Res. 04267-2026 Sala Constitucional — Amparo against non-tourist use and forest destruction in the Papagayo ProjectAmparo contra uso no turístico y destrucción de bosque en el Proyecto Papagayo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 04267 - 2026

Fecha de la Resolución: 06 de Febrero del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-020400-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-020400-0007-CO

Res. Nº 2026004267

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del seis de febrero de dos mil veintiseis .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25-020400-0007-CO, interpuesto por GAD AMIT KAUFMAN, cédula de residencia CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. 

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 14 de julio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. Manifiesta que la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, nro. 6758 de 4 de junio de 1982, define claramente el objetivo de este desarrollo único en Costa Rica: "Artículo 1º.- Mediante la presente ley se regula el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste". Acota que el fin es turismo, por eso se encarga de su ejecución, en forma exclusiva el Ministerio de Turismo (ICT). Menciona que la Organización Mundial de Turismo (OMT) define el turismo como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. Indica que esa definición destaca la diversidad de actividades turísticas y su duración limitada en lugares diferentes al lugar de residencia. Comenta que la elección de Bahía Culebra para el desarrollo del Proyecto Turístico Papagayo se debe a su gran riqueza natural: bosques, manglares, vida silvestre, playas, mar, bahía con gran población de corales y vida marina, etc. Alega que afectar esa riqueza, la diversidad biológica y sus bosques, sería como acabar con la fuente que produce abundancia. Expresa que entre las funciones o servicios que desarrolla el ICT se encuentran en su página oficial una larga lista: contratos turísticos; ferias internacionales; exoneración de boletos aéreos; guardavidas autorizados; guías turísticos; marca país; oficinas de información turística; transporte turístico; brochures para turistas; atlas de playas; registro de hospedaje; artesanía con identidad; declaratoria turística, entre otras. Asegura que no se encuentra desarrollo inmobiliario. No obstante, alega que actualmente hay proyectos concesionados por el ICT dentro del Proyecto Turístico de Papagayo, que se quieren usar para lotificaciones y parcelas residenciales de villas de lujo. Reclama que el ICT autoriza el uso residencial, que no es turismo, a un concesionario de ese proyecto. Considera que el Ministerio de Turismo contraviene sus obligaciones y sobrepasa sus limitaciones legales al dedicarse a promover actividades inmobiliarias de lotificaciones y construcción de residencias privadas en tierras públicas que el ICT administra. Acusa que lo anterior, es contrario a la Ley No. 6758 y convierte las tierras propiedad del Estado en un uso ilícito, de negocio de tierras, parcelas, lotes y desarrollo inmobiliario, como si fueran tierras privadas. Asegura que ninguna norma de inferior categoría puede reformar una ley, en este caso la Ley No. 6758. Comenta que por directrices o decretos no pueden cambiarse los objetivos definidos en la ley del Proyecto Turístico de Papagayo. Afirma que ese objetivo es turismo. Indica que se puede documentar ese hecho al referirse concretamente al caso del Lote 1 concesionado por el ICT, Finca-Concesión 2168-Z-000, plano catastrado 5-1186670-2007, donde se contempla la lotificación de 90 villas de entre 1.000 y 1.500 m² cada una. Explica que así aparece en oficio PGP-0451-2024 del 14 de junio de 2024, firmado por varios personeros del ICT. Narra que esa modalidad de venta de lotes para villas no se contempla en el contrato de concesión original a la empresa Concesión 2168-Z-000. Asimismo, señala que el contrato original debería vencer el 03 de agosto de 2025, sin que la empresa haya cumplido con lo que prometió hacer durante ese período de 20 años de contrato. Manifiesta que el terreno concesionado en este acto, Lote 1 (de 43 hectáreas con 6.563,63 m²) está cubierto de bosque, según documentos oficiales. Sostiene que aporta el oficio SETENA-SG-0646-2025 del 20 de mayo de 2025 que consigna que, según el Sistema de Información Geográfica el Lote 1 mencionado, tenía una cobertura de bosque de 99% en el 2000 y de 98% en 2023. Alega que, según consta en el documento de Evaluación Ambiental D1-0170-2021-SETENA, en el área del proyecto se identifican diferentes tipos de cobertura vegetal, incluyendo bosque secundario, bosque maduro y bosque deciduo, de acuerdo con los planos catastrales del proyecto y los datos de FONAFIFO. Además, añade que en esos planos se identifican áreas clasificadas como Clase VII: Manejo de Bosque en los documentos catastrales 5-1186670-2007, que corresponde al Lote 1 Concesión 2168-Z-000. Arguye que la Ley Forestal No. 7575 de 1996 declara todos los bosques ubicados en tierras propiedad del Estado o sus instituciones como Patrimonio Natural del Estado y nos obliga a protegerlos, de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley Forestal 7575, la cual no exceptúa al ICT o al Proyecto Papagayo de su cumplimiento. Señala que las áreas pueden destinarse a usos de ecoturismo, como caminatas, avistamiento de fauna silvestre, acampadas y otras actividades sanas, positivas y sostenibles en nuestros bosques. Afirma que ese bosque -Patrimonio Natural del Estado- representa un bien del que pueden disfrutar todas las personas que viven en la zona o quienes la visitan como turistas. Expone también que, la gran variedad de fauna silvestre, aves, monos, mapaches, pizotes, ardillas, garrobos y decenas de especies adicionales presentes en la zona. Reitera que por esa razón deben ser preservados esos bosques, según la ley vigente. Acota que interpone el recurso de amparo contra la destrucción del bosque de Playa Panamá, en tierras que en este caso son propiedad del Estado, para usos no turísticos. Alega que se opone al simple tráfico de bienes y negocios inmobiliarios de la empresa privada concesionaria. Sostiene que la empresa concesionaria está afectando y degradando el bosque sin contar con permisos del SINAC-MINAE, a vista y paciencia del ICT. Manifiesta que la lotificación de 90 villas, de entre 1.000 y 1.500 m² cada una aparece documentada y detallada en el oficio PGP-0451-2024. Relata que la lotificación no está en el contrato de concesión original firmado por el ICT y es contraria a lo ofrecido en el proceso de licitación pública adjudicado y así concesionado por el ICT. Narra que, en campañas publicitarias, tanto en el país como en el extranjero -en español e inglés- la empresa ofrece propiedades en su proyecto Bahía Papagayo sin indicar que se trata de tierras públicas, propiedad del Estado, inalienables. Reitera que la empresa ha incumplido sus obligaciones contractuales en los primeros 20 años de vigencia de la concesión. Afirma que el plazo de concesión vence, según el contrato original el 03 de agosto de 2025. Resalta que la información usada para sustentar este recurso es en base a la documentación obtenida del ICT después de un recurso de amparo que se tramitó bajo el expediente nro. 25-004460-0007-CO por omisión de respuesta, el cual la Sala Constitucional declaró con lugar por resolución No. 2025-007129, a las 09:20 horas del 07 de marzo de 2025, donde ordenó lo siguiente: "dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde al recurrente la totalidad de la información requerida.". Arguye que la lotificación para construcción de villas residenciales de lujo en la finca propiedad del Estado -concesionada- no corresponde al Plan Maestro, el cual es de acatamiento obligatorio según el Artículo 2 de la Ley 6758. Resalta que el Plan Maestro vigente, con sus detalles sobre usos de suelo, zonificación, densidad y especificaciones para el desarrollo del Proyecto Papagayo, no lo ha podido obtener del ICT. Sostiene que únicamente le aportó el reglamento del mismo, por lo que solicita que en la respuesta de los recurridos, se aporte ese documento debidamente certificado, con especial detalle de la zona en cuestión en Playa Panamá. Indica que el tener a mano el Plan Maestro vigente, con todos los insumos, estudios técnicos y definiciones es básico para la resolución de este amparo y para verificar si lo impugnado, cumple o no con la Ley 6758. Aduce que en caso de ausencia del mencionado documento, se confirmaría que el ICT viola la Ley 6758 del Proyecto Papagayo. Esgrime que los vecinos asentados en Playa Panamá compraron propiedades privadas cerca de Papagayo, fuera del área de propiedad área estatal y construyeron sus casas, atraídos por las bellezas naturales y escénicas proporcionadas por sus bosques y playas, buscando tranquilidad y naturaleza. Reclama que se sienten afectados, agredidos, dolidos y molestos por la intención de destruir y desaparecer los bosques que tanto aman y disfrutan. Manifiesta que no quieren que destruyan el corredor biológico de los monos y otros animales que conocen y ayudan a proteger. Expresa que defiende ese mismo derecho a nombre de los visitantes nacionales e internacionales que los visitan y de todos los habitantes de Costa Rica de hoy y del futuro, a quienes pertenecen esas tierras del Estado administradas por el ICT. Acota que por esa razón, en lo emocional, pero también en lo legal, no quieren que afecten la calidad de sus vidas ni destruyan el entorno en el que viven. Por los motivos expuestos, solicita la intervención de la Sala en el presente recurso.

2.- Por resolución dictada a las 22:22 horas del 15 de julio de 2025, se dio curso al presente recurso de amparo.

3.- Informa bajo juramento Henry Paul Wong Carranza, en su condición de director ejecutivo de la Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo del Instituto Costarricense de Turismo, quien manifiesta lo siguiente: “… DE CARÁCTER PREVIO: ASPECTOS HISTÓRICO JURIDICOS LIGADOS A EL PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO Las zonas costeras de nuestro país siempre han sido objeto de regulación legislativa, con cambios muy significativos al pasar del tiempo. Es así que, mediante la Ley de Aguas, N° 276 del 27 de agosto de 1942, el legislador determinó como propiedad nacional las playas y la zona marítima (artículo 3 inciso l), entendida esta última como “el espacio de las costas de la República que baña el mar en su flujo y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla, o sean mil seiscientos setenta y dos metros, contados desde la línea que marque la marea alta. Esta zona marítima se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas, con un ancho de doscientos metros desde cada orilla, contados desde la línea que marque la marea Posteriormente, mediante la Ley de Tierras y Colonización (ITCO INDER), Ley 2825, del 14 de octubre de 1961, la citada milla marítima, se redujo a los hoy conocidos 200 metros, quedando así la “zona marítimo terrestre” como terrenos inalienables, de dominio público: “Artículo7.- Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes: (…) b) Los comprendidos en una zona marítimo-terrestre de doscientos metros de ancho a lo largo de las costas de ambos mares, desde la pleamar ordinaria, así como los comprendidos en una zona de cincuenta metros de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos navegables;” Posteriormente, con la Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre, Ley 4558, del 22 de abril de 1970, prácticamente vino a desafectar el dominio público de una parte significativa de la zona marítimo terrestre, restando de ella con carácter demanial sólo la franja de cincuenta metros a partir de la pleamar ordinaria (artículo 6), hoy llamada la zona pública. Los otros 150 metros contiguos a ésta se declararon susceptibles de apoderamiento por dos vías: la primera por venta cuando hubo contrato de arrendamiento por más de 10 años y la segunda por posesión por más de 30 años de forma quieta, pacífica, pública y a título de dueño, tomando en cuenta el tiempo del arrendamiento en caso que lo hubiera (Transitorio III). Es así que, propiedades privadas reducidas a dominio privado existen dentro de la ZMT. No obstante, este último transitorio tercero, se mantuvo vigente por un corto periodo de tiempo, (del 22 abril de 1970 al 04 de octubre de 1971), ya que, fue derogado mediante Ley 4847 del 04 de octubre de 1971, denominada “Ref. Ley Urbanización Zona Marítimo Terrestre (Transitorio III).” En cuanto a los antecedentes normativos, tenemos que en primer término, mediante Ley N° 5847 de 18 de noviembre de 1975 se aprobó el Convenio de Préstamo celebrado entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco de Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de financiar la elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico y la preparación de un plan maestro del Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. En el artículo 3° de la ley recién citada se dispuso que el Proyecto que surgiera como consecuencia del mencionado estudio de factibilidad, sería realizado por el Estado costarricense, de conformidad con la ley que debería ser dictada al efecto. Desde un punto de vista fáctico, la decisión de establecer el Polo Turístico en la Bahía Culebra responde a estudios técnicos regionales promovidos por el BCIE en las décadas de 1960 y 1970, que identificaron esta zona como de alto valor ecológico, escénico y cultural, con potencial para el turismo internacional. Esta base empírica sirvió como fundamento para que el legislador costarricense adoptara una serie de medidas dirigidas a facilitar la ejecución del proyecto bajo condiciones especiales, entre ellas la declaratoria de utilidad pública (Ley N.° 6370 de 1979), la creación de un régimen diferenciado de administración estatal (Ley N.° 6758 de 1982), y la adopción de un Plan Maestro aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva No 4572, artículo 2, inciso VIII, celebrada el día 10 de julio de 1995. El régimen jurídico excepcional del proyecto tiene como pilar la exclusión expresa de la competencia municipal en materia de administración de la ZMT dentro del área delimitada. Si bien el artículo 3 de la Ley N.° 6043 otorga a las municipalidades la facultad de administrar la zona restringida y otorgar concesiones, el artículo 74 establece una excepción específica para el Proyecto Bahía Culebra, adscribiendo esa competencia al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Esta excepción ha sido ratificada por diversos dictámenes de la Procuraduría General de la República (por ejemplo, C-171-93 y C-028-94), que reafirman que el ICT ostenta competencias exclusivas de administración, control y otorgamiento de concesiones en la zona, sin perjuicio de las competencias municipales residuales, como la emisión de permisos de construcción. Desde el punto de vista del derecho público, este régimen excepcional responde al principio de legalidad reforzada en materia de administración del dominio público, y se inscribe en la lógica de los regímenes especiales permitidos por el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política. La ley regula con precisión las competencias, límites y condiciones bajo las cuales se otorgan concesiones, imponiendo un estándar más riguroso que el previsto para otras zonas costeras del país. Así, por ejemplo, el ICT puede otorgar concesiones solo mediante concursos públicos, previo análisis técnico y jurídico, y con base en la congruencia con el Plan Maestro, el cual funge como instrumento vinculante de planificación. A nivel administrativo, el régimen de excepción cuenta con una Oficina Ejecutora del Proyecto adscrita al ICT, que, con máxima desconcentración funcional, permite una gestión técnico-operativa más eficaz. El Consejo Director, integrado por representantes del sector público y privado, tiene competencias de dirección, fiscalización y recomendación, siendo un modelo de gobernanza mixta poco común en la administración pública costarricense. Esto refuerza el carácter planificado y controlado del desarrollo turístico, alineado con el principio de eficiencia administrativa y con el interés general que persigue el proyecto. Desde la óptica ambiental y territorial, el proyecto también cuenta con restricciones normativas que limitan la densidad habitacional, la altura de los edificios, la intensidad lumínica, la ubicación de la infraestructura eléctrica, y prohíbe prácticas contaminantes como el uso de tanques sépticos. Estas limitaciones responden a la necesidad de proteger los recursos naturales y paisajísticos del área, en coherencia con los principios del derecho ambiental consagrados en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. Asimismo, el decreto ejecutivo N.° 32051-MINAE de 2005 declara de interés prioritario el desarrollo de proyectos de investigación y educación ambiental en la zona, lo que evidencia el enfoque de desarrollo sostenible que inspira al régimen. La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto (Decreto Ejecutivo N.° 33132 de 2005) refuerza aún más su posición dentro de las políticas públicas estatales, al considerarlo como prioritario para el desarrollo económico, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera directa. Esta declaratoria tiene fundamento en la Ley Forestal N.° 7575, artículo 3, que define las actividades de conveniencia nacional como aquellas cuyo beneficio social supera el costo ambiental, condición que debe demostrarse mediante los instrumentos técnicos correspondientes. La evolución histórica del Polo Turístico Golfo Papagayo (en adelante PTGP), conocido en su génesis como “Bahía Culebra” y se en un inicio a partir de la Ley N° 5847 de 18 de noviembre de 1975, mediante la cual se aprobó el Convenio de Préstamo celebrado entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco de Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de financiar la elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico y la preparación de un plan maestro del Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. En el artículo 3° de la ley recién citada se dispuso: “ARTICULO 3.- El proyecto de desarrollo turístico de Bahía Culebra, que surja como consecuencia de este estudio de factibilidad, será realizado por el Estado costarricense, de conformidad con la ley especial que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito.”. De las actas legislativas de la Ley 6043-ZMT, se extrae el siguiente texto: “Dictámen mayoría: “El presente proyecto pretende otorgarle al ICT las facultades que en virtud de su Ley orgánica le corresponden en lo referente a la dirección, administración y ejecución de los proyectos de desarrollo turístico que en su mayor parte pretenden llevarse a cabo en las zonas marítimo-terrestres, territorios insulares que regula este proyecto.” (pág. 61 expediente administrativo) Ya para el 2 de marzo de 1977, con la promulgación de la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, queda definitivamente regulado hasta el día de hoy, el régimen jurídico de la zona marítimo terrestre, así como de las islas y se declara al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, como áreas afectadas bajo la administración exclusiva del ICT, es decir, es mediante esta Ley 6043, que nace el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, entonces denominado “proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra” denominándolo como un “caso especial”. “Casos especiales Artículo 74.-En cuanto al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, cuyo litoral limita al norte en el punto de la Cuadrícula Lambert Costa Rica, latitud 2/94 y longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50 o sea desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, las áreas afectadas quedarán bajo la administración directa del Instituto Costarricense de Turismo. La reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo, previa consulta a ese Instituto. Todo lo anterior sin perjuicio del usufructo y cánones que correspondan a las municipalidades respectivas conforme a esta ley.” El 16 de diciembre de 1977, mediante Decreto Ejecutivo 7841-P, Reglamento a la Ley 6043, se reglamentó el citado artículo 74: “Disposiciones Especiales Artículo 93.-De acuerdo con el artículo 74 de la Ley, la zona marítimo terrestre comprendida en el Proyecto de Desarrollo Integral de Bahía Culebra, desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, queda bajo la administración directa del ICT. Las concesiones en esa área serán otorgadas por dicho instituto; las solicitudes se presentarán ante éste y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento contemplado en este reglamento, en lo que fuere aplicable. El ICT otorgará esas concesiones únicamente cuando se ajusten al Plan de Desarrollo Integral o no lo interfieran. Una vez otorgada una concesión, el Instituto lo pondrá en conocimiento de la municipalidad respectiva para que ésta cobre el canon que corresponda. En todo lo demás, regirán para esta zona las disposiciones de la Ley y el reglamento, sin perjuicio de las normas especiales que se puedan dictar.” Con la Ley 6370, Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, del 20 de agosto de 1979, se dio una redefinición de límites de los que fueron establecidos en el año 1977 en la Ley 6043, autorizándose al ICT a adquirir los bienes inmuebles que a su juicio sean necesario para el desarrollo del proyecto turístico: “Artículo 1º.-Declárase de utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas completa, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra, en jurisdicción de la provincia de Guanacaste, que se asentará, sobre la base de la cuadrícula Lambert Costa Rica, del mapa hoja 3047.Dirección01, Costa Rica 1: 50.000 (elaborado por el Instituto Geográfico Nacional), y se ubicará entre las siguientes coordenadas: 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.94 Norte con 3.62 Este, como límite Norte; 2.85 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54 Este, y 2.84 Norte con 3.62 Este como límite Sur; 2.94 Norte con 3.62 Este y 2.84 Norte con 3.62 Este, como límite Este; y 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.50 Este, y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54 Este, como límite Oeste. Dicha porción territorial comprende la zona marítima del litoral Pacífico, ubicada desde Punta Cabuya al Norte, hasta un kilómetro al Sur de Punta Ballena. Artículo 2º.-Autorízase al Instituto Costarricense de Turismo para adquirir en forma directa, prescindiendo del trámite de licitación, pero con el refrendo de la Contraloría General de la República, los bienes inmuebles dentro de la zona descrita en el artículo 1º de esta ley, que a su juicio sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Artículo 6º.- Las personas que, el entrar en vigor esta ley, demostraren hallarse ocupando bienes inmuebles en la zona inalienable de Playa Panamá, serán indemnizadas con arreglo a los mismos criterios previstos en el artículo anterior. La ocupación debe haber sido ejercida ininterrumpidamente durante los últimos diez años, en forma quieta y pública; los interesados podrán invocar en su beneficio la ejercida por sus transmitentes y antecesores. La prueba de la ocupación en las condiciones anteriores, se hará mediante información que levantará el Instituto Costarricense de Turismo, a quien corresponderá aprobarla o improbarla, sin perjuicio del recurso de apelación que los interesados podrán plantear para ante uno de los juzgados contencioso administrativos, cuya decisión será definitiva. Artículo 9º.- Al cumplirse ocho años de la publicación de la presente ley deberán quedar concluidos los trámites administrativos, relativos a la adquisición por mutuo consentimiento de los inmuebles y derechos a que alude el artículo 1º y, en su caso, publicado el correspondiente decreto de expropiación. En defecto de esos actos jurídicos las propiedades y los derechos de posesión quedarán automáticamente liberados de la declaratoria de utilidad pública y sus respectivos dueños recuperarán el ejercicio absoluto de los atributos del dominio sobre esos bienes y derechos. Artículo 10.- Una vez adquiridas las tierras señaladas en la presente ley, sólo podrán ser utilizados por el Estado costarricense para el proyecto de desarrollo turístico en Bahía Culebra, de conformidad con la ley especial que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito en cumplimiento del artículo 3º de la ley Nº 5847 del 18 de noviembre de 1975.” Y por último, ya con la Ley N° 6758 del 06 de mayo de 1982, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 122 del 25 de junio de 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP, se dispuso: “Artículo 2.-En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto. Artículo 12.-La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al mismo, de conformidad con los plazos y las condiciones que el Instituto establezca al efecto, y de conformidad con las disposiciones del Artículo 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República.” A partir de la promulgación de la normativa citada, el ICT, en colaboración con las autoridades correspondientes, Notaria del Estado, MOPT, Contraloría General de la República, entre otras, llevó a cabo los trámites de expropiación para incorporar propiedades privadas e indemnización a algunos poseedores, quedando conformado el PTGP por las siguientes áreas (artículo 2 inciso i segundo párrafo) del Reglamento a la Ley 6758, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP: “(…) Dicha porción territorial comprende aquellas áreas que hayan sido adquiridas por el ICT para el desarrollo del proyecto, abarcando área de zona pública inalienable de cincuenta metros, área de zona restringida de ciento cincuenta metros y zona continental, entendida esta última como el área que se ubica tierra adentro, más allá de los doscientos metros de la zona marítimo terrestre del litoral Pacífico. El Proyecto Turístico Golfo Papagayo se ubica desde Punta Cabuyal al Norte, hasta un kilómetro al sur de Punta Ballena, prevaleciendo las coordenadas de la Ley 6370 y abarca además, el área cubierta permanentemente por el mar ubicada dentro de dichas coordenadas, destinada a la edificación, administración y explotación de marinas y atracaderos turísticos, dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, conforme a lo dispuesto por la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley N° 7744 de 19 de diciembre de 1997 y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 1998.” Debe aclararse, que no todas las áreas que se encuentran dentro de las coordenadas de la Ley 6370, forman parte de los sectores administrados exclusivamente por el ICT, ya que no todo fue expropiado. Sin embargo, de los diferentes expedientes de expropiación, puede identificarse que la mayoría de los lotes indicaban “potrero”, “agricultura”, “charral”. A manera de ejemplo, para el caso de expropiación del área que hoy día se encuentra dentro de lo que hoy se conoce como el lote 1 (plano G-52763-2023, 2168-Z-000) y lote 3 (plano G-43129-2022, 2169-Z-000), ambos derechos de concesión de ENJOY HOTELS & RESORTS S.A; se tiene que la adquisición se hizo mediante expropiación al señor Nombre01, con base en el plano G-0643968- 1986, con naturaleza “TERRENO POTRERO VARIEDAD REPASTOS” así inscrito hoy día en el Registro Nacional bajo la matrícula 22088-000 a nombre del ICT, obsérvese que, inclusive, los linderos aún hacen referencia a la “milla marítima.” Para el 09 de febrero del 2005, mediante Decreto 33132-MP-T, “Declara de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”, donde se dispuso: “Artículo 1º-Declarar de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo ubicado en los cantones de Liberia y Carrillo en la Provincia de Guanacaste. Artículo 2º-Para el óptimo desarrollo de este Proyecto, se insta a todas las dependencias del Gobierno, ministerios e instituciones públicas, para que brinden toda la ayuda y colaboración al mismo, dentro del marco de sus posibilidades materiales y el ámbito de sus respectivas competencias.” Es así que el Polo Turístico Golfo de Papagayo constituye un caso paradigmático en el derecho administrativo costarricense, al consolidarse como un proyecto estratégico nacional desarrollado bajo un régimen jurídico de excepción. Esta figura especial, otorgada por el ordenamiento jurídico, se justifica no solo por razones de conveniencia económica, sino también por razones de planificación, sostenibilidad y control estatal. Su creación y ejecución se fundamentan en una serie de actos legislativos y administrativos que, de forma sistemática, configuran un marco normativo diferenciado frente al régimen común de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) regulado por la Ley N.° 6043. Desde el punto de vista del análisis jurídico material, el régimen del Proyecto Golfo de Papagayo plantea una excepción razonada y proporcional dentro del marco constitucional costarricense, pues no anula las reglas comunes, sino que las modula para un caso específico, asegurando una mayor intervención estatal, control técnico y protección ambiental. Es un ejemplo de cómo un régimen especial puede coexistir con el derecho común, siempre que cuente con respaldo legal, finalidad legítima, y mecanismos de control que garanticen la sujeción al interés público. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el proyecto cuenta con un conjunto normativo robusto y sistematizado, compuesto por leyes, reglamentos, decretos y actos administrativos, que articulan una estructura jurídica coherente para su desarrollo. Esta estructura legal confiere certeza tanto al Estado como a los potenciales inversionistas sobre los derechos, deberes y condiciones para participar en el proyecto. Al mismo tiempo, garantiza la tutela del patrimonio natural del Estado y los principios de sostenibilidad, planificación y legalidad. SOBRE LA LEGITIMACIÓN No queda duda que el análisis pretendido por la recurrente NO cumple con los presupuestos requeridos para considerarlo como objeto de amparo propio de un procedimiento sumario, y todo el análisis que en su recurso solicita sea llevado a cabo sin duda desnaturaliza la figura del amparo. Aquellos casos que requieran de un análisis de cumplimiento con respecto a lo estipulado en la normativa, así como de la demostración y evacuación de prueba para definir la legalidad de las actuaciones, son temas propios de legalidad ordinaria que no pueden ser conocidos a través de un recurso de amparo, pues con ello se estaría desnaturalizando su figura sumaria. En otro apartado estaré analizando esta situación. ANTECEDENTES RELEVANTES EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES LEGALES TOMADAS POR PARTE DEL RECURRENTE EN CONTRA DEL MISMO PROYECTO. Como consta en los archivos de la honorable Sala Constitucional, bajo el expediente número 25-012448-0007-CO, la Asociación Confraternidad Guanacasteca cuestionó la legalidad de los permisos ambientales del Proyecto Desarrollo Bahía Papagayo, por considerar que no se había dado audiencia ciudadana. La misma Sala Constitucional, por medio de su resolución No. 2025016284, de 31 de mayo de 2025, declaró sin lugar el recurso de amparo y, con fundamento en sus antecedentes, advirtió que el análisis que requería el recurrente se entrara a conocer, es un tema de mera legalidad y no de constitucionalidad, no siendo de su competencia, como sigue: “Teniendo claro lo anterior, se determina que lo expuesto por el recurrente es una inconformidad con el mecanismo utilizado por el desarrollador del proyecto para el otorgamiento de la viabilidad ambiental y la decisión de SETENA de aprobar la misma. (…) Así las cosas y conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad recurrida o bien, ante la sede judicial competente y no ante esta sede constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace”. Como lo evidencia el Tribunal Constitucional, existía en ese caso una inconformidad del recurrente en cuanto al procedimiento seguido por la SETENA, de manera que se pretendía ventilar en esa sede, temas ajenos a su competencia, por requerir un análisis de legalidad y no de constitucionalidad. La misma Asociación Confraternidad Guanacasteca presentó ante SETENA un Incidente de Nulidad Absoluta contra el acto administrativo SETENA No. 0591-2022, de 6 de abril de 2022 (Expediente D1-0170-2021-SETENA), e impugna, precisamente, la viabilidad ambiental otorgada al Proyecto Desarrollo Bahía Papagayo porque en su criterio debe prevalecer la Ley Forestal sobre la normativa especial (Ley de Desarrollo Turístico de Bahía Culebra N° 6370 de 31 de julio de 1979 y la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo N° 6758 de 4 de junio de 1982, en conjunto con el resto del Ordenamiento Jurídico sectorial especial del Polo Turístico Golfo de Papagayo), lo cual sostiene, no operó de tal forma. Resulta importante considerar que, a la fecha, tal cuestionamiento aún se encuentra en trámite y no ha sido resuelto por la SETENA. Evidencia de ello es que la propia recurrente aporta documentación que así lo demuestra, pues a imagen 17 del expediente judicial, incorpora como prueba el Oficio No. SETENA-SG-0646-2025, de 20 de mayo de 2025, dirigido al Área de Conservación Tempisque del SINAC, donde expresamente se indica: “(…) le informo que esta Secretaría se encuentra atendiendo el Incidente de Nulidad Absoluta, en contra de la Resolución No.591- 2022-SETENA del 06 de abril del 2022, bajo el expediente administrativo D1-0170- 2021, presentado por el señor GAD AMIT KAUFMAN, en calidad de presidente de la Asociación Confraternidad Guanacasteca”. Es posible concluir, con base en la información que consta en el presente expediente judicial que existe un incidente de nulidad pendiente de resolver donde precisamente lo que se cuestiona es la legalidad de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto, prácticamente con los mismos argumentos que se exponen en el presente recurso de amparo, siendo la SETENA la instancia competente para conocer del mismo. Por tanto, no es posible que, en simultáneo, esa Sala Constitucional también conozca y resuelva sobre el mismo asunto en el amparo que nos ocupa, pues como esa misma Sala lo ha señalado, su participación en materia de legalidad ordinaria es inexistente, y además – como también ha sido enfática – esa Sala no es un revisor de las conductas administrativas, tal y como lo detallaremos más adelante …”. “… ya esa Sala había rechazado un amparo presentado por la misma Asociación y que existe un incidente de nulidad presentado ante la SETENA donde se está cuestionando la viabilidad ambiental del Proyecto -sobre la base de la supuesta prevalencia de la Ley Forestal sobre la normativa especial, al cual se le ha dado el trámite correspondiente y está pendiente de resolución-, la Asociación presenta el amparo que nos ocupa, a fin de prácticamente solicitar a la Sala se lleve a cabo un análisis de legalidad de los permisos otorgados al Proyecto; requerimiento que, conforme a lo expuesto, no cumple con los presupuestos necesarios para considerar que se está ante un tema meramente constitucional. A mayor abundamiento y con el fin de poder dejar en evidencia la improcedencia del amparo y la necesidad de su rechazo, procedemos a identificar y evidenciar que lo requerido por el recurrente es precisamente un análisis de legalidad y no de constitucionalidad, propio de otra jurisdicción: 1- Sobre el encabezado del recurso: amparo contra el uso de tierras públicas. Desde el encabezado del recurso de amparo, se denota claramente que estamos ante un tema de legalidad, pues obsérvese que se indica que se presenta el amparo contra el uso de tierras para usos no turísticos -definición que exige un análisis de legalidad para llegar a tal determinación-, como sigue: “PRESENTACIÓN DE RECURSO AMPARO NUEVO Contra el uso de tierras públicas de Proyecto Turístico Golfo de Papagayo administrado por el ICT para usos NO TURISTICOS” (pag. 1). En efecto, la definición de un supuesto uso distinto de las tierras del Proyecto, requiere de un análisis de la Ley que ampara al proyecto, así como del análisis del Plan Maestro y del uso que se pretende dar, no siendo del resorte de esa Sala, pues no se está en presencia de una violación a un derecho fundamental -presupuesto básico para la interposición de un recurso de amparo-. 2- Sobre la defensa contra el desvío de los objetivos naturales En la misma línea de lo anterior reiteran “Venimos a presentar un RECURSO DE AMPARO contra el Instituto Costarricense de Turismo- ICT, representado por el señor Ministro de Turismo y la Junta Directiva de esa institución. (pag. 1). Este AMPARO viene a defender al Proyecto Turístico de Papagayo de desvíos de sus objetivos naturales de turismo sostenible y ecológico y legalmente apegado a su ley constitutiva”. (pag.1). En efecto, lo que se busca es “defender” un proyecto del desvío de sus objetivos establecidos en la ley que lo constituyó. Tal análisis requiere evidentemente que se analicen cuáles son los objetivos del Proyecto, cuál ha sido el avance, se compruebe que los supuestos hechos se han materializado y si los mismos transgreden los objetivos; labor que, como la misma Sala lo ha señalado, excede las competencias de un procedimiento sumario de amparo como el que nos ocupa. Dentro de sus hechos, nuevamente señala y hace énfasis en cuáles son los objetivos del Proyecto, y sus fines; reforzando una vez más nuestra posición de que estamos ante un tema de mera legalidad ordinaria, no pudiendo la Sala por la vía del amparo, determinar si las actuaciones del ICT como del Desarrollador, son conformes a la Ley, pues para ello requiere, reiteramos, un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los presupuestos fácticos que establece la norma y su correspondiente verificación frente a los hechos que supuestamente han ocurrido, hechos que valga aclarar deben demostrarse a través de la existencia de prueba contundente, labor que implica además, la evacuación de prueba. A mayor abundamiento, transcribimos esos hechos: “1.- La Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 de 4 de junio de 1982, define claramente el objetivo de este desarrollo único en Costa Rica. Artículo 1º.- Mediante la presente ley se regula el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste. El fin es TURISMO. Por eso se encarga de su ejecución, en forma exclusiva, el Ministerio de Turismo – ICT” (pag. 2) (…) 5.- Lo arriba señalado, es contrario a la ley de 6754 y convierte a las tierras propiedad del ESTADO en un uso ilegal, de negocio de tierras, parcelas, lotes, un desarrollo inmobiliario, viviendas, como si estas fueran tierras privadas. Ninguna norma de inferior categoría puede reformar una ley. En este caso la Ley 6754. Por Directrices o Decretos, no pueden cambiar los objetivos definidos en la Ley del Proyecto Turístico de Papagayo. Ese objetivo es turismo” (pag. 3) SOBRE LA ESPECIALIDAD NORMATIVA LIGADA AL PROYECTO EN BAHÍA CULEBRA. RÉGIMEN ESPECIAL CON NORMATIVA ESPECIAL. SE DETERMINA, ADEMÁS, QUE ES UN TEMA DE MERA LEGALIDAD De conformidad con lo descrito anteriormente, el Polo Turístico Golfo Papagayo (PTGP) nació como parte de la voluntad política del Gobierno de Costa Rica desde la década de los setentas y como resultado de un proceso de estudio previo a nivel regional centroamericano. El marco jurídico especial de aplicación específica en el área del Polo Turístico Golfo de Papagayo, el cual prevalece en caso de conflicto sobre la legislación general vigente, como lo es, por ejemplo, en materia de zona marítimo terrestre, resultando aplicable esta última a dicho Proyecto, únicamente en la medida en que no contradiga el marco jurídico especial. Así tenemos, por ejemplo, que la normativa del PTGP, no entra a regular con detalle y precisión todo lo relacionado con el manejo jurídico de la zona pública, sin embargo, a manera de integración de normas, el ICT aplica lo establecido en la Ley 6043 y su Reglamento para este caso específico, además, porque el mismo artículo 18 de la Ley 6758 dispone que “no podrá variarse tampoco el concepto de zona pública, a que se refiere el artículo 20 de la ley No. 6043 del 2 de marzo de 1977.” En virtud de esta legislación especial, el área legalmente afectada al desarrollo del Polo Turístico, se encuentra bajo la administración directa y exclusiva del ICT, incluyendo la Zona Pública incorporada dentro de las coordenadas del Proyecto y el área cubierta permanentemente por el mar. Con la finalidad de reforzar la especialidad y destino legal particular del referido Proyecto, la Ley 6370 del 3 de setiembre de 1979, declaró de utilidad pública el ahora denominado PTGP y facultó al ICT para adquirir tanto en forma directa como por la vía de la expropiación, fincas completas, porciones y derechos dentro del área definida en esa Ley, área a la que en forma expresa fijó un destino legal específico en su artículo 10, estipulando que estaría destinada únicamente para el desarrollo del indicado Proyecto. A partir de 1982, por Ley N° 6758, se concreta una regulación normativa más completa sobre el desarrollo y ejecución del hoy conocido Polo Turístico Golfo de Papagayo, precisando que en él solo se llevarían a cabo las obras previstas en el Plan Maestro aprobado por el ICT y todas aquellas obras concordantes con el mismo. Para su desarrollo, la citada Ley, concedió a la Junta Directiva del ICT la potestad de otorgar a particulares concesiones en los terrenos incluidos en el área del Proyecto, “de conformidad con los plazos y condiciones que el Instituto establezca al efecto.” (artículo 12 Ley 6758) Además, interesa destacar que dicha Ley en su artículo 18 señala: “Esta Ley es de orden público y deroga cualquier norma que se le oponga, excepto en cuanto otorgue derechos o autorice a entes de derecho público para percibir cánones y tarifas, …” Los alcances de este particular marco jurídico han sido correctamente apreciados por la propia Sala Constitucional en el voto N° 2007-018483 de las 18 horas del 19 de diciembre de 2007, en el que se perfila con toda claridad el caso especial de este desarrollo turístico estatal: “VII.- RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO EXCEPCIONAL O ESPECIAL DEL PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEMANIALES. El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, ha estado sometido a un régimen jurídico administrativo especial, así La Ley No. 6370 de 3 de septiembre de 1979, declaró de interés público el Proyecto Turístico de Bahía Culebra o Papagayo. En el artículo 1° de esa ley se dispone que constituye de utilidad pública la adquisición de bienes inmuebles, fincas completas, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos que, por su ubicación, sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico, siendo que éste último comprende, dentro de las coordenadas que los delimitan, la zona marítima del litoral pacífico. Para las adquisiciones voluntarias o por expropiación se autorizó al Instituto Costarricense de Turismo (artículos 2 a 5). Por su parte, la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 de 4 de junio de 1982, lo somete a un intenso régimen público excepcional, por la importancia estratégica del proyecto para el desarrollo turístico nacional, en el que se prevé la inscripción de los terrenos a nombre del Instituto Costarricense de Turismo y una serie de medidas de fomento para desarrollarlo. Específicamente, el artículo 12 y siguientes establece el régimen de explotación del proyecto por los particulares. Así el ordinal 12 indica que la Junta Directiva del ICT “(…) podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al mismo (…)”, por su parte los artículos 13, 14 y 15 prevén, respectivamente, las figuras de la cancelación, extinción y rescate de la concesión. De otra parte, a través de una normativa infralegal, se enfatiza la figura de la concesión, así, a título de ejemplo, el Decreto Ejecutivo No. 22489-MP-J-TUR de 2 de septiembre de 1992 creó el Registro de Concesiones del Proyecto Turístico de Golfo de Papagayo en Bahía de Culebra, como una Sección del Registro General de Concesiones del Registro Público de la Propiedad del Registro Nacional. A partir de lo anterior, resulta suficientemente claro que el régimen de uso por los particulares, previsto por la normativa jurídica que regula el proyecto turístico Golfo de Papagayo, es claramente privativo, con lo cual excluye el uso común y general por parte de cualquier otra persona, todo a través de la figura de la concesión que le otorga al concesionario derechos reales administrativos.” (…) IX. (…) Tómese en consideración que la Ley No. 6758 de 4 de junio de 1982, le otorgó, en exclusiva, al Instituto Costarricense de Turismo –a través de una oficina ejecutora, su Consejo Director, el Director Ejecutivo y la Junta Directiva del ente- la competencia de desarrollar y ejecutar el proyecto turístico Golfo de Papagayo (artículo 1°)… es preciso indicar que la Ley No. 6758 de 4 de junio de 1982, le otorga la administración y gestión del Proyecto Turístico Papagayo a un ente público de competencia nacional como lo es el ICT, de modo que es un régimen de excepción o especial al contemplado en la Ley de la Zona marítimo-terrestre...” Tanto la legislación en cita como el voto constitucional dejan claro que la Ley 6758 es un régimen jurídico especial creada para el desarrollo de un PROYECTO TURISTICO y, por lo tanto, en el área de competencia territorial la administración esta conferida de manera exclusiva al ICT. Además, el legislador dispuso conceder esta administración especial al ICT aún respecto de la denominada zona marítima, afirmación que se sustenta en el artículo 1 de la Ley 6370, así como en la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, que expresamente en el artículo 25 reconoce la competencia del ICT dentro del área del PTGP para otorgar concesiones, a efecto de que se edifiquen, administren y exploten las instalaciones terrestres y marítimas de marinas y atracaderos turísticos que se levanten en la zona pública y en las áreas cubiertas permanentemente por el mar. Visto lo anterior no cabe duda que la competencia para la administración del Proyecto Turístico, en toda su amplitud, recae sobre el ICT, como ente de naturaleza pública encargado de velar por la actividad turística a nivel nacional, resultando razonable que el establecer los términos y condiciones bajo los cuales se desarrollaran los proyectos turísticos (artículo 12 Ley 6758), sea una competencia del ICT y no de ningún otra ente o institución estatal. No se omite indicar que, debe prevalecer siempre el respeto de competencias específicas de otras instituciones, por ejemplo, municipalidades para la aprobación de plano de construcción, SETENA con el otorgamiento de la viabilidad ambiental, etc. y el régimen especial y de excepción, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto turístico Golfo Papagayo, destina la administración de esta área de dominio público denominada de forma exclusiva al Instituto Costarricense de Turismo. Por lo tanto, considerar que las facultades de administración que posee el ICT sobre el PTGP se verán disminuidas o eliminadas, debido a las características propias de los terrenos que conforman dicho polo, serían ir contrario al espíritu del legislador, quien, desde un principio, dispuso que el desarrollo del proyecto sería para un uso general turístico, al ser un proyecto de interés público para el país y la zona de Guanacaste. Lo anterior, ya ocurrió dentro del PTGP, pero fue el mismo legislador, quien extrajo una parte del área del PTGP, para otorgar su administración al mismo SINAC, lo cual se trata del caso del Refugio de Vida Silvestre Iguanita, creado por Ley 8731 del 03 de julio del 2009 denominada “Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita para fortalecer la protección de los ecosistemas terrestres y marinos de la zona y el mantenimiento de la tradición de uso popular de la Playa Iguanita”, donde se dispuso: “ARTÍCULO 2.- Administración del refugio La administración, la protección y el manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita le corresponderá al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) , por medio del Área de Conservación Tempisque, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de biodiversidad, N.° 7788, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. Se autoriza al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para que traslade al Minae, a partir de la publicación de esta Ley, la sección de terreno de la zona marítimoterrestre, comprendida dentro del Refugio, para su administración, protección, manejo y desarrollo, por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se autoriza a las instituciones de la Administración Pública, las empresas públicas y las municipalidades, para que donen recursos financieros y materiales al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para la consecución de los objetivos de esta Ley.” De previo a la promulgación de la Ley 8731, se hicieron algunas consideraciones por parte de la Procuraduría General de la República que son importantes señalar como antecedente y para tener una mejor comprensión de la facultad legal de administración que tiene el ICT sobre el PTGP. En dictamen C-210-2002, se extrae: “En orden a la titularidad pública y potestades de administración, la tutela de las áreas del Proyecto de Papagayo compete al ICT, ente que ha de emplear los medios o mecanismos brindados por el ordenamiento para proteger los bienes, conservarlos y adoptar las acciones necesarias para evitar perjuicio a sus condiciones naturales (dictamen C-171-93, C-028-94, C-106-95 y C-151-97). La Oficina Ejecutora del Proyecto, creada por el propio ICT, es la que tiene las facultades de administrar y controlar el desarrollo del Proyecto (Ley 6758, art 9°). Las facultades de administración ejercida por el ICT dentro del área del Proyecto Turístico de Papagayo, hemos dicho, lo son a reserva de las competencias singulares que tengan otros órganos o entes administrativos en materias especiales o la tutela y gestión de recursos naturales o bienes culturales de patrimonio nacional. Sería el caso de las áreas silvestres protegidas estatales, debidamente creadas, objetos del Patrimonio Arqueológico Nacional, minerales –metálicos y no metálicos- , materia forestal, vías públicas y construcciones, competencia que retienen las Municipalidades de Liberia y Carrillo, pero en aras de un desarrollo planificado de la zona y consecuente con los fines turísticos atribuidos, se subordina a las directrices de la concesión, autorizaciones y lineamientos previos que emita el ICT, de acuerdo con la Ley, y a la observancia de los requisitos adicionales. En el área destinada al desarrollo del Proyecto Turístico las obras previstas deben ajustarse al Plan Maestro aprobado por el ICT (Ley 6758, art. 2. Dictámenes C-006-88, C-173-93, C-028-94, C-181-94, C-106-95, C-151-97, C-080-98 y O. Nombre02.-018-2002). Sobre bienes culturales, cfr.: Nombre03: Nuevos datos en la arqueología de Bahía Culebra. Guanacaste. Gutiérrez G. Maritza. La ictiofauna del sitio arqueológico Nacascolo, Bahía Culebra. Ambos en la revista Vínculos N° 22, pg. 37 ss y 157 ss. En la República del 12 de junio de 1995, pg. 6A: 60 sitios arqueológicos. Nacascolo, zona indígena). En atención al impacto que producen, la Ley 6043, arts. 57, inciso e), en nexo con el 3, in fine, 68, párrafo final y 93 de su Reglamento, veda las actividades extractivas o mineras en zonas turísticas. La normativa del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo es especial, sin constituir éste un régimen de excepción frente al resto del ordenamiento jurídico vigente, el que resulta aplicable, en lo compatible. En tanto no riña con aquella, persiste la legislación sobre la zona marítimo terrestre (C-171-93, C-106-95 y C-151-97). (…) IV.4) IMPROCEDENCIA DE CAMBIAR LA AFECTACIÓN A LOS TERRENOS DEL AREA DESTINADA AL PROYECTO TURÍSTICO PAPAGAYO POR VÍA DE DECRETO. Con todo, prescindiendo de los defectos que el Decreto pudiera tener, carece de cobertura para modificar la afectación legal del sector. En el dictamen C-028-94 dijimos que "el destino asignado por ley a un espacio de dominio público sólo puede cambiarse por acto legislativo, y que el uso del área destinada al Proyecto de Papagayo es turístico". Se reitera lo indicado anteriormente, en el sentido que, fue el propio legislador quien formuló y dio vida al Proyecto de Desarrollo Integral PTGP; proyecto que, además, fue declarado de conveniencia nacional a tenor de lo establecido artículo 3 inciso m), 19 inciso b), 33 y 34 de la Ley Forestal, Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996. Lo anterior, al ser este un modelo de desarrollo turístico sostenible a nivel internacional, donde los lineamientos establecidos en el Plan Maestro buscan un desarrollo debidamente planificado, con variables ambientales, bajas densidades y coberturas, tratamiento adecuado de aguas servidas, entre otros. (Considerandos 5 y 6 del citado Decreto 33132.) El establecimiento del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se inicia jurídicamente mediante la Ley N.° 6370 del 3 de septiembre de 1979, la cual cumple dos objetivos fundamentales: delimitar geográficamente el área sujeta a desarrollo turístico y declarar de utilidad pública los bienes inmuebles necesarios para su ejecución. En su numeral 1, esta norma define una porción específica del litoral Pacífico costarricense —desde Punta Cabuya al norte hasta un kilómetro al sur de Punta Ballena— como el espacio físico prioritario para implementar este plan estatal de desarrollo. Constituye parte del patrimonio natural del Estado, de carácter inalienable, imprescriptible y de uso público. La declaratoria de utilidad pública tiene una trascendencia jurídico-administrativa importante. Esta figura, autorizada por el artículo 45 de la Constitución Política y desarrollada en la Ley General de Expropiaciones, permite al Estado adquirir forzosamente terrenos privados cuando existan fines públicos superiores. En este caso, la utilidad pública se justifica no solo en función del desarrollo turístico como motor económico nacional, sino también en virtud de la necesidad de planificar el uso del suelo en un territorio altamente sensible por su riqueza ambiental y cultural. Esta afectación implica que los bienes adquiridos deben ser utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la ley, lo que refuerza su carácter de bienes demaniales, conforme al artículo 261 del Código Civil. Lo anterior queda ratificado por el artículo 10 de la Ley N.° 6370, el cual dispone que los terrenos adquiridos solo podrán utilizarse para el Proyecto de Desarrollo Turístico en Bahía Culebra, y que deberá dictarse una ley especial para su ejecución conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley N.° 5847. Esta disposición anticipa la necesidad de una normativa especial que estructure legalmente el desarrollo del proyecto y defina con claridad los actores, competencias, etapas, condiciones y límites del proceso constructivo. De esta manera, se evita la utilización arbitraria o privada de los bienes, y se garantiza el sometimiento estricto al interés público que los justifica. Esa legislación específica se materializa mediante la Ley N.° 6758 del 4 de junio de 1982, que establece un régimen jurídico de excepción aplicable al desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. En su artículo 1, la ley afirma que su objeto es regular el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, a realizarse en Bahía Culebra, consolidando así una política pública específica y sostenida por el legislador. El artículo 2 de dicha ley señala de forma imperativa que “en el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente, las obras previstas en el Plan Maestro”, el cual debe ser aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Este precepto tiene implicaciones jurídicas de gran relevancia, pues convierte al Plan Maestro en un instrumento de control normativo de primer orden, con fuerza vinculante para todos los actores intervinientes, tanto públicos como privados. La ejecución de obras ajenas o incompatibles con lo estipulado en el plan podría considerarse ilegal o inconstitucional, al infringir el principio de legalidad (artículo 11 constitucional) y desvirtuar el uso del bien público afectado. El concepto de Plan Maestro, tal como se utiliza en esta ley, se inscribe dentro de la doctrina de la planificación urbanística o territorial, como manifestación de la función de ordenación del Estado sobre el suelo. Esta función responde a principios constitucionales como el de sostenibilidad (art. 50 CP), el de función social y ecológica de la propiedad (art. 45 CP) y el de seguridad jurídica (art. 11 CP). La planificación no es discrecional, sino que constituye una obligación positiva del Estado para racionalizar el uso del suelo y orientar el desarrollo conforme al bienestar general, los equilibrios ecológicos y las expectativas legítimas de los particulares. En este sentido, la doctrina especializada ha señalado, como expone Lorenzo Martínez Escudero en su obra Playas y Costas: Su Régimen JurídicoAdministrativo, que toda ordenación urbanística debe atender al bienestar colectivo mediante una distribución equilibrada de los servicios, usos y accesos públicos, sin excluir ningún tipo de propiedad, pública o privada. En el caso del Proyecto Papagayo, esto se traduce en una exigencia de desarrollo ordenado, equilibrado y justo del espacio público costero, mediante instrumentos de planificación rígida, sustentados legalmente y sujetos a evaluación técnica permanente. De hecho, el artículo 2 de la Ley N.° 6758 prevé también la emisión de normas técnicas por parte del ICT como parte del proceso de regulación y ejecución del plan, lo que implica el ejercicio de una potestad reglamentaria técnica delegada al órgano rector del turismo nacional. Este diseño normativo convierte al ICT en el principal garante del cumplimiento del Plan Maestro y de los estándares técnicos, ambientales y urbanísticos que deben regir todo el proceso de construcción, operación y mantenimiento de los desarrollos turísticos en el área afectada. Desde una óptica fáctica, debe señalarse que esta legislación no surgió en el vacío. Por el contrario, es el resultado de estudios técnicos regionales promovidos por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde 1965, los cuales identificaron al Golfo de Papagayo como una zona prioritaria para el desarrollo del turismo internacional en Centroamérica. Estos insumos técnicos reforzaron la justificación de la declaratoria de utilidad pública y de la necesidad de planificación específica, y fueron posteriormente incorporados en los insumos técnicos que fundamentaron el Plan Maestro aprobado por el ICT en 1995. De este modo, la legislación sobre Papagayo crea un marco cerrado, jerarquizado y excepcional de gestión del territorio, en el cual se excluye parcialmente la aplicación de las normas generales del ordenamiento costarricense (como la Ley N.° 6043 sobre la ZMT), en lo que resulten incompatibles con la ley especial. Así lo ha reiterado la Procuraduría General de la República en múltiples dictámenes (C171-93, C-106-95, C-151-97), señalando que la normativa especial del Proyecto Papagayo constituye un régimen de excepción válido dentro del ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación supletoria del régimen común cuando no exista contradicción normativa. En conclusión, la secuencia legal compuesta por las leyes N.° 6370 y 6758 configura un entramado normativo de derecho público especial, que responde a un modelo de desarrollo estatal estratégico, basado en el uso racional del suelo costero, la planificación técnica obligatoria, la afectación al dominio público y la rectoría del ICT como órgano garante del interés turístico y ambiental. Esta normativa no solo delimita el espacio físico del proyecto y regula su ejecución, sino que también establece principios de orden público que condicionan cualquier intervención, garantizando así el respeto a la legalidad, al patrimonio público y a los valores constitucionales del Estado social de derecho costarricense. Lo anterior implica además, que el tema es de mera legalidad. Puede observar la honorable Sala Constitucional que lo que se cuestiona se vincula a aspectos de ley, de decretos y de reglamento. El ordenamiento jurídico costarricense distingue con claridad entre el control de legalidad, que se refiere al cumplimiento de la normativa infra constitucional (leyes, reglamentos, decretos), y el control de constitucionalidad, que evalúa la conformidad de normas o actos con la Constitución Política, en especial con los derechos fundamentales. En este sentido, es preciso afirmar que las actuaciones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en el marco del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se encuentran plenamente insertas en el ámbito de legalidad administrativa, en tanto consisten en la aplicación de una ley especial (Ley N.° 6370 de 1979), sus reformas, reglamentos complementarios, y el Plan Maestro aprobado para el desarrollo de dicho régimen. El ICT ejecuta competencias otorgadas expresamente por el legislador mediante un régimen jurídico especial, que regula aspectos como: la delimitación del área de desarrollo (Bahía Culebra y zonas aledañas); la declaratoria de utilidad pública, la planificación general y concesión de terrenos en dominio público, la coordinación con otras instituciones para ejecución de infraestructura. Estas funciones están delimitadas legalmente, de modo que su fiscalización corresponde, principalmente, a un análisis de legalidad, propio del derecho administrativo, más que a un juicio de constitucionalidad abstracta. Por ello, lo que se cuestiona en este recurso debería ser revisado en la jurisdicción contencioso administrativa, si lo tiene a bien el recurrente. En caso de cuestionamientos sobre una concesión turística, una zonificación o un procedimiento de adquisición de terrenos, el parámetro adecuado de revisión sería el de cumplimiento de la ley y el reglamento, que puede ser analizado por la jurisdicción contencioso-administrativa, y no por la Sala Constitucional, salvo que se demuestre una vulneración directa a un derecho fundamental; aspecto que no se observa en el presente recurso. Así, mientras las decisiones del ICT se adopten dentro del marco normativo que regula el régimen de Papagayo y no generen de forma autónoma una lesión constitucional, su análisis debe limitarse al control de legalidad. Puede haber algunas manifestaciones del recurrente en cuanto a violación del artículo 50 Constitucional, pero no concretiza en situaciones reales. Además, la constitucionalidad opera como límite externo, no como regla de revisión ordinaria. Es cierto que la protección del ambiente (art. 50 constitucional) puede ser objeto de control de constitucionalidad; sin embargo, eso no convierte automáticamente en inconstitucionales los actos administrativos adoptados bajo un régimen turístico especial. La jurisprudencia constitucional ha sido clara en que solo procederá una declaración de inconstitucionalidad o un amparo cuando se verifique un daño ambiental manifiesto, directo y actual, lo cual no ocurre por el simple hecho de ejecutar un desarrollo turístico conforme a ley. En el caso del ICT, sus actuaciones no son arbitrarias ni discrecionales, sino jurídicamente regladas, sujetas a mecanismos de control ordinario, auditoría interna y procedimientos de impacto ambiental, que garantizan el cumplimiento del orden jurídico infra constitucional. Por ello, el ICT actúa conforme a la ley y garantiza un desarrollo ordenado y el diseño y ejecución del régimen de Papagayo se ajustan a normas previamente establecidas por el legislador y desarrolladas mediante reglamentos. El ICT ha actuado conforme al principio de legalidad (art. 11 constitucional), respetando el marco legal que rige el otorgamiento de concesiones, la conservación ambiental y la coordinación interinstitucional. En consecuencia, cualquier valoración sobre sus decisiones debe realizarse desde el enfoque de su ajuste a la legalidad, sin confundirse con cuestionamientos de fondo constitucional, salvo en casos extremos que comprometan derechos fundamentales, lo cual no se configura en el funcionamiento ordinario del régimen de excepción. Las actuaciones del ICT dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo que se reclaman, se enmarcan estrictamente dentro del control de legalidad, al ejecutarse conforme a la Ley N.° 6370 y demás normativa aplicable. No se configuran, en principio, conflictos de constitucionalidad, dado que el Instituto cumple con su deber de actuar bajo la ley, promover el desarrollo ordenado y respetar los estándares ambientales. Cualquier análisis sobre el régimen de Papagayo debe distinguir adecuadamente entre una discusión legal administrativa y una verdadera controversia constitucional, que en este caso no se verifica. SOBRE LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO La parte recurrente realiza una descripción y mezcla de elementos fácticos, de normas jurídicas y de aspectos de otra índole. A todo ello le llamó hechos, los cuales se analizan: HECHOS 1- La Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 de 4 de junio de 1982, define claramente el objetivo de este desarrollo único en Costa Rica. Artículo 1º.- Mediante la presente ley se regula el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste. El fin es TURISMO. Por eso se encarga de su ejecución, en forma exclusiva, el Ministerio de Turismo - ICT. 2- Para aclarar conceptos y evitar confusiones, aportamos la definición de turismo, según la OMT – Organización Mundial de Turismo. Concepto de Turismo según la Organización Mundial de Turismo La OMT define el turismo como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. Esta definición destaca la diversidad de actividades turísticas y su duración limitada en lugares diferentes al lugar de residencia. Resaltamos los componentes básicos: VIAJES – TIEMPO LIMITADO – OCIO- LUGAR DIFERENTE A SU RESIDENCIA. 3- La elección de Bahía Culebra para el desarrollo de Proyecto Turístico Papagayo se debe a su gran riqueza natural, bosques, manglares, vida silvestre, playas, mar, bahía con gran población de corales y vida marina, etc, etc. Afectar esta riqueza, la diversidad biológica, sus bosques, creemos que es destruir la gallina de los huevos de oro. 4- Entre las funciones o servicios que desarrolla el ICT encontramos en su página oficial, una larga lista: Contratos turísticos; Ferias internacionales; Exoneración boletos aéreos; Guardavidas autorizados; Guías turísticos; Marca país; oficinas de información turística; transporte turístico; broshures para turistas; atlas de playas; registro de hospedaje; artesanía con identidad; declaratoria turística, entre otras. No encontramos desarrollo inmobiliario. Pero resulta que ahora, hay proyectos concesionados por el ICT dentro del Proyecto Turístico de Papagayo, que se quieren usar para lotificaciones y parcelas residenciales de villas de lujo. Y el ICT le autoriza el uso RESIDENCIAL que NO ES TURISMO a un concesionario de ese proyecto. Creemos que el Ministerio de Turismo, contraviene sus obligaciones y sobrepasa sus limitaciones legales, al dedicarse a promover actividades inmobiliarias de lotificaciones y construcción de residencias privadas, en tierras públicas que el ICT administra. 5- Lo arriba señalado, es contrario a la ley de 6754 y convierte a las tierras propiedad del ESTADO en un uso ilegal, de negocio de tierras, parcelas, lotes, un desarrollo inmobiliario, viviendas, como si estas fueran tierras privadas. Ninguna norma de inferior categoría puede reformar una ley. En este caso la Ley 6754. Por Directrices o Decretos, no pueden cambiar los objetivos definidos en la Ley del Proyecto Turístico de Papagayo. Ese objetivo es turismo. 6- Podemos documentar este hecho al referimos concretamente al caso del LOTE 1 concesionado por el ICT, finca concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5-1186670-2007 donde se contempla la lotificación de 90 Villas de más de entre 1.000 y 1.500 m2 cada una. Así aparece en Oficio PGP0451-2024 de fecha 14 de junio de 2024, firmado por varios personeros del ICT. 7- Esta modalidad de venta de lotes para villas, no se contempla en el contrato de concesión original a la empresa. concesión 2168- Z- 000. De paso, señalamos que el contrato original debería vencer el 3 de agosto de este año 2025, sin que la empresa haya cumplido con lo que prometió hacer durante este período de 20 años de contrato. 8- El terreno concesionado en este acto, LOTE 1 de 43 hectáreas con 6563,63 m2, está cubierto de bosque, según documentos oficiales. Aportamos Oficio SETENA-SG-0646-2025 de 20 mayo 2025, que consigna que según fuente de Sistema de Información Geográfica el lote 1 aquí analizado contaba en el año 2000 con una cobertura de bosque de 99% y en 2023 de 98%. En relación con el caso concreto, se debe observar que según consta en el Documento de Evaluación Ambiental D1-0170-2021-SETENA.,” …se señala que en el área del proyecto se identifican diferentes tipos de cobertura vegetal, incluyendo bosque secundario, bosque maduro y bosque deciduo, de acuerdo con los planos catastrales del proyecto y los datos de FONAFIFO. Además, en dichos planos se identifican áreas clasificadas como Clase VII: Manejo de Bosque, en los documentos catastrales 5-1186670-2007, que corresponde a LOTE 1 concesión 2168- Z- 000. 9- La Ley Forestal N° 7575 de 1996, declara todos los bosques ubicados en tierras propiedad del Estado o sus instituciones, como Patrimonio Natural del ESTADO y nos obliga a protegerlos. Ley Forestal 7575 “ARTÍCULO 13.- Constitución y administración El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.” La ley no exceptúa al ICT o Proyecto Papagayo de su cumplimiento. Las áreas pueden ser destinados a usos de ecoturismo. Donde los habitantes y los visitantes internacionales podamos disfrutar de caminatas, avistamiento de fauna silvestre, acampadas y otras actividades sanas, positivas y sostenibles, en nuestros bosques. 10-Ese bosque Patrimonio Natural del ESTADO, representa para nosotros un bien del que podemos disfrutar todas las personas que vivimos en la zona o quienes la visitan como turistas. Y también la gran variedad de fauna silvestre, aves, monos, mapaches, pizotes, ardillas, garrobos y decenas de especies adicionales presente en la zona. Según Ley Forestal N° 7575, los bosques ubicados en terrenos propiedad del ESTADO y sus instituciones son Patrimonio Natural del ESTADO. Por ello, deben ser preservados esos bosques, según esa ley vigente. 11- Presentamos este recurso de AMPARO, contra la destrucción del bosque de Playa Panamá, en tierras que en este caso son propiedad del ESTADO, para usos NO TURISTICOS. Nos oponemos al simple tráfico de bienes y negocios inmobiliarios de la empresa privada concesionaria. La empresa concesionaria está afectando, degradando el bosque SIN CONTAR con permisos de SINAC – MINAE, a vista y paciencia del ICT. 12-La lotificación de 90 Villas de más de entre 1.000 y 1.500 m2 cada una, aparece documentada y detallada en Oficio PGP- 0451-2004. La lotificación no está en el contrato de concesión original firmado por el ICT y es contraria a lo ofrecido en proceso de Licitación Pública, adjudicado y así concesionado por el ICT. En campaña publicitaria en el país y en el extranjero, en español y en inglés, la empresa ofrece propiedades en su proyecto Bahía Papagayo, sin indicar que se trata de tierras públicas, propiedad del ESTADO, inalienables. Reiteramos que la empresa ha incumplido sus obligaciones contractuales en los primeros 20 años de vigencia de la concesión. Plazo de concesión vence según contrato original el 3 de agosto 2025. 13-Es de resaltar que la información, usada para sustentar este recurso, es en base a la documentación obtenida del ICT después de un recurso de amparo por omisión de respuesta y que la Sala Constitucional declaró CON LUGAR Exp: 25-004460-0007-CO Res. Nº 2025007129, a las nueve horas veinte minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, donde se ordenará “dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde al recurrente la totalidad de la información requerida”. 14-La lotificación para construcción de villas residenciales de lujo, en la finca propiedad del ESTADO, concesionada, no corresponde al Plan Maestro que es de acatamiento obligatorio, por artículo 2° Ley 6754. Artículo 2º.- En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto. (el resaltado no es del original) 15-Debemos resaltar que el Plan Maestro vigente, con sus detalles sobre usos de suelo, zonificación densidad y especificaciones para el desarrollo del Proyecto Papagayo, no lo hemos podido obtener del ICT. Solo nos aportaron el Reglamento del mismo. Solicitamos que en la respuesta de los aquí recurridos se aporte este documento, debidamente certificado, con especial detalle de la zona en cuestión en Playa Panamá. El tener a mano el Plan Maestro vigente, con todos los insumos, estudios técnicos y definiciones es básico para la resolución de este amparo, para verificar si lo aquí impugnado, cumple o no con lo indicado en la Ley 6754. En caso de ausencia del mencionado documento, se confirme que el ICT violenta la propia Ley 6754 del Proyecto Papagayo. 16-Los vecinos asentados en Playa Panamá compramos propiedades privadas, cerca de Papagayo, fuera del área de propiedad estatal y construimos nuestras casas, atraídos por las bellezas naturales y escénicas proporcionada por sus bosques y playas. Buscamos tranquilidad y naturaleza. Nos sentimos afectados, agredidos, dolidos y molestos por la intención de destruir y desaparecer los bosques que tanto amamos y disfrutamos. No queremos que destruyan el corredor biológico de los monos y otros animales que conocemos y ayudamos a proteger. Defendemos ese mismo derecho a nombre de los visitantes nacionales e internacionales que nos visitan. Y a nombre de todos los habitantes de Costa Rica de hoy y del futuro, a quienes pertenecen esas tierras del ESTADO administradas por el ICT. Por esto, en lo emocional, pero también en lo legal, no queremos que afecten la calidad de nuestras vidas, destruyan el entorno en el que decidimos vivir. Por creer en la seguridad jurídica de Costa Rica, en el respeto a las leyes vigentes, nos sentimos legitimados para presentar este recurso de amparo y confiamos en obtener un trato justo. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS POR PARTE DEL ICT 1- La Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 de 4 de junio de 1982, define claramente el objetivo de este desarrollo único en Costa Rica. Artículo 1º.- Mediante la presente ley se regula el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste. El fin es TURISMO. Por eso se encarga de su ejecución, en forma exclusiva, el Ministerio de Turismo - ICT. Respuesta: No es un hecho, es una norma, y como tal es cierta. 2- Para aclarar conceptos y evitar confusiones, aportamos la definición de turismo, según la OMT – Organización Mundial de Turismo. Concepto de Turismo según la Organización Mundial de Turismo La OMT define el turismo como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. Esta definición destaca la diversidad de actividades turísticas y su duración limitada en lugares diferentes al lugar de residencia. Resaltamos los componentes básicos: VIAJES – TIEMPO LIMITADO – OCIO- LUGAR DIFERENTE A SU RESIDENCIA. Respuesta: Usa una definición que sale de contexto, puesto que, dentro de la misma página se analiza al turismo como un fenómeno de muchas facetas. No resulta técnicamente cierto que en función a la definición del “fin turístico” es que el ICT está a cargo del Proyecto Turístico Papagayo, sino, que ha sido por decisión del legislador, lo cual se expresa claramente en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley 6758, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Para el adecuado abordaje del fenómeno turístico desde una perspectiva jurídica y normativa, resulta indispensable acudir a los distintos enfoques doctrinarios desarrollados por autores especializados, cuyas definiciones permiten identificar la pluralidad de elementos que componen esta actividad humana. El turismo, en tanto fenómeno social, económico y cultural, no admite una única definición, sino que su conceptualización varía conforme al contexto en que se analiza, así como a los intereses jurídicos, económicos y políticos que se pretenden tutelar. Desde una óptica general, puede afirmarse que el turismo constituye una actividad compleja y multicausal, que involucra el desplazamiento temporal y voluntario de personas fuera de su lugar habitual de residencia, con fines no lucrativos y por diversos motivos: ocio, negocios, cultura, salud, religión, entre otros. Esta noción implica, jurídicamente, la concurrencia de sujetos, derechos y relaciones jurídicas que demandan regulación en materia de servicios, protección al consumidor, sostenibilidad ambiental, ordenamiento territorial, entre otras áreas del Derecho. Diversas fuentes doctrinales han contribuido a la formación de una visión holística sobre el turismo. Por ejemplo, la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) enfatiza el desplazamiento temporal de las personas y la multiplicidad de finalidades que motivan dicho movimiento, resaltando su carácter no permanente y su estrecha vinculación con sectores económicos como el transporte, la hotelería, la alimentación y el entretenimiento. Este enfoque permite ubicar al turismo dentro de una estructura de prestación de servicios que genera obligaciones contractuales, externalidades ambientales y efectos redistributivos que deben ser considerados por el legislador y el administrador público. Lo anterior de ninguna manera implica la imposibilidad de incluir dentro de la concepción la existencia de residencias turísticas. Por su parte, Nombre04 y Nombre05 lo conceptualizan como un conjunto de relaciones y fenómenos que resultan del traslado y permanencia de personas, siempre que no medie una motivación lucrativa directa. Esta definición, de corte más sociológico, permite entender el turismo como una práctica de interacción cultural y humana que genera externalidades sociales, y por tanto, plantea desafíos normativos en materia de inclusión, participación comunitaria y respeto por la identidad cultural de los territorios receptores. En Costa Rica muy vinculado a CST. A su vez, Muñoz Oñate introduce una perspectiva económica al describir el turismo como una industria organizada para satisfacer las necesidades del viajero. Esta aproximación refuerza la importancia del diseño normativo para garantizar la calidad, seguridad y responsabilidad en la prestación de servicios turísticos, aspectos que deben ser recogidos en marcos regulatorios como las leyes de turismo, reglamentos técnicos y normas de calidad; aspectos que se toman en cuenta cuando se regula lo pertinente al Proyecto en Papagayo. En este sentido, el legislador costarricense optó por crear un régimen jurídico de excepción mediante la Ley N.º 6370, que reconoce el interés público nacional en el desarrollo turístico de la región del Golfo de Papagayo. Este régimen establece una zona de desarrollo especial, delimitada territorialmente, dentro de la cual se faculta al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para adquirir terrenos por vía administrativa, planificar y concesionar proyectos turísticos bajo un esquema de derecho público, en coordinación con la empresa estatal de desarrollo turístico creada al efecto. Es evidentemente especial. Nombre06, por otro lado, aborda el turismo desde una lógica de mercado, como un sistema de oferta y demanda de productos y servicios turísticos. Esta visión tiene profundas implicaciones jurídicas en materia de regulación de la competencia, protección al consumidor, fiscalidad del sector y fomento a la inversión extranjera o nacional, lo cual exige un marco jurídico coherente que equilibre los intereses públicos y privados involucrados; como lo es el proyecto en Bahía Culebra. Incluso definiciones lexicográficas, como la de la Real Academia Española (RAE), permiten identificar componentes esenciales del fenómeno turístico —como la motivación del desplazamiento, los medios que lo posibilitan y el colectivo que lo ejerce—, todos ellos susceptibles de generar relaciones jurídicas que deben ser reguladas para prevenir abusos, garantizar derechos y promover el desarrollo sostenible del sector. En síntesis, el turismo, más allá de ser una mera actividad económica o recreativa, constituye un fenómeno jurídico relevante, por cuanto origina múltiples relaciones jurídicas entre particulares, así como entre estos y la administración pública. De ahí la importancia de contar con marcos legales modernos, integrales y coherentes, que aborden el turismo como una actividad estratégica de interés público, susceptible de regulación especial, especialmente cuando se ejecuta sobre territorios con valor patrimonial, ambiental o cultural, o bajo regímenes jurídicos particulares, como el del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Desde una perspectiva jurídica, en el contexto costarricense, esta realidad ha sido reconocida mediante diversos cuerpos normativos, incluyendo leyes especiales como la Ley N.º 6370 de 3 de setiembre de 1979, que crea el régimen excepcional del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. En síntesis, el análisis doctrinario del turismo permite sustentar jurídicamente la existencia de regímenes de excepción como el del Proyecto Golfo de Papagayo. Dicho régimen no constituye una simple anomalía legislativa, sino una respuesta estratégica del ordenamiento jurídico costarricense para garantizar el aprovechamiento racional y sostenido de un recurso turístico de interés nacional, bajo parámetros técnicos, sociales y ambientales. Véase en la misma línea la siguiente página: (Dirección02/que-es-el-turismo-definicionesturisticas/#:~:text=OMT%20definici%C3%B3n%20de%20turismo,- La%20OMT%20define&text=Diversidad%20de%20prop%C3%B3sitos:%20La%20 OMT,gama%20de%20experiencias%20y%20necesidades.) 3- La elección de Bahía Culebra para el desarrollo de Proyecto Turístico Papagayo se debe a su gran riqueza natural, bosques, manglares, vida silvestre, playas, mar, bahía con gran población de corales y vida marina, etc, etc. Afectar esta riqueza, la diversidad biológica, sus bosques, creemos que es destruir la gallina de los huevos de oro. Respuesta: Es cierto, pero de alguna manera sesgado. La elección del área para el desarrollo del Proyecto Turístico inició en 1964 cuando el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) trazó una política destinada para promover el desarrollo del turismo en el área centroamericana, identificando zonas aptas para equipar con el fin de promover el desarrollo turístico. En 1972 producto de un estudio realizado por la firma TECNIBERIA, contratado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para valorar el potencial turístico de América Central, donde se destacó Bahía Culebra como una zona de mayor potencial turístico en el Istmo por su riqueza escénica y cultural para realizar un polo turístico de primer orden. Luego en 1978 se contrató el Estudio de Factibilidad Económica y Financiero, Plan Maestro y Diseños Preliminares del Proyecto Turístico en Bahía Culebra, elaborado por BEL Ingeniería, CEISA, Madriz Mezerville & Asociados, Checohi & Co. Dentro de los objetivos iniciales se encontraba el lograr una atracción del turismo internacional de tipo masivo vacacional, adaptar la estructura en la tipología del turismo actual para adecuar la oferta al fin antes señalado y explotar los recursos naturales turísticos de la región, con el fin de dar a Centroamérica una imagen turística con la que pueda competir en un mercado internacional evitando inversiones de escasa rentabilidad. Por lo tanto, es cierto que Bahía Culebra, debido a su riqueza escénica y cultural, fue elegida para desarrollar un proyecto turístico, pero el fin inicial era usar ésta para la atracción del turismo internacional del tipo masivo vacacional, por medio de lo que hoy en día se conoce como Desarrollo Sostenible, el cual puede verse reflejado en los diferentes textos del Plan Maestro Regular de Polo Turístico Golfo de Papagayo. La elección de Bahía Culebra como núcleo del desarrollo turístico bajo el régimen de excepción establecido por la Ley N.° 6370 responde a una valoración técnica y estratégica que reconoce el alto valor ambiental, escénico y ecológico de esta zona costero-marina. Manglares, arrecifes coralinos, bosques tropicales secos, playas y una notable biodiversidad convierten a esta región en un enclave privilegiado para el turismo sostenible de alto valor agregado, lo que fundamenta su declaratoria de interés público. En este sentido, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha actuado con estricto apego al principio constitucional de sostenibilidad ambiental, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, y a la normativa ambiental vigente. Desde la creación del régimen especial, el ICT ha orientado sus actuaciones hacia un desarrollo ordenado, planificado y respetuoso del entorno natural, conforme lo dispone la Ley N.° 6370 y su normativa reglamentaria, incluyendo el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Contrario a cualquier percepción de amenaza a la biodiversidad de Bahía Culebra, el ICT ha impulsado el uso turístico racional del territorio, garantizando la conservación de los recursos naturales que dan valor y viabilidad al proyecto. En coordinación con otras autoridades del Estado y mediante el uso de herramientas de planificación territorial, el Instituto ha delimitado zonas de protección, aplicado criterios de capacidad de carga, promovido tecnologías limpias, y exigido el cumplimiento de estudios de impacto ambiental como condición para otorgar concesiones o ejecutar infraestructura turística. De esta forma, el ICT ha reconocido que la riqueza natural de Bahía Culebra no solo representa un activo ecológico, sino también el pilar estructural del modelo de desarrollo turístico adoptado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Lejos de permitir su destrucción, el Instituto ha implementado mecanismos de regulación y control que aseguran que las intervenciones humanas se realicen con respeto al entorno y en beneficio del interés público. La metáfora de “la gallina de los huevos de oro” no es ajena a la institucionalidad: constituye, de hecho, una convicción técnica que ha orientado la política pública del ICT en esta materia. En consecuencia, el Instituto ha aplicado criterios de protección reforzada y ha promovido modelos de desarrollo turístico ambientalmente compatibles con estos valores jurídicos superiores. No lleva razón el alegato del recurrente, debido a que no es cierto que el desarrollo en el Polo Turístico Golfo de Papagayo afecte negativamente la riqueza biológica y los bosques ya que el Reglamento al Plan Maestro, así como el marco legal que rige al Proyecto, están diseñados para compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación, buscando un equilibrio que permita la armonía con la naturaleza, tal y como se plasman en los principios orientadores, en el artículo 3 del Reglamento al Plan Maestro General el cual cita textualmente; Artículo 3°: Los principios orientadores del desarrollo turístico del Polo Turístico Golfo de Papagayo se enmarcan dentro del Ordenamiento Jurídico vigente, de los fines particulares o especiales que le han sido señalados por la legislación especial, de los intereses nacionales y regionales, en particular de la Provincia de Guanacaste y dentro de los principios del desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza, los cuales conllevan a su vez la sostenibilidad turística. Adicional el artículo 5 del citado Reglamento, establece los lineamientos sobre el diseño y construcción dentro del Proyecto, siendo enfático en indicar que en los diseños de los proyectos, deberá imperar el principio de la responsabilidad del concesionario por ajustarse a los lineamientos generales o líneas maestras que persiguen el fin público dispuesto por el legislador, de un desarrollo turístico de calidad internacional, en directa relación con las características de la región y el país donde se ubica, su contexto cultural y su patrimonio arqueológico, así como en cuanto al ecosistema identificado de la zona. En resumen, el Plan Maestro de Papagayo es un instrumento legal que regula el desarrollo en la zona mediante una reglamentación vigente, la cual, ha sido puesta en conocimiento al recurrente; asegurando que se ajuste a los objetivos de desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. Al respecto del mencionado plan, ha dicho la Procuraduría General de la República: “Consecuentemente, ese carácter vinculante del Plan impide considerarlo una simple directriz técnica. Por el contrario, es fácil concluir que el Plan Maestro al determinar de forma taxativa las obras que podrán realizarse dentro del área del proyecto, no lo hace como una simple recomendación o directriz, sino con la potencia jurídica propia de una disposición coercitiva y obligatoria; sea de una norma. El examen del expediente legislativo de la ley No.6758, en los folios 31 y 103, no permite duda al efecto: la intención del legislador fue que el Plan Maestro tuviera un papel preponderante, de carácter normativo, en la ejecución de la obra, así como que el área del proyecto debe mantenerse reservada para el desarrollo exclusivo de actividades turísticas.” (C-181-94 de 23 de noviembre de 1994). Luego en el dictamen C-307-2020, indica la PGR: “Los artículos 2° y 25 de la Ley 7744 disponen que las concesiones que se soliciten en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, deben ser otorgadas por el Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la Ley Reguladora de Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (no. 6758 de 4 de junio de 1982). Y, en el artículo 77 del Reglamento a esa Ley se establece que para ello se aplicará supletoriamente la Ley 6758. El Proyecto Turístico de Papagayo, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 6043, constituye un régimen particular, cuya operación se rige por lo dispuesto en la Ley 6758 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo no. 25439 de 27 de agosto de 1996). (Véanse nuestros dictámenes nos. C-171-1993, C-028-1994, C-094-2000 y C-189-2003 y C-106-2018). En el artículo 2° de la Ley 6758 se establece que en dicho proyecto se podrán ejecutar únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con aquel, de acuerdo con las normas técnicas que defina el ICT. Por su parte, en el Reglamento a dicha Ley, se dispone que el Plan Maestro es la “herramienta para el control del uso de la tierra, a través de la zonificación y la planificación del desarrollo urbano aprobado por la Junta Directiva del ICT. Es una figura directiva de planeamiento, en tanto señala las grandes directrices o líneas maestras que han de orientar y coordinar la ordenación urbanística o edificatoria y el uso del suelo del Proyecto Turístico de Papagayo, dentro de las limitaciones legales previstas, en armonía con el medio ambiente natural y cultural, cuya naturaleza además de técnica es de alcance normativo y obligatorio.” El Reglamento Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (aprobado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, en sesión ordinaria no. 4572, artículo 2, inciso VIII, de 10 de julio de 1995) dispone que dicho plan comprende la regulación de los usos del suelo, zonificación, vialidad, densidades, bases para el diseño de sitio y especificaciones generales para el desarrollo del proyecto. Al respecto, hemos indicado que: “En fin, el Plan Maestro es una figura directiva de planeamiento, en tanto señala las grandes directrices o líneas maestras que han de orientar y coordinar la ordenación urbanística o edificatoria y el uso del suelo del Proyecto de Desarrollo Turístico de Papagayo, dentro de las limitaciones legales previstas, en armonía con el medio ambiente natural y cultural. Sea, una herramienta de ordenación de ese espacio, que engloba dos términos municipales y define los usos más adecuados para las distintas zonas que lo componen. Sus efectos –se dijo- son los propios del planeamiento urbanístico: a partir de su publicación vincula a particulares y a los entes estatales con injerencia en el territorio afectado, los que deben avenirse a sus prescripciones. En el dictamen C-181-94 se expresó que el Plan Maestro del Proyecto Turístico de Papagayo tiene carácter vinculante e indicativo de las obras que podrán realizarse, bajo los criterios de una razonable y balanceada explotación turística del medio.” (En el mismo sentido, cfr. voto 6107-95 de La SALA CONSTITUCIONAL). (Opinión jurídica no. OJ-074-2003 de 14 de mayo de 2003). Debe señalarse que, al ser el Polo Turístico Golfo de Papagayo un régimen excepcional tanto jurídico como de administración, ya la normativa especial tanto legal como técnica en los términos de lo establecido en el instrumento de planificación que es el Plan Maestro, regula las obligaciones de los concesionarios (desarrolladores) dentro de su área de concesión y para con la comunidad (políticas de Responsabilidad Social Empresarial). Así las cosas, los concesionarios de Papagayo, en cumplimiento de la normativa especial, poseen ciertas obligaciones que no tienen otros concesionarios, como por ejemplo en la Zona Marítimo Terrestre, como corresponde el ajuste de sus proyectos a normas ambientales más rigurosas, es otra norma técnica que el citado plan maestro contiene, como, por ejemplo, el respeto a las áreas de 70% que no deben ser intervenidas. En conclusión, el ICT ha cumplido cabalmente con su rol de ente rector del turismo, garantizando un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico y la protección de los ecosistemas de Bahía Culebra. Su actuación se ha basado en la legalidad, la técnica y el compromiso con un turismo responsable, que no solo conserva los recursos naturales, sino que los convierte en la base de un modelo turístico sostenible, replicable y jurídicamente sólido. 4- Entre las funciones o servicios que desarrolla el ICT encontramos en su página oficial, una larga lista: Contratos turísticos; Ferias internacionales; Exoneración boletos aéreos; Guardavidas autorizados; Guías turísticos; Marca país; oficinas de información turística; transporte turístico; broshures para turistas; atlas de playas; registro de hospedaje; artesanía con identidad; declaratoria turística, entre otras. No encontramos desarrollo inmobiliario. Pero resulta que ahora, hay proyectos concesionados por el ICT dentro del Proyecto Turístico de Papagayo, que se quieren usar para notificaciones y Respuesta a las manifestaciones 4 y 5: Se aclara que en Costa Rica no existe un Ministerio de Turismo, por lo que no podría ser cierto que dicho “ministerio” promueva actividades inmobiliarias de construcción de residencias privadas en terrenos a cargo del ICT. Al respecto de la gestión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo sobre las concesiones otorgadas en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo para el desarrollo de residencias turísticas, se reitera lo indicado anteriormente. No lleva razón el recurrente en sus afirmaciones, ya que no es cierto que dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo existan aprobaciones para el desarrollo de residencias no turísticas, de hecho el recurrente en su afirmación está confundiendo, y por lo tanto se generando una inadecuada interpretación de la normativa que regula al Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Primero se aclara que de los artículos 1 y 2 de la Ley N. 6758, en concordancia con el resto de las normas propias del Ordenamiento Jurídico especial del Polo Turístico Golfo de Papagayo, se define el establecimiento de un marco de acción especial y específico para el Proyecto Turístico de Papagayo. Con dicha normativa queda en clara evidencia la intención del Estado de planificar, de forma coactiva y vinculante para el particular, el desarrollo de la zona. La Ley señala que en la zona UNICAMENTE se desarrollará el Proyecto y se desarrollará conforme el Plan Maestro aprobado por el ICT y de acuerdo con las normas técnicas que ese Instituto emita al efecto, por lo que no existen alternativas jurídicamente admisibles diversas a las establecidas por el Plan, el cual además consiste en una herramienta para el control y regulación del uso de la tierra, zonificación, vialidad, densidades, coeficiente de ocupación de superficie (COS), también conocido como “cobertura”, así como las bases para el diseño de sitio y especificaciones generales para el desarrollo del proyecto y la planificación del desarrollo urbano del mismo. Como ya se había indicado, pero se reitera, este Plan Maestro es una figura directiva de planeamiento, en tanto señala los principios orientadores, las directrices generales y las líneas maestras que han de orientar y regular la planificación urbanística o edificatoria y el uso del suelo del Proyecto Turístico Golfo Papagayo; todo dentro de las limitaciones legales aplicables y cuya naturaleza además de técnica es de alcance normativo y obligatorio. Dentro de los usos de suelo que establece dicho plan, se contempla la figura de “Residencias Turísticas” cuyo concepto va mucho más allá de una simple vivienda, correspondiente a una tipología de alojamiento que satisface una demanda específica dentro del mercado turístico y aporta valor significativo al destino. Estas unidades pueden estar integradas física y operativamente al complejo hotelero, compartiendo infraestructura, personal, sistemas de reservación y mercadeo. Desde la perspectiva de un huésped o un desarrollador, son extensiones del producto hotelero principal, o bien, pueden estará asociadas a constitución de condominios de residencias turísticas, las cuales estarán administradas por el Administrador del Condominio que corresponda. Este tipo de residencias turísticas ofrece estancias más largas, permitiendo incrementar el tiempo de permanencia del turista en el destino, lo que directamente se traduce en un mayor gasto en la economía local (restaurantes, tours, comercios, servicios). Esto es un objetivo clave del desarrollo turístico no solo del Polo Turístico Golfo Papagayo, si no para el país como destino, en sus diferentes zonas turísticas, como puede verificarse en los planes reguladores de las diferentes zonas costeras del país; planes que, por cierto, también contemplan un uso residencial y hasta habitacional, dentro de las zonas declaradas turísticas, artículo 57 inciso a), punto 3 del reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, (Decreto Ejecutivo 7841 del 16-12-1977) Ya para el caso del Polo Turístico Golfo Papagayo, claramente se establece la posibilidad de concesiones para uso residencial turístico y en aras de la consecución del fin público que persigue el Polo Turístico Golfo Papagayo, se establecieron plazos de ejecución (artículo 17 Decreto 25439-MP-TUR). Aunado a lo anterior, servicios de hospedaje con actividades complementarias como alquiler de residencias o villas o la actividad de los servicios de hospedaje no tradicional; son actividades de orden turístico ya debidamente reguladas en la normativa general en materia de turismo. Además, las limitaciones sobre el diseño y construcción de los proyectos turístico que se establecen en el Plan Maestro de PTGP, aplican por igual, independientemente de si se trata de unidades habitacionales de hospedaje o residenciales (Reglamento al Plan Maestro artículo 5.) Dicho lo anterior, no es cierto que dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se hayan generado concesiones que no respondan a los usos de suelo establecidos dentro del Plan Maestro General, todos aquellos proyectos que consideran el desarrollo de residencias turísticas, responden a lo normado dentro de esta figura normativa, y tampoco es cierto que la Junta Directiva del ICT haya otorgado concesiones residenciales de uso NO TURISTICO. El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se encuentra regulado por un régimen jurídico especial, contenido principalmente en: Ley N.° 6370 de 3 de septiembre de 1979; reglamentos ejecutivos emitidos en desarrollo de dicha ley; plan Maestro del Proyecto, como instrumento técnico-normativo de planificación; normativa administrativa general (Ley General de la Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa, normativa ambiental y de ordenamiento territorial). Este régimen confiere al ICT potestades de planificación, administración, concesión y regulación del uso del suelo en un área delimitada del Golfo de Papagayo, incluyendo tanto la infraestructura turística como el equipamiento complementario necesario para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad. Por ello, el uso residencial turístico como componente legal y planificado del modelo de desarrollo es válido. Contrario a lo señalado, el uso residencial turístico está expresamente contemplado dentro del régimen del Proyecto, y forma parte de un modelo integral de desarrollo basado en la diversificación de la oferta turística. El Plan Maestro, aprobado conforme al marco legal vigente, establece zonas específicas para este tipo de uso, que permite la construcción de: villas turísticas; condominios de ocupación temporal; residencias privadas de uso vacacional o de larga estancia. Por su parte, de los artículos 1 y 2 de la Ley N. 6758, en concordancia con el resto de las normas propias del Ordenamiento Jurídico sectorial especial del Polo Turístico Golfo de Papagayo, se define el establecimiento de un marco de acción especial y específico para el Proyecto Turístico de Papagayo. Con dicha normativa queda en clara evidencia la intención del Estado de planificar, de forma coactiva y vinculante para el particular, el desarrollo de la zona. La Ley señala que en la zona UNICAMENTE se desarrollará el Proyecto y se desarrollará conforme el Plan Maestro aprobado por el ICT y de acuerdo con las normas técnicas que ese Instituto emita al efecto, por lo que no existen alternativas jurídicamente admisibles diversas a las establecidas por el Plan. La figura de planeamiento denominada “plan maestro”, se encuentra desarrollada en el artículo 2 inciso h) del Reglamento a la Ley 6758, en donde se detalla, el concepto y alcances del mismo: “h) Plan Maestro: Herramienta para el control y regulación del uso de la tierra, zonificación, vialidad, densidades, coeficiente de ocupación de superficie (COS), también conocido como “cobertura”, así como las bases para el diseño de sitio y especificaciones generales para el desarrollo del proyecto y la planificación del desarrollo urbano del mismo, según el “Reglamento Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo", aprobado por la Junta Directiva del ICT, en Sesión Ordinaria N° 4572, artículo 2, inciso VIII, celebrada el día 10 de julio de 1995 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 1995 y sus reformas. El Plan Maestro es una figura directiva de planeamiento, en tanto señala los principios orientadores, las directrices generales y las líneas maestras que han de orientar y regular la planificación urbanística o edificatoria y el uso del suelo del Proyecto Turístico Golfo Papagayo; todo dentro de las limitaciones legales aplicables y cuya naturaleza además de técnica es de alcance normativo y obligatorio.” Con respecto al plan maestro del PTGP, ha dicho la Procuraduría General de la República (PGR): “Consecuentemente, ese carácter vinculante del Plan impide considerarlo una simple directriz técnica. Por el contrario, es fácil concluir que el Plan Maestro al determinar de forma taxativa las obras que podrán realizarse dentro del área del proyecto, no lo hace como una simple recomendación o directriz, sino con la potencia jurídica propia de una disposición coercitiva y obligatoria; sea de una norma. El examen del expediente legislativo de la ley No.6758, en los folios 31 y 103, no permite duda al efecto: la intención del legislador fue que el Plan Maestro tuviera un papel preponderante, de carácter normativo, en la ejecución de la obra así como que el área del proyecto debe mantenerse reservada para el desarrollo exclusivo de actividades turísticas.” (C-181-94 de 23 de noviembre de 1994). Agrega la PGR en el mismo pronunciamiento referido recién: “Al respecto, tenemos que el Plan Maestro constituye un acto de valor reglamentario. Por lo que corresponde examinar a qué órgano dentro del ICT le ha sido asignada por el ordenamiento la competencia para emitir reglamentos. Pues bien, dispone el artículo 26 de la Ley N. 1917 de, en lo conducente: "La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: (....). b) Dictar, promulgar, reformar e interpretar los reglamentos internos necesarios para el mejor desarrollo de los fines del Instituto; y someter al Poder Ejecutivo los reglamentos que requieran su aprobación. Para que tengan validez los reglamentos y reformas que dicte la Junta Directiva, deberán publicarse en el Diario Oficial." De modo que, si corresponde a la Junta Directiva del Ente el normar la actividad interna del ente y de aquéllos administrados en relación de sujeción especial con el Instituto, debe concluirse que esa competencia se extiende a la modificación y derogación de las normas emitidas, aún cuando no se haya establecido en concreto esa potestad. (…). De modo que debe concluirse que la Junta Directiva tiene competencia expresa para intervenir directamente en lo relativo al Proyecto Golfo de Papagayo, normándolo originalmente mediante la emisión del Plan Maestro, sea mediante reformas al Plan.”. En total armonía de lo establecido en la Ley de Creación del Refugio Iguanita, el mismo Plan Maestro del PTGP, dispone: “b) Respeto de las áreas protegidas dentro del Polo Turístico: El proceso de evaluación e identificación efectuado por el MINAE, dentro del área que abarca el Polo Turístico, ha permitido determinar con precisión los sitios donde se requiere una especial atención de la Oficina Ejecutora por tratarse de áreas protegidas, así reconocidas conforme a la legislación ambiental. En particular destaca el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Playa Iguanita, ubicado en la Península de Nacascolo, según la Ley N º8731 del 3 de julio del 2009, publicada en La Gaceta Nº 159 del 17 de agosto del 2009, por considerarse un bosque primario, bosque tropical seco, que incluye un manglar, cuya administración, protección y manejo le corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio de Ambiente y Energía(*) (MINAE)(*), por medio del Área de Conservación Tempisque, a la cual le corresponde elaborar el Plan de manejo del Refugio Nacional, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N º6758 del 22 de junio de 1982.” Debe señalarse que, al ser el Polo Turístico Golfo de Papagayo un régimen excepcional tanto jurídico como de administración, ya la normativa especial tanto legal como técnica en los términos de lo establecido en el instrumento de planificación que es el Plan Maestro, establece las obligaciones de los concesionarios (desarrolladores) dentro de su área de concesión y para con la comunidad (políticas de Responsabilidad Social Empresarial). Así las cosas, los concesionarios de Papagayo, en cumplimiento de la normativa especial, poseen ciertas obligaciones que no tienen otros concesionarios, como por ejemplo en la Zona Marítimo Terrestre. El ajuste de sus proyectos a normas ambientales más rigurosas, es otra norma técnica que el citado plan maestro contiene, como, por ejemplo, el respeto a las áreas de 70% que no deben ser intervenidas. Al respecto, el artículo 5 del Reglamento al Plan Maestro dispone: “5.1 Sobre el diseño y construcción de los proyectos turísticos a) Subordinación del diseño del proyecto turístico: Todos los diseños de los proyectos turísticos que pretendan llevar a cabo los concesionarios están sometidos a los lineamientos y regulaciones dispuestas por este Reglamento y el Plan Maestro General, así como las regulaciones emitidas por el ICT en su complemento, correspondiendo a la Oficina Ejecutora velar que tales diseños se ajusten a estos lineamientos, regulaciones, viabilidad técnica, así como la oportunidad y conveniencia de los proyectos que sean sometidos a su aprobación, con el objetivo de preservar el fin turístico otorgado por su ley especial. En los diseños de los proyectos, deberá imperar el principio de la responsabilidad del concesionario por ajustarse a los lineamientos generales o líneas maestras que persiguen el fin público dispuesto por el legislador, de un desarrollo turístico de calidad internacional, en directa relación con las características de la región y el país donde se ubica, su contexto cultural y su patrimonio arqueológico, así como en cuanto al ecosistema identificado de la zona.” Lo anterior denota que los concesionarios de Papagayo tienen obligaciones más allá de las establecidas a los concesionarios del resto de zonas costeras, en virtud de la especialidad del fin otorgado por el legislador a las áreas del Proyecto, por lo que la intención de desarrollo es mucho más restrictiva. Lo anterior, por cuanto el Polo Turístico Golfo de Papagayo, tal como se indicó anteriormente, a pesar que su gran mayoría de terreno era destinado a ganadería, dicho proyecto, nació como una iniciativa de establecer una política de impulso al turismo en la región centroamericana, en zonas que, hasta ese momento, no se encontraban desarrolladas, que a pesar de sus características, se visualizó como zona apta para esos propósitos y que en ese momento tenían la necesidad de ese impulso económico y social. En virtud de las circunstancias de la época, el Proyecto de “Bahía Culebra” como originalmente fue denominado, debía contar con elementos y condiciones que constituyeran un incentivo para la inversión específica que se buscaba, para crear realmente un Polo Turístico de primer nivel, dentro de áreas que hasta el momento carecían de desarrollo alguno. Ahora bien, el extraer áreas administradas por el ICT (salvo que sea por ley de la República), generaría una inseguridad jurídica para los inversionistas que ya tienen pactados proyectos de desarrollo y sobre los cuales se han hecho inversiones en aras de la ejecución de su contrato de concesión. Estas tipologías no constituyen desarrollos inmobiliarios especulativos, sino que responden a una categoría reconocida como turismo residencial, tal como ha sido definido en la doctrina, la práctica internacional y la jurisprudencia nacional. Es así que la autorización de proyectos con componente residencial por parte del ICT se basa en: 1- La potestad legal de regular el uso del suelo dentro del área concesionada, conforme al artículo 1 de la Ley N.º 6370. 2- La existencia de zonas residenciales turísticas debidamente delimitadas en el Plan Maestro, aprobado mediante acto administrativo formal. 3- La incorporación de estos usos en las normas reglamentarias que rigen el régimen (v.gr. Decreto Ejecutivo N.° 32001-MP-TUR, entre otros) 4- La existencia de concesiones sujetas a condiciones contractuales, plazos, pagos y fiscalización, sin transferencia del dominio público. En el plano administrativo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República han reconocido el carácter planificado del régimen de Papagayo y la necesidad de interpretar sus disposiciones dentro del contexto especial de su ley marco. Los terrenos objeto de concesión dentro del Proyecto siguen siendo bienes demaniales bajo administración del ICT. Las concesiones con uso residencial turístico no implican enajenación, sino un régimen jurídico especial que contempla derechos limitados, temporales y sometidos a condición, lo cual no desnaturaliza el dominio público ni constituye actividad inmobiliaria privada en sentido estricto. Asimismo, el ICT no actúa fuera de su competencia, sino que opera dentro de los límites establecidos por ley, con criterios técnicos, y con la debida coordinación interinstitucional, incluyendo SETENA, MINAE, municipalidades y otras instancias cuando corresponde. El ICT no promueve actividades inmobiliarias privadas ajenas a sus fines, ni se extralimita en sus funciones y por otro lado, corresponde a cada concesionario, llevar a cabo sus actividades de promoción del proyecto turístico; que en todo caso, el desarrollo del proyecto y un futuro traslado a favor de un tercero mediante la figura de la cesión, son actos jurídicos que deberán contar con la aprobación de la Junta Directiva del ICT Las concesiones con uso residencial turístico se enmarcan dentro del modelo de desarrollo legal, planificado y sostenible establecido por el régimen de Papagayo, conforme a la Ley N.° 6370, su reglamento y el Plan Maestro vigente. Su otorgamiento y regulación constituyen actos propios del control de legalidad administrativa, y no configuraciones contrarias al bloque de constitucionalidad. Cualquier interpretación contraria desatiende la naturaleza del régimen especial aprobado por el legislador, y podría conducir a una lectura parcial y jurídicamente infundada de las funciones legales del ICT. Esos cuestionamientos de las conductas del ICT, conforme lo establece la Sala Constitucional en los antecedentes detallamos líneas arriba, requiere de una revisión detallada de la actuación del ICT respecto de sus actuaciones y obligaciones, pues obsérvese que, en criterio del recurrente, se cree que ha estado actuando en contravención de las mismas, y para ello, se deberá evacuar prueba para definir si realmente existe la supuesta “lotificación” a la que hace alusión el recurrente y que es la que en apariencia le lleva a la conclusión del incumplimiento del ICT. Se reitera, un proyecto turístico podría ser para futuras cesiones parciales a favor de terceros, actos jurídicos que deben ser consistentes con el plan de desarrollo del concesionario. En todo caso, el anterior, análisis no es propio de un procedimiento de amparo como lo ha desarrollado y dejado claro la Sala desde vieja fecha, y en su lugar es del conocimiento de legalidad ordinaria al requerir la revisión de las conductas administrativas. 6- Podemos documentar este hecho al referimos concretamente al caso del LOTE 1 concesionado por el ICT, finca concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5-1186670-2007 donde se contempla la lotificación de 90 Villas de más de entre 1.000 y 1.500 m2 cada una. Así aparece en Oficio PGP0451-2024 de fecha 14 de junio de 2024, firmado por varios personeros del ICT. 7- Esta modalidad de venta de lotes para villas, no se contempla en el contrato de concesión original a la empresa. concesión 2168- Z- 000. De paso, señalamos que el contrato original debería vencer el 3 de agosto de este año 2025, sin que la empresa haya cumplido con lo que prometió hacer durante este período de 20 años de contrato. Respuesta a estos dos aspectos: No lleva razón el recurrente ya que toda concesión en el Polo Turístico Golfo de Papagayo ha sido otorgada conforme al fin turístico que indica la normativa, no solo en la Ley 6758 sino también en el Reglamento a dicha ley, en cuyo artículo 2 inciso q) se define el concepto del Fin Turismo como; “Es el fin público último y supremo perseguido por la Ley Nº 6758, consistente en el desarrollo turístico productivo del Proyecto Turístico Golfo Papagayo, ello en armonía con los usos que se establezcan en el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo Papagayo.” Por lo que no es cierto que exista alguna directriz o reglamento que cambien el fin turístico del proyecto. Consecuentemente con lo anterior los usos de suelo que norma el Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo son de naturaleza turística, así las cosas, cuando el uso de suelo indica; Área hotelera, Área comercial, Área condohotelero, Área residencial, Área de campamentos y estacionamientos públicos y demás usos; está implícito que los mismos son de naturaleza turística, ese es el fin público del Proyecto Papagayo. Como evidencia de lo anteriormente indicado se presenta la consulta registral efectuada en el Registro Nacional de Costa Rica, a la finca con matrícula de folio real 5-2168-Z-000 se observa que en su inscripción consta como “NATURALEZA: TERRENO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO TURÍSTICO EN PLAYA PANAMÁ.”, por lo que se puede confirmar que dicha parcela tiene como fin el desarrollo de un proyecto turístico, tal cual se indica en la normativa, demostrando que no es cierta la afirmación del recurrente. Es cierto que el PGP-0451-2024 del 14 de junio del 2024 corresponde a un criterio técnico emitido por dos funcionarios para la Dirección Ejecutiva donde se recomienda el visado del plano catastro de la finca con matrícula de folio real 5-2168-Z-000, plano catastro 5-52763-2023, para el sometimiento de la finca al régimen de propiedad en condominio, conforme se establece en la normativa correspondiente. Lo que no resulta cierto, es que dicho oficio indique en alguna medida que el proyecto a desarrollar se aparte del fin turístico que indica la ley, siendo claro que en el respetivo contrato de integralidad suscrito para los terrenos concesionados a la empresa Enjoy Hotels & Resorts, S.A., donde en la Primera Adenda del Contrato, cláusula sexta se indica que el proyecto turístico a desarrollar en los Dirección03 corresponde a 240 habitaciones hoteleras y 967 de otros usos, refiriéndose a las habitaciones ubicadas bajo la modalidad de villas, tiempos compartidos, y residencias turísticas, entre otros. En adición, la cláusula décimo cuarta del contrato de concesión se indica claramente que previa aprobación del ICT podrán otorgarse cesiones totales o parciales de la concesión conforme la normativa del Reglamento a Ley 6758, además se indica que todo cesionario total o parcial se convierte en un nuevo concesionario del ICT. Propiamente en el Reglamento a la Ley 6758, el artículo 12 regula las condiciones para, entre otras cosas, la cesión de derechos de concesión, indicando textualmente; Artículo 12.- Corresponde a la Junta Directiva autorizar el otorgamiento de concesiones, las modificaciones al Plan Maestro General, las cesiones totales o parciales, la segregación, toda clase de gravámenes, así como los traspasos en propiedad fiduciaria de las concesiones, al igual que el sometimiento de la concesión en condominio, el traspaso de las concesiones a sociedades administradoras de fondos de inversión y las fusiones mercantiles de las personas jurídicas concesionarias por absorción de las que resulte un nuevo concesionario, cambio de uso de suelo, compensación de densidad y cobertura y en general de todo acto que afecte el derecho real administrativo de la concesión, que requiera modificación del contrato de concesión. En aquellos casos que el acto aprobado requiera su inscripción registral, se requerirá de previo informe técnico y legal. Todo adjudicatario de una concesión, así como en caso de prórroga o ajuste, deberá pagar el canon de concesión al ICT. Dicho valor, será ajustado siguiendo el procedimiento establecido en el Punto X. Procedimiento de Indexación de Valor del canon por otorgamiento, prórroga o ajuste, del Anexo Único del presente Reglamento. Los adquirentes por cesión o traspaso de una concesión, deberán demostrar que cumplen todos los requisitos para ser concesionarios. En el caso de cesiones parciales o totales o por tratarse de adjudicatarios en los procesos de ejecución de las garantías constituidas sobre las concesiones sin interés en el desarrollo de la concesión, deberán acreditar los requisitos establecidos en el Punto V) Requisitos para Cesión de concesión total o parcial, del Anexo Único del presente Reglamento y Decreto Ejecutivo 29794-MP-TUR del 30 de agosto del 2001, denominado “Reglamento de Garantías Reales que gravan las Concesiones del Polo Turístico Golfo Papagayo” publicado en La Gaceta N° 180 del 19 de setiembre del 2001 y sus reformas, respectivamente. Queda claro entonces que cuestionan los alcances de los términos de la licitación, así como los del contrato frente al desarrollo del proyecto y con ello, someten a consideración y análisis de la Sala la determinación de ese extremo; el cual evidentemente requiere de un análisis de legalidad y no de constitucionalidad. De igual manera, pretenden que se determine vía amparo, el incumplimiento de las obligaciones contractuales que rigen la concesión, aspecto que no se encuentra comprendido dentro de las competencias de la Sala Constitucional, al no estarse ante la violación de un derecho fundamental que amerite la interposición de un recurso de amparo. Estas afirmaciones indubitablemente exigen una revisión detallada de lo contemplado en el contrato, lo prometido por el concesionario, lo que ha ocurrido en esos 20 años de contrato a efectos de determinar si existen incumplimientos como lo afirma el recurrente. Se denota además, una muy mal intencionada actuación del recurrente, al indicar además, que el plazo de la concesión vence el 03 de agosto de 2025, cuando basta con ingresar al sistema de consulta pública del Registro Nacional donde se verifica que el plazo de la concesión …”. “… 8- El terreno concesionado en este acto, LOTE 1 de 43 hectáreas con 6563,63 m2, está cubierto de bosque, según documentos oficiales. Aportamos Oficio SETENA-SG-0646-2025 de 20 mayo 2025, que consigna que según fuente de Sistema de Información Geográfica el lote 1 aquí analizado contaba en el año 2000 con una cobertura de bosque de 99% y en 2023 de 98%. En relación con el caso concreto, se debe observar que según consta en el Documento de Evaluación Ambiental D1-0170-2021-SETENA.,” …se señala que en el área del proyecto se identifican diferentes tipos de cobertura vegetal, incluyendo bosque secundario, bosque maduro y bosque deciduo, de acuerdo con los planos catastrales del proyecto y los datos de FONAFIFO. Además, en dichos planos se identifican áreas clasificadas como Clase VII: Manejo de Bosque, en los documentos catastrales 5-1186670-2007, que corresponde a LOTE 1 concesión 2168- Z- 000. 9- La Ley Forestal N° 7575 de 1996, declara todos los bosques ubicados en tierras propiedad del Estado o sus instituciones, como Patrimonio Natural del ESTADO y nos obliga a protegerlos. Ley Forestal 7575 “ARTÍCULO 13.- Constitución y administración El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.” La ley no exceptúa al ICT o Proyecto Papagayo de su cumplimiento. Las áreas pueden ser destinados a usos de ecoturismo. Donde los habitantes y los visitantes internacionales podamos disfrutar de caminatas, avistamiento de fauna silvestre, acampadas y otras actividades sanas, positivas y sostenibles, en nuestros bosques. Respuesta a estos dos aspectos: Tal y como la propia recurrente lo demuestra con la prueba aportada al expediente, existe un incidente de nulidad contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto que ella misma presentó ante la SETENA y que al día de hoy está pendiente de resolver y, por tanto, la Sala Constitucional no puede entrar a conocer del tema, dado que, su competencia, como claramente se encuentra delimitada, es inexistente cuando el tema está siendo ventilado ante la misma administración, y ella lo ha definido expresamente, según ya lo señalamos, solamente entrará a conocer cuando se demuestre que la administración no atendió la denuncia; presupuesto que no se cumple en este caso y que amerita el rechazo del presente amparo. 10-Ese bosque Patrimonio Natural del ESTADO, representa para nosotros un bien del que podemos disfrutar todas las personas que vivimos en la zona o quienes la visitan como turistas. Y también la gran variedad de fauna silvestre, aves, monos, mapaches, pizotes, ardillas, garrobos y decenas de especies adicionales presente en la zona. Según Ley Forestal N° 7575, los bosques ubicados en terrenos propiedad del ESTADO y sus instituciones son Patrimonio Natural del ESTADO. Por ello, deben ser preservados esos bosques, según esa ley vigente. 11- Presentamos este recurso de AMPARO, contra la destrucción del bosque de Playa Panamá, en tierras que en este caso son propiedad del ESTADO, para usos NO TURISTICOS. Nos oponemos al simple tráfico de bienes y negocios inmobiliarios de la empresa privada concesionaria. La empresa concesionaria está afectando, degradando el bosque SIN CONTAR con permisos de SINAC – MINAE, a vista y paciencia del ICT. 12-La lotificación de 90 Villas de más de entre 1.000 y 1.500 m2 cada una, aparece documentada y detallada en Oficio PGP- 0451-2004. La lotificación no está en el contrato de concesión original firmado por el ICT y es contraria a lo ofrecido en proceso de Licitación Pública, adjudicado y así concesionado por el ICT. En campaña publicitaria en el país y en el extranjero, en español y en inglés, la empresa ofrece propiedades en su proyecto Bahía Papagayo, sin indicar que se trata de tierras públicas, propiedad del ESTADO, inalienables. Reiteramos que la empresa ha incumplido sus obligaciones contractuales en los primeros 20 años de vigencia de la concesión. Plazo de concesión vence según contrato original el 3 de agosto 2025. 13-Es de resaltar que la información, usada para sustentar este recurso, es en base a la documentación obtenida del ICT después de un recurso de amparo por omisión de respuesta y que la Sala Constitucional declaró CON LUGAR Exp: 25-004460-0007-CO Res. Nº 2025007129, a las nueve horas veinte minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, donde se ordenara “dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde al recurrente la totalidad de la información requerida”. 14-La lotificación para construcción de villas residenciales de lujo, en la finca propiedad del ESTADO, concesionada, no corresponde al Plan Maestro que es de acatamiento obligatorio, por artículo 2° Ley 6754. Artículo 2º.- En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto. (el resaltado no es del original) Respuesta a estos cinco aspectos: No lleva razón el recurrente, ya que, mediante la I Adenda del contrato de concesión denominada Ajuste de Plazo de concesión 2168-Z-000, Lote 1, se modifica la cláusula DECIMO TERCERA del contrato de concesión para que el plazo se ajuste del 03 de agosto de 2005 al 03 de agosto 2034, adenda que le fue remitida al recurrente mediante oficio PGP-0155-2025. De igual forma el plazo inscrito de la concesión se puede observar en la consulta registral hecha en Registro Nacional. Continúa la recurrente en sus hechos, que la Sala Constitucional entre a conocer el caso y determinar si el proyecto corresponde o no al Plan Maestro que es de acatamiento obligatorio, al indicar textualmente que la lotificación para construcción de villas residenciales de lujo, en la finca propiedad del ESTADO, concesionada, no corresponde al Plan Maestro que es de acatamiento obligatorio, por artículo 2° Ley 6754. (pag. 6) Artículo 2º.- En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto …”. “… Refuerzo de lo anterior, es que precisamente resalta la necesidad de que la Sala cuente con el Plan Maestro vigente a efectos de determinar si el proyecto cumple o no con lo indicado en la Ley 6754, lo que evidencia sin temor a equívocos que su pretensión es precisamente que la Sala Constitucional entre a analizar a fondo el cumplimiento de Proyecto respecto del Plan Maestro y la Ley 6754, pues indica: “El tener a mano el Plan Maestro vigente, con todos los insumos, estudios técnicos y definiciones es básico para la resolución de este amparo, para verificar si lo aquí impugnado, cumple o no con lo indicado en la Ley 6754. En caso de ausencia del mencionado documento, se confirme que el ICT violenta la propia Ley 6754 del Proyecto Papagayo”. Con relación al Plan Maestro, este fue aprobado por la Junta Directiva en su sesión Nº 4572, artículo 2, inciso VIII, del 10 de julio de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 140 del 24 de julio de 1995; modificado parcialmente por el Plan Maestro General en la Península de Nacascolo, aprobado según acuerdo de artículo 2, inciso XII, de la sesión número 5302 del 4 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta número 95 del 17 de mayo del 2004 y reformado parcialmente en su parte normativa por acuerdo tomado en la sesión Nº 5317, artículo 2, inciso II, del 3 de agosto del 2004 y publicado en La Gaceta Nº 157 del 12 de agosto del 2004. La Junta Directiva del ICT, en sesión ordinaria N° 5740, artículo 5, inciso I, celebrada el día 27 de marzo de 2012, mediante oficio SJD-155-2012, acordó lo siguiente: “A) Con fundamento en el Comunicado de Acuerdo N° CDP-048-2012 tomado por el Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo en sesión extraordinaria Nº 07-2012, artículo U, inciso I, y de conformidad con los oficios N° PGP-297-2012 y PGP-276-2012 suscritos por la Oficina Ejecutora de Papagayo y habiéndose seguido el procedimiento consultivo establecido en el Artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública, aprobar la “Actualización Estratégica del Reglamento al Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo” y “Reforma al Reglamento del Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo”. B) Instruir a la Dirección Ejecutiva del PTGP proceder a la mayor brevedad con la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La publicación se realizó el miércoles 2 de mayo del 2012, en La Gaceta N° 84. “Que el Plan Maestro constituye el marco de acción de carácter reglamentario para el Proyecto Turístico Golfo Papagayo y con dicha normativa queda en clara evidencia la intención del Estado de planificar, de forma vinculante para el particular, el desarrollo de la zona”. (Texto tomado de la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del ICT, No 4572, artículo 2, inciso VIII, celebrada el día 10 de julio de 1995). Con base en el fundamento normativo técnico y el contrato de concesión, el ICT regula los proyectos a desarrollar dentro de cada concesión, teniendo el desarrollador que presentar los planos constructivos para la revisión previa con el fin de verificar que los mismos cumplan con los principios orientadores del Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, el cual, alcanza la regulación de los usos de suelo, zonificación, vialidades, densidades máximas permitidas, porcentajes de ocupación de superficie, bases para el diseño de sitio y especificaciones generales para el desarrollo de los proyectos a construir dentro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En el citado Plan Maestro, se desglosan los lineamientos específicos que todo concesionario del Polo Turístico Golfo Papagayo (PTGP), debe considerar para el diseño y construcción del proyecto turístico propuesto, dentro del que destacan: 5.1. Lineamientos específicos para el diseño y construcción de los proyectos turísticos a) Subordinación del diseño del proyecto turístico. “Todos los diseños de los proyectos turísticos que pretendan llevar a cabo los concesionarios están sometidos a los lineamientos y regulaciones dispuestas por este Reglamento y el Plan Maestro General, así como las regulaciones emitidas por el ICT en su complemento, correspondiendo a la Oficina Ejecutora velar que tales diseños se ajusten a estos lineamientos, regulaciones, viabilidad técnica, así como la oportunidad y conveniencia de los proyectos que sean sometidos a su aprobación, con el objetivo de preservar el fin turístico otorgado por su ley especial (…)”. e) Utilización de colores en acabados superficiales externos. “Los diseños de las estructuras que compongan el desarrollo turístico propuesto deben utilizar preferiblemente colores exteriores que mitiguen la luz, no degraden el medio e incluso permitan su camuflaje en el contorno donde se levanten”. f) Diseños de sistemas de captación pluvial. “Los sistemas de captación pluvial de los diseños arquitectónicos deben estar canalizados para prevenir la erosión por caída libre de lluvia, a efecto de procurar inducir la filtración del agua de lluvia al subsuelo”. g) Altura de las edificaciones “Para mantener la uniformidad y respeto a la belleza paisajística del Polo Turístico, el diseño y construcción de las edificaciones no deberá superar los catorce metros de altura, medidos desde el nivel natural del terreno, según las características que ofrezca cada área de desarrollo según valoración técnica de la Oficina Ejecutora y en cumplimiento de lo establecido en la Ley y Reglamento de Construcción vigente”. h) Tratamiento de techos “Los techos de las edificaciones se diseñarán procurando la utilización de materiales que minimicen el impacto visual en el contorno ambiental, favoreciendo en lo posible su camuflaje. Se preferirá el uso de tejas o paja”. i) Límite de veinte habitaciones promedio por hectárea “Sin perjuicio de las consideraciones específicas que deba realizar la Oficina Ejecutora para un determinado proyecto de desarrollo, según su magnitud y ubicación topográfica, únicamente podrá construirse por hectárea de terreno concesionada veinte habitaciones en promedio, independientemente si el desarrollo involucra unidades habitacionales de hospedaje o residenciales. El cumplimiento de este principio deberá vigilarse por la Oficina Ejecutora, aún en los casos de que el diseño de proyecto implique una concentración de las habitaciones en pocas edificaciones”. Coeficiente de ocupación de superficie “Deberá mantenerse un coeficiente de ocupación de superficie no mayor al 30% (treinta por ciento) máximo del área total originalmente concesionada, al cual deberán ajustarse los diseños de los proyectos turísticos propuestos”. Respeto por el ambiente “Todos los diseños arquitectónicos que se formulen por los concesionarios deben contener elementos de respeto al ambiente: iluminación externa a la menor altura e intensidad posibles, uso de energías alternativas, cableado eléctrico y telefónico subterráneo, etc”. 5.2 Manejo de Desechos Planta de tratamiento de aguas residuales adecuada “Cada uno de los proyectos turísticos en su diseño y durante su operación debe contar con una planta de tratamiento de aguas negras adecuada para el tamaño del desarrollo, en buen funcionamiento, que no ocasione contaminación por olores, a la que se conectarán todas sus aguas residuales. Estas plantas deben generar la reutilización de las aguas para el riego de áreas verdes o campos de golf. Será prohibido instalar tanques sépticos. Según lo recomienden los estudios técnicos que se considere pertinentes, la Oficina Ejecutora podrá autorizar que dos o más concesionarios construyan o utilicen una misma planta de tratamiento colectiva para las aguas de sus respectivos proyectos de desarrollo. En todo caso deberá respetarse lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S de fecha del 19 de marzo del 2007”. Prohibición de tirar desechos al mar o la playa “No se permitirá en ningún caso que los proyectos turísticos diseñen o construyan instalaciones que lancen al mar o la playa sus desechos. Esta prohibición incluye aún las aguas tratadas resultantes de las plantas de tratamiento, a menos que se acredite fehacientemente ante las autoridades de salud que su potabilidad está plenamente garantizada.”. De muy reciente data, la Procuraduría General de la República, mediante oficio PGR-C-156-2025 del 16 de julio de 2025, reitera lo ya indicado con respecto al régimen de desarrollo turístico del PTGP. “3.- El área afectada al Proyecto Turístico Golfo de Papagayo constituye un régimen especial del demanio marítimo terrestre bajo administración directa del ICT, sin perjuicio del usufructo y cánones que corresponden a las municipalidades del lugar, y de las competencias concurrentes que tienen otros órganos o entes estatales respecto de ciertas materias o bienes. El ICT es la autoridad facultada para otorgar concesiones para el desarrollo de marinas y atracaderos turísticos en ese sector, y han de ser conformes con el Plan Maestro, que es la figura directiva de planeamiento o herramienta de ordenación de ese espacio, con carácter vinculante e indicativo de las obras que podrán realizarse. (Artículos 74 de la Ley 6043; 1° y 32 de Ley 7744; 5 y 77 de su Reglamento; 2° de la 6758, 2 incisos h y q y 14 inciso c de su Reglamento, Decreto 25439. Opinión Jurídica OJ-74-2003 y dictamen C307-2020). El Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo fue aprobado por la Junta Directiva del ICT en sesión ordinaria 4572 de 1995, y la última modificación mediante acuerdo 5740 de 2012 de esa Junta Directiva. Gaceta 84 de 2 de mayo de 2012. “Los terrenos otorgados en concesión –que no comprenden la zona marítimo terrestre- en el Golfo de Papagayo le pertenecen al ICT”. (Sala Constitucional, sentencias 18483-2007, 15595-2008, 15596-2008 y 8622-2010).” Respeto de las áreas protegidas dentro del Polo Turístico, se establece que el proceso de evaluación e identificación efectuado por el MINAE, dentro del área que abarca el Polo Turístico, ha permitido determinar con precisión los sitios donde se requiere una especial atención de la Oficina Ejecutora por tratarse de áreas protegidas, así reconocidas conforme a la legislación ambiental. En particular destaca el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Playa Iguanita, ubicado en la Península de Nacascolo, según la Ley Nº 8731 del 3 de julio del 2009, publicada en La Gaceta Nº 159 del 17 de agosto del 2009, por considerarse un bosque primario, bosque tropical seco, que incluye un manglar, cuya administración, protección y manejo le corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), por medio del Área de Conservación Tempisque, a la cual le corresponde elaborar el Plan de manejo del Refugio Nacional, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº 6758 del 22 de junio de 1982. Como puede observarse, los proyectos a desarrollar dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo solo pueden afectar una huella (Coeficiente de Ocupación de Superficie) del 30% del área dada en concesión y dentro de ese 30% tiene un límite de 20 habitaciones por hectárea en una altura máxima de 14 metros, dejando un 70% del área sin desarrollo con cobertura vegetal. Adicional a los principios orientadores para el desarrollo, todo concesionario debe cumplir con la normativa que establezca las demás instituciones públicas, entre ellas contar con una Viabilidad Ambiental vigente y aprobada para el desarrollo del proyecto. Con respecto a las áreas naturales, formalmente establecidas dentro de los límites del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, como lo son los manglares, ya se encuentran bajo la administración, protección y manejo que legalmente compete al MINAE – SINAC, por lo que no se pueden considerar como áreas desarrollables y no se encuentran dentro de las áreas dadas en concesión. 15-Debemos resaltar que el Plan Maestro vigente, con sus detalles sobre usos de suelo, zonificación densidad y especificaciones para el desarrollo del Proyecto Papagayo, no lo hemos podido obtener del ICT. Solo nos aportaron el Reglamento del mismo. Solicitamos que en la respuesta de los aquí recurridos se aporte este documento, debidamente certificado, con especial detalle de la zona en cuestión en Playa Panamá. El tener a mano el Plan Maestro vigente, con todos los insumos, estudios técnicos y definiciones es básico para la resolución de este amparo, para verificar si lo aquí impugnado, cumple o no con lo indicado en la Ley 6754. En caso de ausencia del mencionado documento, se confirme que el ICT violenta la propia Ley 6754 del Proyecto Papagayo. 16-Los vecinos asentados en Playa Panamá compramos propiedades privadas, cerca de Papagayo, fuera del área de propiedad estatal y construimos nuestras casas, atraídos por las bellezas naturales y escénicas proporcionada por sus bosques y playas. Buscamos tranquilidad y naturaleza. Nos sentimos afectados, agredidos, dolidos y molestos por la intención de destruir y desaparecer los bosques que tanto amamos y disfrutamos. No queremos que destruyan el corredor biológico de los monos y otros animales que conocemos y ayudamos a proteger. Defendemos ese mismo derecho a nombre de los visitantes nacionales e internacionales que nos visitan. Y a nombre de todos los habitantes de Costa Rica de hoy y del futuro, a quienes pertenecen esas tierras del ESTADO administradas por el ICT. Por esto, en lo emocional, pero también en lo legal, no queremos que afecten la calidad de nuestras vidas, destruyan el entorno en el que decidimos vivir. Por creer en la seguridad jurídica de Costa Rica, en el respeto a las leyes vigentes, nos sentimos legitimados para presentar este recurso de amparo y confiamos en obtener un trato justo. Respuesta a estos dos aspectos: Mediante oficio PGP-0196-2025 del 25 de marzo del 2025, se hace una constancia donde a solicitud del recurrente se le trasladó Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, publicado en al año 1995 en el Diario Oficial La Gaceta N°140 del 24 de julio del 1995, acuerdos de Consejo Director CDP-048-2012 y Junta Directiva SJD-155-2012, así como los oficios PGP-0276-2012 y PGP-0297-2012 suscritos por la Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo Papagayo y la reforma al Reglamento del Plan Maestro General del Polo Turístico Golfo Papagayo el cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta N°84 del 02 de mayo del 2012, dentro de la cual se encuentra usos de suelo, zonificación, densidad y especificaciones para el desarrollo del Proyecto Papagayo Estos dos aspectos están más ligados a sus pretensiones. Considero necesario evidenciar además que las pretensiones del recurrente no son propias de un recurso de amparo, sino más bien están vinculadas con temas de legalidad ordinaria: “SOLICITAMOS 1.- Se de curso a este amparo. 2.- Se solicite que en la respuesta a los aquí recurridos se aporte copia del Plan Maestro del Proyecto Papagayo vigente a la fecha, debidamente certificado, con especial detalle de la cobertura y zonificación de las tierras del Proyecto Papagayo en Playa Panamá. 3.- Que en sentencia se ordene al ICT a promover exclusivamente obras y proyectos turísticos. 4.- Que se le ordene la protección de las zonas de bosque Patrimonio Natural del Estado de la concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5- 1186670-2007. 5.- Se le ordene al ICT, que deniegue los permisos para la segregación y venta de lotes para villas privadas en terrenos propiedad del ESTADO en Proyecto Papagayo. 6.- Se le ordene al ICT que en ese lote cubierto de bosque, solo se puedan realizar las actividades permitidas por la ley (senderismo, avistamiento de fauna y similares). 7.- Se le ordene a los aquí recurridos atenerse en el futuro a aprobar solo obras y proyectos contemplados en el Plan Maestro del Proyecto Papagayo vigente. (pag. Sobre los alcances de su legitimación del recurrente, expresamente evidencia que existe un tema de legalidad al afirmar nuevamente que el desarrollo es contrario a las leyes vigentes, y no a derechos fundamentales: “Legitimación. La gestión actual no persigue intereses económicos personales. Por tratarse de la defensa del principio de equidad en el disfrute de un bien público, de garantizar el acceso para todos los habitantes al bosque Patrimonio Natural del Estado, hoy afectado por decisiones del ICT en favor de un desarrollo inmobiliario, urbanístico residencial, contrario a las leyes vigentes”. (pag. 8) No queda duda que el análisis pretendido por la recurrente NO cumple con los presupuestos requeridos para considerarlo como objeto de amparo propio de un procedimiento sumario, y todo el análisis que en su recurso solicita sea llevado a cabo sin duda desnaturaliza la figura del amparo. Como la Sala lo ha manifestado en las resoluciones que citamos, aquellos casos que requieran de un análisis de cumplimiento con respecto a lo estipulado en la normativa, así como de la demostración y evacuación de prueba para definir la legalidad de las actuaciones, son temas propios de legalidad ordinaria que no pueden ser conocidos a través de un recurso de amparo, pues con ello se estaría desnaturalizando su figura sumaria. En efecto, sus pretensiones están vinculadas a un tema de legalidad propiamente, ninguna de ellas vinculadas con derechos constitucionales, pues lo que busca básicamente es obtener copia del Plan Maestro (que ya se le entregó), que se ordene la denegatoria de permisos al Proyecto por parte del ICT, que se ordene al ICT que solamente puede desarrollar actividades permitidas por ley en esa zona - tema puramente de legalidad-, que se ordene la abstención de conductas a futuro, que se ordene la protección del bosque. Con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, de manera respetuosa solicitamos se rechace de plano el presente recurso de amparo en virtud de que lo pretendido por la Asociación Confraternidad Guanacasteca en relación Proyecto Desarrollo Bahía Papagayo y el ICT, son pretensiones propias de un análisis de legalidad ordinaria, al requerir de un análisis pormenorizado de los supuestos incumplimientos y violaciones al ordenamiento jurídico, y no de un análisis de constitucionalidad propio de un recurso de amparo, pues como el mismo recurrente lo afirma, ya existe en la vía administrativa un incidente de nulidad presentado por la misma Asociación, donde se cuestiona precisamente la viabilidad otorgada al proyecto por existir una supuesta violación a la normativa aplicable. Finalmente, no está de más recordar que, como lo ha señalado la Sala Constitucional a la hora de analizar el principio precautorio en materia ambiental, es indispensable -cuando no menos obligatorio-, la demostración de la afectación ambiental, y no el sentir del recurrente, como se evidencia en su recurso, pues parte de la base de meras apreciaciones subjetivas carentes de todo sustento probatorio, que distan de la realidad; pruebas que, como lo ha contemplado ese Tribunal Constitucional, recaen sobre el recurrente, so pena de rechazo -tal y como ocurre en el caso que nos ocupa-.”.

4.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 23 de julio de 2025, el recurrente señala lo siguiente: “… El abajo firmante, reconocido como recurrente me presento a manifestar: Leído los escritos presentados por el ICT, rechazamos de plano sus intenciones de que la Sala Constitucional no se pronuncie sobre el fondo de este amparo. El presente AMPARO no es sobre la viabilidad ambiental del proyecto de una empresa, que se tramita ante SETENA. En el encabezado de nuestro escrito de interposición dijimos: Este AMPARO viene a defender al Proyecto Turístico de Papagayo de desvíos de sus objetivos naturales de turismo sostenible y ecológico y legalmente apegado a su ley constitutiva. Este recurso es contra la inobservancia por parte del ICT – PGP de lo ordenado en toda la legislación enumerada por el señor Wong. Y para exigir también el cumplimiento del resto de leyes vigentes en Costa Rica, que se le aplican a todos los habitantes, incluso en el Proyecto Papagayo, que no es una República Independiente dentro del territorio nacional, como pretende argumentar el señor Wong. El amparo es sobre el ICT – Proyecto Golfo Papagayo y sus actos de no proteger Patrimonio Natural del ESTADO, incumpliendo lo ordenado en la Ley Forestal N° 7575 de 1995. Es sobre el cambio de uso del suelo no legales. Este amparo es sobre aceptación de usos NO TURISTICOS en el proyecto Papagayo que por Ley 6754 es solo para fines de turismo. Como al señor Wong no le gusta nuestra definición de turismo, exponemos lo que define la Ley ORGANICA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO - ICT Artículo 38.-Se entiende por turista, para los efectos de esta ley, todo extranjero no residente en Costa Rica, que visite el país por un tiempo no mayor de seis meses, con fines de distracción, descanso, salud, u otros lícitos, siempre y cuando no sean los de obtener trabajo o empleo, o realizar actividades mercantiles en el territorio nacional Por suerte reconoce el señor Wong la veracidad de la mayoría de nuestras afirmaciones. No nos la concede a folios 52 y 53, cuando dice: “No lleva razón el alegato del recurrente, debido a que no es cierto que el desarrollo en el Polo Turístico Golfo de Papagayo afecte negativamente la riqueza biológica y los bosques ya que el Reglamento al Plan Maestro, así como el marco legal que rige al Proyecto, están diseñados para compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación, buscando un equilibrio que permita la armonía con la naturaleza, tal y como se plasman en los principios orientadores, en el artículo 3 del Reglamento al Plan Maestro General el cual cita textualmente;” He ahí un punto central de nuestro amparo. La ley 6754 está bien. La intención del desarrollo turístico es correcta. El problema y nuestros reclamos es a favor de su cabal cumplimiento. Los daños al ambiente ocasionados en Papagayo son desastrosos. Solo enumeraré dos comprobados y de especial peso y trascendencia: - La salinización del acuífero de Playa Panamá entre 2015 y 2017. - La muerte del 80 % de los corales de Bahía Culebra. Aquí venimos a defender los bosques, que por la Ley Forestal son Patrimonio Natural del Estado. También en Papagayo. Aunque el daño es mucho mayor, solo estamos cuestionando en este amparo el contrato de concesión firmado por el ICT, finca concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5-1186670-2007 donde se contempla la lotificación de 90 Villas de más de entre 1.000 y 1.500 m2 cada una. Nos regala el señor Wong de un largo compendio histórico de la legislación costarricense. “Es así que el Polo Turístico Golfo de Papagayo constituye un caso paradigmático en el derecho administrativo costarricense, al consolidarse como un proyecto estratégico nacional desarrollado bajo un régimen jurídico de excepción. (folio 11) En resumen y repetido 58 veces, según el señor Wong el Proyecto Papagayo es un régimen de excepción. Alega que en Papagayo no se debe aplicar toda la legislación vigente. Dice el señor Wong que ellos están por sobre las leyes y los Magistrados de la Sala Constitucional, no deben analizar esa excepcionalidad y permitirles que sigan haciendo lo que quieran. El señor Wong no coincide con nuestra afirmación de que el plazo de la concesión otorgada por el contrato original rige a partir de agosto de 2005 y es por 20 años y su vencimiento es el 3 de agosto de 2025. La verdad es que el plazo del contrato concesión vence el 3 de agosto. Es un parámetro de los incumplimientos durante el plazo contractual y señal del peculiar manejo del contrato. La oficina PGP e ICT le dieran en 2019, una ampliación al contrato. Este punto no es tema de debate en este amparo. Es un detalle ilustrativo del escenario de contratación público- privada por licitación del ICT. TEMA - ICT LOTIFICACIÓN - USO INMOBILIARIO Lo más grave de la respuesta del señor Wong es la defensa de usos NO TURISTICOS como parte del proyecto. Sobre este punto nuestro escrito de interposición dice: “Pues resulta que ahora, hay proyectos concesionados por el ICT dentro del Proyecto Turístico de Papagayo, que se quieren usar para lotificaciones y parcelas residenciales villas de lujo. Y el ICT le autoriza el uso RESIDENCIAL a este concesionario. Eso NO ES TURISMO. ANEXO 1 Creemos que el Ministerio de Turismo, contraviene sus obligaciones y sobrepasa sus limitaciones legales, al dedicarse a promover actividades inmobiliarias de lotificaciones y construcción de residencias privadas, en tierras públicas que el ICT administra. 5.- Esto, es contrario a la ley de 6754 y convierte a las tierras propiedad del ESTADO en un uso ilegal, de negocio de tierras, parcelas, lotes, un desarrollo inmobiliario, viviendas, como si estas fueran tierras privadas. Ninguna norma inferior en categoría puede reformar una ley. En este caso la Ley 6754. Por Directrices o Decretos, no pueden cambiar los objetivos definidos en la Ley del Proyecto Turístico de Papagayo. Ese objetivo es turismo. 6.- Podemos documentar este hecho al referimos concretamente al caso del LOTE 1 concesionado por el ICT, finca concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5-1186670-2007 donde se contempla la lotificación de 90 Villas de más de entre 1.000 y 1.500 m2 cada una. Así aparece documentado en Oficio PGP- 0451-2024 de fecha 14 de junio de 2024, firmado por varios personeros del ICT. ANEXO 2.” Responde el señor Wong, en medio de muchas palabras “Es cierto que el PGP-0451-2024 del 14 de junio del 2024 corresponde a un criterio técnico emitido por dos funcionarios para la Dirección Ejecutiva donde se recomienda el visado del plano catastro de la finca con matrícula de folio real 5- 2168-Z-000, plano catastro 5-52763-2023, para el sometimiento de la finca al régimen de propiedad en condominio, conforme se establece en la normativa correspondiente. No nos dice si ese criterio fue aprobado o rechazado. No aporta la lámina de uso de suelo y otros aspectos detallados del Plan Maestro debidamente aprobado para esa zona del proyecto Papagayo, como solicitamos, para confirmar que esa lotificación realmente corresponde a la planificación del ICT-PGP, y no una ocurrencia del empresario. Trata de enredar, confundir, ocultar. Nosotros sí hemos tenido acceso a las páginas web de Bahía Papagayo de la empresa Enjoy Hotels & Resort S.A. donde se ofrece propiedades a la venta ubicadas en ese lote concesionado, en tierras públicas administradas por el ICT, entre ellas lotes para construcciones particulares de cualquiera persona en el mundo que pague el precio. Bahía Papagayo - Bahía Papagayo Dice el señor Wong: “El ICT no promueve actividades inmobiliarias privadas ajenas a sus fines”, pero a continuación dice: corresponde a cada concesionario, llevar a cabo sus actividades de promoción del proyecto turístico; que en todo caso, el desarrollo del proyecto y un futuro traslado a favor de un tercero mediante la figura de la cesión ... Y claro, toca discutir la contradicción de que solo se otorgan concesiones por medio de “CONCURSOS PÚBLICOS” (folio 4), con su defensa de subconcesiones, cesiones parciales y otras formas, que desvirtúan totalmente esta obligación legal. Por ello, solicitamos se declare CON LUGAR este punto, de no permitir uso residencial y negocios inmobiliarios en tierras del ESTADO. Y aprobar lo solicitado en el escrito de interposición: 4.- Se le ordene al ICT, que deniegue los permisos para la venta de lotes para villas privadas en terrenos propiedad del ESTADO en Proyecto Papagayo. Que en ese lote solo se puedan realizar las actividades permitidas por la ley. 5.- Se le ordene a los aquí recurridos atenerse en el futuro a aprobar solo obras y proyectos contemplados en el Plan Maestro vigente de dicho proyecto. TEMA - BOSQUE – PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO El señor Wong, omite totalmente dar respuesta al punto central de nuestro RECURSO DE AMPARO, la existencia de bosque en la zona concesionada y su calidad de Patrimonio Natural del Estado. Decimos en nuestro escrito: 8- El terreno concesionado en este acto, LOTE 1 de 43 hectáreas con 6563,63 m2, está cubierto de bosque, según documentos oficiales. Aportamos Oficio SETENA-SG-0646-2025 de 20 mayo 2025, que consigna que según fuente de Sistema de Información Geográfica el lote 1 aquí analizado contaba en el año 2000 con una cobertura de bosque de 99% y en 2023 de 98%. En relación con el caso concreto, se debe observar que según consta en el Documento de Evaluación Ambiental D1-0170-2021- SETENA.,” …se señala que en el área del proyecto se identifican diferentes tipos de cobertura vegetal, incluyendo bosque secundario, bosque maduro y bosque deciduo, de acuerdo con los planos catastrales del proyecto y los datos de FONAFIFO. Además, en dichos planos se identifican áreas clasificadas como Clase VII: Manejo de Bosque, en los documentos catastrales 5-1186670-2007, que corresponde a LOTE 1 concesión 2168- Z- 000. 9- La Ley Forestal N° 7575 de 1996, declara todos los bosques ubicados en tierras propiedad del Estado o sus instituciones, como Patrimonio Natural del ESTADO y nos obliga a protegerlos. Ley Forestal 7575 “ARTÍCULO 13.- Constitución y administración El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.” La ley no exceptúa al ICT o Proyecto Papagayo de su cumplimiento. Las áreas pueden ser destinados a usos de ecoturismo. Donde los habitantes y los visitantes internacionales podamos disfrutar de caminatas, avistamiento de fauna silvestre, acampadas y otras actividades sanas, positivas y sostenibles, en nuestros bosques. Responde el señor Wong Respuesta a estos dos aspectos: Tal y como la propia recurrente lo demuestra con la prueba aportada al expediente, existe un incidente de nulidad contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto que ella misma presentó ante la SETENA y que al día de hoy está pendiente de resolver y, por tanto, la Sala Constitucional no puede entrar a conocer del tema, dado que, su competencia, como claramente se encuentra delimitada, es inexistente cuando el tema está siendo ventilado ante la misma administración, y ella lo ha definido expresamente, según ya lo señalamos, solamente entrará a conocer cuando se demuestre que la administración no atendió la denuncia; presupuesto que no se cumple en este caso y que amerita el rechazo del presente amparo. (folios 71 y 72) La existencia de una gestión ante SETENA, como ya señalamos es por la Viabilidad Ambiental. Nada tiene que ver con el otorgamiento de la concesión y sus condiciones por parte del ICT -PGP. La excusa no es válida. La falta de respuesta, debe ser interpretada como indica la ley, como la aceptación de los hechos. Es decir, reconocen que la zona está cubierta de bosque y por lo tanto es Patrimonio Natural del Estado según Ley Forestal N° 7575. Siendo así, debe ser protegida y no puede darse en concesión para un desarrollo hotelero, turístico y menos para lotes inmobiliarios. Por ello, corresponde declarar CON LUGAR el presente amparo en este punto y conceder lo solicitado en nuestro escrito de interposición: 3.- Que en sentencia se ordene la protección de las zonas de bosque Patrimonio Natural del Estado de la concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5- 1186670-2007.”.

5.- Se apersona como coadyuvante pasivo Javier Pacheco Albónico, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de ENJOY HOTELS AND RESORTS S.A., quien señala lo siguiente: “… LEGITIMACIÓN. El artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que “se tendrá como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de amparo”. En este sentido, como se desprende del recurso de amparo presentado, se cuestiona el Proyecto Turístico de Papagayo, particularmente lo relativo al Proyecto Bahía Papagayo, (LOTE 1 concesionado por el ICT, finca concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5-1186670-2007) y su desarrollo. Particularmente se discute la viabilidad ambiental otorgada al proyecto por medio de la Resolución N° 0591- 2022-SETENA correspondiente al expediente D1-0170-2021-SETENA (Proyecto Bahía Papayo). De igual manera señalan que existe una desviación del Proyecto Papagayo en relación con la Ley Forestal, así como de los alcances del contrato de concesión y el Plan Maestro. Así las cosas y al ser esta representación la titular del Proyecto, resulta evidente que nos encontramos en el supuesto previsto por la norma antes citada por cuanto tenemos un derecho subjetivo sobre el proyecto, pues además de contar con la concesión respectiva, contamos con la viabilidad ambiental otorgada -que genera un derecho subjetivo a nuestro favor-, y en ese tanto, nos encontramos legitimados para apersonarnos al presente proceso como parte, pues cualquier resolución que se expida al respecto nos afectaría de forma directa. II. OBJETO DEL RECURSO DE AMPARO Sin perjuicio del desarrollo que realizamos de seguido, considera esta representación importante señalar que estamos ante un recurso de amparo cuyo objeto es un tema de mera legalidad ordinaria y consecuentemente, su conocimiento y pretensión, no es del alcance y competencia de esta Sala Constitucional. El recurrente aduce que el recurso de amparo tiene como propósito defender al Proyecto Turístico Papagayo del desvío de sus objetivos naturales de turismo y legalmente apegados a la ley, para mantener el derecho a disfrutar la calidad de vida de los vecinos de la zona. Asimismo, señala que existe un uso distinto al que se autorizó en la concesión, que el ICT autoriza un uso diferente, que el Ministerio de Turismo contraviene sus obligaciones, que sobrepasa las limitaciones al promover actividades inmobiliarias de lotificaciones, y que con ello se está dando un uso ilegal a las tierras. De igual manera aduce que ninguna norma inferior puede reformar una ley y que, en este caso, por directrices no se pueden cambiar los objetivos definidos en la Ley del Proyecto Turístico de Papagayo. De manera desordenada y carente de prueba, señala además que el desarrollo que se pretende realizar no se contempla en el contrato de concesión, además de que en ese lote existe bosque, con diferentes coberturas vegetales, según consta -en su criterio-, en el Documento de Evaluación Ambiental. Nuevamente el recurrente dentro del objeto del recurso de amparo, al igual que lo hizo en el recurso anterior del cual esa Sala tiene conocimiento, busca que la Ley Forestal prevalezca sobre la normativa especial. Alegan que el amparo se presenta contra una supuesta -inexistente por demás-, destrucción del bosque de Playa Panamá, y que no se cuenta con permisos del SINAC y MINAE. Por último, cuestiona un supuesto incumplimiento del contrato de concesión durante los primeros 20 años, así como el cumplimiento del Plan Maestro que es de acatamiento obligatorio; Plan Maestro que además solicita a la Sala sea requerido. Tal y como se adelantó a inicios de este apartado, el recurso de amparo se fundamenta sobre una serie de supuestos incumplimientos e inobservancia de normativa, inconsistencias en la viabilidad ambiental, incumplimiento de las condiciones de la concesión y del Plan Maestro; pretensiones que son propias de un control de legalidad ordinario y no de un control de constitucionalidad, pues además de que su propia naturaleza así lo evidencia, lo cierto es que, de entrar a analizar la Sala estos aspectos, deberá llevar a cabo una serie de diligencias de pruebas, revisiones, constataciones y análisis detallado de la legalidad, todo lo cual, excede el ámbito de sus competencias y desnaturaliza la figura del recurso de amparo. Dentro de sus pretensiones indica el recurrente las siguientes: “SOLICITAMOS 1.- Se de curso a este amparo. 2.- Se solicite que en la respuesta a los aquí recurridos se aporte copia del Plan Maestro del Proyecto Papagayo vigente a la fecha, debidamente certificado, con especial detalle de la cobertura y zonificación de las tierras del Proyecto Papagayo en Playa Panamá. 3.- Que en sentencia se ordene al ICT a promover exclusivamente obras y proyectos turísticos. 4.- Que se le ordene la protección de las zonas de bosque Patrimonio Natural del Estado de la concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5- 1186670-2007. 5.- Se le ordene al ICT, que deniegue los permisos para la segregación y venta de lotes para villas privadas en terrenos propiedad del ESTADO en Proyecto Papagayo. 6.- Se le ordene al ICT que en ese lote cubierto de bosque, solo se puedan realizar las actividades permitidas por la ley (senderismo, avistamiento de fauna y similares). 7.- Se le ordene a los aquí recurridos atenerse en el futuro a aprobar solo obras y proyectos contemplados en el Plan Maestro del Proyecto Papagayo vigente. Todas las pretensiones de la Asociación versan sobre temas que deben ventilarse en vía administrativa o a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Obsérvese que ninguna de las pretensiones requiere que se disponga que existe una violación a un derecho fundamental y más bien se centran en delimitar la actuación del ICT, los alcances del proyecto, que se aporte el Plan Maestro, que se ordene al ICT que el lote cubierto de bosque se debe usar para ciertas actividades. Todo ello a su vez implica que la Sala para otorgar las pretensiones deba llevar a cabo un análisis específico de los hechos y determinar como primer punto que se aporte el Plan Maestro, que se analice a efectos de definir si se cumple o no, si ese plan a su vez cumple con la normativa, que lleve a cabo una revisión de las competencias del ICT y defina si se incumplieron para poder posteriormente definir la procedencia de las pretensiones 3, 4, 5, 6 y 7, pretensiones tendientes a que se ordene al ICT actuar de cierta manera, producto de supuestos incumplimientos que la Sala deberá determinar, y para tal determinación indudablemente la Sala debería ejercer un control de legalidad y evacuar prueba, todo lo cual excede el análisis de constitucionalidad que le corresponde a esa Sala. Análisis que no resulta procedente, pues la Sala no puede sustituir a la Administración, ni mucho menos convertir el proceso del amparo que es de naturaleza sumaria en un control de legalidad ordinario donde se debe evacuar prueba y llevar a cabo análisis detallados sobre distintas normativas. Todo ello, sin dejar de lado que también en los hechos del amparo se hace alusión a supuestos incumplimientos del contrato de concesión, incumplimientos de la normativa aplicable e incumplimientos del plan maestro; elementos que no son del resorte constitucional y que permiten concluir sin equívocos que lo pretendido por el recurrente es un tema de mera legalidad ordinaria y que, como tal, amerita el rechazo de plano del recurso de amparo bajo análisis. III. SOBRE EL RECURSO DE AMPARO Y SUS ALCANCES Como puede observar esa Sala existen una serie de elementos que apuntaremos que indefectiblemente permiten concluir que lo pretendido por el recurrente NO es objeto de recurso de amparo y debe ventilarse en la vía administrativa o bien, en la jurisdicción contenciosa administrativa porque es únicamente esta quien puede ejercer el control de legalidad que requiere el recurrente. Por ello, explicaremos de seguido por qué no se vulneró derecho fundamental alguno y por qué la discusión que pretende el recurrente es de mera legalidad ordinaria. a) EXISTENCIA DE UN INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO ANTE LA SETENA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE CONOCER TEMAS QUE ESTÁN SIENDO CUESTIONADOS EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. Como punto de partida queremos hacer mención de que el recurrente ha acudido con anterioridad a esa Sala Constitucional, con el fin de cuestionar la viabilidad ambiental otorgada al proyecto. En esa ocasión sostuvo que existió una ausencia de audiencia pública, y la Sala por medio de su Resolución No. 016284 de 31 de mayo del 2025, declaró sin lugar el recurso y claramente estableció que lo pretendido era un tema de legalidad -tal y como ocurre en este caso-, apuntando: “Así las cosas y conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad recurrida o bien, ante la sede judicial competente y no ante esta sede constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace”. (la negrita no es del original). A pesar de que en esa oportunidad la Sala Constitucional aclaró que sus pretensiones eran un tema de legalidad ordinaria, nuevamente el recurrente presenta un recurso de amparo y para ello aporta prueba de la existencia de un incidente de nulidad presentado ante la SETENA, por medio del cual cuestiona la viabilidad ambiental otorgada al Proyecto Desarrollo Bahía Papagayo (SETENA No. 0591-2022, de 6 de abril de 2022 (Expediente D1-0170-2021-SETENA)), con fundamento en una prevalencia de la Ley Forestal (por tema de bosques según indica) sobre la normativa especial que aplica al proyecto. Ese incidente de nulidad presentado ante la SETENA no ha sido resuelto y así lo demuestra la prueba aportada por el recurrente visible a página 17 del expediente del presente recurso de amparo, donde la SETENA le informa al Área de Conservación Tempisque del SINAC que se está atendiendo tal incidente. Al existir un incidente que está pendiente de resolver en vía administrativa, automáticamente se imposibilita a la Sala Constitucional a entrar a conocer el presente amparo, por los siguientes motivos: En primer término, esa Sala Constitucional desde vieja fecha ha advertido que, cuando existen asuntos pendientes de resolver, no puede ejercer el control de constitucionalidad y, además, ha sido enfática en señalar que la revisión de los permisos y cumplimiento normativo es un tema de legalidad ordinaria y no constitucional. Ergo, no puede la Sala Constitucional convertirse en un tramitador/resolutor de denuncias ambientales, pues su competencia es residual en estos temas y se activa únicamente ante la ausencia de respuesta de esas instituciones, precisamente por la propia naturaleza sumaria del recurso de amparo. Por ello, al existir un incidente pendiente de resolver, es esa vía la que debe continuarse, pudiendo acudir a la Sala Constitucional únicamente cuando la Administración no haya actuado con la debida diligencia, pues como lo veremos en los siguientes pronunciamientos de esa Sala, su competencia en esos casos es residual, dada la naturaleza del procedimiento del amparo -sumario como tal-, sin que pueda sustituir a la administración y actuar como un tramitador de denuncias ambientales. En su Resolución No. 3787 de 16 de marzo de 2018, la Sala Constitucional delimitó claramente su competencia en materia ambiental, señalando, en lo que al caso interesa que: “I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES: SOBRE LOS RECURSOS DE AMPARO PRESENTADOS EN MATERIA AMBIENTAL. Esta Sala ha declarado, reiteradamente, que por la vía del amparo no puede sustituirse directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por este motivo, de previo a admitir un amparo en materia ambiental, se requiere que la parte recurrente haya acudido ante las Autoridades competentes a plantear los reclamos y quejas que corresponda, y que la Administración no haya actuado con la debida diligencia para enfrentarlos, en el entendido de que lo anterior, no es lo mismo que exigir algún tipo de agotamiento de la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no es una Administración activa alternativa. Tan así es, que la Sala se ha negado a conocer ciertos recursos de amparo interpuestos por problemas ambientales, en los siguientes términos: “[...] no debe perderse de vista que los promoventes no aportaron elemento probatorio alguno que demostrara haber acudido previamente ante la citada Área de Salud. Es importante explicar a los recurrentes que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, a plantear los reclamos pertinentes”. (Sentencia N° 2012-18538 de las 09:05 horas del 21 de diciembre de 2012). En este sentido, recuérdese que el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. De allí que esta vía no sea apta para hacer amplias investigaciones en materia ambiental, puesto que éstas harían necesario abrir el proceso a pruebas”. También en su Sentencia No. 16400, de 15 de julio de 2022, tratándose de recursos de amparo en materia ambiental esa Sala Constitucional enfatiza en la necesidad de demostrar la inercia de la Administración, so pena de rechazo, pues su competencia no radica en conocer denuncias ambientales, como sigue: “V.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país”. “VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. (…) En este sentido, es criterio de la mayoría que, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. El criterio anterior fue replicado igualmente en su en su Resolución No. 07061 – 2024, de 15 de marzo de 2024, y en Sentencia No. 26246 de 4 de noviembre de 2022, donde la Sala dejó clara la necesidad de presentar una denuncia y su actuación residual ante la falta de atención de esta, alertando sobre el rechazo del amparo en casos donde no exista denuncia presentada ante las autoridades administrativas. En esta última resolución contempló: “Esto, medularmente, por cuanto el recurrente no alegó ni, mucho menos, demostró haber formulado, de previo a la formulación de este amparo, una denuncia, sea ante el CONAVI, o bien, ante las autoridades de la Municipalidad de Parrita o del Ministerio de Salud, mediante la cual, a su vez, se hayan expuesto los únicos agravios acá señalados (a saber, la generación de empozamientos de agua que producen, según criterio del accionante, mosquitos, malos olores y, además, enfermedades) y que, por su parte, tales autoridades no hayan emitido una resolución dentro de un plazo razonable. En ese sentido, se debe aclarar a la parte recurrente que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias ambientales; criterio que ha sido sostenido a través de copiosa jurisprudencia. Al efecto, en la Sentencia No. 2018- 3787 de las 09:15 hrs. de 6 de marzo de 2018 (…).” La posición de la Sala Constitucional es clara, los cuestionamientos en materia ambiental deben realizarse ante las autoridades competentes, y en aquellos casos donde no la Administración no haya actuado con la debida diligencia para atenderlos, es posible acudir a la vía constitucional, ello así porque la Sala Constitucional no es un tramitador de denuncias ambientales. Esta posición permite concluir igualmente que, ante la existencia de denuncia, gestión o incidente de nulidad presentado ante la misma Administración -como ocurre en este caso-, la Sala puede actuar solo si existe inercia, no pudiendo tramitarse en paralelo el amparo, tal y como lo busca el recurrente al haber presentado este amparo a sabiendas de la existencia de un incidente de nulidad que planteó ante la SETENA (por ella misma aceptado y con sustento en el documento aportado a página 17 del expediente judicial) y que sin duda abarca muchos de los temas que ahora busca dilucidar por la vía del amparo. No es posible que la Sala Constitucional entre a analizar el cumplimiento del proyecto con base en la normativa forestal que aduce el recurrente, ni mucho menos que se convierta en un contralor de la legalidad de los permisos ambientales, particularmente la viabilidad ambiental, por existir un incidente pendiente de resolver y su competencia estar circunscrita a casos muy particulares como lo apuntamos: ausencia de atención de las denuncias ambientales; presupuesto que este caso no se cumple al no estarse ante un caso donde la “Administración no haya actuado con la debida diligencia para enfrentarlos, en el entendido de que lo anterior, no es lo mismo”, y no pudiendo convertirse la Sala Constitucional en un tramitador de denuncias. Así las cosas, al tenerse por acreditada la activación de los recursos a nivel administrativo -incidente de nulidad-, y la pendencia de su resolución, es posible concluir que los presupuestos fácticos que ha establecido la Sala para la procedencia de un recurso de amparo en materia ambiental (además de la evidente violación a un derecho fundamental -que en este caso es inexistente-), como lo es la inercia de la Administración, en este caso no se cumplen, lo que amerita el rechazo del amparo. Es claro a todas luces que lo que se pretende con el amparo es incompatible con el mismo, pues la Sala Constitucional como bien lo ha delimitado, NO puede llevar a cabo amplias investigaciones en materia ambiental, toda vez que el procedimiento del amparo es sumario, tal y como lo desarrollamos de seguido. b) COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD FRENTE AL CONTROL DE LEGALIDAD. Desde hace varios años, la Sala Constitucional ha venido delimitando claramente cuáles temas o análisis son objeto de una revisión de constitucionalidad y cuáles son temas de legalidad ordinaria, del conocimiento de otras instancias, como lo es la vía administrativa o la jurisdicción contenciosa administrativa. De manera particular y especial en materia ambiental la Sala ha sido muy clara en señalar, entre otros temas, que su competencia, además de ser residual en los términos que hemos señalado, no puede inmiscuirse en un análisis exhaustivo, de evacuación de pruebas, de revisión de cumplimiento legal o normativo -mucho menos contractual como se pretende con este amparo-, pues con ello se desvirtúa la figura del amparo y de su procedimiento sumario. A través de su Sentencia No. 15957, del 27 de agosto de 2019, la Sala dispuso en relación con la naturaleza propia del proceso de amparo que es un procedimiento sumario, breve y sencillo, incompatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, al señalar textualmente que: “II.- Sobre el caso concreto. Sobre los agravios expuestos, es preciso indicar que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. (…)” En ese mismo caso, concluyó claramente que si la accionante pretendía que se llevara a cabo una revisión de los parámetros que sustentaron la evaluación, ello es incompatible con sus funciones -las de la Sala- pues implicaría analizar criterios técnicos, lo cual es propio de legalidad ordinaria, y es así como remite el conflicto a tal vía, como sigue: “Al respecto, se impone advertir que la mera disconformidad que pueda albergar con lo decidido por dicha autoridad, no constituye un aspecto que deba ser valorado y conocido por este Tribunal Constitucional. Tome en cuenta la parte accionante que, si su intención es que esta Sala efectúe una revisión en sede constitucional de los parámetros y criterios que sustentaron dicha evaluación, lo cierto es que, contrario a sus expectativas, este Tribunal no podría determinar por la vía del amparo tal circunstancia, pues ello implica analizar criterios técnicos, incompatibles con la finalidad y el carácter sumario del amparo, los cuales corresponde ser discutidos en la sede común. De otra parte, actualmente no existe una ley o acto que permita analizar la evaluación alegada. En consecuencia, la parte accionante cuenta con la posibilidad de plantear sus disconformidades o reclamos ante la propia autoridad recurrida, o bien, en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Así las cosas, el presente recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal y como se indica en la parte dispositiva de esta resolución”. En refuerzo de la naturaleza sumaria del procedimiento, a través de su Sentencia 8710 de 5 de abril de 2024, la Sala enfatizó y recordó -con efecto erga omnes-, que “(…) el recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, por lo que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, lo que más bien corresponde a la vía ordinaria”. Fue con base en tal pronunciamiento que dispuso en esa misma sentencia que: “(…) no compete a este Tribunal Constitucional verificar si, efectivamente, el proyecto de condominio Vistas de Santa Bárbara cumplió o no los requisitos técnicos y legales para obtener la disponibilidad de agua otorgada, ni determinar si el supramencionado pozo Dirección04 puede o no suplir la demanda hídrica que requerirían los usuarios de ese condominio. Tampoco es propio de ser objeto de conocimiento de esta jurisdicción especializada el análisis para corroborar si la certificación de fragilidad ambiental se otorgó o no adecuadamente. Tal examen implicaría diligenciar abundantes y complejas diligencias probatorias, tarea que atañe más bien a la vía de la legalidad ordinaria y no a esta sede especializada. Ahora, si el recurrente lo tuviere a bien, podrá formular las inconformidades en cuestión ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria. Ergo, se desestima el recurso en lo concerniente a este agravio (…)” En ese mismo sentido, y precisamente en relación con una viabilidad ambiental - similar al caso que nos ocupa donde se está cuestionando precisamente el desarrollo y también la viabilidad ambiental otorgada a pesar de estar siendo objeto de revisión en virtud del incidente presentado por la recurrente en vía administrativa-, la Sala Constitucional mediante su Resolución 7718 de 14 de marzo de 2025, sostuvo que tal revisión es del resorte de la jurisdicción ordinaria, pues la vía del amparo es sumarísima y tales revisiones exceden las competencias que le han sido otorgadas a esa Sala. Así en la sentencia de marras dispuso: “Aunado a lo anterior, en cuanto a la disconformidad del recurrente con la viabilidad ambiental otorgada, debe indicársele que, el cuestionamiento de la viabilidad ambiental que otorga SETENA, esta Sala ha resuelto que no le corresponde examinar si el otorgamiento de la viabilidad ambiental a un proyecto cumple o no con los requisitos técnicos y legales. Por esa razón, en sentencia No. 2019-011203 de las 9:30 horas del 21 de junio de 2019 -criterio reiterado en la sentencia No. 2024-32334 de las 9:20 horas de 1° de noviembre de 2024-, concluyó lo siguiente: “De la lectura del escrito de interposición, la parte recurrente alegó una serie de supuestas irregularidades por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la ACOPAC del SINAC, específicamente por el otorgamiento de la viabilidad ambiental y un informe, respectivamente. Ahora bien, conviene señalarle al accionante, que los procesos de amparo tienen una naturaleza sumarísima y determinar, para este caso en concreto, si el otorgamiento de viabilidad ambiental debía cumplir con los mismos requisitos que en el año 2002 a un proyecto similar o bien, si existieron una serie de irregularidades en la expedición de la misma, podrán ser agravios que discuta ante la propia Administración o en su defecto, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, donde contará con la posibilidad probatoria para discutir por el fondo todos los agravios que aquí se pretende. La misma suerte corre las supuestas irregularidades en un informe del ACOPAC, que el accionante acusa un cambio en su postura, en aras de favorecer la viabilidad en el año 2017 para el proyecto “V.I.”. En consecuencia, el recurso debe ser desestimado en cuanto a estos extremos” (el énfasis no es pertenece al original)”. Complemento de lo anterior es la Sentencia de esa misma Sala donde expresamente dispone que el análisis de cumplimiento de requisitos es un tema de legalidad, correspondiéndole su conocimiento a la vía ordinaria, como sigue: “son cuestiones de legalidad, correspondiendo en la vía ordinaria determinar si en efecto tales construcciones se hicieron sin cumplir requisitos o no “entonan” con el ambiente”. (Resolución No. 22606 de 28 de setiembre de 2022). Otro elemento adicional a valorar y que la Sala Constitucional ha sido enfática es precisamente que las discusiones sobre cumplimiento de obligaciones y deberes legales es un tema de legalidad y no de constitucionalidad, como también ocurre cuando la Administración interviene dentro de un procedimiento y dicta sus actos, pues el conocimiento de ello es ajeno a la vía constitucional, evidenciando que todos aquellos análisis que requieran de una valoración de un procedimiento de conocimiento pleno, solamente puede ser analizado en la jurisdicción ordinaria y no en la sumaria del amparo, como sigue: “Como consecuencia de lo anterior, estimamos que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. Bajo esa inteligencia, este Tribunal verificará, en relación con los agravios formulados, si en el caso concreto, en relación con las denuncias ambientales existió o no una violación a la justicia pronta y cumplida, limitándose a realizar únicamente dicho examen, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria”. (Sala Constitucional. Sentencia No. 16400 – 2022, de 15 de julio de 2022). Conforme lo ha desarrollado la Sala Constitucional en las resoluciones transcritas en el presente apartado y en el apartado anterior, es evidente que su competencia está claramente delimitada. Por un lado, a la tutela de derechos constitucionales, a un procedimiento sumario donde no es atendible llevar a cabo diligencias probatorias extensas o complejas, como tampoco revisar criterios técnicos. Su competencia no está vinculada ni tampoco circunscrita a la revisión de requisitos legales y técnicos de un proyecto, como tampoco a la revisión de la actuación de la administración a efectos de definir el cumplimiento con el marco legal aplicable para cada caso. Además, para poder acudir a la Sala se debe demostrar que previamente se acudió a la vía administrativa y demostrar la inercia de la Administración. Se debe demostrar que existe un peligro eminente contra ese derecho, no pudiendo versar sobre afectaciones potenciales que estima el recurrente pueden ocurrir. La actuación de la Sala en materia ambiental por la vía del amparo, es restringida, pudiendo actuar la Sala únicamente en aquellos asuntos donde se alegue la violación a un derecho fundamental, sin que la Administración haya intervenido, previa activación del aparato administrativo por parte del recurrente y cuando se demuestre su inercia. Ergo, si la Administración intervino, la discusión es del resorte de la Sala Constitucional. Consideramos necesario insistir en cuanto a la valoración que NO puede realizar la Sala Constitucional de temas de legalidad en materia ambiental, como lo son la revisión de criterios técnicos, cumplimiento normativo, análisis legal a efectos de definir si se cumple con un contrato, con un plan maestro, o si debe prevalecer una norma sobre otra para un caso concreto. Todos ellos forman parte del bloque de legalidad ordinaria y son del resorte de la vía administrativa o bien, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por ello, lo que el recurrente pretende con el amparo es precisamente iniciar un procedimiento ordinario de legalidad, pues sus pretensiones según lo apuntado en los primeros apartados versan sobre la conducta del ICT, los alcances de la concesión, el análisis de la viabilidad ambiental, la definición de la existencia de bosque o no, los alcances de la legislación aplicable y la supuesta prevalencia de la Ley Forestal, sin dejar de mencionar los supuestos incumplimientos del Plan Maestro y de la concesión; elementos que sin duda para ser dilucidados requieren de un análisis exhaustivo, evacuación de prueba técnica, pericial y eventualmente testimonial, lo que evidentemente excede el alcance de un proceso sumario de amparo y permite concluir claramente que todo ello debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria. En adición a lo ya señalado, y en vista de que el recurrente hace afirmaciones claras en cuanto a supuestos incumplimientos de la concesión o prevalencia de normativa forestal, además de lo ya mencionado sobre la existencia de un tema pendiente de resolver en vía administrativa, es importante para estos efectos evidenciar que la Sala estos temas los ha catalogado de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad, aparatándose de su conocimiento, pues evidentemente requieren de un análisis detallado, de evacuación de prueba, contraposición de documentos, revisión de contratos, revisión de normativa aplicable, lo que desnaturaliza la figura del procedimiento sumario de amparo. Así, de manera particular, en el año 2024, contundentemente dispuso que los temas vinculados con una concesión NO pueden ser valorados y analizados por medio de un recurso de amparo. En su sentencia No. 13229, de 17 de mayo de 2024, señaló: “(…) cabe indicar que si hubo prórroga de plazo de la concesión o no, es un aspecto de legalidad ordinaria que no le corresponde a este Tribunal analizar, por lo que si a bien lo tiene dispuesto el accionante, podrá acudir a las vías administrativas o judiciales correspondientes, a fin de alegar lo que en derecho corresponda. Por lo anterior, en cuanto a este extremo, se declara sin lugar el presente amparo. X.- Ahora bien, sin demérito de lo expuesto, es importante aclarar a la parte recurrente, que este Tribunal no es una instancia más, dentro del accionar administrativo de la DGM, para revisar aspectos relacionados con contratos públicos de concesión, pues ello obedece a un tema de legalidad ordinaria; por lo que si existe alguna disconformidad con las actuaciones materiales o formales de la administración recurrida, respecto a las concesiones 2008 y 2716, esto deberá ser analizado en el ámbito administrativo o de legalidad que corresponda, pues se reitera, esta Sala no es un contralor de legalidad de las actuaciones del órgano accionado, al menos que acciones u omisiones de este órgano, afecten el núcleo esencial de los derechos fundamentales”. La posición de la Sala es clara, en temas de manejo de concesión o análisis de contratos de concesión su competencia es inexistente, pues la Sala, como bien lo enfatiza, NO es una instancia más en vía administrativa, y al obedecer esos temas a legalidad ordinaria, es ante esa sede donde deben ventilarse y NO por medio de un recurso de amparo. Por paridad de razones, el análisis que pretende el recurrente se lleve a cabo sobre el cumplimiento de la concesión, cumplimiento del Plan Maestro, deben igualmente ser rechazados por obedecer a temas de mera legalidad ordinaria y no ser del conocimiento de la Sala. c) EL ANÁLISIS PRETENDIDO POR EL RECURRENTE POR LA VÍA DEL AMPARO ES PROPIO DE UN CONTROL DE LEGALIDAD ORDINARIO. Como puede observarse y es fácilmente detectable de la simple lectura, el recurrente lo que requiere es que la Sala Constitucional proceda a analizar el cumplimiento de proyecto con base en la Ley Forestal (tema de viabilidad ambiental detallado anteriormente), las competencias del ICT, el desarrollo del proyecto, así como el cumplimiento de las condiciones contractuales de la concesión y el cumplimiento del Plan Maestro -tan es así que enfatiza la necesidad de contar con ese plan-; elementos de análisis que requieren de una verificación de su legalidad más detallada, de prueba técnica que permita llegar a una conclusión fundada, y de un análisis exhaustivo de la Sala Constitucional; todo ello contrario a su competencia que desnaturaliza el proceso sumario del amparo y busca convertir a la Sala en un tramitador de denuncias ambientales o revisor de la legalidad, pues es evidente que el amparo que nos ocupa es una denuncia ambiental -que además está siendo conocida por la SETENA-. Aún y cuando el escrito de amparo presentado por el recurrente denota que claramente estamos ante una denuncia ambiental, esta representación de seguido inserta la siguiente tabla con los hechos del amparo, con el propósito de dejar en evidencia que son temas de legalidad ordinaria que no puede ser atendido en la vía sumaria del recurso de amparo (se inserta imagen) …”. “… Conforme lo hemos evidenciado, el recurrente incurre en un evidente error al presentar el recurso de amparo, pues busca que la Sala entre a ejercer un control de legalidad ordinaria propio de la jurisdicción contenciosa administrativa y también pretende que la Sala se convierta en un revisor de su denuncia ambiental, así como de la ejecución del contrato de concesión, cumplimiento de la legislación aplicable, la definición de la existencia o no de bosque - sustituyendo las competencias de las instancias competentes para ello-. Busca, igualmente, que esa Sala entre a analizar el cumplimiento normativo para el otorgamiento de permisos, la revisión del Plan Maestro y su cumplimiento, análisis de los alcances de la normativa aplicable y del proyecto en sí, así como la determinación de una supuesta afectación del bosque; pretensiones que distan de ser del conocimiento de la Sala en virtud de su naturaleza y lo que su análisis implica, cual es la evacuación de prueba, realización de audiencias, análisis normativo de cumplimiento, análisis contractual, entre otros; actuaciones que son del resorte de la vía administrativa o de la jurisdicción contencioso administrativo como expresamente lo hemos señalado. Ninguno de los hechos está vinculado con la violación a derechos fundamentales. Por tanto, el recurso de amparo de la Asociación Confraternidad Guanacasteca busca que esa Sala lleve a cabo un análisis de legalidad ordinaria, que no es propio de un recurso de amparo y mucho menos objeto de análisis a través de un proceso sumario como el que inicia con el recurso bajo análisis.”.

6.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 04 de agosto de 2025, el recurrente indica lo siguiente: “… Leído el escrito presentado por la empresa Enjoy Hotels & Resort S.A., reconocemos su derecho a manifestarse y defender sus intereses económicos. No aporta nada nuevo. Repite los argumentos dichos por el ICT. Nosotros rechazamos de plano las intenciones del ICT y de la empresa, de que la Sala Constitucional no se pronuncie sobre el fondo de este amparo. El centro de este amparo ronda la idea expuesta por el ICT de que el Proyecto Papagayo es una isla, donde solo actúa el ICT y solo se aplica su ley especial. En realidad, el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo está ubicado en Costa Rica, alrededor de Bahía Culebra, en los cantones de Liberia y Carrillo de la provincia de Guanacaste. El agua potable es administrada por el ICAA. El servicio de energía eléctrica está en manos del ICE. La seguridad es prestada por las distintas ramas de la policía del Ministerio de Seguridad Pública. El OIJ actúa en casos de denuncias y de los Tribunales de Justicia para las resoluciones de juicios y demandas. Si el ICT o algún empresario requiere de concesión de agua debe tramitarla ante el MINAE. Ocurre lo mismo en el caso de querer cortar árboles, deben tener permiso de MINAE-SINAC. Asimismo, todo proyecto requiere Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA. Y así podríamos seguir enumerando casos, temas y obligaciones, e instituciones involucradas legalmente y de obligatoria participación. TEMA - VIGENCIA DE LEY FORESTAL EN PAPAGAYO Solicitamos se declare que todas las leyes vigentes en Costa Rica, se aplican en el territorio del Proyecto Turístico de Papagayo, salvo excepciones indicadas expresamente. Eso es igualdad de derechos y obligaciones para todos. En el caso de este amparo, no hay mención alguna que excluya al Proyecto Papagayo de cumplir la Ley Forestal N° 7575. Este es uno de los temas fundamentales que debe resolver los señores magistrados en este amparo. Dice la empresa Enjoy en su escrito: “La discusión en cuanto a la aplicabilidad o no de la Ley Forestal y su cumplimiento, es un tema que excede de la competencia de esa Sala y que además, está siendo cuestionada en vía administrativa ante la SETENA, lo que ineludiblemente implica su rechazo.” Hay ahí dos elementos por diferenciar: UNO.- La vigencia o no de la LEY FORESTAL, en el área del Proyecto Papagayo. DOS.- Su cumplimiento y aplicación en la tramitación administrativa en SETENA, en el ICT, en las Municipalidades. El punto número uno, es de clara competencia de esta SALA CONSTITUCIONAL. No de otro tribunal de menor jerarquía, ni de SETENA. La resolución de este amparo que emita la Sala, sobre la vigencia y necesaria aplicación de la Ley Forestal dentro del Proyecto Papagayo, servirá también de guía al ICT en concesiones y planes de desarrollo a desarrollar en el futuro. Luego, serán los entes técnicos SINAC- MINAE , SETENA, quienes determinarán si el área de la concesión – LOTE 1 adjudicado en concesión es bosque o no. Reiteramos que este AMPARO viene a defender al Proyecto Turístico de Papagayo de desvíos de sus objetivos naturales de turismo sostenible y ecológico y legalmente apegado a su ley constitutiva. Queremos respetar y conservar la imagen de Costa Rica, como DESTINO VERDE, para el turismo. Queremos seguridad jurídica, para los vecinos, para los visitantes y para los inversionistas actuales y futuros. El amparo es sobre el ICT – Proyecto Golfo Papagayo y sus actos de no proteger Patrimonio Natural del ESTADO, incumpliendo lo ordenado en la Ley Forestal N° 7575 de 1995. Tenemos jurisprudencia muy pertinente para este amparo. El Caso del Refugio de Iguanita. Coinciden muchos aspectos centrales: es dentro del Proyecto Papagayo. Es contra el ICT. Trata de Patrimonio Natural del Estado, según Ley Forestal 7575. Habla sobre ecosistemas boscosos. “La Sentencia nº 15758-0007-CO de la Sala Constitucional subraya que los humedales, manglares y ecosistemas boscosos incluidos en bienes estatales forman parte del Patrimonio Natural del Estado, y requieren protección técnica incluso en etapas iniciales de planificación. En Iguanita, se dispuso la instalación de alcantarillas elevadas para evitar alteraciones al flujo hídrico y procesos biológicos. Pues bien, en Papagayo, aunque aún no se tramita la viabilidad ambiental, los bosques que administra el ICT sobre terrenos estatales ya están bajo régimen de patrimonio natural. Cualquier planificación, estudio o intervención futura debe contar con autorización y medidas técnicas precautorias dictadas por el SINAC, conforme al criterio preventivo que exigió la Sala en Iguanita.” (La sentencia es de 1993 o 1994) La Sala Constitucional es totalmente clara en esa resolución, que debe aplicarse al caso actual de Dirección05. ¿Por qué es jurisprudencia aplicable en este caso? 1. Equivalencia jurídica En ambos casos (Iguanita y Papagayo), se trata de bienes de dominio público dentro del Patrimonio Natural del Estado administrados por el Estado—ya sea SINAC o ICT. La Sala establece que no hay excepción para proyectos turísticos en términos de protección forestal. 2. Principios de prevención y ecología legal La jurisprudencia enfatiza el principio precautorio, el in dubio pro natura y la exigencia de evaluaciones técnicas rigurosas previo a cualquier intervención física, incluso en etapa previa a viabilidad ambiental 3. Derecho al acceso público y uso equitativo En Iguanita, quedó claro que debe mantenerse la posibilidad de uso público y conservación, sin que entes privados o estatales usurpen derechos sobre esos terrenos Argumentos jurídicos • La Sala ha definido que las áreas Patrimonio Natural del Estado (como humedales, manglares o bosques) adquieren un régimen de dominación pública e imprescriptible, con gestión técnica exclusiva del SINAC/MINAE, sin prerrogativas especiales para promover proyectos turísticos • En Iguanita, se exigió medidas técnicas preventivas (como paso elevado), incluso antes de la ejecución constructiva, para evitar impactos sobre ecosistemas frágiles • El Tribunal rechazó, expresamente, que entidades estatales o privadas puedan diluir la protección ambiental alegando fines de desarrollo económico o turístico —no hay exoneración de cumplimiento normativo Creemos que, en el Proyecto Turístico de Papagayo, también debe aplicarse el antecedente de Gandoca Manzanillo. Determinar áreas cubiertas de bosque, para protegerlas. Debería ordenarse al SINAC hacer un estudio e imponer medidas preventivas (como delimitar, clasificar, evitar ocupación) para proteger los bosques. El deber de prevención opera desde etapas preliminares. Si esto se hubiera hecho, no estaríamos en este pleito, como sociedad civil, defendiendo el Patrimonio Natural del ESTADO. Función que es resorte y obligación de las entidades del poder ejecutivo (MINAE, SINAC, ACT, SETENA, ICT). La Ley 6758 no puede considerarse una exoneración al deber de protección ambiental: el ICT debe respetar el dominio público y clasificación técnica de bosque, manglar, quebradas. TEMA - USO DE SUELO Este amparo también es sobre usos NO TURISTICOS en el proyecto Turístico Golfo de Papagayo que por Ley 6754 es solo para fines de turismo. Es un cambio de uso del suelo no legal. La Ley ORGANICA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO – ICT, tiene una definición que se debe aplicar. Es la Ley del ICT. Artículo 38.-Se entiende por turista, para los efectos de esta ley, todo extranjero no residente en Costa Rica, que visite el país por un tiempo no mayor de seis meses, con fines de distracción, descanso, salud, u otros lícitos, siempre y cuando no sean los de obtener trabajo o empleo, o realizar actividades mercantiles en el territorio nacional Es decir: cuando el viajero extranjero viene a trabajar, a residir en el país por más de 6 meses o a hacer “actividades mercantiles” como compra de lotes o propiedades, NO ES TURISTA. En este amparo solo estamos cuestionando el contrato de concesión firmado por el ICT, finca concesión 2168- Z-000, plano catastrado 5-1186670-2007 donde se contempla la lotificación de 90 Villas de más de entre 1.000 y 1.500 m2 cada una y otras obras residenciales. La empresa en su escrito no desmiente la existencia y veracidad del documento oficial del ICT, que aportamos como prueba de que ellos solicitaron autorizarlos a esa lotificación. Nuestra afirmación de que el plazo de la concesión otorgada por el contrato original rige a partir de agosto de 2005 y es por 20 años y su vencimiento es el 3 de agosto de 2025, es decir ayer domingo. Es un parámetro de los incumplimientos durante el plazo contractual y señal del peculiar manejo del contrato. Y de cambios y privilegios obtenidos por la empresa a posteriori. Es un detalle ilustrativo del escenario de contratación público- privada por licitación del ICT. Aquí defendido en la presentación del ICT. Para nosotros una LOTIFICACIÓN es USO INMOBILIARIO. Quién compra un lote, es porque pretende construir una casa o negocio. Y se aparta de la definición de turista de la Ley del ICT. El acceso a las páginas web de Bahía Papagayo de la empresa Enjoy Hotels & Resort S.A. donde se ofrece propiedades a la venta ubicadas en ese lote 1 concesionado, en tierras públicas administradas por el ICT, entre ellas lotes para construcciones particulares de cualquiera persona en el mundo que pague el precio. Bahía Papagayo - Bahía Papagayo La empresa concesionaria está promoviendo la compra venta de propiedades dentro del área de su concesión. No toma en cuenta que es tierra estatal, concesionada. Reiteramos nuestra solicitud, que se declare CON LUGAR este punto, de no permitir uso residencial y negocios inmobiliarios en tierras del ESTADO. Y aprobar lo solicitado en nuestro escrito de interposición: 4.- Se le ordene al ICT, que deniegue los permisos para la venta de lotes para villas privadas en terrenos propiedad del ESTADO en Proyecto Bahía Papagayo. Que en ese lote solo se puedan realizar las actividades permitidas por la ley. 5.- Se le ordene a los aquí recurridos atenerse en el futuro a aprobar solo obras y proyectos contemplados en el Plan Maestro vigente de dicho proyecto. En el tema de vigencia Ley Forestal, corresponde declarar CON LUGAR el presente amparo en este punto y conceder lo solicitado en nuestro escrito de interposición: 3.- Que en sentencia se ordene la protección de las zonas de bosque Patrimonio Natural del Estado de la concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5-1186670-2007 …”.

7.- Se apersona como coadyuvante pasivo Alexander Ruiz Cubillo, en su condición de presidente con facultades de apoderado general de ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, quien señala lo siguiente: “… I. LEGITIMACIÓN El interés legítimo de mi representada para apersonarse como coadyuvante pasivo y oponerse al recurso de amparo en cuestión deriva su condición de “Concesionario Maestro” y “Desarrollador Maestro” de la Península de Nacascolo, parte del Polo Turístico Golfo de Papagayo, proyecto creado mediante la Ley 6370 que “Declara de Utilidad el Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo”, con el objetivo de que el área declarada de utilidad pública por el Estado costarricense cumpla con el destino legal asignado para el desarrollo de un proyecto turístico, como modelo de desarrollo sostenible a largo plazo. El Polo Turístico Golfo de Papagayo, como desarrollo turístico estatal, está estructurado con un marco jurídico especial bajo la administración directa del Instituto Costarricense de Turismo (“ICT”). El contrato de concesión suscrito entre mi representada y el ICT, establece las obligaciones de desarrollo que el Concesionario Maestro ha asumido en la ejecución del proyecto turístico, de conformidad con el Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo y el Plan Maestro de la Península de Nacascolo. Los citados Planes Maestros establecen los usos de suelo autorizados para el área concesionada, los cuales incluyen, entre otros elementos, sitios de desarrollo para la construcción de hoteles, condohoteles, combinado con clubes residenciales, condominios y locales comerciales. Con fundamento en lo anterior y siendo que el recurso de amparo cuestiona el Polo Turístico Golfo de Papagayo como un todo y, de manera específica, el desarrollo de una concesión otorgada al amparo de dicho régimen, es claro que existe en la especie un interés legítimo de Ecodesarrollo Papagayo, Ltda. para apersonarse como coadyuvante pasivo en este recurso de amparo que pretende poner en tela de duda la legalidad del desarrollo. II. ANTECEDENTES DE INTERÉS PRIMERO: Mediante el recurso de amparo presentado, el accionante cuestiona el proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo, particularmente lo relativo al Proyecto Bahía Papagayo. De manera específica controvierte la viabilidad ambiental otorgada al proyecto por medio de la Resolución N° 0591-2022-SETENA correspondiente al expediente D1-0170-2021-SETENA (Proyecto Bahía Papayo). De igual manera, señala que existe una desviación del proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo Papagayo en relación con la Ley Forestal, así como de los alcances del contrato de concesión y los referidos Planes Maestros. SEGUNDO: Tal como se puede comprobar, el recurso de amparo que nos ocupa tiene como objeto un tema de mera legalidad ordinaria y consecuentemente, su conocimiento y pretensión, no es competencia de esa Sala Constitucional. TERCERO: El recurrente aduce que el recurso de amparo tiene como propósito defender al proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo del desvío de sus objetivos naturales de turismo y legalmente apegados a la ley, para mantener el derecho a disfrutar la calidad de vida de los vecinos de la zona. Además, señala el recurrente, de una manera desordenada y ayuna de acerbo probatorio, que el desarrollo que se pretende realizar no se contempla en el contrato de concesión, además de que en ese lote existe bosque, con diferentes coberturas vegetales, según consta -en su criterio-, en el Documento de Evaluación Ambiental. CUARTO: Aunado a ello, el recurrente pretende que esa Sala Constitucional interprete que la Ley Forestal debe prevalecer sobre la normativa especial, pues, según afirma, ninguna norma inferior puede reformar una ley y que, en este caso, por directrices no se pueden cambiar los objetivos definidos en las leyes que sustentan la creación y desarrollo del proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo. III. OBJETO DEL RECURSO DE AMPARO Tal y como se desprende del recurso de amparo presentado el mismo se fundamenta en una serie de supuestos incumplimientos e inobservancias de normas, así como inconsistencias en la viabilidad ambiental, incumplimiento de las condiciones de la concesión y del Plan Maestro; pretensiones que son propias de un control de legalidad ordinario y no de la vía constitucional, ya que cuando la Sala analiza estos aspectos, deba llevar a cabo una serie de diligencias de pruebas, revisiones, constataciones y análisis detalladas propias de un proceso de conocimiento, lo cual excede el ámbito de sus competencias y desnaturaliza por demás, la figura del recurso de amparo. Las pretensiones del recurrente consisten en delimitar la actuación del ICT, los alcances del proyecto, que se ordene al ICT aportar el Plan Maestro, así como también que se le que se le ordene a ese ente público que la concesión cubierta de bosque se debe usar únicamente para ciertas actividades. Lo anterior significa que para que la Sala otorgue las pretensiones del recurrente tendría que llevar a cabo un análisis específico de los hechos, además de una investigación y evacuación de la prueba propias de otro tipo procesos, pues para determinar si se cumple o no el Plan Maestro y si este a su vez cumple con la normativa, sería necesario todo un proceso de conocimiento con evacuación de amplia prueba técnica, lo cual excede el análisis de constitucionalidad que le corresponde a esa Sala. Aunado a ello, se acusan supuestos incumplimientos incluso del contrato de concesión, y del Plan Maestro; elementos que a todas luces son impropios del ámbito constitucional, lo que permite concluir sin duda que lo pretendido por el recurrente es un tema de mera legalidad ordinaria y que, como tal, amerita el rechazo de plano del recurso de amparo bajo análisis. Sin perjuicio de lo anterior y de que solicitamos respetuosamente que se rechace de plano el presente amparo, de seguido haremos algunas consideraciones de fondo a fin de que, si esa Sala Constitucional decide entrar a conocer y resolver sobre el fondo del amparo planteado, tenga conocimiento de aspectos fácticos y jurídicos particulares y muy relevantes del Polo Turístico Papagayo, que no solo es un proyecto turístico país único en su especie, sino que tiene particularidades legales que lo hacen excepcional en su tipo. Desde vieja data, el accionante ha buscado entorpecer y paralizar el desarrollo de la zona, ignorando la normativa especial y buscando confundir a las distintas instancias a las cuales ha acudido, siendo que este recurso de amparo no es una excepción. IV. FUNDAMENTOS LEGALES Y FÁCTICOS QUE RESPALDAN NUESTRA COADYUVANCIA 1. NATURALEZA JURÍDICA ESPECIAL DEL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO 1.1. MATICES HISTÓRICOS DE NECESARIA OBSERVANCIA En virtud del amparo formulado, resulta necesario recordar la particular naturaleza jurídica del Polo Turístico Golfo de Papagayo, pues su especialidad, dispuesta por ley, fin de demostrar que no es cierto que, ni el proyecto en general ni el caso específico denunciado, hayan violentado normativa ambiental alguna. En efecto, en 1965, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) trazó su política de promover el desarrollo del turismo en el área centroamericana. Para ello, se le encargó a la firma Porter International Co, ubicada en Washington D.C., un estudio para obtener recomendaciones que sirvieran de base para un Plan Maestro de Turismo en Centroamérica. En 1970, se iniciaron gestiones para identificar las zonas de mayor potencial turístico en el Istmo. La primera reunión conjunta, celebrada en Guatemala a finales de 1972, sirvió para aprobar el “Programa Regional de Desarrollo Turístico”, el cual establecía un desarrollo del turismo bajo ciertos objetivos, metas y alternativas, orientado al turismo vacacional, que haría énfasis en el disfrute de la naturaleza y sus bellezas escénicas (ecoturismo). Se establecieron en cada país “polos turísticos” o zonas de estancia de primer orden y un circuito o zonas de estancia de segundo orden, cuyo desarrollo estuviera apoyado por el polo principal. Para Costa Rica, se seleccionó como zona de estancia de primer orden “Bahía de Culebra”, hoy conocido como el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Al efecto, se eligió Bahía Culebra como sitio más apto para localizar un proyecto de turismo de estadía tipo sol-mar-arena, donde se privilegiaron sus condiciones naturales, culturales y posibilidades de explotación. Siempre dentro de esta relación de antecedentes, en abril de 1978, el Instituto Costarricense de Turismo (en lo sucesivo, ICT) aprobó el Estudio de Factibilidad Técnico Económico y Financiero, el Plan Maestro y Diseño Preliminar del Proyecto Turístico de Bahía Culebra, realizado por BEL Ingeniería, CEISA, Madriz Mezerville & Asociados, Checohi & Co. El 25 de julio de 1979, mediante sesión solemne de la Asamblea Legislativa, en la ciudad de Santa Cruz de Guanacaste, se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley de Desarrollo Turístico de Bahía Culebra, Ley 6370; y ya para el 31 de julio de ese mismo año se aprobó en tercer debate (necesario en aquella época), de manera definitiva y oficialmente, la citada Ley; donde se declara de interés público el Polo Turístico Golfo Papagayo. Dice en lo sustancial y en lo conducente hasta acá la referida Ley: “Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas completas, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra, en jurisdicción de la provincia de Guanacaste, (…). Dicha porción territorial comprende la zona marítima del litoral Pacífico, ubicada desde Punta Cabuya al Norte, hasta un kilómetro al Sur de Punta Ballena.” “Artículo 2º.- Autorizase al Instituto Costarricense de Turismo para adquirir en forma directa, prescindiendo del trámite de licitación, pero con el refrendo de la Contraloría General de la República, los bienes inmuebles dentro de la zona descrita en el artículo 1º de esta ley, que a su juicio sean necesarios para el desarrollo del proyecto.” (…). Artículo 10.-Una vez adquiridas las tierras señaladas en la presente ley, sólo podrán ser utilizados por el Estado costarricense para el proyecto de desarrollo turístico en Bahía Culebra, de conformidad con la LEY ESPECIAL que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito en cumplimiento del artículo 3º de la ley Nº 58471 del 18 de noviembre de 1975.” (Los destacados son propios). Para el año de 1982, se emitió la Ley 6758, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, y para 1995 se publicó en el Diario Oficial la Gaceta el Reglamento al “Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”. Dicho reglamento fue modificado mediante la publicación de la Gaceta N° 84 del miércoles 02 de mayo de 2012, bajo el nombre de “Reforma al Reglamento del Plan Maestro General del Polo Turístico Golfo de Papagayo”. Mediante la aludida Ley N° 6758 se dispone que en el área destinada al proyecto se realizarán únicamente las obras previstas en el Plan Maestro. Dispuso la citada norma: “Artículo 2º.- En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto.” (El destacado es nuestro). Es en la recién citada ley en donde se dispone la existencia y necesidad de un Plan Maestro que como su nombre lo indica, implica la planificación de las obras del respectivo proyecto (suelo y servicios elementales). Así, esta ley norma la ejecución precisa del proyecto, a cargo de quién está la construcción de obras, el financiamiento correspondiente, las competencias de los órganos intervinientes, y se regula el uso del suelo para la actividad turística del Polo Turístico Golfo de Papagayo, lo cual es importante para efectos de la aplicación del resto del ordenamiento jurídico en la zona y respecto de la existencia del Plan Maestro. Dentro de este marco de referencia legal, es evidente que existe un interés público en planificar el suelo destinado al Polo Turístico Golfo de Papagayo, con un innegable uso del suelo para la actividad turística. Ese interés consiste en alcanzar un mayor bienestar de los administrados y la 1 Dicha ley refiere a la emitida por la Asamblea Legislativa para el Contrato de Préstamo entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar la elaboración del estudio de factibilidad técnico económico y preparación del plan maestro del polo turístico de Bahía Culebra, y que es la Ley N° 5847, del 18 de noviembre de 1975. más sana, razonable y balanceada explotación turística del medio en el cual debe éste desarrollarse. 1.2. RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL DEL POLO TURÍSTICO DE PAPAGAYO La gran importancia del Polo Turístico Golfo de Papagayo queda patente en las múltiples leyes -6 en total- que ha emitido el legislador nacional para procurar una regulación legislativa completa y acabada de ese proyecto estratégico para el desarrollo turístico del país. Veamos, someramente, ese desarrollo legislativo, así como el de normas infra legales: a. Ley No. 5847 de 18 de noviembre de 1975. Mediante esta ley se ratifica el “Contrato de Préstamo celebrado entre el ICT y el Banco Centroamericano de Integración Económica, para financiar la elaboración del estudio de factibilidad técnico económico y preparación del plan maestro del polo turístico de Bahía Culebra, Provincia de Guanacaste” por la suma de $370.000.00 con un plazo de 10 años. En el artículo VIII, sección 8.6., del referido convenio se indica en lo relativo a la “Garantía” que “El préstamo a que se refiere este documento, se otorga teniendo en cuenta que el Gobierno de la República de Costa Rica garantiza solidariamente y a satisfacción del Banco las obligaciones contraídas por el Prestatario” o sea el ICT. Dentro de los compromisos asumidos por el Estado costarricense como garante solidario se encuentra el de “Cooperar en forma amplia para asegurar el cumplimiento de los objetivos del préstamo”. El artículo 3° de esta Ley No. 5847 dispuso lo siguiente: “El proyecto de desarrollo turístico de Bahía de Culebra, que surja como consecuencia de este estudio de factibilidad, será realizado por el Estado Costarricense, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESPECIAL que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito”. (El destacado es nuestro). Esta ley, al ratificar el contrato de préstamo entre el ICT y el BCIE, al constituir al Estado costarricense en fiador o garante solidario de las obligaciones del ICT y al estipular en su artículo 3° que el proyectó “será realizado por Estado costarricense, de conformidad CON LA LEY ESPECIAL que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito”, muy tempranamente, puso de manifiesto que se trata de un proyecto de interés nacional a cargo del ICT y del Estado y que debe ser regulado por una ley especial por esa naturaleza especial y estratégica. Claramente entonces, desde 1975 con la Ley 5847, el legislador hizo clara su voluntad de que el Polo Turístico Golfo de Papagayo se rigiera por una ley especial. Dicha voluntad fue luego confirmada de forma inequívoca en 1979, con la publicación de la Ley 6370, según se detalla más adelante. b. Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043 de 2 de marzo de 1977. Esta ley determinó la clara e inequívoca vocación nacional del Polo Turístico Golfo de Papagayo en su ordinal 74 que dispuso lo siguiente: “Artículo 74.- En cuanto al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, cuyo litoral limita al Norte en el punto de la Cuadrícula Lamber Costa Rica, latitud 2/94 y longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50, o sea desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, las áreas afectadas quedarán bajo la administración directa del Instituto Costarricense de Turismo. La reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo, previa consulta a ese Instituto. Todo lo anterior sin perjuicio del usufructo y cánones que correspondan a las municipalidades respectivas conforme a esta ley.” Con fundamento en ese numeral 74 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, la Procuraduría General de la República –órgano asesor de la Sala Constitucional en materia de acciones de inconstitucionalidad-, ha apuntado, reiteradamente, lo siguiente: “Ahora bien, la Ley que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo (No. 6758 de 4 de junio de 1982) estableció un régimen específico distinto para el manejo y administración de los terrenos comprendidos en ese Proyecto. Pues tal y como se dispone en los artículos 3° y 18 de esa Ley y en el artículo 74 de la Ley ZMT, las áreas afectadas quedan bajo la administración directa del ICT con exclusión municipal, quedando a salvo la facultad de las Municipalidades correspondientes de cobrar los cánones por las concesiones que el ICT otorgue en la zona restringida de la zona marítimo terrestre del proyecto. Sobre ese régimen especial, la Procuraduría se ha referido en otras ocasiones, disponiendo: El Proyecto Turístico Papagayo constituye un “caso especial” del demanio marítimo terrestre (Ley 6043, art. 74). Se rige, en primer término, por su normativa prevalente. Los terrenos demaniales que lo conforman, destinados al otorgamiento de concesiones (Ley 6370, art. 10; Ley 6758, arts. 12 ss., Decreto 25439, art. 2° incs i, Nombre02 y k, etc.) están bajo titularidad y administración directa del Instituto Costarricense de Turismo, sin perjuicio de los cánones municipales, por el “usufructo”, y de las competencias concurrentes que tienen otros órganos o entes estatales respecto de ciertas materias o bienes…” (Dictámenes Nos. C-171-1993, C-028-1994, C-094-2000, C-189-2003, C-365- 2014 y C-106-2018). Cabe indicar que la Sala Constitucional, pronunciándose acerca de la zona marítimo terrestre y supuestos como el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en su Voto Nº 5210-97 de las 16:00 horas del 2 de setiembre de 1997, dispuso: “La verdad es que los numerales 67 y 74 de la Ley N° 6043/77, no solamente han sido utilizados sin sobresalto, sino que, en atención a esa pacífica utilización, prácticamente se reproducen en la Ley N° 6758, del 4 de junio de 1982, a propósito de regular el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo (Bahía Culebra).” c. Ley No. 6370 de 3 de septiembre de 1979. Esta ley en su numeral 1° declara de “utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas completas, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra”. En este instrumento legislativo encontramos varios preceptos que ponen de manifiesto el interés público, a cargo del Estado y del ICT, del Polo Turístico Golfo de Papagayo, el artículo 2° autoriza al “Instituto Costarricense de Turismo para adquirir en forma directa, prescindiendo del trámite de licitación (…) los bienes inmuebles dentro de la zona descrita en el artículo 1º de esta ley, que a su juicio sean necesarios para el desarrollo del proyecto”. Lo anterior lo reafirma el artículo 8° al preceptuar lo siguiente: “El Estado financiará inmediatamente y adecuadamente la compra y acondicionamiento de terrenos necesarios, su conservación y la dotación de la infraestructura primaria, para ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra. Se autoriza al Instituto Costarricense de Turismo para coordinar con las instituciones y organismos estatales, la construcción de las obras requeridas. Asimismo el Estado proporcionará, en el menor tiempo posible y a través de sus instituciones, las facilidades básicas al costo, a aquellos vecinos que deseen reubicarse en el sitio o sitios de la zona adyacente al proyecto. Estos serán determinados de común acuerdo y sin menoscabo de la economía en la prestación de los servicios públicos.” Particularmente significativo es el artículo 10 de esta Ley No. 6370, ya incluso señalado ut supra, cuando establece lo siguiente: “Una vez adquiridas las tierras señaladas en la presente ley, sólo podrán ser utilizados por el Estado costarricense para el proyecto de desarrollo turístico en Bahía Culebra, de conformidad con la ley especial que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito en cumplimiento del artículo 3º de la ley Nº 5847 del 18 de noviembre de 1975.” Como se acotó previamente, desde el 1975 con la Ley 5847, el legislador hizo clara su voluntad de que el Polo Turístico Golfo de Papagayo se rigiera por una ley especial. Dicha voluntad fue luego confirmada de forma inequívoca en 1979, con la publicación de esta Ley 6370. Así, nótese que el legislador especificó que la ley que debía regular el destino de las tierras que conforman el Polo Turístico debía ser de carácter especial. Esto quiere decir que sólo por ley especial se puede variar el fin de los terrenos que se ubican en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. d. Ley No. 6447 de 16 de junio de 1980. Mediante esta ley se aprueba o ratifica el “Contrato de Préstamo No. 569-FO hasta por un monto de US$610.000, celebrado entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Costa Rica, para financiar estudios y diseños finales de ingeniería y preparación de documentos de licitación para la ejecución de la primera etapa del proyecto Desarrollo Turístico de Bahía de Culebra, que se desarrollara en la provincia de Guanacaste” con un plazo de 10 años. e. Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP No. 6758 de 4 de junio de 1982. Esta ley es esencial, por cuanto, vino a ser la ejecución efectiva de lo que se dispuso en el artículo 3° de la Ley 5847 de 18 de noviembre que aprobó el empréstito internacional del BCIE en favor del ICT para desarrollar el proyecto en el sentido que debía dictarse una ley especial reguladora del tema y el artículo 10 de la Ley No. 6370. El artículo 2° permite la realización, únicamente, de aquellas obras previstas en el Plan Maestro emitido y aprobado por el ICT, el numeral 3° previó la inscripción a nombre del ICT de todos los terrenos no inscritos comprendidos en el proyecto. Los ordinales 5 y 6, respectivamente, autorizan al Sistema Bancario Nacional y las instituciones del Estado para otorgar préstamos o créditos a los concesionarios y que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, negocie empréstitos internacionales a favor del ICT. El numeral 7 habilitó al ICT para crear un fondo especial destinado al desarrollo y ejecución del proyecto. Se le otorga a la Junta Directiva del ICT la competencia de otorgar concesiones, cancelarlas, extinguirlas y rescatarlas (artículos 12 a 15). f. Ley de concesión y operación de marinas y atracaderos turísticos No. 7744 de 19 de diciembre de 1997. Esta ley en sus artículos 1°, párrafo 4°, y 25 le reconocen el ICT la competencia para otorgar concesiones de esa índole en el Polo Turístico Golfo de Papagayo (se inserta cuadro) …”. “… A partir de la gran cantidad de normativa emitida y que se ha sintetizado en los términos que anteceden, se comprueba que la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Papagayo, Ley N° 6758, estableció un régimen jurídico excepcional o especial para el desarrollo y ejecución de este, y que es propio de lo que se conoce en doctrina como los polos de desarrollo. En este sentido, el legislador, consciente de la dinámica y flexibilidad que debe tener un proyecto turístico de esta naturaleza y envergadura, se limitó a regular los aspectos básicos del Proyecto, para delegar en el Plan Maestro aprobado por el ICT y las normas técnicas que éste mismo ente público emita al efecto, el desarrollo y ejecución del mismo. Consecuentemente, considerando que el titular registrado del terreno de la Concesión Maestra de la Península Papagayo es precisamente el ICT, así como también que es ese ente público el que viene obligado a llevar a buen término el proyecto, el legislador lo dotó de potestad reglamentaria de forma amplia para regular toda la materia relacionada con el desarrollo y ejecución del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Ahora bien, no se omita entonces que, como lo ha reconocido la Procuraduría General de la República en sus pronunciamientos, “los terrenos que se adquieren para desarrollar el Proyecto son bienes de dominio público, afectos al cumplimiento del fin asignado por la ley, según el artículo 1° de la Ley N. 6370 de 3 de setiembre de 1979” (Así, Dictamen C-094-2000 de 11 de mayo del 2000). (El destacado es propio). Conforme al recuento normativo efectuado recién, el legislador dispuso para el ICT no solo la condición de titular sobre el terreno de la Concesión Maestra de la Península Papagayo, sino a su vez la de obligado a llevar a buen término el proyecto, otorgándole como consecuencia de su condición como administrador, la potestad reglamentaria de forma amplia para regular toda la materia relacionada con el desarrollo y ejecución del Polo Turístico Golfo de Papagayo, de forma similar a lo que las leyes sectoriales acostumbran hacer con respecto a los reguladores y con fundamento en los artículos 6 e) y f) y 14 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). 1.3. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SECTORIAL ESPECIAL DEL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO PREVALECE SOBRE LAS LEYES GENERALES. Para determinar la prevalencia de una norma, ante dos o más que en principio parten como posiblemente aplicables, deviene en necesario atender alguno de los principios generales del Derecho referidos a: el principio de que la ley posterior deroga a la anterior, por una parte, y el principio de que la ley especial prevalece sobre la general, por otra parte. En el presente asunto, a partir de todo lo explicado en los apartados previos, queda más que evidenciada la especialidad de las normas comprendidas en la Ley de Desarrollo Turístico de Bahía Culebra N° 6370 de 31 de julio de 1979 y la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo N° 6758 de 4 de junio de 1982, en conjunto con el resto del Ordenamiento Jurídico sectorial especial del Polo Turístico Golfo de Papagayo. En efecto, la Ley Forestal introdujo en nuestro ordenamiento el concepto de “patrimonio natural del Estado”, administrado por el Ministerio del Ambiente y Energía, y constituido, según su artículo 13, por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública. Claramente, la esencia de la norma tiende, de modo general, a la protección de los bosques y la prohibición total a la corta en terrenos del Estado y en las áreas de conservación. Por su parte, de los artículos 1 y 2 de la Ley N. 6758, en concordancia con el resto de las normas propias del Ordenamiento Jurídico sectorial especial del Polo Turístico Golfo de Papagayo, se define el establecimiento de un marco de acción especial y específico para el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Con dicha normativa queda en clara evidencia la intención del Estado de planificar, de forma coactiva y vinculante para el particular, el desarrollo de la zona. La ley señala que en la zona UNICAMENTE se desarrollará el proyecto y se desarrollará conforme el Plan Maestro aprobado por el ICT y de acuerdo con las normas técnicas que ese Instituto emita al efecto, por lo que no existen alternativas jurídicamente admisibles diversas a las establecidas por el Plan Maestro. Al respecto, ha dicho la Procuraduría General de la República (PGR): “Consecuentemente, ese carácter vinculante del Plan impide considerarlo una simple directriz técnica. Por el contrario, es fácil concluir que el Plan Maestro al determinar de forma taxativa las obras que podrán realizarse dentro del área del proyecto, no lo hace como una simple recomendación o directriz, sino con la potencia jurídica propia de una disposición coercitiva y obligatoria; sea de una norma. El examen del expediente legislativo de la ley No.6758, en los folios 31 y 103, no permite duda al efecto: la intención del legislador fue que el Plan Maestro tuviera un papel preponderante, de carácter normativo, en la ejecución de la obra así como que el área del proyecto debe mantenerse reservada para el desarrollo exclusivo de actividades turísticas.” (C-181- 94 de 23 de noviembre de 1994). Agrega la PGR en el mismo pronunciamiento referido recién: “Al respecto, tenemos que el Plan Maestro constituye un acto de valor reglamentario. Por lo que corresponde examinar a qué órgano dentro del ICT le ha sido asignada por el ordenamiento la competencia para emitir reglamentos. Pues bien, dispone el artículo 26 de la Ley N. 1917 de, en lo conducente: "La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: (....). b) Dictar, promulgar, reformar e interpretar los reglamentos internos necesarios para el mejor desarrollo de los fines del Instituto; y someter al Poder Ejecutivo los reglamentos que requieran su aprobación. Para que tengan validez los reglamentos y reformas que dicte la Junta Directiva, deberán publicarse en el Diario Oficial." De modo que, si corresponde a la Junta Directiva del Ente el normar la actividad interna del ente y de aquéllos administrados en relación de sujeción especial con el Instituto, debe concluirse que esa competencia se extiende a la modificación y derogación de las normas emitidas, aún cuando no se haya establecido en concreto esa potestad. (…). De modo que debe concluirse que la Junta Directiva tiene competencia expresa para intervenir directamente en lo relativo al Proyecto Golfo de Papagayo, normándolo originalmente mediante la emisión del Plan Maestro, sea mediante reformas al Plan.” La aludida especialidad, en nada se ha visto menguada por lo que fue la entrada en vigor de la Ley Forestal, por lo que es ese el criterio que debe prevalecer en la especie, y es que si las antinomias normativas pueden ser resueltas a través de diversos criterios hermenéuticos diferentes: sea el jerárquico (no aplicable aquí por estar en lo medular ante normas de rango legal), el de especialidad y el cronológico. El criterio cronológico no implica que toda ley posterior deroga la anterior, pues ello es válido si ambas normas son generales, pero no cuando está de por medio un criterio de especialidad, tal y como ocurre en el asunto que acá se desarrolla. El criterio de especialidad es un criterio relacional, en el sentido en que ninguna norma es por sí misma especial, sino que lo es en comparación con otra. La norma “especial” constituye una excepción respecto de lo dispuesto por otra de alcance más general, lo que impide que el supuesto de hecho regulado por la norma quede comprendido en el más amplio de la ley de alcance general”. (DIEZ-PICAZO: La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, p.345). Ahora bien, integrando lo expresado en los apartes previos del presente estudio, destacamos, como ya se aludió antes, que desde 1975 con la Ley 5847, el legislador hizo clara su voluntad de que el Polo Turístico Golfo de Papagayo se rigiera por una ley especial, al estipular en su artículo 3° que el proyectó “será realizado por Estado costarricense, de conformidad CON LA LEY ESPECIAL que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito”. Nótese que el legislador especificó que la ley que debía regular el destino de las tierras que conforman el Polo Turístico debía ser de carácter especial. Esto quiere decir que sólo por ley especial se puede variar el fin de los terrenos que se ubican en dicho Polo. Lo dicho permite determinar con certeza la prevalencia de las normas comprendidas en la Ley de Desarrollo Turístico de Bahía Culebra N° 6370 de 31 de julio de 1979 y la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo N° 6758 de 4 de junio de 1982, en conjunto con el resto del Ordenamiento Jurídico sectorial especial del Polo Turístico Golfo de Papagayo; siendo que por su parte, la Ley Forestal N° 7575 de 16 de abril de 1996, ostenta en contraposición un carácter general que cede ante la especialidad aplicable al Polo Turístico Golfo de Papagayo, por cuanto el contenido del Ordenamiento Jurídico sectorial acá destacado, está dirigido a un espacio o ubicación específica, el Polo Turístico Golfo de Papagayo. La prevalencia de las normas especiales sobre las generales constituye uno de los principios generales en orden a la aplicación de las normas. En su Tratado de las Personas, el maestro Brenes Córdoba, explica lo siguiente: "Las leyes generales no derogan a las especiales, sino cuando de manera expresa así lo declaran, o cuando la intención de dejar sin efecto la especial resulta con evidencia del objeto o del espíritu de la ley general que sea promulgada. Fuera de esto, la regla que se observa tocante a la derogación tácita de leyes especiales, es que ésta sólo se produce por otras leyes, también especiales que acerca de lo mismo aparecieron posteriormente, en cuanto entre unas y otras no hubiere conciliación posible. En sentido contrario, las leyes generales, se entienden derogadas por las especiales, en aquella parte o en aquellos puntos en que éstas últimas, estatuyeren más tarde relativamente a una materia particular comprendida en las primeras. Este es el sentido de principio: "En derecho, el género es derogado por la especie". Tratado de las Personas, Librería e Imprenta Lehmann, 1933, pag. 56 (El destacado no es del original). Así, sólo cuando las consecuencias jurídicas se excluyen, la relación lógica de especialidad conduce necesariamente al desplazamiento de la norma más general, ya que, en caso contrario, la norma más especial no tendría ningún campo de aplicación. (K. LARENZ,: Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1980, p. 261). La especialidad de la norma y su carácter excepcional provoca así una aplicación restrictiva de la norma general, que cede en beneficio de la aplicación del precepto especial. Por todo lo anterior, estimamos que no corresponde a las autoridades definidas en la Ley Forestal otorgar licencias para desarrollos turísticos dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayom considerando que en su área aparezca un bosque al cual considerar Patrimonio Natural del Estado y se tenga así por declarado, siendo lo cierto que el Polo Turístico Golfo de Papagayo es también un bien demanial del Estado, solo que el legislador le confirió un fin específico, que por ello debe prevalecer. En esa misma línea, cabría además agregar y entender que una lectura distinta comprendería una afectación al principio de confianza legítima, ya que la dinámica aludida, que se sostiene con base en el criterio de especialidad de la norma (del Ordenamiento Jurídico sectorial especial del Polo Turístico Golfo de Papagayo), también ha sido la vigente en el devenir histórico fáctico, lo que conlleva para todo el proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo y sus concesionarios, el convencimiento y convicción sobre el régimen aplicable en su caso. Al efecto, sobre el principio de protección de la confianza legítima, el tratadista costarricense Dr. Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Jurídica Diké, páginas 181-182, explica que según lo ha establecido el Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 01 de febrero de 1990, este principio: “… ha de ser aplicado, no tan sólo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuando se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, (…). El principio de confianza legítima, junto con el de buena fe en las relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de seguridad jurídica, esto es, la certidumbre en las relaciones con los poderes públicos, saber, el administrado a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas, aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico.”.

8.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 15 de agosto de 2025, el recurrente señala lo siguiente: “… La presentación de la coadyuvancia de Ecodesarrollo Papagayo nos llena de orgullo, pues demuestra que este RECURSO DE AMPARO tiene más sentido, importancia y valor del que imaginamos al presentarlo. Por supuesto, de ninguna forma nos oponemos a su participación, pues como ellos mismos dicen, son “el Concesionario Maestro” del proyecto de Papagayo con unas 1.000 – 1.200 hectáreas de tierras propiedad del ESTADO y administradas por el ICT, concesionadas a ellos. Reconocemos su derecho a defender sus intereses económicos. Llama poderosamente la atención, la mención que hacen de “afectación al principio de confianza legítima”. Entiendo que se refieren a las expectativas que tiene la empresa a realizar pingues negocios con las tierras públicas obtenidas en concesión. Nosotros creemos que la vigencia y aplicación de las leyes en Costa Rica, a todos por igual, es lo único que nos genera “Confianza Legítima”. Nos respalda el artículo 50 de la Constitución Política. NUESTRA DEFENSA DEL BOSQUE Pedimos perdón de los señores Magistrados, por errores o falta de rigor formal en nuestra argumentación. No somos abogados y no tenemos asesoría de costosos bufetes. A diferencia del simple turismo de arena y playa, Costa Rica ha desarrollado una imagen atractiva de turismo de conservación de la naturaleza y biodiversidad. Se ofrece variedad de escenarios, volcanes, áreas protegidas, vida silvestre, bosques, cultura, cataratas y buceo, entre otras, a la par de playas y actividades de pesca deportiva, surf y navegación. En este AMPARO nos centramos en el tema bosques. El planteo que hacen, el recurrido ICT y los coadyuvantes es, el bosque molesta al desarrollo turístico. ¿Sería atractivo y viable el Proyecto Papagayo sin la existencia de bosques en la zona? La respuesta, sin dudas es, ¡¡NO!! La existencia de la riqueza natural de la zona, fue la base, la causa o motivo de la elección de Bahía Culebra para la realización del proyecto Papagayo. En los bosques esta la fauna de la zona. Cuando pasamos por allí vemos a los turistas, mirando y fotografiando a los monos o bellas aves en los árboles. Admirando los majestuosos árboles de Panamá que dan nombre a esta playa. Los pobladores locales y otros conocedores, recogiendo frutos de tamarindo en su época de abundante producción. Todos gozando de la sombra del bosque de la playa que llega hasta el borde de la marea alta. El bosque es un atractivo turístico. Si, su conservación dificulta e impide la construcción de villas y condominios y canchas de golf. Creemos que toca balancear y diferenciar el turismo cuyo objetivo es el necesario descanso, la sana recreación, la educación en temas ambientales y la valoración de culturas locales, la imagen de país ambientalmente amigable; de los negocios que se hacen para satisfacer esos deseos. Creemos que el turismo debe valorar y respetar los bosques. CRITERIOS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dado que en varios escritos se seleccionan algunos párrafos de criterios de la Procuraduría, nos toca refutarlos y aportar las conclusiones del OFICIO C-210-2002 del 21 de agosto del 2002, que es particularmente relevante por dos motivos: UNO.- Trata especialmente el tema de áreas de protección ambiental dentro del Proyecto Turístico Papagayo. DOS.- Está expresamente dirigido al señor Rubén Pacheco Lutz, entonces Ministro y Presidente Ejecutivo del ICT, institución aquí recurrida, y que es hoy el propietario de la empresa Enjoy Hotels & Resort S.A. apersonada como coadyuvante en este expediente de amparo. VI.- CONCLUSIONES De todo cuanto precede se concluye que: 1) El Instituto Costarricense de Turismo ostenta la titularidad pública, administración y tutela del sector territorial afecto al Proyecto de Desarrollo Integral de Papagayo, que el Estado le traspasó por Ley 6370 y se halla inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. La administración y control de ese desarrollo está a cargo de la Oficina Ejecutora del Proyecto, que creó el propio ICT, con base en la Ley 6758, artículo 9°. Salvo la zona pública, que por destino legal primigenio es de acceso y uso común, libre, gratuito e igualitario para el tránsito peatonal, la práctica de actividades recreativas y de sana expresión físico-cultural, el territorio remanente está dedicado al otorgamiento de concesiones, con apego a los postulados del desarrollo sostenible, las directrices del Plan Maestro y demás disposiciones aplicables. Las Municipalidades de Liberia y Carrillo conservan el derecho a percibir los cánones provenientes de esas concesiones. 2) Las facultades de administración que ejerce el ICT en el área destinada al Proyecto de Desarrollo Turístico de Papagayo, lo es a reserva de las competencias legales de otros órganos o entes administrativos en materias singulares o la tutela y administración de recursos naturales o bienes culturales del patrimonio nacional, las que han de respetarse. Si bien la normativa del Proyecto Turístico de Papagayo es especial, éste no constituye un régimen de excepción frente al resto del ordenamiento jurídico. 3) A efecto de dar efectividad a la legislación emitida e instrumentos internacionales aprobados por el país, el Poder Ejecutivo está facultado para decretar Refugios Nacionales de Vida Silvestre, incluido el demanio costero del Estado, mediante la delimitación del área geográfica en que se aplicará el régimen jurídico de esa categoría. En lo que respecta al litoral estatal, los Refugios Nacionales ahí ubicados, con la nomenclatura de reserva equivalente, quedan excluidos de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, regulados por la legislación respectiva y bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que en el nuevo esquema de manejo de los recursos naturales y de administración descentralizada releva las funciones y competencias de la Dirección General de Vida Silvestre. En el caso, ese criterio, que establece el artículo 73 de la Ley 6043, serviría de pauta interpretativa, en lo compatible (art. 93 de su Reglamento), al Proyecto de Desarrollo Turístico de Papagayo, si el Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita se hubiera constituido debidamente, lo que no ocurrió. 4) La declaratoria de Refugios Nacionales de Vida Silvestre en inmuebles pertenecientes a las instituciones autónomas, semiautónomas y Municipalidades, conlleva, como requisito obligatorio, el trámite de obtener por parte del Poder Ejecutivo el "previo acuerdo favorable" de éstas (art. 84; Ley de Conservación de la Vida Silvestre). Supuesto que no se da con la zona marítimo terrestre, integrante del patrimonio nacional, al sobrevenir una declaración de ese género. El Estado puede reservar los terrenos que estime convenientes a los intereses públicos para la conservación de la flora y fauna silvestres, sin necesidad de audiencia municipal, aunque se recomienda la coordinación preliminar para prevenir actuaciones discordantes con el nuevo régimen. 5) No consta que para la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, por Decreto N° 23217-MIRENEM-TUR del 28 de abril de 1994, en Playa Iguanita, dentro del Proyecto Turístico de Papagayo, se recabara el acuerdo favorable de la Junta Directiva del ICT, el cual no puede tenerse por subsanado con la firma del Decreto que realizó el entonces Ministro de Turismo, quien fungía simultáneamente como Presidente Ejecutivo de la Institución y del Consejo Director del Proyecto de Papagayo. Esto por cuanto era titular de un Ministerio sin cartera, que no tenía a cargo un ramo de actividad ejecutiva, con lo que no podía integrar el Poder Ejecutivo para los efectos del artículo 140 de la Constitución. Tampoco tenía competencia para emitir el acuerdo por sí sólo y sustituir a la Junta del ICT. En los colegios, las decisiones que exteriorizan su voluntad unitaria (acto colegial) se toman por mayoría de las voluntades particulares coincidentes, previa deliberación y votación. De todas suertes, a la fecha en se formuló la consulta había transcurrido con creces el plazo procesal para la impugnación directa del Decreto, por eventuales omisiones en su elaboración, bajo sanción de caducidad. Y al aprobar el Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, por sesión ordinaria celebrada el 10 de julio de 1995, N° 4572, artículo 2, inciso VIII, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo admitió como principio orientador de ese Plan "el respeto total a las áreas protegidas" (artículo 3°), que es genérico. 6) Prescindiendo de los defectos formales que el Decreto pudiera tener, es claro que carece de cobertura suficiente para modificar la afectación hecha por Ley al área del Proyecto Turístico de Papagayo, la que sólo por un acto del mismo rango podría cambiarse, e invalida los actos administrativos de aplicación a otros usos prioritarios. La autoridad competente para operar la mutación demanial es la habilitada para afectar el bien, a falta de norma expresa que determine otra diversa (principio de paralelismo de las competencias). La afectación legal constituye un límite interpretativo del artículo 84 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. El Decreto, aun con apoyo en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, continúa teniendo naturaleza administrativa, igual que el acuerdo favorable que pudo adoptar la Junta Directiva del ICT, con ajuste al artículo 84 de mérito, que -por lo mismo sería insuficiente para efectuar el cambio de destino. 7) La mutación demanial, por Decreto Ejecutivo, para dedicar a la conservación de la vida silvestre bienes de dominio público de una entidad autónoma, semiautónoma o municipal, sólo sería posible si estos estuvieran afectados por acto administrativo singular, con sustento en una Ley, y se obtuviere el previo acuerdo favorable de la institución a que están adscritos. En tal hipótesis, la declaratoria de Refugio Nacional de Vida Silvestre operaría modificaciones en la titularidad y destino de los bienes, administración, usos (predominantes, permitidos, compatibles, prohibidos, etc.) o aprovechamiento; traslados de competencia para la planificación del área, conservación, protección, percepción de cánones por las utilizaciones diferenciales o los derechos reales administrativos que se otorguen, variaciones de legislación, etc.; elementos todos que configuran una transformación en su estatuto jurídico. 8) En acatamiento del principio de jerarquía normativa, ante la aparente antinomia surgida entre el artículo 74 de la Ley 6043, en enlace con las Leyes 6758 y 6370, y el Decreto N° 23217-MIRENEM-TUR, creador del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita dentro del Proyecto Turístico de Papagayo, el operador jurídico ha de optar por la aplicación de esas Leyes, que por ser de rango superior prevalecen sobre las normas de inferior categoría (artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública). En consecuencia, la administración de los terrenos en que irrumpió la declaratoria del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita y el otorgamiento de concesiones corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, mientras la Asamblea Legislativa no modifique el destino público que asignó al sector involucrado, con fundamento en la recomendación del Poder Ejecutivo e informes técnicos del MINAE acerca de la necesidad de constituir esa área silvestre protegida, abarcando espacios territoriales del mencionado Proyecto (Ley de Biodiversidad, art. 58; Ley Orgánica del Ambiente, art. 36). 9) Se aclara que con arreglo a nuestra Ley Orgánica, la posición asumida por la Procuraduría ha sido siempre en defensa de los recursos naturales, en especial los existentes en el demanio costero, y de salvaguarda del ambiente, con el fin de garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente apropiado. Mas, como órgano superior, técnico-jurídico de la Administración Pública, también debe velar por la correcta interpretación de las normas. De la conciliación de ambas atribuciones se infiere que los poderes públicos tienen la obligación de proteger el medio ambiente, dentro de las competencias que les atañen, pero no deben hacerlo a contrapelo del ordenamiento jurídico y de los principios que lo rigen, sino adecuándose a sus cauces normativos. La tutela del derecho a un ambiente sano y el respeto al principio de jerarquía normativa son dos valores constitucionales que han de coexistir en armonía. De ahí que a pesar de nuestro interés por mantener los postulados tuitivos y normas del Decreto que creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, nos enfrentamos al problema infranqueable reseñado en los aparte IV.4 y VI.6 que no nos deja opción a favor de esa postura. Para que cuente con la protección legal como área silvestre, se recomienda al Poder Ejecutivo cursar a la Asamblea Legislativa, a la brevedad posible, la iniciativa de crear el Refugio por ley, consultando al Instituto. (Art. 190 de la Constitución y votos de la Sala Constitucional números 1633-93 y 3-92). 10) Soslayando los defectos formales que pueda tener la declaratoria del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, al ser innegable la existencia de las especies y ecosistemas que busca preservar, y que por mandato de los artículos 50 de la Constitución y 60 de la Ley de Biodiversidad, el ICT ha de proteger los recursos naturales y el medio ambiente en el otorgamiento de títulos para utilizar el dominio marítimo terrestre del Proyecto de Desarrollo Turístico de Papagayo, incentivar la creación del Refugio y ayudar a su gestión, no podrá tomar decisiones que causen perjuicio sensible a la vida silvestre del lugar, ni es aconsejable que con sus actuaciones comprometa su debida constitución, si esa fuere la voluntad del Poder Ejecutivo y Legislativo, y tuviere respaldo técnico. La coordinación con el MINAE e implementación de proyectos ecoturísticos viables, de bajo impacto, podrían hallar el equilibrio de intereses. Del señor Ministro, atentamente, Dr. José J. Barahona Vargas Procurador Director Área de Derecho Agrario y Ambiental PRUEBA DOCUMENTAL Nuestro principal tema amparado, es la vigencia o no de la Ley Forestal N° 7575 en las áreas del Proyecto Papagayo. Por eso, nos parece importante aportar, documentos que son una especie de confesión hecha por el señor Henry Wong Carranza Director Ejecutivo del Proyecto Golfo de Papagayo, aquí conocido como representante del INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO – ICT, aquí recurrido. Este reconocimiento de que en realidad la Ley Forestal N° 7575 si afecta a esa zona bajo su administración, está en documento público, que tiene fé de ser verdad y autenticado con su firma digital y valiosos testimonios de profesionales, del Registro Nacional y del CFIA. El plano catastrado en el Registro Nacional 5-52763-2023 de la concesión LOTE 1, ubicado en Playa Panamá a favor de ENJOY HOTELS & RESORT S.A., centro de este amparo. Allí, blanco sobre negro dice el topógrafo VINICIO ALVARADO ROJAS, visado por el CFIA y con la firma del Ing. HENRY WONG CARRANZA Director Ejecutivo del Polo Turístico Golfo Papagayo aprueban y bendicen este documento legal que entre otras cosas dice: “- AFECTADO POR LA LEY FORESTAL N° 7575 – ARTÍCULO 33”. (las mayúsculas son del original) El artículo 33 de la LEY FORESTAL N° 7575 citado dice: CAPITULO IV Protección forestal ARTICULO 33.- Áreas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. Tomamos esta firma dada por propia voluntad y en el ejercicio de sus funciones, por el aquí recurrido, funcionario del ICT, como una confesión de que la LEY FORESTAL N° 7575 se aplica en el área de Proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo. Para que no se crea que fue un error involuntario, de una única vez, aportamos otro plano, también de Playa Panamá en concesión a la misma empresa ENJOY y también firmado por el señor Henry Wong, con la misma aceptación de AFECTACIÓN LEY FORESTAL N° 7575. Plano 5- 2311315-2021, elaborado por el mismo topógrafo y visado por el CFIA. También toca resaltar que los dos planos, fueron tramitados por la empresa Enjoy Hotels & Resort S.A. aquí apersonados. EL TEMA DE ESTE AMPARO Entonces damos por probado y comprobado que la LEY FORESTAL N° 7575, si se aplica el Papagayo. Esto reduce el tema de este RECURSO DE AMPARO a definir SOLO sobre la vigencia y aplicación del artículo 13 de la LEY FORESTAL N° 7575, que define el Patrimonio Natural del Estado. al proyecto POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO. Esta clara la motivación e insistencia del ICT y de los apersonados e interesados, en que la Sala Constitucional no se pronuncie, sobre ese punto. Toda legislación que no les conviene, no la aplican en Papagayo. No quieren articulo 13 Ley Forestal. No quieren artículo 50 de la Constitución Política. No quieren Ley de la Jurisdicción Constitucional. Aquí y ahora toca a los señores magistrados pronunciarse. Ellos prefieren otros escenarios, lejos del criterio de los señores Magistrados, donde pese más la presencia de prestigiosos y caros abogados, a la verdad y justicia, simple y sencilla. Afecta sus planes y principalmente sus negocios e intereses. Nosotros, solicitamos el amparo de los señores magistrados, no para hacer negocios personales, no para beneficio de nuestro pecunio, sino en defensa del buen y sano desarrollo del turismo y el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, su seguridad jurídica y su respeto a la legislación vigente. Creemos que la imagen de Costa Rica en turismo para ver naturaleza, belleza del paisaje, biodiversidad, el Pura Vida, merece ser respetada por aquellos funcionarios e instituciones que administran bienes del ESTADO y por aquellos privados que lucran de su usufructo, que es transitorio y condicionado. Los bosques son bienes de toda la comunidad y en las tierras propiedad del ESTADO según la Ley Forestal vigente son PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, le guste o no al ICT y a los señores empresarios que quieren destruirlos. Nosotros reiteramos nuestro rechazo de plano las intenciones del ICT y de las empresas apersonadas, de que la Sala Constitucional no se pronuncie sobre el fondo de este amparo. El centro de este amparo ronda la idea expuesta por el ICT de que el Proyecto Papagayo es una isla, donde solo actúa el ICT según sus reglamentos y solo se aplica su ley especial. En realidad, el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo está ubicado en Costa Rica, alrededor de Bahía Culebra, en los cantones de Liberia y Carrillo de la provincia de Guanacaste. Fortalecer la imagen de Costa Rica, como DESTINO VERDE, para el turismo. Desarrollo sostenible. Destruir nuestros bosques no es el camino …”.

9.- Se apersona como coadyuvante activa Cynthia Maritza Córdoba Serrano, en su condición de diputada de la República, quien acota lo siguiente: “… I. SOBRE LOS HECHOS Me refiero a los puntos 8, 9 y 10 del recurso de amparo, que evidencian que el terreno concesionado (Lote 1, 43 hectáreas con 6563,63 m²), se encuentra cubierto en un 98% de bosque (según SETENA-SG-0646-2025 y documentos D1-0170-2021- SETENA), compuesto por bosque secundario, maduro y deciduo, con clasificación de Manejo de Bosque (Clase VII), lo cual lo convierte en Patrimonio Natural del Estado conforme al artículo 13 de la Ley Forestal N° 7575. 2 La Ley Forestal declara expresamente que tales bosques pertenecientes al Estado deben ser protegidos. No existe excepción alguna que exonere al ICT o al Proyecto Papagayo de su cumplimiento. Por tanto, cualquier intervención que implique tala o cambio de uso en esos terrenos exige un análisis de conveniencia nacional, bajo parámetros estrictos de beneficio social superior al costo socioambiental, medido con instrumentos técnicos válidos, que ha sido en todos los casos que he revisado en el Ministerio de Ambiente y Energía, la aplicación del Análisis Beneficio Costo, donde se determine el bienestar social o no del proyecto en cuestión. Sin embargo, el ICT ha sostenido que su régimen especial (Ley 6370/1979 y Ley 6758/1982) permite concesiones sin aplicación estricta de la Ley 7575. A ello se suma que, en 2005, el propio Estado si otorgó la declaratoria de conveniencia nacional, mediante Decreto Ejecutivo No. 33132-MP-T del 09 de febrero del dos mil cinco, sin respaldo del Ministerio de Ambiente y Energía, ente rector del ambiente. Y con ello, reconociendo la vigencia y necesidad de la conveniencia nacional según lo indica la Ley Forestal (aunque el estudio de fondo (análisis beneficio costo) que demuestra su viabilidad no fue presentado); pero en 2025, 20 años después, paradójicamente, el Departamento Legal de MINAE recomiendan rechazar incidentes de nulidad contra permisos ambientales, defendiendo un supuesto régimen especial que prevalecería sobre la Ley Forestal. Este actuar contradice el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad administrativa (art. 11 CP) y el principio de no regresión ambiental. En todo caso, los cambios en el plan maestro original y en la figura de concesión a subconcesiones afectan el estudio inicial del 2025, por lo que, si hubiera existido un estudio, la situación posterior generada cambios en la forma de su uso y por lo tanto, en el impacto en el bosque y los ecosistemas, originados por cambios en la reglamentación, como el caso del Decreto Nº 44448 MP-TUR. II. SOBRE EL MARCO JURÍDICO Y LAS CONTRADICCIONES 1. Régimen especial vs Ley Forestal N.° 7575 El régimen especial de Papagayo (1979/1982) se diseñó antes de la Ley Forestal de 1996, y permitía concesiones de terrenos demaniales con fines turísticos. Pero el 3 desarrollo normativo posterior —Constitución (art. 50 reformado), Ley forestal 7575, Ley Orgánica del Ambiente, jurisprudencia de la Sala IV— elevó los estándares de protección ambiental. Aspecto Régimen especial Papagayo (1979/82) Ley Forestal N° 7575 (1996) Naturaleza jurídica Concesiones sobre bienes demaniales (playas y bosques estatales) Patrimonio Natural del Estado (arts. 13, 19, 33, 34) Uso permitido Desarrollo turístico e infraestructura para efectos turísticos Prohibición de cambio de uso y tala, salvo conveniencia nacional justificada Procedimiento Reglamentos internos ICT, sin consulta pública efectiva, pasan de concesiones a subconcesiones con fines residenciales Análisis beneficio costo socioambiental, SETENA, participación pública Enfoque Privatización parcial vía concesión/subconcesiones Principio precautorio, protección integral de bosques Es decir, aplicar exclusivamente la Ley de Papagayo, ignorando la Ley Forestal 7575, implica un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados por el ordenamiento jurídico costarricense. Esto contraviene el principio de prevención reconocido en la doctrina internacional (Corte IDH, Opinión Consultiva 23/17) y adoptado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional (Voto Crucitas, 2008-17089 y Contencioso administrativo Resolución Nº 04399 - 2010). 4 2. Conveniencia nacional vs utilidad pública Concepto Conveniencia nacional (Ley 7575) Utilidad pública (Ley 6370 Papagayo) Definición Proyecto con beneficios sociales mayores al costo socioambiental, con análisis beneficio-costo riguroso Declaración legislativa para expropiar o disponer bienes para un proyecto turístico Procedimiento Viabilidad ambiental, inventario forestal, consulta pública, Decreto ejecutivo motivado que otorga con base al estudio de análisis beneficio costo la conveniencia nacional Declaración legal, sin exigencia de análisis ambiental comparativo Alcance Aplica a todos los proyectos en bosques estatales o privados donde se realice cambio uso del suelo de bosque a otra actividad económica. Restringido al área geográfica de Pagayo Aquí es importante considerar que la utilidad pública se limita a justificar las expropiaciones realizadas por el proyecto, la conveniencia nacional es un estándar superior que protege el bosque, por lo tanto, los ecosistemas y la naturaleza. Pretender sustituir la exigencia de conveniencia nacional por la utilidad pública de la Ley de Papagayo constituye una distorsión jurídica que degrada la protección ambiental. 3. Problemas de concesiones sucesivas y cambio de uso de la figura original de concesión que otorgaba la ley. El esquema actual realizado por el ICT permite que concesiones otorgadas para fines turísticos se transformen en desarrollos inmobiliarios residenciales (“de turismo a habitación”), en abierta contradicción con el objetivo inicial de fomento turístico y en perjuicio del ambiente. Esta práctica implica una privatización encubierta del 5 patrimonio natural del Estado, en violación del carácter inalienable, imprescriptible y de uso público de los bienes demaniales (art. 261 Código Civil, art. 50 Constitución Política (CP), Procuraduría General de la República, dictamen 162 de 27 05 2004.) III. PRINCIPIOS APLICABLES 1. Principio precautorio. La Corte IDH (Opinión Consultiva 23/17) señala que, ante incertidumbre científica, debe prevalecer la protección del ambiente. En este caso, los informes del ICT no presentan un análisis técnico riguroso demostrando el beneficio social de proyecto. Mediante oficio AL-CCS-206-2025 se consultó al ICT, entre otras consultas, ¿Cuáles y en cuánto se estiman los beneficios económicos y sociales tangibles del PPTGP en la zona de influencia inmediata, Guanacaste y Costa Rica de los últimos 30 años? La respuesta usó publicaciones del Observador.CR y descripciones generales de infraestructura, Índice de Progreso Social 2024 que el ICT aplica en zonas de desarrollo turístico y necesidades humanas básicas. Los resultados no son puntuales ni específicos sino generales y producto de la institucionalidad. En ningún momento se realiza un cálculo con instrumentos válidos que sin lugar a duda certifique para el Proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo resultados económicos y sociales producidos directamente por el proyecto, se indican solo meras referencias generales. Por lo tanto, sin instrumentos adecuados, no puede aplicarse la excepción de conveniencia nacional, ni otorgarse. 2. Principio de no regresión ambiental. Reconocido en la jurisprudencia comparada (Francia Decisión n° 2016-737 DC,), e internalizado en Costa Rica vía Sala Constitucional (sentencia No. 2021-17245), implica que ninguna norma o interpretación administrativa puede disminuir la protección ambiental alcanzada. Ignorar la Ley 7575 para Papagayo es un retroceso para el ambiente y una contradicción en la legislación. 3. Derechos constituciones y humanos. El artículo 50 de la Constitución Política garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Sala Constitucional ha reiterado que este derecho es 6 fundamental y justiciable. A nivel internacional, la Corte IDH (Opinión Consultiva 23/17) reconoció el derecho a un ambiente sano como autónomo y exigible. El Proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo, al privilegiar intereses privados sobre bienes demaniales, lesiona estos derechos colectivos. IV. ANÁLISIS ECONÓMICO-AMBIENTAL, instrumento adecuado para poder realizar la conveniencia nacional. El análisis beneficio costo (ABC) se basa en la teoría del bienestar, que permite ponderar tanto los beneficios como los costos de actividades económicas o acciones políticas en términos comparables, se genera un valor monetario, para valorar su contribución neta al bienestar colectivo. ABC no es solo una herramienta económica, sino un instrumento clave de las ciencias sociales para garantizar que las decisiones públicas, como las que exige la Ley Forestal N.º 7575, puedan responder al interés general, integrando dimensiones sociales, ambientales y espaciales. Su uso en la gestión pública permite evaluar con objetividad qué medidas promueven de forma más efectiva la equidad intergeneracional, la justicia social y el acceso igualitario al patrimonio natural. La Ley Forestal 7575 exige que para considerar una intervención en bosques estatales como de “conveniencia nacional”, los beneficios sociales deben superar claramente los costos socio-ambientales, y esto debe ratificarse mediante instrumentos adecuados, en este caso el instrumento que sea a usado es el ABC. Por supuesto, debe ser un análisis integral y riguroso, donde se incluya información social ambiental y financiera, que puede provenir de estudios adicionales realizados en el proyecto o de evidencia empírica. Durante mi experiencia de más de 10 años de revisar conveniencias nacionales, ese ha sido el instrumento considerado apropiado. No obstante, como parte de un procedimiento que se realizaba para la validación de esta, se solicitaba un documento que debía contar con lo siguiente: 7 a) Ubicación georreferenciada del proyecto. b) Copia de la resolución de la viabilidad ambiental otorgada por Setena. c) Inventario forestal (árboles a talar y su respectiva ubicación). d) Certificación del área de conservación respectiva del SINAC con visto bueno. e) El documento de Análisis costo-beneficio socioambiental, con el siguiente contenido mínimo: • Descripción del sector: Políticas nacionales del sector y relevancia del proyecto. • Descripción general del proyecto: ubicación, descripción del ambiente socioeconómico, descripción de las etapas del proyecto, sus obras y aspectos jurídicos. • Metodología del análisis beneficio-costo socio ambiental: marco teórico, análisis financiero, ajuste económico y ambiental (incluye corrección: fiscal, por transferencias, por precios sociales y por externalidades (positivas y negativas), y los resultados del ajuste económico ambiental (Cálculos TIR y VAN ajustados con Tasa de Descuento Social, así como la presentación del flujo de Caja con ajuste económico y ambiental) • Referencias y los anexos que sean necesarios. • Los detalles de los cálculos realizados en el documento tienen que ser enviados. Los datos deben ser consistentes y uniformes. Por supuesto, es importante aclarar que se requieren estudios profundos y técnicos de diferentes profesionales para poder contar con la información adecuada para estimar algunas externalidades. Adicionalmente, según el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente N. ° 7554 y el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, la parte interesada deberá publicar un edicto que facilitará la Dirección Legal del MINAE, para efectos de someter a información pública el citado proyecto por el plazo de 10 días, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto, aspecto que deberá justificarse dentro del expediente administrativo. Si no hay observaciones en la anterior etapa o no aplica, el ministro firma el Decreto que declara la conveniencia nacional. Legal de 8 MINAE comunica a la parte, para efectos de que retire el documento. El interesado por el proyecto será el encargado del trámite y gasto de publicación. El supuesto beneficio económico del Proyecto Papagayo no ha sido demostrado con un análisis beneficio-costo. No se ha presentado ningún estudio, por lo menos conocido por mi persona. Únicamente se limita a publicaciones periodísticas y datos generales, sin cálculos específicos ni metodologías reconocidas. Ello incumple la exigencia legal de la Ley forestal 7575 y lo pone en ventaja con respecto a otras actividades económicas y de desarrollo que se realizan en el país. V. CONTRADICCIONES DEL ESTADO 1. En 2005, el Estado sí exigió conveniencia nacional para proyectos en Papagayo, reconociendo la aplicabilidad de la Ley 7575. 2. En 2025, el Departamento legal de MINAE recomiendan rechazar nulidades contra permisos ambientales, defendiendo un régimen especial que ignora la Ley Forestal 7575. 3. Esta oscilación vulnera la seguridad jurídica, el principio de interdicción de la arbitrariedad y, sobre todo, el principio de no regresión ambiental.”.

10.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 14 de setiembre de 2025, el recurrente señala lo siguiente: “… me presento a manifestar: Un amigo abogado nos hizo conocer un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República referentes a Patrimonio Natural del ESTADO y las actividades turísticas. El pronunciamiento C-339-2004 se ajusta perfectamente al análisis del caso de este expediente, por tratar de actividades turísticas permitidas en áreas protegidas y en Patrimonio Natural del ESTADO y nos parece importante aportarlo, como Prueba para Mejor Proveer. Reiteramos nuestra solicitud respetuosa de dictar pronta sentencia.”.

11.- Se apersona como coadyuvante pasivo Rodrigo Castro Fonseca, en su condición de director de la Asociación de Concesionarios del polo turístico del golfo de papagayo (ASOPAPAGAYO), quien se manifieste en los mismos términos que el señor ALEXANDER RUIZ CUBILLO, Apoderado General de ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA.

12.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 11 de noviembre de 2025, el recurrente aduce lo siguiente: “… La presentación de ASOPAPAGAYO (Sindicato de beneficiarios de concesiones en Proyecto Papagayo), amerita un pequeño comentario. Es lógico que defiendan sus privilegios. En página 3 a 12, citan la larga lista de legislación que los favorece. No encontramos en el escrito, una sola mención a sus obligaciones o existencia de aportes al desarrollo sostenible de Costa Rica. El escrito es firmado por Rodrigo A. Castro Fonseca ex ministro de Turismo (2003-2006), quién recibió el cargo a la salida de Rubén Pacheco Lutz dueño de Enjoy Hotel & Resort aquí apersonado, quien renunció al ministerio para poder concursar y adjudicarse al menos 5 concesiones ofrecidas por el ICT en Papagayo. El señor Castro como ministro, adjudicó en 2005 las concesiones al señor Rubén Pacheco. Aunque creemos que ya hay argumentos suficientes para definir este caso, parece que el nuevo pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aporta algo nuevo. APORTAMOS NUEVO CRITERIO LEGAL SOBRE EL CASO Recientemente, se ha publicado OPINIÓN CONSULTIVA OC-32/25 de CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS integrada por Nancy Hernández López, Presidenta; Rodrigo Mudrovitsch, Vicepresidente; Humberto A. Sierra Porto, Juez; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Ricardo C. Pérez Manrique, Juez; Verónica Gómez, Jueza, y Patricia Pérez Goldberg, Jueza; Pablo Saavedra Alessandri, Secretario y Gabriela Pacheco Arias, Secretaria Adjunta. VI LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 217. La presente Opinión Consultiva tiene por objeto determinar cuáles son las obligaciones derivadas de la Convención Americana y del Protocolo de San Salvador en el marco de la emergencia climática y el alcance de las mismas VII. OPINIÓN Por las razones expuestas, en interpretación de los artículos 1.1, 2, 4.1, 5.1, 8, 11.2, 13, 17.1, 19, 21, 22, 23, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador y los artículos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXIII, y XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: LA CORTE DECIDE 1. Es competente para emitir la presente Opinión Consultiva, en los términos de los párrafos 14 a 23. Y ES DE OPINIÓN 1. Conforme a la mejor ciencia disponible, la situación actual constituye una emergencia climática que se debe al aumento acelerado de la temperatura global, producto de diversas actividades de origen antropogénico, producidas de manera desigual por los Estados de la comunidad internacional, las cuales afectan de manera incremental y amenazan gravemente a la humanidad y, especialmente, a las personas más vulnerables. Esta emergencia climática solo puede ser atendida adecuadamente a través de acciones urgentes y eficaces de mitigación, adaptación y avance hacia el desarrollo sostenible, articuladas con perspectiva de derechos humanos, y bajo el prisma de la resiliencia, en los términos de los párrafos 183 y 205 a 216. 2. En virtud de la obligación general de respetar los derechos, los Estados tienen las obligaciones indicadas en los párrafos 219 a 223. 3. En virtud de la obligación general de garantizar los derechos, los Estados tienen la obligación de actuar de conformidad con un estándar de debida diligencia reforzada para contrarrestar las causas humanas del cambio climático y proteger a las personas bajo su jurisdicción de los impactos climáticos, en particular aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, en los términos de los párrafos 225 a 237. 4. En virtud de la obligación general de asegurar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los Estados deben destinar el máximo de recursos disponibles para proteger a las personas y grupos que, por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, están expuestas a los impactos más severos del cambio climático, en los términos de los párrafos 238 a 243. 5. En virtud de la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno, los Estados deben integrar en su marco jurídico interno la regulación necesaria para asegurar el respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, en los términos de los párrafos 244 a 246. 6. En virtud de la obligación de cooperación, los Estados están obligados a cooperar de buena fe para avanzar en el respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos amenazados o afectados por la emergencia climática, en los términos de los párrafos 247 a 265. 7. El reconocimiento de la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos constituye un desarrollo normativo que permite reforzar la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo, proporcionando herramientas jurídicas eficaces frente a la triple crisis planetaria y facilitando la prevención de daños existenciales antes de que alcancen un carácter irreversible. Esta concepción representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente, y refleja una tendencia creciente a nivel internacional orientada a fortalecer la protección de los sistemas ecológicos frente a amenazas presentes y futuras, de conformidad con los párrafos 279 a 286. 8. En virtud del principio de efectividad, la prohibición imperativa de conductas antropogénicas que pueden afectar de forma irreversible la interdependencia y el equilibrio vital del ecosistema común que hace posible la vida de las especies constituye una norma de ius cogens, de conformidad con los párrafos 287 a 294. 9. El derecho al clima sano, entendido como componente del derecho al ambiente sano, protege en su dimensión colectiva a la humanidad presente y futura, así como a la Naturaleza, en los términos de los párrafos 298 a 316. 10. En virtud del derecho al clima sano, los Estados deben proteger el sistema climático global y prevenir las violaciones de derechos humanos derivadas de su alteración. Por ello, deben mitigar las emisiones de GEI, lo cual supone (i) adoptar regulación en la materia que defina una meta de mitigación y una estrategia de mitigación basada en derechos humanos, así como regular el comportamiento de las empresas, en los términos de los párrafos 323 a 351; (ii) adoptar medidas de supervisión y fiscalización en materia de mitigación, en los términos de los párrafos 352 a 357, y (iii) determinar el impacto climático de proyectos y actividades cuando así corresponda, en los términos de los párrafos 358 a 363. 11. En virtud del derecho al ambiente sano, los Estados deben (i) proteger la naturaleza y sus componentes frente a los impactos del cambio climático, y (ii) establecer una estrategia tendiente a avanzar hacia el desarrollo sostenible, en los términos de los párrafos 364 a 376. 12. En virtud de los derechos a la vida, a la integridad personal, salud, vida privada y familiar, propiedad y vivienda, libertad de residencia y de circulación, agua y alimentación, trabajo y seguridad social, cultura y educación, así como de todos los demás derechos sustantivos amenazados por los impactos climáticos, los Estados tienen la obligación de exigibilidad inmediata de definir y actualizar, conforme a la máxima ambición posible, su meta y su plan de adaptación nacional, en los términos de los párrafos 384 a 391, así como el deber de actuar con debida diligencia reforzada en cumplimiento de los deberes específicos establecidos en los párrafos 400 a 457. 13. En virtud del principio democrático, los Estados deben fortalecer el Estado Democrático de Derecho como marco esencial para proteger los derechos humanos, la eficacia de la acción pública y una participación ciudadana abierta e inclusiva, 232 asegurando además el pleno ejercicio de los derechos de procedimiento, en los términos de los párrafos 460 a 469. 14. En virtud del derecho humano a la ciencia y al reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas, protegidos por los artículos 26 de la Convención y 14.2 del Protocolo de San Salvador, todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de medidas basadas en la mejor ciencia disponible y en el reconocimiento de los saberes locales, tradicionales o indígenas, en los términos de los párrafos 471 a 487. 15. En virtud del derecho de acceso a la información, los Estados tienen obligaciones en materia de (i) producción de información climática, en los términos de los párrafos 501 a 518; (ii) divulgación de la información relevante para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático, en los términos de los párrafos 519 a 523, y (iii) de adoptar medidas contra la desinformación, en los términos de los párrafos 524 a 527. 16. En virtud del derecho a la participación política, los Estados deben garantizar procesos que aseguren la participación significativa de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas relativas al cambio climático, así como garantizar la consulta previa de los pueblos indígenas y tribales, cuando corresponda, en los términos de los párrafos 530 a 539. 17. En virtud del derecho de acceso a la justicia, los Estados deben asegurar aspectos centrales en materia de (i) provisión de medios suficientes para la administración de justicia en este contexto, (ii) aplicación del principio pro actione; (iii) celeridad y plazo razonable en los procesos judiciales; (iv) disposiciones adecuadas en materia de legitimación, (v) prueba y (vi) reparación, así como (vii) aplicación de estándares interamericanos; en los términos de los párrafos 542 a 560. 18. En virtud del derecho a defender derechos humanos, los Estados tienen un deber especial de protección de las personas defensoras del ambiente que se traduce en obligaciones concretas, entre otros aspectos, para protegerlas, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que sufran, y a contrarrestar la “criminalización” en la defensa del ambiente, en los términos de los párrafos 566 a 567, y 575 a 587. 19. Los Estados deben adoptar medidas dirigidas a atender la forma en la que la emergencia climática agrava la desigualdad e impacta de forma diferenciada a las personas en situación de pobreza multidimensional, en los términos de los párrafos 626 y 627. 20. Los Estados tienen obligaciones específicas ante situaciones de especial vulnerabilidad como las que enfrentan (i) la niñez, y (ii) los pueblos indígenas, tribales, afrodescendientes, y comunidades campesinas y de pescadores, (iii) las personas que sufren afectaciones diferenciadas en el contexto de los desastres climáticos, en los términos de los párrafos 599 a 602, y 604; 606 a 613, y 614 a 618. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas para proteger a personas que no pertenezcan a las categorías tradicionalmente protegidas pero que se encuentren en situación de vulnerabilidad por razones dinámicas o contextuales, en los términos de los párrafos 628 y 629. Redactada en español en San José, Costa Rica, el 29 de mayo de 2025. Nos permitimos transcribir los párrafos relevantes para el caso B.1.2. La protección de la Naturaleza como sujeto de derechos 279.- Los ecosistemas constituyen sistemas complejos e interdependientes, en los cuales cada componente desempeña un papel esencial para la estabilidad y continuidad del conjunto. La degradación o alteración de estos elementos puede provocar efectos negativos en cascada que afectan tanto a las demás especies como al ser humano, en su calidad de parte de dichos sistemas. El reconocimiento del derecho de la Naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de los recursos vitales para las generaciones presentes y futuras. Avanzar hacia un paradigma que reconozca derechos propios a los ecosistemas resulta fundamental para la protección de su integridad y funcionalidad a largo plazo, y proporciona herramientas jurídicas coherentes y eficaces frente a la triple crisis planetaria a fin de prevenir daños existenciales antes de que estos alcancen un carácter irreversible. 280.- Este reconocimiento permite superar concepciones jurídicas heredadas, que concebían a la Naturaleza exclusivamente como objeto de propiedad o recurso explotable. Reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos implica también visibilizar su rol estructural en el equilibrio vital de las condiciones que hacen posible la habitabilidad del planeta. Este enfoque fortalece un paradigma centrado en la protección de las condiciones ecológicas esenciales para la vida y empodera a comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas y poseen conocimientos tradicionales profundos sobre su funcionamiento. 281. La Corte destaca, además, que este enfoque resulta plenamente compatible con las obligaciones generales de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 común a la Convención Americana y al Protocolo de San Salvador), así como con el principio de progresividad que rige la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (artículo 26 de la Convención y artículo 2 del Protocolo de San Salvador). En efecto, la protección de la Naturaleza, en tanto sujeto colectivo de interés público, proporciona un marco propicio para que los Estados y otros actores relevantes avancen en la construcción de un sistema normativo global orientado hacia el desarrollo sostenible. Tal sistema es esencial para preservar las condiciones que sustentan la vida en el planeta y garantizar un entorno digno y saludable, indispensable para la realización de los derechos humanos. Esta comprensión resulta coherente con una interpretación armónica de los principios pro natura y pro persona. 282. Asimismo, la Corte recuerda que, conforme al artículo 29 de la Convención Americana, la interpretación de los derechos protegidos en el sistema interamericano debe guiarse por una perspectiva evolutiva, en consonancia con el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos no introduce un contenido ajeno al corpus iuris interamericano, sino que representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente. Esta interpretación, además, se alinea con los avances del derecho internacional ambiental, que ha afirmado principios estructurales como la equidad intergeneracional, el principio precautorio y el deber de prevención, todos ellos orientados a preservar la integridad de los ecosistemas frente a amenazas actuales y futuras. 283. A partir de esta comprensión, la Corte subraya que los Estados no sólo deben abstenerse de actuar en forma que cause un daño ambiental significativo, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas para garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas (infra párrs. 364-367 y 559). Estas medidas deben ser compatibles con la mejor ciencia disponible y reconocer el valor de los saberes tradicionales, locales e indígenas. Asimismo, deben estar orientadas por el principio de no regresividad y asegurar la plena vigencia de los derechos de procedimiento (supra párr. 240 e infra párrs. 468, 478 y 480). 284. El Tribunal destaca los esfuerzos realizados en el plano internacional para promover una perspectiva integradora en la protección de la Naturaleza. En este sentido la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 afirma que “ la especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energías y de materias nutritivas” , y que “toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera sea su utilidad para el hombre y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, para el hombre y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral”. Este instrumento también señala que “se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales” Por su parte, el Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce en su preámbulo el “valor intrínseco de la diversidad biológica y los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes”. En desarrollo de este Convenio, el Marco Global para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal establece que “tanto la naturaleza como las contribuciones de la naturaleza a las personas son esenciales para la existencia humana y buena calidad de vida.” Asimismo, la Corte destaca que el Acuerdo relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional tiene como uno de sus propósitos, asegurar “la buena gestión del océano en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en nombre de las generaciones presentes y futuras conservando el valor inherente de la diversidad biológica.” 285. Este Tribunal toma nota de la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de quince resoluciones y trece informes en los que se evidencia el creciente reconocimiento de la jurisprudencia de la Tierra y de los derechos de la Naturaleza a nivel mundial. De manera complementaria, en el Pacto para el Futuro adoptado por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2024, se declara “la urgente necesidad de un cambio fundamental en su enfoque con el fin de alcanzar un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza”. 286.- Finalmente, la Corte observa una tendencia normativa y jurisprudencial creciente que reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Esta tendencia se refleja en decisiones judiciales a nivel regional y global, así como en los ordenamientos internos de distintos países en el continente americano, como Canadá, Ecuador, en algunos estados de Estados Unidos de América, Bolivia, Brasil, México, Panamá y Perú. Nuestra Manifestación resumen Creemos que este reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derecho, es importante para tomar en cuenta en el momento de dictar sentencia en este caso. Este amparo es un caso de decidir si los negocios e intereses económicos de algunos empresarios están por sobre el derecho a la calidad de vida, la salud pública, los bosques, la naturaleza, la biodiversidad y hasta de otras leyes vigentes en Costa Rica …”.

13- Mediante resolución de las 08:50 horas del 20 de enero de 2026, se ordenó ampliar las partes del presente proceso.

14.- Informan bajo juramento Franz Tattenbach Capra y David Chavarría Morales, por su orden ministro y Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ambos del Ministerio de Ambiente y energía, quienes manifiestan lo siguiente: “… PRIMERO: El recurso de amparo es un proceso judicial que se tramita en la Sala Constitucional y que constituye la denominada jurisdicción constitucional de la libertad, su existencia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país. La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece en su numeral 29 que el recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus, establece además que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. No sólo procede contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. SEGUNDO: En el ordenamiento jurídico costarricense, el Recurso de Amparo se desprende de las normas constitucionales 10 y 48 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, así como de los de carácter fundamental, establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Existe todo un título dentro de este cuerpo normativo, donde se establecen una serie de derechos y garantías individuales tales como el derecho a la vida en el artículo 21, el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones del artículo 24, el derecho de igualdad que se consagra en el artículo 33, derecho que tienen los consumidores y usuarios (de servicios públicos) a la protección del ambiente en el artículo 46 y muchos otros, establecidos dentro de los derechos y garantías sociales, tales como derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el correlativo deber estatal de tutelarlo artículo 50 y deber estatal de proteger las bellezas naturales, lo que supone una tutela por lo menos indirecta del ambiente o parcial de éste en tanto apunta a un aspecto que lo integra: los paisajes naturales, en el artículo 89. TERCERO: La Sala Constitucional sólo está sometida a la Constitución, a la Ley y su jurisprudencia y precedentes son vinculantes erga omnes salvo para sí misma. Esta disposición es importante dado que lo resuelto por la Sala es vinculante para los demás órganos públicos, tanto administrativos como judiciales, así como para todos los particulares. DE LA RESOLUCIÓN DE LAS OCHO HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS. En atención a los hechos alegados por el recurrente, conforme el escrito de interposición procede indicar: PRIMERO: Se acepta. El alegato refiere a la existencia de la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 de 4 de junio de 1982, se admite en los términos en que la ley se encuentra redactada. SEGUNDO: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada y la definición descrita no corresponde a las competencias de este Ministerio. TERCERO: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. El proyecto turístico en Bahia Culebra o Papagayo, se encuentra regulado bajo la ley 6370, bajo un régimen jurídico y administrativo por porte del Instituto Costarricense de Turismo. CUARTO: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. Nombre07: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. Nombre08: Se rechaza. Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. Nombre09: Se rechaza. Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. Nombre10: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. NOVENO: Se rechaza parcialmente. Se admite únicamente con relación a lo que señala la Ley Forestal N° 7575 de 1996 en los términos en que se encuentra redactada la norma. Con relación a los demás alegatos, no corresponden a mi representada. DÉCIMO: Se rechaza parcialmente. Se admite únicamente con relación a lo que señala la Ley Forestal N° 7575 de 1996 en los términos en que se encuentra redactada la norma. DÉCIMO PRIMERO: Se rechaza. En atención a lo solicitado respecto de un recurso de amparo, el cual plantea: 11- Presentamos este recurso de AMPARO, contra la destrucción del bosque de Playa Panamá, en tierras que en este caso son propiedad del ESTADO, para usos NO TURISTICOS. Nos oponemos al simple tráfico de bienes y negocios inmobiliarios de la empresa privada concesionaria. La empresa concesionaria está afectando, degradando el bosque SIN CONTAR con permisos de SINAC – MINAE, a vista Al respecto, le informo que, como es de su conocimiento, el art. 19 de la Ley Forestal establece: ARTICULO 19.- Actividades autorizadas. En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley. Por otra parte, el dictamen C-028-94 del 18 de febrero de 1994 señala: 6) CAMBIO DE USO DE SUELO: EN LA ZONA PUBLICA Y Dirección: Dirección06, calle 25, Av 8 y 10 Teléfono: Telf01 Correo: ...01 ZONA *RESTRINGIDA Concerniente a la utilización del suelo, debe tenerse presente que el destino asignado por ley a un espacio de dominio público sólo puede cambiarse por acto legislativo, y que el uso general del área destinada al Proyecto de Papagayo es turístico. Lo último se evidencia con la supeditación a desarrollo turístico de la porción territorial que comprende el Proyecto y al Plan Maestro de las obras a realizarse (Ley 6370, artículos 1 y 10; Ley 6758, artículo 2). De lo anterior se entiendo que el uso turístico de la tierra en el Polo Turístico Golfo Papagayo está por encima de otros usos, incluyendo el uso de bosque cuando esta es la cobertura que exista. Aclara que los manglares, aunque puedan tener un uso ecoturístico, deben mantener su condición como ecosistema. Así mismo, La Procuraduría General de la República ha recalcado mediante dictamen C 210-2002, que por Ley el uso del suelo en dicho proyecto es turístico, prevaleciendo este sobre cualquier otro tipo de uso. En cuanto al dictamen C-297-2004, 19 de octubre del 2004, el cual indica: Con todo, prescindiendo de los defectos que el Decreto pudiera tener, carece de cobertura para modificar la afectación legal del sector. En el dictamen C-028-94 dijimos que "el destino asignado por ley a un espacio de dominio público sólo puede cambiarse por acto legislativo, y que el uso del área destinada al Proyecto de Papagayo es turístico. En la especie, no es dable al Poder Ejecutivo invadir las competencias del legislador, separar del destino público original fijado por éste a los terrenos que conforman el área del Proyecto de Desarrollo Turístico de Papagayo y variarlo hacia el futuro, vinculándolos a una finalidad distinta. En cuanto a lo que establece el art. 19 de la Ley Forestal, el Decreto Ejecutivo 33132 del 09/02/2005 Declara de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, a la fecha el Área de Conservación Tempisque ha tramitado las autorizaciones de corta de árboles dentro del Polo Turístico Golfo Papagayo, en aplicación de la normativa anteriormente mencionada. Este proceder lo ratifica el criterio emitido en el documento DAJ-MINAE-1556-2025, del 1 de agosto de 2025, el cual señala. “Dicho régimen especial incluye la posibilidad para el concesionario de remover cobertura vegetal —sin distinguir su naturaleza (bosque, charral, potrero, agroforestal, entre otros)— hasta un máximo del 30% del área total concesionada, reservándose el 70% restante para su conservación, en estricto apego al Plan Maestro del proyecto y su reglamento”. DÉCIMO SEGUNDO: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. DÉCIMO TERCERO: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. DÉCIMO CUARTO: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. DÉCIMO QUINTO: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. DÉCIMO SEXTO: Se rechaza. No corresponde a un hecho contra mi representada. Con relación a la petición de la parte actora, que señala: 1.- Se de curso a este amparo. Dirección: Dirección06, Dirección07 Teléfono: Telf01 Correo: ...01.  2.- Se solicite que en la respuesta a los aquí recurridos se aporte copia del Plan Maestro del Proyecto Papagayo vigente a la fecha, debidamente certificado, con especial detalle de la cobertura y zonificación de las tierras del Proyecto Papagayo en Playa Panamá. 3.- Que en sentencia se ordene al ICT a promover exclusivamente obras y proyectos turísticos. 4.- Que se le ordene la protección de las zonas de bosque Patrimonio Natural del Estado de la concesión 2168- Z- 000, plano catastrado 5- 1186670-2007. 5.- Se le ordene al ICT, que deniegue los permisos para la segregación y venta de lotes para villas privadas en terrenos propiedad del ESTADO en Proyecto Papagayo. 6.- Se le ordene al ICT que, en ese lote cubierto de bosque, solo se puedan realizar las actividades permitidas por la ley (senderismo, avistamiento de fauna y similares). 7.- Se le ordene a los aquí recurridos atenerse en el futuro a aprobar solo obras y proyectos contemplados en el Plan Maestro del Proyecto Papagayo vigente. Conforme las pretensiones de la parte recurrente, se debe indicar que no corresponden a mi representada de forma clara y directa, siendo además aspectos que inclusive distan de las competencias de la sala constitucional. Por tanto, se solicita a la Honorable Sala Constitucional declarar sin lugar el presente recurso de amparo, al no acreditarse lesión cierta, actual y comprobada de derechos fundamentales.”

15.- Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), quien indica lo siguiente: “… Primer Alegato: “que la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, nro. 6758 de 4 de junio de 1982, define claramente el objetivo de este desarrollo único en Costa Rica: "Artículo 1º.- Mediante la presente ley se regula el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste". Acota que el fin es turismo, por eso se encarga de su ejecución, en forma exclusiva, el Ministerio de Turismo (ICT). Menciona que la Organización Mundial de Turismo (OMT), define el turismo como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. Indica que esa definición destaca la diversidad de actividades turísticas y su duración limitada en lugares diferentes al lugar de residencia. Comenta que la elección de Bahía Culebra para el desarrollo del Proyecto Turístico Papagayo se debe a su gran riqueza natural: bosques, manglares, vida silvestre, playas, mar, bahía con gran población de corales y vida marina, etc. Alega que afectar esa riqueza, la diversidad biológica y sus bosques, sería como acabar con la fuente que produce abundancia”. Respuesta al Primer Alegato: No es competencia de la SETENA referirse a este punto en relación a los alcances de las actividades Turísticas y las actividades propiamente autorizadas en el Proyecto Turístico de Papagayo, cuya autorización y administración recae exclusivamente en el ICT. Acerca de la protección al Ambiente es importante acotar que para el análisis del expediente D1-0170-2021 se llevó a cabo bajo el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, vigente en ese momento, bajo el Instrumento más riguroso en evaluación ambiental, Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), siendo que la Viabilidad Ambiental tal y como se he venido reiterando en múltiples ocasiones es un acto previo y preparatorio para la obtención de los permisos finales necesario para la realización o búsqueda de concreción de un proyecto, y por principio de legalidad la SETENA está facultada para hacer únicamente lo que la normativa le permite, siempre dentro de sus competencias establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) y los Reglamento que rigen la SETENA. De conformidad con este principio las prerrogativas de la institución se limitan a aquellas que le son otorgadas en el ordenamiento jurídico; y por lo anterior la función principal de esta Secretaría es el proceso inicial de Evaluación Ambiental que aplica para cada caso, según los instrumentos técnicos previstos al efecto y que se fundamentan en criterios científicos, mas no en emitir ninguna clase o tipo de permiso final. En lo que respecta a la Viabilidad Licencia Ambiental, corresponde a la condición de equilibrio aceptable, entre un desarrollo o actividad y la carga ambiental que el mismo representa, el cual deviene en un acto administrativo que aprueba de forma inicial el procedimiento de evaluación de los impactos ambientales que genera una actividad específica. Todo el procedimiento que la viabilidad ambiental requiere para ser otorgada, de haberse completado y cumplido antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad, y como un requisito para los permisos finales, esto refleja su naturaleza intermedia o como un acto preparatorio. Los trámites y procesos posteriores al otorgamiento de la Viabilidad Licencia Ambiental son jurisdicción de otras instituciones creadas al efecto, y por ello, aquellas situaciones que devengan de esos permisos deben ser analizados y gestionados ante ellas. Así las cosas, se realiza un estudio técnico jurídico detallado del proyecto, según el instrumento de Evaluación que corresponda a la obra o actividad antes de su ejecución u operación; de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental y su fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un daño de imposible reparación al ambiente, se reitera entonces el carácter ex ante de la Evaluación de Impacto Ambiental de conformidad con el artículo 17 de la LOA que establece: Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. La Viabilidad (Licencia) Ambiental, entonces, es un acto administrativo intermedio y preparatorio, que establece que un proyecto es o no viable ambientalmente, y que cumple con los requisitos necesarios para el desarrollo sostenible del país. Una vez cumplido el requisito de la obtención de la viabilidad el desarrollador debe dirigirse a las instituciones competentes a solicitar los permisos finales correspondientes para poder realizar la actividad. En conclusión, no es la Licencia Ambiental un permiso para quien decida realizar una obra, actividad o proyecto la desarrolladora lo concrete, sino que debe de acudir ante las instancias que en efecto deben de brindar los permisos finales necesarios para el desarrollo del mismo; y en este sentido, sin que la parte desarrolladora pueda completar los permisos finales, no le es posible desarrollar el proyecto. En esta línea debe quedar claro que la SETENA no otorga permisos a ninguna parte desarrolladora, sino que brinda un aval inicial a través de la Licencia de Viabilidad Ambiental, sin embargo la obra a realizar debe coincidir con las descripciones que se realizaron para aprobar la misma y sin que se pueda vulnerar de ninguna manera ninguna normativa de protección ambiental, ya que la EIA no está por encima de los leyes, y así se advierte claramente en cada resolución de Viabilidad Ambiental. Que como lo indica el Artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental, deberá gestionarse ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; estas evaluaciones deberán ser realizadas por un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de conformidad con las guías elaboradas por ella. En este caso la licencia que se otorgó es un acto intermedio necesario para la posterior obtención de los permisos otorgados por otras instancias, pero necesarios para el desarrollo del proyecto, los cuales son obligatorios para la concreción del mismo. Es así como en la misma Resolución Nº 0591-2022-SETENA, en el CONSIDERANDO TERCERO se previene al Desarrollador que: … En todo momento, debe cumplir con lo indicado en el uso conforme de suelo establecido en el Plan Regulador Territorial del Cantón correspondiente. El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental mediante el presente expediente, comprende únicamente las obras descritas como descripción de proyecto adjunta al Documento de Evaluación D1, según información aportada, por lo que cualquier obra diferente, deberá de previo a su inicio presentar el análisis correspondiente. De cambiarse el tipo de actividad del proyecto, debe informarse a la Municipalidad correspondiente o en este caso al ICT. Si el proyecto requiere corta de árboles, deberá tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo… Es importante mencionar que el uso de suelo fue otorgado por el ICT, al ubicarse el proyecto en el área definida por la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, Ley No. 6758. 1) Oficio PGP-292-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002168-Z-000 con Plano Catastro número G-1186670-2007, es: ÁREA HOTELERA Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: RESIDENCIAL, CONDOHOTEL Y COMERCIAL. 2) Oficio PGP-293-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002169-Z-000 con Plano Catastro número G-1155787-2007, es: ÁREA HOTELERA Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA- USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: RESIDENCIAL Y CONDOHOTEL. 3) Oficio PGP-294-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002174-Z-000 con Plano Catastro número G-1274126-2008, es: ÁREA HOTELERA, RESIDENCIAL, COMERCIAL, ÁREA DE CAMPAMENTOS Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: CONDOHOTEL. 4) Oficio PGP-295-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002172-Z-OOO con Plano Catastro número G-1155786-2007, es: ÁREA HOTELERA, ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA, CONDOHOTEL Y COMERCIAL. Segundo Alegato: “Expresa que entre las funciones o servicios que desarrolla el ICT, se encuentran en su página oficial una larga lista: contratos turísticos; ferias internacionales; exoneración de boletos aéreos; guardavidas autorizados; guías turísticos; marca país; oficinas de información turística; transporte turístico; brochures para turistas; atlas de playas; registro de hospedaje; artesanía con identidad; declaratoria turística, entre otras. Asegura que no se encuentra desarrollo inmobiliario. No obstante, alega que actualmente hay proyectos concesionados por el ICT, dentro del Proyecto Turístico de Papagayo, que se quieren usar para lotificaciones y parcelas residenciales de villas de lujo. Reclama que el ICT autoriza el uso residencial, que no es turismo, a un concesionario de ese proyecto. Considera que el Ministerio de Turismo contraviene sus obligaciones y sobrepasa sus limitaciones legales, al dedicarse a promover actividades inmobiliarias de lotificaciones y construcción de residencias privadas en tierras públicas que el ICT administra. Acusa que lo anterior, es contrario a la Ley nro. 6758 y convierte las tierras propiedad del Estado en un uso ilícito, de negocio de tierras, parcelas, lotes y desarrollo inmobiliario, como si fueran tierras privadas. Asegura que ninguna norma de inferior categoría puede reformar una ley; en este caso, la Ley nro. 6758. Comenta que por directrices o decretos no pueden cambiarse los objetivos definidos en la ley del Proyecto Turístico de Papagayo. Afirma que ese objetivo es turismo. Indica que se puede documentar ese hecho al referirse concretamente al caso del Lote 1 concesionado por el ICT, Finca-Concesión 2168-Z-000, plano catastrado 5-1186670-2007, donde se contempla la lotificación de 90 villas de entre 1.000 y 1.500 m² cada una. Explica que así aparece en oficio nro. PGP-0451- 2024, de 14 de junio de 2024, firmado por varios personeros del ICT. Narra que esa modalidad de venta de lotes para villas no se contempla en el contrato de concesión original a la empresa Concesión 2168-Z-000. Asimismo, señala que el contrato original debería vencer el 3 de agosto de 2025, sin que la empresa haya cumplido con lo que prometió hacer durante ese período de 20 años de contrato.” Respuesta al Segundo Alegato: No es competencia de esta Secretaría referirse a este punto, siendo un tema de exclusiva competencia del ICT. Tercer Alegato: “Manifiesta que el terreno concesionado en este acto, Lote 1 (de 43 hectáreas con 6.563,63 m²), está cubierto de bosque, según documentos oficiales. Sostiene que aporta el oficio SETENA-SG-0646-2025 de 20 de mayo de 2025, que consigna que, según el Sistema de Información Geográfica, el Lote 1 mencionado, tenía una cobertura de bosque de 99% en el 2000 y de 98% en 2023. Alega que, según consta en el documento de Evaluación Ambiental D1-0170-2021-SETENA que en el área del proyecto se identifican diferentes tipos de cobertura vegetal, incluyendo bosque secundario, bosque maduro y bosque deciduo, de acuerdo con los planos catastrales del proyecto y los datos de FONAFIFO. Además, añade que en esos planos se identifican áreas clasificadas como Clase VII: Manejo de Bosque en los documentos catastrales 5-1186670-2007, que corresponde al Lote 1 Concesión 2168-Z-000. Arguye que la Ley Forestal nro. 7575 de 1996 declara todos los bosques ubicados en tierras propiedad del Estado o sus instituciones como Patrimonio Natural del Estado y nos obliga a protegerlos, de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley Forestal 7575, la cual no exceptúa al ICT o al Proyecto Papagayo de su cumplimiento.” Respuesta al Tercer Alegato: Es imperativo señalar que, durante la etapa de instrucción y análisis del expediente de marras, se procedió con la verificación cartográfica mediante los Sistemas de Información Geográfica (SIG) de esta Secretaría. Dicho examen se fundamentó en las capas oficiales del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y se efectuó bajo el marco normativo de la Ley 6758, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo. Complementariamente, se ha integrado al análisis el criterio jurídico vinculante emitido por la Dirección de Asesoría Legal del MINAE, mediante el oficio DAJ-MINAE-1591-2025, el cual concluye lo siguiente: “Con base en lo anterior, el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se rige por un marco legal específico, de carácter excepcional que incluye la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, Ley No. 6758. Esta ley, junto con su reglamento y el Plan Maestro del proyecto, establece las normas para el desarrollo y ejecución de las obras en el área designada, sea en el área de la concesión. Además, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ejerce el papel fundamental en la administración, regulación y supervisión del proyecto, entiéndase en toda el área madre del proyecto y para cada una de las concesiones que se encuentren dentro de los linderos del área de proyecto, así como en la gestión de un fondo especial para su financiamiento. En términos legales, esta norma especial y excepcional, se puede enmarcar en el Principio de Protección al amparo de una situación específica para el desarrollo y ejecución de las obras que establece la Ley No. 675, junto con su reglamento y el Plan Maestro.” Adicionalmente, este mismo oficio menciona “…En otro aspecto, y como parte de la normativa que regula este Proyecto, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 33132-MP-T, publicado en La Gaceta No. 97 del 22 de mayo del 2006, se cuenta con la Declaratoria de Conveniencia Nacional, para el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo. Parte de los fundamentos de esta disposición del Poder Ejecutivo fueron los siguientes… “…2.- Que mediante artículo 1 de la Ley Nº 6370 del 3 de setiembre de 1979, se declararon de utilidad públicos los terrenos necesarios para la realización y ejecución del Proyecto Turístico en Bahía Culebra, ubicado en la Provincia de Guanacaste, hoy conocido como Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo. 3.- Que dicho Proyecto se ha convertido en el principal polo de desarrollo turístico de toda Centroamérica. 4.- Que la Procuraduría General de la República ha recalcado mediante dictamen C210- 2002, que por Ley el uso del suelo en dicho proyecto es turístico, prevaleciendo este sobre cualquier otro tipo de uso. 5.- Que los lineamientos establecidos en el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, hacen de éste un modelo de desarrollo turístico sostenible, al establecer un desarrollo debidamente planificado, bajo administración y supervisión estatal, el cual incorpora variables ambientales, bajas densidades y coberturas, tratamiento adecuado de aguas servidas, etc. 6.- Que es interés del Gobierno de la República apoyar los esfuerzos que realiza e Instituto Costarricense de Turismo para impulsar el desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, como un modelo de desarrollo turístico sostenible a nivel Internacional” Menciona también que: “Considerando que la Ley No. 6758, se trata de una Ley especial y excepcional, cualquier mutación demanial, por seguridad jurídica, debe reunir tres requisitos: 1. Un interés público prevalente o más intenso a tutelar. 2. Respaldo en una norma de rango suficiente. 3. Garantía de la inseparabilidad del régimen jurídico público. Bajo este entendido, al ser el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el ente encargado de la administración exclusiva del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, y encontrarse claramente definido un régimen de uso especial para terrenos concesionados con un destino único y supremo orientado al desarrollo turístico sui generis, no resulta aplicable el artículo 19 de la Ley Forestal No. 7575. Este artículo está diseñado para regular el manejo de bosques en propiedades privadas, condición jurídica que no corresponde a los terrenos concesionados en el marco del Proyecto, dado que los mismos son bienes demaniales del Estado, cuya titularidad pertenece a la República y cuya administración está delegada al ICT. El concesionario, en este contexto, no ostenta la calidad de propietario privado, sino que actúa como sujeto receptor de un derecho real administrativo de uso otorgado por el Estado, a través del ICT, con facultades limitadas y bajo estrictas condiciones. Por lo tanto, no es equiparable la figura del concesionario con la del propietario privado regulado por el artículo 19 de la Ley Forestal. Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 18 de la Ley Forestal, que contempla permisos de uso sobre terrenos estatales, se refiere a un régimen general de administración ordinaria bajo la tutela del MINAE, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). El Permiso de Uso, se regula en la Ley General de la Administración Público y se refiere a la autorización para utilizar un bien de dominio público de forma temporal y precaria, generalmente para un fin específico y en beneficio de la comunidad. Este permiso no otorga un derecho real sobre el bien y puede ser revocado intempestivamente. Sin embargo, esta figura no es el caso del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, en donde nos encontramos ante un régimen jurídico especial y excepcional, definido por la Ley No. 6758, que confiere al ICT la potestad exclusiva de administración, planificación, regulación y ejecución del desarrollo turístico en el área delimitada del proyecto, y la potestad de otorgar concesiones para fines turísticos dentro de los límites del área del Proyecto, las cuales otorgan un derecho real administrativo, para un uso privativo, exclusivo y excluyente, de tipo patrimonial sobre un bien demanial dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, lo cual es diferente a la figura del Permiso de Uso. Dicho régimen especial incluye la posibilidad para el concesionario de remover cobertura vegetal —sin distinguir su naturaleza (bosque, charral, potrero, agroforestal, entre otros)— hasta un máximo del 30% del área total concesionada, reservándose el 70% restante para su conservación, en estricto apego al Plan Maestro del proyecto y su reglamento. No obstante, ello debe entenderse siempre dentro del marco de los principios generales de conservación y protección de los recursos naturales. En consecuencia, es imperativo observar regulaciones mínimas, tales como la prohibición de corta de especies forestales vedadas y la elaboración de inventarios forestales técnicos, en aras de garantizar una remoción responsable y sostenible de cobertura vegetal.” Con fundamento en los antecedentes expuestos, el Departamento Técnico procedió a contrastar el diseño de sitio aportado por el Desarrollador frente a las condiciones biofísicas del terreno. Partiendo de la premisa técnica de que la totalidad de los planos catastrados presentan una cobertura boscosa del 100%, se constató fehacientemente que el aprovechamiento proyectado no excederá el umbral del 30%, según se desglosa en la siguiente matriz de datos:

Fase

	

Lote

	

Plano Catastrado

	

Huella Constructiva (m²)

	

Área de la Propiedad (m²)

	

Porcentaje (%)




I

	

Lote 1

	

5-1186670-2007

	

130.572

	

436.564

	

30%




II

	

Lote 4

	

5-1274126-2008

	

68.350,04

	

309.064,25

	

22%




III

	

Lote 3

	

5-1155787-2007

	

32.926,32

	

124.827,92

	

26,4%




IV

	

Lote 5

	

5-1155786-2007

	

58.978,00

	

204.165,91

	

29%

Es importante recalcar que el proyecto se desarrolla en 4 planos catastrados cuyas coberturas están descritas según el análisis Geoespacial realizado por esta Secretaría. Durante el proceso de análisis del expediente, como parte de la información para mejor resolver, por parte del desarrollador, se presenta: • Declaración de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, según Decreto Ejecutivo Nº 33132. • Oficio PGP-292-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002168-Z-000 con Plano Catastro número G-1186670-2007, es: ÁREA HOTELERA Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: RESIDENCIAL, CONDOHOTEL Y COMERCIAL. La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; una altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento para aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país. • Oficio PGP-293-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002169-Z-000 con Plano Catastro número G-1155787-2007, es: ÁREA HOTELERA Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA- USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: RESIDENCIAL Y CONDOHOTEL. La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; una altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento para aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país. • Oficio PGP-294-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002174-Z-000 con Plano Catastro número G-1274126-2008, es: ÁREA HOTELERA, RESIDENCIAL, COMERCIAL, ÁREA DE CAMPAMENTOS Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: CONDOHOTEL. La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; una altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento para aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país. • Oficio PGP-295-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002172-Z-OOO con Plano Catastro número G-1155786-2007, es: ÁREA HOTELERA, ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA, CONDOHOTEL Y COMERCIAL. La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; una altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento para aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país. Que según el Considerando TERCERO de la Resolución Nª0591-2022-SETENA, se indicó: “..Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la oficina del MINAE, y en caso de que se ubiquen cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección …”. Aunado a todo lo anterior, no debe olvidar que la Licencia Ambiental es un acto preparatorio e inicial para la realización de un proyecto y el fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un daño de imposible reparación al ambiente de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Se reitera que la licencia que se otorgó es un acto intermedio necesario para la posterior obtención de los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, los cuales son obligatorios para la concreción del mismo. Actualmente se cuenta con el oficio DAJ-MINAE-1591-2025, donde confirma el aprovechamiento de un 30%. Se aclara que, durante la evaluación del expediente, la capa de información de Patrimonio Natural del Estado, elaborada por el SINAC y disponible en el SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial) en fecha del 7 de abril del 2021, no presentaba sobre el Área del Proyecto áreas Patrimonio Natural del Estado. Si bien el oficio SETENA-SG-0646-2025 de 20 de mayo de 2025, que consigna que, según el Sistema de Información Geográfica, el Lote 1 mencionado, tenía una cobertura de bosque de 99% en el 2000 y de 98% en 2023, se reitera que el Departamento de Evaluación Ambiental verificó por medio del diseño de sitio, presentado por el Desarrollador y considerando que todos los planos catastrados, tenían el 100% de cobertura de bosque, que efectivamente el aprovechamiento no será mayor al 30% permitido. Cuarto Alegato: “…Señala que las áreas pueden destinarse a usos de ecoturismo, como caminatas, avistamiento de fauna silvestre, acampadas y otras actividades sanas, positivas y sostenibles en nuestros bosques. Afirma que, ese bosque, Patrimonio Natural del Estado, representa un bien del que pueden disfrutar todas las personas que viven en la zona o quienes la visitan como turistas. Expone que también, la gran variedad de fauna silvestre, aves, monos, mapaches, pizotes, ardillas, garrobos y decenas de especies adicionales presentes en la zona. Reitera que, por esa razón deben ser preservados esos bosques, según esa ley vigente…” Respuesta al Cuarto Alegato: En cuanto a lo que compete a la SETENA, en relación al tema de protección a la flora y fauna se tiene que dentro de las medidas ambientales propuestas en el expediente se tiene: …Flora: • Desarrollar las actividades de desmonte únicamente en aquellos sitios estrictamente necesarios (huella de construcción). • Impulsar en la medida de lo posible, el desarrollo y protección de las especies nativas de la zona, como parte de las acciones de protección y desarrollo ambiental de las áreas verdes localizadas dentro del AP. • Contar con el permiso de corta de árboles por parte del MINAE de conformidad con lo que establece la Ley Forestal. • Los límites de la zona de remoción de la cobertura vegetal, deben indicarse claramente sobre el terreno, utilizando señales visibles (cintas de colores u otros), que permitan verificar los límites de la zona de corta. La maquinaria no deberá circular fuera de la zona delimitada. • Los árboles para eliminar deben ser identificados y marcados con cintas de colores, pintura u otros de acuerdo con el permiso otorgado. • Deben tomarse todas las precauciones necesarias para proteger de cualquier daño o mutilación a los árboles remanentes en el AP. • Proteger las áreas adyacentes al proyecto evitando el ingreso de maquinaria a esos sitios. • Enriquecer las áreas disponibles para siembra (siempre y cuando no interfieran con el proyecto), con especies nativas de árboles y arbustos, así como de especies herbáceas, en diferentes zonas del área de proyecto y área de influencia directa. Fauna: • Conservar y proteger las zonas en regeneración existentes en el AP. • Mantener una cobertura en las zonas donde no se desarrollan actividades, para que las aves cuenten con más sitios de anidamiento y fuente de alimento. • Generar nuevos sitios de ser posible para la estancia de la fauna local, a través de la siembra de especies de árboles y arbustos nativos en diferentes zonas del área de proyecto y área de influencia directa. • Manejar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos para evitar posibles afectaciones en la salud de la fauna Cabe destacar que todas las especies observadas tanto en el Ares del Proyecto, como en el Area de Influencia Directa y el Area de Influencia Indirecta, son especies muy comunes en la zona de Guanacaste, con poblaciones estables y abundantes, donde se han realizado diversos proyectos similares sin causar afectación a las poblaciones de estas especies. Es importante recalcar que las especies mencionadas en el de previo, Kinosternon scorpioides, Tamandua mexicana y Dasyprocta punctata son especies que según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encuentran en la categoría conservación de Preocupación Menor, por lo que son especies que no tienen algún grado de amenaza. Como medida de protección a las especies de fauna tanto terrestres como arborícolas se realizará limpieza vegetal del área a utilizar antes de iniciar el proceso de corta de árboles y el movimiento de tierra, con esto se pretende ahuyentar a la fauna mayor y evitar que algunas especies vuelvan al sitio. En el caso que se deba realizar corta de árboles y el movimiento de tierra se realizará rescate de fauna, si el individuo rescatado se encuentra en buen estado se reincorporará a su hábitat natural, para esto el proyecto cuenta con zona de bosque que no sufrirá alteraciones, y si el individuo presenta alguna herida este será trasladado a una clínica veterinaria o a un centro de rescate cercano. Con respecto a la fauna aviar, esta se podrá ver afectada durante la corta de árboles. Para mitigar este efecto se pretende en la medida de posible realizar esta labor antes de la época de anidación. En caso de exista la presencia de algún animal lastimado, este será trasladado a una clínica veterinaria o centro de rescate. El proyecto en su totalidad presenta aproximadamente el 30% de huella de construcción, el otro 70% serán destinados a áreas verdes y de bosque, por lo que el efecto a la fauna silvestre será reducido. Con relación al sitio que podría afectar directamente el área del ecosistema humedal-costero sería el desarrollo en el plano 5-2311315-2021, en cual se proyecta que su huella será de aproximadamente 8%, restando un 92% del sitio como áreas verdes. Así mismo, se debe recordar que el ecosistema humedal-costero no se encuentra dentro del AP, sin embargo, se tomarán las medidas de mitigación respectivas para evitar cualquier afectación vinculada con el arrastre de sedimentos que podría provocar el proyecto a través de los ríos y quebradas del plano 5-2311315-2021 hacia el sitio. Entre las medidas propuestas se encuentran, construcción de cunetas perimetrales con sedimentadores en sectores con pendiente y se evitaran labores de movimientos de tierra en periodos de lluvia, asegurar un sistema adecuado de drenaje a las orillas de los caminos, instalación de adoquines ecológicos. Durante fase operativa se contará con planta de tratamiento para evitar el flujo de aguas residuales hacia el humedal. Mono Congo (Alouatta palliata), especie de primate de tamaño mediano, de pelaje negruzco-amarillento, cuenta con cola prensil, de hábitos diurnos y arborícolas. Esta especie se puede ver afectada especialmente por la corta de árboles y ruido de maquinarias. Como medidas de mitigación se debe de: • Calendario de actividades previas a la construcción, como inspecciones, instalación de cercas protectoras y sesiones informativas en el lugar para los contratistas. • Colocación y especificaciones de las medidas de protección requeridas (cercas, letreros, entre otros). • Realizar labores de pre – estresado 2 o 3 semanas antes de iniciar labores. • Establecer claramente las fases y dirección de las actividades de limpieza del sitio. • Instalar rotulación adecuada con relación a las rutas de acceso interno para vehículos y otros equipos pesados, estacionamiento de vehículos, preparación y almacenamiento de materiales, entre otros. • La remoción de vegetación y otras actividades de limpieza del sitio deben realizarse en fases, generalmente moviéndose desde la parte más perturbada del sitio (más cercana al desarrollo existente) hacia la menos perturbada del sitio. Incluso en sitios pequeños que se pueden despejar en un solo día, es importante seguir este patrón para “sacar” a los individuos del sitio hacia un hábitat adyacente no perturbado o hacia el hábitat más cercano. • Revisar muy bien los árboles previamente a ser cortados En el caso que los individuos regresen al AP después del anochecer, buscando el hábitat que solía estar allí o atraídos si parece proporcionar comida, agua o refugio se recomienda inspecciones diarias antes que comience el trabajo reducirán el riesgo de daño. • En el que las medidas mencionadas no surtiesen efecto para los individuos y se ubiquen en los árboles que serán cortados, se tratará de ahuyentarlos, si estos no se van, se debe esperar al día siguiente hasta que se movilicen. •Si por accidente se realiza la corta con individuos en él, se debe de realizar el rescate de los congos que resulten lastimados, si estos ameritan tratamiento veterinario se deben de trasladar a un centro de rescate o una veterinaria de vida silvestre para ser atendidos. •Nombre11 (Tamandua mexicana), oso hormiguero de cuerpo alargado, pelaje color crema con “chaleco” negro, patas delanteras poderosas utilizadas para romper nidos de hormigas y termiteros. Con hábitos diurnos y nocturnos, y se puede utilizar hábitat terrestre y arborícola. Durante la etapa constructiva esta especie se puede ver afectada tanto por la corta de árboles como por el movimiento de tierras con maquinaria. Como medidas de mitigación se debe de: • Calendario de actividades previas a la construcción, como inspecciones, instalación de cercas protectoras y sesiones informativas en el lugar para los contratistas. • Colocación y especificaciones de las medidas de protección requeridas (cercas, letreros, entre otros). • Realizar labores de pre – estresado 2 o 3 semanas antes de iniciar labores. • Establecer claramente las fases y dirección de las actividades de limpieza del sitio. • Instalar rotulación adecuada con relación a las rutas de acceso interno para vehículos y otros equipos pesados, estacionamiento de vehículos, preparación y almacenamiento de materiales, entre otros. • La remoción de vegetación y otras actividades de limpieza del sitio deben realizarse en fases, generalmente moviéndose desde la parte más perturbada del sitio (más cercana al desarrollo existente) hacia la menos perturbada del sitio. Incluso en sitios pequeños que se pueden despejar en un solo día, es importante seguir este patrón para “sacar” a los individuos del sitio hacia un hábitat adyacente no perturbado o hacia el hábitat más cercano. • Revisar muy bien los árboles previamente a ser cortados • En el caso que los individuos regresen al AP después del anochecer, buscando el hábitat que solía estar allí o atraídos si parece proporcionar comida, agua o refugio se recomienda inspecciones diarias antes que comience el trabajo reducirán el riesgo de daño. • En el que las medidas mencionadas no surtiesen efecto para los individuos y se ubiquen en los árboles que serán cortados, se tratará de ahuyentarlos, si estos no se van, se debe esperar al día siguiente hasta que se movilicen. • Si por accidente se realiza la corta con individuos en él, se debe de realizar el rescate de los hormigueros que resulten lastimados, si estos ameritan tratamiento veterinario se deben de trasladar a un centro de rescate o una veterinaria de vida silvestre para ser atendidos. • Con respecto al movimiento de tierras se debe de realizar recorridos previos por zona donde se realizará el movimiento de tierras para buscar y ahuyentar la fauna que se encuentre presente en el sitio. • Tortuga roja (Rhinoclemmys pulcherrima), tortuga principalmente terrestre, se encuentra en los bosques secos. De actividad predominantemente diurna. Durante la etapa constructiva esta especie se puede ver afectada por el movimiento de tierras con maquinaria. Como medidas de mitigación se debe de: • Realizar recorridos previos por zona donde se realizará el movimiento de tierras para buscar y ahuyentar la fauna que se encuentre presente en el sitio. En el caso de localizar a los individuos se procederá a relocalizarlos dentro de la zona del proyecto donde no presente peligro o en el hábitat... Nombre07 Alegato: “Acota que interpone el recurso de amparo contra la destrucción del bosque de Playa Panamá, en tierras que en este caso son propiedad del Estado, para usos no turísticos. Alega que se opone al simple tráfico de bienes y negocios inmobiliarios de la empresa privada concesionaria. Sostiene que la empresa concesionaria está afectando y degradando el bosque sin contar con permisos del SINAC-MINAE, a vista y paciencia del ICT. Manifiesta que la lotificación de 90 villas, de entre 1.000 y 1.500 m² cada una, aparece documentada y detallada en el Oficio PGP-0451- 2024. Relata que la lotificación no está en el contrato de concesión original firmado por el ICT y es contraria a lo ofrecido en el proceso de licitación pública adjudicado y así concesionado por el ICT. Narra que, en campañas publicitarias, tanto en el país como en el extranjero, en español e inglés, la empresa ofrece propiedades en su proyecto Bahía Papagayo sin indicar que se trata de tierras públicas, propiedad del Estado, inalienables. Reitera que la empresa ha incumplido sus obligaciones contractuales en los primeros 20 años de vigencia de la concesión. Afirma que el plazo de concesión vence, según el contrato original, el 3 de agosto de 2025. Resalta que la información usada para sustentar este recurso es en base a la documentación obtenida del ICT después de un recurso de amparo que se tramitó bajo el expediente nro. 25-004460- 0007-CO por omisión de respuesta, el cual la Sala Constitucional declaró con lugar, por resolución nro. 2025-007129, a las 09:20 horas del 07 de marzo de 2025, donde ordenó lo siguiente: "dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde al recurrente la totalidad de la información requerida." Arguye que la lotificación para construcción de villas residenciales de lujo en la finca propiedad del Estado, concesionada, no corresponde al Plan Maestro, el cual es de acatamiento obligatorio según el Artículo 2 de la Ley 6758. Resalta que el Plan Maestro vigente, con sus detalles sobre usos de suelo, zonificación, densidad y especificaciones para el desarrollo del Proyecto Papagayo, no lo ha podido obtener del ICT. Sostiene que solo le aportó el reglamento del mismo, por lo que solicita que en la respuesta de los recurridos, se aporte ese documento debidamente certificado, con especial detalle de la zona en cuestión en Playa Panamá. Indica que el tener a mano el Plan Maestro vigente, con todos los insumos, estudios técnicos y definiciones es básico para la resolución de este amparo y para verificar si lo impugnado, cumple o no con la Ley 6758. Aduce que, en caso de ausencia del mencionado documento, se confirmaría que el ICT viola la Ley 6758 del Proyecto Papagayo. Esgrime que los vecinos asentados en Playa Panamá compraron propiedades privadas cerca de Papagayo, fuera del área de propiedad área estatal y construyeron sus casas, atraídos por las bellezas naturales y escénicas proporcionadas por sus bosques y playas, buscando tranquilidad y naturaleza. Reclama que se sienten afectados, agredidos, dolidos y molestos por la intención de destruir y desaparecer los bosques que tanto aman y disfrutan.” Respuesta al Nombre07 Alegato: Cabe precisar que el objeto del presente alegato, no versa sobre las actuaciones u omisiones desplegadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), toda vez que dichas gestiones se encuentran fuera del ámbito de competencia de esta instancia y no forman parte del núcleo fáctico analizado en este expediente.”.

16.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 04 de febrero de 2026, el recurrente solicita se dicte sentencia.

17.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

ÚNICO. - La parte recurrente interpone amparo contra el ICT al considerar que dentro del Proyecto Turístico de Papagayo (Ley 6758) se estaría permitiendo un desarrollo inmobiliario residencial —específicamente la lotificación de 90 villas en el Dirección08 en Playa Panamá— en tierras públicas cubiertas mayoritariamente por bosque, lo cual estima contrario al objetivo turístico de la ley, al Plan Maestro y a la Ley Forestal. Alega que el ICT ha autorizado usos no turísticos y que la empresa concesionaria estaría afectando el bosque sin permisos del SINAC, lesionando el patrimonio natural del Estado y el derecho a un ambiente sano de vecinos y visitantes.

Ahora bien, de conformidad con el análisis efectuado en el presente expediente, se estima necesario suspender el dictado de la sentencia en el presente recurso de amparo, hasta tanto esta Sala se pronuncie de manera definitiva sobre la acción de inconstitucionalidad n.° 25-024408-0007-CO, actualmente en trámite. En efecto, se constata que la referida acción de inconstitucionalidad fue admitida y tiene por objeto el cuestionamiento de diversas disposiciones introducidas por el Decreto Ejecutivo n.° 44448-MP-TUR, las cuales inciden directamente en el régimen jurídico del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Dichas normas reglamentarias —particularmente el artículo 12 y varios puntos del Anexo Único— forman parte del marco normativo cuya aplicación y compatibilidad con el ordenamiento jurídico ambiental se analizan en el presente recurso de amparo.

Existe, por tanto una relación directa, relevante y decisoria entre ambos procesos constitucionales, en la medida en que la resolución del amparo exigiría necesariamente, partir de la validez o invalidez de una norma reglamentaria cuya constitucionalidad se encuentra actualmente cuestionada, a través de una acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, dictar sentencia en este momento implicaría aplicar o asumir como válidas disposiciones reglamentarias que podrían eventualmente ser expulsadas del ordenamiento jurídico, lo cual resulta incompatible con los principios de seguridad jurídica y coherencia del control constitucional.

Adicionalmente, se advierte que en otros asuntos de naturaleza materialmente análoga, vinculados igualmente a la impugnación del Decreto Ejecutivo n.° 44448-MP-TUR y a la tensión existente entre el régimen especial de Papagayo y la Ley Forestal n.° 7575, se ha considerado prudente diferir el avance de los procesos hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad respectiva, precisamente para evitar decisiones fundadas en normas cuya validez constitucional no ha sido definida.

Desde el punto de vista procesal, cuando una norma impugnada en acción de inconstitucionalidad resulta relevante para la resolución de otro proceso, lo procedente es abstenerse de dictar la resolución final, manteniendo el expediente en estado de resolución hasta que la Sala se pronuncie sobre el control abstracto correspondiente.

Ergo, considera esta Sala procedente suspender la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelto dicho proceso, conforme lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por tanto:

Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente N° 25-024408-0007-CO. -

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 ODONYD3DRZM61

EXPEDIENTE N° 25-020400-0007-CO

 

Teléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección10, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 07:19:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and twenty minutes on February sixth, two thousand twenty-six.

Amparo appeal processed under case file No. 25-020400-0007-CO, filed by GAD AMIT KAUFMAN, residency ID CED01, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.

**Whereas:**

1.- By filing incorporated into the electronic case file on July 14, 2025, the appellant files an amparo appeal against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. He states that the Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 of June 4, 1982, clearly defines the objective of this unique development in Costa Rica: "Article 1.- This law regulates the development and execution of the Papagayo tourism project, to be carried out in Bahía Culebra, province of Guanacaste." He notes that the purpose is tourism, which is why the Ministry of Tourism (ICT) is exclusively responsible for its execution. He mentions that the World Tourism Organization (UNWTO) defines tourism as the activities carried out by people during their travels and stays in places other than their usual environment, for a consecutive period of less than one year, for leisure, business, or other purposes. He indicates that this definition highlights the diversity of tourist activities and their limited duration in places different from the place of residence. He comments that the choice of Bahía Culebra for the development of the Proyecto Turístico Papagayo is due to its great natural wealth: forests, mangroves, wildlife, beaches, sea, a bay with a large population of corals and marine life, etc. He alleges that affecting this wealth, the biological diversity, and its forests would be like destroying the source that produces abundance. He states that among the functions or services developed by the ICT, a long list appears on its official website: tourism contracts; international fairs; air ticket exemptions; authorized lifeguards; tour guides; country brand; tourist information offices; tourist transportation; brochures for tourists; beach atlas; lodging registry; craftwork with identity; tourism declarations, among others. He asserts that real estate development is not found among them. However, he alleges that there are currently projects concessioned by the ICT within the Proyecto Turístico de Papagayo that are intended to be used for subdivisions (lotificaciones) and residential parcels for luxury villas. He claims that the ICT authorizes residential use, which is not tourism, to a concessionaire of that project. He considers that the Ministry of Tourism contravenes its obligations and exceeds its legal limitations by engaging in promoting real estate activities of subdivisions (lotificaciones) and construction of private residences on public lands that the ICT administers. He accuses that the foregoing is contrary to Law No. 6758 and converts lands owned by the State into an illicit use, a land, parcel, lot, and real estate development business, as if they were private lands. He asserts that no lower-ranking regulation can reform a law, in this case Law No. 6758. He comments that the objectives defined in the law of the Proyecto Turístico de Papagayo cannot be changed by directives or decrees. He affirms that this objective is tourism. He indicates that this fact can be documented by referring specifically to the case of Lote 1 concessioned by the ICT, Finca-Concesión 2168-Z-000, cadastral map 5-1186670-2007, where the subdivision (lotificación) of 90 villas of between 1,000 and 1,500 m² each is contemplated. He explains that this appears in official communication PGP-0451-2024 of June 14, 2024, signed by several ICT officials. He recounts that this modality of selling lots for villas is not contemplated in the original concession contract with the company Concesión 2168-Z-000. Likewise, he points out that the original contract should expire on August 3, 2025, without the company having fulfilled what it promised to do during that 20-year contract period. He states that the concessioned land in this act, Lote 1 (43 hectares with 6,563.63 m²) is covered by forest, according to official documents. He maintains that he provides official communication SETENA-SG-0646-2025 of May 20, 2025, which records that, according to the Geographic Information System, the mentioned Lote 1 had a forest cover (cobertura de bosque) of 99% in 2000 and 98% in 2023. He alleges that, as stated in the Environmental Assessment document D1-0170-2021-SETENA, different types of vegetation cover are identified in the project area, including secondary forest, mature forest, and deciduous forest, according to the cadastral maps of the project and FONAFIFO data. Furthermore, he adds that in those maps, areas classified as Class VII: Forest Management are identified in cadastral documents 5-1186670-2007, which corresponds to Lote 1 Concesión 2168-Z-000. He argues that the Ley Forestal No. 7575 of 1996 declares all forests located on lands owned by the State or its institutions as Natural Heritage of the State and obligates us to protect them, in accordance with Article 13 of the Ley Forestal 7575, which does not exempt the ICT or the Proyecto Papagayo from compliance. He points out that the areas can be used for ecotourism purposes, such as walks, wildlife sighting, camping, and other healthy, positive, and sustainable activities in our forests. He affirms that this forest - Natural Heritage of the State - represents an asset that can be enjoyed by all people who live in the area or who visit it as tourists. He also notes the great variety of wildlife: birds, monkeys, raccoons, white-nosed coatis, squirrels, iguanas, and dozens of additional species present in the area. He reiterates that for this reason, these forests must be preserved, according to the law in force. He states that he files the amparo appeal against the destruction of the Playa Panamá forest, on lands that in this case are owned by the State, for non-tourist uses. He alleges that he opposes the simple traffic of goods and real estate businesses by the private concessionary company. He maintains that the concessionary company is affecting and degrading the forest without permits from SINAC-MINAE, with the knowledge and passive consent of the ICT. He states that the subdivision (lotificación) of 90 villas, of between 1,000 and 1,500 m² each, appears documented and detailed in official communication PGP-0451-2024. He relates that the subdivision (lotificación) is not in the original concession contract signed by the ICT and is contrary to what was offered in the public bidding process awarded and thus concessioned by the ICT. He recounts that, in advertising campaigns, both domestically and abroad - in Spanish and English - the company offers properties in its Bahía Papagayo project without indicating that these are public lands, owned by the State, inalienable. He reiterates that the company has breached its contractual obligations in the first 20 years of the concession's term. He affirms that the concession term expires, according to the original contract, on August 3, 2025. He highlights that the information used to support this appeal is based on documentation obtained from the ICT after an amparo appeal that was processed under case file No. 25-004460-0007-CO for omission of response, which the Constitutional Chamber declared with merit by resolution No. 2025-007129, at 09:20 hours on March 7, 2025, where it ordered the following: "within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the appellant be provided with all of the information requested." He argues that the subdivision (lotificación) for the construction of luxury residential villas on the State-owned - concessioned - farm does not correspond to the Master Plan, which is mandatory to observe according to Article 2 of Law 6758. He emphasizes that the current Master Plan, with its details on land uses, zoning, density, and specifications for the development of the Proyecto Papagayo, has not been obtainable from the ICT. He maintains that it only provided him with the regulation thereof, so he requests that in the response by the respondents, this duly certified document be provided, with special detail of the area in question at Playa Panamá. He indicates that having the current Master Plan at hand, with all the inputs, technical studies, and definitions, is basic for the resolution of this amparo and to verify whether what is being challenged complies or not with Law 6758. He adduces that in the absence of the aforementioned document, it would be confirmed that the ICT violates Law 6758 of the Proyecto Papagayo. He asserts that the neighbors settled in Playa Panamá bought private properties near Papagayo, outside the state-owned area, and built their houses, attracted by the natural and scenic beauties provided by its forests and beaches, seeking tranquility and nature. He claims that they feel affected, attacked, hurt, and annoyed by the intention to destroy and make disappear the forests they so love and enjoy. He states that they do not want the biological corridor of the monkeys and other animals they know and help protect to be destroyed. He expresses that he defends this same right on behalf of the national and international visitors who visit them and of all the inhabitants of Costa Rica today and in the future, to whom these State lands administered by the ICT belong. He notes that for this reason, emotionally, but also legally, they do not want the quality of their lives to be affected nor the environment in which they live to be destroyed. For the reasons stated, he requests the intervention of the Chamber in this appeal.

2.- By resolution issued at 22:22 hours on July 15, 2025, this amparo appeal was admitted for processing.

3.- Henry Paul Wong Carranza reports under oath, in his capacity as executive director of the Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo of the Instituto Costarricense de Turismo, who states the following: "... PRELIMINARILY: HISTORICAL-LEGAL ASPECTS LINKED TO THE PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO The coastal zones of our country have always been subject to legislative regulation, with very significant changes over time. Thus, through the Ley de Aguas, No. 276 of August 27, 1942, the legislator determined the beaches and the maritime zone as national property (article 3, subsection l), the latter understood as 'the space of the coasts of the Republic bathed by the sea in its ebb and flow and the immediate lands up to a distance of one mile, or one thousand six hundred seventy-two meters, counted from the line marking the high tide. This maritime zone also extends along the banks of rivers up to the point where they are navigable or the tides become noticeable, with a width of two hundred meters from each bank, counted from the line marking the tide.' Subsequently, through the Ley de Tierras y Colonización (ITCO INDER), Law 2825, of October 14, 1961, the aforementioned maritime mile was reduced to the now-known 200 meters, thus establishing the "zona marítimo terrestre" as inalienable lands, of public domain: "Article 7.- While the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, for reasons of national convenience, does not determine the lands that must be maintained under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by claim or possession, except those that were under private domain, with legitimate title: (...) b) Those comprised in a maritime-terrestrial zone two hundred meters wide along the coasts of both seas, from the ordinary high tide, as well as those comprised in a zone fifty meters wide along both banks of navigable rivers;". Subsequently, with the Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre, Law 4558, of April 22, 1970, the public domain of a significant part of the maritime terrestrial zone was practically declassified, removing from it as public-domain land only the fifty-meter strip from the ordinary high tide (article 6), now called the public zone. The other 150 meters contiguous to it were declared susceptible to appropriation by two means: the first by sale when there was a lease contract for more than 10 years and the second by possession for more than 30 years in a quiet, peaceful, public manner and as an owner, taking into account the time of the lease if any (Transitorio III). Thus, private properties reduced to private domain exist within the ZMT. However, this last third transitional provision remained in force for a short period (from April 22, 1970, to October 4, 1971), since it was repealed by Law 4847 of October 4, 1971, called "Ref. Ley Urbanización Zona Marítimo Terrestre (Transitorio III)." Regarding the regulatory background, we have that firstly, through Law No. 5847 of November 18, 1975, the Loan Agreement between the Instituto Costarricense de Turismo and the Banco de Centroamericano de Integración Económica was approved, for the purpose of financing the preparation of a technical-economic feasibility study and the preparation of a master plan for the Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. Article 3 of the just cited law provided that the Project arising from the mentioned feasibility study would be carried out by the Costa Rican State, in accordance with the law that should be enacted for that purpose. From a factual point of view, the decision to establish the Polo Turístico in Bahía Culebra responds to regional technical studies promoted by the BCIE in the 1960s and 1970s, which identified this area as having high ecological, scenic, and cultural value, with potential for international tourism. This empirical basis served as the foundation for the Costa Rican legislator to adopt a series of measures aimed at facilitating the execution of the project under special conditions, including the declaration of public utility (Law No. 6370 of 1979), the creation of a differentiated regime of state administration (Law No. 6758 of 1982), and the adoption of a Master Plan approved in ordinary session of the Board of Directors No. 4572, article 2, subsection VIII, held on July 10, 1995. The exceptional legal regime of the project has as its pillar the express exclusion of municipal competence in matters of administration of the ZMT within the delimited area. Although article 3 of Law No. 6043 grants municipalities the power to administer the restricted zone and grant concessions, article 74 establishes a specific exception for the Proyecto Bahía Culebra, assigning that competence to the Instituto Costarricense de Turismo (ICT). This exception has been ratified by various opinions of the Procuraduría General de la República (for example, C-171-93 and C-028-94), which reaffirm that the ICT holds exclusive competencies of administration, control, and granting of concessions in the zone, without prejudice to residual municipal competencies, such as the issuance of construction permits. From the point of view of public law, this exceptional regime responds to the principle of reinforced legality in matters of public domain administration, and falls within the logic of special regimes permitted by article 121, subsection 14 of the Political Constitution. The law precisely regulates the competencies, limits, and conditions under which concessions are granted, imposing a more rigorous standard than that provided for other coastal zones of the country. Thus, for example, the ICT can grant concessions only through public competitions, after technical and legal analysis, and based on consistency with the Master Plan, which serves as a binding planning instrument. At the administrative level, the exceptional regime includes an Oficina Ejecutora del Proyecto attached to the ICT, which, with maximum functional deconcentration, allows for more effective technical-operational management. The Consejo Director, composed of representatives from the public and private sectors, has competencies of direction, oversight, and recommendation, being a mixed governance model uncommon in Costa Rican public administration. This reinforces the planned and controlled nature of tourism development, aligned with the principle of administrative efficiency and with the general interest pursued by the project. From the environmental and territorial perspective, the project also has regulatory restrictions that limit housing density, building height, light intensity, the location of electrical infrastructure, and prohibits polluting practices such as the use of septic tanks. These limitations respond to the need to protect the natural and landscape resources of the area, consistent with the principles of environmental law enshrined in articles 50 and 89 of the Political Constitution. Likewise, executive decree No. 32051-MINAE of 2005 declares the development of research and environmental education projects in the zone to be of priority interest, which evidences the sustainable development approach that inspires the regime. The declaration of national convenience of the project (Decreto Ejecutivo No. 33132 of 2005) further reinforces its position within state public policies, considering it as a priority for economic development, job creation, and the attraction of foreign direct investment. This declaration is based on the Ley Forestal No. 7575, article 3, which defines activities of national convenience as those whose social benefit exceeds the environmental cost, a condition that must be demonstrated through the corresponding technical instruments. The historical evolution of the Polo Turístico Golfo Papagayo (hereinafter PTGP), known at its genesis as "Bahía Culebra" and initially starting from Law No. 5847 of November 18, 1975, by which the Loan Agreement between the Instituto Costarricense de Turismo and the Banco de Centroamericano de Integración Económica was approved, for the purpose of financing the preparation of a technical-economic feasibility study and the preparation of a master plan for the Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. Article 3 of the just cited law provided: "ARTICLE 3.- The tourism development project of Bahía Culebra, which arises as a consequence of this feasibility study, shall be carried out by the Costa Rican State, in accordance with the special law that the Legislative Assembly must issue for that purpose." From the legislative records of Law 6043-ZMT, the following text is extracted: "Majority opinion: 'This bill aims to grant the ICT the powers that by virtue of its Organic Law correspond to it regarding the direction, administration, and execution of tourism development projects that are mostly intended to be carried out in the maritime-terrestrial zones, insular territories that this bill regulates.'" (p. 61 administrative file). By March 2, 1977, with the enactment of Law 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, the legal regime of the maritime terrestrial zone, as well as of the islands, is definitively regulated to this day, and the Proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra is declared as affected areas under the exclusive administration of the ICT; that is, it is through this Law 6043 that the Proyecto Turístico Golfo Papagayo is born, then called "proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra," designating it as a "special case." "Special cases Article 74.- As for the proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, whose coastline is bounded on the north at the point of the Lambert Costa Rica Grid, latitude 2/94 and longitude 3/53, extending to the point of latitude 2/84 and longitude 3/50, that is, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, the affected areas shall be under the direct administration of the Instituto Costarricense de Turismo. The regulations that will govern that development shall be formulated by the Executive Branch, after consultation with that Institute. All of the foregoing without prejudice to the usufruct and fees corresponding to the respective municipalities according to this law." On December 16, 1977, through Decreto Ejecutivo 7841-P, Regulation to Law 6043, the cited article 74 was regulated: "Special Provisions Article 93.- In accordance with article 74 of the Law, the maritime terrestrial zone comprised in the Proyecto de Desarrollo Integral de Bahía Culebra, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, remains under the direct administration of the ICT. Concessions in that area shall be granted by said institute; applications shall be filed before it and shall be processed in accordance with the procedure contemplated in this regulation, insofar as applicable. The ICT shall grant those concessions only when they conform to the Plan de Desarrollo Integral or do not interfere with it. Once a concession is granted, the Institute shall notify the respective municipality so that it may collect the corresponding fee. In all other respects, the provisions of the Law and the regulation shall apply to this zone, without prejudice to any special rules that may be issued." With Law 6370, Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, of August 20, 1979, a redefinition of the limits established in 1977 in Law 6043 was made, authorizing the ICT to acquire the real estate deemed necessary for the development of the tourism project: "Article 1.- Those real estate properties, whether complete farms, portions, legitimate patrimonial rights or interests, which by their location are necessary to carry out and execute the tourism project in Bahía Culebra, in the jurisdiction of the province of Guanacaste, are declared of public utility; the project shall be situated based on the Lambert Costa Rica grid, of map sheet 3047.Dirección01, Costa Rica 1:50,000 (prepared by the Instituto Geográfico Nacional), and shall be located between the following coordinates: 2.94 North with 3.50 East and 2.94 North with 3.62 East, as the North limit; 2.85 North with 3.50 East and 2.85 North with 3.54 East and 2.84 North with 3.54 East, and 2.84 North with 3.62 East as the South limit; 2.94 North with 3.62 East and 2.84 North with 3.62 East, as the East limit; and 2.94 North with 3.50 East and 2.85 North with 3.50 East, and 2.85 North with 3.54 East and 2.84 North with 3.54 East, as the West limit. Said territorial portion comprises the maritime zone of the Pacific coastline, located from Punta Cabuya to the North, to one kilometer South of Punta Ballena. Article 2.- The Instituto Costarricense de Turismo is authorized to acquire directly, dispensing with the bidding process, but with the endorsement of the Contraloría General de la República, the real estate properties within the zone described in article 1 of this law, that in its judgment are necessary for the development of the project. Article 6.- Persons who, upon this law taking effect, prove to be occupying real estate in the inalienable zone of Playa Panamá shall be indemnified according to the same criteria provided in the previous article. The occupation must have been exercised uninterruptedly for the last ten years, in a quiet and public manner; the interested parties may invoke for their benefit the occupation exercised by their transferors and predecessors. Proof of occupation under the above conditions shall be made by means of information that the Instituto Costarricense de Turismo shall gather, which shall have the authority to approve or disapprove it, without prejudice to the appeal that the interested parties may file before one of the administrative litigation courts, whose decision shall be final. Article 9.- Upon eight years having elapsed from the publication of this law, the administrative procedures related to the acquisition by mutual consent of the properties and rights referred to in article 1 must be concluded and, where applicable, the corresponding expropriation decree published. In the absence of these legal acts, the properties and possession rights shall automatically be released from the declaration of public utility and their respective owners shall recover the absolute exercise of the attributes of ownership over those goods and rights. Article 10.- Once the lands indicated in this law have been acquired, they may only be used by the Costa Rican State for the tourism development project in Bahía Culebra, in accordance with the special law that the Legislative Assembly must issue for that purpose in compliance with article 3 of law No. 5847 of November 18, 1975." And finally, already with Law No. 6758 of May 6, 1982, published in the Official Gazette La Gaceta 122 of June 25, 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP, it was provided: "Article 2.- In the area designated for the development of this project, only the works provided for in the Master Plan, approved by the Instituto Costarricense de Turismo, and all those works consistent with it, shall be carried out, in accordance with the provisions of this law and in accordance with the technical standards that this Institute issues for that purpose. Article 12.- The Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo may grant concessions on the use of the lands of the project in the area destined for it, in accordance with the terms and conditions that the Institute establishes for that purpose, and in accordance with the provisions of Article 107 of the Ley de la Administración Financiera de la República." From the enactment of the cited regulations, the ICT, in collaboration with the corresponding authorities, Notaría del Estado, MOPT, Contraloría General de la República, among others, carried out the expropriation procedures to incorporate private properties and indemnify some possessors, leaving the PTGP formed by the following areas (article 2, subsection i, second paragraph) of the Regulation to Law 6758, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP: "(...) Said territorial portion comprises those areas that have been acquired by the ICT for the development of the project, encompassing the inalienable public zone area of fifty meters, the restricted zone area of one hundred fifty meters, and the continental zone, the latter understood as the area located inland, beyond the two hundred meters of the maritime terrestrial zone of the Pacific coastline. The Proyecto Turístico Golfo Papagayo is located from Punta Cabuyal to the North, to one kilometer south of Punta Ballena, with the coordinates of Law 6370 prevailing, and also encompasses the area permanently covered by the sea located within said coordinates, destined for the construction, administration, and operation of tourist marinas and docks, within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, in accordance with the provisions of the Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Law No. 7744 of December 19, 1997, and its amendments, published in the Official Gazette La Gaceta No. 26 of February 6, 1998." It must be clarified that not all areas within the coordinates of Law 6370 form part of the sectors exclusively administered by the ICT, as not everything was expropriated. However, from the different expropriation files, it can be identified that the majority of the lots indicated "pasture," "agriculture," "scrubland." By way of example, for the case of expropriation of the area that today is within what is now known as lote 1 (map G-52763-2023, 2168-Z-000) and lote 3 (map G-43129-2022, 2169-Z-000), both concession rights of ENJOY HOTELS & RESORTS S.A., it is recorded that the acquisition was made through expropriation from Mr. Nombre01, based on map G-0643968-1986, with nature "PASTURE LAND VARIETY REPASTOS" thus registered today in the National Registry under registration number 22088-000 in the name of the ICT; observe that, even the boundaries still refer to the "maritime mile." As of February 9, 2005, through Decree 33132-MP-T, "Declara de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo," it was provided: "Article 1.- To declare of national convenience, the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, under the administration of the Instituto Costarricense de Turismo located in the cantons of Liberia and Carrillo in the Province of Guanacaste."

Article 2.-For the optimal development of this Project, all Government agencies, ministries, and public institutions are urged to provide all assistance and collaboration to the same, within the framework of their material possibilities and the scope of their respective competences." Thus, the Polo Turístico Golfo de Papagayo constitutes a paradigmatic case in Costa Rican administrative law, as it is consolidated as a national strategic project developed under an exceptional legal regime. This special figure, granted by the legal system, is justified not only for reasons of economic convenience, but also for reasons of planning, sustainability, and state control. Its creation and execution are based on a series of legislative and administrative acts that, systematically, configure a differentiated normative framework compared to the common regime of the Zona Marítimo Terrestre (ZMT) regulated by Law No. 6043. From the point of view of substantive legal analysis, the regime of the Golfo de Papagayo Project presents a reasoned and proportional exception within the Costa Rican constitutional framework, since it does not annul the common rules, but rather modulates them for a specific case, ensuring greater state intervention, technical control, and environmental protection. It is an example of how a special regime can coexist with common law, provided it has legal backing, legitimate purpose, and control mechanisms that guarantee subjection to the public interest. From the point of view of legal certainty, the project has a robust and systematized normative set, composed of laws, regulations, decrees, and administrative acts, which articulate a coherent legal structure for its development. This legal structure provides certainty to both the State and potential investors regarding the rights, duties, and conditions for participating in the project. At the same time, it guarantees the protection of the State's natural heritage and the principles of sustainability, planning, and legality. REGARDING STANDING There is no doubt that the analysis sought by the appellant does NOT meet the prerequisites required to be considered as an object of amparo proper to a summary proceeding, and all the analysis that its appeal requests be carried out undoubtedly denatures the figure of amparo. Those cases that require an analysis of compliance with respect to what is stipulated in the regulations, as well as the demonstration and evacuation of evidence to define the legality of the actions, are matters of ordinary legality that cannot be heard through an amparo appeal, since this would be denaturing its summary figure. I will be analyzing this situation in another section. RELEVANT BACKGROUND IN RELATION TO THE LEGAL ACTIONS TAKEN BY THE APPELLANT AGAINST THE SAME PROJECT. As stated in the archives of the honorable Sala Constitucional, under expediente number 25-012448-0007-CO, the Asociación Confraternidad Guanacasteca questioned the legality of the environmental permits of the Proyecto Desarrollo Bahía Papagayo, considering that no citizen hearing had been held. The same Sala Constitucional, through its resolution No. 2025016284, of May 31, 2025, declared the amparo appeal without merit and, based on its background, warned that the analysis the appellant required to be considered is a matter of mere legality and not of constitutionality, not being within its competence, as follows: “With the foregoing clear, it is determined that what the appellant has set forth is a disagreement with the mechanism used by the project developer for the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) and the decision of SETENA to approve the same. (…) Thus, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Court to determine, as the appellant intends, whether in the particular case some type of consultation should have been carried out on the project in question, or to establish which is the mechanism that the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation, since these are assumptions of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or, rather, before the competent judicial venue and not before this constitutional venue. Ergo, it is appropriate to declare the appeal without merit, as is indeed done.” As evidenced by the Constitutional Court, there was in that case a disagreement of the appellant regarding the procedure followed by SETENA, such that it was intended to ventilate in that venue, matters outside its competence, as they required an analysis of legality and not of constitutionality. The same Asociación Confraternidad Guanacasteca filed before SETENA an Incidente de Nulidad Absoluta against administrative act SETENA No. 0591-2022, of April 6, 2022 (Expediente D1-0170-2021-SETENA), and challenges, precisely, the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the Proyecto Desarrollo Bahía Papagayo because in its opinion the Ley Forestal must prevail over the special regulations (Ley de Desarrollo Turístico de Bahía Culebra No. 6370 of July 31, 1979 and the Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo No. 6758 of June 4, 1982, in conjunction with the rest of the special sectoral legal framework of the Polo Turístico Golfo de Papagayo), which it maintains, did not operate in such manner. It is important to consider that, to date, such challenge is still in process and has not been resolved by SETENA. Evidence of this is that the appellant itself provides documentation that demonstrates this, since at image 17 of the judicial expediente, it incorporates as evidence Official Letter No. SETENA-SG-0646-2025, of May 20, 2025, addressed to the Área de Conservación Tempisque of SINAC, where it expressly indicates: “(…) I inform you that this Secretariat is attending to the Incidente de Nulidad Absoluta, against Resolution No. 591-2022-SETENA of April 6, 2022, under administrative expediente D1-0170-2021, filed by Mr. GAD AMIT KAUFMAN, in his capacity as president of the Asociación Confraternidad Guanacasteca.” It is possible to conclude, based on the information contained in this judicial expediente, that there is a pending incidente de nulidad yet to be resolved where precisely what is being questioned is the legality of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project, practically with the same arguments set forth in this amparo appeal, with SETENA being the competent instance to hear it. Therefore, it is not possible for this Sala Constitucional to simultaneously hear and resolve the same matter in the amparo at hand, since as this same Sala has pointed out, its participation in matters of ordinary legality is non-existent, and furthermore – as it has also been emphatic – this Sala is not a reviewer of administrative conduct, as we will detail further on …”. “… since that Sala had already rejected an amparo filed by the same Association and there exists an incidente de nulidad filed before SETENA where the environmental viability (viabilidad ambiental) of the Project is being questioned – on the basis of the supposed prevalence of the Ley Forestal over the special regulations, which has been given the corresponding process and is pending resolution –, the Association files the amparo at hand, in order to practically request the Sala to carry out an analysis of legality of the permits granted to the Project; a requirement that, according to what has been set forth, does not meet the necessary prerequisites to consider that this is a purely constitutional matter. For greater detail and in order to demonstrate the inadmissibility of the amparo and the need for its rejection, we proceed to identify and show that what the appellant requires is precisely an analysis of legality and not of constitutionality, proper to another jurisdiction: 1- Regarding the heading of the appeal: amparo against the use of public lands. From the heading of the amparo appeal, it is clearly denoted that we are dealing with a matter of legality, since note that it indicates that the amparo is filed against the use of lands for non-tourist uses – a definition that requires an analysis of legality to reach such determination –, as follows: “FILING OF NEW AMPARO APPEAL Against the use of public lands of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo administered by the ICT for NON-TOURIST USES” (page 1). Indeed, the definition of a supposedly different use of the Project lands requires an analysis of the Law that supports the project, as well as an analysis of the Plan Maestro and the intended use, not being within the purview of that Sala, since one is not in the presence of a violation of a fundamental right – a basic prerequisite for the filing of an amparo appeal. 2- Regarding the defense against the diversion of natural objectives Along the same lines as the above, they reiterate: “We come to file an AMPARO APPEAL against the Instituto Costarricense de Turismo - ICT, represented by the Minister of Tourism and the Board of Directors of that institution. (page 1). This AMPARO comes to defend the Proyecto Turístico de Papagayo from diversions of its natural objectives of sustainable and ecological tourism legally attached to its constitutive law.” (page 1). Indeed, what is sought is to “defend” a project from the diversion of its objectives established in the law that constituted it. Such analysis evidently requires analyzing what the Project objectives are, what the progress has been, verifying that the alleged facts have materialized and whether they transgress the objectives; a task that, as the same Sala has pointed out, exceeds the competences of a summary amparo proceeding like the one at hand. Within its facts, it again points out and emphasizes what the Project objectives are, and its purposes; reinforcing once more our position that we are dealing with a matter of mere ordinary legality, with the Sala not being able, by way of amparo, to determine if the actions of the ICT and the Developer are in accordance with the Law, since for this it requires, we reiterate, a detailed analysis of each and every one of the factual assumptions established by the norm and their corresponding verification against the facts that have supposedly occurred, facts that, it should be clarified, must be demonstrated through the existence of conclusive evidence, a task that also implies the evacuation of evidence. For greater detail, we transcribe those facts: “1.- The Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 of June 4, 1982, clearly defines the objective of this unique development in Costa Rica. Article 1.- Through this law, the development and execution of the Papagayo tourism project, to be carried out in Bahía Culebra, province of Guanacaste, is regulated. The purpose is TOURISM. Therefore, its execution is exclusively entrusted to the Ministry of Tourism – ICT” (page 2) (…) 5.- The above indicated is contrary to Law 6754 and converts the lands owned by the STATE into an illegal use, a land business, parcels, lots, a real estate development, housing, as if these were private lands. No norm of lower category can reform a law. In this case Law 6754. By Directives or Decrees, the objectives defined in the Law of the Proyecto Turístico de Papagayo cannot be changed. That objective is tourism” (page 3) REGARDING THE NORMATIVE SPECIALTY LINKED TO THE PROJECT IN BAHÍA CULEBRA. SPECIAL REGIME WITH SPECIAL REGULATIONS. IT IS DETERMINED, FURTHERMORE, THAT IT IS A MATTER OF MERE LEGALITY In accordance with what was described previously, the Polo Turístico Golfo Papagayo (PTGP) was born as part of the political will of the Government of Costa Rica since the 1970s and as a result of a prior study process at the Central American regional level. The special legal framework of specific application in the area of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, which prevails in case of conflict over the general legislation in force, as is, for example, in matters of the zona marítimo terrestre, with the latter being applicable to said Project only to the extent that it does not contradict the special legal framework. Thus we have, for example, that the PTGP regulations do not proceed to regulate in detail and precision everything related to the legal management of the public zone, however, by way of integration of norms, the ICT applies the provisions established in Law 6043 and its Regulation for this specific case, also because Article 18 of Law 6758 itself provides that “the concept of public zone, referred to in Article 20 of Law No. 6043 of March 2, 1977, may not be varied either.” By virtue of this special legislation, the area legally affected for the development of the Polo Turístico is under the direct and exclusive administration of the ICT, including the Public Zone incorporated within the coordinates of the Project and the area permanently covered by the sea. With the purpose of reinforcing the specialty and particular legal destination of the referred Project, Law 6370 of September 3, 1979, declared the now-called PTGP of public utility and empowered the ICT to acquire, both directly and through expropriation, complete properties, portions, and rights within the area defined in that Law, an area to which it expressly assigned a specific legal destination in its article 10, stipulating that it would be destined solely for the development of the indicated Project. As of 1982, by Law No. 6758, a more complete normative regulation on the development and execution of what is now known as the Polo Turístico Golfo de Papagayo was specified, stating that only the works provided for in the Plan Maestro approved by the ICT and all works consistent therewith would be carried out there. For its development, the cited Law granted the Board of Directors of the ICT the power to grant concessions (concesiones) to private individuals on the lands included in the Project area, “in accordance with the terms and conditions that the Institute establishes for this purpose.” (Article 12 Law 6758) Furthermore, it is worth highlighting that said Law, in its Article 18, states: “This Law is of public order and repeals any norm that opposes it, except insofar as it grants rights or authorizes public law entities to collect fees and tariffs, …” The scope of this particular legal framework has been correctly appreciated by the Sala Constitucional itself in vote No. 2007-018483 at 6:00 p.m. on December 19, 2007, in which the special case of this state tourism development is clearly outlined: “VII.- EXCEPTIONAL OR SPECIAL ADMINISTRATIVE LEGAL REGIME OF THE PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO. SPECIFIC REGIME OF USE OR EXPLOITATION OF DEMANIAL ASSETS. The Proyecto Turístico Golfo de Papagayo has been subject to a special administrative legal regime, thus Law No. 6370 of September 3, 1979, declared the Proyecto Turístico de Bahía Culebra or Papagayo of public interest. Article 1 of that law provides that the acquisition of real estate, complete properties, portions, rights, or legitimate patrimonial interests that, by their location, are necessary to carry out and execute the tourism project is of public utility, with the latter comprising, within the coordinates that delimit it, the maritime zone of the Pacific coast. For voluntary acquisitions or by expropriation, the Instituto Costarricense de Turismo was authorized (articles 2 to 5). For its part, the Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 of June 4, 1982, subjects it to an intense exceptional public regime, due to the strategic importance of the project for national tourism development, in which the registration of the lands in the name of the Instituto Costarricense de Turismo and a series of promotional measures for its development are foreseen. Specifically, Article 12 and following establishes the regime of exploitation of the project by private individuals. Thus, ordinal 12 indicates that the ICT Board of Directors “(…) may grant concessions (concesiones) on the use of the project lands in the area destined for it (…)”, for their part, articles 13, 14, and 15 foresee, respectively, the figures of cancellation, extinction, and rescate of the concession (concesión). On the other hand, through infralegal regulations, the figure of the concession is emphasized, thus, by way of example, Decreto Ejecutivo No. 22489-MP-J-TUR of September 2, 1992 created the Registro de Concesiones of the Proyecto Turístico de Golfo de Papagayo in Bahía de Culebra, as a Section of the Registro General de Concesiones of the Registro Público de la Propiedad of the Registro Nacional. Based on the foregoing, it is sufficiently clear that the regime of use by private individuals, foreseen by the legal regulations governing the Golfo de Papagayo tourism project, is clearly exclusionary, thereby excluding common and general use by any other person, all through the figure of the concession (concesión) that grants the concessionaire (concesionario) administrative real rights.” (…) IX. (…) Take into consideration that Law No. 6758 of June 4, 1982, exclusively granted the Instituto Costarricense de Turismo – through an executing office, its Consejo Director, the Director Ejecutivo, and the Board of Directors of the entity – the competence to develop and execute the Golfo de Papagayo tourism project (Article 1)… it is necessary to indicate that Law No. 6758 of June 4, 1982, grants the administration and management of the Proyecto Turístico Papagayo to a public entity of national competence such as the ICT, so it is an exceptional or special regime compared to that contemplated in the Ley de la Zona Marítimo-Terrestre...” Both the cited legislation and the constitutional vote make it clear that Law 6758 is a special legal regime created for the development of a TOURISM PROJECT and, therefore, in the area of territorial competence, the administration is exclusively conferred to the ICT. Additionally, the legislature provided that this special administration be granted to the ICT even with respect to the so-called maritime zone, an affirmation that is supported by Article 1 of Law 6370, as well as by the Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, which expressly in Article 25 recognizes the competence of the ICT within the PTGP area to grant concessions (concesiones), for the purpose of building, administering, and operating the terrestrial and maritime facilities of tourist marinas and docks that are erected in the public zone and in the areas permanently covered by the sea. In view of the foregoing, there is no doubt that the competence for the administration of the Tourism Project, in its entirety, rests with the ICT, as a public entity in charge of overseeing tourism activity at the national level, it being reasonable that establishing the terms and conditions under which tourism projects will be developed (Article 12 Law 6758) is a competence of the ICT and not of any other state entity or institution. It is not omitted to indicate that the respect for specific competences of other institutions must always prevail, for example, municipalities for the approval of construction plans, SETENA with the granting of environmental viability (viabilidad ambiental), etc., and the special and exceptional regime to carry out the development of the Golfo de Papagayo tourism project exclusively designates the administration of this publicly owned area to the Instituto Costarricense de Turismo. Therefore, considering that the administration powers that the ICT holds over the PTGP will be diminished or eliminated due to the inherent characteristics of the lands that make up said polo would be contrary to the spirit of the legislator, who, from the beginning, provided that the development of the project would be for a general tourism use, being a project of public interest for the country and the Guanacaste zone. The foregoing has already occurred within the PTGP, but it was the legislature itself who extracted a part of the PTGP area to grant its administration to SINAC itself, which is the case of the Refugio de Vida Silvestre Iguanita, created by Law 8731 of July 3, 2009, called “Creation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita to strengthen the protection of the terrestrial and marine ecosystems of the zone and the maintenance of the tradition of popular use of Playa Iguanita,” where it was provided: “ARTICLE 2.- Administration of the refuge The administration, protection, and management of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita shall correspond to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, of the Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), through the Área de Conservación Tempisque, in accordance with Article 22 of the Ley de biodiversidad, No. 7788, of April 30, 1998, and its amendments. The Instituto Costarricense de Turismo (ICT) is authorized to transfer to Minae, as of the publication of this Law, the section of land of the zona marítimo-terrestre, comprised within the Refuge, for its administration, protection, management, and development, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Public Administration institutions, public companies, and municipalities are authorized to donate financial and material resources to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, for the achievement of the objectives of this Law.” Prior to the enactment of Law 8731, some considerations were made by the Procuraduría General de la República that are important to note as background and to have a better understanding of the legal power of administration that the ICT holds over the PTGP. In opinion C-210-2002, it is extracted: “In order of public ownership and administration powers, the guardianship of the areas of the Proyecto de Papagayo is the responsibility of the ICT, an entity that must employ the means or mechanisms provided by the legal system to protect the assets, conserve them, and adopt the necessary actions to avoid damage to their natural conditions (opinion C-171-93, C-028-94, C-106-95, and C-151-97). The Oficina Ejecutora of the Project, created by the ICT itself, is the one that has the powers to administer and control the development of the Project (Law 6758, art. 9). The powers of administration exercised by the ICT within the area of the Proyecto Turístico de Papagayo, we have said, are subject to the singular competences that other administrative bodies or entities may have in special matters or the guardianship and management of natural resources or cultural heritage assets of national patrimony. This would be the case of duly created protected state wilderness areas, objects of the National Archaeological Heritage, minerals – metallic and non-metallic –, forest matters, public roads, and constructions, a competence retained by the Municipalities of Liberia and Carrillo, but for the sake of planned development of the zone and consistent with the assigned tourism purposes, it is subordinated to the directives of the concession (concesión), authorizations, and prior guidelines issued by the ICT, in accordance with the Law, and to the observance of additional requirements. In the area destined for the development of the Tourism Project, the planned works must conform to the Plan Maestro approved by the ICT (Law 6758, art. 2. Opinions C-006-88, C-173-93, C-028-94, C-181-94, C-106-95, C-151-97, C-080-98, and O. Nombre02.-018-2002). On cultural heritage, cf.: Nombre03: New data on the archaeology of Bahía Culebra. Guanacaste. Gutiérrez G. Maritza. The ichthyofauna of the archaeological site Nacascolo, Bahía Culebra. Both in the journal Vínculos No. 22, pg. 37 ff and 157 ff. In La República of June 12, 1995, pg. 6A: 60 archaeological sites. Nacascolo, indigenous zone). In attention to the impact they produce, Law 6043, arts. 57, subsection e), in connection with 3, in fine, 68, final paragraph, and 93 of its Regulation, prohibits extractive or mining activities in tourist zones. The regulations of the Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo are special, without this constituting an exceptional regime against the rest of the legal system in force, which remains applicable, insofar as it is compatible. As long as it does not conflict with the former, the legislation on the zona marítimo terrestre persists (C-171-93, C-106-95, and C-151-97). (…) IV.4) INADMISSIBILITY OF CHANGING THE AFFECTATION OF THE LANDS IN THE AREA DESTINED FOR THE PROYECTO TURÍSTICO PAPAGAYO BY DECREE. However, regardless of the defects that the Decree might have, it lacks the coverage to modify the legal affectation of the sector. In opinion C-028-94 we stated that \"the destination assigned by law to a public domain space can only be changed by legislative act, and that the use of the area destined for the Proyecto de Papagayo is tourism\". The previously indicated is reiterated, in the sense that it was the legislature itself that formulated and gave life to the PTGP Comprehensive Development Project; a project that, moreover, was declared of national convenience in accordance with Article 3 subsection m), 19 subsection b), 33, and 34 of the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, and Article 2 of Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE of October 17, 1996. The foregoing, as this is an internationally recognized model of sustainable tourism development, where the guidelines established in the Plan Maestro seek properly planned development, with environmental variables, low densities and coverages, adequate treatment of wastewater, among others. (Considerandos 5 and 6 of the cited Decree 33132.) The establishment of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo legally began through Law No. 6370 of September 3, 1979, which fulfills two fundamental objectives: geographically delimiting the area subject to tourism development and declaring the real estate necessary for its execution of public utility. In its numeral 1, this norm defines a specific portion of the Costa Rican Pacific coast —from Punta Cabuya in the north to one kilometer south of Punta Ballena— as the priority physical space to implement this state development plan. It constitutes part of the State's natural heritage, of an inalienable, imprescriptible, and public-use nature. The declaration of public utility has important legal-administrative significance. This figure, authorized by Article 45 of the Constitución Política and developed in the Ley General de Expropiaciones, allows the State to forcibly acquire private lands when there are superior public purposes. In this case, the public utility is justified not only in terms of tourism development as a national economic engine, but also by virtue of the need to plan land use in a territory that is highly sensitive due to its environmental and cultural richness. This affectation implies that the acquired assets must be used exclusively for the purposes established in the law, which reinforces their character as demanial assets, in accordance with Article 261 of the Código Civil. The foregoing is ratified by Article 10 of Law No. 6370, which provides that the acquired lands may only be used for the Tourism Development Project in Bahía Culebra, and that a special law must be issued for its execution in accordance with Article 3 of Law No. 5847. This provision anticipates the need for special regulations that legally structure the development of the project and clearly define the actors, competences, stages, conditions, and limits of the construction process. In this way, arbitrary or private use of the assets is avoided, and strict submission to the public interest that justifies them is guaranteed. That specific legislation materializes through Law No. 6758 of June 4, 1982, which establishes an exceptional legal regime applicable to the development of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. In its Article 1, the law affirms that its object is to regulate the development and execution of the Papagayo tourism project, to be carried out in Bahía Culebra, thus consolidating a specific public policy sustained by the legislator. Article 2 of said law imperatively states that “in the area destined for the development of this project, only the works provided for in the Plan Maestro must be carried out,” which must be approved by the Instituto Costarricense de Turismo (ICT). This precept has legal implications of great relevance, since it converts the Plan Maestro into a first-order normative control instrument, with binding force for all intervening actors, both public and private. The execution of works outside or incompatible with what is stipulated in the plan could be considered illegal or unconstitutional, by infringing the principle of legality (Article 11 of the Constitution) and distorting the use of the affected public good. The concept of Plan Maestro, as used in this law, falls within the doctrine of urban or territorial planning, as a manifestation of the State's ordering function over the land. This function responds to constitutional principles such as sustainability (art. 50 CP), the social and ecological function of property (art. 45 CP), and legal certainty (art. 11 CP).

Planning is not discretionary; rather, it constitutes a positive obligation of the State to rationalize land use and guide development in accordance with the general welfare, ecological balances, and the legitimate expectations of individuals. In this regard, specialized doctrine has pointed out, as Lorenzo Martínez Escudero states in his work Playas y Costas: Su Régimen Jurídico Administrativo, that all urban planning must attend to collective well-being through a balanced distribution of services, uses, and public access, without excluding any type of property, public or private. In the case of Proyecto Papagayo, this translates into a requirement for orderly, balanced, and fair development of the coastal public space, through rigid planning instruments, legally supported and subject to permanent technical evaluation. In fact, Article 2 of Ley N.° 6758 also provides for the issuance of technical standards by the ICT as part of the plan's regulation and execution process, which implies the exercise of a technical regulatory authority delegated to the governing body of national tourism. This regulatory design makes the ICT the primary guarantor of compliance with the Plan Maestro and the technical, environmental, and urban planning standards that must govern the entire process of construction, operation, and maintenance of tourism developments in the affected area.

From a factual perspective, it must be noted that this legislation did not arise in a vacuum. On the contrary, it is the result of regional technical studies promoted by the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) since 1965, which identified the Golfo de Papagayo as a priority zone for the development of international tourism in Central America. These technical inputs reinforced the justification for the declaration of public utility and the need for specific planning, and were subsequently incorporated into the technical inputs that underpinned the Plan Maestro approved by the ICT in 1995. In this way, the legislation on Papagayo creates a closed, hierarchical, and exceptional framework for territorial management, in which the application of the general norms of Costa Rican planning (such as Ley N.° 6043 on the ZMT) is partially excluded, to the extent they are incompatible with the special law. This has been reiterated by the Procuraduría General de la República in multiple opinions (C171-93, C-106-95, C-151-97), noting that the special regulations of Proyecto Papagayo constitute a valid exception regime within the legal system, without prejudice to the supplementary application of the common regime when there is no normative contradiction.

In conclusion, the legal sequence composed of laws N.° 6370 and 6758 forms a special public law regulatory framework, which responds to a strategic state development model, based on the rational use of coastal land, mandatory technical planning, the designation of public domain, and the stewardship of the ICT as the guarantor body of tourism and environmental interests. This regulation not only delimits the physical space of the project and regulates its execution, but also establishes public policy principles that condition any intervention, thus guaranteeing respect for legality, public patrimony, and the constitutional values of the Costa Rican social state of law. The foregoing also implies that the matter is one of mere legality. The honorable Sala Constitucional may observe that what is being questioned is linked to aspects of law, decrees, and regulations. The Costa Rican legal system clearly distinguishes between legality review, which refers to compliance with infra-constitutional norms (laws, regulations, decrees), and constitutionality review, which evaluates the conformity of norms or acts with the Constitución Política, especially with fundamental rights. In this sense, it is necessary to affirm that the actions of the Instituto Costarricense de Turismo (ICT) within the framework of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo are fully inserted in the sphere of administrative legality, as they consist of the application of a special law (Ley N.° 6370 of 1979), its reforms, complementary regulations, and the Plan Maestro approved for the development of said regime. The ICT executes powers expressly granted by the legislator through a special legal regime, which regulates aspects such as: the delimitation of the development area (Bahía Culebra and surrounding zones); the declaration of public utility, the general planning and concession of lands in the public domain, and coordination with other institutions for infrastructure execution. These functions are legally delimited, so their oversight corresponds, principally, to an analysis of legality, typical of administrative law, rather than to an abstract constitutionality judgment. Therefore, what is questioned in this appeal should be reviewed in the administrative litigation jurisdiction, if the appellant sees fit. In the event of challenges regarding a tourism concession, a zoning plan, or a land acquisition procedure, the appropriate review parameter would be that of compliance with the law and regulations, which can be analyzed by the administrative litigation jurisdiction, and not by the Sala Constitucional, unless a direct violation of a fundamental right is demonstrated; an aspect not observed in this appeal. Thus, as long as the ICT's decisions are adopted within the normative framework that regulates the Papagayo regime and do not autonomously generate a constitutional injury, their analysis must be limited to legality review. There may be some statements by the appellant regarding violation of Article 50 of the Constitution, but they do not materialize into real situations. Furthermore, constitutionality operates as an external limit, not as a rule for ordinary review. It is true that environmental protection (Article 50 of the Constitution) can be subject to constitutionality review; however, this does not automatically make administrative acts adopted under a special tourism regime unconstitutional. Constitutional jurisprudence has been clear that a declaration of unconstitutionality or an amparo will only proceed when manifest, direct, and current environmental harm is verified, which does not occur simply by executing a tourism development in accordance with the law. In the case of the ICT, its actions are neither arbitrary nor discretionary, but legally regulated, subject to ordinary control mechanisms, internal audit, and environmental impact procedures, which guarantee compliance with the infra-constitutional legal order. Therefore, the ICT acts in accordance with the law and guarantees orderly development, and the design and execution of the Papagayo regime conform to norms previously established by the legislator and developed through regulations. The ICT has acted in accordance with the principle of legality (Article 11 of the Constitution), respecting the legal framework governing the granting of concessions, environmental conservation, and inter-institutional coordination. Consequently, any assessment of its decisions must be carried out from the perspective of their conformity to legality, without being confused with questions of constitutional substance, except in extreme cases that compromise fundamental rights, which does not arise in the ordinary operation of the exception regime.

The challenged actions of the ICT within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo are framed strictly within legality review, as they are executed in accordance with Ley N.° 6370 and other applicable regulations. In principle, no constitutionality conflicts arise, given that the Institute fulfills its duty to act under the law, promote orderly development, and respect environmental standards. Any analysis of the Papagayo regime must properly distinguish between an administrative legal discussion and a true constitutional controversy, which in this case is not verified.

ON THE ASPECTS INDICATED IN THE FILED AMPARO APPEAL

The appellant provides a description and mixture of factual elements, legal norms, and aspects of another nature. They called all of this facts, which are analyzed:

FACTS

1- The Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 of June 4, 1982, clearly defines the objective of this unique development in Costa Rica. Article 1.- Through this law, the development and execution of the Papagayo tourism project, to be carried out in Bahía Culebra, province of Guanacaste, is regulated. The purpose is TOURISM. That is why its execution is entrusted, exclusively, to the Ministry of Tourism - ICT.

2- To clarify concepts and avoid confusion, we provide the definition of tourism, according to the UNWTO – World Tourism Organization. Concept of Tourism according to the World Tourism Organization: The UNWTO defines tourism as the activities that people carry out during their trips and stays in places other than their usual environment for a consecutive period of less than one year, for leisure, business, or other purposes. This definition highlights the diversity of tourism activities and their limited duration in places different from the place of residence. We highlight the basic components: TRIPS – LIMITED TIME – LEISURE – PLACE DIFFERENT FROM ONE'S RESIDENCE.

3- The selection of Bahía Culebra for the development of Proyecto Turístico Papagayo is due to its great natural wealth, forests, mangroves, wildlife, beaches, sea, a bay with a large population of corals and marine life, etc., etc. Affecting this wealth, the biological diversity, its forests, we believe is destroying the goose that lays the golden eggs.

4- Among the functions or services developed by the ICT, we find on its official website a long list: Tourism contracts; International fairs; Air ticket exemptions; Authorized lifeguards; Tour guides; Country brand; tourist information offices; tourist transport; brochures for tourists; beach atlas; lodging registry; handicrafts with identity; tourism declarations, among others. We do not find real estate development. But it turns out that now, there are projects concessioned by the ICT within the Proyecto Turístico de Papagayo that are intended to be used for subdivisions (lotificaciones) and residential plots for luxury villas. And the ICT authorizes RESIDENTIAL use, which IS NOT TOURISM, to a concessionaire of that project. We believe that the Ministry of Tourism contravenes its obligations and exceeds its legal limitations by engaging in promoting real estate activities of subdivisions and construction of private residences, on public lands administered by the ICT.

5- The above is contrary to Law 6754 and converts the lands owned by the STATE into an illegal use, a land business, plots, lots, a real estate development, housing, as if these were private lands. No lower-ranking norm can reform a law. In this case, Law 6754. By Directives or Decrees, they cannot change the objectives defined in the Law of the Proyecto Turístico de Papagayo. That objective is tourism.

6- We can document this fact by referring specifically to the case of LOTE 1 concessioned by the ICT, concession property 2168- Z- 000, cadastral map 5-1186670-2007, where the subdivision of 90 Villas of between 1,000 and 1,500 m2 each is contemplated. This appears in Oficio PGP0451-2024 dated June 14, 2024, signed by several officials of the ICT.

7- This modality of selling lots for villas is not contemplated in the original concession contract with the company, concession 2168- Z- 000. In passing, we note that the original contract should expire on August 3 of this year, 2025, without the company having fulfilled what it promised to do during this 20-year contract period.

8- The land concessioned in this act, LOTE 1 of 43 hectares with 6563.63 m2, is covered in forest, according to official documents. We provide Oficio SETENA-SG-0646-2025 of May 20, 2025, which states that according to the Geographic Information System source, the lote 1 analyzed here had a forest cover of 99% in the year 2000 and 98% in 2023. Regarding the specific case, it should be noted that as stated in the Documento de Evaluación Ambiental D1-0170-2021-SETENA, "...it is noted that in the project area different types of vegetation cover are identified, including secondary forest, mature forest, and deciduous forest, according to the project's cadastral maps and FONAFIFO data. Additionally, these maps identify areas classified as Class VII: Forest Management, in cadastral documents 5-1186670-2007, which corresponds to LOTE 1 concession 2168- Z- 000.

9- The Ley Forestal N° 7575 of 1996 declares all forests located on lands owned by the State or its institutions as Patrimonio Natural del ESTADO and obliges us to protect them. Ley Forestal 7575 "ARTICLE 13.- Constitution and administration. The patrimonio natural del Estado shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony." The law does not except the ICT or Proyecto Papagayo from its compliance. The areas can be destined for ecotourism uses, where residents and international visitors can enjoy walks, wildlife sighting, camping, and other healthy, positive, and sustainable activities, in our forests.

10- That forest, Patrimonio Natural del ESTADO, represents for us an asset that all people who live in the area or who visit as tourists can enjoy. As well as the great variety of wildlife, birds, monkeys, raccoons, coatis, squirrels, iguanas, and dozens of additional species present in the area. According to Ley Forestal N° 7575, forests located on lands owned by the STATE and its institutions are Patrimonio Natural del ESTADO. Therefore, those forests must be preserved, according to that current law.

11- We present this AMPARO appeal against the destruction of the Playa Panamá forest, on lands that in this case are owned by the STATE, for NON-TOURIST USES. We oppose the simple traffic of goods and real estate businesses by the private concessionaire company. The concessionaire company is affecting, degrading the forest WITHOUT HAVING permits from SINAC – MINAE, with the knowledge and tolerance of the ICT.

12- The subdivision of 90 Villas of between 1,000 and 1,500 m2 each appears documented and detailed in Oficio PGP-0451-2004. The subdivision is not in the original concession contract signed by the ICT and is contrary to what was offered in the Public Tender process, awarded, and thus concessioned by the ICT. In advertising campaigns domestically and abroad, in Spanish and English, the company offers properties in its Bahía Papagayo project, without indicating that these are public lands, owned by the STATE, inalienable. We reiterate that the company has breached its contractual obligations in the first 20 years of the concession's term. The concession term expires according to the original contract on August 3, 2025.

13- It is noteworthy that the information used to support this appeal is based on documentation obtained from the ICT after an amparo appeal for omission of response, which the Sala Constitucional declared GRANTED, Exp: 25-004460-0007-CO Res. Nº 2025007129, at nine twenty hours on March seven, two thousand twenty-five, where it was ordered "within a term of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, that the appellant be provided with the entirety of the requested information."

14- The subdivision for the construction of luxury residential villas, on the concessioned property owned by the STATE, does not correspond to the Plan Maestro, which is mandatory, under Article 2 of Law 6754. Article 2.- In the area designated for the development of this project, only the works provided for in the Plan Maestro, approved by the Instituto Costarricense de Turismo, and all those works consistent with it, in accordance with the provisions of this law and in accordance with the technical standards that this Institute issues for that purpose, may be carried out. (highlighting not in original)

15- We must highlight that the current Plan Maestro, with its details on land uses, zoning density, and specifications for the development of Proyecto Papagayo, has not been obtainable from the ICT. They only provided us with its Regulation. We request that this document, duly certified, be provided in the response of the respondents here, with special detail of the area in question at Playa Panamá. Having the current Plan Maestro at hand, with all the inputs, technical studies, and definitions, is essential for the resolution of this amparo, to verify whether what is challenged here complies or not with what is indicated in Law 6754. In the event the mentioned document is absent, let it be confirmed that the ICT violates Law 6754 of Proyecto Papagayo itself.

16- The residents settled in Playa Panamá bought private properties near Papagayo, outside the state-owned property area, and built our homes, attracted by the natural and scenic beauties provided by its forests and beaches. We seek tranquility and nature. We feel affected, attacked, hurt, and annoyed by the intention to destroy and eliminate the forests we so love and enjoy. We do not want them to destroy the biological corridor of the monkeys and other animals we know and help protect. We defend that same right on behalf of the national and international visitors who visit us. And on behalf of all the inhabitants of Costa Rica today and in the future, to whom those STATE lands administered by the ICT belong. Therefore, emotionally, but also legally, we do not want our quality of life to be affected, or the environment in which we chose to live to be destroyed. Trusting in Costa Rica's legal certainty, in respect for current laws, we feel justified in presenting this amparo appeal and trust in receiving fair treatment.

RESPONSE TO THE FACTS BY THE ICT

1- The Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 of June 4, 1982, clearly defines the objective of this unique development in Costa Rica. Article 1.- Through this law, the development and execution of the Papagayo tourism project, to be carried out in Bahía Culebra, province of Guanacaste, is regulated. The purpose is TOURISM. That is why its execution is entrusted, exclusively, to the Ministry of Tourism - ICT. Response: It is not a fact; it is a legal norm, and as such it is true.

2- To clarify concepts and avoid confusion, we provide the definition of tourism, according to the UNWTO – World Tourism Organization. Concept of Tourism according to the World Tourism Organization: The UNWTO defines tourism as the activities that people carry out during their trips and stays in places other than their usual environment for a consecutive period of less than one year, for leisure, business, or other purposes. This definition highlights the diversity of tourism activities and their limited duration in places different from the place of residence. We highlight the basic components: TRIPS – LIMITED TIME – LEISURE – PLACE DIFFERENT FROM ONE'S RESIDENCE. Response: They use a definition taken out of context, since the very same page analyzes tourism as a phenomenon with many facets. It is not technically true that the ICT is in charge of Proyecto Turístico Papagayo based on the definition of "tourism purpose"; rather, it is by decision of the legislator, which is clearly expressed in Articles 9, 10, 11, and 12 of Law 6758, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. For an adequate approach to the tourism phenomenon from a legal and normative perspective, it is essential to refer to the different doctrinal approaches developed by specialized authors, whose definitions allow for the identification of the plurality of elements that comprise this human activity. Tourism, as a social, economic, and cultural phenomenon, does not admit a single definition; rather, its conceptualization varies according to the context in which it is analyzed, as well as the legal, economic, and political interests to be protected. From a general perspective, it can be affirmed that tourism constitutes a complex and multi-causal activity, involving the temporary and voluntary displacement of people outside their usual place of residence, for non-profit purposes and for various reasons: leisure, business, culture, health, religion, among others. This notion implies, legally, the concurrence of subjects, rights, and legal relationships that demand regulation in matters of services, consumer protection, environmental sustainability, territorial planning, among other areas of Law. Various doctrinal sources have contributed to the formation of a holistic vision of tourism. For example, the definition of the World Tourism Organization (UNWTO) emphasizes the temporary displacement of people and the multiplicity of purposes that motivate said movement, highlighting its non-permanent character and its close connection with economic sectors such as transportation, hotels, food, and entertainment. This approach allows tourism to be situated within a service provision structure that generates contractual obligations, environmental externalities, and redistributive effects that must be considered by the legislator and the public administrator. The foregoing in no way implies the impossibility of including the existence of tourist residences within the concept. Meanwhile, Nombre04 and Nombre05 conceptualize it as a set of relationships and phenomena resulting from the movement and stay of persons, provided there is no direct for-profit motivation. This more sociological definition allows for the understanding of tourism as a practice of cultural and human interaction that generates social externalities, and therefore, poses normative challenges regarding inclusion, community participation, and respect for the cultural identity of receiving territories. In Costa Rica, very closely linked to CST. In turn, Muñoz Oñate introduces an economic perspective by describing tourism as an organized industry to satisfy the traveler's needs. This approach reinforces the importance of regulatory design to guarantee quality, safety, and responsibility in the provision of tourism services, aspects that must be included in regulatory frameworks such as tourism laws, technical regulations, and quality standards; aspects that are taken into account when regulating matters pertinent to the Project in Papagayo. In this sense, the Costa Rican legislator chose to create an exceptional legal regime through Ley N.º 6370, which recognizes the national public interest in the tourism development of the Golfo de Papagayo region. This regime establishes a special development zone, territorially delimited, within which the Instituto Costarricense de Turismo (ICT) is empowered to acquire lands through administrative means, plan, and concession tourism projects under a public law scheme, in coordination with the state tourism development company created for that purpose. It is clearly special. Nombre06, on the other hand, approaches tourism from a market logic, as a system of supply and demand for tourism products and services. This vision has profound legal implications regarding competition regulation, consumer protection, sector taxation, and the promotion of foreign or national investment, which requires a coherent legal framework that balances the public and private interests involved; as is the project in Bahía Culebra. Even lexicographical definitions, such as that of the Real Academia Española (RAE), allow for the identification of essential components of the tourism phenomenon—such as the motivation for displacement, the means that make it possible, and the collective that exercises it—all of which are susceptible to generating legal relationships that must be regulated to prevent abuses, guarantee rights, and promote the sustainable development of the sector. In summary, tourism, beyond being a mere economic or recreational activity, constitutes a relevant legal phenomenon, in that it originates multiple legal relationships between individuals, as well as between them and the public administration. Hence the importance of having modern, comprehensive, and coherent legal frameworks that address tourism as a strategic activity of public interest, subject to special regulation, especially when it is carried out on territories with patrimonial, environmental, or cultural value, or under particular legal regimes, such as the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. From a legal perspective, in the Costa Rican context, this reality has been recognized through various normative bodies, including special laws such as Ley N.º 6370 of September 3, 1979, which creates the exceptional regime of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. In summary, the doctrinal analysis of tourism legally supports the existence of exception regimes like that of the Proyecto Golfo de Papagayo. Said regime does not constitute a mere legislative anomaly, but a strategic response of the Costa Rican legal system to guarantee the rational and sustained use of a tourism resource of national interest, under technical, social, and environmental parameters. See along the same lines the following page: (Dirección02/que-es-el-turismo-definicionesturisticas/#:~:text=OMT%20definici%C3%B3n%20de%20turismo,- La%20OMT%20define&text=Diversidad%20de%20prop%C3%B3sitos:%20La%20 OMT,gama%20de%20experiencias%20y%20necesidades.)

3- The selection of Bahía Culebra for the development of Proyecto Turístico Papagayo is due to its great natural wealth, forests, mangroves, wildlife, beaches, sea, a bay with a large population of corals and marine life, etc., etc. Affecting this wealth, the biological diversity, its forests, we believe is destroying the goose that lays the golden eggs. Response: It is true, but in some ways biased. The selection of the area for the development of the Tourism Project began in 1964 when the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) devised a policy aimed at promoting tourism development in the Central American area, identifying zones suitable for equipping in order to promote tourism development. In 1972, as a result of a study conducted by the firm TECNIBERIA, contracted by the Banco Centroamericano de Integración Económica to assess the tourism potential of Central America, Bahía Culebra was highlighted as the zone of greatest tourism potential on the Isthmus for its scenic and cultural wealth, to create a top-tier tourism hub. Then in 1978, the Economic and Financial Feasibility Study, Plan Maestro, and Preliminary Designs of the Tourism Project in Bahía Culebra were contracted, prepared by BEL Ingeniería, CEISA, Madriz Mezerville & Asociados, Checohi & Co. Among the initial objectives was to achieve an attraction for mass vacation-style international tourism, to adapt the structure to the typology of current tourism to adjust the offer to the aforementioned purpose, and to exploit the region's natural tourism resources, with the aim of giving Central America a tourism image with which it could compete in an international market, avoiding investments with low profitability. Therefore, it is true that Bahía Culebra, due to its scenic and cultural wealth, was chosen to develop a tourism project, but the initial goal was to use it for attracting mass vacation-style international tourism, by means of what is now known as Sustainable Development, which can be reflected in the various texts of the Plan Maestro Regular of Polo Turístico Golfo de Papagayo. The selection of Bahía Culebra as the nucleus for tourism development under the exception regime established by Ley N.° 6370 responds to a technical and strategic assessment that recognizes the high environmental, scenic, and ecological value of this coastal-marine zone. Mangroves, coral reefs, tropical dry forests, beaches, and notable biodiversity make this region a privileged enclave for high-value-added sustainable tourism, which underpins its declaration of public interest. In this regard, the Instituto Costarricense de Turismo (ICT) has acted in strict adherence to the constitutional principle of environmental sustainability, enshrined in Article 50 of the Constitución Política, and to current environmental regulations. Since the creation of the special regime, the ICT has oriented its actions towards orderly, planned development that is respectful of the natural environment, as provided by Ley N.° 6370 and its regulatory norms, including the Plan Maestro of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.

Contrary to any perception of a threat to the biodiversity of Bahía Culebra, the ICT has promoted rational tourist use of the territory, guaranteeing the conservation of the natural resources that give value and viability to the project. In coordination with other State authorities and through the use of territorial planning tools, the Institute has delimited protection zones, applied carrying capacity criteria, promoted clean technologies, and required compliance with environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) as a condition for granting concessions or executing tourist infrastructure. In this way, the ICT has recognized that the natural wealth of Bahía Culebra represents not only an ecological asset, but also the structural pillar of the tourism development model adopted in the Polo Turístico Golfo de Papagayo. Far from allowing its destruction, the Institute has implemented regulation and control mechanisms that ensure that human interventions are carried out with respect for the environment and for the benefit of the public interest. The metaphor of "the goose that laid the golden eggs" is not alien to the institutionality: it constitutes, in fact, a technical conviction that has guided the ICT's public policy in this matter. Consequently, the Institute has applied reinforced protection criteria and has promoted environmentally compatible tourism development models with these superior legal values. The appellant's claim is unfounded, because it is not true that development in the Polo Turístico Golfo de Papagayo negatively affects biological wealth and forests, since the Regulation to the Master Plan (Reglamento al Plan Maestro), as well as the legal framework governing the Project, are designed to make tourism development compatible with conservation, seeking a balance that allows harmony with nature, as embodied in the guiding principles, in Article 3 of the Regulation to the General Master Plan which literally cites; Article 3: The guiding principles of tourism development of the Polo Turístico Golfo de Papagayo are framed within the current Legal System, the particular or special purposes that have been assigned to it by special legislation, the national and regional interests, particularly of the Province of Guanacaste, and within the principles of sustainable development in harmony with nature, which in turn entail tourism sustainability. Additionally, Article 5 of the aforementioned Regulation establishes the guidelines on design and construction within the Project, emphatically indicating that in the project designs, the principle of the concessionaire's (concesionario) responsibility to adhere to the general guidelines or master lines that pursue the public purpose established by the legislator, of an international quality tourism development, in direct relation to the characteristics of the region and the country where it is located, its cultural context and its archaeological heritage, as well as regarding the identified ecosystem of the zone, must prevail. In summary, the Papagayo Master Plan is a legal instrument that regulates development in the area through current regulations, which have been made known to the appellant; ensuring that it conforms to the objectives of sustainable development and territorial planning. Regarding the aforementioned plan, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) has stated: "Consequently, this binding nature of the Plan prevents it from being considered a simple technical directive. On the contrary, it is easy to conclude that the Master Plan, by exhaustively determining the works that may be carried out within the project area, does not do so as a simple recommendation or directive, but with the legal force characteristic of a coercive and mandatory provision; that is, of a norm. The review of the legislative file of Law No. 6758, on folios 31 and 103, leaves no doubt as to the effect: the legislator's intention was for the Master Plan to play a preponderant, normative role in the execution of the work, and for the project area to remain reserved exclusively for the development of tourist activities." (C-181-94 of November 23, 1994). Later, in opinion C-307-2020, the PGR indicates: "Articles 2 and 25 of Law 7744 provide that concessions requested within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo must be granted by the Instituto Costarricense de Turismo, in accordance with the Law Regulating the Development and Execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (No. 6758 of June 4, 1982). And, Article 77 of the Regulation to that Law establishes that Law 6758 shall be applied supplementarily for this purpose. The Proyecto Turístico de Papagayo, according to the provisions of Article 74 of Law 6043, constitutes a special regime, the operation of which is governed by the provisions of Law 6758 and its Regulation (Executive Decree No. 25439 of August 27, 1996). (See our opinions Nos. C-171-1993, C-028-1994, C-094-2000 and C-189-2003 and C-106-2018). Article 2 of Law 6758 establishes that only the works foreseen in the Master Plan, approved by the Instituto Costarricense de Turismo, and all works consistent therewith, according to the technical standards defined by the ICT, may be executed in said project. For its part, the Regulation to said Law provides that the Master Plan is the 'tool for land use control, through zoning and urban development planning approved by the ICT Board of Directors. It is a directive planning figure, insofar as it indicates the grand guidelines or master lines that are to guide and coordinate the urban or building regulation and land use of the Proyecto Turístico de Papagayo, within the established legal limitations, in harmony with the natural and cultural environment, the nature of which, in addition to being technical, is of normative and mandatory scope.' The General Master Plan Regulation of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (approved by the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo, in ordinary session No. 4572, article 2, section VIII, of July 10, 1995) provides that said plan includes the regulation of land uses, zoning, road systems, densities, bases for site design, and general specifications for the project's development. In this regard, we have indicated that: 'In short, the Master Plan is a directive planning figure, insofar as it indicates the grand guidelines or master lines that are to guide and coordinate the urban or building regulation and land use of the Proyecto de Desarrollo Turístico de Papagayo, within the established legal limitations, in harmony with the natural and cultural environment. That is, a tool for planning that space, which encompasses two municipal territories and defines the most appropriate uses for the different zones that comprise it. Its effects - it was said - are those characteristic of urban planning: upon its publication, it binds private parties and state entities with jurisdiction over the affected territory, which must abide by its stipulations. In opinion C-181-94 it was stated that the Master Plan of the Proyecto Turístico de Papagayo has a binding and indicative character regarding the works that may be carried out, under the criteria of a reasonable and balanced tourist exploitation of the environment.' (In the same vein, cf. vote 6107-95 of the SALA CONSTITUCIONAL). (Legal Opinion No. OJ-074-2003 of May 14, 2003). It should be noted that, since the Polo Turístico Golfo de Papagayo is an exceptional regime, both legally and administratively, the special legal and technical regulations, in the terms established in the planning instrument which is the Master Plan, already govern the obligations of the concessionaires (developers) within their concession area and towards the community (Corporate Social Responsibility policies). Thus, the concessionaires of Papagayo, in compliance with the special regulations, have certain obligations that other concessionaires do not have, such as in the Zona Marítimo Terrestre, as is the case with the adjustment of their projects to more rigorous environmental standards, which is another technical standard that the aforementioned master plan contains, such as, for example, the respect for the 70% of areas that must not be intervened. In conclusion, the ICT has fully complied with its role as the governing body of tourism, guaranteeing an adequate balance between economic development and the protection of the ecosystems of Bahía Culebra. Its actions have been based on legality, technical criteria, and a commitment to responsible tourism, which not only conserves natural resources but converts them into the foundation of a sustainable, replicable, and legally sound tourism model. 4- Among the functions or services performed by the ICT, we find on its official website a long list: Tourism contracts; International fairs; Airline ticket exemptions; Authorized lifeguards; Tourist guides; Country brand; tourist information offices; tourist transport; brochures for tourists; beach atlas; lodging registry; crafts with identity; tourism declaration, among others. We do not find real estate development. But it turns out that now, there are projects concessioned by the ICT within the Proyecto Turístico de Papagayo, which are intended for notifications and Response to statements 4 and 5: It is clarified that there is no Ministry of Tourism in Costa Rica, so it cannot be true that said "ministry" promotes real estate activities for the construction of private residences on land managed by the ICT. Regarding the management of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo on concessions granted in the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo for the development of tourist residences, the foregoing is reiterated. The appellant is incorrect in his statements, as it is not true that within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo there exist approvals for the development of non-tourist residences; in fact, the appellant is confusing, and consequently generating an inadequate interpretation of, the regulations governing the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. First, it is clarified that Articles 1 and 2 of Law No. 6758, in conjunction with the rest of the norms specific to the special Legal System of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, define the establishment of a special and specific action framework for the Proyecto Turístico de Papagayo. With said regulations, the State's intention to plan the area's development in a coercive and binding manner for private parties is clearly evident. The Law indicates that ONLY the Project will be developed in the area, and it will be developed according to the Master Plan approved by the ICT and in accordance with the technical standards that said Institute issues to that effect; therefore, there are no legally admissible alternatives other than those established by the Plan, which is also a tool for the control and regulation of land use, zoning, road systems, densities, plot coverage ratio (coeficiente de ocupación de superficie, COS), also known as "coverage," as well as the bases for site design and general specifications for the project's development and its urban development planning. As previously indicated, but reiterated, this Master Plan is a directive planning figure, insofar as it indicates the guiding principles, the general directives, and the master lines that are to guide and regulate city or building planning and land use of the Proyecto Turístico Golfo Papagayo; all within the applicable legal limitations and the nature of which, in addition to being technical, is of normative and mandatory scope. Among the land uses established by said plan, the figure of "Tourist Residences" is contemplated, a concept that goes far beyond a simple dwelling, corresponding to a type of accommodation that satisfies a specific demand within the tourism market and contributes significant value to the destination. These units may be physically and operationally integrated into the hotel complex, sharing infrastructure, personnel, reservation, and marketing systems. From the perspective of a guest or a developer, they are extensions of the main hotel product, or they may be associated with the constitution of tourist residence condominiums, which will be administered by the corresponding Condominium Administrator. This type of tourist residence offers longer stays, increasing the tourist's length of stay at the destination, which directly translates into greater spending in the local economy (restaurants, tours, shops, services). This is a key objective of tourism development, not only for the Polo Turístico Golfo de Papagayo but for the country as a destination in its different tourist areas, as can be verified in the regulatory plans (planes reguladores) of the different coastal zones of the country; plans that, incidentally, also contemplate a residential and even housing use within the areas declared tourist zones, Article 57, subsection a), point 3 of the regulation to the Law on the Zona Marítimo Terrestre, (Executive Decree 7841 of 12-16-1977). In the specific case of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, the possibility of concessions for tourist residential use is clearly established, and for the sake of achieving the public purpose pursued by the Polo Turístico Golfo de Papagayo, execution deadlines were established (Article 17, Decree 25439-MP-TUR). In addition to the above, lodging services with complementary activities such as the rental of residences or villas, or the activity of non-traditional lodging services, are tourist activities already duly regulated in the general regulations on tourism. Furthermore, the limitations on the design and construction of tourist projects established in the PTGP Master Plan apply equally, regardless of whether they are lodging or residential housing units (Master Plan Regulation Article 5.) Having said the above, it is not true that concessions have been granted within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo that do not correspond to the land uses established within the General Master Plan; all those projects that consider the development of tourist residences adhere to what is regulated within this normative figure, and it is also not true that the ICT Board of Directors has granted residential concessions for NON-TOURIST use. The Proyecto Turístico Golfo de Papagayo is regulated by a special legal regime, mainly contained in: Law No. 6370 of September 3, 1979; executive decrees issued in development of said law; the Project Master Plan, as a technical-normative planning instrument; general administrative regulations (General Public Administration Law, Administrative Contracting Law, environmental and territorial planning regulations). This regime grants the ICT powers of planning, administration, concession, and regulation of land use in a delimited area of the Golfo de Papagayo, including both the tourist infrastructure and the complementary equipment necessary to guarantee its operation and sustainability. Therefore, tourist residential use as a legal and planned component of the development model is valid. Contrary to what was stated, tourist residential use is expressly contemplated within the Project regime and forms part of an integral development model based on the diversification of the tourism offer. The Master Plan, approved in accordance with the current legal framework, establishes specific zones for this type of use, which allows the construction of: tourist villas; temporary occupancy condominiums; private residences for vacation or long-stay use. For its part, Articles 1 and 2 of Law No. 6758, in conjunction with the rest of the norms specific to the special sectoral Legal System of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, define the establishment of a special and specific action framework for the Proyecto Turístico de Papagayo. With said regulations, the State's intention to plan the area's development in a coercive and binding manner for private parties is clearly evident. The Law indicates that ONLY the Project will be developed in the area, and it will be developed according to the Master Plan approved by the ICT and in accordance with the technical standards that said Institute issues to that effect; therefore, there are no legally admissible alternatives other than those established by the Plan. The planning figure called "master plan" is developed in Article 2, subsection h) of the Regulation to Law 6758, which details its concept and scope: "h) Master Plan: Tool for the control and regulation of land use, zoning, road systems, densities, plot coverage ratio (COS), also known as 'coverage,' as well as the bases for site design and general specifications for the development of the project and its urban development planning, according to the 'General Master Plan Regulation of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo,' approved by the ICT Board of Directors, in Ordinary Session No. 4572, article 2, section VIII, held on July 10, 1995, and published in the Official Gazette La Gaceta No. 140 of July 24, 1995, and its amendments. The Master Plan is a directive planning figure, insofar as it indicates the guiding principles, the general directives, and the master lines that are to guide and regulate city or building planning and land use of the Proyecto Turístico Golfo Papagayo; all within the applicable legal limitations and the nature of which, in addition to being technical, is of normative and mandatory scope." Regarding the master plan of the PTGP, the Attorney General's Office (PGR) has stated: "Consequently, this binding nature of the Plan prevents it from being considered a simple technical directive. On the contrary, it is easy to conclude that the Master Plan, by exhaustively determining the works that may be carried out within the project area, does not do so as a simple recommendation or directive, but with the legal force characteristic of a coercive and mandatory provision; that is, of a norm. The review of the legislative file of Law No. 6758, on folios 31 and 103, leaves no doubt as to the effect: the legislator's intention was for the Master Plan to play a preponderant, normative role in the execution of the work, and for the project area to remain reserved exclusively for the development of tourist activities." (C-181-94 of November 23, 1994). The PGR adds in the same pronouncement just cited: "In this regard, we find that the Master Plan constitutes an act of regulatory value. Therefore, it is necessary to examine to which body within the ICT the legal system has assigned the competence to issue regulations. Thus, Article 26 of Law No. 1917 provides, in relevant part: 'The Board of Directors shall have the following powers: (....). b) To dictate, enact, reform, and interpret the internal regulations necessary for the better development of the Institute's purposes; and to submit to the Executive Branch the regulations that require its approval. For the regulations and reforms issued by the Board of Directors to be valid, they must be published in the Official Gazette.' So, if it corresponds to the Entity's Board of Directors to regulate the internal activity of the entity and of those administered under a special subject relationship with the Institute, it must be concluded that this competence extends to the modification and repeal of the issued norms, even when this power has not been specifically established. (…). Therefore, it must be concluded that the Board of Directors has express competence to intervene directly in matters relating to the Proyecto Golfo de Papagayo, regulating it originally through the issuance of the Master Plan, that is, through amendments to the Plan." In complete harmony with the provisions of the Law for the Creation of the Iguanita Refuge, the PTGP Master Plan itself provides: "b) Respect for protected areas within the Polo Turístico: The evaluation and identification process carried out by MINAE, within the area covered by the Polo Turístico, has made it possible to accurately determine the sites that require special attention from the Executing Office because they are protected areas, as recognized under environmental legislation. Particularly notable is the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Playa Iguanita, located on the Península de Nacascolo, according to Law No. 8731 of July 3, 2009, published in La Gaceta No. 159 of August 17, 2009, as it is considered primary forest, dry tropical forest, which includes a mangrove, the administration, protection, and management of which is the responsibility of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, of the Ministerio de Ambiente y Energía(*) (MINAE)(*), through the Área de Conservación Tempisque, which is responsible for preparing the management plan for the National Refuge, without prejudice to the provisions of Law No. 6758 of June 22, 1982." It should be noted that, since the Polo Turístico Golfo de Papagayo is an exceptional regime, both legally and administratively, the special legal and technical regulations, in the terms established in the planning instrument which is the Master Plan, already establish the obligations of the concessionaires (developers) within their concession area and towards the community (Corporate Social Responsibility policies). Thus, the concessionaires of Papagayo, in compliance with the special regulations, have certain obligations that other concessionaires do not have, such as in the Zona Marítimo Terrestre. The adjustment of their projects to more rigorous environmental standards is another technical standard that the aforementioned master plan contains, such as, for example, the respect for the 70% of areas that must not be intervened. In this regard, Article 5 of the Regulation to the Master Plan provides: "5.1 On the design and construction of tourist projects a) Subordination of the tourist project design: All designs of the tourist projects that the concessionaires intend to carry out are subject to the guidelines and regulations established by this Regulation and the General Master Plan, as well as the regulations issued by the ICT in its complement, with the Executing Office responsible for ensuring that such designs comply with these guidelines, regulations, technical feasibility, as well as the opportunity and advisability of the projects submitted for its approval, with the objective of preserving the tourist purpose granted by its special law. In the project designs, the principle of the concessionaire's responsibility to adhere to the general guidelines or master lines that pursue the public purpose established by the legislator, of an international quality tourism development, in direct relation to the characteristics of the region and the country where it is located, its cultural context and its archaeological heritage, as well as regarding the identified ecosystem of the zone, must prevail." The foregoing denotes that the concessionaires of Papagayo have obligations beyond those established for concessionaires in the rest of the coastal zones, by virtue of the special nature of the purpose granted by the legislator to the Project areas, which makes the development intention much more restrictive. This is because the Polo Turístico Golfo de Papagayo, as previously indicated, despite the fact that the vast majority of its land was used for cattle ranching, was born as an initiative to establish a policy to promote tourism in the Central American region, in areas that, until that time, were undeveloped, which despite their characteristics, were envisioned as suitable for those purposes and which at that time needed that economic and social boost. By virtue of the circumstances of the time, the "Bahía Culebra" Project, as it was originally called, had to have elements and conditions that would constitute an incentive for the specific investment sought, to truly create a first-class Polo Turístico, within areas that until then lacked any development. Now, extracting areas administered by the ICT (unless by law of the Republic) would generate legal uncertainty for investors who already have agreed-upon development projects and on which investments have been made for the execution of their concession contract. These typologies do not constitute speculative real estate developments, but rather correspond to a category recognized as residential tourism, as defined in doctrine, international practice, and national jurisprudence. Thus, the authorization of projects with a residential component by the ICT is based on: 1- The legal power to regulate land use within the concessioned area, pursuant to Article 1 of Law No. 6370. 2- The existence of tourist residential zones duly delimited in the Master Plan, approved by formal administrative act. 3- The incorporation of these uses in the regulatory norms governing the regime (e.g., Executive Decree No. 32001-MP-TUR, among others). 4- The existence of concessions subject to contractual conditions, terms, payments, and oversight, without transfer of public domain. At the administrative level, the Contraloría General de la República and the Procuraduría General de la República have recognized the planned nature of the Papagayo regime and the need to interpret its provisions within the special context of its framework law. The lands subject to concession within the Project remain public domain assets under the ICT's administration. Concessions for tourist residential use do not imply alienation but rather a special legal regime that contemplates limited, temporary rights subject to conditions, which does not denature the public domain nor constitutes private real estate activity in the strict sense. Likewise, the ICT does not act outside its competence but operates within the limits established by law, with technical criteria, and with the proper inter-institutional coordination, including SETENA, MINAE, municipalities, and other bodies when applicable. The ICT does not promote private real estate activities unrelated to its purposes, nor does it exceed its functions; on the other hand, it is the responsibility of each concessionaire to carry out its own promotional activities for the tourist project; in any case, the development of the project and a future transfer to a third party through the figure of assignment are legal acts that must have the approval of the ICT Board of Directors. Concessions for tourist residential use fall within the legal, planned, and sustainable development model established by the Papagayo regime, pursuant to Law No. 6370, its regulation, and the current Master Plan. Their granting and regulation constitute acts inherent to the control of administrative legality, and not configurations contrary to the constitutionality block. Any contrary interpretation disregards the nature of the special regime approved by the legislator and could lead to a partial and legally unfounded reading of the ICT's legal functions. These questions regarding the ICT's conduct, as established by the Sala Constitucional in the precedents we detailed above, require a detailed review of the ICT's actions regarding its duties and obligations, as it can be observed that, in the appellant's opinion, it is believed to have been acting in contravention thereof, and for this, evidence must be examined to define whether the alleged "lotificación" to which the appellant alludes truly exists and which is what apparently leads him to the conclusion of the ICT's non-compliance. It is reiterated, a tourist project could be for future partial assignments in favor of third parties, legal acts that must be consistent with the concessionaire's development plan. In any case, the foregoing analysis is not appropriate for an amparo proceeding, as the Sala has developed and made clear for a long time, but rather falls under the jurisdiction of ordinary legality review, as it requires the review of administrative conduct. 6- We can document this fact by referring specifically to the case of LOTE 1, concessioned by the ICT, concession lot 2168-Z-000, cadastral map 5-1186670-2007, where the subdivision (lotificación) of 90 Villas of more than between 1,000 and 1,500 m2 each is contemplated. This appears in Official Letter PGP0451-2024 dated June 14, 2024, signed by several ICT officials. 7- This modality of selling lots for villas is not contemplated in the original concession contract to the company. concession 2168-Z-000. Incidentally, we point out that the original contract should expire on August 3rd of this year, 2025, without the company having fulfilled what it promised to do during this 20-year contract period.

Response to these two aspects: The appellant is incorrect, since every concession in the Polo Turístico Golfo de Papagayo has been granted in accordance with the tourism purpose (fin turístico) indicated by the regulations, not only in Law 6758 but also in the Regulation to said law, in whose Article 2, subsection q) the concept of Tourism Purpose (Fin Turismo) is defined as: “It is the ultimate and supreme public purpose pursued by Law No. 6758, consisting of the productive tourism development of the Proyecto Turístico Golfo Papagayo, in harmony with the uses established in the Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo Papagayo.” Therefore, it is not true that there exists any directive or regulation that changes the tourism purpose of the project. Consequently, the land uses regulated by the General Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo are of a tourism nature; thus, when the land use indicates: Hotel area, Commercial area, Condohotel area, Residential area, Public camping and parking area, and other uses; it is implicit that these are of a tourism nature—that is the public purpose of the Proyecto Papagayo. As evidence of the foregoing, the registry consultation conducted at the Registro Nacional de Costa Rica is submitted; for the property with real folio registration number 5-2168-Z-000, it is observed that its registration states as “NATURE: LAND FOR THE DEVELOPMENT OF A TOURISM PROJECT IN PLAYA PANAMÁ,” which confirms that said parcel has as its purpose the development of a tourism project, exactly as indicated in the regulations, demonstrating that the appellant’s assertion is untrue. It is true that PGP-0451-2024 of June 14, 2024, corresponds to a technical opinion issued by two officials for the Executive Directorate recommending the approval of the cadastral plan for the property with real folio registration number 5-2168-Z-000, cadastral plan 5-52763-2023, for the submission of the property to the condominium property regime, as established in the corresponding regulations. What is not true is that said official communication indicates in any way that the project to be developed departs from the tourism purpose established by law, it being clear that in the respective comprehensiveness contract signed for the lands granted in concession to the company Enjoy Hotels & Resorts, S.A., where in the First Addendum to the Contract, clause six, it is indicated that the tourism project to be developed in Dirección03 consists of 240 hotel rooms and 967 of other uses, referring to rooms located under the modality of villas, time-shares, and tourism residences, among others. In addition, clause fourteen of the concession contract clearly indicates that, with prior approval of the ICT, total or partial transfers of the concession may be granted in accordance with the regulations of the Regulation to Law 6758; furthermore, it indicates that any total or partial transferee becomes a new concessionaire of the ICT. Specifically in the Regulation to Law 6758, Article 12 regulates the conditions for, among other things, the transfer of concession rights, stating verbatim: Article 12.- It corresponds to the Board of Directors to authorize the granting of concessions, modifications to the General Master Plan, total or partial transfers, segregation, all types of encumbrances, as well as transfers in fiduciary ownership of concessions, as well as the submission of the concession to a condominium regime, the transfer of concessions to investment fund management companies, and the corporate mergers of concessionaire legal entities by absorption resulting in a new concessionaire, land-use change (cambio de uso de suelo), density and coverage compensation, and in general any act affecting the administrative real right of the concession that requires modification of the concession contract. In those cases where the approved act requires its registry inscription, a prior technical and legal report shall be required. Every awardee of a concession, as well as in the case of extension or adjustment, must pay the concession fee to the ICT. Said value shall be adjusted following the procedure established in Point X. Procedure for Indexation of the Fee Value for granting, extension, or adjustment, of the Sole Annex of this Regulation. Acquirers by transfer or conveyance of a concession must demonstrate that they meet all the requirements to be concessionaires. In the case of partial or total transfers, or in the case of awardees in enforcement proceedings of guarantees constituted over concessions without interest in the development of the concession, they must accredit the requirements established in Point V) Requirements for Total or Partial Transfer of Concession, of the Sole Annex of this Regulation and Decreto Ejecutivo 29794-MP-TUR of August 30, 2001, called “Regulation of Real Guarantees Encumbering Concessions of the Polo Turístico Golfo Papagayo” published in La Gaceta No. 180 of September 19, 2001, and its amendments, respectively. It is thus clear that they question the scope of the bidding terms, as well as those of the contract in relation to the development of the project, and thereby submit for consideration and analysis by this Chamber the determination of that aspect; which evidently requires an analysis of legality and not of constitutionality. Likewise, they seek to have determined, via amparo, the breach of contractual obligations governing the concession, an aspect that does not fall within the jurisdiction of the Constitutional Chamber, as there is no violation of a fundamental right warranting the filing of an amparo appeal. These assertions undoubtedly require a detailed review of what is contemplated in the contract, what was promised by the concessionaire, and what has occurred during those 20 years of the contract in order to determine whether there are breaches as the appellant claims. Furthermore, a very ill-intentioned action by the appellant is noted, in also indicating that the concession term expires on August 3, 2025, when it suffices to access the public consultation system of the Registro Nacional where it can be verified that the concession term …”. “… 8- The land granted in concession in this act, LOTE 1 of 43 hectares with 6563.63 m², is covered by forest, according to official documents. We provide Official Communication SETENA-SG-0646-2025 of May 20, 2025, which states that according to the Geographic Information System source, the lot 1 analyzed here had a forest cover (cobertura boscosa) of 99% in the year 2000 and of 98% in 2023. In relation to the specific case, it must be observed that as recorded in the Environmental Assessment Document D1-0170-2021-SETENA, “…it is noted that in the project area different types of vegetation cover are identified, including secondary forest, mature forest, and deciduous forest, in accordance with the cadastral plans of the project and data from FONAFIFO. In addition, in said plans areas classified as Class VII: Forest Management are identified, in cadastral documents 5-1186670-2007, which corresponds to LOTE 1, concession 2168-Z-000. 9- Ley Forestal No. 7575 of 1996 declares all forests located on lands owned by the State or its institutions as Natural Heritage of the STATE and obliges us to protect them. Ley Forestal 7575 “ARTICLE 13.- Constitution and administration The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other agencies of the Public Administration, except for immovable properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets.” The law does not exempt the ICT or Proyecto Papagayo from compliance. The areas may be destined for ecotourism uses, where inhabitants and international visitors can enjoy walks, wildlife sighting, camping, and other healthy, positive, and sustainable activities in our forests. Response to these two aspects: As the appellant herself demonstrates with the evidence provided to the case file, there exists a nullity motion against the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted to the project that she herself filed before SETENA and which, to date, is pending resolution; therefore, the Constitutional Chamber cannot address the issue, given that its jurisdiction, as clearly delimited, is nonexistent when the matter is being ventilated before the administration itself, and she has expressly defined that, as we have already indicated, it will only address it when it is demonstrated that the administration did not attend to the complaint; a precondition that is not met in this case and which warrants the dismissal of the present amparo. 10-That forest, Natural Heritage of the STATE, represents for us a good that all people living in the area or those who visit as tourists can enjoy, as well as the great variety of wildlife, birds, monkeys, raccoons, coatis, squirrels, iguanas, and dozens of additional species present in the area. According to Ley Forestal No. 7575, forests located on lands owned by the STATE and its institutions are Natural Heritage of the STATE. Therefore, those forests must be preserved, according to that current law. 11- We file this AMPARO appeal against the destruction of the forest of Playa Panamá, on lands which in this case are owned by the STATE, for NON-TOURISM uses. We oppose the mere trafficking of goods and real estate businesses by the private concessionaire company. The concessionaire company is affecting, degrading the forest WITHOUT HAVING permits from SINAC – MINAE, in full view and with the tolerance of the ICT. 12-The subdivision (lotificación) of 90 Villas of more than between 1,000 and 1,500 m² each appears documented and detailed in Official Communication PGP-0451-2004. The subdivision is not in the original concession contract signed by the ICT and is contrary to what was offered in the Public Tender process, awarded and thus granted in concession by the ICT. In an advertising campaign domestically and abroad, in Spanish and English, the company offers properties in its Bahía Papagayo project, without indicating that these are public lands, owned by the STATE, inalienable. We reiterate that the company has breached its contractual obligations during the first 20 years of the concession’s validity. The concession term expires according to the original contract on August 3, 2025. 13-It should be emphasized that the information used to support this appeal is based on documentation obtained from the ICT after an amparo appeal for omission of response, which the Constitutional Chamber declared WITH MERIT, Case File 25-004460-0007-CO, Resolution No. 2025007129, at nine hours twenty minutes on March seven, two thousand twenty-five, wherein it was ordered “within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the appellant be provided with all the requested information.” 14-The subdivision for the construction of luxury residential villas on the property owned by the STATE, granted in concession, does not correspond to the Master Plan which is mandatory, pursuant to Article 2 of Law 6754. Article 2.- In the area destined for the development of this project, only the works provided for in the Master Plan, approved by the Instituto Costarricense de Turismo, and all works consistent therewith shall be carried out, in accordance with the provisions of this law and in accordance with the technical standards that said Institute issues for such purpose. (highlighting not from the original) Response to these five aspects: The appellant is incorrect, since, through the First Addendum of the concession contract called Adjustment of the Concession Term 2168-Z-000, Lote 1, clause THIRTEENTH of the concession contract is modified so that the term is adjusted from August 3, 2005, to August 3, 2034, an addendum that was remitted to the appellant via Official Communication PGP-0155-2025. Likewise, the registered term of the concession can be seen in the registry consultation conducted at the Registro Nacional. The appellant continues in her facts asserting that the Constitutional Chamber should address the case and determine whether the project corresponds or not to the Master Plan which is mandatory, by stating verbatim that the subdivision for the construction of luxury residential villas on the property owned by the STATE, granted in concession, does not correspond to the Master Plan which is mandatory, pursuant to Article 2 of Law 6754. (pg. 6) Article 2.- In the area destined for the development of this project, only the works provided for in the Master Plan, approved by the Instituto Costarricense de Turismo, and all works consistent therewith shall be carried out, in accordance with the provisions of this law and in accordance with the technical standards that said Institute issues for such purpose …”. “… Reinforcing the foregoing, it is precisely that she highlights the need for the Chamber to have the current Master Plan in order to determine whether the project complies or not with what is indicated in Law 6754, which unequivocally evidences that her claim is precisely that the Constitutional Chamber analyze in depth the compliance of the Project with respect to the Master Plan and Law 6754, since she states: “Having at hand the current Master Plan, with all inputs, technical studies, and definitions, is essential for the resolution of this amparo, to verify whether what is challenged here complies or not with what is indicated in Law 6754. In the absence of said document, it confirms that the ICT violates Law 6754 of the Proyecto Papagayo itself.” Regarding the Master Plan, it was approved by the Board of Directors in its session No. 4572, article 2, subsection VIII, of July 10, 1995, published in the Diario Oficial La Gaceta No. 140 of July 24, 1995; partially modified by the General Master Plan in the Península de Nacascolo, approved by agreement of article 2, subsection XII, of session number 5302 of May 4, 2004, published in La Gaceta number 95 of May 17, 2004, and partially amended in its normative part by agreement taken in session No. 5317, article 2, subsection II, of August 3, 2004, and published in La Gaceta No. 157 of August 12, 2004. The Board of Directors of the ICT, in ordinary session No. 5740, article 5, subsection I, held on March 27, 2012, through Official Communication SJD-155-2012, agreed as follows: “A) Based on the Agreement Communication No. CDP-048-2012 taken by the Consejo Director of the Polo Turístico Golfo de Papagayo in extraordinary session No. 07-2012, article U, subsection I, and in accordance with Official Communications No. PGP-297-2012 and PGP-276-2012 signed by the Oficina Ejecutora de Papagayo, and having followed the consultative procedure established in Article 264 of the Ley General de la Administración Pública, to approve the ‘Strategic Update of the Regulation to the Master Plan of the Polo Turístico Golfo Papagayo’ and ‘Amendment to the Regulation of the Master Plan of the Polo Turístico Golfo Papagayo.’ B) To instruct the Executive Directorate of the PTGP to proceed as soon as possible with the respective publication in the Diario Oficial La Gaceta. The publication took place on Wednesday, May 2, 2012, in La Gaceta No. 84. “The Master Plan constitutes the regulatory framework of action for the Proyecto Turístico Golfo Papagayo, and with said regulations the intention of the State to plan, in a binding manner for the individual, the development of the area is in clear evidence.” (Text taken from the Ordinary Session of the Board of Directors of the ICT, No. 4572, article 2, subsection VIII, held on July 10, 1995). Based on technical regulatory foundations and the concession contract, the ICT regulates the projects to be developed within each concession, with the developer having to submit construction plans for prior review in order to verify that they comply with the guiding principles of the General Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, which encompasses the regulation of land uses, zoning, roadways, maximum permitted densities, surface occupation percentages, bases for site design, and general specifications for the development of projects to be built within the Polo Turístico Golfo Papagayo. In the cited Master Plan, the specific guidelines that every concessionaire of the Polo Turístico Golfo Papagayo (PTGP) must consider for the design and construction of the proposed tourism project are broken down, among which stand out: 5.1. Specific guidelines for the design and construction of tourism projects a) Subordination of the tourism project design. “All designs of tourism projects that concessionaires intend to carry out are subject to the guidelines and regulations provided by this Regulation and the General Master Plan, as well as the regulations issued by the ICT in complement thereof, with the Oficina Ejecutora responsible for ensuring that such designs conform to these guidelines, regulations, technical feasibility, as well as the timeliness and advisability of the projects submitted for its approval, with the objective of preserving the tourism purpose granted by its special law (…)”. e) Use of colors in external surface finishes. “The designs of the structures that make up the proposed tourism development must preferably use exterior colors that mitigate light, do not degrade the environment, and even allow their camouflage in the surrounding setting where they are built.” f) Design of rainwater collection systems. “The rainwater collection systems of the architectural designs must be channeled to prevent erosion from free-falling rain, in order to seek to induce filtration of rainwater into the subsoil.” g) Height of buildings “To maintain uniformity and respect for the scenic beauty of the Polo Turístico, the design and construction of buildings shall not exceed fourteen meters in height, measured from the natural ground level, according to the characteristics offered by each development area per the technical assessment of the Oficina Ejecutora and in compliance with the provisions of the current Construction Law and Regulation.” h) Roof treatment “The roofs of buildings shall be designed seeking the use of materials that minimize visual impact on the environmental setting, favoring their camouflage where possible. The use of tiles or thatch shall be preferred.” i) Limit of twenty average rooms per hectare “Without prejudice to the specific considerations that the Oficina Ejecutora must make for a particular development project, according to its magnitude and topographical location, only twenty rooms on average may be built per hectare of land granted in concession, regardless of whether the development involves accommodation housing units or residential ones. Compliance with this principle must be monitored by the Oficina Ejecutora, even in cases where the project design involves a concentration of rooms in few buildings.” Surface occupation coefficient “A surface occupation coefficient no greater than 30% (thirty percent) maximum of the total originally conceded area must be maintained, to which the designs of the proposed tourism projects must conform.” Respect for the environment “All architectural designs formulated by concessionaires must contain elements of respect for the environment: external lighting at the lowest possible height and intensity, use of alternative energies, underground electrical and telephone wiring, etc.” 5.2 Waste Management Adequate wastewater treatment plant “Each of the tourism projects in its design and during its operation must have a blackwater treatment plant adequate for the size of the development, in good working order, which does not cause odor pollution, and to which all its wastewater shall be connected. These plants must generate water reuse for the irrigation of green areas or golf courses. Installing septic tanks shall be prohibited. According to the recommendations of technical studies deemed pertinent, the Oficina Ejecutora may authorize two or more concessionaires to build or use a single collective treatment plant for the wastewater of their respective development projects. In any case, the provisions of Decreto Ejecutivo No. 33601-MINAE-S of March 19, 2007, must be respected.” Prohibition of dumping waste into the sea or beach “Under no circumstances shall tourism projects be permitted to design or construct facilities that dump their waste into the sea or beach. This prohibition includes even treated water resulting from treatment plants, unless it is reliably certified before the health authorities that its potability is fully guaranteed.” Very recently, the Procuraduría General de la República, through Official Communication PGR-C-156-2025 of July 16, 2025, reiterates what has already been indicated regarding the tourism development regime of the PTGP. “3.- The area affected to the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo constitutes a special regime of the maritime-terrestrial demanio under the direct administration of the ICT, without prejudice to the usufruct and fees corresponding to the local municipalities, and the concurrent competences that other state organs or entities have regarding certain matters or goods. The ICT is the authority empowered to grant concessions for the development of marinas and tourism docks in that sector, and they must be in conformity with the Master Plan, which is the directive planning figure or ordering tool for that space, with binding and indicative character of the works that may be carried out. (Articles 74 of Law 6043; 1 and 32 of Law 7744; 5 and 77 of its Regulation; 2 of Law 6758, 2 subsections h and q and 14 subsection c of its Regulation, Decreto 25439. Legal Opinion OJ-74-2003 and opinion C307-2020). The General Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo was approved by the Board of Directors of the ICT in ordinary session 4572 of 1995, and the latest modification through agreement 5740 of 2012 of that Board of Directors. Gaceta 84 of May 2, 2012. “The lands granted in concession—which do not include the maritime-terrestrial zone—in the Golfo de Papagayo belong to the ICT.” (Constitutional Chamber, judgments 18483-2007, 15595-2008, 15596-2008, and 8622-2010).” With respect to protected areas within the Polo Turístico, it is established that the evaluation and identification process carried out by MINAE within the area covered by the Polo Turístico has made it possible to precisely determine the sites where special attention from the Oficina Ejecutora is required because they are protected areas, recognized as such under environmental legislation. Particularly notable is the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Playa Iguanita, located on the Península de Nacascolo, according to Law No. 8731 of July 3, 2009, published in La Gaceta No. 159 of August 17, 2009, for being considered a primary forest, tropical dry forest, which includes a mangrove, whose administration, protection, and management is the responsibility of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, of the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), through the Área de Conservación Tempisque, which is responsible for drafting the Management Plan for the Refugio Nacional, without prejudice to the provisions of Law No. 6758 of June 22, 1982. As can be observed, projects to be developed within the Polo Turístico Golfo de Papagayo may only affect a footprint (Surface Occupation Coefficient) of 30% of the area given in concession, and within that 30% there is a limit of 20 rooms per hectare at a maximum height of 14 meters, leaving 70% of the area without development and with vegetation cover. In addition to the guiding principles for development, every concessionaire must comply with the regulations established by the other public institutions, including having a current and approved environmental feasibility for the development of the project. With respect to natural areas formally established within the limits of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, such as mangroves, they are already under the administration, protection, and management legally entrusted to MINAE – SINAC, and therefore cannot be considered as developable areas and are not within the areas given in concession. 15-We must highlight that the current Master Plan, with its details on land uses, zoning, density, and specifications for the development of the Proyecto Papagayo, we have not been able to obtain from the ICT. They only provided us with its Regulation. We request that in the response of the respondents herein, this document be provided, duly certified, with special detail of the area in question in Playa Panamá. Having at hand the current Master Plan, with all inputs, technical studies, and definitions, is essential for the resolution of this amparo, to verify whether what is challenged here complies or not with what is indicated in Law 6754. In the event of absence of said document, it confirms that the ICT violates Law 6754 of the Proyecto Papagayo itself. 16-The neighbors settled in Playa Panamá bought private properties near Papagayo, outside the area of state property, and built our homes, attracted by the natural and scenic beauties provided by its forests and beaches. We seek tranquility and nature. We feel affected, assaulted, hurt, and annoyed by the intention to destroy and eliminate the forests that we so love and enjoy. We do not want them to destroy the biological corridor of the monkeys and other animals that we know and help protect. We defend that same right on behalf of the national and international visitors who visit us, and on behalf of all the inhabitants of Costa Rica of today and the future, to whom these lands of the STATE administered by the ICT belong. Therefore, emotionally, but also legally, we do not want them to affect the quality of our lives, to destroy the environment in which we decided to live. For believing in the legal security of Costa Rica, in respect for current laws, we feel legitimized to file this amparo appeal and trust in obtaining fair treatment. Response to these two aspects: Through Official Communication PGP-0196-2025 of March 25, 2025, a certification is made wherein, at the request of the appellant, the General Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, published in 1995 in the Diario Oficial La Gaceta No. 140 of July 24, 1995, was transferred to her, along with Consejo Director agreements CDP-048-2012 and Board of Directors SJD-155-2012, as well as Official Communications PGP-0276-2012 and PGP-0297-2012 signed by the Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo Papagayo and the amendment to the Regulation of the General Master Plan of the Polo Turístico Golfo Papagayo, which was published in the official journal La Gaceta No. 84 of May 2, 2012, within which are found land uses, zoning, density, and specifications for the development of the Proyecto Papagayo. These two aspects are more tied to her claims. I consider it necessary to also demonstrate that the appellant's claims are not proper to an amparo appeal, but rather are linked to matters of ordinary legality: “WE REQUEST 1.- That this amparo be admitted for processing. 2.- That it be requested that in the response of the respondents herein, a copy of the Master Plan of the Proyecto Papagayo current as of today’s date be provided, duly certified, with special detail of the coverage and zoning of the lands of the Proyecto Papagayo in Playa Panamá. 3.- That in the judgment, the ICT be ordered to exclusively promote tourism works and projects. 4.- That it be ordered to protect the forest areas that are Natural Heritage of the State of concession 2168-Z-000, cadastral plan 5-1186670-2007. 5.- That the ICT be ordered to deny permits for the segregation and sale of lots for private villas on lands owned by the STATE in Proyecto Papagayo. 6.- That the ICT be ordered that on that forest-covered lot, only activities permitted by law (hiking, wildlife sighting, and the like) may be carried out. 7.- That the respondents herein be ordered to adhere in the future to approving only works and projects contemplated in the current Master Plan of the Proyecto Papagayo. (pg. Regarding the scope of the appellant’s standing, she expressly demonstrates that there is an issue of legality by again affirming that the development is contrary to current laws, and not to fundamental rights: “Standing. The current action does not pursue personal economic interests. It concerns the defense of the principle of equity in the enjoyment of a public good, of guaranteeing access for all inhabitants to the forest that is Natural Heritage of the State, today affected by ICT decisions in favor of a real estate, residential urban development, contrary to current laws.” (pg. 8) There is no doubt that the analysis sought by the appellant DOES NOT meet the preconditions required to consider it as the object of an amparo proper to a summary procedure, and all the analysis that she requests be carried out undoubtedly distorts the figure of amparo.

As the Chamber has stated in the rulings we cite, those cases requiring an analysis of compliance with what is stipulated in the regulations, as well as the demonstration and production of evidence to define the legality of the actions, are matters of ordinary legality that cannot be heard through an amparo action, since doing so would distort its summary nature. Indeed, their claims are linked to a matter of legality proper, none of them linked to constitutional rights, since what they basically seek is to obtain a copy of the Master Plan (Plan Maestro) (which has already been provided to them), that the denial of permits for the Project be ordered to the ICT, that the ICT be ordered to only carry out activities permitted by law in that area—a purely legality matter—that abstention from future conduct be ordered, and that the protection of the forest be ordered. Based on the considerations of fact and law set forth, we respectfully request that this amparo action be rejected outright on the grounds that what is sought by the Asociación Confraternidad Guanacasteca in relation to the Proyecto Desarrollo Bahía Papagayo and the ICT are claims proper to an ordinary legality analysis, as they require a detailed analysis of the alleged non-compliances and violations of the legal system, and not a constitutionality analysis proper to an amparo action, since, as the petitioner itself states, there is already an administrative nullity proceeding filed by the same Association, in which the viability granted to the project is precisely being questioned due to an alleged violation of applicable regulations. Finally, it is worth remembering that, as the Constitutional Chamber has pointed out when analyzing the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, it is essential—when not absolutely mandatory—to demonstrate the environmental impact (afectación ambiental), and not the petitioner’s feeling, as evidenced in its action, since it starts from mere subjective assessments lacking any evidentiary support, which are far from reality; evidence that, as this Constitutional Court has contemplated, falls on the petitioner, under penalty of rejection—as is the case before us.".

4.- By filing incorporated into the electronic case file on July 23, 2025, the petitioner states the following: "… The undersigned, recognized as petitioner, appears to state: Having read the filings submitted by the ICT, we outright reject their intentions for the Constitutional Chamber not to rule on the merits of this amparo. The present AMPARO is not about the environmental viability (viabilidad ambiental) of a company’s project being processed before SETENA. In the heading of our petition we said: This AMPARO comes to defend the Proyecto Turístico de Papagayo from deviations from its natural objectives of sustainable, ecological tourism legally adhering to its constitutive law. This action is against the non-observance by the ICT – PGP of what is ordered in all the legislation enumerated by Mr. Wong. And to also demand compliance with the rest of the laws in force in Costa Rica, which apply to all inhabitants, including in the Proyecto Papagayo, which is not an Independent Republic within the national territory, as Mr. Wong intends to argue. The amparo is about the ICT – Proyecto Golfo Papagayo and its acts of not protecting the STATE’s Natural Heritage (Patrimonio Natural del ESTADO), violating what is ordered in the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 of 1995. It is about illegal land-use changes (cambio de uso del suelo). This amparo is about the acceptance of NON-TOURIST uses in the Proyecto Papagayo which, under Law 6754, is only for tourism purposes. Since Mr. Wong does not like our definition of tourism, we set forth what the Ley ORGANICA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO - ICT defines: Article 38.—Tourist is understood, for the purposes of this law, to mean any foreigner not residing in Costa Rica, who visits the country for a period not exceeding six months, for purposes of recreation, rest, health, or other lawful purposes, provided they are not to obtain work or employment, or carry out commercial activities in the national territory. Fortunately, Mr. Wong acknowledges the truthfulness of most of our statements. He does not concede it at folios 52 and 53, when he says: 'The petitioner’s allegation is unfounded, because it is not true that the development in the Polo Turístico Golfo de Papagayo negatively affects biological richness and forests, since the Reglamento al Plan Maestro, as well as the legal framework governing the Project, are designed to make tourism development compatible with conservation, seeking a balance that allows harmony with nature, as reflected in the guiding principles, in Article 3 of the Reglamento al Plan Maestro General, which he quotes verbatim;' Therein lies a central point of our amparo. Law 6754 is fine. The intention of tourism development is correct. The problem and our claims are in favor of its full compliance. The environmental damage caused in Papagayo is disastrous. I will only enumerate two verified ones of special weight and significance: - The salinization of the Playa Panamá aquifer between 2015 and 2017. - The death of 80% of the corals of Bahía Culebra. We come here to defend the forests, which under the Forest Law (Ley Forestal) are the State’s Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Also in Papagayo. Although the damage is much greater, we are only questioning in this amparo the concession contract signed by the ICT, concession property 2168- Z- 000, cadastral map 5-1186670-2007, which contemplates the subdivision (lotificación) of 90 Villas of more than between 1,000 and 1,500 m² each. Mr. Wong gifts us with a long historical compendium of Costa Rican legislation. 'Thus, the Polo Turístico Golfo de Papagayo constitutes a paradigmatic case in Costa Rican administrative law, consolidating itself as a strategic national project developed under an exceptional legal regime.' (folio 11) In summary and repeated 58 times, according to Mr. Wong, the Proyecto Papagayo is an exceptional regime. He alleges that in Papagayo not all current legislation must be applied. Mr. Wong says that they are above the laws and that the Magistrates of the Constitutional Chamber should not analyze that exceptionality and allow them to continue doing what they want. Mr. Wong does not agree with our statement that the term of the concession granted by the original contract runs from August 2005 and is for 20 years, and its expiration is August 3, 2025. The truth is that the concession contract term expires on August 3. It is a parameter of the non-compliances during the contractual term and a sign of the peculiar management of the contract. The PGP and ICT office granted an extension to the contract in 2019. This point is not a subject of debate in this amparo. It is an illustrative detail of the public-private contracting scenario by ICT tender. SUBJECT - ICT SUBDIVISION (LOTIFICACIÓN) - REAL ESTATE USE The most serious part of Mr. Wong’s response is the defense of NON-TOURIST uses as part of the project. On this point, our petition states: 'Well, it turns out that now, there are projects concessioned by the ICT within the Proyecto Turístico de Papagayo, which they want to use for subdivisions (lotificaciones) and residential parcels, luxury villas. And the ICT authorizes the RESIDENTIAL use for this concessionaire. That IS NOT TOURISM. ANNEX 1 We believe that the Ministry of Tourism contravenes its obligations and exceeds its legal limitations, by engaging in promoting real estate activities of subdivisions (lotificaciones) and construction of private residences, on public lands that the ICT administers. 5.- This is contrary to Law 6754 and turns the lands owned by the STATE into illegal use, a business of lands, parcels, lots, a real estate development, dwellings, as if these were private lands. No norm of lower rank can reform a law. In this case, Law 6754. By Directives or Decrees, they cannot change the objectives defined in the Law of the Proyecto Turístico de Papagayo. That objective is tourism. 6.- We can document this fact by referring specifically to the case of LOT 1 concessioned by the ICT, concession property 2168- Z- 000, cadastral map 5-1186670-2007, which contemplates the subdivision (lotificación) of 90 Villas of more than between 1,000 and 1,500 m² each. This is documented in Official Communication PGP- 0451-2024 dated June 14, 2024, signed by several ICT officials. ANNEX 2.' Mr. Wong responds, amidst many words: 'It is true that PGP-0451-2024 of June 14, 2024, corresponds to a technical criterion issued by two officials for the Executive Directorate recommending the approval of the cadastral map of the property with real folio registration 5- 2168-Z-000, cadastral map 5-52763-2023, for the submission of the property to the condominium property regime (régimen de propiedad en condominio), as established in the corresponding regulations.' He does not tell us whether that criterion was approved or rejected. He does not provide the land-use map and other detailed aspects of the Master Plan (Plan Maestro) duly approved for that area of the Proyecto Papagayo, as we requested, to confirm that this subdivision (lotificación) really corresponds to the ICT-PGP planning, and not a whim of the businessman. He tries to entangle, confuse, hide. We have had access to the Bahía Papagayo web pages of the company Enjoy Hotels & Resort S.A., where properties for sale are offered located on that concessioned lot, on public lands administered by the ICT, among them lots for private constructions by anyone in the world who pays the price. Bahía Papagayo - Bahía Papagayo Mr. Wong says: 'The ICT does not promote private real estate activities outside its purposes,' but then goes on to say: it is up to each concessionaire to carry out their tourism project promotion activities; that in any case, the development of the project and a future transfer to a third party through the figure of assignment... And of course, it is time to discuss the contradiction that concessions are only granted through 'PUBLIC COMPETITIONS' (folio 4), with his defense of sub-concessions, partial assignments, and other forms, which completely distort this legal obligation. Therefore, we request that this point be DECLARED WITH MERIT, to not allow residential use and real estate businesses on STATE lands. And to approve what was requested in the filing: 4.- The ICT be ordered to deny permits for the sale of lots for private villas on lands owned by the STATE in the Proyecto Papagayo. That on that lot, only activities permitted by law may be carried out. 5.- The respondents be ordered to refrain in the future from approving only works and projects contemplated in the in-force Master Plan (Plan Maestro) of said project. SUBJECT - FOREST – NATURAL HERITAGE OF THE STATE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO) Mr. Wong totally omits responding to the central point of our AMPARO ACTION, the existence of forest in the concessioned area and its status as Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). We state in our filing: 8- The land concessioned in this act, LOT 1 of 43 hectares with 6563.63 m², is covered with forest, according to official documents. We provided Official Communication SETENA-SG-0646-2025 of May 20, 2025, which records that according to the Geographic Information System source, lot 1 analyzed here had 99% forest cover (cobertura de bosque) in the year 2000 and 98% in 2023. In relation to the specific case, it must be observed that as recorded in the Environmental Assessment Document D1-0170-2021-SETENA, '…it is noted that in the project area, different types of vegetation cover are identified, including secondary forest, mature forest, and deciduous forest, according to the project’s cadastral maps and FONAFIFO data. In addition, said maps identify areas classified as Class VII: Forest Management, in the cadastral documents 5-1186670-2007, which corresponds to LOT 1 concession 2168- Z- 000. 9- The Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 of 1996 declares all forests located on lands owned by the State or its institutions as Natural Heritage of the STATE (Patrimonio Natural del ESTADO) and obliges us to protect them. Forest Law 7575 "ARTICLE 13.— Constitution and administration The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its heritage." The law does not exempt the ICT or Proyecto Papagayo from its compliance. The areas may be destined for ecotourism uses. Where inhabitants and international visitors can enjoy walks, wildlife sighting, camping, and other healthy, positive, and sustainable activities in our forests. Mr. Wong responds to these two aspects: As the petitioner itself demonstrates with the evidence provided to the case file, there is a nullity proceeding against the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project that she herself presented before SETENA, which to date is pending resolution, and therefore, the Constitutional Chamber cannot hear the matter, given that its jurisdiction, as clearly delimited, is non-existent when the matter is being ventilated before the administration itself, and it has expressly defined, as we have already pointed out, that it will only hear when it is demonstrated that the administration did not address the complaint; a premise that is not met in this case and which warrants the rejection of the present amparo. (folios 71 and 72) The existence of a proceeding before SETENA, as we have already pointed out, is about the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental). It has nothing to do with the granting of the concession and its conditions by the ICT - PGP. The excuse is not valid. The lack of response must be interpreted, as the law indicates, as acceptance of the facts. That is, they acknowledge that the area is covered with forest and therefore is Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) under Forest Law (Ley Forestal) No. 7575. This being so, it must be protected and cannot be concessioned for hotel, tourism development, much less for real estate lots. Therefore, it is appropriate to DECLARE WITH MERIT the present amparo on this point and grant what was requested in our filing: 3.- That the judgment order the protection of the forest areas of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) of concession 2168- Z- 000, cadastral map 5- 1186670-2007.".

5.- Javier Pacheco Albónico appears as passive coadjuvant, in his capacity as president with powers of unlimited general attorney of ENJOY HOTELS AND RESORTS S.A., who states the following: "… STANDING. Article 34 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) establishes that 'the third party who derives subjective rights from the norm or act giving rise to the amparo proceeding shall be considered a party.' In this regard, as can be inferred from the amparo action filed, the Proyecto Turístico de Papagayo is being questioned, particularly regarding the Proyecto Bahía Papagayo (LOT 1 concessioned by the ICT, concession property 2168- Z- 000, cadastral map 5-1186670-2007) and its development. Specifically, the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project through Resolution No. 0591- 2022-SETENA corresponding to case file D1-0170-2021-SETENA (Proyecto Bahía Papagayo) is being disputed. Likewise, they indicate that there is a deviation of the Proyecto Papagayo in relation to the Forest Law (Ley Forestal), as well as regarding the scope of the concession contract and the Master Plan (Plan Maestro). Thus, and since this representation is the holder of the Project, it is evident that we fall under the scenario provided for by the aforementioned norm, as we have a subjective right over the project, since in addition to holding the respective concession, we hold the granted environmental viability (viabilidad ambiental)—which generates a subjective right in our favor—and as such, we have standing to appear in this proceeding as a party, since any resolution issued in this regard would affect us directly. II. PURPOSE OF THE AMPARO ACTION Without prejudice to the development we set forth below, this representation considers it important to point out that we are before an amparo action whose purpose is a matter of mere ordinary legality and consequently, its hearing and claim are not within the scope and jurisdiction of this Constitutional Chamber. The petitioner argues that the amparo action aims to defend the Proyecto Turístico Papagayo from deviation from its natural tourism objectives legally adhering to the law, to maintain the right to enjoy the quality of life of the area’s neighbors. Likewise, it points out that there is a use different from that authorized in the concession, that the ICT authorizes a different use, that the Ministry of Tourism contravenes its obligations, that it exceeds limitations by promoting real estate activities of subdivisions (lotificaciones), and that this is giving rise to illegal use of the lands. It also argues that no lower norm can reform a law and that, in this case, the objectives defined in the Law of the Proyecto Turístico de Papagayo cannot be changed by directives. In a disorderly manner and lacking evidence, it further points out that the development intended to be carried out is not contemplated in the concession contract, in addition to the fact that on that lot there is forest, with different vegetation covers, according to—in its view—the Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental). Once again, the petitioner, within the purpose of the amparo action, as it did in the previous action of which this Chamber is aware, seeks for the Forest Law (Ley Forestal) to prevail over the special regulations. They claim that the amparo is filed against an alleged—non-existent, moreover—destruction of the forest of Playa Panamá, and that there are no permits from SINAC and MINAE. Lastly, it questions an alleged breach of the concession contract during the first 20 years, as well as compliance with the Master Plan (Plan Maestro) which is mandatory; a Master Plan (Plan Maestro) that it also requests be ordered from the Chamber. As anticipated at the beginning of this section, the amparo action is based on a series of alleged non-compliances and non-observance of regulations, inconsistencies in the environmental viability (viabilidad ambiental), non-compliance with concession conditions and the Master Plan (Plan Maestro); claims that are proper to an ordinary legality review and not a constitutionality review, since, in addition to the fact that its very nature so demonstrates, the truth is that, if the Chamber were to analyze these aspects, it would have to carry out a series of evidentiary proceedings, reviews, verifications, and detailed legality analysis, all of which exceeds the scope of its jurisdiction and distorts the amparo action’s nature. Among its claims, the petitioner indicates the following: 'WE REQUEST 1.- That this amparo be admitted. 2.- That the respondents be requested to provide a duly certified copy of the in-force Master Plan (Plan Maestro) of the Proyecto Papagayo to date, with special detail of the coverage and zoning of the lands of the Proyecto Papagayo in Playa Panamá. 3.- That the judgment order the ICT to exclusively promote tourism works and projects. 4.- That the protection of the forest areas of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) of concession 2168- Z- 000, cadastral map 5- 1186670-2007 be ordered. 5.- The ICT be ordered to deny permits for the segregation and sale of lots for private villas on lands owned by the STATE in the Proyecto Papagayo. 6.- The ICT be ordered that on that forest-covered lot, only activities permitted by law (hiking, wildlife sighting, and similar) may be carried out. 7.- The respondents be ordered to refrain in the future from approving only works and projects contemplated in the in-force Master Plan (Plan Maestro) of the Proyecto Papagayo.' All of the Association’s claims concern matters that must be ventilated through administrative channels or through the administrative contentious jurisdiction. Note that none of the claims require a determination that there has been a violation of a fundamental right; instead, they focus on delimiting the ICT’s actions, the project’s scope, that the Master Plan (Plan Maestro) be provided, and that the ICT be ordered that the forest-covered lot must be used for certain activities. All of this, in turn, implies that for the Chamber to grant the claims, it would have to carry out a specific analysis of the facts and determine, as a first point, that the Master Plan (Plan Maestro) be provided, that it be analyzed to determine compliance, whether that plan itself complies with regulations, that it review the ICT’s competencies and determine whether they were violated to subsequently define the appropriateness of claims 3, 4, 5, 6, and 7—claims aimed at ordering the ICT to act in a certain manner, as a result of alleged non-compliances that the Chamber would have to determine, and for such determination, the Chamber would undoubtedly have to exercise a legality review and produce evidence, all of which exceeds the constitutionality analysis corresponding to this Chamber. An analysis that is not appropriate, since the Chamber cannot substitute the Administration, much less convert the amparo proceeding, which is summary in nature, into an ordinary legality review where evidence must be produced and detailed analyses of various regulations must be carried out. All of this, without overlooking the fact that the facts of the amparo also allude to alleged breaches of the concession contract, non-compliances with applicable regulations, and non-compliances with the Master Plan (Plan Maestro); elements that are not within the constitutional purview and which allow for the unequivocal conclusion that what the petitioner seeks is a matter of mere ordinary legality and that, as such, warrants the outright rejection of the amparo action under analysis. III. ON THE AMPARO ACTION AND ITS SCOPE As this Chamber can observe, there are a series of elements that we will indicate which inevitably lead to the conclusion that what the petitioner seeks is NOT the object of an amparo action and must be ventilated through administrative channels or, alternatively, before the administrative contentious jurisdiction, because only the latter can exercise the legality review that the petitioner requires. Therefore, we will explain below why no fundamental right was violated and why the discussion the petitioner intends is of mere ordinary legality. a) EXISTENCE OF A NULLITY PROCEEDING FILED BEFORE SETENA PENDING RESOLUTION. INABILITY OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER TO HEAR MATTERS BEING CHALLENGED THROUGH ADMINISTRATIVE CHANNELS. As a starting point, we wish to mention that the petitioner has previously appeared before this Constitutional Chamber to challenge the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project. On that occasion, it maintained that there was an absence of a public hearing, and the Chamber, through its Resolution No. 016284 of May 31, 2025, declared the action without merit and clearly established that what was sought was a matter of legality—as occurs in this case—stating: 'Thus, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Court to determine, as the petitioner intends, whether in the particular case some type of consultation on the project in question should have been conducted, or to establish the mechanism the respondent authorities should use to optimally guarantee citizen participation, since these are matters of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or, alternatively, before the competent judicial venue and not before this constitutional venue. Ergo, the appropriate course is to declare the action without merit, as is hereby done.' (bold not in original). Even though on that occasion the Constitutional Chamber clarified that its claims were a matter of ordinary legality, the petitioner once again files an amparo action and, in doing so, provides evidence of the existence of a nullity proceeding filed before SETENA, through which it challenges the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the Proyecto Desarrollo Bahía Papagayo (SETENA No. 0591-2022, of April 6, 2022 (Case file D1-0170-2021-SETENA)), based on a prevalence of the Forest Law (Ley Forestal) (due to forest issues, it indicates) over the special regulations applying to the project. That nullity proceeding filed before SETENA has not been resolved, as demonstrated by the evidence provided by the petitioner visible on page 17 of the case file of this amparo action, where SETENA informs the Área de Conservación Tempisque of SINAC that such proceeding is being handled. Given the existence of a proceeding pending resolution through administrative channels, the Constitutional Chamber is automatically precluded from hearing this amparo, for the following reasons: First, this Constitutional Chamber has long warned that, when there are matters pending resolution, it cannot exercise constitutionality review, and furthermore, it has been emphatic in noting that the review of permits and regulatory compliance is a matter of ordinary legality, not constitutional. Ergo, the Constitutional Chamber cannot become a processor/resolver of environmental complaints, as its jurisdiction is residual in these matters and is activated only in the absence of a response from those institutions, precisely because of the summary nature of the amparo action itself. Therefore, given the existence of a pending nullity proceeding, it is that channel which must continue, and one may only resort to the Constitutional Chamber when the Administration has not acted with due diligence, since, as we will see in the following pronouncements of this Chamber, its jurisdiction in such cases is residual, given the nature of the amparo proceeding—summary as it is—without being able to substitute the administration and act as a processor of environmental complaints. In its Resolution No. 3787 of March 16, 2018, the Constitutional Chamber clearly delimited its jurisdiction in environmental matters, noting, as relevant to the case, that: 'I.- PRELIMINARY CONSIDERATIONS: ON AMPARO ACTIONS FILED IN ENVIRONMENTAL MATTERS. This Chamber has repeatedly declared that, through the amparo action, it cannot directly substitute the administrative will and supplant public offices in managing matters within their jurisdiction. For this reason, before admitting an amparo in environmental matters, the petitioner must have previously resorted to the competent Authorities to raise the corresponding claims and complaints, and the Administration must not have acted with the due diligence to address them, it being understood that the foregoing is not the same as requiring any sort of exhaustion of administrative remedies, but rather the simple acknowledgment that this Court is not an alternative active Administration. So much so, that the Chamber has refused to hear certain amparo actions filed for environmental problems, in the following terms: '[...] it must not be lost sight of that the petitioners provided no evidentiary element whatsoever demonstrating that they had previously resorted to the cited Health Area. It is important to explain to the petitioners that this Constitutional Chamber is not an instance for processing complaints, which is why they must resort to the Ministry of Health to raise the pertinent claims.' (Judgment No. 2012-18538 of 09:05 hours on December 21, 2012). In this regard, it is recalled that the amparo proceeding is eminently summary—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine—with a declaratory nature—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual framework of the amparo action or the legal report, as the case may be, actually exist. Hence, this avenue is not suitable for conducting extensive environmental investigations, since these would make it necessary to open the proceeding to evidence.' Also, in its Judgment No. 16400, of July 15, 2022, in the case of amparo actions in environmental matters, this Constitutional Chamber emphasizes the need to demonstrate the Administration’s inertia, under penalty of rejection, since its jurisdiction does not lie in hearing environmental complaints, as follows: 'V.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo action, a specific type of prestational activity from the State in compliance with its duty to protect the life, health, or environmental rights in benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those persons’ rights. From which it follows that the interference of constitutional jurisdiction is only viable in the face of the State’s proven inertia, through its competent bodies, in addressing the demands that the country’s inhabitants make in exercise of their rights.' 'VI.- ON THE SPECIFIC CASE.'

In this regard, it is the majority view that, by means of amparo, a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment should only be heard if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed through the legality jurisdiction. The above criterion was likewise replicated in its Resolution No. 07061 – 2024, of March 15, 2024, and in Judgment No. 26246 of November 4, 2022, where the Chamber made clear the need to file a complaint and its residual action in the absence of attention to it, warning about the rejection of the amparo in cases where no complaint has been filed before the administrative authorities. In this latter decision, it stated: “This is, fundamentally, because the appellant neither alleged nor, much less, demonstrated having filed, prior to filing this amparo, a complaint, whether before CONAVI, or before the authorities of the Municipality of Parrita or the Ministry of Health, through which, in turn, the sole grievances indicated herein have been presented (namely, the generation of water ponding that produces, according to the plaintiff's opinion, mosquitoes, bad odors, and, furthermore, diseases) and that, for their part, such authorities have not issued a resolution within a reasonable period. In that sense, it must be clarified to the appellant that this Constitutional Chamber is not an instance for processing environmental complaints; a criterion that has been upheld through abundant jurisprudence. To this effect, in Judgment No. 2018-3787 of 09:15 hrs. of March 6, 2018 (…).” The position of the Constitutional Chamber is clear: challenges in environmental matters must be brought before the competent authorities, and in those cases where the Administration has not acted with due diligence to address them, it is possible to resort to the constitutional jurisdiction, this being so because the Constitutional Chamber is not a processor of environmental complaints. This position also allows the conclusion that, when a complaint, proceeding, or motion for nullity exists, filed before the same Administration—as occurred in this case—the Chamber can act only if there is inertia, and the amparo cannot be processed in parallel, just as the appellant seeks by having filed this amparo with full knowledge of the existence of a motion for nullity that they raised before SETENA (accepted by SETENA itself and supported by the document provided on page 17 of the judicial file) and which undoubtedly covers many of the issues they now seek to elucidate through the amparo. It is not possible for the Constitutional Chamber to analyze the project’s compliance based on the forestry regulations cited by the appellant, much less to become a controller of the legality of environmental permits, particularly the environmental viability (viabilidad ambiental), because a motion is pending resolution and its jurisdiction is limited to very specific cases as we have noted: the lack of attention to environmental complaints; a prerequisite that is not met in this case, as we are not faced with a case where the “Administration has not acted with due diligence to face them, on the understanding that the foregoing is not the same,” and the Constitutional Chamber cannot become a processor of complaints. Thus, having the activation of administrative remedies—the motion for nullity—been accredited, and its resolution pending, it is possible to conclude that the factual conditions that the Chamber has established for the admissibility of an amparo action in environmental matters (in addition to the evident violation of a fundamental right—which in this case is non-existent), such as the inertia of the Administration, are not met in this case, which warrants the rejection of the amparo. It is clearly evident that what is sought through the amparo is incompatible with it, since the Constitutional Chamber, as it has well defined, CANNOT carry out extensive investigations in environmental matters, given that the amparo procedure is summary, as we develop below.

b) COMPETENCE OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER. CONSTITUTIONALITY CONTROL VERSUS LEGALITY CONTROL.

For several years, the Constitutional Chamber has been clearly defining which issues or analyses are the subject of a constitutionality review and which are matters of ordinary legality, to be heard by other instances, such as the administrative jurisdiction or the contentious-administrative jurisdiction. In a particular and special manner in environmental matters, the Chamber has been very clear in indicating, among other issues, that its jurisdiction, in addition to being residual in the terms we have indicated, cannot interfere in an exhaustive analysis, the production of evidence, a review of legal or regulatory compliance—much less contractual compliance as is sought with this amparo—since this distorts the figure of amparo and its summary procedure. Through its Judgment No. 15957, of August 27, 2019, the Chamber established, regarding the very nature of the amparo process, that it is a summary, brief, and simple procedure, incompatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, by literally stating: “II.- Regarding the specific case. As to the grievances presented, it must be noted that the purpose of the amparo action is to provide timely protection against infractions or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for controlling the legality of the actions of the different Public Administrations. For that reason, the amparo process is eminently summary in nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine—with a declaratory nature—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual context of the amparo action or the legal report, as the case may be, exist in reality. (…)” In that same case, it clearly concluded that if the plaintiff intended for a review of the parameters that supported the assessment to be carried out, this is incompatible with its functions—those of the Chamber—since it would imply analyzing technical criteria, which is a matter of ordinary legality, and thus it refers the conflict to such jurisdiction, as follows: “In this regard, it is imperative to warn that the mere disagreement they may harbor with what was decided by said authority does not constitute an aspect that should be evaluated and heard by this Constitutional Court. The plaintiff must bear in mind that, if their intention is for this Chamber to conduct a review within the constitutional jurisdiction of the parameters and criteria that supported said assessment, the truth is that, contrary to their expectations, this Court could not determine such circumstance through the amparo action, as this implies analyzing technical criteria, incompatible with the purpose and the summary nature of the amparo, which must be discussed in the ordinary courts. Moreover, there is currently no law or act allowing the alleged assessment to be analyzed. Consequently, the plaintiff has the possibility of raising their disagreements or claims before the respondent authority itself, or in the competent jurisdictional venue, venues where they will be able, in a broad manner, to discuss the merits of the matter and assert their claims. Thus, the present action is inadmissible and its outright rejection is appropriate, in accordance with the provisions of Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as indicated in the operative part of this resolution.” Reinforcing the summary nature of the procedure, through its Judgment 8710 of April 5, 2024, the Chamber emphasized and recalled—with erga omnes effect—that “(…) the amparo action is eminently summary in nature, such that its processing is incompatible with the undertaking of extensive or complex evidence, which rather corresponds to the ordinary jurisdiction.” It was based on such pronouncement that it ruled in that same judgment that: “(…) it is not within the purview of this Constitutional Court to verify whether the Vistas de Santa Bárbara condominium project did or did not meet the technical and legal requirements to obtain the water availability granted, nor to determine whether the aforementioned Dirección04 well can or cannot supply the water demand that the users of that condominium would require. Nor is the analysis to corroborate whether the environmental fragility certification was adequately granted or not a proper subject for this specialized jurisdiction. Such an examination would imply the undertaking of abundant and complex evidentiary proceedings, a task that rather pertains to the ordinary legality jurisdiction and not to this specialized venue. Now, if the appellant so wishes, they may formulate the disagreements in question before the respondent authorities themselves or in the ordinary jurisdictional venue. Ergo, the action is dismissed concerning this grievance (…)” In that same vein, and precisely regarding an environmental viability—similar to the case at hand where the development and also the environmental viability granted are precisely being challenged despite being under review due to the motion filed by the appellant in the administrative jurisdiction—the Constitutional Chamber, through its Resolution 7718 of March 14, 2025, held that such review falls under the purview of the ordinary jurisdiction, as the amparo process is extremely summary and such reviews exceed the powers granted to this Chamber. Thus, in the aforementioned judgment, it ruled: “In addition to the foregoing, regarding the appellant's disagreement with the environmental viability granted, it must be pointed out that, in questioning the environmental viability granted by SETENA, this Chamber has resolved that it is not its responsibility to examine whether the granting of environmental viability to a project meets or does not meet the technical and legal requirements. For that reason, in judgment No. 2019-011203 of 9:30 a.m. on June 21, 2019—a criterion reiterated in judgment No. 2024-32334 of 9:20 a.m. on November 1, 2024—it concluded the following: 'From reading the filing brief, the appellant alleged a series of supposed irregularities by the National Environmental Technical Secretariat and the ACOPAC of SINAC, specifically regarding the granting of the environmental viability and a report, respectively. However, it is pertinent to point out to the plaintiff that amparo proceedings have an extremely summary nature and determining, for this specific case, whether the granting of environmental viability had to comply with the same requirements as in the year 2002 for a similar project, or whether there were a series of irregularities in its issuance, may be grievances discussed before the Administration itself or, failing that, before the contentious-administrative jurisdiction, where they will have the evidentiary possibility to discuss all the grievances intended here on their merits. The same fate applies to the alleged irregularities in an ACOPAC report, where the plaintiff alleges a change in its stance, in order to favor viability in 2017 for the “V.I.” project. Consequently, the action must be dismissed regarding these aspects' (the emphasis is not in the original).” Complementing the above is the Judgment of that same Chamber where it expressly rules that the analysis of compliance with requirements is a matter of legality, its knowledge corresponding to the ordinary jurisdiction, as follows: “these are questions of legality, it being for the ordinary jurisdiction to determine whether indeed such constructions were made without meeting requirements or do not 'harmonize' with the environment.” (Resolution No. 22606 of September 28, 2022).

Another additional element to assess, and one on which the Constitutional Chamber has been emphatic, is precisely that discussions about compliance with legal obligations and duties are a matter of legality and not of constitutionality, as also occurs when the Administration intervenes within a procedure and issues its acts, since the knowledge thereof is outside the constitutional jurisdiction, making it evident that all those analyses that require an assessment through a plenary procedure can only be analyzed in the ordinary jurisdiction and not in the summary amparo jurisdiction, as follows: “As a consequence of the foregoing, we consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality jurisdiction. Under this understanding, this Court will verify, in relation to the grievances formulated, whether in the specific case, in relation to the environmental complaints, there was or was not a violation of the right to prompt and fulfilled justice, limiting itself solely to carrying out such examination, without making any pronouncement regarding the merits of the matter raised, as this corresponds to the ordinary jurisdiction.” (Constitutional Chamber. Judgment No. 16400 – 2022, of July 15, 2022).

As the Constitutional Chamber has developed in the resolutions transcribed in this section and the previous section, it is evident that its jurisdiction is clearly defined. On one hand, it is for the protection of constitutional rights, through a summary procedure where it is not suitable to carry out extensive or complex evidentiary proceedings, nor to review technical criteria. Its jurisdiction is neither linked to nor circumscribed by the review of legal and technical requirements of a project, nor to the review of the administration's actions for the purpose of defining compliance with the applicable legal framework for each case. Furthermore, to be able to come to the Chamber, one must demonstrate that they previously resorted to the administrative jurisdiction and demonstrate the Administration's inertia. It must be shown that there is an imminent danger against that right, and it cannot concern potential impacts that the appellant believes may occur. The Chamber's action in environmental matters through amparo is restricted, with the Chamber being able to act only in those matters where a violation of a fundamental right is alleged, without the Administration having intervened, after prior activation of the administrative apparatus by the appellant, and when its inertia is demonstrated. Ergo, if the Administration has intervened, the discussion falls within the purview of the ordinary jurisdiction. We consider it necessary to insist on the assessment that the Constitutional Chamber CANNOT conduct regarding matters of legality in environmental matters, such as the review of technical criteria, regulatory compliance, legal analysis to determine if a contract is being met, if a master plan is being met, or whether one regulation should prevail over another for a specific case. All of these form part of the body of ordinary legality and are within the purview of the administrative jurisdiction or the contentious-administrative jurisdiction. Therefore, what the appellant seeks with the amparo is precisely to initiate an ordinary legality proceeding, since their claims, as noted in the initial sections, concern the conduct of the ICT, the scope of the concession, the analysis of the environmental viability, the determination of the existence of forest cover (bosque) or not, the scope of the applicable legislation, and the alleged prevalence of the Ley Forestal, not to mention the alleged breaches of the Master Plan and the concession; elements that, without a doubt, to be elucidated require an exhaustive analysis, the production of technical evidence, expert evidence, and potentially testimonial evidence, which obviously exceeds the scope of a summary amparo process and allows the clear conclusion that all of this must be aired before the ordinary jurisdiction.

In addition to what has already been indicated, and in view of the fact that the appellant makes clear statements regarding alleged breaches of the concession or prevalence of forestry regulations, in addition to what has already been mentioned about the existence of a matter pending resolution in the administrative jurisdiction, it is important for these purposes to show that the Chamber has classified these matters as ordinary legality and not constitutionality, thus distancing itself from hearing them, as they evidently require a detailed analysis, the production of evidence, comparison of documents, review of contracts, and review of applicable regulations, which denatures the figure of the summary amparo proceeding. Thus, in particular, in 2024, it forcefully ruled that matters related to a concession CANNOT be assessed and analyzed through an amparo action. In its judgment No. 13229, of May 17, 2024, it stated: “(…) it is worth noting that whether there was an extension of the concession term or not is an aspect of ordinary legality that this Court is not responsible for analyzing; therefore, if the plaintiff deems it appropriate, they may resort to the corresponding administrative or judicial venues to assert what is legally appropriate. Therefore, with regard to this aspect, the present amparo is declared without merit. X.- However, without detracting from the foregoing, it is important to clarify to the appellant that this Court is not an additional instance within the administrative activity of the DGM for reviewing aspects related to public concession contracts, as this pertains to a matter of ordinary legality; therefore, if there is any disagreement with the material or formal actions of the respondent administration regarding concessions 2008 and 2716, this must be analyzed in the appropriate administrative or legality venue, as it bears repeating, this Chamber is not a controller of the legality of the actions of the respondent body, unless actions or omissions of this body affect the essential core of fundamental rights.” The Chamber's position is clear: in matters of concession management or analysis of concession contracts, its jurisdiction is non-existent, because the Chamber, as it rightly emphasizes, is NOT an additional instance in the administrative jurisdiction, and since these matters pertain to ordinary legality, it is before that venue that they must be aired and NOT through an amparo action. By parity of reasoning, the analysis that the appellant seeks to be carried out regarding compliance with the concession, compliance with the Master Plan, must likewise be rejected because they pertain to matters of mere ordinary legality and are not within the Chamber's knowledge.

c) THE ANALYSIS SOUGHT BY THE APPELLANT THROUGH THE AMPARO IS CHARACTERISTIC OF ORDINARY LEGALITY CONTROL.

As can be observed and is easily detectable from a simple reading, what the appellant requires is for the Constitutional Chamber to proceed to analyze the project's compliance based on the Ley Forestal (the issue of environmental viability detailed above), the powers of the ICT, the development of the project, as well as compliance with the contractual conditions of the concession and compliance with the Master Plan—so much so that they emphasize the need to have that plan—; elements of analysis that require a more detailed verification of their legality, technical evidence to reach a well-founded conclusion, and an exhaustive analysis by the Constitutional Chamber; all of this contrary to its jurisdiction, which denatures the summary amparo process and seeks to turn the Chamber into a processor of environmental complaints or a reviewer of legality, since it is evident that the amparo at hand is an environmental complaint—which is also being heard by SETENA. Even though the amparo brief filed by the appellant denotes that we are clearly dealing with an environmental complaint, this representation subsequently inserts the following table with the facts of the amparo, with the purpose of making it evident that these are matters of ordinary legality that cannot be addressed in the summary venue of the amparo action (image inserted) …”. “… As we have shown, the appellant makes a clear error in filing the amparo action, as they seek for the Chamber to exercise a control of ordinary legality proper to the contentious-administrative jurisdiction and also seek for the Chamber to become a reviewer of their environmental complaint, as well as of the execution of the concession contract, compliance with applicable legislation, the determination of the existence or not of forest cover—substituting the powers of the competent instances for this purpose. They likewise seek for that Chamber to analyze regulatory compliance for the granting of permits, the review of the Master Plan and its compliance, analysis of the scope of the applicable regulations and of the project itself, as well as the determination of a supposed impact on the forest; claims that are far from being within the Chamber's knowledge by virtue of its nature and what its analysis entails, which is the production of evidence, holding of hearings, regulatory compliance analysis, contractual analysis, among others; actions that are within the purview of the administrative jurisdiction or the contentious-administrative jurisdiction, as we have expressly indicated. None of the facts are linked to the violation of fundamental rights. Therefore, the amparo action of the Asociación Confraternidad Guanacasteca seeks for that Chamber to carry out an ordinary legality analysis, which is not proper for an amparo action, much less the subject of analysis through a summary process such as the one initiated by the action under analysis.”

6.- By document incorporated into the electronic case file on August 4, 2025, the appellant states the following: “… Having read the document submitted by the company Enjoy Hotels & Resort S.A., we recognize their right to express themselves and defend their economic interests. It contributes nothing new. It repeats the arguments stated by the ICT. We flatly reject the intentions of the ICT and the company that the Constitutional Chamber not rule on the merits of this amparo. The core of this amparo revolves around the idea expressed by the ICT that the Papagayo Project is an island, where only the ICT acts and only its special law applies. In reality, the Golfo de Papagayo Tourist Project is located in Costa Rica, around Bahía Culebra, in the cantons of Liberia and Carrillo, province of Guanacaste. Drinking water is managed by the ICAA. Electrical power service is in the hands of the ICE. Security is provided by the various branches of the police of the Ministry of Public Security. The OIJ acts in cases of complaints and the Courts of Justice for the resolution of trials and lawsuits. If the ICT or a businessperson requires a water concession, they must process it before MINAE. The same happens in the case of wanting to cut down trees; they must have a permit from MINAE-SINAC. Likewise, every project requires an environmental viability granted by SETENA. And so we could continue listing cases, issues, and obligations, and institutions legally involved and with mandatory participation.

ISSUE - VALIDITY OF THE LEY FORESTAL IN PAPAGAYO

We request that it be declared that all laws in force in Costa Rica apply in the territory of the Papagayo Tourist Project, except for expressly indicated exceptions. That means equality of rights and obligations for all. In the case of this amparo, there is no mention whatsoever that excludes the Papagayo Project from complying with Ley Forestal No. 7575. This is one of the fundamental issues that the magistrates must resolve in this amparo. The company Enjoy states in its brief: 'The discussion regarding the applicability or non-applicability of the Ley Forestal and its compliance is an issue that exceeds the jurisdiction of this Chamber and that, furthermore, is being challenged in the administrative jurisdiction before SETENA, which inevitably implies its rejection.' There are two elements to differentiate here: ONE.- The validity or not of the Ley Forestal in the area of the Papagayo Project. TWO.- Its compliance and application in the administrative processing at SETENA, at the ICT, at the Municipalities. Point number one is clearly within the jurisdiction of this CONSTITUTIONAL CHAMBER. Not of another lower-ranking court, nor of SETENA. The resolution of this amparo that the Chamber issues, regarding the validity and necessary application of the Ley Forestal within the Papagayo Project, will also serve as a guide for the ICT in future concessions and development plans. Later, it will be the technical entities SINAC-MINAE, SETENA, who will determine whether the concession area – LOT 1 awarded under concession is forest cover or not. We reiterate that this AMPARO comes to defend the Papagayo Tourist Project from deviations from its natural objectives of sustainable and ecological tourism, legally attached to its constituent law. We want to respect and preserve Costa Rica's image as a GREEN DESTINATION for tourism. We want legal certainty for the neighbors, for the visitors, and for current and future investors. The amparo is about the ICT – Proyecto Golfo Papagayo and its acts of not protecting the Natural Heritage of the STATE, failing to comply with what is mandated in Ley Forestal No. 7575 of 1995.

We have very pertinent jurisprudence for this amparo. The Case of Refugio de Iguanita. Many central aspects coincide: it is within the Papagayo Project. It is against the ICT. It deals with the Natural Heritage of the State, according to Ley Forestal 7575. It speaks of forest ecosystems. 'Judgment No. 15758-0007-CO of the Constitutional Chamber underscores that wetlands, mangroves, and forest ecosystems included in state assets form part of the Natural Heritage of the State, and require technical protection even in the initial stages of planning. In Iguanita, the installation of elevated culverts was ordered to avoid alterations to the water flow and biological processes. Well then, in Papagayo, although the environmental viability is not yet being processed, the forests that the ICT manages on state lands are already under the natural heritage regime. Any future planning, study, or intervention must have authorization and precautionary technical measures dictated by SINAC, in accordance with the preventive criterion that the Chamber demanded in Iguanita.' (The judgment is from 1993 or 1994)

The Constitutional Chamber is entirely clear in that resolution, which must be applied to the current case of Dirección05. Why is it applicable jurisprudence in this case? 1. Legal Equivalence In both cases (Iguanita and Papagayo), these are public domain assets within the Natural Heritage of the State managed by the State—whether SINAC or ICT. The Chamber establishes that there is no exception for tourist projects in terms of forest protection. 2. Principles of prevention and legal ecology The jurisprudence emphasizes the precautionary principle, the in dubio pro natura principle, and the requirement for rigorous technical evaluations prior to any physical intervention, even at a stage prior to environmental viability. 3. Right to public access and equitable use In Iguanita, it was clear that the possibility of public use and conservation must be maintained, without private or state entities usurping rights over those lands. Legal Arguments • The Chamber has defined that areas of the Natural Heritage of the State (such as wetlands, mangroves, or forests) acquire a regime of public and imprescriptible dominion, with exclusive technical management by SINAC/MINAE, without special prerogatives to promote tourist projects. • In Iguanita, preventive technical measures (such as an elevated crossing) were required, even before constructive execution, to avoid impacts on fragile ecosystems. • The Court expressly rejected that state or private entities could dilute environmental protection by alleging economic or tourism development purposes—there is no exemption from regulatory compliance. We believe that, in the Papagayo Tourist Project, the precedent of Gandoca Manzanillo should also be applied. To determine areas covered with forest cover, in order to protect them. SINAC should be ordered to conduct a study and impose preventive measures (such as delimiting, classifying, and preventing occupation) to protect the forests. The duty of prevention operates from preliminary stages. If this had been done, we would not be in this dispute, as civil society, defending the Natural Heritage of the STATE. A function that is the purview and obligation of the executive branch entities (MINAE, SINAC, ACT, SETENA, ICT). Law 6758 cannot be considered an exemption from the duty of environmental protection: the ICT must respect the public domain and the technical classification of forest, mangrove, and streams.

ISSUE - LAND USE

This amparo is also about NON-TOURIST uses in the Golfo de Papagayo Tourist Project that, according to Law 6754, is only for tourism purposes. It is an illegal land-use change (cambio de uso del suelo). The LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO – ICT has a definition that must be applied. It is the ICT Law.

Article 38.- For the purposes of this law, a tourist is understood to be any foreigner not resident in Costa Rica, who visits the country for a period of no more than six months, for purposes of distraction, rest, health, or other lawful purposes, provided they are not for obtaining work or employment, or carrying out commercial activities in the national territory. That is: when the foreign traveler comes to work, to reside in the country for more than 6 months, or to engage in "commercial activities" such as purchasing lots or properties, THEY ARE NOT A TOURIST. In this amparo we are only questioning the concession contract signed by the ICT, concession property 2168- Z-000, cadastral map 5-1186670-2007, which contemplates the subdivision (lotificación) of 90 Villas of between 1,000 and 1,500 m2 each and other residential works. The company in its submission does not deny the existence and veracity of the official ICT document, which we provided as proof that they requested authorization for that subdivision. Our assertion that the term of the concession granted by the original contract runs from August 2005 and is for 20 years and its expiration is August 3, 2025, that is, yesterday Sunday. It is a parameter of the non-compliances during the contractual term and a sign of the peculiar handling of the contract. And of changes and privileges obtained by the company a posteriori. It is an illustrative detail of the public-private contracting scenario by ICT tender. Here defended in the ICT's submission. For us, a SUBDIVISION (LOTIFICACIÓN) is REAL ESTATE USE. Whoever buys a lot does so because they intend to build a house or business. And it departs from the definition of tourist in the ICT Law. Access to the Bahía Papagayo web pages of the company Enjoy Hotels & Resort S.A., where properties for sale located in that concessioned lot 1 are offered, on public lands administered by the ICT, among them lots for private constructions by any person in the world who pays the price. Bahía Papagayo - Bahía Papagayo. The concessionaire company is promoting the purchase and sale of properties within its concession area. It does not take into account that it is state land, concessioned. We reiterate our request that this point be declared WITH MERIT (CON LUGAR), to not allow residential use and real estate businesses on STATE lands. And to approve what was requested in our initial filing: 4.- Order the ICT to deny permits for the sale of lots for private villas on STATE-owned land in the Bahía Papagayo Project. That only activities permitted by law may be carried out on that lot. 5.- Order the respondents here to abide in the future by approving only works and projects contemplated in the current Master Plan for said project. On the topic of the validity of the Forest Law (Ley Forestal), it is appropriate to declare this amparo WITH MERIT (CON LUGAR) on this point and grant what was requested in our initial filing: 3.- That the judgment order the protection of the forest areas, Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), of concession 2168- Z- 000, cadastral map 5-1186670-2007 …".

7.- Alexander Ruiz Cubillo appears as a passive coadjuvant, in his capacity as president with powers of general attorney-in-fact of ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, who states the following: "… I. STANDING. The legitimate interest of my represented party to appear as a passive coadjuvant and oppose the amparo action in question derives from its condition as "Master Concessionaire" and "Master Developer" of the Península de Nacascolo, part of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, a project created by Law 6370 which "Declares of Utility the Golfo de Papagayo Tourism Project," with the objective that the area declared of public utility by the Costa Rican State fulfills the legally assigned purpose for the development of a tourism project, as a long-term sustainable development model. The Polo Turístico Golfo de Papagayo, as a state tourism development, is structured with a special legal framework under the direct administration of the Instituto Costarricense de Turismo ("ICT"). The concession contract signed between my represented party and the ICT establishes the development obligations that the Master Concessionaire has assumed in the execution of the tourism project, in accordance with the General Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo and the Master Plan of the Península de Nacascolo. The cited Master Plans establish the authorized land uses for the concessioned area, which include, among other elements, development sites for the construction of hotels, condohotels, combined with residential clubs, condominiums, and commercial premises. Based on the foregoing, and since the amparo action questions the Polo Turístico Golfo de Papagayo as a whole and, specifically, the development of a concession granted under said regime, it is clear that there exists a legitimate interest of Ecodesarrollo Papagayo, Ltda. to appear as a passive coadjuvant in this amparo action that seeks to cast doubt on the legality of the development. II. BACKGROUND OF INTEREST. FIRST: Through the amparo action filed, the claimant questions the Polo Turístico Golfo de Papagayo project, particularly regarding the Proyecto Bahía Papagayo. Specifically, he contests the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project by means of Resolution No. 0591-2022-SETENA corresponding to case file D1-0170-2021-SETENA (Proyecto Bahía Papayo). Likewise, he indicates that there is a deviation of the Polo Turístico Golfo de Papagayo project in relation to the Forest Law, as well as the scope of the concession contract and the referred Master Plans. SECOND: As can be verified, the amparo action at hand concerns a matter of mere ordinary legality and, consequently, its hearing and claim are not within the competence of this Constitutional Chamber (Sala Constitucional). THIRD: The claimant asserts that the amparo action has the purpose of defending the Polo Turístico Golfo de Papagayo project from deviation from its natural tourism objectives, legally compliant with the law, to maintain the right to enjoy the quality of life of the residents of the area. In addition, the claimant states, in a disorderly manner and devoid of any evidentiary support, that the development intended to be carried out is not contemplated in the concession contract, and that there is forest on that lot, with different vegetation covers (coberturas vegetales), as recorded—in his opinion—in the Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental). FOURTH: In addition, the claimant intends for this Constitutional Chamber to interpret that the Forest Law must prevail over the special regulations, since, as he affirms, no lower-ranking norm can amend a law and that, in this case, the objectives defined in the laws that underpin the creation and development of the Polo Turístico Golfo de Papagayo project cannot be changed by directives. III. OBJECT OF THE AMPARO ACTION. As is clear from the amparo action filed, it is based on a series of alleged non-compliances and non-observances of norms, as well as inconsistencies in the environmental viability, non-compliance with the conditions of the concession and the Master Plan; claims that are characteristic of an ordinary legality review and not of the constitutional avenue, since when the Chamber analyzes these aspects, it would have to carry out a series of evidentiary proceedings, reviews, verifications, and detailed analyses typical of a plenary proceeding, which exceeds the scope of its competences and, moreover, distorts the amparo action figure. The claimant's claims consist of delimiting the actions of the ICT, the scope of the project, ordering the ICT to provide the Master Plan, as well as ordering that public entity that the concession covered by forest must be used only for certain activities. The foregoing means that for the Chamber to grant the claimant's claims, it would have to carry out a specific analysis of the facts, in addition to an investigation and taking of evidence typical of other types of processes, because to determine whether or not the Master Plan is complied with and whether it in turn complies with the regulations, an entire plenary proceeding with the taking of extensive technical evidence would be necessary, which exceeds the constitutionality analysis that corresponds to this Chamber. In addition, alleged non-compliances, even of the concession contract and the Master Plan, are claimed; elements that are clearly inappropriate for the constitutional sphere, which allows concluding without a doubt that what the claimant seeks is a matter of mere ordinary legality and that, as such, merits the outright rejection of the amparo action under analysis. Without prejudice to the foregoing and to the fact that we respectfully request the outright rejection of this amparo, we will make some substantive considerations below so that, if this Constitutional Chamber decides to hear and resolve on the merits of the amparo filed, it has knowledge of particular and very relevant factual and legal aspects of the Polo Turístico Papagayo, which is not only a national tourism project unique in its kind, but also has legal particularities that make it exceptional in its type. For a long time, the claimant has sought to obstruct and paralyze the development of the area, ignoring the special regulations and seeking to confuse the various instances he has approached, and this amparo action is no exception. IV. LEGAL AND FACTUAL GROUNDS SUPPORTING OUR COADJUVANCY. 1. SPECIAL LEGAL NATURE OF THE POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO. 1.1. HISTORICAL NUANCES OF NECESSARY OBSERVANCE. By virtue of the amparo formulated, it is necessary to recall the particular legal nature of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, since its special nature, provided by law, aims to demonstrate that it is not true that either the project in general or the specific case denounced have violated any environmental regulations. Indeed, in 1965, the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) outlined its policy of promoting tourism development in the Central American area. For this purpose, the firm Porter International Co., located in Washington D.C., was commissioned with a study to obtain recommendations that would serve as the basis for a Master Plan for Tourism in Central America. In 1970, steps were initiated to identify the areas with the greatest tourism potential in the Isthmus. The first joint meeting, held in Guatemala at the end of 1972, served to approve the "Programa Regional de Desarrollo Turístico," which established tourism development under certain objectives, goals, and alternatives, oriented toward vacation tourism, emphasizing the enjoyment of nature and its scenic beauties (ecotourism). "Tourist poles" (polos turísticos) or first-order stay zones and a circuit or second-order stay zones, whose development would be supported by the main pole, were established in each country. For Costa Rica, "Bahía de Culebra" was selected as the first-order stay zone, now known as the Polo Turístico Golfo de Papagayo. To this effect, Bahía Culebra was chosen as the most suitable site to locate a sun-sea-sand stay-type tourism project, where its natural conditions, cultural aspects, and exploitation possibilities were prioritized. Continuing within this background, in April 1978, the Instituto Costarricense de Turismo (hereinafter, ICT) approved the Technical-Economic and Financial Feasibility Study, the Master Plan, and Preliminary Design of the Proyecto Turístico de Bahía Culebra, carried out by BEL Ingeniería, CEISA, Madriz Mezerville & Asociados, Checohi & Co. On July 25, 1979, during a solemn session of the Asamblea Legislativa, in the city of Santa Cruz de Guanacaste, the Bill for the Ley de Desarrollo Turístico de Bahía Culebra, Law 6370, was approved in the first debate; and by July 31 of that same year, it was definitively and officially approved in the third debate (necessary at that time), the cited Law; where the Polo Turístico Golfo Papagayo is declared of public interest. The referred Law states, in substance and relevantly up to this point: "Article 1.- The following are declared of public utility: immovable property, whether complete properties, portions, rights, or legitimate patrimonial interests, which by their location are necessary to carry out and execute the tourism project in Bahía Culebra, in the jurisdiction of the province of Guanacaste, (…). Said territorial portion comprises the maritime zone of the Pacific coast, located from Punta Cabuya to the North, to one kilometer South of Punta Ballena." "Article 2.- The Instituto Costarricense de Turismo is authorized to directly acquire, dispensing with the tender process, but with the endorsement of the Contraloría General de la República, the immovable property within the area described in article 1 of this law, which in its judgment is necessary for the development of the project." (…). Article 10.- Once the lands indicated in this law have been acquired, they may only be used by the Costa Rican State for the tourism development project in Bahía Culebra, in accordance with the SPECIAL LAW that the Asamblea Legislativa must issue for that purpose in compliance with article 3 of Law No. 58471 of November 18, 1975." (Emphasis ours). By the year 1982, Law 6758, the Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, was issued, and in 1995, the Regulation to the "General Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo" was published in the Official Gazette La Gaceta. Said regulation was amended by means of the publication of Gazette No. 84 of Wednesday, May 2, 2012, under the name "Reforma al Reglamento del Plan Maestro General del Polo Turístico Golfo de Papagayo." By means of the aforementioned Law No. 6758, it is provided that only the works foreseen in the Master Plan shall be carried out in the area assigned to the project. The cited norm provided: "Article 2.- In the area designated for the development of this project, only the works foreseen in the Master Plan, approved by the Instituto Costarricense de Turismo, and all works consistent therewith, shall be carried out in accordance with the provisions of this law and in accordance with the technical norms that this Institute issues for this purpose." (Emphasis ours). It is in the recently cited law where the existence and necessity of a Master Plan is provided, which, as its name indicates, implies the planning of the works of the respective project (land and basic services). Thus, this law regulates the precise execution of the project, who is responsible for the construction of works, the corresponding financing, the competences of the intervening bodies, and regulates the land use (uso del suelo) for the tourism activity of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, which is important for the purposes of applying the rest of the legal system in the area and regarding the existence of the Master Plan. Within this legal reference framework, it is evident that there is a public interest in planning the land destined for the Polo Turístico Golfo de Papagayo, with an undeniable land use for tourism activity. That interest consists of achieving greater well-being for the administered and the healthiest, most reasonable, and balanced tourism exploitation of the environment in which it must be developed. 1.2. SPECIAL LEGAL REGIME OF THE POLO TURÍSTICO DE PAPAGAYO. The great importance of the Polo Turístico Golfo de Papagayo is evident in the multiple laws—6 in total—that the national legislature has issued to ensure a complete and thorough legislative regulation of that strategic project for the country's tourism development. Let us briefly review this legislative development, as well as that of infra-legal norms: a. Law No. 5847 of November 18, 1975. By means of this law, the "Loan Agreement entered into between the ICT and the Banco Centroamericano de Integración Económica, to finance the preparation of the technical-economic feasibility study and preparation of the master plan of the tourist pole of Bahía Culebra, Province of Guanacaste" is ratified for the sum of $370,000.00 with a term of 10 years. In Article VIII, section 8.6., of the referred agreement, it is indicated regarding the "Guarantee" that "The loan referred to in this document is granted taking into account that the Government of the Republic of Costa Rica guarantees jointly and severally and to the satisfaction of the Bank the obligations contracted by the Borrower," that is, the ICT. Among the commitments assumed by the Costa Rican State as joint and several guarantor is that of "Cooperating broadly to ensure the fulfillment of the loan’s objectives." Article 3 of this Law No. 5847 provided the following: "The tourism development project of Bahía de Culebra, arising as a consequence of this feasibility study, shall be carried out by the Costa Rican State, IN ACCORDANCE WITH THE SPECIAL LAW that the Asamblea Legislativa must issue for that purpose." (Emphasis ours). This law, by ratifying the loan agreement between the ICT and the BCIE, by constituting the Costa Rican State as guarantor or joint and several surety for the ICT's obligations, and by stipulating in its article 3 that the project "shall be carried out by the Costa Rican State, in accordance WITH THE SPECIAL LAW that the Asamblea Legislativa must issue for that purpose," very early on, made it clear that this is a project of national interest under the responsibility of the ICT and the State and that it must be regulated by a special law due to that special and strategic nature. Clearly then, since 1975 with Law 5847, the legislature made clear its will that the Polo Turístico Golfo de Papagayo be governed by a special law. This will was later unequivocally confirmed in 1979, with the publication of Law 6370, as detailed below. b. Law on the Zona Marítimo Terrestre No. 6043 of March 2, 1977. This law determined the clear and unequivocal national vocation of the Polo Turístico Golfo de Papagayo in its provision 74, which stated the following: "Article 74.- Regarding the Bahía Culebra Comprehensive Development Project, whose coastline is bounded to the North at the point of Lamber Costa Rica Grid, latitude 2/94 and longitude 3/53, extending to the point of latitude 2/84 and longitude 3/50, that is, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, the affected areas shall be under the direct administration of the Instituto Costarricense de Turismo. The regulations that will govern this development shall be formulated by the Poder Ejecutivo, after consulting this Institute. All of the foregoing without prejudice to the usufruct and fees that correspond to the respective municipalities in accordance with this law." Based on that provision 74 of the Law on the Zona Marítimo Terrestre, the Procuraduría General de la República—advisory body to the Constitutional Chamber in matters of unconstitutionality actions—has repeatedly pointed out the following: "However, the Law that Regulates the Execution of the Papagayo Tourism Project (No. 6758 of June 4, 1982) established a specific distinct regime for the management and administration of the lands included in that Project. For, as provided in articles 3 and 18 of that Law and in article 74 of the ZMT Law, the affected areas are under the direct administration of the ICT to the exclusion of the municipalities, safe the power of the corresponding Municipalities to collect the fees for the concessions that the ICT grants in the restricted zone of the maritime terrestrial zone of the project. Regarding this special regime, the Procuraduría has referred on other occasions, providing: The Proyecto Turístico Papagayo constitutes a 'special case' of the maritime terrestrial public domain (Law 6043, art. 74). It is governed, firstly, by its prevailing regulations. The public domain lands that comprise it, destined for the granting of concessions (Law 6370, art. 10; Law 6758, arts. 12 et seq., Decree 25439, art. 2 subs. i, Nombre02 and k, etc.) are under the ownership and direct administration of the Instituto Costarricense de Turismo, without prejudice to municipal fees, for the 'usufruct,' and the concurrent competences that other state bodies or entities have regarding certain matters or property..." (Opinions Nos. C-171-1993, C-028-1994, C-094-2000, C-189-2003, C-365-2014 and C-106-2018). It is worth noting that the Constitutional Chamber, ruling on the maritime terrestrial zone and cases such as the Polo Turístico Golfo de Papagayo, in its Vote No. 5210-97 of 4:00 p.m. on September 2, 1997, provided: "The truth is that provisions 67 and 74 of Law No. 6043/77 have not only been used without alarm, but that, in view of that peaceful use, they are practically reproduced in Law No. 6758, of June 4, 1982, for the purpose of regulating the development and execution of the Papagayo tourism project (Bahía Culebra)." c. Law No. 6370 of September 3, 1979. This law in its provision 1 declares of "public utility immovable property, whether complete properties, portions, rights, or legitimate patrimonial interests, which by their location are necessary to carry out and execute the tourism project in Bahía Culebra." In this legislative instrument, we find several precepts that highlight the public interest, under the charge of the State and the ICT, of the Polo Turístico Golfo de Papagayo; article 2 authorizes the "Instituto Costarricense de Turismo to directly acquire, dispensing with the tender process (…), the immovable property within the area described in article 1 of this law, which in its judgment is necessary for the development of the project." This is reaffirmed by article 8 when it prescribes the following: "The State shall immediately and adequately finance the purchase and conditioning of necessary lands, their conservation, and the provision of primary infrastructure, to execute the tourism project in Bahía Culebra. The Instituto Costarricense de Turismo is authorized to coordinate with state institutions and bodies the construction of the required works. Likewise, the State shall provide, in the shortest possible time and through its institutions, basic facilities at cost to those residents who wish to relocate to the site or sites in the area adjacent to the project. These shall be determined by common agreement and without detriment to the economy in the provision of public services." Particularly significant is article 10 of this Law No. 6370, already noted ut supra, when it establishes the following: "Once the lands indicated in this law have been acquired, they may only be used by the Costa Rican State for the tourism development project in Bahía Culebra, in accordance with the special law that the Asamblea Legislativa must issue for that purpose in compliance with article 3 of Law No. 5847 of November 18, 1975." As previously noted, since 1975 with Law 5847, the legislature made clear its will that the Polo Turístico Golfo de Papagayo be governed by a special law. This will was later unequivocally confirmed in 1979, with the publication of this Law 6370. Thus, note that the legislature specified that the law that was to regulate the destination of the lands that comprise the Polo Turístico must be of a special nature. This means that only by special law can the purpose of the lands located in the Polo Turístico Golfo de Papagayo be altered. d. Law No. 6447 of June 16, 1980. By means of this law, the "Loan Agreement No. 569-FO for an amount of up to US$610,000, entered into between the Banco Centroamericano de Integración Económica and the Republic of Costa Rica, to finance final engineering studies and designs and the preparation of tender documents for the execution of the first stage of the Proyecto Desarrollo Turístico de Bahía de Culebra, to be developed in the province of Guanacaste" is approved or ratified, with a term of 10 years. e. Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP No. 6758 of June 4, 1982. This law is essential, as it came to be the effective execution of what was provided in article 3 of Law 5847 of November 18, which approved the international loan from the BCIE in favor of the ICT to develop the project, in the sense that a special law regulating the matter and article 10 of Law No. 6370 had to be issued. Article 2 allows the realization, only, of those works foreseen in the Master Plan issued and approved by the ICT; provision 3 provided for the registration in the name of the ICT of all unregistered lands included in the project. Provisions 5 and 6, respectively, authorize the National Banking System and state institutions to grant loans or credits to the concessionaires and that the Poder Ejecutivo, through the Ministry of Finance, negotiate international loans in favor of the ICT. Provision 7 enabled the ICT to create a special fund destined for the development and execution of the project. The ICT's Board of Directors is granted the competence to grant concessions, cancel them, extinguish them, and rescue them (articles 12 to 15). f. Law of Concession and Operation of Tourist Marinas and Docks No. 7744 of December 19, 1997. This law, in its articles 1, paragraph 4, and 25, recognizes the ICT's competence to grant concessions of that nature in the Polo Turístico Golfo de Papagayo (table inserted) ...". "… From the large amount of regulations issued, which have been synthesized in the foregoing terms, it is verified that the Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Papagayo, Law No. 6758, established an exceptional or special legal regime for its development and execution, which is characteristic of what is known in doctrine as development poles (polos de desarrollo). In this sense, the legislature, aware of the dynamics and flexibility that a tourism project of this nature and magnitude must have, limited itself to regulating the basic aspects of the Project, to delegate the development and execution thereof to the Master Plan approved by the ICT and the technical norms that this same public entity issues for this purpose. Consequently, considering that the registered owner of the land of the Master Concession of Península Papagayo is precisely the ICT, as well as that it is that public entity that is obligated to bring the project to a successful conclusion, the legislature endowed it with broad regulatory power to regulate all matters related to the development and execution of the Polo Turístico Golfo de Papagayo. Now then, it should not be omitted then that, as recognized by the Procuraduría General de la República in its pronouncements, 'the lands acquired to develop the Project are public domain property (bienes de dominio público), assigned to the fulfillment of the purpose assigned by law, according to article 1 of Law No. 6370 of September 3, 1979' (Thus, Opinion C-094-2000 of May 11, 2000). (Emphasis ours). In accordance with the regulatory account just made, the legislature provided for the ICT not only the condition of owner over the land of the Master Concession of Península Papagayo, but in turn that of being obligated to bring the project to a successful conclusion, granting it, as a consequence of its condition as administrator, the broad regulatory power to regulate all matters related to the development and execution of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, similarly to what sectoral laws customarily do with respect to regulators, based on articles 6 e) and f) and 14 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP). 1.3. THE SPECIAL SECTORAL LEGAL ORDER OF THE POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO PREVAILS OVER GENERAL LAWS. To determine the prevalence of a norm, when faced with two or more that initially appear as potentially applicable, it becomes necessary to consider some of the general principles of Law referring to: the principle that the later law repeals the earlier one, on the one hand, and the principle that the special law prevails over the general one, on the other hand. In the present matter, based on everything explained in the preceding sections, the special nature of the norms contained in the Ley de Desarrollo Turístico de Bahía Culebra No. 6370 of July 31, 1979, and the Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo No. 6758 of June 4, 1982, together with the rest of the special sectoral Legal Order of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, is more than evident. Indeed, the Forest Law introduced into our legal system the concept of "patrimonio natural del Estado," administered by the Ministry of Environment and Energy, and constituted, according to its article 13, by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies.

Clearly, the essence of the regulation tends, in a general manner, toward the protection of forests and the total prohibition of logging on State lands and in conservation areas. For its part, Articles 1 and 2 of Law No. 6758, in conjunction with the rest of the regulations of the special sectorial Legal System of the Polo Turístico Golfo de Papagayo, define the establishment of a special and specific action framework for the Polo Turístico Golfo de Papagayo. With said regulations, the State's intention to plan the development of the area in a coercive and binding manner for the individual is clearly evidenced. The law states that in the area, the project will ONLY be developed and will be developed in accordance with the Master Plan approved by the ICT and in accordance with the technical standards that said Institute issues to that effect, so there are no legally admissible alternatives other than those established by the Master Plan. In this regard, the Office of the Attorney General of the Republic (PGR) has stated: “Consequently, that binding nature of the Plan prevents it from being considered a simple technical guideline. On the contrary, it is easy to conclude that the Master Plan, by exhaustively determining the works that may be carried out within the project area, does so not as a simple recommendation or guideline, but with the legal force proper to a coercive and mandatory provision; that is, a norm. The examination of the legislative record of Law No. 6758, at folios 31 and 103, leaves no doubt in this regard: the legislator's intention was that the Master Plan have a preponderant role, of a normative nature, in the execution of the work, and that the project area be kept reserved for the exclusive development of tourist activities.” (C-181-94 of November 23, 1994). The PGR adds in the same recently referenced pronouncement: “In this regard, we have that the Master Plan constitutes an act of regulatory value. Therefore, it is necessary to examine which body within the ICT has been assigned by the legal system the competence to issue regulations. Thus, Article 26 of Law No. 1917 provides, as relevant: ‘The Board of Directors shall have the following powers: (....). b) To issue, promulgate, amend, and interpret the internal regulations necessary for the better development of the Institute's purposes; and to submit to the Executive Branch those regulations that require its approval. For the regulations and amendments issued by the Board of Directors to be valid, they must be published in the Official Gazette.’ It follows that, if it corresponds to the Entity's Board of Directors to regulate the internal activity of the entity and of those administered in a special subjection relationship with the Institute, it must be concluded that this competence extends to the modification and repeal of the issued norms, even when this power has not been specifically established. (…). Therefore, it must be concluded that the Board of Directors has express competence to intervene directly in matters relating to the Golfo de Papagayo Project, regulating it originally through the issuance of the Master Plan, and by means of amendments to the Plan.” The aforementioned specialty has in no way been diminished by the entry into force of the Forest Law (Ley Forestal), so that is the criterion that must prevail in the specific case, and it is that if normative antinomies can be resolved through various different hermeneutic criteria: namely the hierarchical (not applicable here because we are dealing, at the core, with legal-rank norms), the specialty criterion, and the chronological criterion. The chronological criterion does not imply that every subsequent law repeals the previous one, as this is valid if both norms are general, but not when a specialty criterion is at stake, as occurs in the matter developed here. The specialty criterion is a relational criterion, in the sense that no norm is special by itself, but rather is special in comparison with another. The “special” norm constitutes an exception regarding what is provided by another of more general scope, which prevents the factual situation regulated by the norm from being included in the broader scope of the general law.” (DIEZ-PICAZO: La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, p. 345). Now, integrating what was expressed in the previous sections of this study, we highlight, as was mentioned before, that since 1975 with Law 5847, the legislator made clear its will that the Polo Turístico Golfo de Papagayo be governed by a special law, by stipulating in its Article 3 that the project “shall be carried out by the Costa Rican State, in accordance with THE SPECIAL LAW that the Legislative Assembly must enact for that purpose.” Note that the legislator specified that the law that was to regulate the destination of the lands that make up the Polo Turístico was to be of a special nature. This means that only by special law can the purpose of the lands located in said Polo be changed. The foregoing allows us to determine with certainty the prevalence of the norms comprised in the Law for the Tourist Development of Bahía Culebra No. 6370 of July 31, 1979, and the Regulatory Law for the Development and Execution of the Golfo de Papagayo Tourist Project No. 6758 of June 4, 1982, together with the rest of the special sectorial Legal System of the Polo Turístico Golfo de Papagayo; given that, for its part, Forest Law No. 7575 of April 16, 1996, has, in contrast, a general character that yields to the specialty applicable to the Polo Turístico Golfo de Papagayo, because the content of the sectorial Legal System highlighted here is directed at a specific area or location, the Polo Turístico Golfo de Papagayo. The prevalence of special norms over general ones constitutes one of the general principles regarding the application of norms. In his Tratado de las Personas, the scholar Brenes Córdoba explains the following: “General laws do not repeal special ones, except when they expressly declare so, or when the intention to render the special one without effect clearly results from the object or spirit of the general law that is enacted. Apart from this, the rule observed concerning the tacit repeal of special laws is that it is only produced by other, also special, laws that appeared later on the same matter, insofar as no possible conciliation exists between them. Conversely, general laws are understood to be repealed by special ones, in that part or in those points in which the latter later established provisions relative to a particular matter comprised in the former. This is the meaning of the principle: ‘In law, the genus is repealed by the species.’” Tratado de las Personas, Librería e Imprenta Lehmann, 1933, p. 56 (Highlighting not from the original). Thus, only when the legal consequences are mutually exclusive does the logical relationship of specialty necessarily lead to the displacement of the more general norm, since, otherwise, the more special norm would have no field of application. (K. LARENZ: Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1980, p. 261). The specialty of the norm and its exceptional character thus cause a restrictive application of the general norm, which yields to the benefit of the application of the special precept. For all the foregoing, we consider that it does not correspond to the authorities defined in the Forest Law to grant licenses for tourist developments within the Polo Turístico Golfo de Papagayo, considering that a forest appears in its area that could be considered State Natural Heritage and be declared as such, given the fact that the Polo Turístico Golfo de Papagayo is also a State public domain asset, only that the legislator conferred upon it a specific purpose, which for that reason must prevail. In the same line, it would also be appropriate to add and understand that a different interpretation would entail an impact on the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), since the aforementioned dynamic, which is sustained based on the criterion of specialty of the norm (of the special sectorial Legal System of the Polo Turístico Golfo de Papagayo), has also been the one in force in the factual historical development, which entails for the entire Polo Turístico Golfo de Papagayo project and its concessionaires, the certainty and conviction about the regime applicable in their case. In this regard, on the principle of protection of legitimate expectations, the Costa Rican scholar Dr. Ernesto Jinesta Lobo, in his work Tratado de Derecho Administrativo, Volume I, Editorial Jurídica Diké, pages 181-182, explains that as established by the Spanish Supreme Court, in its judgment of February 1, 1990, this principle: “… must be applied, not only when any type of psychological conviction is produced in the benefited individual, but rather when it is based on external signs produced by the Administration sufficiently conclusive to reasonably induce him to trust in the legality of the administrative action, (…). The principle of legitimate expectations, together with that of good faith in legal-administrative relations, derives from the principle of legal certainty, that is, certainty in relations with public authorities, the administered knowing what to expect from them, who must avoid objectively confusing situations and maintain legal situations, even if they are not absolutely in conformity with the legal system.”.

8.- By a brief incorporated into the electronic case file on August 15, 2025, the appellant states the following: “… The presentation of the joinder by Ecodesarrollo Papagayo fills us with pride, as it demonstrates that this AMPARO APPEAL has more meaning, importance, and value than we imagined when filing it. Of course, we in no way oppose their participation, because as they themselves say, they are the ‘Master Concessionaire’ of the Papagayo project with some 1,000 – 1,200 hectares of lands owned by the STATE and administered by the ICT, concessioned to them. We recognize their right to defend their economic interests. The mention they make of ‘impact on the principle of legitimate expectations’ draws powerful attention. I understand that they refer to the company's expectations of making substantial businesses with the public lands obtained in concession. We believe that the validity and application of laws in Costa Rica, equally to all, is the only thing that generates ‘Legitimate Expectations’ for us. We are backed by Article 50 of the Political Constitution. OUR DEFENSE OF THE FOREST We apologize to the Magistrates, for errors or lack of formal rigor in our argumentation. We are not lawyers and we do not have advice from expensive law firms. Unlike simple sand and beach tourism, Costa Rica has developed an attractive image of nature and biodiversity conservation tourism. A variety of scenarios are offered, volcanoes, protected areas, wildlife, forests, culture, waterfalls, and diving, among others, alongside beaches and activities like sport fishing, surfing, and sailing. In this AMPARO we focus on the topic of forests. The argument made by the respondent ICT and the coadjuvant parties is that the forest bothers tourist development. Would the Papagayo Project be attractive and viable without the existence of forests in the area? The answer is, without a doubt, NO!! The existence of the natural wealth of the area was the basis, the cause or reason for the selection of Bahía Culebra for the realization of the Papagayo project. The fauna of the area is in the forests. When we pass by there we see tourists, looking at and photographing the monkeys or beautiful birds in the trees. Admiring the majestic Panama trees that give name to this beach. Local residents and other knowledgeable people, collecting tamarind fruits in their season of abundant production. Everyone enjoying the shade of the beach forest that reaches the edge of the high tide. The forest is a tourist attraction. Yes, its conservation hinders and prevents the construction of villas and condominiums and golf courses. We believe it is time to balance and differentiate tourism whose objective is necessary rest, healthy recreation, education in environmental topics, and the valuation of local cultures, the image of an environmentally friendly country; from the businesses that are done to satisfy those desires. We believe that tourism must value and respect forests. CRITERIA OF THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC Given that several briefs select some paragraphs from criteria of the Office of the Attorney General, we must refute them and provide the conclusions of OFFICIAL LETTER C-210-2002 of August 21, 2002, which is particularly relevant for two reasons: ONE.- It deals especially with the topic of environmental protection areas within the Papagayo Tourist Project. TWO.- It is expressly addressed to Mr. Rubén Pacheco Lutz, then Minister and Executive President of the ICT, the institution appealed here, and who is today the owner of the company Enjoy Hotels & Resort S.A. appearing as coadjuvant in this amparo case file. VI.- CONCLUSIONS From all the foregoing, it is concluded that: 1) The Instituto Costarricense de Turismo holds the public ownership, administration, and guardianship of the territorial sector assigned to the Papagayo Integral Development Project, which the State transferred to it by Law 6370 and is registered in its name in the Public Registry of Real Property. The administration and control of that development is the responsibility of the Project Executing Office, which the ICT itself created, based on Law 6758, Article 9. Except for the public zone, which by original legal designation is for common, free, gratuitous, and egalitarian access and use for pedestrian transit, the practice of recreational activities, and healthy physical-cultural expression, the remaining territory is dedicated to the granting of concessions, in compliance with the postulates of sustainable development, the guidelines of the Master Plan, and other applicable provisions. The Municipalities of Liberia and Carrillo retain the right to receive the canon fees from these concessions. 2) The administrative powers that the ICT exercises in the area destined for the Papagayo Tourist Development Project are without prejudice to the legal competences of other administrative organs or entities in singular matters or the guardianship and administration of natural resources or cultural assets of the national heritage, which must be respected. Although the regulations of the Papagayo Tourist Project are special, this does not constitute an exception regime vis-à-vis the rest of the legal system. 3) In order to give effect to the legislation enacted and international instruments approved by the country, the Executive Branch is empowered to decree National Wildlife Refuges, including the coastal public domain of the State, by delimiting the geographic area in which the legal regime of that category will be applied. Regarding the state coastline, the National Wildlife Refuges located there, with the equivalent reserve nomenclature, are excluded from the Law on the Maritime Terrestrial Zone, regulated by the respective legislation, and under the administration of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), which, in the new natural resource management and decentralized administration scheme, takes over the functions and competences of the Dirección General de Vida Silvestre. In this case, that criterion, which establishes Article 73 of Law 6043, would serve as an interpretative guideline, to the extent compatible (Art. 93 of its Regulation), for the Papagayo Tourist Development Project, if the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita had been duly constituted, which did not occur. 4) The declaration of National Wildlife Refuges on properties belonging to autonomous institutions, semi-autonomous institutions, and Municipalities entails, as a mandatory requirement, the procedure of obtaining from the Executive Branch the ‘prior favorable agreement’ of these (Art. 84; Wildlife Conservation Law). An assumption that does not arise with the maritime terrestrial zone, part of the national heritage, when a declaration of that kind supervenes. The State may reserve the lands it deems convenient to public interests for the conservation of wild flora and fauna, without the need for a municipal hearing, although preliminary coordination is recommended to prevent actions discordant with the new regime. 5) There is no record that for the creation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, by Decree No. 23217-MIRENEM-TUR of April 28, 1994, in Playa Iguanita, within the Papagayo Tourist Project, the favorable agreement of the Board of Directors of the ICT was obtained, which cannot be considered remedied by the signature of the Decree made by the then Minister of Tourism, who served simultaneously as Executive President of the Institution and of the Governing Council of the Papagayo Project. This is because he was the head of a Ministry without portfolio, which did not have charge over a branch of executive activity, and thus could not be a part of the Executive Branch for the effects of Article 140 of the Constitution. Nor did he have competence to issue the agreement on his own and substitute the Board of the ICT. In collegiate bodies, the decisions that externalize their unitary will (collegiate act) are taken by a majority of the coinciding individual wills, after prior deliberation and voting. In any event, on the date the consultation was formulated, the procedural period for the direct challenge of the Decree, for eventual omissions in its preparation, under penalty of expiry, had abundantly elapsed. And upon approving the General Master Plan of the Golfo de Papagayo Tourist Project, at an ordinary session held on July 10, 1995, No. 4572, Article 2, Clause VIII, the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo accepted as a guiding principle of that Plan ‘the total respect for the protected areas’ (Article 3), which is generic. 6) Regardless of the formal defects that the Decree might have, it is clear that it lacks sufficient coverage to modify the purpose given by Law to the area of the Papagayo Tourist Project, which could only be changed by an act of the same rank, and invalidates administrative acts applying other priority uses. The competent authority to effect a public domain purpose change is the one enabled to affect the asset, in the absence of an express norm determining a different one (principle of parallelism of competences). The legal purpose designation constitutes an interpretative limit to Article 84 of the Wildlife Conservation Law. The Decree, even with support in the Wildlife Conservation Law, continues to have an administrative nature, the same as the favorable agreement that the Board of Directors of the ICT could have adopted, in accordance with said Article 84, which -for the same reason- would be insufficient to effect the change of purpose. 7) A public domain purpose change, by Executive Decree, to dedicate assets that are public domain of an autonomous, semi-autonomous, or municipal entity to wildlife conservation, would only be possible if these were designated by a singular administrative act, supported by a Law, and the prior favorable agreement of the institution to which they are assigned is obtained. In such a hypothesis, the declaration of a National Wildlife Refuge would operate modifications in the ownership and purpose of the assets, administration, uses (predominant, permitted, compatible, prohibited, etc.), or exploitation; transfers of competence for planning the area, conservation, protection, collection of canon fees for differential uses or the administrative real rights that are granted, variations in legislation, etc.; all elements that configure a transformation in its legal statute. 8) In compliance with the principle of normative hierarchy, faced with the apparent antinomy between Article 74 of Law 6043, in connection with Laws 6758 and 6370, and Decree No. 23217-MIRENEM-TUR, creator of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita within the Papagayo Tourist Project, the legal operator must opt for the application of those Laws, which, being of a higher rank, prevail over norms of inferior category (Article 6 of the General Law of Public Administration). Consequently, the administration of the lands within which the declaration of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita irrupted, and the granting of concessions, corresponds to the Instituto Costarricense de Turismo, as long as the Legislative Assembly does not modify the public purpose that it assigned to the involved sector, based on the recommendation of the Executive Branch and technical reports from MINAE about the need to constitute that protected wildlife area, encompassing territorial spaces of the mentioned Project (Biodiversity Law, Art. 58; Organic Law of the Environment, Art. 36). 9) It is clarified that, in accordance with our Organic Law, the position assumed by the Office of the Attorney General has always been in defense of natural resources, especially those existing in the coastal public domain, and of safeguarding the environment, with the aim of guaranteeing the constitutional right to an appropriate environment. But, as the superior, technical-legal body of the Public Administration, it must also ensure the correct interpretation of the norms. From the reconciliation of both attributions, it is inferred that public authorities have the obligation to protect the environment, within the competences that concern them, but they must not do so against the legal system and the principles that govern it, but rather by adapting to its normative channels. The protection of the right to a healthy environment and respect for the principle of normative hierarchy are two constitutional values that must coexist in harmony. Hence, despite our interest in maintaining the protective postulates and norms of the Decree that created the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, we face the insurmountable problem outlined in sections IV.4 and VI.6 that leaves us no option in favor of that stance. For it to have legal protection as a wildlife area, it is recommended that the Executive Branch submit to the Legislative Assembly, as soon as possible, the initiative to create the Refuge by law, consulting the Institute. (Art. 190 of the Constitution and rulings of the Constitutional Chamber numbers 1633-93 and 3-92). 10) Bypassing the formal defects that the declaration of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita may have, since the existence of the species and ecosystems it seeks to preserve is undeniable, and that by mandate of Articles 50 of the Constitution and 60 of the Biodiversity Law, the ICT must protect natural resources and the environment in the granting of titles to use the maritime terrestrial domain of the Papagayo Tourist Development Project, encourage the creation of the Refuge and assist in its management, it may not make decisions that cause significant harm to the local wildlife, nor is it advisable for its actions to compromise its proper constitution, if that were the will of the Executive and Legislative Branches, and had technical support. Coordination with MINAE and the implementation of viable, low-impact ecotourism projects could find a balance of interests. Sincerely, Dr. José J. Barahona Vargas Attorney Director, Agrarian and Environmental Law Area DOCUMENTARY EVIDENCE Our main protected topic is the validity or not of Forest Law No. 7575 in the areas of the Papagayo Project. Therefore, it seems important to us to provide documents that are a kind of confession made by Mr. Henry Wong Carranza, Executive Director of the Golfo de Papagayo Project, known here as representative of the INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO – ICT, the respondent here. This recognition that Forest Law No. 7575 actually does affect that zone under his administration, is in a public document, which is certified as true and authenticated with his digital signature and valuable testimonies of professionals, from the National Registry and the CFIA. The plan registered in the National Registry 5-52763-2023 of the concession LOT 1, located in Playa Panamá in favor of ENJOY HOTELS & RESORT S.A., the center of this amparo. There, black on white, the surveyor VINICIO ALVARADO ROJAS, approved by the CFIA and with the signature of Eng. HENRY WONG CARRANZA, Executive Director of the Polo Turístico Golfo Papagayo, approves and blesses this legal document that, among other things, says: “- AFFECTED BY FOREST LAW NO. 7575 – ARTICLE 33”. (capital letters from the original) Article 33 of the cited FOREST LAW NO. 7575 says: CHAPTER IV Forest Protection ARTICLE 33.- Protection Areas The following are declared protection areas: a) The areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and fifty meters horizontally, if the land is broken. c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. d) The recharge areas and aquifers of springs, whose limits shall be determined by the competent bodies established in the regulation of this law. We take this signature given by his own will and in the exercise of his functions, by the respondent here, an ICT official, as a confession that FOREST LAW NO. 7575 applies in the Polo Turístico Golfo Papagayo project area. Lest it be believed that this was an involuntary error, a one-time occurrence, we provide another plan, also of Playa Panamá concessioned to the same company ENJOY and also signed by Mr. Henry Wong, with the same acceptance of AFFECTATION FOREST LAW NO. 7575. Plan 5-2311315-2021, prepared by the same surveyor and approved by the CFIA. It is also worth highlighting that both plans were processed by the company Enjoy Hotels & Resort S.A., appearing here. THE SUBJECT MATTER OF THIS AMPARO Thus, we take as proven and verified that FOREST LAW NO. 7575 does apply in Papagayo. This reduces the subject matter of this AMPARO APPEAL to defining ONLY the validity and application of Article 13 of FOREST LAW NO. 7575, which defines the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), to the POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO project. The motivation and insistence of the ICT and of those appearing and interested parties, that the Constitutional Chamber not rule on that point, is clear. Any legislation that does not suit them, they do not apply in Papagayo. They do not want Article 13 of the Forest Law. They do not want Article 50 of the Political Constitution. They do not want the Law of Constitutional Jurisdiction. Here and now, it is time for the magistrates to rule. They prefer other scenarios, far from the criterion of the Magistrates, where the presence of prestigious and expensive lawyers weighs more heavily than truth and justice, plain and simple. It affects their plans and mainly their businesses and interests. We request the amparo protection of the magistrates, not to do personal business, not for the benefit of our pecuniary interests, but in defense of the good and healthy development of tourism and the Golfo de Papagayo Tourist Project, its legal security, and its respect for current legislation. We believe that Costa Rica's image in tourism for seeing nature, landscape beauty, biodiversity, the Pura Vida, deserves to be respected by those officials and institutions that administer STATE assets and by those private individuals who profit from their usufruct, which is transitory and conditioned. Forests are assets of the entire community and on lands owned by the STATE, according to the current Forest Law, they are STATE NATURAL HERITAGE, whether the ICT likes it or not, and whether the businesspeople who want to destroy them like it or not. We reiterate our outright rejection of the intentions of the ICT and the appearing companies, that the Constitutional Chamber not rule on the merits of this amparo. The center of this amparo revolves around the idea put forward by the ICT that the Papagayo Project is an island, where only the ICT acts according to its regulations and only its special law applies. In reality, the Golfo de Papagayo Tourist Project is located in Costa Rica, around Bahía Culebra, in the cantons of Liberia and Carrillo in the province of Guanacaste. To strengthen the image of Costa Rica as a GREEN DESTINATION for tourism. Sustainable development. Destroying our forests is not the way…”.

9.- Cynthia Maritza Córdoba Serrano appears as an active coadjuvant, in her capacity as Deputy of the Republic, who states the following: “… I. REGARDING THE FACTS I refer to points 8, 9, and 10 of the amparo appeal, which show that the concessioned land (Lot 1, 43 hectares with 6563.63 m²) is 98% covered by forest (according to SETENA-SG-0646-2025 and documents D1-0170-2021-SETENA), composed of secondary, mature, and deciduous forest, with a Forest Management classification (Class VII), which makes it State Natural Heritage in accordance with Article 13 of Forest Law No. 7575. The Forest Law expressly declares that such forests belonging to the State must be protected. There is no exception that exempts the ICT or the Papagayo Project from its compliance.

Therefore, any intervention that involves logging or land-use change on those lands requires an analysis of national convenience, under strict parameters of social benefit exceeding the socio-environmental cost, measured with valid technical instruments, which has been, in all cases I have reviewed at the Ministry of Environment and Energy, the application of the Cost-Benefit Analysis, which determines the social welfare or otherwise of the project in question. However, the ICT has maintained that its special regime (Ley 6370/1979 and Ley 6758/1982) allows concessions without strict application of Ley 7575. Added to this is that, in 2005, the State itself did grant the declaration of national convenience, through Decreto Ejecutivo No. 33132-MP-T of February 9, 2005, without the support of the Ministry of Environment and Energy, the environmental governing body. And with that, recognizing the validity and necessity of national convenience as indicated by the Ley Forestal (although the substantive study (cost-benefit analysis) demonstrating its viability was not presented); but in 2025, 20 years later, paradoxically, the Legal Department of MINAE recommends rejecting nullity claims against environmental permits, defending a supposed special regime that would prevail over the Ley Forestal. This action contradicts the constitutional principle of prohibition of administrative arbitrariness (Art. 11 CP) and the principle of environmental non-regression. In any case, changes to the original master plan and from the concession figure to sub-concessions affect the initial 2025 study; therefore, if a study had existed, the subsequent situation generated changes in the manner of its use and, consequently, in the impact on the forest and ecosystems, caused by regulatory changes, such as the case of Decreto Nº 44448 MP-TUR.

II. REGARDING THE LEGAL FRAMEWORK AND THE CONTRADICTIONS

1. Special regime vs. Ley Forestal No. 7575

The special Papagayo regime (1979/1982) was designed before the 1996 Ley Forestal, and allowed concessions of public domain lands for tourism purposes. But subsequent normative development—Constitution (amended Art. 50), Ley forestal 7575, Ley Orgánica del Ambiente, jurisprudence of Sala IV—raised environmental protection standards.

| Aspect | Papagayo Special Regime (1979/82) | Ley Forestal No. 7575 (1996) |
| :--- | :--- | :--- |
| Legal Nature | Concessions over public domain assets (beaches and state forests) | Natural Heritage of the State (Arts. 13, 19, 33, 34) |
| Permitted Use | Tourism development and infrastructure for tourism purposes | Prohibition of land-use change and logging, except for justified national convenience |
| Procedure | Internal ICT regulations, without effective public consultation, moving from concessions to sub-concessions for residential purposes | Socio-environmental cost-benefit analysis, SETENA, public participation |
| Approach | Partial privatization via concession/sub-concessions | Precautionary principle, comprehensive forest protection |

That is, applying exclusively the Ley de Papagayo, ignoring Ley Forestal 7575, implies a regression in the levels of environmental protection achieved by the Costa Rican legal system. This contravenes the principle of prevention recognized in international doctrine (IACHR, Advisory Opinion 23/17) and adopted in the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Voto Crucitas, 2008-17089 and Administrative Dispute Resolution No. 04399 - 2010).

2. National convenience vs. public utility

| Concept | National convenience (Ley 7575) | Public utility (Ley 6370 Papagayo) |
| :--- | :--- | :--- |
| Definition | Project with social benefits greater than the socio-environmental cost, with rigorous cost-benefit analysis | Legislative declaration to expropriate or dispose of assets for a tourism project |
| Procedure | Environmental viability, forest inventory, public consultation, reasoned Executive Decree granting national convenience based on the cost-benefit analysis study | Legal declaration, without requiring a comparative environmental analysis |
| Scope | Applies to all projects in state or private forests where land-use change from forest to another economic activity occurs. | Restricted to the Papagayo geographic area |

Here it is important to consider that public utility is limited to justifying the expropriations carried out by the project; national convenience is a higher standard that protects the forest, and therefore, ecosystems and nature. Attempting to substitute the requirement of national convenience with the public utility of the Ley de Papagayo constitutes a legal distortion that degrades environmental protection.

3. Problems of successive concessions and change of use from the original concession figure granted by the law.

The current scheme implemented by the ICT allows concessions granted for tourism purposes to be transformed into residential real estate developments (“from tourism to housing”), in open contradiction with the initial objective of tourism promotion and to the detriment of the environment. This practice implies a covert privatization of the State's natural heritage, in violation of the inalienable, imprescriptible, and public-use character of public domain assets (Art. 261 Civil Code, Art. 50 Political Constitution (CP), Procuraduría General de la República, opinion 162 of 27 05 2004.)

III. APPLICABLE PRINCIPLES

1. Precautionary principle. The IACHR (Advisory Opinion 23/17) indicates that, in the face of scientific uncertainty, environmental protection must prevail. In this case, the ICT reports do not present a rigorous technical analysis demonstrating the social benefit of the project. Through official letter AL-CCS-206-2025, the ICT was consulted, among other inquiries: What are the tangible economic and social benefits of the PPTGP in the immediate influence zone, Guanacaste, and Costa Rica over the last 30 years, and how much are they estimated at? The response used publications from Observador.CR and general descriptions of infrastructure, the 2024 Social Progress Index that the ICT applies in tourism development zones, and basic human needs. The results are not specific or punctual but general and a product of institutional frameworks. At no time is a calculation made using valid instruments that could undoubtedly certify for the Polo Turístico Golfo de Papagayo Project economic and social results directly produced by the project; only mere general references are indicated. Therefore, without adequate instruments, the national convenience exception cannot be applied or granted.

2. Principle of environmental non-regression. Recognized in comparative jurisprudence (France Decision No. 2016-737 DC) and internalized in Costa Rica via the Constitutional Chamber (judgment No. 2021-17245), it implies that no administrative norm or interpretation can diminish the environmental protection achieved. Ignoring Ley 7575 for Papagayo is a setback for the environment and a contradiction in the legislation.

3. Constitutional and human rights. Article 50 of the Political Constitution guarantees the right to a healthy and ecologically balanced environment. The Constitutional Chamber has reiterated that this right is fundamental and justiciable. At the international level, the IACHR (Advisory Opinion 23/17) recognized the right to a healthy environment as autonomous and enforceable. The Polo Turístico Golfo de Papagayo Project, by privileging private interests over public domain assets, injures these collective rights.

IV. ECONOMIC-ENVIRONMENTAL ANALYSIS, the suitable instrument to carry out national convenience.

The cost-benefit analysis (CBA) is based on welfare theory, which allows weighing both the benefits and costs of economic activities or policy actions in comparable terms, generating a monetary value to assess their net contribution to collective well-being. CBA is not only an economic tool but a key instrument of the social sciences to ensure that public decisions, such as those required by Ley Forestal No. 7575, can respond to the general interest, integrating social, environmental, and spatial dimensions. Its use in public management allows for an objective evaluation of which measures most effectively promote intergenerational equity, social justice, and equal access to the natural heritage.

Ley Forestal 7575 requires that, in order to consider an intervention in state forests as “national convenience,” the social benefits must clearly outweigh the socio-environmental costs, and this must be ratified through suitable instruments; in this case, the instrument used is the CBA. Of course, it must be a comprehensive and rigorous analysis, including social, environmental, and financial information, which may come from additional studies carried out on the project or from empirical evidence. During my experience of more than 10 years reviewing national convenience declarations, that has been the instrument considered appropriate. However, as part of a procedure carried out for its validation, a document was requested that had to contain the following:

a) Georeferenced location of the project.
b) Copy of the resolution of environmental viability granted by Setena.
c) Forest inventory (trees to be logged and their respective location).
d) Certification from the respective conservation area of SINAC with approval.
e) The socio-environmental cost-benefit analysis document, with the following minimum content:
• Description of the sector: National sector policies and relevance of the project.
• General description of the project: location, description of the socioeconomic environment, description of the project stages, its works, and legal aspects.
• Methodology of the socio-environmental cost-benefit analysis: theoretical framework, financial analysis, economic and environmental adjustment (includes correction: fiscal, for transfers, for social prices, and for externalities (positive and negative)), and the results of the economic-environmental adjustment (Calculations of IRR and NPV adjusted with the Social Discount Rate, as well as the presentation of the cash flow with economic and environmental adjustment).
• References and the necessary annexes.
• The details of the calculations made in the document must be submitted. The data must be consistent and uniform.

Of course, it is important to clarify that deep and technical studies by different professionals are required in order to have the adequate information to estimate some externalities.

Additionally, according to Article 6 of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 and Article 361 of the Ley General de la Administración Pública No. 6227, the interested party must publish an edict, which will be facilitated by the Legal Directorate of MINAE, for the purpose of submitting the cited project to public information for a period of 10 days, except when reasons of public interest or duly recorded urgency in the preliminary draft oppose this, an aspect that must be justified within the administrative file. If there are no observations in the previous stage or it does not apply, the minister signs the Decree declaring national convenience. The Legal department of MINAE communicates it to the party so that they may withdraw the document. The party interested in the project will be responsible for the procedure and publication costs.

The supposed economic benefit of the Papagayo Project has not been demonstrated with a cost-benefit analysis. No study has been presented, at least not one known to me. It is limited solely to journalistic publications and general data, without specific calculations or recognized methodologies. This fails to comply with the legal requirement of Ley forestal 7575 and places it at an advantage compared to other economic and development activities carried out in the country.

V. STATE CONTRADICTIONS

1. In 2005, the State did require national convenience for projects in Papagayo, recognizing the applicability of Ley 7575.
2. In 2025, the Legal Department of MINAE recommends rejecting nullity claims against environmental permits, defending a special regime that ignores Ley Forestal 7575.
3. This oscillation violates legal certainty, the principle of prohibition of arbitrariness, and, above all, the principle of environmental non-regression.

10.- By brief filed in the electronic record on September 14, 2025, the appellant states the following: “… I appear to state: A lawyer friend made us aware of a pronouncement by the Procuraduría General de la República regarding the Natural Heritage of the STATE and tourism activities. Pronouncement C-339-2004 fits perfectly with the analysis of the case in this file, as it deals with permitted tourism activities in protected areas and on the Natural Heritage of the STATE, and it seems important to us to provide it, as Evidence for Better Provision. We reiterate our respectful request to issue a prompt judgment.”

11.- Rodrigo Castro Fonseca appears as a passive intervener, in his capacity as director of the Asociación de Concesionarios del polo turístico del golfo de papagayo (ASOPAPAGAYO), who expresses himself in the same terms as Mr. ALEXANDER RUIZ CUBILLO, General Attorney-in-Fact of ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA.

12.- By brief filed in the electronic record on November 11, 2025, the appellant alleges the following: “… The presentation by ASOPAPAGAYO (Union of concession beneficiaries in the Papagayo Project) warrants a brief comment. It is logical that they defend their privileges. On pages 3 to 12, they cite the long list of legislation that favors them. We do not find in the brief a single mention of their obligations or the existence of contributions to the sustainable development of Costa Rica. The brief is signed by Rodrigo A. Castro Fonseca, former Minister of Tourism (2003-2006), who received the position upon the departure of Rubén Pacheco Lutz, owner of Enjoy Hotel & Resort appearing here, who resigned from the ministry to be able to compete for and be awarded at least 5 concessions offered by the ICT in Papagayo. Mr. Castro, as minister, awarded the concessions to Mr. Rubén Pacheco in 2005. Although we believe there are already sufficient arguments to decide this case, it seems that the new pronouncement by the Inter-American Court of Human Rights provides something new.

WE PROVIDE A NEW LEGAL CRITERION ON THE CASE

Recently, OPINIÓN CONSULTIVA OC-32/25 of the INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS has been published, composed of Nancy Hernández López, President; Rodrigo Mudrovitsch, Vice President; Humberto A. Sierra Porto, Judge; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Judge; Ricardo C. Pérez Manrique, Judge; Verónica Gómez, Judge, and Patricia Pérez Goldberg, Judge; Pablo Saavedra Alessandri, Secretary, and Gabriela Pacheco Arias, Deputy Secretary.

VI THE OBLIGATIONS OF STATES IN THE CONTEXT OF THE CLIMATE EMERGENCY

217. The purpose of this Advisory Opinion is to determine the obligations arising from the American Convention and the Protocol of San Salvador in the context of the climate emergency and the scope thereof.

VII. OPINION

For the reasons set forth, in interpretation of Articles 1.1, 2, 4.1, 5.1, 8, 11.2, 13, 17.1, 19, 21, 22, 23, 25, and 26 of the American Convention on Human Rights; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights, Protocol of San Salvador; and Articles I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXIII, and XXVII of the American Declaration of the Rights and Duties of Man:

THE COURT DECIDES

1. It is competent to issue this Advisory Opinion, in the terms of paragraphs 14 to 23.

AND IS OF THE OPINION

1. According to the best available science, the current situation constitutes a climate emergency due to the accelerated increase in global temperature, resulting from various anthropogenic activities, produced unequally by the States of the international community, which incrementally affect and seriously threaten humanity and, especially, the most vulnerable persons. This climate emergency can only be adequately addressed through urgent and effective mitigation, adaptation, and advancement towards sustainable development actions, articulated with a human rights perspective, and under the lens of resilience, in the terms of paragraphs 183 and 205 to 216.
2. By virtue of the general obligation to respect rights, States have the obligations indicated in paragraphs 219 to 223.
3. By virtue of the general obligation to guarantee rights, States have the obligation to act in accordance with a standard of heightened due diligence to counteract the human causes of climate change and protect persons under their jurisdiction from climate impacts, particularly those in a situation of greater vulnerability, in the terms of paragraphs 225 to 237.
4. By virtue of the general obligation to ensure the progressive development of economic, social, cultural, and environmental rights, States must allocate the maximum available resources to protect persons and groups who, due to being in situations of vulnerability, are exposed to the most severe impacts of climate change, in the terms of paragraphs 238 to 243.
5. By virtue of the general obligation to adopt domestic legal provisions, States must integrate into their domestic legal framework the necessary regulation to ensure the respect, guarantee, and progressive development of human rights in the context of the climate emergency, in the terms of paragraphs 244 to 246.
6. By virtue of the obligation of cooperation, States are obligated to cooperate in good faith to advance the respect, guarantee, and progressive development of human rights threatened or affected by the climate emergency, in the terms of paragraphs 247 to 265.
7. The recognition of Nature and its components as subjects of rights constitutes a normative development that reinforces the protection of the integrity and functionality of ecosystems in the long term, providing effective legal tools in the face of the triple planetary crisis and facilitating the prevention of existential damages before they become irreversible. This conception represents a contemporary manifestation of the principle of interdependence between human rights and the environment, and reflects a growing international trend aimed at strengthening the protection of ecological systems against present and future threats, in accordance with paragraphs 279 to 286.
8. By virtue of the principle of effectiveness, the peremptory prohibition of anthropogenic conduct that can irreversibly affect the interdependence and vital balance of the common ecosystem that makes the life of species possible constitutes a norm of ius cogens, in accordance with paragraphs 287 to 294.
9. The right to a healthy climate, understood as a component of the right to a healthy environment, protects, in its collective dimension, present and future humanity, as well as Nature, in the terms of paragraphs 298 to 316.
10. By virtue of the right to a healthy climate, States must protect the global climate system and prevent human rights violations derived from its alteration. Therefore, they must mitigate GHG emissions, which entails (i) adopting regulations on the matter that define a mitigation goal and a human rights-based mitigation strategy, as well as regulating the behavior of companies, in the terms of paragraphs 323 to 351; (ii) adopting supervision and oversight measures regarding mitigation, in the terms of paragraphs 352 to 357; and (iii) determining the climate impact of projects and activities when appropriate, in the terms of paragraphs 358 to 363.
11. By virtue of the right to a healthy environment, States must (i) protect nature and its components from the impacts of climate change, and (ii) establish a strategy aimed at advancing towards sustainable development, in the terms of paragraphs 364 to 376.
12. By virtue of the rights to life, personal integrity, health, private and family life, property and housing, freedom of residence and movement, water and food, work and social security, culture and education, as well as all other substantive rights threatened by climate impacts, States have the immediately enforceable obligation to define and update, in accordance with the highest possible ambition, their national adaptation goal and plan, in the terms of paragraphs 384 to 391, as well as the duty to act with heightened due diligence in compliance with the specific duties established in paragraphs 400 to 457.
13. By virtue of the democratic principle, States must strengthen the Democratic Rule of Law as an essential framework for protecting human rights, the effectiveness of public action, and open and inclusive citizen participation, further ensuring the full exercise of procedural rights, in the terms of paragraphs 460 to 469.
14. By virtue of the human right to science and the recognition of local, traditional, and indigenous knowledge, protected by Articles 26 of the Convention and 14.2 of the Protocol of San Salvador, all persons have the right to access the benefits of measures based on the best available science and the recognition of local, traditional, or indigenous knowledge, in the terms of paragraphs 471 to 487.
15. By virtue of the right of access to information, States have obligations regarding (i) the production of climate information, in the terms of paragraphs 501 to 518; (ii) the dissemination of information relevant to the protection of human rights in the face of climate change, in the terms of paragraphs 519 to 523; and (iii) adopting measures against disinformation, in the terms of paragraphs 524 to 527.
16. By virtue of the right to political participation, States must guarantee processes that ensure the meaningful participation of persons under their jurisdiction in decision-making and policies relating to climate change, as well as guarantee the prior consultation of indigenous and tribal peoples, when applicable, in the terms of paragraphs 530 to 539.
17. By virtue of the right of access to justice, States must ensure central aspects regarding (i) provision of sufficient means for the administration of justice in this context; (ii) application of the pro actione principle; (iii) speed and reasonable time in judicial proceedings; (iv) adequate provisions regarding standing; (v) evidence; and (vi) reparation, as well as (vii) application of inter-American standards; in the terms of paragraphs 542 to 560.
18. By virtue of the right to defend human rights, States have a special duty to protect environmental defenders, which translates into concrete obligations, among other aspects, to protect them, investigate and, where appropriate, punish the attacks, threats, or intimidation they suffer, and to counteract the “criminalization” of environmental defense, in the terms of paragraphs 566 to 567, and 575 to 587.
19. States must adopt measures aimed at addressing how the climate emergency exacerbates inequality and differentially impacts persons in situations of multidimensional poverty, in the terms of paragraphs 626 and 627.
20. States have specific obligations towards situations of special vulnerability such as those faced by (i) children, and (ii) indigenous, tribal, Afro-descendant peoples, and peasant and fishing communities; (iii) persons who suffer differentiated impacts in the context of climate disasters, in the terms of paragraphs 599 to 602, and 604; 606 to 613, and 614 to 618. Likewise, States must adopt measures to protect persons who do not belong to traditionally protected categories but who are in a situation of vulnerability for dynamic or contextual reasons, in the terms of paragraphs 628 and 629.

Drafted in Spanish in San Jose, Costa Rica, on May 29, 2025.

We take the liberty of transcribing the paragraphs relevant to the case.

B.1.2. The protection of Nature as a subject of rights

279.- Ecosystems constitute complex and interdependent systems, in which each component plays an essential role in the stability and continuity of the whole. The degradation or alteration of these elements can cause cascading negative effects that affect other species as well as human beings, in their capacity as part of such systems. Recognizing the right of Nature to maintain its essential ecological processes contributes to the consolidation of a truly sustainable development model that respects planetary limits and guarantees the availability of vital resources for present and future generations. Advancing towards a paradigm that recognizes the own rights of ecosystems is fundamental for the protection of their long-term integrity and functionality, and provides coherent and effective legal tools in the face of the triple planetary crisis to prevent existential damages before they become irreversible.
280.- This recognition makes it possible to overcome inherited legal conceptions that viewed Nature exclusively as an object of property or an exploitable resource. Recognizing Nature as a subject of rights also implies making visible its structural role in the vital balance of the conditions that make the planet's habitability possible. This approach strengthens a paradigm centered on protecting the essential ecological conditions for life and empowers local communities and indigenous peoples, who have historically been guardians of ecosystems and possess deep traditional knowledge about their functioning.
281. The Court further highlights that this approach is fully compatible with the general obligations to adopt domestic legal provisions (Article 2 common to the American Convention and the Protocol of San Salvador), as well as with the principle of progressivity governing the realization of economic, social, cultural, and environmental rights (Article 26 of the Convention and Article 2 of the Protocol of San Salvador). Indeed, the protection of Nature, as a collective subject of public interest, provides a favorable framework for States and other relevant actors to advance in the construction of a global normative system oriented toward sustainable development. Such a system is essential to preserve the conditions that sustain life on the planet and guarantee a dignified and healthy environment, indispensable for the realization of human rights. This understanding is consistent with a harmonious interpretation of the pro natura and pro persona principles.
282. Likewise, the Court recalls that, in accordance with Article 29 of the American Convention, the interpretation of the rights protected in the inter-American system must be guided by an evolutionary perspective, in line with the progressive development of international human rights law. In this sense, the recognition of Nature as a subject of rights does not introduce content alien to the inter-American corpus juris, but rather represents a contemporary manifestation of the principle of interdependence between human rights and the environment. This interpretation also aligns with advances in international environmental law, which has affirmed structural principles such as intergenerational equity, the precautionary principle, and the duty of prevention, all aimed at preserving the integrity of ecosystems against current and future threats.
283. Based on this understanding, the Court underscores that States must not only refrain from acting in a way that causes significant environmental damage, but have the positive obligation to adopt measures to guarantee the protection, restoration, and regeneration of ecosystems (infra paras. 364-367 and 559). These measures must be compatible with the best available science and recognize the value of traditional, local, and indigenous knowledge. Likewise, they must be guided by the principle of non-regression and ensure the full effectiveness of procedural rights (supra para. 240 and infra paras. 468, 478, and 480).
284. The Tribunal highlights the efforts made at the international level to promote an integrating perspective in the protection of Nature. In this sense, the World Charter for Nature of 1982 states that "the human species is part of nature and life depends on the uninterrupted functioning of natural systems which are sources of energy and nutrients," and that "every form of life is unique, warranting respect regardless of its worth to man, and, to accord other organisms such recognition, man must be guided by a moral code of action."

This instrument also states that "nature shall be respected and its essential processes shall not be disturbed." For its part, the Convention on Biological Diversity recognizes in its preamble the "intrinsic value of biological diversity and the ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational and aesthetic values of biological diversity and its components." In development of this Convention, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework establishes that "both nature and nature's contributions to people are essential for human existence and good quality of life." Likewise, the Court highlights that the Agreement relating to the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity in Areas Beyond National Jurisdiction has as one of its purposes to ensure "the good management of the ocean in areas beyond national jurisdiction, on behalf of present and future generations by conserving the inherent value of biological diversity." 285. This Court takes note of the adoption by the United Nations General Assembly of fifteen resolutions and thirteen reports evidencing the growing recognition of Earth jurisprudence and the rights of Nature worldwide. Complementarily, in the Pact for the Future adopted by the member states of the United Nations in 2024, it is declared "the urgent need for a fundamental change in their approach in order to achieve a world where humanity lives in harmony with nature." 286.- Finally, the Court observes a growing normative and jurisprudential trend that recognizes Nature as a subject of rights. This trend is reflected in judicial decisions at the regional and global level, as well as in the domestic legal systems of different countries in the American continent, such as Canada, Ecuador, in some states of the United States of America, Bolivia, Brazil, Mexico, Panama, and Peru. Our summary Manifesto We believe that this recognition of Nature as a subject of rights is important to take into account when issuing a judgment in this case. This amparo is a case of deciding whether the business and economic interests of some entrepreneurs are above the right to quality of life, public health, forests, nature, biodiversity, and even other laws in force in Costa Rica …".

13- By resolution at 08:50 hours on January 20, 2026, it was ordered to expand the parties to this proceeding.

14.- The following inform under oath, Franz Tattenbach Capra and David Chavarría Morales, in their order minister and Acting Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), both from the Ministry of Environment and Energy, who state the following: "… FIRST: The appeal of amparo is a judicial proceeding that is processed in the Constitutional Chamber and constitutes the so-called constitutional jurisdiction of freedom; its existence guarantees the validity of the fundamental rights established in the Political Constitution and in the international human rights treaties in force in the country. The Law of Constitutional Jurisdiction establishes in its numeral 29 that the appeal of amparo guarantees the fundamental rights and freedoms referred to in this law, except those protected by habeas corpus; it also establishes that it proceeds against any provision, agreement or resolution and in general, against any action, omission or simple material act not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates or threatens to violate any of those rights. It proceeds not only against arbitrary acts, but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied norms. SECOND: In the Costa Rican legal system, the Appeal of Amparo derives from constitutional norms 10 and 48 of the Political Constitution, which establishes that every person has the right to the appeal of amparo to maintain or restore the enjoyment of the rights enshrined in the Constitution, as well as those of a fundamental nature, established in international instruments on human rights, applicable in the Republic. There is an entire title within this normative body, where a series of individual rights and guarantees are established, such as the right to life in article 21, the right to privacy, freedom and secrecy of communications in article 24, the right to equality enshrined in article 33, the right that consumers and users (of public services) have to the protection of the environment in article 46, and many others, established within social rights and guarantees, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment and the correlative state duty to protect it in article 50, and the state duty to protect natural beauties, which implies at least indirect protection of the environment or a partial protection thereof insofar as it points to an aspect that integrates it: natural landscapes, in article 89. THIRD: The Constitutional Chamber is only subject to the Constitution, to the Law, and its jurisprudence and precedents are binding erga omnes except for itself. This provision is important given that what is resolved by the Chamber is binding for other public bodies, both administrative and judicial, as well as for all private individuals. REGARDING THE RESOLUTION OF EIGHT HOURS FIFTY MINUTES ON JANUARY TWENTY, TWO THOUSAND TWENTY-SIX. In response to the facts alleged by the petitioner, according to the filing brief, it is appropriate to indicate: FIRST: Accepted. The allegation refers to the existence of the Regulatory Law for the Development and Execution of the Gulf of Papagayo Tourism Project, No. 6758 of June 4, 1982; it is admitted in the terms in which the law is drafted. SECOND: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity, and the definition described does not correspond to the competencies of this Ministry. THIRD: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. The tourism project in Bahia Culebra or Papagayo is regulated under Law 6370, under a legal and administrative regime by the Costa Rican Tourism Institute. FOURTH: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. Name07: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. Name08: Rejected. Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. Name09: Rejected. Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. Name10: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. NINTH: Partially rejected. Admitted only in relation to what the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 of 1996 states, in the terms in which the norm is drafted. Regarding the other allegations, they do not correspond to my represented entity. TENTH: Partially rejected. Admitted only in relation to what the Forest Law No. 7575 of 1996 states, in the terms in which the norm is drafted. ELEVENTH: Rejected. In response to what is requested regarding an appeal of amparo, which raises: 11- We file this appeal of AMPARO against the destruction of the forest of Playa Panamá, on lands that in this case are property of the STATE, for NON-TOURISM uses. We oppose the mere trafficking of goods and real estate businesses by the private concessionaire company. The concessionaire company is affecting, degrading the forest WITHOUT HAVING permits from SINAC – MINAE, in plain sight. In this regard, I inform you that, as you are aware, Art. 19 of the Forest Law establishes: ARTICLE 19.- Authorized activities. On lands covered with forest cover (cobertura boscosa), it shall not be permitted to change land use (cambio de uso del suelo), nor to establish forest plantations. However, the State Forestry Administration may grant permission in those areas for the following purposes: a) To construct dwelling houses, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and facilities intended for recreation, ecotourism, and other analogous improvements on privately-owned lands and estates where the forests are located. b) To carry out state or private infrastructure projects of national convenience. c) To cut trees for reasons of human safety or scientific interest. d) To prevent forest fires, natural disasters, or other analogous causes or their consequences. In these cases, the cutting of the forest shall be limited, proportional, and reasonable for the purposes set forth above. Previously, a pre-selection questionnaire must be completed before the State Forestry Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), as established by the regulation of this law. On the other hand, legal opinion C-028-94 of February 18, 1994, states: 6) LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO): IN THE PUBLIC ZONE AND Address: Dirección06, calle 25, Av 8 y 10 Telephone: Telf01 Email: ...01 RESTRICTED ZONE. Concerning land use, it must be borne in mind that the purpose assigned by law to a public domain space can only be changed by legislative act, and that the general use of the area destined for the Papagayo Project is tourism. The latter is evidenced by the subjection to tourism development of the territorial portion comprising the Project and the Master Plan of the works to be carried out (Law 6370, Articles 1 and 10; Law 6758, Article 2). From the foregoing, it is understood that the tourism land use in the Polo Turístico Golfo Papagayo is above other uses, including forest use when this is the existing forest cover (cobertura boscosa). It clarifies that mangroves, although they may have an ecotourism use, must maintain their condition as an ecosystem. Likewise, the Office of the Attorney General of the Republic has emphasized through legal opinion C 210-2002 that by Law the land use in said project is tourism, this prevailing over any other type of use. Regarding legal opinion C-297-2004, October 19, 2004, which indicates: However, regardless of the defects that the Decree might have, it lacks coverage to modify the legal designation of the sector. In opinion C-028-94 we said that "the purpose assigned by law to a public domain space can only be changed by legislative act, and that the use of the area destined for the Papagayo Project is tourism." In the specific case, the Executive Branch cannot invade the competencies of the legislator, separate the lands that make up the area of the Papagayo Tourism Development Project from the original public purpose set by the latter, and vary it for the future, linking them to a different purpose. Regarding what Art. 19 of the Forest Law establishes, Executive Decree 33132 of 02/09/2005 Declares of national convenience the development and execution of the Golf of Papagayo Tourism Project; to date the Área de Conservación Tempisque has processed the tree-cutting authorizations within the Polo Turístico Golfo Papagayo, in application of the aforementioned regulations. This procedure is ratified by the criterion issued in document DAJ-MINAE-1556-2025, of August 1, 2025, which states: "Said special regime includes the possibility for the concessionaire to remove vegetation cover—without distinguishing its nature (forest, scrubland, pasture, agroforestry, among others)—up to a maximum of 30% of the total concession area, reserving the remaining 70% for its conservation, in strict compliance with the Master Plan of the project and its regulation." TWELFTH: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. THIRTEENTH: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. FOURTEENTH: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. FIFTEENTH: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. SIXTEENTH: Rejected. It does not correspond to a fact against my represented entity. Regarding the petition of the plaintiff, which states: 1.- That this amparo be processed. Address: Dirección06, Dirección07 Telephone: Telf01 Email: ...01. 2.- That the respondents be requested to provide in their response a certified copy of the Master Plan of the Papagayo Project in force to date, with special detail of the coverage and zoning of the lands of the Papagayo Project in Playa Panamá. 3.- That the judgment order ICT to exclusively promote tourism works and projects. 4.- That the protection of the forest areas, State Natural Heritage, of Concession 2168- Z- 000, cadastral plan 5- 1186670-2007 be ordered. 5.- That ICT be ordered to deny permits for the segregation and sale of lots for private villas on lands owned by the STATE in the Papagayo Project. 6.- That ICT be ordered that, on that lot covered with forest, only activities permitted by law may be carried out (hiking, wildlife watching, and similar). 7.- That the respondents be ordered to adhere in the future to approving only works and projects contemplated in the Master Plan of the Papagayo Project in force. According to the claims of the petitioner, it must be indicated that they do not correspond to my represented entity clearly and directly, being also aspects that are even beyond the competencies of the Constitutional Chamber. Therefore, the Honorable Constitutional Chamber is requested to dismiss the present appeal of amparo, as no certain, current, and proven violation of fundamental rights is accredited."

15.- Andrés Cortez Orozco informs under oath, in his capacity as secretary general of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), who indicates the following: "… First Allegation: 'that the Regulatory Law for the Development and Execution of the Gulf of Papagayo Tourism Project, No. 6758 of June 4, 1982, clearly defines the objective of this unique development in Costa Rica: "Article 1.- Through this law, the development and execution of the Papagayo tourism project, to be carried out in Bahía Culebra, province of Guanacaste, is regulated." It notes that the purpose is tourism, and that is why the Ministry of Tourism (ICT) is exclusively in charge of its execution. It mentions that the World Tourism Organization (UNWTO) defines tourism as the activities that people carry out during their trips and stays in places different from their usual environment, for a consecutive period of less than one year, for leisure, business, or other purposes. It indicates that this definition highlights the diversity of tourism activities and their limited duration in places different from the place of residence. It comments that the choice of Bahía Culebra for the development of the Papagayo Tourism Project is due to its great natural richness: forests, mangroves, wildlife, beaches, sea, a bay with a large population of corals and marine life, etc. It alleges that affecting that richness, the biological diversity, and its forests would be like ending the source that produces abundance.' Response to the First Allegation: It is not the competence of SETENA to refer to this point in relation to the scope of Tourism Activities and the activities specifically authorized in the Papagayo Tourism Project, whose authorization and administration falls exclusively on ICT. Regarding the protection of the Environment, it is important to note that for the analysis of file D1-0170-2021, it was carried out under Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in force at that time, under the most rigorous instrument in environmental assessment, the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA), given that Environmental Viability, as has been reiterated on multiple occasions, is a prior and preparatory act for obtaining the final permits necessary for the realization or achievement of a project, and by the principle of legality, SETENA is empowered to do only what the regulations allow it, always within its competencies established in the Organic Law of the Environment (LOA) and the Regulations that govern SETENA. In accordance with this principle, the prerogatives of the institution are limited to those granted to it in the legal system; and therefore, the main function of this Secretariat is the initial Environmental Assessment process that applies for each case, according to the technical instruments provided for this purpose and which are based on scientific criteria, but not on issuing any class or type of final permit. Regarding Environmental License Viability, it corresponds to the condition of acceptable balance between a development or activity and the environmental load it represents, which results in an administrative act that initially approves the procedure for evaluating the environmental impacts generated by a specific activity. The entire procedure that environmental viability requires to be granted, having been completed and fulfilled before starting any project, work, or activity, and as a requirement for the final permits, reflects its intermediate nature or as a preparatory act. The procedures and processes subsequent to the granting of the Environmental License Viability are the jurisdiction of other institutions created for this purpose, and therefore, those situations arising from these permits must be analyzed and processed before them. Consequently, a detailed technical-legal study of the project is carried out, according to the Assessment instrument that corresponds to the work or activity before its execution or operation; hence the predictive nature of the Environmental License and its purpose is that all necessary prevention, mitigation, or compensation measures can be imposed so as not to cause irreparable damage to the environment; thus, the ex ante nature of the Environmental Impact Assessment is reiterated, in accordance with Article 17 of the LOA which establishes: Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste, materials, shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to start the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment. Environmental Viability (License), then, is an intermediate and preparatory administrative act that establishes whether or not a project is environmentally viable, and that it complies with the necessary requirements for the sustainable development of the country. Once the requirement of obtaining viability is met, the developer must go to the competent institutions to request the corresponding final permits to be able to carry out the activity. In conclusion, the Environmental License is not a permit for the developer to finalize the work, activity, or project; rather, the developer must go to the instances that should indeed provide the final permits necessary for its development; and in this sense, without the developer being able to complete the final permits, it is not possible to develop the project. Along these lines, it must be clear that SETENA does not grant permits to any developer, but rather provides an initial endorsement through the Environmental Viability License; however, the work to be carried out must coincide with the descriptions that were made to approve it and without being able to violate in any way any environmental protection regulation, since the EIA is not above the laws, and this is clearly warned in each Environmental Viability resolution. That as indicated in Article 18 of the Organic Law of the Environment, the approval of the environmental impact assessments must be processed before the National Environmental Technical Secretariat; these assessments must be carried out by an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the National Environmental Technical Secretariat, in accordance with the guidelines prepared by it. In this case, the license granted is an intermediate act necessary for the subsequent obtaining of the permits granted by other instances, but necessary for the development of the project, which are mandatory for its realization. It is thus that in the same Resolution No. 0591-2022-SETENA, in CONSIDERANDO TERCERO, the Developer is warned that: … At all times, it must comply with what is indicated in the conforming use of land established in the Territorial Regulatory Plan of the corresponding Canton. The project subjected to the environmental impact assessment process through this file comprises only the works described as the project description attached to the D1 Assessment Document, according to information provided, so any different work must, prior to its start, present the corresponding analysis. If the type of activity of the project changes, it must be reported to the corresponding Municipality or, in this case, to ICT. If the project requires tree cutting, it must previously process the permit at the local Subregional Office of MINAE/SINAC (Art. 27 of the Forest Law); in addition, it is warned that it must respect the Protection Areas (Art. 33 and 34 Forest Law), and must include in the development of the project good practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest according to the management category… It is important to mention that the land use was granted by ICT, as the project is located in the area defined by the Regulatory Law for the Development and Execution of the Papagayo Tourism Project, Law No. 6758. 1) Official Letter PGP-292-2019 Certification POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002168-Z-000 with Cadastral Plan number G-1186670-2007, is: HOTEL AREA AND FLORA AND FAUNA PROTECTION AREA - COMPLEMENTARY LAND USE: RESIDENTIAL, CONDO-HOTEL, AND COMMERCIAL. 2) Official Letter PGP-293-2019 Certification POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002169-Z-000 with Cadastral Plan number G-1155787-2007, is: HOTEL AREA AND FLORA AND FAUNA PROTECTION AREA - COMPLEMENTARY LAND USE: RESIDENTIAL AND CONDO-HOTEL. 3) Official Letter PGP-294-2019 Certification POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002174-Z-000 with Cadastral Plan number G-1274126-2008, is: HOTEL AREA, RESIDENTIAL, COMMERCIAL, CAMP AREA, AND FLORA AND FAUNA PROTECTION AREA - COMPLEMENTARY LAND USE: CONDO-HOTEL. 4) Official Letter PGP-295-2019 Certification POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002172-Z-000 with Cadastral Plan number G-1155786-2007, is: HOTEL AREA, FLORA AND FAUNA PROTECTION AREA, CONDO-HOTEL, AND COMMERCIAL. Second Allegation: 'States that among the functions or services that ICT develops, there is a long list on its official page: tourism contracts; international fairs; air ticket exemptions; authorized lifeguards; tour guides; country brand; tourist information offices; tourist transport; brochures for tourists; beach atlas; lodging registry; handicrafts with identity; tourism declaration, among others. It asserts that real estate development is not found. However, it alleges that currently there are projects concessioned by ICT, within the Papagayo Tourism Project, that are intended to be used for subdivisions (fraccionamientos) and residential parcels of luxury villas. It claims that ICT authorizes residential use, which is not tourism, to a concessionaire of that project. It considers that the Ministry of Tourism contravenes its obligations and exceeds its legal limitations by dedicating itself to promoting real estate activities of subdivisions (fraccionamientos) and construction of private residences on public lands that ICT administers. It accuses that the foregoing is contrary to Law No. 6758 and turns the lands owned by the State into an illicit use of land dealing, parcels, lots, and real estate development, as if they were private lands. It asserts that no lower-ranking norm can reform a law; in this case, Law No. 6758. It comments that by directives or decrees, the objectives defined in the law of the Papagayo Tourism Project cannot be changed. It affirms that this objective is tourism. It indicates that this fact can be documented by referring specifically to the case of Lot 1 concessioned by ICT, Estate-Concession 2168-Z-000, cadastral plan 5-1186670-2007, where the subdivision (fraccionamiento) of 90 villas of between 1,000 and 1,500 m² each is contemplated. It explains that this appears in official letter No. PGP-0451-2024, of June 14, 2024, signed by several officials of ICT. It recounts that this modality of selling lots for villas is not contemplated in the original concession contract to the company Concession 2168-Z-000. Likewise, it points out that the original contract should expire on August 3, 2025, without the company having fulfilled what it promised to do during that 20-year contract period.' Response to the Second Allegation: It is not the competence of this Secretariat to refer to this point, as it is a matter of exclusive ICT competence. Third Allegation: 'States that the land concessioned in this act, Lot 1 (of 43 hectares with 6,563.63 m²), is covered with forest, according to official documents. It maintains that it provides official letter SETENA-SG-0646-2025 of May 20, 2025, which records that, according to the Geographic Information System, the aforementioned Lot 1 had a forest cover (cobertura boscosa) of 99% in 2000 and 98% in 2023. It alleges that, as recorded in the Environmental Assessment document D1-0170-2021-SETENA, different types of vegetation cover are identified in the project area, including secondary forest, mature forest, and deciduous forest, according to the cadastral plans of the project and the data from FONAFIFO. In addition, it adds that in those plans, areas classified as Class VII: Forest Management are identified in cadastral documents 5-1186670-2007, which corresponds to Lot 1 Concession 2168-Z-000. It argues that Forest Law No. 7575 of 1996 declares all forests located on lands owned by the State or its institutions as State Natural Heritage and obliges us to protect them, in accordance with Article 13 of Forest Law 7575, which does not exempt ICT or the Papagayo Project from its compliance.' Response to the Third Allegation: It is imperative to point out that, during the instruction and analysis stage of the file in question, cartographic verification was carried out using the Geographic Information Systems (GIS) of this Secretariat. Said examination was based on the official layers of the National Territorial Information System (SNIT) and was carried out under the regulatory framework of Law 6758, Regulatory Law for the Development and Execution of the Papagayo Tourism Project. Complementarily, the binding legal criterion issued by the Legal Advisory Directorate of MINAE has been integrated into the analysis, through official letter DAJ-MINAE-1591-2025, which concludes the following: 'Based on the foregoing, the Gulf of Papagayo Tourism Project is governed by a specific legal framework, of an exceptional nature, which includes the Regulatory Law for the Development and Execution of the Papagayo Tourism Project, Law No. 6758. This law, together with its regulation and the Master Plan of the project, establishes the norms for the development and execution of works in the designated area, that is, in the concession area. In addition, the Costa Rican Tourism Institute (ICT) plays the fundamental role in the administration, regulation, and supervision of the project, understood in the entire mother area of the project and for each of the concessions that are within the boundaries of the project area, as well as in the management of a special fund for its financing. In legal terms, this special and exceptional norm can be framed within the Principle of Protection under a specific situation for the development and execution of the works established by Law No. 6758, together with its regulation and the Master Plan.' Additionally, this same official letter mentions '…In another aspect, and as part of the regulations governing this Project, in accordance with Executive Decree No. 33132-MP-T, published in La Gaceta No. 97 of May 22, 2006, there is the Declaration of National Convenience for the development and execution of the Gulf of Papagayo Tourism Project, under the administration of the Costa Rican Tourism Institute. Part of the foundations of this provision of the Executive Branch were the following… '…2.- That through Article 1 of Law No. 6370 of September 3, 1979, the lands necessary for the realization and execution of the Tourism Project in Bahía Culebra, located in the Province of Guanacaste, today known as the Gulf of Papagayo Tourism Project, under the administration of the Costa Rican Tourism Institute, were declared of public utility. 3.- That said Project has become the main tourism development pole in all of Central America. 4.- That the Office of the Attorney General of the Republic has emphasized through legal opinion C210-2002 that by Law, the land use in said project is tourism, this prevailing over any other type of use. 5.- That the guidelines established in the Master Plan of the Gulf of Papagayo Tourism Project make it a model of sustainable tourism development, by establishing duly planned development, under state administration and supervision, which incorporates environmental variables, low densities and coverage, adequate treatment of wastewater, etc.'

6.- That it is in the interest of the Government of the Republic to support the efforts undertaken by the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) to promote the development of the Golfo de Papagayo Tourism Project (Proyecto Turístico Golfo de Papagayo), as a model of sustainable tourism development at the international level.” It also mentions that: “Considering that Law No. 6758 is a special and exceptional law, any transfer of public domain (mutación demanial), for legal certainty, must meet three requirements: 1. A prevailing or more intense public interest to be protected. 2. Support in a norm of sufficient rank. 3. Guarantee of the inseparability of the public legal regime. Under this understanding, since the Costa Rican Tourism Institute (ICT) is the entity in charge of the exclusive administration of the Golfo de Papagayo Tourism Project, and a special use regime is clearly defined for concessioned lands with a unique and supreme purpose oriented toward sui generis tourism development, Article 19 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 is not applicable. This article is designed to regulate forest management on private properties, a legal condition that does not correspond to the concessioned lands within the framework of the Project, given that they are public domain assets of the State, whose ownership belongs to the Republic and whose administration is delegated to the ICT. The concessionaire, in this context, does not hold the status of a private owner, but rather acts as the recipient of an administrative real right of use (derecho real administrativo de uso) granted by the State, through the ICT, with limited powers and under strict conditions. Therefore, the figure of the concessionaire is not comparable to that of the private owner regulated by Article 19 of the Forest Law. Likewise, it must be borne in mind that Article 18 of the Forest Law, which provides for use permits on state lands, refers to a general regime of ordinary administration under the stewardship of MINAE, through the National System of Conservation Areas (SINAC). The Use Permit (Permiso de Uso) is regulated in the General Law of Public Administration and refers to the authorization to use a public domain asset temporarily and precariously, generally for a specific purpose and for the benefit of the community. This permit does not grant a real right over the asset and can be revoked at any time. However, this figure is not the case for the Golfo de Papagayo Tourism Project, where we find ourselves before a special and exceptional legal regime, defined by Law No. 6758, which confers upon the ICT the exclusive power of administration, planning, regulation, and execution of tourism development in the delimited area of the project, and the power to grant concessions for tourism purposes within the limits of the Project area, which grant an administrative real right, for a private, exclusive, and exclusionary use, of a patrimonial nature over a public domain asset within the Golfo de Papagayo Tourism Project, which is different from the figure of the Use Permit. Said special regime includes the possibility for the concessionaire to remove vegetative cover (cobertura vegetal) —without distinguishing its nature (forest, scrubland, pasture, agroforestry, among others)— up to a maximum of 30% of the total concessioned area, reserving the remaining 70% for its conservation, in strict adherence to the Master Plan (Plan Maestro) of the project and its regulations. However, this must always be understood within the framework of the general principles of conservation and protection of natural resources. Consequently, it is imperative to observe minimum regulations, such as the prohibition on cutting prohibited forest species and the preparation of technical forest inventories, in order to guarantee a responsible and sustainable removal of vegetative cover.” Based on the foregoing background, the Technical Department proceeded to contrast the site design provided by the Developer against the biophysical conditions of the land. Starting from the technical premise that all the cadastral plans (planos catastrados) present 100% forest cover (cobertura boscosa), it was reliably verified that the projected utilization (aprovechamiento) will not exceed the 30% threshold, as broken down in the following data matrix:

Phase

Lot

Cadastral Plan

Construction Footprint (m²)

Property Area (m²)

Percentage (%)

I

Lot 1

5-1186670-2007

130,572

436,564

30%

II

Lot 4

5-1274126-2008

68,350.04

309,064.25

22%

III

Lot 3

5-1155787-2007

32,926.32

124,827.92

26.4%

IV

Lot 5

5-1155786-2007

58,978.00

204,165.91

29%

It is important to emphasize that the project is developed on 4 cadastral plans whose cover is described according to the Geospatial analysis carried out by this Secretariat. During the file analysis process, as part of the information to better resolve, the developer presented: • Declaration of national convenience (Declaración de conveniencia nacional), the development and execution of the Golfo de Papagayo Tourism Project, according to Executive Decree No. 33132. • Official Communication PGP-292-2019 Certification POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5-002168-Z-000 with Cadastre Plan number G-1186670-2007, is: HOTEL AREA AND FLORA AND FAUNA PROTECTION AREA - COMPLEMENTARY LAND USE: RESIDENTIAL, CONDO-HOTEL AND COMMERCIAL. The concessionaire must comply with the technical standards and guidelines established by the General Master Plan of the Project, which are: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a treatment plant for wastewater, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country. • Official Communication PGP-293-2019 Certification POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5-002169-Z-000 with Cadastre Plan number G-1155787-2007, is: HOTEL AREA AND FLORA AND FAUNA PROTECTION AREA - COMPLEMENTARY LAND USE: RESIDENTIAL AND CONDO-HOTEL. The concessionaire must comply with the technical standards and guidelines established by the General Master Plan of the Project, which are: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a treatment plant for wastewater, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country. • Official Communication PGP-294-2019 Certification POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5-002174-Z-000 with Cadastre Plan number G-1274126-2008, is: HOTEL, RESIDENTIAL, COMMERCIAL AREA, CAMPING AREA AND FLORA AND FAUNA PROTECTION AREA - COMPLEMENTARY LAND USE: CONDO-HOTEL. The concessionaire must comply with the technical standards and guidelines established by the General Master Plan of the Project, which are: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a treatment plant for wastewater, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country. • Official Communication PGP-295-2019 Certification POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5-002172-Z-OOO with Cadastre Plan number G-1155786-2007, is: HOTEL AREA, FLORA AND FAUNA PROTECTION AREA, CONDO-HOTEL AND COMMERCIAL. The concessionaire must comply with the technical standards and guidelines established by the General Master Plan of the Project, which are: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a treatment plant for wastewater, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country. That according to the THIRD Considerando of Resolution No. 0591-2022-SETENA, it was indicated: “..The studies carried out point out a series of recommendations that must be followed as indicated, as part of the environmental commitments of the project. In the event that the removal of any tree is required, the corresponding permit must be processed before the MINAE office, and in the event that surface water bodies or wells are located within or on the limits of the Project Site (AP), the current legislation on protection zones must be applied …”. In addition to all of the above, it must not be forgotten that the Environmental License (Licencia Ambiental) is a preparatory and initial act for the execution of a project and its purpose is to allow for the imposition of all those mitigation or compensation measures that are necessary to avoid causing irreparable damage to the environment in accordance with Article 17 of the Organic Law of the Environment. It is reiterated that the license granted is an intermediate act necessary for the subsequent obtaining of the permits necessary for the development of the project, which are mandatory for its realization. Currently, there is the official communication DAJ-MINAE-1591-2025, which confirms the utilization (aprovechamiento) of 30%. It is clarified that, during the evaluation of the file, the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) information layer, prepared by SINAC and available on the SNIT (National Territorial Information System) as of April 7, 2021, did not present State Natural Heritage areas over the Project Site. Although the official communication SETENA-SG-0646-2025 of May 20, 2025, records that, according to the Geographic Information System, the mentioned Lot 1 had a forest cover of 99% in 2000 and 98% in 2023, it is reiterated that the Department of Environmental Assessment verified by means of the site design, presented by the Developer and considering that all the cadastral plans had 100% forest cover, that indeed the utilization will not be greater than the permitted 30%. Fourth Argument (Cuarto Alegato): “…It points out that the areas can be used for ecotourism uses, such as walks, wildlife sighting, camping, and other healthy, positive, and sustainable activities in our forests. It affirms that this forest, State Natural Heritage, represents an asset that can be enjoyed by all people living in the area or those who visit as tourists. It also sets forth the great variety of wildlife, birds, monkeys, raccoons, coatis, squirrels, iguanas, and dozens of additional species present in the area. It reiterates that, for this reason, those forests must be preserved, according to said current law…” Response to the Fourth Argument: Regarding matters under SETENA's purview, in relation to the issue of flora and fauna protection, the environmental measures proposed in the file include: …Flora: • Carry out clearing activities (desmonte) only on those strictly necessary sites (construction footprint). • Promote, to the extent possible, the development and protection of native species in the area, as part of the environmental protection and development actions for the green areas located within the Project Site. • Obtain the tree-cutting permit from MINAE in accordance with the provisions of the Forest Law. • The limits of the vegetative cover removal zone must be clearly indicated on the ground, using visible signals (colored tapes or others), to allow verification of the cutting zone limits. Machinery must not circulate outside the delimited zone. • Trees to be removed must be identified and marked with colored tapes, paint, or others in accordance with the granted permit. • All necessary precautions must be taken to protect from any damage or mutilation the remaining trees in the Project Site. • Protect the areas adjacent to the project by preventing the entry of machinery to those sites. • Enrich the areas available for planting (as long as they do not interfere with the project), with native tree and shrub species, as well as herbaceous species, in different areas of the project site and direct area of influence. Fauna: • Conserve and protect the existing regeneration zones in the Project Site. • Maintain cover in areas where activities are not developed, so that birds have more nesting sites and food sources. • Generate new sites, if possible, for the stay of local fauna, through the planting of native tree and shrub species in different areas of the project site and direct area of influence. • Adequately manage solid and liquid waste to avoid possible impacts on fauna health. It is worth noting that all observed species, both in the Project Site, as well as in the Direct Area of Influence and the Indirect Area of Influence, are very common species in the Guanacaste area, with stable and abundant populations, where various similar projects have been carried out without causing an impact on the populations of these species. It is important to emphasize that the previously mentioned species, Kinosternon scorpioides, Tamandua mexicana, and Dasyprocta punctata, are species that, according to the Red List of the International Union for Conservation of Nature, are in the conservation category of Least Concern, meaning they are species that have no degree of threat. As a measure to protect both terrestrial and arboreal fauna species, vegetation clearing (limpieza vegetal) of the area to be used will be carried out before starting the tree-cutting process and earthworks (movimiento de tierra), with the intention of driving away larger fauna and preventing some species from returning to the site. In the event that tree cutting and earthworks must be carried out, fauna rescue will be performed; if the rescued individual is in good condition, it will be reintroduced to its natural habitat, for which the project has a forest area that will not undergo alterations, and if the individual presents an injury, it will be transferred to a veterinary clinic or a nearby rescue center. Regarding avian fauna, it may be affected during tree cutting. To mitigate this effect, it is intended, to the extent possible, to carry out this task before the nesting season. In the event of the presence of an injured animal, it will be transferred to a veterinary clinic or rescue center. The project in its entirety presents approximately 30% of construction footprint; the other 70% will be designated for green areas and forest, so the effect on wildlife will be reduced. In relation to the site that could directly affect the coastal-wetland ecosystem area, it would be the development on plan 5-2311315-2021, in which it is projected that its footprint will be approximately 8%, leaving 92% of the site as green areas. Likewise, it must be remembered that the coastal-wetland ecosystem is not within the Project Site; however, the respective mitigation measures will be taken to avoid any impact linked to the sediment dragging that could be caused by the project through the rivers and streams from plan 5-2311315-2021 towards the site. Among the proposed measures are the construction of perimeter ditches with sediment traps in sloped sectors, avoiding earthworks during rainy periods, ensuring an adequate drainage system on road edges, and the installation of eco-friendly pavers. During the operational phase, there will be a treatment plant to prevent the flow of wastewater toward the wetland. Mantled Howler Monkey (Alouatta palliata), a medium-sized primate species, with blackish-yellowish fur, has a prehensile tail, diurnal and arboreal habits. This species can be affected especially by tree cutting and machinery noise. As mitigation measures, the following must be done: • Schedule of activities prior to construction, such as inspections, installation of protective fences, and informational sessions on-site for contractors. • Placement and specifications of the required protection measures (fences, signs, among others). • Carry out pre-stressing tasks 2 or 3 weeks before starting work. • Clearly establish the phases and direction of site-clearing activities. • Install adequate signage regarding internal access routes for vehicles and other heavy equipment, vehicle parking, material preparation and storage, among others. • Vegetation removal (remoción de vegetación) and other site-clearing activities must be carried out in phases, generally moving from the most disturbed part of the site (closest to existing development) toward the least disturbed part of the site. Even on small sites that can be cleared in a single day, it is important to follow this pattern to “drive” the individuals out of the site toward adjacent undisturbed habitat or toward the nearest habitat. • Thoroughly check the trees before they are cut. In the event that individuals return to the Project Site after nightfall, seeking the habitat that used to be there or attracted if it seems to provide food, water, or shelter, daily inspections before work begins are recommended to reduce the risk of harm. • In the event that the mentioned measures do not take effect for the individuals and they are located in trees that will be cut, attempts will be made to drive them away; if they do not leave, one must wait until the next day until they move on. • If cutting is accidentally carried out with individuals in it, rescue must be carried out for any howler monkeys that are injured; if they require veterinary treatment, they must be transferred to a rescue center or a wildlife veterinarian to be attended to. • Northern Tamandua (Tamandua mexicana), anteater with an elongated body, cream-colored fur with a black “vest,” powerful front legs used to break ant nests and termite mounds. With diurnal and nocturnal habits, and can use terrestrial and arboreal habitat. During the construction stage, this species can be affected both by tree cutting and by earthworks with machinery. As mitigation measures, the following must be done: • Schedule of activities prior to construction, such as inspections, installation of protective fences, and informational sessions on-site for contractors. • Placement and specifications of the required protection measures (fences, signs, among others). • Carry out pre-stressing tasks 2 or 3 weeks before starting work. • Clearly establish the phases and direction of site-clearing activities. • Install adequate signage regarding internal access routes for vehicles and other heavy equipment, vehicle parking, material preparation and storage, among others. • Vegetation removal and other site-clearing activities must be carried out in phases, generally moving from the most disturbed part of the site (closest to existing development) toward the least disturbed part of the site. Even on small sites that can be cleared in a single day, it is important to follow this pattern to “drive” the individuals out of the site toward adjacent undisturbed habitat or toward the nearest habitat. • Thoroughly check the trees before they are cut. • In the event that individuals return to the Project Site after nightfall, seeking the habitat that used to be there or attracted if it seems to provide food, water, or shelter, daily inspections before work begins are recommended to reduce the risk of harm. • In the event that the mentioned measures do not take effect for the individuals and they are located in trees that will be cut, attempts will be made to drive them away; if they do not leave, one must wait until the next day until they move on. • If cutting is accidentally carried out with individuals in it, rescue must be carried out for any anteaters that are injured; if they require veterinary treatment, they must be transferred to a rescue center or a wildlife veterinarian to be attended to. • Regarding earthworks, prior surveys must be made of the area where earthworks will be carried out to search for and drive away any fauna present on the site. • Painted Wood Turtle (Rhinoclemmys pulcherrima), a mainly terrestrial turtle, found in dry forests. Predominantly diurnal activity. During the construction stage, this species can be affected by earthworks with machinery. As mitigation measures, the following must be done: • Carry out prior surveys of the area where earthworks will be carried out to search for and drive away any fauna present on the site. In the event of locating individuals, they will be relocated within the project area where they are not in danger or in the habitat... Nombre07 Argument (Alegato): “It notes that an amparo action is filed against the destruction of the forest of Playa Panamá, on lands that in this case are the property of the State, for non-tourism uses. It alleges opposition to the simple trafficking of goods and real estate businesses of the private concessionaire company. It maintains that the concessionaire company is affecting and degrading the forest without permits from SINAC-MINAE, in plain sight and with the forbearance of the ICT. It states that the subdivision (lotificación) of 90 villas, of between 1,000 and 1,500 m² each, appears documented and detailed in Official Communication PGP-0451-2024. It relates that the subdivision is not in the original concession contract signed by the ICT and is contrary to what was offered in the public bidding process awarded and thus concessioned by the ICT. It narrates that, in advertising campaigns, both in the country and abroad, in Spanish and English, the company offers properties in its Bahía Papagayo project without indicating that they are public lands, property of the State, inalienable. It reiterates that the company has breached its contractual obligations in the first 20 years of the concession's term. It affirms that the concession term expires, according to the original contract, on August 3, 2025. It highlights that the information used to support this appeal is based on documentation obtained from the ICT after an amparo action that was processed under file no. 25-004460-0007-CO for omission of response, which the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted, by resolution no. 2025-007129, at 09:20 hours on March 7, 2025, where it ordered the following: \"within the period of TEN DAYS, counted from the notification of this ruling, the petitioner be provided with the entirety of the requested information.\" It argues that the subdivision for the construction of luxury residential villas on the State-owned, concessioned property does not correspond to the Master Plan, which must be mandatorily observed according to Article 2 of Law 6758. It highlights that the current Master Plan, with its details on land uses, zoning, density, and specifications for the development of the Papagayo Project, could not be obtained from the ICT. It maintains that it only provided the regulations thereof, so it requests that in the response of the defendants, said duly certified document be provided, with special detail of the area in question in Playa Panamá. It indicates that having the current Master Plan at hand, with all the inputs, technical studies, and definitions, is basic for the resolution of this amparo and to verify if what is challenged complies or not with Law 6758. It argues that, in the absence of the mentioned document, it would be confirmed that the ICT violates Law 6758 of the Papagayo Project. It contends that the neighbors settled in Playa Panamá bought private properties near Papagayo, outside the state-owned property area, and built their houses, attracted by the natural and scenic beauties provided by its forests and beaches, seeking tranquility and nature. It claims that they feel affected, aggrieved, hurt, and upset by the intention to destroy and make disappear the forests they so love and enjoy.” Response to the Nombre07 Argument: It should be specified that the object of this argument does not deal with the actions or omissions deployed by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), since such actions fall outside the scope of competence of this instance and are not part of the factual core analyzed in this file.”.

16.- By writ incorporated into the electronic file on February 4, 2026, the petitioner requests that a ruling be issued.

17.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Magistrate Hess Herrera writes; and,

Considering (Considerando):

SOLE (ÚNICO). - The petitioner files an amparo against the ICT considering that within the Papagayo Tourism Project (Law 6758), residential real estate development would be allowed —specifically the subdivision (lotificación) of 90 villas in Dirección08 in Playa Panamá— on public lands mostly covered by forest, which is deemed contrary to the tourism objective of the law, the Master Plan, and the Forest Law. It alleges that the ICT has authorized non-tourism uses and that the concessionaire company would be affecting the forest without SINAC permits, damaging the State's natural heritage and the right to a healthy environment of neighbors and visitors.

Now then, in accordance with the analysis carried out in this file, it is considered necessary to suspend the issuance of the ruling in this amparo action, until this Chamber definitively rules on the unconstitutionality action No. 25-024408-0007-CO, currently in process. Indeed, it is verified that the referred unconstitutionality action was admitted and has as its object the questioning of various provisions introduced by Executive Decree No. 44448-MP-TUR, which directly affect the legal regime of the Golfo de Papagayo Tourism Project. Said regulatory norms —particularly Article 12 and several points of the Sole Annex (Anexo Único)— form part of the normative framework whose application and compatibility with the environmental legal order are analyzed in this amparo action.

There is, therefore, a direct, relevant, and decisive relationship between both constitutional processes, to the extent that the resolution of the amparo would necessarily require starting from the validity or invalidity of a regulatory norm whose constitutionality is currently questioned through an unconstitutionality action. In that sense, to issue a ruling at this time would imply applying or assuming as valid regulatory provisions that could eventually be expelled from the legal system, which is incompatible with the principles of legal certainty and coherence of constitutional control.

Additionally, it is noted that in other matters of a materially analogous nature, equally linked to the challenge of Executive Decree No. 44448-MP-TUR and to the existing tension between the special Papagayo regime and the Forest Law No. 7575, it has been considered prudent to defer the advancement of the processes until the respective unconstitutionality action is resolved, precisely to avoid decisions based on norms whose constitutional validity has not been defined.

From the procedural point of view, when a norm challenged in an unconstitutionality action is relevant for the resolution of another process, the appropriate course is to abstain from issuing the final resolution, keeping the file in a state of resolution until the Chamber rules on the corresponding abstract control.

Hence, this Chamber considers it appropriate to suspend the proceedings of this amparo action, until said process is resolved, in accordance with the provisions of Article 48 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Therefore (Por tanto):

The proceedings of this amparo action are suspended, until the unconstitutionality action processed under file No. 25-024408-0007-CO is resolved. -

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document
-- Verification Code --

ODONYD3DRZM61
FILE No. 25-020400-0007-CO

Phones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección10, 100 mts.

South of the church of Perpetuo Socorro).

 

 

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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República