Res. 03415-2026 Sala Constitucional — Administrative due process violation for failure to notify closure of construction control file in stream protection zoneViolación al debido proceso administrativo por falta de notificación del archivo de una boleta de control constructivo en zona de protección de quebrada

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03415 - 2026

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-025996-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

*250259960007CO*

Exp: 25-025996-0007-CO

Res. Nº 2026003415

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de enero de dos mil veintiseis .

   Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 25-025996-0007-CO, interpuesto por Nombre130405, cédula de identidad CED74585, Nombre130406, cédula de identidad CED74586, contra la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 13:31 horas del 28 de agosto de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Goicoechea. Manifiesta que: “En el mes de Marzo del 2025, Nombre130406 solicitó al Alcalde Municipal me brindara información, sobre la tramitación de un permiso de construcción a nombre de Asociación Amigos de Dios, esto en razón de que existe un área de gran controversia y peligro en la zona de la Dirección10686 y el propietario registral sin resguardo de zonas de protección ha construido una iglesia, esta información se le brindo a medias por existir el mandato de esta Sala Constitucional a ofrecerla, hoy día está terminando la construcción; sin embargo existen estudios de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que señalan que se construyó en un área de protección, los estudios en mención los adjunto como prueba. El Alcalde mediante oficios MG- AG-02712-2025 adjunta únicamente el oficio MG- AG- DI-1075-2025, suscrito por el Ingeniero Municipal quien en solo siete líneas de escritura expone lo siguiente: que la construcción avalada por la Municipalidad de Goicoechea no afecta la servidumbre del Alcantarillado Sanitario del AyA. El otro oficio del Alcalde MG- AG-2679 me adjunta el oficio MG- AG- DI- 01080 -2025 en donde el Ingeniero Municipal informa que la Asociación Amigos de Dios está construyendo con permisos de construcción, respetando la zona de cause; posterior a otras notas emitidas por Nombre130406 a diversas instituciones estatales, como MINAE, COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS, SETENA, A y A, Concejo Municipal de Goicoechea por la problemática que ha existido por más de 15 años en la zona por la Dirección10686 y las afligidas historias que suceden en el invierno en la zona, que generan perdidas en los bienes de los vecinos de la zona, o bloqueos del cauce de la Quebrada, después del oficio MG AG 04010-2025, que adjunto como prueba, suscrito por el Alcalde Municipal que comunica al Concejo Municipal de Goicoechea el oficio suscrito por el Ingeniero Municipal Mario Iván Rojas Sánchez que señala que: “ lo existente es una polémica entre vecinos, donde trata de minimizar la denuncia interpuesta por mi persona en protección del medio ambiente, señala además el Ingeniero que el permiso de las obras existe y en el seguimiento de esta obra no se han identificado invasiones a la zona de protección a la zona de protección de la Quebrada Cangrejos”, y es aquí donde se da un hecho inédito como lo es la notificación numero 15376 A que adjunto como prueba, de fecha 16 de julio del 2025, mediante la cual se le comunica a la Asociación Amigos de Dios que: " ejecuto obras no apropiadas conforme a las aprobadas por la municipalidad de Goicoechea y se le indica claramente que debe eliminar toda estructura en zona de protección, dándole 24 horas para que normalice y corrija”. Lastimosamente la notificación y su mandato se quedó en el papel. Consideramos que no es procedente el actuar del Alcalde y del Ingeniero Municipal, quienes, a la luz del derecho, de la normativa vigente que conocen a perfección han violado los derechos constitucionales que nos asisten y al principio de legalidad. Para los vecinos de San Francisco que realmente nos interesamos por el distrito, por su desarrollo y sobre todo por la aplicación de la normativa y principalmente en este caso de seguridad ciudadana y prevención de desastres ambientales es que solicitamos a la Sala Constitucional nos escuche y se haga cumplir el mandate constitucional” (sic). Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

2.- Mediante resolución de las 14:48 horas del 10 de setiembre de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso al presente asunto.

3.- Informa bajo juramento Mario Iván Rojas Sánchez, en su condición de director de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicochea, lo siguiente: “De acuerdo con el Recurso de Amparo presentado por el Sr. Nombre130405, cédula de identidad CED74585, y Nombre130406, cédula de identidad CED74586 contra la Municipalidad de Goicoechea, en donde se solicita la documentación disponible en relación con los demandantes contra la Asociación Amigos de Dios, por el trámite reciente de un permiso de construcción de un cobertizo en la propiedad con plano de catastro SJ-1372252-2009, situada en el Dirección10687 y que colinda al Sur con los demandantes y al Norte con la Quebrada Cangrejos, al respecto se le remite la documentación disponible en esta Dirección para su análisis, debiéndose señalar que en este caso se ha involucrado al AyA, al SINAC, a la CNE, CFIA, al Ministerio de Salud, MSP, al Tribunal Ambiental Administrativo, TAA, a la Dirección de Aguas, DA y en todos los casos no se ha obtenido una prueba científica contundente que implique que la actual construcción este generando algún problema a la tubería de aguas negras del AyA, la descarga indebida de aguas residuales a dicha quebrada o la invasión a la zona de protección de ríos estipulada en el artículo 33 de la Ley Forestal.”.

4.- Informa bajo juramento Fernando Chavarría Quirós, en su condición de alcalde de Goicochea, lo siguiente: “Señores Magistrados, rendimos el informe solicitado con base en el oficio MG-AG-DI-02635-2025, del 19 de setiembre de 2025, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea, dirigido a esta honorable Sala Constitucional, en donde presenta su informe respecto de este recurso de amparo e incluso aporta como prueba el expediente administrativo de este caso, en donde consta el permiso de construcción de un cobertizo en la propiedad de la Asociación Amigos de Dios, con plano catastrado SJ-1372252-2009, situada en el distrito de San Francisco y que colinda al sur con los aquí recurrentes, señor Nombre130406 y Nombre130405, y al norte con la quebrada Cangrejos. En este asunto ha intervenido Acueductos y Alcantarillados, Sinac, la Comisión Nacional de Emergencias, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, el Tribunal Ambiental Administrativo, la Dirección de Aguas, y otras instituciones públicas y en todos los casos no se ha obtenido una prueba científica contundente, que implique que la actual construcción desarrollada por la Asociación Amigos de Dios, esté generando algún problema a la tubería de aguas negras del AYA, la descarga indebida de aguas residuales a dicha quebrada, o la invasión a la zona de protección de ríos, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Forestal. Dentro del expediente administrativo remitido por el Ingeniero Municipal, con relación a este asunto, se tiene que la Asociación Amigos de Dios, cuenta con permiso de Construcción N° 0146-2024, para la obra de área techada (galera abierta), existen fotografías de dicha obra, por lo que actualmente se encuentra a derecho en sus trámites con el Municipio, de dicha tramitación consta la documentación en dicho expediente administrativo, por ello consideramos que no existe controversia y peligro en la zona de la Quebrada Cangreja, por ello existe el retiro debido de lo construido con la zona de protección. Señores Magistrados, los recurrentes no establecen un nexo causal entre la construcción con permiso municipal desarrollada por la Asociación Amigos de Dios y las supuestas situaciones que según indican suceden en el invierno en la zona, que generan perdidas en los bienes de los vecinos de la zona, o bloqueos del cauce de la Quebrada. Los recurrentes no desarrollan este alegato para que podamos referirnos al respecto, no entendemos como la obra en cuestión, podría provocar estas situaciones. En virtud de la omisión del recurrente a detallar al respecto, comprenderán que es imposible poder referirnos a esto. Ahora bien, en cuanto a la notificación N° 15376 A del 16 de julio de 2025, que señala el recurrente, revisada la misma obedece es por cuanto ejecutó obras no aprobadas por la Municipalidad, pero esto se trata del cerramiento de estructura, la colocación de una malla, sobre lo cual se le apercibió de eliminar dicha estructura, visible a folio 72 del expediente administrativo. Así las cosas, esta Municipalidad, como consta en su oficio MG-AG-DI-01971-2025, del 17 de julio de 2025, suscrito por el Ing. Mario Ivan Rojas Sánchez, Director de Ingeniería Municipal, dirigido a la Asociación Amigo de Dios, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Construcciones, le otorga un plazo de 30 días hábiles, para que tramite el permiso correspondiente y se ajuste a derecho. Posteriormente, debido al incumplimiento de la asociación, mediante oficio MG-AG-DI-02429-2025, del 02 de setiembre de 2025, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sanchez, Director de Ingeniería Municipal, dirigido a la Asociación Amigo de Dios, con fundamento en el artículo 94 de la Ley de Construcciones, le otorga un plazo de 8 días hábiles, para que tramite el permiso correspondiente y se ajuste a derecho. Señores Magistrados, consta en el oficio MG-AG-DI-02486-2025, del 04 de setiembre de 2025, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería Municipal, dirigido a la Asociación Amigo de Dios, visible a folio 075 del expediente administrativo, que se archiva la boleta N° 15376 A por cerramiento de estructura, siendo que ya se demolió lo ordenado por este Municipio, o sea, se dio el cumplimiento por parte de la Asociación en cuanto a las obras realizadas Sin Permiso de Construcción. En resumen, el cobertizo realizado por la Asociación Amigo de Dios, cuenta con permiso de construcción. Si bien, dicha asociación había realizado un cerramiento de estructura que carecía de permiso de construcción, en cumplimiento de nuestras competencias funcionales, realizamos los apercibimientos con fundamento en la Ley de Construcciones y la asociación demolió dichas obras. Asimismo, esta Municipalidad así como las instituciones públicas citadas supra, no han encontrado pruebas contundentes que impidan la actual construcción del cobertizo realizada por la asociación, ni mucho menos que esa infraestructura de poco más de 50 metros cuadrados, sea el origen de la problemática que denuncian los recurrente, incluso queda demostrado que estos recurrentes no establecieron un nexo causal entre los desastres ambientales que detallan y la construcción que nos ocupa, para poder profundizar al respecto y referirnos puntualmente a esto. Finalmente, el Ingeniero Municipal adjuntó en su informe, el expediente administrativo en donde consta que la obra ejecutada por la Asociación Amigo de Dios, tramito debidamente y cuenta con permiso de construcción emitido por esta Municipalidad”.

5.- Informa bajo juramento Gloriana Carmona Seravalli, en su condición de presidenta del Concejo Municipal de Goicochea, lo siguiente: “1. El Concejo Municipal de Goicoechea no es el órgano competente para otorgar, denegar ni fiscalizar permisos de construcción, pues dichas atribuciones corresponden a la Alcaldía y a la Dirección de Ingeniería y Urbanismo, conforme al Código Municipal y la Ley de Construcciones, estas acciones que son eminentemente técnicas son responsabilidad de la Administración Activa en virtud de lo establecido en los numerales 17 del Código Municipal, 66 y 129 de la Ley General de la Administración Pública. 2. En lo que respecta a la situación descrita por los recurrentes, este Concejo ha conocido la información que han presentado y la ha traslada efectivamente a los órganos técnicos que tiene la función de resolver sobre este asunto. 3. El Concejo Municipal dentro de sus funciones establecidas en el numera 13 del Código Municipal y atendiendo a la diarquía municipal, que expresamente establece una distribución interna de competencias con la Alcaldía Municipal, no tiene competencia técnica ni legal para determinar la ubicación de obras en relación con áreas de protección de cauces o quebradas, siendo esta valoración exclusiva de la Dirección de Ingeniería y Urbanismo de la Municipalidad cuyo jerarca en virtud del numeral 17 del Código Municipal es el Alcalde Municipal, y además deben participara otros entes u órganos según las particularidades del caso, tales como el INVU, la Nombre3763 y de la Comisión Nacional de Emergencias. 4. El Concejo Municipal ha actuado dentro del marco de sus competencias legales, circunscribiéndose a las funciones deliberativas y de fiscalización política que le asigna el artículo 13 del Código Municipal. 5. En ningún momento esta Presidencia, ni el Concejo en pleno, ha denegado información, ni ha emitido resoluciones administrativas sobre el permiso de construcción cuestionado dado que no tiene competencia efectiva para invadir estas áreas técnicas. 6. Por lo tanto, no existe una acción u omisión atribuible al Concejo Municipal que pueda configurar una lesión a derechos fundamentales de los recurrentes. 7. Que desde la sentencia No. 2012-00975 de las 09:05 hrs. de 27 de enero de 2012, en materia ambiental, cuando hay intervención administrativa previa, mediante el dictado de actos administrativos de diversos entes y órganos públicos, remito el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo cual se puede valorar las intervenciones realizadas por la Municipalidad de Goicoechea para atender el asunto bajo estudio de la Sala para ponderar la aplicación de dicho criterio”.

6.- Informa bajo juramento Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, lo siguiente: “Primero: Que en el mes de Marzo del 2025, Nombre130406, solicitó al Alcalde Municipal de Goicoechea le brindara información, sobre la tramitación de un permiso de construcción a nombre de la Asociación Amigos de Dios, esto en razón de que existe un área de gran controversia y peligro en la zona de la Dirección10686 y el propietario registral sin resguardo de zonas de protección ha construido una iglesia, esta información fue brindada a medias a la Sala Constitucional y donde hoy en día se encuentran terminando la construcción; sin embargo existen estudios de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que señalan que se construyó en un área de protección. No nos consta las manifestaciones de los recurrentes de haber solicitado al Alcalde Municipal que les brindara información, sobre la tramitación de un permiso de construcción a nombre de la Asociación Amigos de Dios, ya que según estos existe controversia y peligro en la zona de la quebrada la Cangreja y el propietario registral sin resguardo de zonas de protección ha construido una iglesia y de que esta información se le ha brindado a medias a la Sala Constitucional y que hoy en día se está terminando la construcción. Donde se hace la aclaración que la única institución facultada para emitir permisos de construcción es la Corporación Municipal de la Zona. En cuanto a lo señalado sobre mi representada efectivamente se emitió el informe técnico CNE-UIAR-INF-0585-2025, denominado “Valoración de riesgo de estructura en margen de Quebrada Cangrejos en San Francisco de Goicoechea”, donde se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones: “(…) V. Conclusiones A. Aparentemente la estructura no ha sido concluida y no está habitada. B. La obra se encuentra dentro de la zona de protección de la quebrada Cangrejos. C. El día de la visita no se observó evidencias de erosión; no obstante, la vulnerabilidad a esta amenaza es alta; sobre todo en la época lluviosa VI. Recomendaciones A. Se deberá dar parte a la Municipalidad de Goicoechea para que actúe según su competencia y verifique si las obra cuenta con los permisos respectivos, de no ser así la estructura deberá ser demolida. “(La letra, cursiva y negrita no corresponden al original) Segundo: Que el alcalde mediante oficios MGAG-02712-2025 adjunta únicamente el oficio MG-AG- DI-1075-2025, suscrito por el Ingeniero Municipal quien en solo siete líneas de escritura expone lo siguiente: que la construcción avalada por la Municipalidad de Goicoechea no afecta la servidumbre del Alcantarillado Sanitario del AyA. El otro oficio del Alcalde MG- AG-2679 me adjunta el oficio MG- AG- DI- 01080 -2025 en donde el Ingeniero Municipal informa que la Asociación Amigos de Dios está construyendo con permisos de construcción, respetando la zona de cause; posterior a otras notas emitidas por Nombre130406 a diversas instituciones estatales, como MINAE, COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS, SETENA, A y A, Concejo Municipal de Goicoechea por la problemática que ha existido por más de 15 años en la zona por la Quebrada la Cangreja y las afligidas historias que suceden en el invierno en la zona, que generan perdidas en los bienes de los vecinos de la zona, o bloqueos del cauce de la Quebrada, después del oficio MG-AG 04010-2025, que adjunto como prueba, suscrito por el Alcalde Municipal que comunica al Concejo Municipal de Goicoechea el oficio suscrito por el Ingeniero Municipal Mario Iván Rojas Sánchez que señala que: “lo existente es una polémica entre vecinos, donde trata de minimizar la denuncia interpuesta por mi persona en protección del medio ambiente, señala además el Ingeniero que el permiso de las obras existe y en el seguimiento de esta obra no se han identificado invasiones a la zona de protección a la zona de protección de la Quebrada Cangrejos”, y es aquí donde se da un hecho inédito como lo es la notificación numero 15376 A que adjunto como prueba, de fecha 16 de julio del 2025, mediante la cual se le comunica a la Asociación Amigos de Dios que: "ejecutó obras no apropiadas conforme a las aprobadas por la municipalidad de Goicoechea y se le indica claramente que debe eliminar toda estructura en zona de protección, dándole 24 horas para que normalice y corrija”. Lastimosamente la notificación y su mandato se quedó en el papel. Consideramos que no es procedente el actuar del alcalde y del ingeniero municipal, quienes, a la luz del derecho, de la normativa vigente que conocen a perfección han violado los derechos constitucionales que nos asisten y al principio de legalidad Para los vecinos de San Francisco que realmente nos interesamos por el distrito, por subdesarrollo y sobre todo por la aplicación de la normativa y principalmente en este caso de seguridad ciudadana y prevención de desastres ambientales es que solicitamos a la Sala Constitucional nos escuche y se haga cumplir el mandato constitucional.” En cuanto a estas manifestaciones en su mayoría no nos consta y es una situación que deben de acreditar los recurrentes frente a las acciones de la Corporación Municipal de Goicoechea como dueña y gendarme de su territorio, no solo con capacidades de Administración Tributaria, sino el deber velar por bienes jurídicos superiores de las y los ciudadanos del cantón y de que tengan un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por otra parte, queremos dejar patente que en cuanto a la CNE no se registran envíos de dichas observaciones a ninguno de los medios oficiales que se encuentran dispuestos por nuestra institución en la página web, para realizar y recibir comunicaciones por parte de los administrados. Lo anterior, puede ser corroborado por lo honorables magistrados ya que no existe prueba que así lo acredite. Es decir, en ningún momento se les ha violentado a los recurrentes su derecho de una pronta respuesta y mucho menos de una situación tan grave como la señalada (en grado de presunción), lo cual es de competencia absoluta de la Corporación Municipal de Goicoechea y la SETENA. Asimismo, volvemos a ratificar lo señalado en el informe técnico CNE-UIAR-INF-0585-2025, denominado “Valoración de riesgo de estructura en margen de Dirección10688 en San Francisco de Goicoechea”. ANTECEDENTES DE INTERÉS 1. De la Gestión del Riesgo en Costa Rica: Según la Ley № 8488, titulada “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, artículo 4, se entiende a la gestión de riesgo como un “…proceso mediante el cual se revierten positivamente las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias…” En el mismo sentido, la gestión del riesgo se define como un “proceso continuo de análisis, planificación de la toma de decisiones y ejecución de acciones para identificar, prevenir y reducir las posibilidades de que un evento potencialmente destructivo (amenaza) cause daño o perturbación grave en la vida de las personas, el tejido socioeconómico, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios, así como establecer las herramientas para responder de forma adecuada, en caso de que de todas formas se materialice un impacto, con el objetivo de permitir una recuperación eficiente, sin reconstruir la vulnerabilidad, después de un desastre”. La gestión de riesgo presenta ámbitos distintos de intervención: desde lo nacional, regional y sectorial hasta lo local, comunitario y familiar. Además, requiere la existencia y el funcionamiento de sistemas y estructuras organizacionales e institucionales que representan esos ámbitos y que reúnan, bajo modalidades de coordinación establecidas, sus papeles diferenciados acordados, sus instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que participan en la construcción del riesgo y en su reducción, previsión y control, deben ser definidas adecuadamente. La gestión de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entendido este como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada. Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. De la anterior definición se deduce: 1- Que el riesgo es transversal al quehacer de todas las actividades tanto públicas como privadas, 2- Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense, 3- Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan. De igual forma al elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se deberá considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 8488. Como puede extraerse de lo hasta aquí expuesto, la Comisión cumple con una función rectora en prevención de riesgos y una función coordinadora cuando de atender emergencias se trate, o, dicho de otra forma, la Comisión por principio de legalidad, le corresponde dirigir, orientar, encaminar la prevención del riesgo en Costa Rica y ser la coordinadora de las instituciones estatales cuando de emergencias se trate. 2. Responsabilidad del Estado Costarricense en la Prevención de Desastres: La Ley № 8488 también concibe la gestión del riesgo como “…un eje transversal de la labor del Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control” (Artículo № 5, Ley № 8488). Con base en lo dispuesto en los artículos 3, 8, 25 y 26 de la misma ley, todas las instituciones del Estado, incluyendo principalmente a las Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y, en particular, son los gobiernos locales quienes deben incorporar la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano, considerando en sus programas los conceptos de riesgo y desastre incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Del mismo modo, todas las instituciones públicas deben coordinar con la CNE sus programas y actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Disponiéndose adicionalmente en el artículo 27, la obligación de que, en los presupuestos de cada institución pública, se incluya la asignación de recursos para el control del riesgo de los desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. La importancia de la corresponsabilidad y compromiso local de la gestión del riesgo por parte de las municipalidades radica en que las emergencias y posibles desastres se pueden materializar en sus territorios, por lo que su reacción y sobre todo la prevención deben ser propias de su quehacer cotidiano. Aún los desastres “grandes” que afectan el territorio nacional, son en realidad la suma de amenazas y vulnerabilidades que ocurren de manera simultánea, localizada y altamente dinámica, en el territorio municipal, producto de la concatenación de las relaciones físicas, sociales, económicas y políticas. El Estado tiene entre sus misiones el prevenir la realización de riesgos que puedan afectarlo o afectar a su población. Debe ejercer una labor preventiva dirigida a evitar que las personas y bienes sufran daños por causa de un siniestro: se protege para evitar que la vida o la salud de las personas o su patrimonio sufran daños. Ciertamente, la emergencia no puede evitarse, pero sí pueden atenuarse sus efectos, para lo cual se requiere una labor de prevención. Y es que la imprevisión, es decir el no prever que “X” situación puede producirse y el no actuar para evitarla, entraña un riesgo para la vida, salud y seguridad de las personas y los bienes de éstas. Se comprende que ninguna Administración Pública puede evitar que una calamidad pública se produzca, pero sí puede imputársele responsabilidad por no prever las consecuencias que esa calamidad pueda generar. Lo que nos indica que el ordenamiento obliga a todo organismo público, pero particularmente a la Comisión a actuar antes de que la emergencia se presente y no sólo a actuar, sino esencialmente a planear y tomar acciones para evitar que, si ésta se presenta, produzca daños en personas y bienes (Dictamen N. C-213-2014 de 1 de julio de 2014). 3. Potestades y Responsabilidades de los Gobiernos Locales en la Prevención de Riesgos Mediante el Ordenamiento Territorial: Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Este deber insoslayable ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la República, entre ellos, el C-093-2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de enero de 2009, el C-118 2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del 01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, y varios más en la misma tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en resoluciones como las número 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004 01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005-07516, entre muchas otras. Al respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la República: "La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo." Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la posición de la Procuraduría General, como la resolución N°128-2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, la N°209-2011, de las 14:30 del 16 de junio del 2011, y la N°124-2011, de las 09:50 minutos del 15 de abril del 2012, entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial. El Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011 denominado: “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas” que textualmente concluye indicando: “a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución N.º 12485-2010 de la Sala Constitucional. ii. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso. Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales deberán velar por el acatamiento de estas disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada por las Auditorías Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente. (…) d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensoría de los Habitantes. e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de amenazas naturales del país (disponible en la página Web, www.cne.go.cr) en el diario oficial y en un diario de circulación nacional.” (El subrayado no es del original). En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad de Goicoechea, como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines y de la protección del bien jurídico más importante a tutelar por el Estado Costarricense, cual es la vida humana y la integridad física de las y los ciudadanos del cantón, el resguardo de la infraestructura pública y el libre tránsito. 4. La Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en Costa Rica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tiene varias competencias clave relacionadas con la evaluación y gestión ambiental de proyectos, obras y actividades. Sus principales funciones incluyen la armonización entre el impacto ambiental y los procesos productivos, la evaluación de estudios de impacto ambiental, y la resolución de asuntos ambientales. La índole de funciones que tiene a su cargo la SETENA, especialmente la valoración de estudios de impacto ambiental, la lleva a tomar algunas decisiones administrativas que pueden tener incidencia sobre el territorio nacional, y por ende, el ámbito espacial sobre el que ejercen jurisdicción las municipalidades. Esas atribuciones, como lo ha reconocido la Sala Constitucional, no lesionan la autonomía de las municipalidades, las cuales no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su legislación de desarrollo; más aún en materia tan sensible como la protección al ambiente. El deber de coordinación a que se refiere el artículo 6° del Código Municipal entre las municipalidades y los demás entes u órganos del Estado no permite a aquellas, salvo que así estuviera legalmente dispuesto, sustituir o coactar en la toma de las decisiones que son del resorte único de las entidades u organismos nacionales. Así, por ejemplo, en el caso de la SETENA, no podrían las municipalidades emitir sus propias viabilidades ambientales en sustitución de las expresamente asignadas a aquella, ni dictar resoluciones conjuntas aprobando o desaprobando estudios de impacto ambiental (distinta es la hipótesis en que estas corporaciones locales participan en los trámites ante la Nombre3763 para suministrar información que consideran oportuna sea analizada por ésta). Mucho menos el principio de coordinación puede implicar que las decisiones de la Nombre3763 pierdan su carácter eminentemente técnico y objetivo, aunque eso conlleve a que sus resoluciones no coincidan en algunos casos con el interés de las municipalidades. La trascendencia que tiene el hecho de que la Nombre3763 remita un extracto de las evaluaciones de impacto ambiental recibidas por ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizarán las obras, las actividades o el proyecto a que se refieren, es que tales corporaciones municipales puedan hacer las observaciones que estimen oportunas dentro de los expedientes administrativos en que se analizan tales evaluaciones, a fin de que sean valoradas por la propia SETENA. Con ese mismo objetivo, pueden las municipalidades poner en conocimiento de las comunidades involucradas la existencia de tales evaluaciones, con el propósito de que las personas que así lo estimen conveniente se apersonen ante la misma municipalidad o bien directamente ante la Nombre3763 en defensa de sus intereses locales. De conformidad con el mismo artículo 22 referido, las municipalidades, como entidades públicas que son, tienen derecho a ser escuchadas por la Nombre3763 en cualquier etapa del proceso de evaluación y sus observaciones serán incluidas y valoradas para el informe final. Esto quiere decir que sí está obligada la Nombre3763 a considerar las manifestaciones que le presenten las municipalidades en los expedientes de evaluaciones de impacto ambiental, pero no se encuentra vinculada por ellas. En todo caso, se recuerda, las resoluciones que emita la Nombre3763 deben ser fundadas y razonadas (artículo 19 de la Ley No. 7554). En caso de que alguna municipalidad no esté de acuerdo con algún componente específico de una evaluación de impacto ambiental aprobada por Nombre3763 por considerar que la misma afecta o vulnera sus competencias, el artículo 87 de la Ley No. 7554 prevé la posibilidad de presentar recurso de revocatoria contra el acuerdo firme de la Nombre3763 y de apelación ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido por la Ley General de la Administración Pública; sin perjuicio de acudir también ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses. Además, y según el numeral 22 de esa Ley, las municipalidades siguen teniendo el derecho a ser escuchadas en la fase operativa de la obra o el proyecto; toda vez que, como se sabe, podría darse el caso de que en esa etapa puedan producirse actos lesivos al ambiente, que impliquen la reconsideración en la toma de decisiones administrativas. 5. Sobre las Competencias y Responsabilidades de la CNE: La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia; es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personería jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio. Su domicilio está en la Dirección10689, donde tiene su sede principal. Las acciones de la CNE deben orientarse de conformidad con los principios que establece la Ley N° 8488 en el Artículo 3, entre ellos estado de necesidad y urgencia entendido como la situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal; protección de la vida, considerando que quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir y finalmente prevención, como la acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres; por su misma condición estas acciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio. Acciones ordinarias y extraordinarias tienen como principio fundamental del accionar la protección de la vida, no solo de los costarricenses sino de todo habitante o residente en el país. En efecto, el artículo 3 de la Ley establece como principio fundamental esa protección de la vida. Empero, la enunciación del principio no limita la protección a la vida y la integridad física de la persona que se encuentre en el territorio nacional. Por el contrario, la protección de la vida es comprensiva de la protección del ambiente y de los bienes de las personas residentes, independientemente de su nacionalidad. Protección de la vida, de la integridad física, del patrimonio y seguridad que están en la base de otros principios establecidos en orden a la atención de las emergencias y situaciones de riesgo, como sucede con el principio de solidaridad. Dentro de sus competencias ordinarias, según la Ley N°8488 se encuentra la obligación de: “Artículo 14°- Competencias ordinarias de prevención de la Comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir con las siguientes competencias: (…) c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra, conforme el artículo 36 de esta Ley. (…) g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, mediante el estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y alerta, que permitan prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles sucesos de desastre. Además, en caso necesario, coordinar la vigilancia y el manejo de tales situaciones. (…)” Del mismo modo, tiene definidas sus competencias extraordinarias, en el artículo 15 que textualmente indica: “Declarado el estado de emergencia establecido en el artículo 29 de esta Ley corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. Para ello, deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes acciones: a) La coordinación, la dirección y el control de la atención de las emergencias declaradas así por el Poder Ejecutivo, se realizarán según las fases definidas en el artículo 30 de esta Ley; para ello la Comisión, por medio de la Dirección Ejecutiva, deberá elaborar el Plan General de la Emergencia, según los términos referidos en el Capítulo VI de esta Ley. b) Debe coordinar la evaluación de los daños, para lo cual las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los Gobiernos Locales y las empresas estatales serán responsables de evaluar los daños y coordinar su realización con la Comisión. c) Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de salvamento de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. d) Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el Plan, así como los programas de recuperación física y económica, y darles el seguimiento necesario. e) Nombrar como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo su ámbito de competencia, la ejecución de las obras definidas en el Plan General de la Emergencia y supervisar su realización. f) Contratar al personal especial que requiera por periodos determinados y conforme a la declaración de emergencia. Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de la zona” (el subrayado no es del original) De conformidad con la normativa expuesta, para el caso particular la CNE; no tiene injerencia en la problemática expuesta. Como se establece a continuación. 6. Sobre el caso concreto: Una vez revisado y analizado lo peticionado y de acuerdo con el cuadro fáctico expuesto, se logra colegir con meridiana claridad, que la situación que presenta la recurrente refiere a una denuncia por una supuesta afectación de zona de protección forestal y bienes comunes, además de otorgamiento de permisos de construcción en zona no autorizada, entre otros, sin tener que ver con situaciones propias dentro del marco de nuestras competencias dispuesta por ley No.8488, y donde no existe una situación donde a mediado un decreto por emergencia nacional ni donde la supuesta afectación se encuentre reportada en algún Plan General de la Emergencia, por alguna de las instituciones señaladas supra, a quienes por sus competencias y rectoría les corresponde su atención. En este sentido, de acuerdo con lo denunciado, debe ser de vigilancia directa por parte de la Corporación Municipal de Goicoechea como dueña y gendarme de su territorio, no solo con capacidad de administración tributaria, sino de resguardo de las tutelas y derechos fundamentales de sus administrados, procurando como el bien jurídico más importante a tutelar la vida humana y la integridad física de las y los ciudadanos, así como que estos se encuentren en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, al versar la situación sobre una supuesta actividad de protección ambiental deben de confluir competencias de otras instituciones como la Secretaría técnica Ambiental dentro del principio de coordinación arriba señalado. En este sentido, la atención de situaciones ordinarias de otros entes de gobierno no puede ni debe de ser dada por la CNE; ya que de ser así resultaría el sustituir la atención de su actividad propia de competencias, por un régimen por excepción, lo cual a todas luces es improcedente. A mayor abundamiento, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de su voto No.3410 92 de las 14 horas cuarenta y cinco minutos, de 10 de noviembre de 1992, reiterado en el voto No.1369-2001 de las 14 horas 30 minutos de 14 de febrero del 2001, y donde dicha línea jurisprudencial se ha mantenido, ratificado y fortalecido hasta la fecha, en un sin número de dimensionamientos más, señala lo siguiente: “Se le puso término a la práctica viciosa del Poder Ejecutivo y de otras instituciones, de declarar como estado de necesidad y urgencia cualquier actividad ordinaria propia de la prestación de servicios públicos que lo sumo podrían enmarcarse como de mera urgencia para excepcionar la aplicación de procedimientos ordinarios.” Consecuentemente, la Sala Constitucional estimó que las inversiones en servicios y obras públicas “ XIX.-…escapan al concepto de “estado de necesidad y urgencia” y por el contrario, todas ellas conforman la materia que ordinariamente debe atender, por los cauces normales de nuestro ordenamiento jurídico, toda la Administración Pública…Pero sustituir el ordenamiento jurídico vigente y aplicable, por un medio expedito que permita sustraerse de la normativa de control, no solo resulta contrario a lo que dispone el artículo 180 de la Constitución Política, sino además, al artículo 184 ibidem, en lo que atañe a la funciones ordinarias atribuidas a la Contraloría General de la República. La Sala está obligada a distinguir, por lo expresado en tres conceptos “el estado de necesidad y urgencia”, tal cual lo concibe la Constitución Política; “la urgencia” en satisfacer necesidades colectivas, motivadas en razones metajurídicas y la “urgente necesidad” de mejorar servicios públicos, QUE POR LA MISMA ACTIVIDAD DE LOS ENTES PÚBLICOS Y POR LA FORMA COMO LOS HA ADMINISTRADO, SE HAN COLOCADO EN ESTADO DE INMINENTE NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO. Los dos últimos son problemas atinentes a la forma cómo los concibe y realiza el Poder Ejecutivo, QUE DEBE DE RESOLVERLOS POR LOS CAUCES JURÍDICOS ORDINARIOS; el primero, es la excepción constitucional que no puede ser alterada, ni por ley ordinaria, ni por simples decretos.” (La letra, cursiva y mayúscula no corresponden al original) Bajo este orden de ideas, se recomienda una adecuada comunicación y actuación conjunta y debidamente coordinada entre las autoridades de Corporación Municipal de Goicoechea y la Secretaría Técnica Ambiental, pues como actores principales del caso bajo estudio, están en el deber de hacer confluir sus competencias hacia un mismo fin, de forma concertada y sistémica, para que la situación presentada por los recurrentes se esclarezca y se logre determinar la verdad real de los hechos. Por tanto, la CNE; no ha violentado tutela constitucional alguna a los recurrentes y donde esta Comisión se encuentra inhibida de establecer medidas de carácter ordinario ni extraordinario ya que, por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, no se acredita una situación de emergencia nacional (por un estado de necesidad y urgencia), sino por el contrario, la problemática debe de ser abordada por los cauces normales y ordinarios de los entes competentes en esa materia”.

7.- Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), lo siguiente: “Analizados los argumentos indicados en el recurso de amparo, me permito informar que, una vez revisadas nuestras bases de datos, incluido el visor de expedientes digitales, no se ha encontrado un expediente vigente para algún proyecto con las descripciones indicadas en la resolución sobre la cual se nos dio curso del expediente constitucional, sea a nombre de la "Asociación Amigos de Dios" o bien construcciones de Iglesias ubicadas en San Francisco de Goicoechea y sobre la zona de la Quebrada Cangreja o Cangrejos . Por otro lado, revisando el visor de expedientes estos son los expedientes que se visualiza cerca de la Quebrada Cangrejos: (…) Así mismo, se informa que el accionante Nombre130406, ingresó una gestión con consecutivo 3350-205, el pasado 03 de abril del 2025, donde solicitaba la intervención de la SETENA, por los mismos hechos que se alegan en el presente recurso de amparo, a lo cual Nombre3763 una vez verificado que no existía expediente administrativo abierto en esta Secretaría, en aplicación del artículo 111 de la ley Orgánica del Ambiente procedió a remitir el caso a dicho Tribunal por medio del oficio SETENA-SG-0480-2025, notificado el 21 de abril del 2025, y con copia del denunciante donde se indicó: Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) Correo Electrónico: ...791 Asunto: Traslado de denuncia ambiental. Reciban un cordial saludo. Esta Secretaría ha recibido consecutivo N° 03350-2025 donde Nombre130406, interpone denuncia formal sobre lo siguiente: “OBRAS EN TERRENO COLINDANTE CON QUEBRADA LA CANGREJA QUE PONEN EN RIESGO LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO” Se ha determinado que no existe expediente administrativo relacionado a esta Secretaría sobre los hechos denunciados. Por tanto, en acato a lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Artículo N° 60, la Nombre3763 procede al traslado de la denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), sin que por ese hecho sea considerado parte activa del proceso. Se adjunta la denuncia interpuesta de forma digital a través del Portal de Recepción de Documentos. Posteriormente, el 29 de agosto ingresó el consecutivo 08592-2025, de parte del señor Nombre130406, donde adjunta, una denuncia dirigida al Consejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, donde hace una denuncia en relación a varios oficios y gestiones generadas en dicho municipio sobre el mismo tema, al cual se le dio respuesta por medio de oficio SETENA-DT-ASA-2152-2025 del 05 de setiembre de 2025, y notificado el 08 de setiembre del 2025, en el cual se le indicó: . …Asunto: Respuesta gestión 08592-2025 Reciba un cordial saludo. El pasado 04 de abril se le dio respuesta a su gestión ingresada 03350-2025. Indicándole, lo correspondiente según nuestra normativa, bajo el Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Artículo N° 60. Se le recuerda que su denuncia ya fue trasladada al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y copiado el traslado a su correo electrónico, bajo el oficio SETENA-SG-0480-2025, por lo tanto, debe darle seguimiento en esa Institución… Se hace imperativo señalar que la ejecución previa de las obras contravendría el principio de predictibilidad, conforme a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. En consecuencia, si la viabilidad ambiental resultase ser un requisito indispensable para el proyecto, su otorgamiento se vería imposibilitado. No obstante lo anterior, el análisis pormenorizado de los factores ambientales y sus potenciales implicaciones quedará supeditado a la presentación formal del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental y los estudios técnicos que le correspondan, momento procesal oportuno para su valoración”.

 8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.             

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

I.- Objeto del recurso. Los recurrentes cuestionan la actuación de la Municipalidad de Goicoechea en relación con la tramitación y fiscalización de un permiso de construcción otorgado a favor de la Asociación Amigos de Dios, en un inmueble ubicado en las cercanías de la Dirección10686. Sostienen que, pese a sus reiteradas gestiones de información y denuncia, la autoridad municipal se ha limitado a brindarle respuestas parciales y genéricas, basadas en oficios técnicos que, a su criterio, no atienden de manera integral las advertencias emitidas por otras instituciones públicas, en particular la Comisión Nacional de Emergencias, sobre la eventual afectación de zonas de protección y el riesgo existente en el área. Afirman que, aun cuando posteriormente se dictó una orden administrativa dirigida a la asociación constructora para eliminar estructuras ubicadas en zona de protección, dicha orden no fue ejecutada ni fiscalizada de forma efectiva por la Municipalidad, permitiéndose la continuación de las obras. En ese contexto, estiman que las autoridades recurridas han minimizado indebidamente la problemática planteada, calificándola como una controversia vecinal, sin ejercer las potestades de control y tutela ambiental que les corresponden conforme al ordenamiento jurídico. Con base en lo anterior, los recurrentes consideran que las actuaciones y omisiones atribuidas a la autoridad municipal vulneran derechos fundamentales, en particular el principio de legalidad y los deberes constitucionales de protección ambiental, por lo que solicita la intervención de este Tribunal para que se ordene el cese de las irregularidades denunciadas y se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.

II.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia que describe una problemática ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de la municipalidad accionada. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)    La estructura desarrollada por la Asociación Amigos de Dios en el cantón de Goicoechea, distrito de San Francisco, coordenadas Dirección10690: 528.600 E / 214.100 N, cuenta con permiso de construcción n.°0146-2024 (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital).

b)    El 21 de marzo de 2025, el recurrente Nombre130406 presentó una denuncia ante el alcalde de Goicoechea. En dicha denuncia, señaló lo siguiente: “Un atento saludo y deseos de éxito en su gestión en pro de Goicoechea, acudo ante su persona para que conozca y recuerde una difícil situación que ha pasado durante más de quince años y continua en la actualidad en el distrito de San Francisco, al paso del tiempo he interpuesto mis denuncias en la Municipalidad que usted tan diligentemente dirige en este momento, así como quejas y preocupaciones, también en su momento ante diversas instituciones por eventos que han sucedido en el terreno de la Asociación Amigos de Dios ubicado de la Dirección10691 200 metros al norte, 100 metros al este y 25 metros al norte a mano derecha contiguo a la Dirección10692 y la insistencia de realizar una construcción al margen de la ley que está colocando en riesgo inminente no solo a los vecinos, sin el cauce de la Quebrada Los Cangrejos, esto por ser un terreno que en el año 2005 el pastor Gerardo Rodríguez rellenó para ampliar sus dimensiones (ver en ese sentido oficio suscrito). Es de conocimiento general que esa zona es de alto riesgo por las inundaciones y problemas que cada año sufre la Quebrada Los Cangrejos por las lluvias, y hoy acudo nuevamente porque la problemática se aumenta con la construcción que está levantando actualmente el pastor Gerardo Rodríguez en el terreno que colinda con mi casa (ver fotografía adjunta), sin prever las áreas de reserva obligatorias y contempladas las mismas en la Ley Forestal número 7575, en el artículo 33, que cita las áreas de protección y en su literal b) señala lo siguiente: “Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado…”, asimismo se han dejado de lado los criterios de años atrás sobre este mismo tema de SETENA, MINAE, CNE, SINAC, MINISTERIO DE SALUD, FISCALIA AMBIENTAL, AYA, DEFENSORA DE LOS HABITANTES, los cuales deben constar en los expedientes municipales y que han sido emitidos desde el año 2009 y en repetidas ocasiones al paso de los años por lo vulnerable de la zona y la insistencia del pastor Rodríguez, representante de la Asociación Amigos de Dios de construir en un área compleja que delimite natural la Quebrada Los Cangrejos, así como una servidumbre de Acueductos y Alcantarillados y con el paso del tiempo y las emergencias suscitadas en la zona la Quebrada ha cambiado su curso y por ende la propiedad de la Asociación supra indicada se ve modificada por ser un margen o lindero natural. Es digno de aclarar que cuando el Nombre130407 adquiere esa propiedad la compró con las limitaciones de la servidumbre y el límite cambiante natural de la Quebrada Los Cangrejos. Los Ingenieros Municipales que han estado al frente de la Ingeniería Municipal al paso de todos estos años de lucha, todos los Alcaldes desde el primero y hoy día usted, funcionarios municipales de las diversas áreas de interés en el tema, todos han conocido la problemática, pero por alguna extraña razón no actuaron en el pasado, desconozco si en esta situación existe algún tinte político, un extraño favorecimiento, o un aspecto de índole religioso, pero es el momento de que la administración municipal por usted representada actúe con gran osadía en protección de la naturaleza, de los vecinos y sus bienes inmuebles que se verían afectados una vez más por la permisividad municipal para con el mencionado pastor.- De la forma más vehemente acudo a la administración Municipal en su persona, para que actúe en este asunto de una vez por todas, esto en razón de que el pastor está actualmente levantando una edificación de grandes dimensiones en material de perling, además de lo existente, a saber una casa de habitación y los baños que invaden la zona de retiro estipulada por ley, que a pesar de existir órdenes de demolición en el pasado no lo hizo y la administración no ejecutó; estas obras realizadas a la vista y paciencia de todo el que pasa por la zona, invaden a ciencia cierta la zona de retiro estipulada por ley y pronto iniciarán las lluvias y no hay que ser visionario, ni tener una bola de cristal para saber que estaremos de nuevo en una histórica emergencia, ya que el talud se sigue lavando, existe gran erosión, el pastor y todos los involucrados en este asunto conocen las consecuencias de estos hechos irresponsables que colocan en un riesgo inminente a todos los vecinos de la zona. Por ello acudo a su persona como máxima autoridad en el Cantón para que brinde una efectiva intervención de su parte y se eviten emergencias en el cercano invierno, en donde se debe recordar que ese sector de San Francisco siempre ha sido de gran riesgo por la fuerza de las aguas de la Quebrada en donde se han otorgado permisos de construcción en donde no se valoró el riesgo y en caso de una tragedia deberá el Gobierno Local asumir las consecuencias de las irregularidades en el otorgamiento de permisos en un área de retiro. Se debe recordar que al paso de los tiempos son múltiples las denuncias, quejas, informes e inspecciones de la Municipalidad y de otros entes interesados en el bien común como lo es la salud. Por lo anterior, solicito: A) Se me indique si las obras de construcción que está realizando actualmente el Nombre130407 en la propiedad de la Asociación Amigos de Dios tienen permiso otorgado por la Ingeniería Municipal. B) En caso de ser positiva la existencia del permiso, solicito se me facilite una copia del mismo. C) Que se me facilite de igual forma la viabilidad ambiental de la Nombre3763 para esas obras en razón de la condición de fragilidad ambiental de la zona. D) Que se me facilite copia de la certificación del A y A para esas obras actuales que indique se respetado la servidumbre de aguas constituida en el terreno de la Asociación supra indicada para el Alcantarillado Sanitario. E) Que se me indique si de conformidad con el levantamiento de la zona de protección de la Quebrada Los Cangrejos realizado el mismo en el año 2015 (hace 10 años) la construcción actual está dentro de los parámetros que se pueden utilizar para construcciones habitables?, como el caso que nos ocupa.  Que se me indique, si se ajustaron los límites señalados en la construcción de los baños construidos en el año 2015? Según el levantamiento de la zona de protección de la Quebrada Los Cangrejos realizado el mismo en el año 2015 (hace 10 años). Solicito se me informe porque para la misma propiedad en años diferentes se han emitido usos de suelo y permisos de construcción con requerimientos diferentes por la Dirección de Ingeniería, siendo el mismo terreno y manteniendo el cuerpo normativo que nos rige y el mismo Plan Regulador se piden requisitos diferentes, como líneas de construcción de menor área y un antejardín primero de 5 metros en el año 2005 y en el año 2015 la línea de construcción es menor una acera de 2 metros y 2 metros de antejardín, mi consulta porque una misma dirección de ingeniería con criterios y disminución de área en más de un cincuenta por ciento a favor de un terreno problemático? En esa misma línea me preocupa que al día de hoy ya no sea exigido el antejardín. Solicito se me informe porque si en el año 2014 Ingeniería Municipal mediante el oficio DI-2999-2014 señala que se le ha denegado la posibilidad de tramitar nuevas remodelaciones en ese lugar a la Asociación Amigos de Dios, en el año 2015 le otorgan el permiso de construcción TRAM.29191 para una vivienda de 6.5 m2, sin detallar ni el profesional responsable ni cumplir con la ley forestal citada de previo, y en la actualidad se encuentra a vista y paciencia de todos las obras de construcción. Solicito se me informe porque en el oficio DI-2999-2014 en el punto 3. Se señala que se le concedió a la Asociación supra mencionada un plazo de 7 días para demoler lo construido en la zona de protección (los baños) y no se ejecutó? (j) Solicito se me informe porque si existe el plano catastrado-SJ-1372252-2009 en donde se dan lineamientos del INVU y se indica cuales leyes afectan el terreno y cuantos metros se deben respetar en la zona de protección, donde se demuestra que el terreno no es apto para la construcción por ser un relleno, por estar atravesado por una Quebrada, por tener la ramada de sub- recolector de aguas negras La Cangreja la Administración no ha actuado con las demoliciones desde el 2014 a la fecha? K) En caso de que la Asociación supra citada no cuente con un permiso de construcción, solicito se informe porque no se han sellado las obras, porque no existe una notificación por trabajos realizados de forma irregular, al margen de la ley. L) Solicito se verifique si las aguas que genera el servicio sanitario, las pilas, ducha están conectadas directamente a la Quebrada Los Cangrejos? O en su defecto se verifique la correcta canalización de las mismas, esto en razón de existir tuberías hacia La Quebrada. Esto en aras de la salud y evitar una contaminación mayor” (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

c)     Por oficio n.°MG-AG-01747-2025 de fecha 24 de marzo de 2025, el alcalde recurrido remitió la gestión del tutelado al director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de Goicoechea para “su inspección y posterior informe respondiendo las consultas que se realizan en un plazo de diez días” (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

d)    El 03 de abril de 2025, el recurrente presentó una denuncia ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental reportando el incidente de la obra realizada por la Asociación Amigos de Dios en la Quebrada Cangrejos (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

e)     El 04 de abril de 2025, Andrés Cortez Orozco, secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a través del oficio n.°SETENA-SG-0480-2025 remitió la denuncia del accionante al Tribunal Ambiental Administrativo en los siguientes términos: “Esta Secretaría ha recibido consecutivo N° 03350-2025 donde Nombre130406, interpone denuncia formal sobre lo siguiente: “OBRAS EN TERRENO COLINDANTE CON Dirección10686 QUE PONEN EN RIESGO LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO” Se ha determinado que no existe expediente administrativo relacionado a esta Secretaría sobre los hechos denunciados. Por tanto, en acato a lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Artículo N° 60, la Nombre3763 procede al traslado de la denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), sin que por ese hecho sea considerado parte activa del proceso. Se adjunta la denuncia interpuesta de forma digital a través del Portal de Recepción de Documentos” (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

f)      El 21 de abril de 2025, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental le puso en conocimiento al tutelado del oficio n.°SETENA-SG-0480-2025 (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

g)    El 07 de mayo de 2025, el director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de Goicoechea, mediante el oficio n.°MG-AG-DI-01080-2025 dirigido al alcalde, indicó lo siguiente: “De acuerdo con lo indicado en el Oficio MG-AG-02064-2025, sobre la denuncia realizada por el Sr. Nombre130406, vecino del distrito de San Francisco, quien señala que la Asociación Amigos de Dios, construye de manera irregular y que podría afectar el libre curso de la Quebrada Cangrejos, al respecto está de indicar que, lo que se está construyendo con permiso de construcción se respetando la zona de protección de dicho cauce, por lo que no se encuentra fundamento en la afirmación realizada por el Sr. Nombre130406, no obstante, en este acto se encomienda a Lic. Manrique Solano Arroyo, Inspector de Construcciones de este sector, para que le siga dando el debido seguimiento a este caso, de tal manera se siga respetando la zona de protección izquierda dicho cauce fluvial” (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

h)    El 09 de mayo de 2025, se le notificó al recurrente el oficio No. MG-AG 02679-2025 de 8 de mayo de 2025 suscrito por el alcalde recurrido (que, a su vez, anexó el oficio No. MG-AG-DI-1080-2025 de 7 de mayo de 2025 suscrito por el citado director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo). En este último oficio se indicó expresamente lo siguiente: “lo que se está construyendo con permiso de construcción está respetando la zona de protección de dicho cauce, por lo que no se encuentra fundamento en la afirmación realizada por el sr. Nombre130406, no obstante, en este acto se encomienda al Lic. Manrique Solano Arroyo, Inspector de Construcciones de ese sector, para que le siga dando el debido seguimiento a este caso, de tal manera que siga respetando la zona de protección izquierda de dicho cauce fluvial” (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

i)      El 9 de mayo de 2025, se le notificó al recurrente el oficio No. MG-AG 02712-2025 de 8 de mayo de 2025 suscrito por el alcalde recurrido (que, a su vez, anexó el oficio No. MG-AG-DI-1075-2025 de 6 de mayo de 2025 suscrito por el citado director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo). En este último oficio se indicó expresamente lo siguiente: “se coordinó una visita junto con el Ing. Jerry Briceño del AyA y el Inspector Municipal Lic. Manrique Solano Arroyo, quienes corroboraron que la construcción avalada por este Municipio, no afecta la servidumbre del Alcantarillado Sanitario del AyA” (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

j)      El 27 de mayo de 2025, el accionante Nombre130406 solicitó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias una valoración de riesgo de estructura por cercanía a Quebrada Cangrejos en San Francisco de Goicochea  (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

k)    En junio de 2025, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante el oficio n.°CNE-UIAR-INF-0585-2025, concluyó y recomendó lo siguiente: “V. Conclusiones A. Aparentemente la estructura no ha sido concluida y no está habitada. B. La obra se encuentra dentro de la zona de protección de la quebrada Cangrejos. C. El día de la visita no se observe evidencias de erosión; no obstante la vulnerabilidad a esta amenaza es alta; sobre todo en la época lluviosa. VI. VII. Recomendaciones A. Se deberá dar parte a la Municipalidad de Goicoechea para que actúe según su competencia y verifique si las obra cuenta con los permisos respectivos, de no ser así la estructura deberá ser demolida” (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

l)      El 16 de julio de 2025, la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea notificó un acto administrativo a la Asociación Amigos de Dios por haber ejecutado obras no aprobadas en el permiso de construcción n.°0146-2024. Se le ordenó la eliminación de toda estructura en zona de protección en un plazo de 24 horas (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital).

m)  El 17 de julio de 2025, la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Construcciones, otorgó a la Asociación Amigos de Dios un plazo de treinta días hábiles para que tramitara el permiso correspondiente y regularizara las obras ejecutadas sin autorización, relacionadas con el cerramiento de la estructura construida en la propiedad amparada por el permiso de construcción n.°0146-2024 (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital).

n)    El 02 de setiembre de 2025, ante el incumplimiento del plazo otorgado, la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea, con fundamento en el artículo 94 de la Ley de Construcciones, concedió a la Asociación Amigos de Dios un nuevo plazo de ocho días hábiles para que tramitara el permiso correspondiente y ajustara las obras ejecutadas a la normativa aplicable (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital).

o)    El 04 de setiembre de 2025, la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea archivó la boleta administrativa n.°15376 A, al constatarse la demolición del cerramiento de estructura ejecutado sin permiso de construcción por parte de la Asociación Amigos de Dios, dando por cumplida la orden municipal emitida respecto de las obras no autorizadas (véase el informe de la autoridad recurrida y la prueba aportada al expediente digital).

IV.- Hecho no probado. No se estima debidamente demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución. 

Único: Que al recurrente Nombre130406 se le haya notificado formalmente el archivo de la boleta administrativa n.°15376 A, dispuesto por la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea el 4 de setiembre de 2025, con motivo de haberse constatado la demolición del cerramiento de estructura ejecutado sin permiso de construcción por parte de la Asociación Amigos de Dios, y el consecuente cumplimiento de la orden municipal emitida respecto de las obras no autorizadas.

V.- Sobre el caso concreto. La parte recurrente sostiene que la Municipalidad de Goicoechea ha incurrido en actuaciones y omisiones irregulares en la tramitación y fiscalización de un permiso de construcción otorgado a la Asociación Amigos de Dios, pues, pese a sus gestiones y a las advertencias de otras instituciones sobre riesgos y afectación de zonas de protección, se le han brindado respuestas parciales, no se ha ejecutado ni fiscalizado de forma efectiva una orden administrativa dictada y se ha permitido la continuación de las obras, lo que a su criterio vulnera el principio de legalidad y los deberes constitucionales de protección ambiental.

En primer término, del examen integral de los hechos probados se desprende que la autoridad municipal recurrida sí desplegó actuaciones administrativas concretas y verificables orientadas a atender la problemática denunciada por los amparados, incluso a la luz de lo señalado en el informe técnico emitido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. En efecto, luego de recibida la valoración técnica de la CNE, la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea realizó inspecciones, identificó la existencia de obras no amparadas por el permiso de construcción vigente y procedió a dictar un acto administrativo expreso dirigido a la Asociación Amigos de Dios, mediante el cual ordenó la eliminación de toda estructura ubicada en la zona de protección de la Quebrada Cangrejos.

Asimismo, consta que dicha orden se le dio seguimiento por parte de la Administración, pues con fecha 4 de setiembre de 2025, esto es, con anterioridad al dictado de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, la propia autoridad municipal dejó consignado en el expediente administrativo que el cerramiento de estructura ejecutado sin permiso había sido demolido, motivo por el cual se dispuso el archivo de la boleta administrativa n.°15376 A, al tenerse por cumplida la orden emitida respecto de las obras no autorizadas. De esta manera, el acervo probatorio acredita que la entidad municipal accionada no solo ejerció su potestad de control, sino que también verificó materialmente el cumplimiento de lo ordenado, neutralizando la situación que había dado lugar a la advertencia técnica sobre la zona de protección.

En consecuencia, desde esta perspectiva, no se advierte una conducta omisiva frente a una afectación ambiental cierta que justifique la estimación del recurso en cuanto al fondo de la denuncia ambiental, pues la actuación municipal acreditada revela una respuesta administrativa efectiva y congruente con la situación detectada. Por ello, en este extremo, el recurso de amparo debe ser desestimado, al no configurarse una lesión imputable a la autoridad recurrida en relación con la fiscalización y corrección de las obras ejecutadas en la zona de protección.

Sin embargo, una vez aclarado lo anterior, el análisis no puede agotarse en ese único aspecto, pues del mismo conjunto probatorio emerge un elemento distinto que sí posee relevancia constitucional. En particular, no se aprecia ni del informe rendido bajo juramento por la autoridad municipal ni del resto del acervo probatorio incorporado al expediente que el archivo de la boleta administrativa n.°15376 A, dispuesto el 4 de setiembre de 2025, haya sido puesto en conocimiento formal de la parte amparada, pese a que dicho procedimiento administrativo se originó, precisamente, a partir de la denuncia y de la solicitud de valoración promovidas por el recurrente Nombre130406.

En ese sentido, si bien la Administración verificó internamente el cumplimiento de la orden y dio por concluido el procedimiento de fiscalización frente al sujeto inspeccionado, lo cierto es que la ausencia de comunicación de ese resultado final a quien activó la intervención administrativa impidió que la parte recurrente tuviera conocimiento oportuno de la forma en que su gestión fue resuelta. Por consiguiente, esta falta de notificación del acto que puso fin al procedimiento administrativo constituye una afectación al derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, en tanto dicho derecho no se satisface únicamente con la adopción interna de decisiones administrativas, sino que exige, además, que el administrado sea oportunamente informado de su resultado. De ahí que, aun cuando la municipalidad recurrida actuó de manera diligente en la corrección de la irregularidad constructiva detectada, la omisión de comunicar formalmente el archivo de la boleta administrativa a la parte amparada configura una lesión autónoma y específica de relevancia constitucional. Por ende, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto se hace.

VI.- En cuanto a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, del examen conjunto del acervo probatorio se desprende que ambas autoridades atendieron las gestiones planteadas por el recurrente dentro del ámbito de sus respectivas competencias, sin que se configure una actuación u omisión de relevancia constitucional.

En efecto, respecto de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, consta que el recurrente solicitó una valoración de riesgo relacionada con las obras ejecutadas en las inmediaciones de la Quebrada Cangrejos, gestión que fue atendida mediante la emisión del oficio n.°CNE-UIAR-INF-0585-2025, en el cual dicha institución realizó la inspección correspondiente, consignó sus conclusiones técnicas y formuló recomendaciones dirigidas a la autoridad municipal competente. De esta manera, la CNE ejerció de forma efectiva las funciones que le son propias, sin que del expediente se desprenda una negativa injustificada, una dilación indebida o un incumplimiento de sus deberes legales frente a la parte accionante.

Por su parte, en lo que concierne a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se acredita que el 3 de abril de 2025 el recurrente presentó una denuncia ante dicha instancia, la cual fue tramitada de forma inmediata. Así, mediante el oficio n.°SETENA-SG-0480-2025 de 4 de abril de 2025, la Secretaría General determinó que no existía un expediente administrativo activo en Nombre3763 relacionado con los hechos denunciados y, en aplicación del marco reglamentario vigente, procedió al traslado de la denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo, órgano competente para su conocimiento. Asimismo, consta que el 21 de abril de 2025 dicho oficio fue puesto en conocimiento del tutelado, lo que evidencia que la actuación administrativa no solo se ajustó a las competencias legales de SETENA, sino que además fue oportunamente comunicada al denunciante.

En consecuencia, al no acreditarse una acción u omisión imputable a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias ni a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que haya provocado una afectación directa y actual a los derechos fundamentales de la parte amparada, el recurso de amparo debe ser desestimado en cuanto se dirige contra ambas autoridades.

VII. Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante la Municipalidad de Goicoechea, la problemática presentada en la Quebrada La Cangreja, al realizarse la construcción de estructuras dentro del área de protección, lo que pone en riesgo la integridad de los vecinos ante la alteración del cauce y afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la parte recurrente, pero que no ha sido resuelta de forma definitiva.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la violación a un derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. En consecuencia, se ordena a Fernando Chavarría Quirós, en su condición de alcalde de Goicochea, o a quienes ocupen dichos cargos, que gestionen lo necesario dentro del ámbito de su competencia, para que, en un plazo máximo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se comunique al recurrente el archivo de la boleta administrativa n.°15376 A, dispuesto por la Dirección de Ingeniería y Operaciones de esa Municipalidad. Se apercibe a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  En cuanto a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y respecto a los demás agravios, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 VAWW47JT17D461

EXPEDIENTE N° 25-025996-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:21:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 03415 - 2026

Resolution Date: January 30, 2026 at 09:20

Case File: 25-025996-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of Matter: Amparo Appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the Resolution

*250259960007CO*

Exp: 25-025996-0007-CO

Res. No. 2026003415

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of January, two thousand twenty-six.

Amparo appeal processed under case file number 25-025996-0007-CO, filed by Nombre130405, identity card CED74585, Nombre130406, identity card CED74586, against the MUNICIPALITY OF GOICOECHEA.

Whereas:

1.- By written submission incorporated into the electronic case file at 13:31 hours on August 28, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Goicoechea. They state that: "In March 2025, Nombre130406 requested that the Municipal Mayor provide me with information regarding the processing of a construction permit in the name of Asociación Amigos de Dios, due to the fact that there is an area of great controversy and danger in the area of Dirección10686 and the registered owner, without safeguarding protection zones, has built a church; this information was provided only partially due to the mandate of this Constitutional Chamber to offer it. Currently, the construction is finishing; however, there are studies from the National Emergency Commission (CNE) that indicate that it was built in a protection area; I attach the aforementioned studies as evidence. The Mayor, through official letters MG-AG-02712-2025, attaches only official letter MG-AG-DI-1075-2025, signed by the Municipal Engineer, who, in only seven lines of text, states the following: that the construction endorsed by the Municipality of Goicoechea does not affect the easement (servidumbre) of the AyA Sanitary Sewer. The Mayor's other official letter, MG-AG-2679, attaches official letter MG-AG-DI-01080-2025 in which the Municipal Engineer reports that the Asociación Amigos de Dios is building with construction permits, respecting the watercourse zone; following other notes issued by Nombre130406 to various state institutions, such as MINAE, NATIONAL EMERGENCY COMMISSION, SETENA, AyA, the Municipal Council of Goicoechea regarding the problems that have existed for more than 15 years in the area due to Dirección10686 and the distressing stories that occur during the winter in the area, which cause losses to the property of the area's neighbors, or blockages of the creek's (Quebrada) channel, after official letter MG-AG-04010-2025, which I attach as evidence, signed by the Municipal Mayor informing the Municipal Council of Goicoechea of the official letter signed by Municipal Engineer Mario Iván Rojas Sánchez, which indicates that: 'what exists is a controversy among neighbors,' seeking to minimize the complaint filed by me for the protection of the environment; the Engineer also points out that the works permit exists and that during the follow-up of this work, no encroachments on the protection zone of the Quebrada Cangrejos have been identified. And it is here that an unprecedented event occurs, namely notification number 15376 A, which I attach as evidence, dated July 16, 2025, through which the Asociación Amigos de Dios is informed that: 'it carried out works not approved in accordance with those approved by the municipality of Goicoechea, and it is clearly indicated that it must remove all structures in the protection zone, giving it 24 hours to normalize and correct.' Unfortunately, the notification and its mandate remained on paper. We consider that the conduct of the Mayor and the Municipal Engineer is not proper, who, in light of the law and the current regulations they know perfectly well, have violated the constitutional rights that protect us and the principle of legality. We, the neighbors of San Francisco who are truly interested in the district, its development, and above all in the application of regulations, and principally in this case, in citizen security and environmental disaster prevention, request that the Constitutional Chamber hear us and enforce the constitutional mandate" (sic). Based on the arguments presented, they consider that their fundamental rights are being violated by the accused actions. They request that the appeal be declared with merit, with the consequences provided by law.

2.- By resolution at 14:48 hours on September 10, 2025, the Presidency of the Chamber admitted this matter for processing.

3.- Mario Iván Rojas Sánchez, in his capacity as Director of Engineering and Operations of the Municipality of Goicochea, reports under oath the following: "In accordance with the Amparo Appeal filed by Mr. Nombre130405, identity card CED74585, and Nombre130406, identity card CED74586, against the Municipality of Goicoechea, requesting the available documentation related to the claimants against the Asociación Amigos de Dios, regarding the recent processing of a construction permit for a shed (cobertizo) on the property with cadastral map SJ-1372252-2009, located at Dirección10687, which borders the claimants to the South and the Quebrada Cangrejos to the North, in this regard, the documentation available in this Directorate is sent for your analysis, and it must be noted that in this case, AyA, SINAC, CNE, CFIA, the Ministry of Health, MSP, the Environmental Administrative Tribunal, TAA, and the Water Directorate, DA, have all been involved, and in all cases, no conclusive scientific evidence has been obtained implying that the current construction is generating any problem for the AyA sewage pipeline, the improper discharge of residual waters into said creek, or the encroachment on the river protection zone stipulated in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal)."

4.- Fernando Chavarría Quirós, in his capacity as Mayor of Goicochea, reports under oath the following: "Honorable Magistrates, we render the requested report based on official letter MG-AG-DI-02635-2025, dated September 19, 2025, signed by Eng. Mario Iván Rojas Sánchez, Director of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea, addressed to this honorable Constitutional Chamber, wherein he presents his report regarding this amparo appeal and even provides as evidence the administrative case file for this matter, which includes the construction permit for a shed on the property of the Asociación Amigos de Dios, with cadastral map SJ-1372252-2009, located in the district of San Francisco, which borders the appellants here, Mr. Nombre130406 and Nombre130405, to the south, and the Quebrada Cangrejos to the north. Acueductos y Alcantarillados, SINAC, the National Emergency Commission, the Federated College of Engineers and Architects, the Ministry of Health, the Ministry of Public Security, the Environmental Administrative Tribunal, the Water Directorate, and other public institutions have intervened in this matter, and in all cases, no conclusive scientific evidence has been obtained implying that the current construction developed by the Asociación Amigos de Dios is generating any problem for the AYA sewage pipeline, the improper discharge of residual waters into said creek, or the encroachment on the river protection zone, in accordance with Article 33 of the Forest Law. Within the administrative case file submitted by the Municipal Engineer in relation to this matter, it is on record that the Asociación Amigos de Dios holds Construction Permit No. 0146-2024 for the covered area work (open pavilion), photographs of said work exist, and therefore it is currently in legal good standing in its dealings with the Municipality; documentation of this procedure is on file in said administrative case file. For this reason, we consider there is no controversy or danger in the area of the Quebrada Cangreja, and therefore, there is the required setback of what has been built from the protection zone. Honorable Magistrates, the appellants do not establish a causal link between the construction with a municipal permit developed by the Asociación Amigos de Dios and the alleged situations that, they indicate, occur in the winter in the area, causing losses to the property of the area's neighbors or blockages of the creek's channel. The appellants do not elaborate on this argument so that we can address it; we do not understand how the work in question could cause these situations. By virtue of the appellant's omission to detail this, you will understand that it is impossible for us to address it. Now then, regarding notification No. 15376 A of July 16, 2025, which the appellant points out, upon reviewing it, it is due to the fact that unapproved works were executed, but this refers to the structural enclosure, the placement of a mesh, regarding which they were warned to remove that structure, visible on folio 72 of the administrative case file. That being the case, this Municipality, as recorded in its official letter MG-AG-DI-01971-2025, dated July 17, 2025, signed by Eng. Mario Ivan Rojas Sánchez, Municipal Engineering Director, addressed to the Asociación Amigo de Dios, based on Article 88 of the Construction Law (Ley de Construcciones), granted a term of 30 business days to process the corresponding permit and bring itself into compliance with the law. Subsequently, due to the association's failure to comply, through official letter MG-AG-DI-02429-2025, dated September 2, 2025, signed by Eng. Mario Iván Rojas Sanchez, Municipal Engineering Director, addressed to the Asociación Amigo de Dios, based on Article 94 of the Construction Law, a term of 8 business days was granted to process the corresponding permit and bring itself into compliance with the law. Honorable Magistrates, it is on record in official letter MG-AG-DI-02486-2025, dated September 4, 2025, signed by Eng. Mario Iván Rojas Sánchez, Municipal Engineering Director, addressed to the Asociación Amigo de Dios, visible on folio 075 of the administrative case file, that citation No. 15376 A for structural enclosure is archived, given that what was ordered by this Municipality was demolished, that is, the Association complied with respect to the works carried out without a Construction Permit. In summary, the shed built by the Asociación Amigo de Dios has a construction permit. Although said association had built a structural enclosure that lacked a construction permit, in fulfillment of our functional competencies, we issued warnings based on the Construction Law, and the association demolished said works. Likewise, this Municipality, as well as the public institutions cited above, have not found conclusive evidence prohibiting the current construction of the shed carried out by the association, much less that this infrastructure of a little over 50 square meters is the origin of the problems reported by the appellants. It is even demonstrated that these appellants did not establish a causal link between the environmental disasters they detail and the construction that concerns us, in order to be able to delve deeper into the matter and address this specifically. Finally, the Municipal Engineer attached in his report the administrative case file, which records that the work executed by the Asociación Amigo de Dios was duly processed and holds a construction permit issued by this Municipality."

5.- Gloriana Carmona Seravalli, in her capacity as President of the Municipal Council of Goicochea, reports under oath the following: "1. The Municipal Council of Goicoechea is not the competent body to grant, deny, or supervise construction permits, as these attributions correspond to the Mayor's Office and the Directorate of Engineering and Urbanism, in accordance with the Municipal Code (Código Municipal) and the Construction Law; these actions, which are eminently technical, are the responsibility of the Active Administration by virtue of the provisions in numerals 17 of the Municipal Code, and 66 and 129 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). 2. Regarding the situation described by the appellants, this Council has been aware of the information they have presented and has effectively forwarded it to the technical bodies tasked with resolving this matter. 3. The Municipal Council, within its functions established in numeral 13 of the Municipal Code and attending to the municipal hierarchy, which expressly establishes an internal distribution of competencies with the Municipal Mayor's Office, has neither the technical nor legal competence to determine the location of works in relation to protection areas for watercourses or creeks; this assessment is exclusive to the Municipality's Directorate of Engineering and Urbanism, whose superior, by virtue of numeral 17 of the Municipal Code, is the Municipal Mayor. In addition, other entities or bodies must participate depending on the particulars of the case, such as INVU, Nombre3763, and the National Emergency Commission. 4. The Municipal Council has acted within the framework of its legal competencies, limiting itself to the deliberative and political oversight functions assigned to it by Article 13 of the Municipal Code. 5. At no time has this Presidency, nor the full Council, denied information or issued administrative resolutions regarding the disputed construction permit, given that it does not have effective competence to intervene in these technical areas. 6. Therefore, there is no action or omission attributable to the Municipal Council that could constitute a violation of the appellants' fundamental rights. 7. That since judgment No. 2012-00975 of 09:05 hrs. on January 27, 2012, in environmental matters, when there is prior administrative intervention through the issuance of administrative acts by various public entities and bodies, the matter is referred to the contentious-administrative jurisdiction; therefore, the interventions carried out by the Municipality of Goicoechea to address the matter under study by the Chamber can be evaluated to weigh the application of this criterion."

6.- Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as President of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, reports under oath the following: "First: That in March 2025, Nombre130406 requested that the Municipal Mayor of Goicoechea provide information regarding the processing of a construction permit in the name of the Asociación Amigos de Dios, due to the fact that there is an area of great controversy and danger in the area of Dirección10686 and the registered owner, without safeguarding protection zones, has built a church; this information was only partially provided to the Constitutional Chamber, and where currently the construction is finishing; however, there are studies from the National Emergency Commission (CNE) that indicate that it was built in a protection area. We cannot attest to the appellants' statements of having requested the Municipal Mayor to provide information regarding the processing of a construction permit in the name of the Asociación Amigos de Dios, as according to them, there is controversy and danger in the area of the Quebrada la Cangreja, and the registered owner, without safeguarding protection zones, has built a church, and that this information has been partially provided to the Constitutional Chamber, and that currently the construction is finishing. It should be clarified that the only institution empowered to issue construction permits is the Municipal Corporation of the area. Regarding what was indicated about my represented entity, technical report CNE-UIAR-INF-0585-2025 was indeed issued, titled 'Risk Assessment of Structure on the Margin of Quebrada Cangrejos in San Francisco de Goicoechea', which reached the following conclusions and recommendations: '(…) V. Conclusions A. The structure apparently has not been completed and is not inhabited. B. The work is within the protection zone of the Quebrada Cangrejos. C. On the day of the visit, no evidence of erosion was observed; however, vulnerability to this hazard is high, especially during the rainy season. VI. Recommendations A. The Municipality of Goicoechea should be notified so that it acts according to its competence and verifies if the work has the respective permits; if not, the structure should be demolished. "(The italics and bold do not correspond to the original). Second: That the mayor, through official letters MGAG-02712-2025, attaches only official letter MG-AG-DI-1075-2025, signed by the Municipal Engineer, who, in only seven lines of text, states the following: that the construction endorsed by the Municipality of Goicoechea does not affect the easement of the AyA Sanitary Sewer. The Mayor's other official letter, MG-AG-2679, attaches official letter MG-AG-DI-01080-2025 in which the Municipal Engineer reports that the Asociación Amigos de Dios is building with construction permits, respecting the watercourse zone; following other notes issued by Nombre130406 to various state institutions, such as MINAE, NATIONAL EMERGENCY COMMISSION, SETENA, AyA, the Municipal Council of Goicoechea regarding the problems that have existed for more than 15 years in the area due to the Quebrada la Cangreja and the distressing stories that occur during the winter in the area, which cause losses to the property of the area's neighbors, or blockages of the creek's channel, after official letter MG-AG-04010-2025, which I attach as evidence, signed by the Municipal Mayor informing the Municipal Council of Goicoechea of the official letter signed by Municipal Engineer Mario Iván Rojas Sánchez, which indicates that: 'what exists is a controversy among neighbors,' seeking to minimize the complaint filed by me for the protection of the environment; the Engineer also points out that the works permit exists and that during the follow-up of this work, no encroachments on the protection zone of the Quebrada Cangrejos have been identified. And it is here that an unprecedented event occurs, namely notification number 15376 A, which I attach as evidence, dated July 16, 2025, through which the Asociación Amigos de Dios is informed that: 'it carried out works not approved in accordance with those approved by the municipality of Goicoechea, and it is clearly indicated that it must remove all structures in the protection zone, giving it 24 hours to normalize and correct.' Unfortunately, the notification and its mandate remained on paper. We consider that the conduct of the mayor and the municipal engineer is not proper, who, in light of the law and the current regulations they know perfectly well, have violated the constitutional rights that protect us and the principle of legality. We, the neighbors of San Francisco who are truly interested in the district, for its underdevelopment, and above all in the application of regulations, and principally in this case, in citizen security and environmental disaster prevention, request that the Constitutional Chamber hear us and enforce the constitutional mandate." Regarding these statements, most of them are not within our knowledge, and it is a situation that the appellants must substantiate against the actions of the Municipal Corporation of Goicoechea, as the owner and guardian of its territory, not only with Tax Administration capacities but also with the duty to safeguard the superior legal rights of the canton's citizens and to ensure they have a healthy and ecologically balanced environment. Furthermore, we wish to make it clear that with regard to the CNE, there is no record of such observations being sent to any of the official channels available on our institution's website for making and receiving communications from citizens. The foregoing can be corroborated by the honorable magistrates, as there is no evidence to prove it. That is, at no time have the appellants' rights to a prompt response been violated, much less regarding such a serious situation as the one indicated (in a degree of presumption), which falls under the absolute competence of the Municipal Corporation of Goicoechea and SETENA. Likewise, we reaffirm what was indicated in technical report CNE-UIAR-INF-0585-2025, titled 'Risk Assessment of Structure on the Margin of Dirección10688 in San Francisco de Goicoechea'. RELEVANT BACKGROUND 1. On Risk Management in Costa Rica: According to Law No. 8488, titled 'National Emergency and Risk Prevention Law (Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo)', Article 4, risk management is understood as a '…process through which the vulnerability conditions of the population, human settlements, infrastructure, as well as vital lines, productive activities of goods and services, and the environment are positively reversed. It is a sustainable and preventive model, into which effective criteria for disaster prevention and mitigation are incorporated within territorial, sectoral, and socioeconomic planning, as well as preparation, response, and recovery for emergencies…' In the same sense, risk management is defined as a 'continuous process of analysis, decision-making planning, and execution of actions to identify, prevent, and reduce the possibilities that a potentially destructive event (hazard) causes damage or serious disruption to the lives of people, the socioeconomic fabric, livelihoods, and ecosystems of the territories, as well as establishing the tools to respond appropriately, should an impact nevertheless materialize, with the objective of enabling an efficient recovery, without rebuilding vulnerability, after a disaster'. Risk management presents different spheres of intervention: from the national, regional, and sectoral levels to the local, community, and family levels. Moreover, it requires the existence and functioning of organizational and institutional systems and structures that represent those spheres and that bring together, under established coordination modalities, their differentiated agreed roles; their collective instances of social representation of the different actors and interests participating in the construction of risk and in its reduction, foresight, and control must be adequately defined. The management of this risk is the main basis of the National Risk Management System, understood as the integral, organized, coordinated, and harmonious articulation of the organs, structures, functional relationships, methods, procedures, and resources of all State institutions, seeking the participation of the entire private sector and organized civil society. Its purpose is the promotion and execution of public policy guidelines that allow both the Costa Rican State and the different sectors of national activity to incorporate the concept of risk management as a transversal axis of planning and development practices. From the above definition, it follows: 1- That risk is transversal to the endeavor of all activities, both public and private, 2- That its management must be a public policy of the Costa Rican State, 3- That this policy is embodied in the National Risk Management Plan (Plan Nacional de Gestión de Riesgo); a document prepared by the Commission, an act that materializes that public policy and must be consulted mandatorily by the organs and entities of the State responsible for planning tasks, who, when preparing their respective plans, will take into account the guidelines set forth in said Plan. Likewise, when preparing urban development plans, programs, and projects, the component of risk prevention and mitigation must be considered, all in accordance with Article 8 of Law No. 8488. As can be extracted from the foregoing, the Commission fulfills a governing role in risk prevention and a coordinating role when dealing with emergency response, or, put another way, the Commission, by principle of legality, is responsible for directing, orienting, and guiding risk prevention in Costa Rica and for being the coordinator of state institutions when dealing with emergencies. 2. Responsibility of the Costa Rican State in Disaster Prevention: Law No. 8488 also conceives risk management as '…a transversal axis of the Costa Rican State's work; it articulates the instruments, programs, and public resources in ordinary and extraordinary, institutional and sectoral actions, oriented toward avoiding the occurrence of disasters and attending to emergencies in all their phases. All development policy of the country must incorporate both the elements necessary for an adequate diagnosis of risk and susceptibility to the impact of disasters, as well as the management axes that allow their control' (Article No. 5, Law No. 8488). Based on the provisions of Articles 3, 8, 25, and 26 of the same law, all State institutions, principally including the Municipalities, have the imperative mandate to prevent disasters, and, in particular, it is the local governments that must incorporate prevention as a component of urban development projects, considering in their programs the concepts of risk and disaster, including ordinary management measures that are proper and timely to prevent their manifestation, promoting a culture aimed at reducing them. Similarly, all public institutions must coordinate their prevention programs and activities with the CNE, considering them as a public policy process that must operate permanently and sustainably, with a systemic approach and that of the National Risk Management Plan. Article 27 additionally provides for the obligation that, in the budgets of each public institution, the allocation of resources for disaster risk control be included, considering prevention as a concept akin to the development practices being promoted and carried out. The importance of the co-responsibility and local commitment to risk management by the municipalities lies in the fact that emergencies and potential disasters can materialize in their territories; therefore, their reaction and, above all, prevention must be inherent to their daily work. Even 'large' disasters affecting the national territory are, in reality, the sum of hazards and vulnerabilities occurring simultaneously, localized, and highly dynamically within the municipal territory, as a result of the concatenation of physical, social, economic, and political relationships. The State has, among its missions, the prevention of the realization of risks that could affect it or affect its population. It must carry out preventive work aimed at preventing people and property from suffering damage due to a disaster: it protects to prevent the life or health of people or their property from suffering harm. Certainly, the emergency cannot be avoided, but its effects can be mitigated, requiring preventive work. And the fact is that lack of foresight, that is, not foreseeing that 'X' situation may occur and not acting to prevent it, entails a risk to the life, health, and safety of people and their property. It is understood that no Public Administration can prevent a public calamity from occurring, but it can be held responsible for not foreseeing the consequences that such a calamity might generate. This indicates that the legal system obliges every public body, but particularly the Commission, to act before the emergency occurs, and not only to act, but essentially to plan and take actions to prevent it, if it does occur, from causing harm to people and property (Opinion No. C-213-2014 of July 1, 2014). 3. Powers and Responsibilities of Local Governments in Risk Prevention Through Territorial Planning: It is the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development meets criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of citizens' rights. Deriving directly from Article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the Construction Law, and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of the municipalities to organize the territory under their jurisdiction. This unavoidable duty has been expanded upon in various opinions of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), among them, C-093-2007 of March 27, 2007, C-020-2009 of January 29, 2009, C-118-2009 of May 4, 2009, C-155-2009 of June 1, 2009, C-091-2010 of May 3, 2010, and several more in the same vein. The Constitutional Chamber has ratified this responsibility in resolutions such as numbers 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002, and 2005-07516, among many others.

In this regard, the jurist Eduardo Ortiz Ortiz, cited in Legal Opinion C-032-98 of February 25, 1998, of the Procuraduría General de la República, has stated: "The municipal competence to issue urban plans stems from the law, since it covers matters constitutionally reserved to it, but it also has a constitutional basis, since it is a local matter. This means that the law can only delegate this to the Municipality and that a law doing the opposite and empowering, for example, the Executive Branch, would be unconstitutional for violating municipal autonomy." Additionally, the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda has issued rulings consistent with the position of the Procuraduría General, such as resolution N°128-2008 at 10:30 a.m. on March 7, 2008, N°209-2011 at 2:30 p.m. on June 16, 2011, and N°124-2011 at 9:50 a.m. on April 15, 2012, among many others, emphasizing the absolute responsibility of local governments regarding territorial planning. Agreement N°0443 of November 30, 2011, of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), adopted in Extraordinary Session No. 10-11, held on Wednesday, November 9, 2011, and published in La Gaceta N°230 of November 30, 2011, titled: “Recommends to mayors that they proceed immediately to evict occupants from areas of recognized risk and imminent danger and demolish buildings located therein,” which textually concludes by stating: “a. Recommend to all Mayors of the country: i. That in accordance with the duties and powers imposed upon them by the Political Constitution in its articles 50 and 169, the Código Municipal, the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, the Ley Orgánica del Ambiente, article 33 of the Ley Forestal, and related regulations, the Ley General de Salud, and the extensive case law on the subject, they proceed immediately to evict occupants from areas of recognized risk and imminent danger, as well as to demolish buildings located therein, and to monitor that they are not again invaded by human settlements, applying the procedural sequence cited in Considering IV, extracted from ruling N.º 12485-2010 of the Sala Constitucional. ii. That due to the binding nature conferred upon them by the Sala Constitucional, they immediately implement the recommendations that the technicians of the CNE and academic institutions have repeatedly provided them over many years and which are known to them, regarding concrete and timely actions to safeguard human life in areas of recognized risk and imminent danger. The studies and technical recommendations historically issued in each case will be available to the municipalities at the CNE offices. The Internal Audits and Municipal Councils must ensure compliance with these provisions. Disobedience will be considered a breach of duties, and must be brought by the Internal Audits to the attention of the corresponding authority. (…) d. Formally communicate this Agreement to all Mayors and to the Defensoría de los Habitantes. e. Publish this Agreement and the synthesis map of natural hazards of the country (available on the website, www.cne.go.cr) in the official gazette and in a nationally circulated newspaper.” (The underline is not in the original). At this point, it is necessary to recall that by constitutional mandate, the administration of the local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipalidad de Goicoechea, as a state legal entity, with its own assets and personality (article 2 of the Código Municipal N° 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes and the protection of the most important legal interest to be safeguarded by the Costa Rican State, which is human life and the physical integrity of the citizens of the canton, the safeguarding of public infrastructure, and free transit. 4. The Secretaría Técnica Ambiental (SETENA). The Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) in Costa Rica, attached to the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), has several key competences related to the environmental assessment and management of projects, works, and activities. Its main functions include harmonization between environmental impact (impacto ambiental) and productive processes, the evaluation of environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), and the resolution of environmental matters. The nature of the functions under SETENA's charge, especially the assessment of environmental impact studies, leads it to make certain administrative decisions that may have an impact on the national territory, and therefore, the spatial scope over which municipalities exercise jurisdiction. These powers, as recognized by the Sala Constitucional, do not harm the autonomy of municipalities, which are not exempt from the application of the constitutional norm and its implementing legislation; even more so in such a sensitive matter as environmental protection. The duty of coordination referred to in article 6 of the Código Municipal between municipalities and other state entities or bodies does not allow the former, unless legally provided, to substitute or coerce the making of decisions that are the sole purview of national entities or bodies. Thus, for example, in the case of SETENA, municipalities could not issue their own environmental feasibilities (viabilidades ambientales) in substitution of those expressly assigned to it, nor issue joint resolutions approving or disapproving environmental impact studies (the scenario in which these local corporations participate in proceedings before SETENA to provide information they deem opportune to be analyzed by it is different). Much less can the principle of coordination imply that SETENA's decisions lose their eminently technical and objective nature, even if this means that its resolutions do not coincide in some cases with the interest of the municipalities. The significance of the fact that SETENA sends an extract of the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) received by it to the municipalities in whose jurisdiction the works, activities, or project to which they refer will be carried out, is that such municipal corporations can make the observations they deem opportune within the administrative files (expedientes administrativos) in which such assessments are analyzed, so that they are evaluated by SETENA itself. With the same objective, municipalities can inform the involved communities of the existence of such assessments, with the purpose that persons who deem it convenient appear before the same municipality or directly before SETENA in defense of their local interests. In accordance with the same article 22 referred to, municipalities, as public entities that they are, have the right to be heard by SETENA at any stage of the evaluation process, and their observations will be included and assessed for the final report. This means that SETENA is obligated to consider the statements presented to it by municipalities in the files (expedientes) of environmental impact assessments, but it is not bound by them. In any case, it is recalled, the resolutions issued by SETENA must be substantiated and reasoned (article 19 of Law No. 7554). In the event that a municipality disagrees with a specific component of an environmental impact assessment approved by SETENA because it considers that it affects or violates its competences, article 87 of Law No. 7554 provides for the possibility of filing an appeal for revocation against the final decision of SETENA and an appeal before the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, in accordance with the provisions of the Ley General de la Administración Pública; without prejudice to also appearing before the courts of justice in defense of its interests. Furthermore, according to numeral 22 of that Law, municipalities continue to have the right to be heard during the operational phase of the work or project; since, as is known, it may be the case that acts harmful to the environment may occur at that stage, implying reconsideration in administrative decision-making. 5. Regarding the Competences and Responsibilities of the CNE: The Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) is the governing public institution regarding the coordination of preventive efforts for situations of imminent risk (riesgo inminente), mitigation, and response to emergency situations; it is a body of maximum deconcentration attached to the Presidency of the Republic, with instrumental legal personality for the management and administration of its budget and for the investment of its resources, with its own assets and budget. Its domicile is at Dirección10689, where it has its main headquarters. The actions of the CNE must be guided in accordance with the principles established by Law N° 8488 in Article 3, among them state of necessity and urgency (estado de necesidad y urgencia) understood as a situation of danger to a legal interest that can only be saved by violating another legal interest, with the least possible damage to the second and subject to subsequently rendering the accounts demanded by economic, legal, and fiscal control laws; protection of life, considering that those who are in the national territory must be protected in their life, their physical integrity, their property, and the environment, against disasters or dangerous events that may occur; and finally prevention, as anticipatory action aimed at reducing vulnerability, as well as measures taken to avoid or mitigate the impacts of hazardous events or disasters; due to their very nature, these actions or measures are of public interest and mandatory compliance. Ordinary and extraordinary actions have as their fundamental principle the protection of life, not only of Costa Ricans but of every inhabitant or resident in the country. Indeed, article 3 of the Law establishes that protection of life as a fundamental principle. However, the statement of the principle does not limit protection to the life and physical integrity of the person within the national territory. On the contrary, the protection of life is inclusive of the protection of the environment and the property of resident persons, regardless of their nationality. Protection of life, physical integrity, property, and security are the basis of other principles established for the purpose of attending emergencies and risk situations, as is the case with the principle of solidarity. Within its ordinary competences, according to Law N°8488, there is the obligation to: "Article 14- Ordinary prevention competences of the Commission. The Commission shall be the governing entity regarding risk prevention and preparations for attending emergency situations. It must comply with the following competences: (…) c) Issuing binding resolutions on situations of risk, disaster, and imminent danger, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulation and control actions for their effective prevention and management, which regulate or provide for their effective compliance by State institutions, the private sector, and the population in general. Officials of the competent bodies and entities to execute or implement such binding resolutions may, in no case, disapply them. Natural or legal persons, public or private, who build or improperly use areas restricted by these binding resolutions shall be subject to the obligation to demolish or eliminate the work, pursuant to article 36 of this Law. (…) g) Promoting and fostering surveillance and management of risk situations, through the study or implementation of observation, surveillance, and alert measures, that allow for the anticipation, reduction, and avoidance of the impact and damage of possible disaster events. Additionally, if necessary, coordinating the surveillance and management of such situations. (…)” Likewise, it has its extraordinary competences defined in article 15, which textually states: "Once the state of emergency established in article 29 of this Law is declared, the Commission shall be responsible for planning, coordinating, directing, and controlling actions aimed at resolving urgent needs, executing protection, rescue, and rehabilitation programs and activities. To this end, it must execute, at a minimum, the following actions: a) The coordination, direction, and control of attention to emergencies declared as such by the Executive Branch shall be carried out according to the phases defined in article 30 of this Law; for this, the Commission, through the Executive Directorate, must elaborate the General Emergency Plan (Plan General de la Emergencia), according to the terms referred to in Chapter VI of this Law. b) It must coordinate damage assessment, for which the institutions of the Central Administration, the Decentralized Public Administration of the State, Local Governments, and state-owned enterprises shall be responsible for assessing the damages and coordinating their execution with the Commission. c) Planning, coordinating, organizing, and supervising the execution of rescue actions by public and private, national and international organizations. d) Coordinating the scientific and technical investigations necessary for the Plan, as well as physical and economic recovery programs, and giving them the necessary follow-up. e) Appointing as executing units the public institutions that have under their scope of competence the execution of the works defined in the General Emergency Plan and supervising their execution. f) Contracting the specialized personnel it requires for determined periods and according to the emergency declaration. Except as provided in the preceding paragraphs, the Commission shall attend, without an emergency declaration by the Executive Branch intervening, local and minor emergencies that, due to the high frequency with which they occur and the serious impact they cause on communities, demand the provision of a first-impact humanitarian service, consisting of the delivery of blankets, food, mattresses, and, if necessary, the acquisition of materials to rehabilitate basic services and enable shelters, as well as the contracting of a maximum of one hundred machine hours for cleaning the most affected area of the zone" (the underline is not in the original). In accordance with the stated regulations, for this particular case, the CNE has no involvement in the described problem. As established below. 6. Regarding the specific case: After reviewing and analyzing what was requested and according to the factual picture presented, it can be deduced with clear clarity that the situation presented by the appellant concerns a complaint about a supposed impact on a forest protection zone (zona de protección forestal) and common goods, in addition to the granting of construction permits (permisos de construcción) in an unauthorized zone, among other matters, which has nothing to do with situations falling within the framework of our competences provided by Law No. 8488, and where there is no situation where a national emergency decree has intervened nor where the supposed impact is reported in any General Emergency Plan by any of the institutions indicated supra, to whom, due to their competences and governance, its attention corresponds. In this sense, according to what was reported, it must be under direct surveillance by the Corporación Municipal de Goicoechea as the owner and guardian of its territory, not only with the capacity for tax administration, but also for safeguarding the protections and fundamental rights of its constituents, ensuring as the most important legal interest to protect human life and the physical integrity of its citizens, as well as that they are in a healthy and ecologically balanced environment. In that sense, since the situation concerns an alleged environmental protection activity, the competences of other institutions, such as the Secretaría técnica Ambiental, must converge within the principle of coordination mentioned above. In this sense, ordinary situations from other government entities cannot and must not be addressed by the CNE; since, were this to happen, it would result in substituting the attention of their own competence activity for a regime by exception, which is clearly improper. For greater abundance, the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, through its ruling No. 3410-92 at 2:45 p.m. on November 10, 1992, reiterated in ruling No. 1369-2001 at 2:30 p.m. on February 14, 2001, and where said jurisprudential line has been maintained, ratified, and strengthened to date, in countless further judgments, states the following: "An end was put to the vicious practice of the Executive Branch and other institutions of declaring any ordinary activity typical of the provision of public services, which at most could be framed as mere urgency, as a state of necessity and urgency to except the application of ordinary procedures." Consequently, the Sala Constitucional considered that investments in public services and works "...escape the concept of 'state of necessity and urgency' and, on the contrary, all of them constitute the matter that the entire Public Administration must ordinarily attend to, through the normal channels of our legal system... But replacing the current and applicable legal system with an expeditious means that allows evading the control regulations is not only contrary to what article 180 of the Political Constitution provides, but also to article 184 ibidem, regarding the ordinary functions attributed to the Contraloría General de la República. The Sala is obligated to distinguish, for what has been expressed, between three concepts: 'the state of necessity and urgency', as conceived by the Political Constitution; 'the urgency' in satisfying collective needs, motivated by meta-legal reasons; and the 'urgent need' to improve public services, WHICH DUE TO THE SAME ACTIVITY OF PUBLIC ENTITIES AND THE WAY IN WHICH THEY HAVE BEEN ADMINISTERED, HAVE BEEN PLACED IN A STATE OF IMMINENT NEED FOR UPDATING AND IMPROVEMENT. The latter two are problems pertaining to the way the Executive Branch conceives and carries them out, WHICH IT MUST RESOLVE THROUGH ORDINARY LEGAL CHANNELS; the first is the constitutional exception that cannot be altered, neither by ordinary law nor by simple decrees." (The lettering, italics, and capitalization do not correspond to the original). Under this order of ideas, adequate communication and joint, duly coordinated action between the authorities of the Corporación Municipal de Goicoechea and the Secretaría Técnica Ambiental is recommended, since, as the main actors in the case under study, they have the duty to bring their competences together toward the same end, in a concerted and systemic manner, so that the situation presented by the appellants is clarified and it is possible to determine the material truth of the facts. Therefore, the CNE has not violated any constitutional protection of the appellants, and this Commission is barred from establishing ordinary or extraordinary measures since, by constitutional, legal, and jurisprudential mandate, a national emergency situation (due to a state of necessity and urgency) is not accredited, but on the contrary, the problem must be addressed through the normal and ordinary channels of the entities competent in that matter".

7.- Under oath, Andrés Cortez Orozco, in his capacity as General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), reports the following: "Having analyzed the arguments indicated in the recurso de amparo, I am permitted to report that, having reviewed our databases, including the digital file viewer (visor de expedientes digitales), no current file (expediente) has been found for any project with the descriptions indicated in the ruling regarding which the constitutional file (expediente constitucional) was processed, either in the name of the 'Asociación Amigos de Dios' or church constructions located in San Francisco de Goicoechea and on the area of the Quebrada Cangreja or Cangrejos. On the other hand, reviewing the file viewer, these are the files visualized near the Quebrada Cangrejos: (...) Likewise, it is reported that the complainant Nombre130406 submitted a request with consecutive number 3350-205 on April 3rd, 2025, where he requested SETENA's intervention for the same facts alleged in this recurso de amparo, to which SETENA, having verified that there was no open administrative file (expediente administrativo) in this Secretariat, in application of article 111 of the Ley Orgánica del Ambiente, proceeded to refer the case to said Tribunal through official letter SETENA-SG-0480-2025, notified on April 21st, 2025, and with a copy to the complainant, which indicated: Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) Email: ...791 Subject: Referral of environmental complaint. Receive a cordial greeting. This Secretariat has received consecutive number N° 03350-2025 where Nombre130406 files a formal complaint regarding the following: 'WORKS ON LAND ADJACENT TO QUEBRADA LA CANGREJA THAT PUT THE COMMUNITY OF SAN FRANCISCO AT RISK.' It has been determined that there is no administrative file (expediente administrativo) related to this Secretariat regarding the reported facts. Therefore, in compliance with the provisions of the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Article N° 60, SETENA proceeds to refer the complaint to the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), without thereby being considered an active party in the process. The complaint, filed digitally through the Document Reception Portal, is attached. Subsequently, on August 29th, consecutive number 08592-2025 was submitted by Mr. Nombre130406, attaching a complaint directed to the Municipal Council of the Municipalidad de Goicoechea, where he files a complaint regarding various official letters and proceedings generated in that municipality on the same topic, to which a response was given through official letter SETENA-DT-ASA-2152-2025 of September 5th, 2025, and notified on September 8th, 2025, in which he was told: . …Subject: Response to request 08592-2025. Receive a cordial greeting. On April 4th of this year, a response was given to your submitted request 03350-2025, indicating what corresponds according to our regulations, under Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Article N° 60. You are reminded that your complaint has already been referred to the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) and the referral was copied to your email, under official letter SETENA-SG-0480-2025; therefore, you must follow up with that Institution… It is imperative to note that the prior execution of works would contravene the principle of predictability, as stipulated in article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente. Consequently, if the environmental feasibility (viabilidad ambiental) were to be an indispensable requirement for the project, its granting would be rendered impossible. Notwithstanding the foregoing, the detailed analysis of the environmental factors and their potential implications will be subject to the formal submission of the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) instrument and the corresponding technical studies, which is the appropriate procedural moment for its assessment."

8.- In the proceedings that have been followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Object of the recurso. The appellants question the actions of the Municipalidad de Goicoechea concerning the processing and inspection of a construction permit (permiso de construcción) granted in favor of the Asociación Amigos de Dios, on a property located in the vicinity of Dirección10686. They maintain that, despite their repeated requests for information and complaints, the municipal authority has limited itself to providing partial and generic responses, based on technical official letters that, in their opinion, do not comprehensively address the warnings issued by other public institutions, particularly the Comisión Nacional de Emergencias, regarding the possible impact on protection zones (zonas de protección) and the existing risk in the area. They affirm that, even though an administrative order was subsequently issued directing the constructing association to eliminate structures located in a protection zone, said order was not executed or effectively supervised by the Municipality, allowing the works to continue. In this context, they consider that the respondent authorities have unduly minimized the problem raised, qualifying it as a neighborhood controversy, without exercising the control and environmental protection powers that correspond to them under the legal system. Based on the foregoing, the appellants consider that the actions and omissions attributed to the municipal authority violate fundamental rights, in particular the principle of legality and the constitutional duties of environmental protection, which is why they request the intervention of this Tribunal to order the cessation of the reported irregularities and the adoption of the necessary measures to ensure compliance with applicable regulations.

II.- Preliminary matter. Prior to analyzing the merits of the case – for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure – it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both for resolving an administrative procedure (procedimiento administrativo) by final act – initiated ex officio or at the instance of a party – and for hearing the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, a scenario of exception is posed, as we are facing a complaint describing an environmental problem that has allegedly not been resolved within a reasonable time by the respondent municipality. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this recurso de amparo.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent party has omitted to refer to them as provided for in the initial order:

a) The structure developed by the Asociación Amigos de Dios in the canton of Goicoechea, district of San Francisco, coordinates Dirección10690: 528,600 E / 214,100 N, has construction permit (permiso de construcción) No. 0146-2024 (see the report of the respondent authority and the evidence provided to the digital file (expediente digital)).

b) On March 21, 2025, the appellant Nombre130406 filed a complaint before the mayor of Goicoechea. In said complaint, he stated the following: "A cordial greeting and wishes for success in your management on behalf of Goicoechea. I come before you so that you may know and remember a difficult situation that has occurred for more than fifteen years and continues to this day in the district of San Francisco. Over time, I have filed my complaints with the Municipality that you so diligently lead at this moment, as well as complaints and concerns, also, at the time, before various institutions for events that have occurred on the property of the Asociación Amigos de Dios located from Dirección10691 200 meters north, 100 meters east, and 25 meters north on the right-hand side, adjacent to Dirección10692, and the insistence on carrying out construction outside the law that is placing at imminent risk not only the neighbors, but also the course of the Quebrada Los Cangrejos. This is because it is a land that in 2005 Pastor Gerardo Rodríguez filled in to expand its dimensions (see, in this regard, the signed official letter).

It is common knowledge that this area is at high risk due to the flooding and problems that the Quebrada Los Cangrejos suffers each year from the rains, and I come before you again today because the problem is increasing with the construction currently being erected by pastor Gerardo Rodríguez on the property adjoining my house (see attached photograph), without providing for the mandatory reserve areas contemplated in Forest Law (Ley Forestal) number 7575, in article 33, which cites protection areas and in its subsection b) states the following: “A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams (quebradas) or creeks, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is steep…” Likewise, the criteria from years ago on this same matter from SETENA, MINAE, CNE, SINAC, MINISTRY OF HEALTH, ENVIRONMENTAL PROSECUTOR’S OFFICE, AYA, OFFICE OF THE OMBUDSPERSON have been disregarded, which must be on file in the municipal records and which have been issued since 2009 and repeatedly over the years due to the vulnerability of the area and the insistence of pastor Rodríguez, representative of the Amigos de Dios Association, on building in a complex area naturally bounded by the Quebrada Los Cangrejos, as well as an easement (servidumbre) for Aqueducts and Sewers, and with the passage of time and the emergencies that have arisen in the area, the Stream has changed its course and therefore the property of the aforementioned Association has been altered, as it is a natural margin or boundary. It is worth clarifying that when Nombre130407 acquired that property, he bought it with the limitations of the easement (servidumbre) and the naturally changing boundary of the Quebrada Los Cangrejos. The Municipal Engineers who have been in charge of Municipal Engineering throughout all these years of struggle, all the Mayors from the first one to yourself today, municipal officials from the various areas of interest on the matter, have all known about the problem, but for some strange reason they did not act in the past. I do not know if there is some political tint, strange favoritism, or a religious aspect to this situation, but the time has come for the municipal administration you represent to act with great boldness in protection of nature, the neighbors, and their real estate, which would be affected once again by the municipal permissiveness toward the aforementioned pastor. In the most vehement manner, I appeal to the Municipal administration in your person, so that you act in this matter once and for all, this because the pastor is currently erecting a large building made of perling material, in addition to what already exists, namely a dwelling house and the bathrooms that encroach upon the setback area stipulated by law, which despite demolition orders in the past, he did not comply with and the administration did not enforce; these works, carried out in plain view and with the patience of everyone who passes through the area, certainly encroach upon the setback area stipulated by law, and soon the rains will begin, and one does not need to be a visionary or have a crystal ball to know that we will be in a historic emergency once again, since the slope continues to wash away, there is great erosion, and the pastor and all those involved in this matter know the consequences of these irresponsible acts that place all the neighbors of the area at imminent risk. Therefore, I appeal to your person as the highest authority in the Canton to provide effective intervention on your part and to prevent emergencies in the approaching winter, in which it must be remembered that this sector of San Francisco has always been of great risk due to the force of the waters of the Stream, where construction permits have been granted without assessing the risk, and in the event of a tragedy, the Local Government must assume the consequences of the irregularities in the granting of permits in a setback area. It must be remembered that over time, there have been multiple complaints, grievances, reports, and inspections by the Municipality and other entities interested in the common good, such as health. For the foregoing, I request: A) That I be informed whether the construction works currently being carried out by Nombre130407 on the property of the Amigos de Dios Association have a permit granted by Municipal Engineering. B) If the existence of the permit is confirmed, I request that a copy of it be provided to me. C) That I likewise be provided with the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA for these works, given the condition of environmental fragility of the area. D) That I be provided with a copy of the certification from AyA for these current works indicating that the water easement (servidumbre) constituted on the property of the aforementioned Association for the Sanitary Sewer has been respected. E) That I be informed whether, in accordance with the survey of the protection zone of the Quebrada Los Cangrejos carried out in 2015 (10 years ago), the current construction falls within the parameters that can be used for habitable constructions? as in the case at hand. That I be informed whether the boundaries indicated in the construction of the bathrooms built in 2015 were adjusted? According to the survey of the protection zone of the Quebrada Los Cangrejos carried out in 2015 (10 years ago). I request to be informed why, for the same property in different years, land uses (usos de suelo) and construction permits with different requirements have been issued by the Engineering Department, and being the same land and maintaining the regulatory body that governs us and the same Regulatory Plan (Plan Regulador), different requirements are demanded, such as construction lines with less area and a front yard (antejardín) first of 5 meters in 2005, and in 2015 the construction line is smaller, a sidewalk of 2 meters and 2 meters of front yard (antejardín). My query is why the same engineering department with criteria and an area reduction of more than fifty percent in favor of a problematic land? Along the same lines, I am concerned that as of today, the front yard (antejardín) is no longer required. I request to be informed why, if in 2014 Municipal Engineering, through official letter DI-2999-2014, indicates that the possibility of processing new remodeling in that place has been denied to the Amigos de Dios Association, in 2015 they granted construction permit TRAM.29191 for a 6.5 m2 dwelling, without detailing either the responsible professional or complying with the forest law previously cited, and currently the construction works are in plain view and with the patience of all. I request to be informed why in official letter DI-2999-2014 in point 3, it is stated that the aforementioned Association was granted a period of 7 days to demolish what was built in the protection zone (the bathrooms) and it was not executed? (j) I request to be informed why, if the cadastral plan-SJ-1372252-2009 exists, which provides INVU guidelines and indicates which laws affect the land and how many meters must be respected in the protection zone, demonstrating that the land is not suitable for construction because it is a fill, because it is crossed by a Stream, because it has the branch of the sub-collector of black waters La Cangreja, the Administration has not acted with demolitions from 2014 to date? K) In the event that the aforementioned Association does not have a construction permit, I request to be informed why the works have not been sealed, why there is no notification for works carried out irregularly, outside the law. L) I request that it be verified whether the waters generated by the sanitary service, the sinks, and the shower are connected directly to the Quebrada Los Cangrejos? Or if not, that the correct channeling of the same be verified, this because there are pipes leading to the Stream. This in the interest of health and to prevent greater contamination” (see the filing brief and the evidence provided to the digital file).

c) By official letter No. MG-AG-01747-2025 dated March 24, 2025, the respondent mayor referred the protected person’s petition to the Director of Engineering, Operations, and Urbanism of the Municipality of Goicoechea for “its inspection and subsequent report responding to the queries made within a period of ten days” (see the filing brief and the evidence provided to the digital file).

d) On April 3, 2025, the claimant filed a complaint before the National Environmental Technical Secretariat reporting the incident of the work carried out by the Amigos de Dios Association at the Quebrada Cangrejos (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).

e) On April 4, 2025, Andrés Cortez Orozco, general secretary of the National Environmental Technical Secretariat, through official letter No. SETENA-SG-0480-2025, referred the claimant’s complaint to the Administrative Environmental Tribunal in the following terms: “This Secretariat has received consecutive No. 03350-2025 where Nombre130406, files a formal complaint regarding the following: 'WORKS ON PROPERTY ADJOINING Dirección10686 THAT PUT THE COMMUNITY OF SAN FRANCISCO AT RISK'. It has been determined that there is no administrative file related to this Secretariat on the facts reported. Therefore, in compliance with the provisions of the Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring, Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Article No. 60, SETENA proceeds to transfer the complaint to the Administrative Environmental Tribunal (TAA), without being considered an active party in the process by this fact. The complaint filed digitally through the Document Reception Portal is attached” (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).

f) On April 21, 2025, the National Environmental Technical Secretariat informed the protected person of official letter No. SETENA-SG-0480-2025 (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital file).

g) On May 7, 2025, the Director of Engineering, Operations, and Urbanism of the Municipality of Goicoechea, through official letter No. MG-AG-DI-01080-2025 addressed to the mayor, indicated the following: “In accordance with what is stated in Official Letter MG-AG-02064-2025, regarding the complaint made by Mr. Nombre130406, a resident of the district of San Francisco, who states that the Amigos de Dios Association is building irregularly and that it could affect the free course of the Quebrada Cangrejos, in this regard it should be noted that what is being built with a construction permit is respecting the protection zone of said channel, therefore, there is no basis for the assertion made by Mr. Nombre130406. However, in this act, Lic. Manrique Solano Arroyo, Construction Inspector of this sector, is entrusted to continue giving due follow-up to this case, so that the left protection zone of said river channel continues to be respected” (see the filing brief and the evidence provided to the digital file).

h) On May 9, 2025, the claimant was notified of Official Letter No. MG-AG 02679-2025 of May 8, 2025, signed by the respondent mayor (which, in turn, attached Official Letter No. MG-AG-DI-1080-2025 of May 7, 2025, signed by the aforementioned Director of Engineering, Operations, and Urbanism). In this latter official letter, the following was expressly stated: “what is being built with a construction permit is respecting the protection zone of said channel, therefore, there is no basis for the assertion made by Mr. Nombre130406. However, in this act, Lic. Manrique Solano Arroyo, Construction Inspector of that sector, is entrusted to continue giving due follow-up to this case, so that the left protection zone of said river channel continues to be respected” (see the filing brief and the evidence provided to the digital file).

i) On May 9, 2025, the claimant was notified of Official Letter No. MG-AG 02712-2025 of May 8, 2025, signed by the respondent mayor (which, in turn, attached Official Letter No. MG-AG-DI-1075-2025 of May 6, 2025, signed by the aforementioned Director of Engineering, Operations, and Urbanism). In this latter official letter, the following was expressly stated: “a visit was coordinated together with Ing. Jerry Briceño from AyA and the Municipal Inspector Lic. Manrique Solano Arroyo, who corroborated that the construction endorsed by this Municipality does not affect the sanitary sewer easement (servidumbre) of AyA” (see the filing brief and the evidence provided to the digital file).

j) On May 27, 2025, the claimant Nombre130406 requested from the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response a structural risk assessment due to proximity to Quebrada Cangrejos in San Francisco de Goicoechea (see the filing brief and the evidence provided to the digital file).

k) In June 2025, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, through official letter No. CNE-UIAR-INF-0585-2025, concluded and recommended the following: “V. Conclusions A. Apparently the structure has not been completed and is not inhabited. B. The work is located within the protection zone of the Quebrada Cangrejos. C. On the day of the visit, no evidence of erosion was observed; however, the vulnerability to this threat is high, especially during the rainy season. VI. VII. Recommendations A. The Municipality of Goicoechea should be notified so that it acts according to its competence and verifies if the work has the respective permits; if not, the structure must be demolished” (see the filing brief and the evidence provided to the digital file).

l) On July 16, 2025, the Directorate of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea notified an administrative act to the Amigos de Dios Association for having executed works not approved in construction permit No. 0146-2024. It was ordered to eliminate all structure in the protection zone within a period of 24 hours (see the report of the respondent authority and the evidence provided to the digital file).

m) On July 17, 2025, the Directorate of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea, based on Article 88 of the Construction Law, granted the Amigos de Dios Association a period of thirty business days to process the corresponding permit and regularize the works executed without authorization, related to the enclosure of the structure built on the property covered by construction permit No. 0146-2024 (see the report of the respondent authority and the evidence provided to the digital file).

n) On September 2, 2025, given the non-compliance with the granted period, the Directorate of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea, based on Article 94 of the Construction Law, granted the Amigos de Dios Association a new period of eight business days to process the corresponding permit and adjust the executed works to the applicable regulations (see the report of the respondent authority and the evidence provided to the digital file).

o) On September 4, 2025, the Directorate of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea archived administrative ticket No. 15376 A, upon verifying the demolition of the structure enclosure executed without a construction permit by the Amigos de Dios Association, considering the municipal order issued regarding the unauthorized works to have been complied with (see the report of the respondent authority and the evidence provided to the digital file).

IV.- Unproven fact. The following fact of relevance for this resolution is not deemed duly demonstrated.

Only: That the claimant Nombre130406 was formally notified of the archiving of administrative ticket No. 15376 A, ordered by the Directorate of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea on September 4, 2025, on the grounds that the demolition of the structure enclosure executed without a construction permit by the Amigos de Dios Association was verified, and the consequent compliance with the municipal order issued regarding the unauthorized works.

V.- On the specific case. The claimant maintains that the Municipality of Goicoechea has incurred irregular actions and omissions in the processing and oversight of a construction permit granted to the Amigos de Dios Association, since, despite his efforts and the warnings from other institutions about risks and impacts on protection zones, partial responses have been provided, an administrative order issued has not been effectively executed or overseen, and the continuation of the works has been permitted, which in his view violates the principle of legality and the constitutional duties of environmental protection.

Firstly, from a comprehensive examination of the proven facts, it is evident that the respondent municipal authority did deploy concrete and verifiable administrative actions aimed at addressing the problem reported by the protected parties, even in light of what was stated in the technical report issued by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response. Indeed, after receiving the technical assessment from the CNE, the Directorate of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea conducted inspections, identified the existence of works not covered by the current construction permit, and proceeded to issue an express administrative act addressed to the Amigos de Dios Association, whereby it ordered the elimination of all structures located in the protection zone of the Quebrada Cangrejos.

Likewise, it is on record that this order was followed up by the Administration, since on September 4, 2025, that is, prior to the issuance of the resolution that admitted this amparo appeal, the municipal authority itself recorded in the administrative file that the structure enclosure executed without a permit had been demolished, which is why the archiving of administrative ticket No. 15376 A was ordered, the order issued regarding the unauthorized works being considered complied with. In this manner, the evidentiary record accredits that the respondent municipal entity not only exercised its oversight power but also materially verified compliance with what was ordered, neutralizing the situation that had given rise to the technical warning about the protection zone.

Consequently, from this perspective, no omission is observed in the face of a certain environmental impact that justifies granting the appeal on the merits of the environmental complaint, since the accredited municipal action reveals an effective administrative response consistent with the detected situation. Therefore, on this point, the amparo appeal must be dismissed, as no injury attributable to the respondent authority is configured regarding the supervision and correction of the works executed in the protection zone.

However, having clarified the above, the analysis cannot be exhausted in that single aspect, since a different element that does possess constitutional relevance emerges from the same evidentiary set. In particular, it is not evident from the report rendered under oath by the municipal authority, nor from the rest of the evidentiary record incorporated into the file, that the archiving of administrative ticket No. 15376 A, ordered on September 4, 2025, was formally communicated to the protected party, despite that said administrative procedure originated, precisely, from the complaint and the request for assessment promoted by the claimant Nombre130406.

In that sense, although the Administration internally verified compliance with the order and concluded the oversight procedure against the inspected party, the truth is that the absence of communication of that final result to the person who activated the administrative intervention prevented the claimant from having timely knowledge of how his petition was resolved. Consequently, this lack of notification of the act that ended the administrative procedure constitutes an impact on the right to a prompt and fulfilled administrative procedure, enshrined in Article 41 of the Political Constitution, insofar as said right is not satisfied only with the internal adoption of administrative decisions, but also requires that the citizen be promptly informed of its result. Hence, even though the respondent municipality acted diligently in correcting the detected construction irregularity, the omission of formally communicating the archiving of the administrative ticket to the protected party constitutes an autonomous and specific injury of constitutional relevance. Therefore, the proper course is to grant the appeal, as is indeed done.

VI.- Regarding the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and the National Environmental Technical Secretariat, from the joint examination of the evidentiary record, it is clear that both authorities addressed the efforts raised by the claimant within the scope of their respective competencies, without an action or omission of constitutional relevance being configured.

Indeed, regarding the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, it is on record that the claimant requested a risk assessment related to the works carried out in the vicinity of the Quebrada Cangrejos, a request that was addressed through the issuance of official letter No. CNE-UIAR-INF-0585-2025, in which said institution carried out the corresponding inspection, recorded its technical conclusions, and formulated recommendations directed to the competent municipal authority. In this way, the CNE effectively exercised the functions proper to it, without an unjustified refusal, undue delay, or non-compliance with its legal duties being evident from the file regarding the claimant.

For its part, with respect to the National Environmental Technical Secretariat, it is accredited that on April 3, 2025, the claimant filed a complaint before that body, which was processed immediately. Thus, through official letter No. SETENA-SG-0480-2025 of April 4, 2025, the General Secretariat determined that there was no active administrative file at SETENA related to the reported facts and, in application of the current regulatory framework, proceeded to transfer the complaint to the Administrative Environmental Tribunal, the competent body to hear it. Likewise, it is on record that on April 21, 2025, said official letter was communicated to the protected person, which shows that the administrative action not only conformed to SETENA's legal competencies but was also promptly communicated to the complainant.

Consequently, since no action or omission attributable to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response or to the National Environmental Technical Secretariat that has caused a direct and current impact on the fundamental rights of the protected party is accredited, the amparo appeal must be dismissed insofar as it is directed against both authorities.

VII. Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo guarantee, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. I consider that in environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration, their knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the case when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, in which the claimant asserts having reported, before the Municipality of Goicoechea, the problem presented at the Quebrada La Cangreja, with the construction of structures within the protection area, which puts the integrity of the neighbors at risk due to the alteration of the channel and affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life for the claimant, but which has not been definitively resolved.

IX.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if any document has been provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Regulation on Electronic Files before the Judiciary”, approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is partially granted, solely for the violation of the right to a prompt and fulfilled administrative procedure. Consequently, Fernando Chavarría Quirós, in his capacity as Mayor of Goicoechea, or whoever occupies said position, is ordered to take the necessary steps within the scope of his competence, so that, within a maximum period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, the archiving of administrative ticket No. 15376 A, ordered by the Directorate of Engineering and Operations of said Municipality, is communicated to the claimant. The respondent party is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Goicoechea is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and the National Environmental Technical Secretariat, and with respect to the other grievances, the appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez appends a note. Magistrate Salazar Alvarado appends a note. Notify.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 



Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

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