneladas métricas) y el número de individuos (cuando esté disponible) de las especies de captura incidental, por grupo, nombre común, nombre científico, captura en número y en toneladas métricas (TM), según clase del buque cerquero (1,2,3,4,5 y 6), capacidad de la bodega de pescado del buque en toneladas métricas y metros cúbicos, tipo la lance (delfin, plantado, no asociado,  objeto flotante, natural), posición según latitud del lance, posición según  latitud del lance, día, fecha y hora del lance, mes y año del lance, captura de atún por especie de esos lances donde se reporta pesca incidental,  destino de la captura incidental (retenido o descartado) incluyendo atún pequeño, número de secuencia asignado al viaje, fuente de datos, secuencia del lance.

2. Reportes e informes generados por el INCOPESCA y el país, enviados a la CIAT sobre las capturas reportadas por el país desde el 2015 a la fecha."

SEGUNDO: Mediante oficio INCOPESCA-PE-0974-2022 don Heiner responde la solicitud hecha mediante el oficio FECOP-2022-14 indicando:

"Sobre este particular, en aras de atender su solicitud, me permito recomendar llevar a cabo una sesión de trabajo entre su representada y nuestro Departamento de Investigación a efectos de establecer los parámetros y detalles  de la información requerida, para tales efecto (sic) podrá coordinarse lo  indicado con el señor José Miguel Carvajal Rodríguez, Jefe del Departamento  de Investigación del INCOPESCA, a quien se copia en esta comunicación." Después de recibir más que evasivas para compartir la información, nuevamente la solicitamos mediante el oficio FECOP-INCOPESCA-2022-23 el 13 de diciembre de 2022, al cual respondió mediante el oficio INCOPESCA-PE-1278-2022 indicando:

"Me permito indicar que según lo conversado el pasado 24 de octubre del 2022,   en la reunión formal que se dio entre este Instituto y la FECOP, estos aspectos pueden ser coordinados de manera directa mediante una mesa de trabajo entre  la FECOP y la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, así como el  Departamento de Investigación del INCOPESCA, donde como se mencionó en esa ocasión puedan detallarse entre las partes los datos requeridos, los mismos  podían haberse coordinado de manera inmediata posterior a la reunión."

Mediante oficio INCOPESCA-PE-1181-2023 fechado 15 de diciembre de 2023, don Heiner Méndez Barrientos en su condición de Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, indica que en aras de dar respuesta al oficio FECOP-1NCOPESCA-2023-27 que es " ..solicitud de copia de los datos de pesca de atún en aguas de la zona económica exclusiva del Pacífico de Costa Rica por buques  atuneros cerco según lo provee la Comisión Inter Americana del Atún Tropical (CIAT) al país, además de copia de los reportes e informes oficiales sobre capturas del país reportadas a la CIAT"  remite oficio INCOPESCA-DOPA-141-2023 ". . .en el cual se remite la información solicitada por su persona". (Documento de Prueba #2)

TERCERO: En el oficio INCOPESCA-DOPA-141-2023 del 14 de diciembre del 2023 y suscrito por el Lic. Miguel Durán Delgado, firmando por la Dirección de Ordenamiento Pesquero de  INCOPESCA, lejos de suministrar la información solicitada, hace referencia a la Resolución C15-07 de la CIAT titulada Enmienda de la resolución C-13-05 sobre normas y procedimientos  relativos a la confidencialidad de los datos, y al respecto señala que:

En la RESOLUCION C-15-07 en el punto 2, inciso a, indica: Los datos de captura y esfuerzo y frecuencia de talla agrupados en un nivel más fino de  estratificación de tiempo-área serán divulgados únicamente con la autorización escrita de las fuentes de los datos, que para nuestro caso Costa Rica no cuenta con embarcaciones con red de cerco operando en el OPO.

CUARTO: La Resolución C-15-07 de la CIAT, a contrario sensu de lo que manifiesta el Lic. Miguel Durán Delgado, establece que los datos de la estratificación estándar son de dominio público. Sobre el particular específicamente señala:

"Se considera que están en el dominio público los datos de captura, esfuerzo y frecuencia de talla agrupados por 5 0 de longitud por 5 0 de latitud por mes en el caso de palangre y de 1 0 de longitud por 1 0 de latitud en el caso de las pesquerías de superficie estratificados por nación pesquera, siempre que las activades o la  captura de ningún buque individual, empresa o persona puedan ser identificadas dentro de un estrato de tiempo/área. En casos en los que un buque, empresa o persona individual puede ser identificado, los datos serán agrupados por tiempo, área o pabellón para impedir dicha identificación, y estarán entonces en el dominio público."

La información solicitada no requiere datos del nombre del buque o empresa,  por ser esa información considerada de carácter comercial y confidencial por la  CIAT, además de que es información que no aporta a la investigación  pretendida. A pesar de que Costa Rica no tiene buques atuneros cerqueros de bandera nacional, los datos de captura de esos buques en aguas nacionales y el acceso a esos datos por parte de nuestro país no puede estar condicionado al permiso de los dueños de los buques que han comprado al INCOPESCA  licencias para pescar en aguas de Costa Rica. Más aún, la Ley de Pesca de Costa Rica indica que el INCOPESCA debe crear un programa de observadores a bordo para buques cerqueros atuneros que pesquen con licencia en aguas de Costa Rica. En este sentido, es una obligación de los buques facilitar la colecta  de datos cuando las faenas de pesca se realizan en aguas de Costa Rica, y no condicionarla de ninguna manera, porque eso sería contrario al resguardo, protección y manejo de los recursos pesqueros al que está obligado el país.

QUINTO: La solicitud de información hecha al INCOPESCA a través de su Presidente Ejecutivo como cabeza de la autoridad pesquera es sobre los datos de detalle de captura de atunes y otras especies capturadas con los atunes en aguas de la Zona Económica de Costa Rica en el Océano Pacífico por los buques que han operado en nuestro territorio marino y no por buques que han  operado fuera de las aguas de Costa Rica. La resolución C-15-07 está vigente desde Julio de 2015, y los datos solicitados han sido entregados y facilitados por INCOPESCA para años anteriores por la CIAT, en otras oportunidades posteriores a la vigencia de la Resolución C-15-07 y ésta nunca fue citada como impedimento para compartir los datos. De hecho esto ocurrió siendo entonces el Lic. Heiner Méndez Jefe de la Asesoría Jurídica de INCOPESCA. Más aún, en nota INCOPESCAPE-138-2021, el entonces presidente ejecutivo de INCOPESCA, Lic. Daniel Carrasco Sánchez,  autoriza el uso de datos ya entregados a Nombre130062 y posteriores actualizaciones para realizar actividades de investigación, preparar documentos científicos y técnicos con esa información.

SEXTO: El 07 de agosto de 2024 y el 10 de julio de 2025 se hacen nuevas solicitudes mediante oficios FECOP-006-2024 y FECOP-2025-07 al señor Nelson Peña Murillo, quien se desempeña a la fecha como presidente ejecutivo de INCOPESCA, oficios que a la fecha se ENCUENTRAN SIN RESPONDER por parte de la institución.” (sic). Considera que lo anterior viola su derecho de petición y respuesta.  Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene entregar a su representada toda la información solicitada, así como aquella que aunque no se haya solicitado expresamente sea relevante para la investigación científica que desarrollan.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO.  El recurrente acusa que mediante oficios FECOP-1NCOPESCA-2022-14 del 30 de agosto de 2022; FECOP-1NCOPESCA-2022 del 23 de diciembre de 2022; FECOP-1NCOPESCA-2023-15 del 07 de junio de 2023; FECOP-2023-27 del 22 de noviembre de 2023; FECOP-1NCOPESCA-2024-01 del 31 de enero de 2024; FECOP-1NCOPESCA-2024-03 del 24 de abril de 2024; FECOP-2024-06 del 07 de agosto de 2024 y FECOP-007-2025-Incopesca del 10 de julio de 2025; solicitó ante la autoridad recurrida información referente a la pesca de atún en aguas de la zona económica exclusiva del Pacífico de Costa Rica  por buques atuneros cerqueros, según los provee la Comisión Interamericana del Atún Tropical al país, además, de copia de los reportes e informes oficiales sobre las capturas del país reportadas a la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Sin embargo, a la fecha de interposición de este amparo, pese a gestiones y reuniones, no se le ha brindado la información solicitada.

II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Si bien esta Sala ha tutelado el derecho de petición y de acceso a la información, garantizado en los  artículos 27 y 30  de la Constitución Política; lo cierto es que,  en este caso resulta aplicable lo dispuesto en el artículo  35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que:

“Artículo 35. El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.

Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso.”(el resaltado no es original)

En ese sentido, se observa que el recurrente  reclama la falta de respuesta a varias peticiones  de información que su representada formuló  en fechas 30 de agosto de 2022;  23 de diciembre de 2022;  07 de junio de 2023; 22 de noviembre de 2023; 31 de enero de 2024; 24 de abril de 2024; 07 de agosto de 2024 y  10 de julio de 2025, pero no fue sino, hasta el 15 de enero de 2026 que acudió en amparo, sea más de seis meses después de la última petición y más de tres años de la primera.  En virtud de lo anterior, esta Sala considera que, para los efectos de esta jurisdicción especializada, el amparo resulta inadmisible por la inacción de la parte amparada al no reclamar oportunamente la falta de respuesta alegada, lo anterior, sin perjuicio de que pueda acudir  a la vía legal ordinaria,  administrativa o judicial en reclamo de sus derechos. En consecuencia el recurso resulta inadmisible.

III.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO Y DE LA MAGISTRADA HESS HERRERA. Redacta la segunda: Respetuosamente nos separamos de lo decidido por la mayoría del Tribunal, pues disentimos de la aplicación del artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional a una conducta omisiva, ya que consideramos que, mientras no se remedie tal carencia, la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada se mantiene y no empieza a correr el plazo del referido artículo. Recuérdese que la lógica procesal de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, respecto de los recursos de amparo, está construida a partir del reconocimiento de distintas clases de actuaciones sujetas a control, como son los actos positivos, los negativos y las omisiones. Por ejemplo, el artículo 29 de la ley mencionada, dispone en lo que interesa:

“Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos.

El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra

las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas

o indebidamente aplicadas.” (el subrayado no es del original)

 

En la misma sintonía, el artículo 49 de la LJC contiene la siguiente regulación sobre los efectos de la sentencia:

“ARTÍCULO 49.- Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible.

Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención.

Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante.

En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.” (el énfasis es agregado)

 

Asimismo, los artículos 57 y 62 de la LJC, sobre el amparo contra sujetos de derecho privado, se inscriben en una dirección similar.

De esta forma, si para explicar el universo de actuaciones impugnables, así como los efectos de la decisión del Tribunal, tales diferencias son relevantes, igualmente deben serlo para determinar la caducidad de la posibilidad de interponer el amparo. Tan es así, que el texto del propio artículo 35 discierne, en su párrafo primero, entre actos que agotan sus efectos con su producción y aquellos que continúan desarrollándolos:

 

“ARTÍCULO 35.- El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. (…)” (el destacado es propio)

 

Esta interpretación se había dejado patente, a título de ejemplo, en la sentencia de esta Sala No. 699-95 de las 11:00 horas del 3 de febrero de 1995:

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley General de la Administración Pública cuando el agotamiento de la vía administrativa se produzca en virtud del silencio u otro acto presunto, la administración siempre estará obligada a dictar resolución expresa sobre el fondo reclamado, dentro del año revisto por el artículo 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este plazo y hasta en el de dos meses después que prevé el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el interesado puede acudir en amparo ante esta sede sin que se pueda alegar que  ha prescrito su acción puesto que cada día que pasa, se vuelve a reiterar la violación del derecho fundamental del particular, a que se le haga justicia administrativa y que la misma sea pronta y cumplida.” (se agrega el subrayado)

Además, se concluyó en ese sentido en la sentencia No. 2024017263 de las 9:20 horas del 21 de junio de 2024:

“Analizado lo anterior, la Sala verifica que, con dicha omisión, la autoridad recurrida ha lesionado el artículo 27, de la Constitución Política, ya que ha pasado sobradamente el plazo establecido en el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y durante todos estos años transcurridos, la parte recurrida no ha brindado una respuesta a la parte amparada, pese a que se encuentra en la obligación de responder lo que en derecho corresponde dentro del plazo legal correspondiente. Aunado a lo anterior, es menester indicar que al consistir la actuación impugnada en una omisión, no cabe la aplicación del artículo 35, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la infracción del derecho fundamental reclamado persiste en el tiempo (v. en este sentido la Sentencia N° 2024-003336, de las 9:21 horas del 9 de febrero de 2024).” (cfr. la resolución No. 2024016501 de las 9:20 horas del 14 de junio de 2024)

 Decisiones que, a nuestro juicio, se armonizan de mejor forma con el texto del numeral 35 citado y el principio pro actione.

IV.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, el recurrente alega que mediante oficios nros. FECOP-1NCOPESCA-2022-14 del 30 de agosto de 2022; FECOP-1NCOPESCA-2022 del 23 de diciembre de 2022; FECOP-1NCOPESCA-2023-15 del 07 de junio de 2023; FECOP-2023-27 del 22 de noviembre de 2023; FECOP-1NCOPESCA-2024-01 del 31 de enero de 2024; FECOP-1NCOPESCA-2024-03 del 24 de abril de 2024; FECOP-2024-06 del 07 de agosto de 2024 y FECOP-007-2025-Incopesca del 10 de julio de 2025, solicitó a Incopesca información acerca de la pesca de atún por buques atuneros cerqueros en aguas de la zona económica exclusiva del Pacífico de Costa Rica, según los provee la Comisión Interamericana del Atún Tropical al país, así como copia de los reportes e informes oficiales sobre las capturas del país reportadas a la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Reclama que a la fecha y pese a diversas gestiones y reuniones, no se le ha lo solicitado.

Para la mayoría de la Sala, este asunto versa sobre una lesión al derecho de petición o información,  a la que se le debe aplicar el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, puesto que el amparo fue interpuesto seis meses después de la última solicitud y tres años desde la primera gestión.

Disiento de tal criterio, toda vez que este asunto está relacionado con una eventual lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, respecto de lo cual esta Sala dispuso en la sentencia nro. 2022026065 de las 9:45 horas del 4 de noviembre de 2022:

SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado”.

Así las cosas, de forma vehemente me separo del criterio vertido por la mayoría, pues, reitero,  el reclamo del recurrente no se refiere a una mera violación al derecho de petición e información, sino que conlleva una amenaza al ambiente que a la fecha persiste y, por ende, sí constituye una excepción al artículo 41 de la Carta Magna, de modo tal que su conocimiento indubitablemente compete a esta Sala.

Así las cosas, si bien este tribunal ha remitido a la jurisdicción contencioso‑administrativa aquellos asuntos, en que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (ordinales 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo ‑incoado de oficio o a instancia de parte‑ o conocer de los recursos administrativos procedentes, no menos cierto es que en el sub lite se está ante un caso de excepción, pues el objeto del reclamo se relaciona con una eventual vulneración al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la que, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable (en igual sentido véanse las sentencias nros. 2024017106 de las 9:20 horas del 21 de junio de 2024, 2024020395 de las 9:20 horas del 19 de julio de 2024 y 2022008223 de las 9:20 horas del 8 de abril de 2022). De ahí que salvo el voto y dispongo cursar el amparo.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Cruz Castro y la magistrada Hess Herrera salvan el voto y ordenan dar curso al amparo. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 26-001387-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:09:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03240 - 2026

Fecha de la Resolución: 27 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 26-001387-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL

Texto de la resolución

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Exp: 26-001387-0007-CO

Res. Nº 2026003240

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-seventh of January, two thousand twenty-six.

  Recurso de amparo filed by Nombre130062, identity card number CED74219, in his capacity as DIRECTOR OF SCIENCE AND RESEARCH OF THE FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE PESCA TURÍSTICA FECOP, legal identification number CED74220; against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA).

Resultando:

1.- By a document filed in the Secretariat of the Chamber at 10:37 hours on January 15, 2026, the petitioner files a recurso de amparo and states that: “FIRST: In conversations at the time with Mr. Heiner Méndez Barrientos, former executive president of INCOPESCA, with written follow-up through official letters FECOPINCOPESCA-2022-14 of August 30, 2022; FECOP-1NCOPESCA-2022-23 of December 12, 2022; FECOP-1NCOPESCA-2023-15 of June 7, 2023, FECOP-2023-27, of November 22, 2023, FECOP-1NCOPESCA-2024-01 of January 31, 2024 and FECOP-1NCOPESCA-2024-03 of April 24, 2024, and with Mr. Nelson Peña Navarro, current executive president of INCOPESCA, through official letters FECOP-2024-06 of August 7, 2024 and FECOP-007-2025-Incopesca of July 10, 2025, FECOP has requested and reiterated the formal request for the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura ("INCOPESCA") to share with us the tuna fishing data in waters of the exclusive economic zone of the Pacific of Costa Rica by purse-seine tuna vessels, as provided to the country by the Comisión Inter-Americana del Atún Tropical (CIAT). Furthermore, a copy of the official reports and statements on the country's catches reported to the Comisión Interamericana del Atún Tropical (hereinafter "CIAT") has been requested. (Evidentiary Document #1)

The information requested is necessary to conduct scientific studies and publications on the behavior of the tuna fishery in the Costa Rican context, as well as to support the Government of the Republic and deputies in establishing public policies for the benefit of the sector and the protection of marine wealth.

Literally, the following has been requested:

"Catch and retained catch data from 1978 to 2021 including:

I . 1. Tuna catches (catch and retained catch): purse-seine vessel class (1,2,3,4,5, or 6), vessel fish hold capacity in metric tons and cubic meters, sequence number assigned to the trip, data source (observer, logbook), sequence number of the set (dolphin, planted, unassociated, floating object, natural), month of the set, day, date and time of the set, year of the set, set type, position by latitude of the set, position by longitude of the set, start time, and end time of the set, catch and retained catch of yellowfin tuna (YFTc, YFTr), skipjack tuna (SKJc, SKJr), bigeye tuna (BETc, BETr), black skipjack tuna (BKJc, BKJr), frigate tuna (FRZc, FRZr). The catch and

retained catch of yellowfin and bigeye tuna by size class (small, medium, and large).

1.2. Catches of bycatch species: biomass (in metric tons) and the number of individuals (when available) of bycatch species, by group, common name, scientific name, catch in number and in metric tons (MT), according to purse-seine vessel class (1,2,3,4,5 and 6), vessel fish hold capacity in metric tons and cubic meters, set type (dolphin, planted, unassociated, floating object, natural), position by latitude of the set, position by longitude of the set, day, date and time of the set, month and year of the set, tuna catch by species from those sets where bycatch is reported, disposition of the bycatch (retained or discarded) including small tuna, sequence number assigned to the trip, data source, set sequence.

2. Reports and statements generated by INCOPESCA and the country, sent to the CIAT on the catches reported by the country from 2015 to date."

SECOND: Through official letter INCOPESCA-PE-0974-2022, Mr. Heiner responds to the request made through official letter FECOP-2022-14 stating:

"Regarding this matter, in order to address your request, I take the liberty of recommending holding a working session between your represented organization and our Research Department in order to establish the parameters and details of the required information, for which purpose (sic) the indicated may be coordinated with Mr. José Miguel Carvajal Rodríguez, Head of the Research Department of INCOPESCA, who is copied on this communication." After receiving more than evasive responses to sharing the information, we again requested it through official letter FECOP-INCOPESCA-2022-23 on December 13, 2022, to which he responded through official letter INCOPESCA-PE-1278-2022 stating:

"I take the liberty of indicating that according to what was discussed on October 24, 2022, in the formal meeting that took place between this Institute and FECOP, these aspects can be coordinated directly through a working group between FECOP and the Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, as well as the Research Department of INCOPESCA, where, as mentioned on that occasion, the data required can be detailed between the parties; these could have been coordinated immediately after the meeting."

Through official letter INCOPESCA-PE-1181-2023 dated December 15, 2023, Mr. Heiner Méndez Barrientos in his capacity as Executive President of INCOPESCA, indicates that in order to provide a response to official letter FECOP-1NCOPESCA-2023-27 which is "..a request for a copy of the tuna fishing data in waters of the exclusive economic zone of the Pacific of Costa Rica by purse-seine tuna vessels as provided to the country by the Comisión Inter Americana del Atún Tropical (CIAT), in addition to a copy of the official reports and statements on the country's catches reported to the CIAT" he forwards official letter INCOPESCA-DOPA-141-2023 ". . .in which the information requested by your person is forwarded". (Evidentiary Document #2)

THIRD: In official letter INCOPESCA-DOPA-141-2023 of December 14, 2023 and signed by Lic. Miguel Durán Delgado, signing on behalf of the Dirección de Ordenamiento Pesquero of INCOPESCA, far from providing the requested information, he refers to CIAT Resolution C15-07 entitled Amendment of Resolution C-13-05 on Rules and Procedures Relating to Data Confidentiality, and in this regard states that:

In RESOLUTION C-15-07 in point 2, subsection a, indicates: Catch and effort and size frequency data grouped at a finer level of time-area stratification will be disclosed only with the written authorization of the data sources, which in our caseCosta Rica does not have vessels with purse seine nets operating in the OPO.

FOURTH: CIAT Resolution C-15-07, contrary to what Lic. Miguel Durán Delgado states, establishes that standard stratification data are of public domain. On this matter, it specifically states:

"Catch, effort, and size frequency data grouped by 5 degrees of longitude by 5 degrees of latitude by month for longline and by 1 degree of longitude by 1 degree of latitude for surface fisheries stratified by fishing nation are considered to be in the public domain, provided that the activities or the catch of no individual vessel, company, or person can be identified within a time/area stratum. In cases where an individual vessel, company, or person can be identified, the data shall be grouped by time, area, or flag to prevent such identification, and will then be in the public domain."

The information requested does not require data on the vessel or company name, as that information is considered commercial and confidential by the CIAT, besides being information that does not contribute to the intended research. Although Costa Rica does not have nationally flagged purse-seine tuna vessels, the catch data of these vessels in national waters and the access to these data by our country cannot be conditioned on the permission of the owners of the vessels that have purchased licenses from INCOPESCA to fish in Costa Rican waters. Furthermore, the Ley de Pesca of Costa Rica indicates that INCOPESCA must create an onboard observer program for purse-seine tuna vessels fishing under license in Costa Rican waters. In this sense, it is an obligation of the vessels to facilitate data collection when fishing operations are carried out in Costa Rican waters, and not to condition it in any way, because that would be contrary to the safeguarding, protection, and management of fishery resources to which the country is obligated.

FIFTH: The request for information made to INCOPESCA through its Executive President as the head of the fishery authority is about the detailed catch data for tunas and other species caught with tunas in the waters of the Economic Zone of Costa Rica in the Pacific Ocean by vessels that have operated in our marine territory and not by vessels that have operated outside the waters of Costa Rica. Resolution C-15-07 has been in force since July 2015, and the requested data have been delivered and facilitated by INCOPESCA for previous years by the CIAT, on other occasions after the entry into force of Resolution C-15-07, and it was never cited as an impediment to sharing the data. In fact, this occurred when Lic. Heiner Méndez was then Head of the Legal Advisory Office of INCOPESCA. Furthermore, in note INCOPESCAPE-138-2021, the then executive president of INCOPESCA, Lic. Daniel Carrasco Sánchez, authorizes the use of data already delivered to Nombre130062 and subsequent updates to conduct research activities, prepare scientific and technical documents with that information.

SIXTH: On August 7, 2024, and July 10, 2025, new requests were made through official letters FECOP-006-2024 and FECOP-2025-07 to Mr. Nelson Peña Murillo, who currently serves as executive president of INCOPESCA, official letters that to date REMAIN UNANSWERED by the institution.” (sic). Considers that the foregoing violates its right to petition and response. Requests that the recurso be granted and that it be ordered to deliver to its represented organization all the information requested, as well as any that although not expressly requested is relevant to the scientific research they are conducting.

2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to dismiss outright or on the merits, at any time, even from its filing, any action brought before it that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous identical or similar action that was rejected.

 Magistrate Castillo Víquez writes; and,

Considerando:

I.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner alleges that through official letters FECOP-1NCOPESCA-2022-14 of August 30, 2022; FECOP-1NCOPESCA-2022 of December 23, 2022; FECOP-1NCOPESCA-2023-15 of June 07, 2023; FECOP-2023-27 of November 22, 2023; FECOP-1NCOPESCA-2024-01 of January 31, 2024; FECOP-1NCOPESCA-2024-03 of April 24, 2024; FECOP-2024-06 of August 07, 2024 and FECOP-007-2025-Incopesca of July 10, 2025; he requested from the respondent authority information regarding tuna fishing in waters of the exclusive economic zone of the Pacific of Costa Rica by purse-seine tuna vessels, as provided to the country by the Comisión Interamericana del Atún Tropical, in addition to a copy of the official reports and statements on the country's catches reported to the Comisión Interamericana del Atún Tropical. However, as of the date this amparo was filed, despite efforts and meetings, the requested information has not been provided to him.

II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. Although this Chamber has protected the right to petition and access to information, guaranteed in Articles 27 and 30 of the Constitución Política; the truth is that, in this case, the provisions of Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional are applicable, which establishes that:

“Article 35. The recurso de amparo may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction persists, and up to two months after its direct effects on the injured party have totally ceased.

However, when dealing with purely patrimonial rights or others whose violation can be validly consented to, the recurso must be filed within two months following the date on which the injured party had reliable notice of the violation and was in a legal position to file the recurso.”(the highlighting is not original)

In that sense, it is observed that the petitioner complains of the lack of response to several requests for information that his represented organization formulated on the dates August 30, 2022; December 23, 2022; June 07, 2023; November 22, 2023; January 31, 2024; April 24, 2024; August 07, 2024 and July 10, 2025, but it was not until January 15, 2026, that he filed this amparo, that is, more than six months after the last request and more than three years after the first. By virtue of the foregoing, this Chamber considers that, for the purposes of this specialized jurisdiction, the amparo is inadmissible due to the inaction of the protected party in not timely complaining of the alleged lack of response, without prejudice to the ability to resort to ordinary legal, administrative, or judicial channels in pursuit of their rights. Consequently, the recurso is inadmissible.

III.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO AND MAGISTRATE HESS HERRERA. The latter writes: Respectfully, we dissent from what was decided by the majority of the Tribunal, as we disagree with the application of Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional to an omission, since we consider that, as long as such deficiency is not remedied, the injury to the fundamental rights of the protected party continues and the period established in the referenced article does not begin to run. It should be remembered that the procedural logic of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, regarding recursos de amparo, is constructed based on the recognition of different classes of actions subject to control, such as positive acts, negative acts, and omissions. For example, Article 29 of the aforementioned law provides, as relevant:

“The recurso proceeds against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or mere material action not based on an effective administrative act, of public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights.

The amparo shall proceed not only against arbitrary acts, but also against

actions or omissions based on erroneously interpreted

or improperly applied norms.” (the underlining is not from the original)

 

In the same vein, Article 49 of the LJC contains the following regulation on the effects of the judgment:

“ARTICLE 49.- When the contested act is of a positive nature, the judgment granting the amparo shall aim to restore or guarantee the aggrieved party in the full enjoyment of their right, and to restore things to the state they held before the violation, when possible.

If the amparo has been established so that an authority regulates, complies with, or executes what a law or other normative provision orders, said authority shall have two months to comply with the prevention.

When the contested matter has been the denial of an act or an omission, the judgment shall order it to be carried out, for which a prudential peremptory period shall be granted. If it has been a mere material conduct or action, or a threat, its immediate cessation shall be ordered, as well as the avoidance of any new similar violation, threat, disturbance, or restriction.

In any case, the Chamber shall establish the other effects of the judgment for the specific case.” (emphasis is added)

 

Likewise, Articles 57 and 62 of the LJC, regarding amparo against private entities, are inscribed in a similar direction.

Thus, if these differences are relevant to explain the universe of challengeable actions, as well as the effects of the Tribunal's decision, they should also be relevant for determining the expiration of the possibility of filing the amparo. So much so, that the text of Article 35 itself distinguishes, in its first paragraph, between acts that exhaust their effects upon their issuance and those that continue to develop them:

 

“ARTICLE 35.- The recurso de amparo may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction persists, and up to two months after its direct effects on the injured party have totally ceased. (…)” (the highlighting is our own)

 

This interpretation had been made clear, by way of example, in judgment No. 699-95 of 11:00 hours on February 3, 1995 of this Chamber:

“In accordance with the provisions of Article 127 of the Ley General de la Administración Pública, when the exhaustion of administrative channels occurs by virtue of silence or another presumed act, the administration shall always be obligated to issue an express resolution on the merits of the claim, within the year provided for in Article 37.2 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Within this period and up to the two-month period provided for in Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the interested party may file an amparo before this venue without it being possible to allege that their action has expired, since each day that passes, the violation of the fundamental right of the individual to have administrative justice done and that it be prompt and complete is reiterated.” (the underlining is added)

Furthermore, it was concluded in this sense in judgment No. 2024017263 of 9:20 hours on June 21, 2024:

“Having analyzed the foregoing, the Chamber verifies that, with this omission, the respondent authority has injured Article 27 of the Constitución Política, since the period established in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional has been greatly exceeded, and during all these years elapsed, the respondent party has not provided a response to the protected party, despite being obligated to respond what corresponds in law within the corresponding legal period. In addition to the foregoing, it is necessary to indicate that as the challenged action consists of an omission, the application of Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is not appropriate, since the infringement of the claimed fundamental right persists over time (see in this sense Judgment No. 2024-003336, of 9:21 hours on February 9, 2024).” (cf. resolution No. 2024016501 of 9:20 hours on June 14, 2024)

 Decisions that, in our judgment, are better harmonized with the text of the cited numeral 35 and the pro actione principle.

IV.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. In the sub lite case, the petitioner alleges that through official letters nos. FECOP-1NCOPESCA-2022-14 of August 30, 2022; FECOP-1NCOPESCA-2022 of December 23, 2022; FECOP-1NCOPESCA-2023-15 of June 07, 2023; FECOP-2023-27 of November 22, 2023; FECOP-1NCOPESCA-2024-01 of January 31, 2024; FECOP-1NCOPESCA-2024-03 of April 24, 2024; FECOP-2024-06 of August 07, 2024 and FECOP-007-2025-Incopesca of July 10, 2025, he requested from Incopesca information about tuna fishing by purse-seine tuna vessels in waters of the exclusive economic zone of the Pacific of Costa Rica, as provided to the country by the Comisión Interamericana del Atún Tropical, as well as a copy of the official reports and statements on the country's catches reported to the Comisión Interamericana del Atún Tropical. He claims that to date, and despite various efforts and meetings, he has not been provided with what was requested.

For the majority of the Chamber, this matter concerns an injury to the right of petition or information, to which Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional must be applied, since the amparo was filed six months after the last request and three years after the first action.

I dissent from such criterion, since this matter is related to a potential injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, regarding which this Chamber ruled in judgment no. 2022026065 of 9:45 hours on November 4, 2022:

ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has stressed that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and the citizenry in general must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damages to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned to compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective cost-effective measures to prevent the degradation of the environment. From the above, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or project causes. While in the former such certainty exists, in the latter what is noted is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obligated to adopt the measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment in accordance with such principles. Now, such an objective obligation does not necessarily entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have those measures that are suitable for protecting that right adopted, in the face of openly negligent attitudes of the authorities, or of natural and legal persons, pursuant to the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against private entities”.

This being the case, I vehemently separate myself from the criterion expressed by the majority, since, I reiterate, the petitioner's complaint does not refer to a mere violation of the right of petition and information, but rather entails a threat to the environment that to date persists and, therefore, indeed constitutes an exception to Article 41 of the Carta Magna, such that its cognizance undoubtedly falls to this Chamber.

This being the case, although this tribunal has referred those matters to the contentious-administrative jurisdiction in which it is discussed whether the public authority has complied or not with the periods established by the Ley General de la Administración Pública (ordinals 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve a completed administrative procedure – initiated ex officio or at the instance of a party – or to hear the appropriate administrative appeals, it is no less true that in the sub lite case we are facing an exceptional case, since the object of the complaint is related to a potential violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which, presumably, has not been resolved within a reasonable period (in the same sense see judgments nos. 2024017106 of 9:20 hours on June 21, 2024, 2024020395 of 9:20 hours on July 19, 2024 and 2022008223 of 9:20 hours on April 8, 2022). Hence, I dissent and order the amparo to be processed.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE RECORD. The petitioner is advised that if any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, has been provided, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

 The recurso is dismissed outright. Magistrate Cruz Castro and Magistrate Hess Herrera dissent and order the amparo to be processed. Magistrate Rueda Leal dissents and orders the amparo to be processed.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 

 



Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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