Res. 03489-2026 Sala Constitucional — Amparo against municipality for failure to respond to environmental complaint regarding Copey River protection zoneAmparo contra municipalidad por omisión de respuesta en denuncia ambiental sobre zona de protección del río Copey

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Sala Constitucional

Resolución Nº 03489 - 2026

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-037798-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-037798-0007-CO

Res. Nº 2026003489

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de enero de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo presentado por Nombre34748, cédula de  identidad CED16005, contra la MUNICIPALIDAD DE GARABITO.  

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el 03 de diciembre de 2025, la parte recurrente, presenta recurso de amparo y manifiesta que el 04 de junio de 2025,  presentó formal denuncia ante la Municipalidad de Garabito, en la que se puso en conocimiento de la autoridad municipal el informe técnico sobre la invasión a la zona de protección del río Copey, ubicado en el Dirección10698, elaborado por el ingeniero topógrafo Francisco Ramírez Leitón en mayo de 2025. Además, se aportó la evidencia planimétrica y fotográfica de las invasiones. Con fundamento en los principios preventivo y precautorio de la Ley de Biodiversidad, se solicitó la realización de una inspección inmediata en el sitio, por parte de la Unidad Ambiental, la verificación de las violaciones a la Ley Forestal y Ley de Construcciones y la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes para la demolición de las obras ilegales que invaden el área de protección. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no ha obtenido una respuesta.

2.- Por resolución de las 16:05 horas del 09 de diciembre del 2025, se dio curso al presente amparo, resolución que fue notificada a la autoridad recurrida el 15 de setiembre de 2025 (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento Francisco González Madrigal, alcalde de la municipalidad de Garabito, que la denuncia presentada por el recurrente fue atendida por el departamento de Servicios Ambientales y Municipales, se realizaron una serie de procedimientos como levantamiento topográfico de alta precisión, con tecnología GNSS de doble frecuencia, abarcando calles públicas adyacentes, líneas de propiedad y márgenes del río, se utilizaron ortofotos y ortomosaicos a escala 1:1000, planos catastrales y registros oficiales del sistema de información de Recursos Hídricos,  se revisaron títulos de propiedad, información registral, planos de catastro, y se identificaron discrepancias entre la información registral catastral y la realidad física del sitio, todo lo cual le fue notificado al correo electrónico del  recurrente el 18 de diciembre de 2025.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PRELIMINAR.  De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una denuncia ambiental, la cual presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Señala la parte recurrente que el 04 de junio de 2025, presentó formal denuncia ante la Municipalidad de Garabito, en la que se puso en conocimiento de la autoridad municipal el informe técnico sobre la invasión a la zona de protección del río Copey, ubicado en el distrito de Jacó, cantón de Garabito. Además, se aportó la evidencia planimétrica y fotográfica de las invasiones. Con fundamento en los principios preventivo y precautorio de la Ley de Biodiversidad, se solicitó la realización de una inspección inmediata en el sitio, por parte de la Unidad Ambiental, la verificación de las violaciones a la Ley Forestal y Ley de Construcciones y la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes para la demolición de las obras ilegales que invaden el área de protección. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no ha obtenido una respuesta.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

1.    En fecha 04 de junio de 2025, el recurrente presentó ante la municipalidad recurrida denuncia, en la que puso en conocimiento de la autoridad municipal el informe técnico sobre la invasión a la zona de protección del río Copey, ubicado en el Dirección10698, elaborado en mayo de 2025 (ver registro electrónico).

2.    la denuncia presentada por el recurrente fue atendida por el departamento de Servicios Ambientales y Municipales, se realizaron una serie de procedimientos como levantamiento topográfico de alta precisión, con tecnología GNSS de doble frecuencia, abarcando calles públicas adyacentes, líneas de propiedad y márgenes del río, se utilizaron ortofotos y ortomosaicos a escala 1:1000, planos catastrales y registros oficiales del sistema de información de Recursos Hídricos,  se revisaron títulos de propiedad, información registral, planos de catastro, y se identificaron discrepancias entre la información registral catastral y la realidad física del sitio, todo lo cual le fue notificado al correo electrónico del  recurrente el 18 de diciembre de 2025 (ver registro electrónico).

3.    Por resolución de las 16:05 horas del 09 de diciembre del 2025, se dio curso al presente amparo, resolución que fue notificada a la autoridad recurrida el 15 de setiembre de 2025 (ver registro electrónico).

IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub examine, se constata que en efecto en fecha 04 de junio de 2025, el recurrente  presentó ante la municipalidad recurrida  denuncia, en la que  puso en conocimiento de la autoridad municipal el informe técnico sobre la invasión a la zona de protección del río Copey, ubicado en el Dirección10698, elaborado en mayo de 2025. Indica la autoridad recurrida que, la denuncia presentada por el recurrente fue atendida por el departamento de Servicios Ambientales y Municipales, se realizaron una serie de procedimientos como levantamiento topográfico de alta precisión, con tecnología GNSS de doble frecuencia, abarcando calles públicas adyacentes, líneas de propiedad y márgenes del río, se utilizaron ortofotos y ortomosaicos a escala 1:1000, planos catastrales y registros oficiales del sistema de información de Recursos Hídricos,  se revisaron títulos de propiedad, información registral, planos de catastro, y se identificaron discrepancias entre la información registral catastral y la realidad física del sitio, todo lo cual le fue notificado al correo electrónico del  recurrente el 18 de diciembre de 2025, todo lo cual se realizó debido a la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso, por lo que se estima el amparo en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.

Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no

hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:

“Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución

Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

 VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.  El Magistrado Castillo consigna nota.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 V1VGOPHYRQE61

EXPEDIENTE N° 25-037798-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:16:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of January two thousand twenty-six.

Amparo remedy (Recurso de amparo) filed by Nombre34748, identity card CED16005, against the MUNICIPALITY OF GARABITO.

Whereas (Resultando):

1.- By written submission filed in the Secretariat of this Chamber on December 3, 2025, the petitioner files an amparo remedy and states that on June 4, 2025, they filed a formal complaint (denuncia) with the Municipality of Garabito, in which the municipal authority was made aware of the technical report on the encroachment into the protection zone (zona de protección) of the Copey River, located at Dirección10698, prepared by the topographical engineer Francisco Ramírez Leitón in May 2025. Additionally, planimetric and photographic evidence of the encroachments was provided. Based on the preventive and precautionary principles of the Biodiversity Law, an immediate on-site inspection was requested from the Environmental Unit, the verification of violations of the Forest Law (Ley Forestal) and the Construction Law, and the opening of the corresponding administrative proceedings for the demolition of the illegal works encroaching on the protection area. They claim that, as of the date of filing this remedy, they have not received a response.

2.- By resolution at 16:05 on December 9, 2025, this amparo was admitted, a resolution that was notified to the respondent authority on September 15, 2025 (see electronic record).

3.- Francisco González Madrigal, mayor of the Municipality of Garabito, reports under oath that the complaint filed by the petitioner was handled by the Environmental and Municipal Services department. A series of procedures were carried out, such as a high-precision topographical survey (levantamiento topográfico) using dual-frequency GNSS technology, covering adjacent public streets, property lines, and river margins. Orthophotos and orthomosaics at a scale of 1:1000, cadastral plans, and official records from the Water Resources information system were used. Property titles, registry information, and cadastre plans were reviewed, and discrepancies between the cadastral registry information and the physical reality of the site were identified. All of which was notified to the petitioner's email on December 18, 2025.

4.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering (Considerando):

I.- PRELIMINARY QUESTION. Before analyzing the merits of the matter—regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in this case, an exception scenario arises—supported by the majority of this Constitutional Court—since it involves an environmental complaint (denuncia ambiental), which allegedly has not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner indicates that on June 4, 2025, they filed a formal complaint with the Municipality of Garabito, in which the municipal authority was made aware of the technical report on the encroachment into the protection zone of the Copey River, located in the district of Jacó, canton of Garabito. Additionally, planimetric and photographic evidence of the encroachments was provided. Based on the preventive and precautionary principles of the Biodiversity Law, an immediate on-site inspection was requested from the Environmental Unit, the verification of violations of the Forest Law and the Construction Law, and the opening of the corresponding administrative proceedings for the demolition of the illegal works encroaching on the protection area. They claim that, as of the date of filing this remedy, they have not received a response.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted referring to them, according to what is prescribed in the initial order:

1. On June 4, 2025, the petitioner filed a complaint before the respondent municipality, in which the municipal authority was made aware of the technical report on the encroachment into the protection zone of the Copey River, located at Dirección10698, prepared in May 2025 (see electronic record).

2. The complaint filed by the petitioner was handled by the Environmental and Municipal Services department; a series of procedures were carried out, such as a high-precision topographical survey using dual-frequency GNSS technology, covering adjacent public streets, property lines, and river margins; orthophotos and orthomosaics at a scale of 1:1000, cadastral plans, and official records from the Water Resources information system were used; property titles, registry information, and cadastre plans were reviewed; and discrepancies between the cadastral registry information and the physical reality of the site were identified. All of which was notified to the petitioner's email on December 18, 2025 (see electronic record).

3. By resolution at 16:05 on December 9, 2025, this amparo was admitted, a resolution that was notified to the respondent authority on September 15, 2025 (see electronic record).

IV.- ON THE MERITS. In the sub examine, it is verified that indeed on June 4, 2025, the petitioner filed a complaint before the respondent municipality, in which the municipal authority was made aware of the technical report on the encroachment into the protection zone of the Copey River, located at Dirección10698, prepared in May 2025. The respondent authority indicates that the complaint filed by the petitioner was handled by the Environmental and Municipal Services department; a series of procedures were carried out, such as a high-precision topographical survey using dual-frequency GNSS technology, covering adjacent public streets, property lines, and river margins; orthophotos and orthomosaics at a scale of 1:1000, cadastral plans, and official records from the Water Resources information system were used; property titles, registry information, and cadastre plans were reviewed; and discrepancies between the cadastral registry information and the physical reality of the site were identified. All of which was notified to the petitioner's email on December 18, 2025. All of this was carried out due to the notification of the resolution admitting this remedy, and therefore the amparo is granted on the terms indicated in the operative part of this judgment.

V.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Under a better weighting, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable (si fueren procedentes)"), the granting must be without special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. Although there is an explicit text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the remedy is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that this same final paragraph states that the granting is dictated "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases like this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it provides that: "any resolution upholding the remedy shall condemn in abstracto to the compensation of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the General Public Administration Law and the Contentious Administrative Procedure Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law—cfr. article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious Administrative Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy without award of costs, damages, and prejudices.

VI.- DIFFERENT REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.

While I agree with the majority vote, which grants the remedy for violation of the right of petition and prompt response, I consider that it should be granted, but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as compensation for the damages and prejudices caused, for the following reasons.

The right of petition and prompt response, contained in articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, obliges public officials to resolve the requests of the administered within a period of ten business days from the date of submission of such requests, unless a different period for responding has been indicated. However, the cited article 32 also provides that, in deciding the petition, the Chamber shall assess the reasons adduced to consider said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to inform the petitioner of the causes for the delay in ruling. For the purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind what is indicated by the norms cited above.

Article 27 of the Political Constitution establishes the following:

"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, is guaranteed."

For its part, numeral 32 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the following:

"When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in article 27 of the Political Constitution, and no period for responding has been indicated, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date the request was submitted in the administrative office, without prejudice to the fact that, in deciding the remedy, the reasons adduced to consider that period insufficient may be assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter."

In the same vein, the Law for the Regulation of the Right of Petition No. 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to bear in mind what is indicated in numeral 6 of said regulation:

"Submission of writings and response period. The writing in which the petition is submitted and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day after receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norms of each entity…"

Thus, in amparo remedies referring to the alleged violation of this right, there is an express legal norm—constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction—that orders the provision of the requested information within the ten business days following the request, as provided in articles 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intent regarding the protection of this right.

Likewise, the Constitutional Jurisdiction Law, in article 51, provides:

"...any resolution upholding the remedy shall condemn in abstracto to the compensation of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment."

This last norm establishes the general system regulating the matter of compensation and payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…"

Consequently, in the case before us, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified—a period which, incidentally, is not required for the rest of the amparo remedies, except for those of rectification and response (numeral 68 of the Constitutional Jurisdiction Law).

Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority's thesis, is to consider the injury to the right of petition and prompt response, as well as the right of access to public information (article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, to be accredited, ordering the award of costs, damages, and prejudices against the respondent authority.

Thus, being a constitutionally endorsed period—by the legislator, as well as by this Constitutional Court—its non-compliance entails an injury to the indicated fundamental right, which compelled the petitioner to file this amparo remedy as a mechanism to obtain a response to their request or access to the information they have required. This is independent of whether the response or delivery of information occurred before or upon the filing of the amparo; because, it is true, the administered ultimately saw their constitutional right satisfied upon the filing of the amparo remedy they were forced to submit, with the inconveniences and costs this entails. It is insisted, the response or access provided by the respondent Administration, which occurs once the period in question has expired, even if it arises before the notification of the admission of the amparo, or, as in this case, upon the notification of said admission, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by constitutional ordinals 27 and 30. It is clear that in this hypothesis, that extemporaneous response constitutes satisfaction of the petitioner's claim, but that is not an obstacle to the recognition of the damages and prejudices that such indolence could have caused to the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the protection of their fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.

Consequently, I partially dissent, and I impose on the respondent party the payment of costs, damages, and prejudices.

VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable."

My interpretation of this norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs. Moreover, article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.

Certainly, according to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not of a compensatory nature but a restitutive one; however, article 51 of the LJC states: "Any resolution upholding the remedy shall condemn in abstracto to the compensation of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment."

If the right has been violated and the Chamber verifies it, even in the event that it has been restored, damages and prejudices could have arisen. For this reason, their condemnation in abstracto is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they did occur, there would be no title—derived from this process—to claim them, which could violate article 41 of the CP. Even if the condemnation in abstracto has been ordered and no damages and prejudices have been caused, the judge in the ordinary proceeding shall declare it so, since only they have the authority to consider the real existence and magnitude thereof as proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with an amparo remedy. It remains to be said that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored. By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the award of damages and prejudices, but not the award of costs.

VIII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in an administrative venue, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law for the Regulation of the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it corresponds to it, based on numeral 7 of its Law, to exclusively define its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional scenarios, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of the amparo guarantee, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction. All of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must advise the parties that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of thirty business days after receiving notification of this judgment. Otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session N°27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin N°19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N°43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE (POR TANTO):

The remedy is granted, without special award of costs, damages, and prejudices. Magistrate Salazar Alvarado sets forth different reasons and partially dissents, solely for compensatory purposes, and imposes on the respondent party the payment of costs, damages, and prejudices. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and prejudices, but not costs. Magistrate Castillo sets forth a note.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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*V1VGOPHYRQE61*

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