Res. 04421-2026 Sala Constitucional — Amparo against SENASA for inaction on environmental complaint — sanitary order issued during proceedingsAmparo contra SENASA por inacción ante denuncia ambiental — orden sanitaria emitida durante el proceso

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Sala Constitucional

Resolución Nº 04421 - 2026

Fecha de la Resolución: 06 de Febrero del 2026 a las 09:20

Expediente: 26-000267-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 26-000267-0007-CO

Res. Nº 2026004421

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del seis de febrero de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-000267-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra el SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 11:59 horas del 6 de enero de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el SENASA. Manifiesta que su propiedad es la finca San José N° 1-599273-2009, con un área de 613 metros cuadrados, ubicada en la provincia de San José, cantón San Ignacio de Acosta, distrito Cangrejal, la cual colinda con la finca número 1-604420-2010 inscrita a nombre de Nombre02. Señala que el 17 de julio de 2024 la señora Nombre02 realizó movimiento registral de rectificación de linderos, donación a su hija Nombre03, reserva de usufructo y cierre de la finca número 1-604420-2010, creando una nueva finca por reunión de derechos inscrita el 17 de marzo de 2025 bajo el número CED01. Que cuando se enteró que ese lote ubicado detrás de su casa de habitación estaba siendo utilizado para crianza y engorde de ganado, denunció a la señora Nombre03 y a Nombre02 ante el Ministerio de Salud de Acosta el 06 de enero de 2025, iniciándose el trámite número 001-2025. Indica que la inspección realizada por el técnico Luis Álvaro Rojas concluyó que se observaba boñiga y presencia de perros, pero como eso no era competencia de ese ministerio, trasladó el caso a SENASA el 15 de enero de 2025 mediante oficio CARTA-MS-DRRSCS-ARSAC-030-2025. Que consultó reiteradamente en las oficinas de SENASA en Acosta sobre sobre la resolución, le informaron que debía plantear denuncia personalmente en la oficina de SENASA en Acosta ya que la denuncia ante el Ministerio de Salud no era suficiente. Debido a eso el 08 de mayo de 2025 se apersonó a interponer la denuncia, que se tramita con el N° E5171524-CF2025, extendiendo dicha denuncia "(…) por el peligro de los animales que iban creciendo y metían la cabeza entre las latas que se puso para que no se pasaran y además estaban bajo sol espacio reducido y sin pasto. (…) 4. Estuve preguntando a la Sta. Julieta Hidalgo de la Agencia de Senasa de Acosta desde el 27 de mayo del 2025 sobre resultados del Informe porque hubo un momento en que los animales fueron retirados del pueblo porque no cumplía con los requisitos mínimos sin embargo no me llego resultado del informe y nuevamente ya habían metido otra vez ganado. El 24 de octubre 2025 al consultar nuevamente me indica que debo escribir al Dr. Jorge Madriz F correo ...01 para consultar el resultado. Durante varios días le escribí a don Jorge Madriz sin que a la fecha reciba respuesta. El 27 de noviembre del 2025 solicito ayuda al Ministerio de Salud y este les envía nuevamente el recordatorio del oficio CARTASM-DRRSCS-ARSAC-00030-2025 de enero 2025 sin embargo tampoco recibí respuesta. El 25 de diciembre del 2025 encuentro en el lote de atrás 4 toros y 3 terneros, en un espacio reducido, moscas, gallinas, zanates y olores insoportables por los residuos y la gallinaza. Observe que en el cajón donde los meten dos a cada lado lo estaban aseando lo recogen con la pala lo echan a un carretillo y lo depositan en la cerca de la casa que está a menos de 3 metros de mi casa y no fue hasta 2 días después que alguien realizo aseo. En ese momento escribí a varias personas encargadas del SENASA y Ministerio de Salud con el fin de que alguien hiciera algo. Sin embargo, sin respuesta (…)". Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de Presidencia de las 06:32 horas del 9 de enero de 2026, se dio curso al presente proceso y se le dio traslado al JEFE DE LA OFICINA CANTONAL DE ACOSTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 14:19 horas del 19 de enero de 2026, informa bajo juramento Manrique Hernández Soto, en su condición de Encargado Salud Animal Región Central Sur y de la Oficina Cantonal de Acosta del SENASA, que atendiendo el recurso de amparo con expediente Nº 26-000267-0007-CO, se le comunica que con fecha 05 de mayo de 2025, se presentó en las oficinas del SENASA de Acosta, la denuncia E5171524CF2025, en contra de la señora Nombre04, donde se indica, “la señora Nombre04 mantiene ganado en la parte de atrás de mi casa sin las medidas adecuadas y de protección al animal, se encuentran expuestos a sol y el agua ya que no tienen donde refugiarse”. En atención a la denuncia, el médico veterinario Jorge Madriz Fuentes, con fechas del 12 de junio y 17 de julio de 2025, se apersona al lugar donde se encontraban los animales, en ambas visitas, no se logra notificar a la señora Nombre03, por lo que se deja comunicado de la urgencia de comunicarse con este servicio nacional. Ambas gestiones, se respaldan con las hojas de visita 0339078 y 033987, evidenciado en anexos 2 y 3. Ante la necesidad de dar seguimiento a la denuncia y al ser notificados, del amparo con expediente Nº 26-000267-0007-CO, se solicita criterio técnico de la unidad agroambiental del SENASA, es así como el día 13 de enero de 2026, se vuelve a visitar el sitio. Bajo la misma condición, no es posible notificar a la señora Nombre04, por lo que se emite la hoja 0356102 exponiendo a la denunciada, la urgencia en realizar la visita, anexo 4; es así, como el 16 de enero de 2026, se logra realizar la visita a campo, siendo atendidos por Nombre03 y Luis Eliecer Ulloa Arias, dueña de las propiedades y encargado del ganado, respectivamente. Orden sanitaria emitida el 16 de enero de 2026 Al evidenciar que el establecimiento funciona sin el certificado veterinario de operaciones (CVO), requisito establecido en la Ley SENASA 8495 y al no darse un manejo de la excreta apegado a la legislación vigente, respaldado con el criterio de la encargada agroambiental SENASA, la ingeniera Rebeca Gutiérrez Bermúdez, se ordena respaldado en documento N°0356106: 1. Despoblar los animales del sitio, en un plazo no mayor a ocho días hábiles. Plazo a cumplir máximo, el 28 de enero de 2025. Para efectos de la atención del presente Recurso de Amparo y como apoyo a los señores Magistrados, para que se tenga constancia del abordaje del caso que se realizó, se elaboró un informe agroambiental, que se adjunta a continuación: “(…) Luego de la visita a campo, realiza el día 16 de enero 2026, en atención a la solicitud de criterio agroambiental con respecto al manejo de la excreta bovina y posibles molestias derivadas del manejo de esta, dentro de las competencias que la ley le confiere a esta unidad agroambiental perteneciente al servicio nacional de salud animal (SENASA) y en procura al cumplimiento del numeral 50 de la Constitución Política a un ambiente sano y equilibrado, al ser un establecimiento regulado por el Certificado Veterinario de Operaciones, procedo situación evidenciada en campo; 1. Verificación del sitio de estancia de bovinos. Se inspecciona el sitio siendo atendido por la señora Nombre03 y Luis Eliecer Ulloa Arias. Se observan tres bovinos, con peso vivo promedio de 400 kilos, en un sistema estabulado a cielo abierto, con una construcción techada de 4 metros de ancho por 8 metros de largo, donde los animales cuentan con disponibilidad al libre consumo de alimento y agua, con disponibilidad de sombra y en óptima condición corporal. En la visita del 13 de enero, se observó que la excreta bovina removida del piso del área bajo techo, se acumula a cielo abierto, sin ningún tratamiento aparente o disposición apegada a la legislación vigente, por lo que se podrían generar moscas y malos olores. Para la visita del 16 de enero, se observó que los acúmulos de excreto que se encontraban a cierto abierto, fueron reservados en sacos, Indicando los encargados del estabulado que se utiliza el material como mejorador de suelos, para cultivos (abono orgánico). Con respecto al certificado veterinario de operaciones (CVO), la actividad se desarrolla sin este requisito legal. El día de la visita del 16 de enero, se indica a los encargados del sistema productivo, la necesidad de desarrollar la actividad productiva, apegada a la legislación vigente, donde el certificado veterinario de operaciones, es necesario e implica requisitos por otras instituciones, siendo el caso, el permiso de uso de suelos emitido por la municipalidad, el programa de gestión de residuos potestad del ministerio de salud. Cabe resaltar en este informe, que el SENASA da seguimiento al tema denunciado, al ser una actividad regulada por CVO, asegurando el cumplimiento a lo establecido en la Ley SENASA 8495, Ley N° 7451 Ley de Bienestar de los Animales y en resguardo al ambiente sano y equilibrado, según numeral 50 de la constitución política; por lo que, considerando que por el tipo de actividad, se requiere y certificado veterinario de operaciones y manejo de la excreta, en apego a lo establecido en la legislación vigente, esta actividad no puede funcionar en el sitio actual, hasta contar con los requisitos legales que aplican al desarrollo de la actividad bovina de ganado de engorde”. En el presente informe, se expone lo más relevante de los actos ejecutados por el Servicio nacional de salud animal (SENASA) y los hechos evidenciados durante visitas a campo, en cuanto a la atención de la denuncia N° E5171524CF2025. Fue hasta el viernes 16 de enero del 2026, que se pudo notificar la orden sanitaria a la denunciada, motivo por lo que se brinda el presente informe hasta esta fecha, toda vez que, es hasta la notificación que se pudo hacer efectiva la orden sanitaria girada, evitando con esto informar a esa Honorable Sala, sobre un acto administrativo-sanitario que no sea efectivo a la fecha de rendir el informe. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:52 horas del 26 de enero de 2026, se apersona la parte recurrente con el fin de hacer manifestaciones relacionadas con la visita de los funcionarios del SENASA al lugar denunciado.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:  

I.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a la falta de resolución de una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo el derecho fundamental involucrado (ambiente), esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de las solicitudes de este tipo. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso de amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente indica que el lote ubicado detrás de su casa de habitación está siendo utilizado para crianza y engorde de ganado. El 06 de enero de 2025 denunció dicha situación ante el Ministerio de Salud. En la inspección realizada se concluyó que existía boñiga y presencia de perros, pero como eso no era competencia de ese ministerio, trasladó el caso a SENASA el 15 de enero de 2025. Alega que consultó reiteradamente en las oficinas de SENASA en Acosta sobre dicho caso, sin respuesta y sin resolverse la situación denunciada.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:   

a)   En fecha 05 de mayo de 2025, se presentó en las oficinas del SENASA de Acosta, la denuncia E5171524CF2025, en contra de la señora Nombre04 de los Nombre04, donde se indica, “la señora Nombre04 mantiene ganado en la parte de atrás de mi casa sin las medidas adecuadas y de protección al animal, se encuentran expuestos a sol y el agua ya que no tienen donde refugiarse” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

b)   En atención a la denuncia, el médico veterinario Jorge Madriz Fuentes, del SENASA, con fechas del 12 de junio y 17 de julio de 2025, se apersona al lugar donde se encontraban los animales, en ambas visitas, no se logra notificar a la señora Nombre03, por lo que se deja comunicado de la urgencia de comunicarse con este servicio nacional (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

c)    Con ocasión del amparo, se solicita criterio técnico de la unidad agroambiental del SENASA, es así como el día 13 de enero de 2026, se vuelve a visitar el sitio (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

d)   En esa fecha, no es posible notificar a la señora Nombre04, por lo que se emite la hoja 0356102 exponiendo a la denunciada, la urgencia en realizar la visita (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

e)    El 16 de enero de 2026, se logra realizar la visita a campo, siendo atendidos por Nombre03 y Luis Eliecer Ulloa Arias, dueña de las propiedades y encargado del ganado, respectivamente (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

f)     Se emite orden sanitaria el 16 de enero de 2026 (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

g)   Se evidenció que el establecimiento funciona sin el certificado veterinario de operaciones (CVO), además, no se da un manejo de la excreta apegado a la legislación vigente (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

h)   Se ordenó despoblar los animales del sitio, en un plazo no mayor a ocho días hábiles, plazo que se cumple máximo el 28 de enero de 2025 (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

i)     El viernes 16 de enero del 2026 se pudo notificar la orden sanitaria a la denunciada (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

j)     La resolución de curso de este amparo le fue notificada al recurrido en fecha 13 de enero de 2026 (ver acta de notificación). 

IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia Nº 1998-180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (ver Sentencia N° 2014-002127).

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la parte recurrente aduce que el lote ubicado detrás de su casa de habitación está siendo utilizado para crianza y engorde de ganado. El 06 de enero de 2025 denunció dicha situación ante el Ministerio de Salud. En la inspección realizada se concluyó que existía boñiga y presencia de perros, pero como eso no era competencia de ese ministerio, trasladó el caso a SENASA el 15 de enero de 2025. Alega que consultó reiteradamente en las oficinas de SENASA en Acosta sobre dicho caso, sin respuesta y sin resolverse la situación denunciada. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que en fecha 05 de mayo de 2025, se presentó en las oficinas del SENASA de Acosta, la denuncia E5171524CF2025, en contra de la señora Nombre04, donde se indica, “la señora Nombre04 mantiene ganado en la parte de atrás de mi casa sin las medidas adecuadas y de protección al animal, se encuentran expuestos a sol y el agua ya que no tienen donde refugiarse”. En atención a la denuncia, el médico veterinario Jorge Madriz Fuentes, del SENASA, con fechas del 12 de junio y 17 de julio de 2025, se apersona al lugar donde se encontraban los animales, en ambas visitas, no se logra notificar a la señora Nombre03, por lo que se deja comunicado de la urgencia de comunicarse con este servicio nacional. Con ocasión del amparo, se solicita criterio técnico de la unidad agroambiental del SENASA, es así como el día 13 de enero de 2026, se vuelve a visitar el sitio. En esa fecha, no es posible notificar a la señora Nombre04, por lo que se emite la hoja 0356102 exponiendo a la denunciada, la urgencia en realizar la visita. El 16 de enero de 2026, se logra realizar la visita a campo, siendo atendidos por Nombre03 y Luis Eliecer Ulloa Arias, dueña de las propiedades y encargado del ganado, respectivamente. Se emite orden sanitaria el 16 de enero de 2026. Se evidenció que el establecimiento funciona sin el certificado veterinario de operaciones (CVO), además, no se da un manejo de la excreta apegado a la legislación vigente. Se ordenó despoblar los animales del sitio, en un plazo no mayor a 8 días hábiles, plazo que se cumple máximo el 28 de enero de 2025. El viernes 16 de enero del 2026 se pudo notificar la orden sanitaria a la denunciada. Ahora bien, visto que la resolución de curso de este amparo fue notificada al accionada el pasado 13 de enero de 2026, es claro que todas las actuaciones recientes, así como las medidas tomadas para remediar el problema ambiental denunciado por la parte recurrente, fue desarrollado por el SENASA en virtud de la presentación de este proceso de amparo. En consideración de lo anterior, procede la estimatoria del recurso sin especial condenatoria, pues el SENASA ya emitió la orden sanitaria correspondiente, con las medidas necesarias que debe adoptar la parte denunciada a efectos de evitar que continúe la actividad con los perjuicios y daños detectados.

VI.- Deberá tomar nota la autoridad accionada con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de la orden sanitaria emitida en virtud de este amparo, así como la observancia de todas las demás medidas que técnicamente se estimen necesarias para que la situación denunciada no continúe generando problemas ambientales o sanitarios debido a la presencia de animales sin adecuada manipulación técnica. Ello con el propósito de evitar que esta jurisdicción se convierta en un mecanismo reiterado de supervisión de situaciones que bien pueden ser vigiladas por el mismo SENASA, en atención a sus competencias legales.

VII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que el lote ubicado detrás de su casa de habitación está siendo utilizado para crianza y engorde de ganado. El 06 de enero de 2025 denunció dicha situación ante el Ministerio de Salud. En la inspección realizada se concluyó que existía boñiga y presencia de perros, pero como eso no era competencia de ese ministerio, trasladó el caso a SENASA el 15 de enero de 2025. Alega que consultó reiteradamente en las oficinas de SENASA en Acosta sobre dicho caso, sin respuesta y sin resolverse la situación denunciada, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

X.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.  

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:  

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.  

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:   

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. 

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.  

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. 

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.  

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:   

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.  

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. 

XI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.  

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. 

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. 

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. 

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. 

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. 

XII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado ponen notas de forma separada. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Tome nota la autoridad recurrida de lo consignado por la Sala en el considerando V de esta sentencia.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 X6XHHIF23JI61

EXPEDIENTE N° 26-000267-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:48:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 04421 - 2026**

**Resolution Date:** February 6, 2026, at 09:20

**Case File:** 26-000267-0007-CO

**Drafted by:** Jorge Araya Garcia

**Type of Matter:** Amparo action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**

Exp: 26-000267-0007-CO

Res. No. 2026004421

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on February sixth, two thousand twenty-six.

Amparo action processed under case file number 26-000267-0007-CO, filed by Name01, identity card CED02, against the SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).

**WHEREAS:**

1.- Through a brief filed in the Secretariat of the Chamber at 11:59 hours on January 6, 2026, the petitioner files an amparo action against SENASA. They state that their property is the San José farm No. 1-599273-2009, with an area of 613 square meters, located in the province of San José, canton San Ignacio de Acosta, district Cangrejal, which is adjacent to farm number 1-604420-2010 registered under the name of Name02. They note that on July 17, 2024, Ms. Name02 carried out a registration action for rectification of boundaries, donation to her daughter Name03, reservation of usufruct, and closure of farm number 1-604420-2010, creating a new farm by reunification of rights registered on March 17, 2025, under number CED01. That when they learned that this lot located behind their dwelling house was being used for the raising and fattening of cattle, they reported Ms. Name03 and Name02 to the Ministry of Health of Acosta on January 6, 2025, initiating procedure number 001-2025. They indicate that the inspection conducted by technician Luis Álvaro Rojas concluded that dung and the presence of dogs were observed, but since this was not within the competence of that ministry, the case was transferred to SENASA on January 15, 2025, via official letter CARTA-MS-DRRSCS-ARSAC-030-2025. That they repeatedly consulted the SENASA offices in Acosta about the resolution and were informed that they had to file the complaint personally at the SENASA office in Acosta, as the complaint before the Ministry of Health was insufficient. Due to this, on May 8, 2025, they appeared to file the complaint, which is processed under No. E5171524-CF2025, extending said complaint "(...) due to the danger of the animals that were growing and stuck their heads through the sheet metal put up to prevent them from passing, and they were also under the sun in a reduced space and without pasture. (...) 4. I was asking Ms. Julieta Hidalgo from the Acosta Senasa Agency since May 27, 2025, about the results of the Report because there was a moment when the animals were removed from the town because they did not meet the minimum requirements; however, I did not receive the report result, and once again cattle had been brought in again. On October 24, 2025, upon consulting again, I am told that I must write to Dr. Jorge Madriz F at email ...01 to consult the result. For several days I wrote to Mr. Jorge Madriz without receiving a response to date. On November 27, 2025, I requested help from the Ministry of Health, and they again sent the reminder of official letter CARTASM-DRRSCS-ARSAC-00030-2025 from January 2025, however, I also did not receive a response. On December 25, 2025, I find in the back lot 4 bulls and 3 calves, in a cramped space, flies, chickens, grackles, and unbearable odors from the waste and chicken manure. I observed that they were cleaning the stall where they put them, two on each side; they collect it with a shovel, put it in a wheelbarrow, and deposit it on the fence of the house that is less than 3 meters from my house, and it was not until 2 days later that someone performed the cleaning. At that moment, I wrote to several people in charge at SENASA and the Ministry of Health so that someone would do something. However, without response (...)". They request that the Chamber declare the action well-founded.

2.- By resolution of the Presidency at 06:32 hours on January 9, 2026, this proceeding was initiated and transfer was given to the HEAD OF THE ACOSTA CANTONAL OFFICE OF THE SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).

3.- Through a brief incorporated into the digital case file at 14:19 hours on January 19, 2026, Manrique Hernández Soto reports under oath, in his capacity as Officer in Charge of Animal Health for the South Central Region and the Acosta Cantonal Office of SENASA, that in response to the amparo action with case file No. 26-000267-0007-CO, it is communicated that on May 5, 2025, complaint E5171524CF2025 was filed at the SENASA offices in Acosta against Ms. Name04, stating, "Ms. Name04 keeps cattle in the back part of my house without adequate measures and animal protection; they are exposed to sun and water as they have no place to shelter." In response to the complaint, veterinary doctor Jorge Madriz Fuentes, on the dates of June 12 and July 17, 2025, appeared at the location where the animals were. On both visits, it was not possible to notify Ms. Name03, so a message was left about the urgency of communicating with this national service. Both actions are supported by visit sheets 0339078 and 033987, evidenced in Annexes 2 and 3. Given the need to follow up on the complaint and upon being notified of the amparo action with case file No. 26-000267-0007-CO, a technical opinion was requested from the agro-environmental unit of SENASA, which is how on January 13, 2026, the site was visited again. Under the same condition, it was not possible to notify Ms. Name04, so sheet 0356102 was issued, exposing to the respondent the urgency of conducting the visit, Annex 4. This is how, on January 16, 2026, the field visit was successfully carried out, being attended by Name03 and Luis Eliecer Ulloa Arias, owner of the properties and person in charge of the cattle, respectively. A sanitary order (orden sanitaria) was issued on January 16, 2026. Having evidenced that the establishment operates without the veterinary operations certificate (certificado veterinario de operaciones, CVO), a requirement established in the SENASA Law 8495, and by failing to manage excreta in accordance with current legislation, supported by the criterion of the agro-environmental officer of SENASA, engineer Rebeca Gutiérrez Bermúdez, as supported by document No. 0356106, the following was ordered: 1. Depopulate the animals from the site within a period not to exceed eight business days. Maximum deadline to comply: January 28, 2025. For the purposes of addressing this Amparo Action and as support for the Magistrates, so that there is a record of the approach to the case carried out, an agro-environmental report was prepared, which is attached below: “(...) Following the field visit conducted on January 16, 2026, in response to the request for an agro-environmental criterion regarding the management of bovine excreta and possible nuisances derived from its handling, within the powers conferred by law on this agro-environmental unit belonging to the national animal health service (SENASA) and in pursuit of compliance with numeral 50 of the Political Constitution for a healthy and balanced environment (ambiente sano y equilibrado), given that it is an establishment regulated by the Veterinary Operations Certificate, I proceed with the situation evidenced in the field: 1. Verification of the bovine holding site. The site was inspected, being attended by Ms. Name03 and Luis Eliecer Ulloa Arias. Three bovines are observed, with an average live weight of 400 kilos, in an open-air confined system (sistema estabulado), with a roofed structure 4 meters wide by 8 meters long, where the animals have free access to feed and water, with availability of shade and in optimal body condition. During the visit on January 13, it was observed that the bovine excreta removed from the floor of the roofed area is accumulated in the open air, without any apparent treatment or disposal in accordance with current legislation, which could generate flies and bad odors. For the visit on January 16, it was observed that the accumulations of excreta that were in the open air had been stored in sacks. The persons in charge of the confinement indicated that the material is used as a soil improver for crops (organic fertilizer). Regarding the veterinary operations certificate (CVO), the activity is carried out without this legal requirement. On the day of the visit on January 16, the persons in charge of the production system were informed of the need to carry out the productive activity in accordance with current legislation, where the veterinary operations certificate is necessary and implies requirements from other institutions, such as the land-use permit (permiso de uso de suelos) issued by the municipality and the waste management program under the purview of the Ministry of Health. It should be highlighted in this report that SENASA follows up on the reported issue, being an activity regulated by CVO, ensuring compliance with the provisions of SENASA Law 8495, Law No. 7451 Animal Welfare Law, and in safeguarding a healthy and balanced environment, according to numeral 50 of the Political Constitution; therefore, considering that due to the type of activity, a veterinary operations certificate and excreta management are required, in compliance with current legislation, this activity cannot operate at the current site until it meets the legal requirements applicable for the development of the bovine feedlot cattle activity (actividad bovina de ganado de engorde)." This report presents the most relevant actions carried out by the Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) and the facts evidenced during field visits, concerning the attention given to complaint No. E5171524CF2025. It was not until Friday, January 16, 2026, that the sanitary order could be notified to the respondent, which is why this report is provided as of this date, given that it was only upon notification that the issued sanitary order could be made effective, thereby avoiding informing this Honorable Chamber of an administrative-sanitary act that was not effective as of the date of submitting the report. They request that the Chamber declare the action unfounded.

4.- Through a brief incorporated into the digital case file at 11:52 hours on January 26, 2026, the petitioner appears for the purpose of making statements related to the visit by SENASA officials to the reported location.

5.- The prescribed legal procedures have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

**WHEREUPON:**

**I.- PRELIMINARY ISSUE.** Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve an administrative procedure by a final act –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario arises, as we are faced with the lack of resolution of an environmental complaint, which has allegedly not been resolved within a reasonable time. Considering the fundamental right involved (environment), this Chamber will assess any possible delays in the resolution of requests of this type. The point having been clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo action.

**II.- OBJECT OF THE ACTION.** The petitioner indicates that the lot located behind their dwelling house is being used for the raising and fattening of cattle. On January 6, 2025, they reported this situation to the Ministry of Health. The inspection conducted concluded that there was dung and the presence of dogs, but since this was not within the competence of that ministry, the case was transferred to SENASA on January 15, 2025. They allege that they repeatedly consulted the SENASA offices in Acosta about this case, without response and without the reported situation being resolved.

**III.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On May 5, 2025, complaint E5171524CF2025 was filed at the SENASA offices in Acosta against Ms. Name04 of the Name04 family, stating, "Ms. Name04 keeps cattle in the back part of my house without adequate measures and animal protection; they are exposed to sun and water as they have no place to shelter" (see report rendered under oath and evidence provided).

b) In response to the complaint, veterinary doctor Jorge Madriz Fuentes of SENASA, on the dates of June 12 and July 17, 2025, appeared at the location where the animals were. On both visits, it was not possible to notify Ms. Name03, so a message was left about the urgency of communicating with this national service (see report rendered under oath and evidence provided).

c) On the occasion of the amparo action, a technical opinion was requested from the agro-environmental unit of SENASA, which is how on January 13, 2026, the site was visited again (see report rendered under oath and evidence provided).

d) On that date, it was not possible to notify Ms. Name04, so sheet 0356102 was issued, exposing to the respondent the urgency of conducting the visit (see report rendered under oath and evidence provided).

e) On January 16, 2026, the field visit was successfully carried out, being attended by Name03 and Luis Eliecer Ulloa Arias, owner of the properties and person in charge of the cattle, respectively (see report rendered under oath and evidence provided).

f) A sanitary order (orden sanitaria) was issued on January 16, 2026 (see report rendered under oath and evidence provided).

g) It was evidenced that the establishment operates without the veterinary operations certificate (certificado veterinario de operaciones, CVO), and furthermore, excreta is not managed in accordance with current legislation (see report rendered under oath and evidence provided).

h) The depopulation of the animals from the site was ordered within a period not to exceed eight business days, a deadline that expires at the latest on January 28, 2025 (see report rendered under oath and evidence provided).

i) On Friday, January 16, 2026, the sanitary order could be notified to the respondent (see report rendered under oath and evidence provided).

j) The resolution initiating this amparo action was notified to the respondent on January 13, 2026 (see notification record).

**IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT.** On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of this right requires that resources be used rationally, and that it corresponds to the State to protect the environment, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to make available everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the propitious social conditions so that every person can enjoy their health, this right being understood as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment No. 1998-180 of 16:24 hours on January 13, 1998). The objective obligation of the State regarding environmental protection does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to request that measures suitable for the protection of that right be adopted, in the face of overtly negligent attitudes by public authorities, or by physical and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo action, a specific type of service from the State in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of the persons. From which it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inaction by the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights (see Judgment No. 2014-002127).

**V.- ON THE SPECIFIC CASE.** In the sub examine case, the petitioner alleges that the lot located behind their dwelling house is being used for the raising and fattening of cattle. On January 6, 2025, they reported this situation to the Ministry of Health. The inspection conducted concluded that there was dung and the presence of dogs, but since this was not within the competence of that ministry, the case was transferred to SENASA on January 15, 2025. They allege that they repeatedly consulted the SENASA offices in Acosta about this case, without response and without the reported situation being resolved. In this regard, the Chamber deems it proven that on May 5, 2025, complaint E5171524CF2025 was filed at the SENASA offices in Acosta against Ms. Name04, stating, "Ms. Name04 keeps cattle in the back part of my house without adequate measures and animal protection; they are exposed to sun and water as they have no place to shelter." In response to the complaint, veterinary doctor Jorge Madriz Fuentes of SENASA, on the dates of June 12 and July 17, 2025, appeared at the location where the animals were. On both visits, it was not possible to notify Ms. Name03, so a message was left about the urgency of communicating with this national service. On the occasion of the amparo action, a technical opinion was requested from the agro-environmental unit of SENASA, which is how on January 13, 2026, the site was visited again. On that date, it was not possible to notify Ms. Name04, so sheet 0356102 was issued, exposing to the respondent the urgency of conducting the visit. On January 16, 2026, the field visit was successfully carried out, being attended by Name03 and Luis Eliecer Ulloa Arias, owner of the properties and person in charge of the cattle, respectively. A sanitary order (orden sanitaria) was issued on January 16, 2026. It was evidenced that the establishment operates without the veterinary operations certificate (certificado veterinario de operaciones, CVO), and furthermore, excreta is not managed in accordance with current legislation. The depopulation of the animals from the site was ordered within a period not to exceed 8 business days, a deadline that expires at the latest on January 28, 2025. On Friday, January 16, 2026, the sanitary order could be notified to the respondent. Now, considering that the resolution initiating this amparo action was notified to the respondent on January 13, 2026, it is clear that all recent actions, as well as the measures taken to remedy the environmental problem reported by the petitioner, were carried out by SENASA by virtue of the filing of this amparo proceeding. In consideration of the foregoing, the granting of the action is appropriate, with no special award of costs, since SENASA has already issued the corresponding sanitary order, with the necessary measures that the reported party must adopt to prevent the activity from continuing with the detected harms and damages.

**VI.-** The respondent authority must take note for the purpose of following up on compliance with the sanitary order (orden sanitaria) issued by virtue of this amparo action, as well as the observance of all other measures that are technically deemed necessary so that the reported situation does not continue generating environmental or health problems due to the presence of animals without adequate technical handling. This is for the purpose of preventing this jurisdiction from becoming a repeated mechanism for supervising situations that can well be monitored by SENASA itself, in view of its legal powers.

**VII.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION.** Under better consideration, the majority of the Chamber is of the view that the granting that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which states: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared well-founded (...)", must be granted without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling indicate that the action is declared well-founded, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law states that the granting is dictated "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is stressed that the Law indicates "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases like this, where an abnormal termination of the process occurs, comparable to withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority view that there is no basis to award costs or damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of a dismissal of the case file. Furthermore, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo action, there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of compensation. When laws present omissions or deficiencies, it is the responsibility of judges to rectify those shortcomings; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states that: "any resolution upholding the action shall condemn in the abstract to the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," it refers to a natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Administrative Contentious Procedural Code and other procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. article 14-. For the administrative litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. To the above, factual reasons are added, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which there has been an abusive exercise of the vicarious action in the amparo remedy, for purposes of wealth through compensation, insofar as the alleged victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority view to resolve this action without awarding costs, damages, or losses.

**VIII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE.** I have supported the thesis of this Court that when the justiciable party alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court should modify its jurisprudential line; this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional scenarios, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent courts are the Judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

**IX.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.** In environmental matters, it is also the view of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the administrative litigation jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (ambiente sano y libre de contaminación) (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the petitioner claims that the lot located behind their dwelling house is being used for the raising and fattening of cattle. On January 6, 2025, they reported this situation to the Ministry of Health. The inspection conducted concluded that there was dung and the presence of dogs, but since this was not within the competence of that ministry, the case was transferred to SENASA on January 15, 2025. They allege that they repeatedly consulted the SENASA offices in Acosta about this case, without response and without the reported situation being resolved, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a decent quality of life.

**X.- PARTIAL DISSENTING VOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.** While I concur with the rest of the Chamber in declaring the action well-founded, I depart from the majority view insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the harm caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared well-founded solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable."

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

"...any resolution upholding the action shall condemn in the abstract to the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment."

This last norm establishes the general system that regulates the issue of compensation and payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights..."

In the majority’s opinion, Article 51, as cited, regulates the situations in which this Chamber has deemed the grievance to be proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios). However, in the undersigned’s view, from a systematic interpretation of both provisions, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Chamber finds an injury to a fundamental right and, therefore, grants the remedy, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person’s enjoyment of their fundamental rights once it has become aware of the amparo action—a situation contemplated in the referenced Article 52—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the violator to compensate for the damages and losses caused and to pay the costs of the remedy. This rule is merely the recognition, for the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has examined the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the processing of the amparo, with the restoration of the aggrieved party’s enjoyment of their fundamental rights (Article 52), always, in any of these situations, an imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the violator, the basis of which lies in the principles of protecting individuals’ rights and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation on these points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).

Furthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights agreed in their favor by the Administration; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the proceeding."

The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the decision that initiated the amparo proceeding; and 2) that there exists an administrative or judicial decision that unequivocally provides for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the provision in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, despite the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted "solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the provision, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly involve a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial decision that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is proven unequivocally and clearly that in the specific case no compensable injury whatsoever was caused. Only and exclusively in such situations could the respondent Administration be exempted from the payment of these items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption that economic damages and losses arose for the protected party as a result of the challenged actions—the specific determination of which is not for this jurisdiction to make—the granting of this remedy must necessarily imply the condemnation for costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the primary object of the dynamic and very essence of amparo proceedings is not the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From this perspective, the analysis conducted by this court focuses on such verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated injuries in the purely proprietary sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that such condemnation (for damages, losses, and costs) operates, if it is appropriate, the undersigned does not consider that this examination of pertinence can be automatically excluded a priori in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo remedy, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted the adequate cause of proprietary injuries that are legally compensable. By way of reference, Articles 179 to 184 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of Article 179 of the same body of law, the object of that proceeding is the following:

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments handed down by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely with respect to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed toward the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in the abstract for those items, as such claims would not be appropriate in that type of case when the judgment handed down in the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative jurisdiction requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that vein, in my judgment, under the aforementioned Article 52 of the LJC, the waiver of that proprietary condemnation requires the proof, in each case, of situations based on which the non-existence of proprietary injuries—even potential ones—derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a decision or a judicial ruling is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, does not, per se, rule out that, prior to that cessation by the entity’s own doing or by an external cause, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive matter, regarding the actual occurrence of injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to what is regulated by the cited mandate 52, are inherent to a condemnation in the abstract that later constitutes the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is reiterated, that is not their object or primary ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether these administrative conducts have caused them injuries is an issue that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in this type of case. Note that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make an in-depth analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal mandate, it does not proceed to assess whether there is an infringement or not, and therefore, much less can it be defined whether, based on what was reported by the applicant, there may or may not be situations giving rise to possible civil reparation. Thus, the waiver of condemnation referred to in that provision is of an exceptional, not a general, nature. Therefore, in those situations, the provision imposes condemnation in the abstract, so that its appropriateness may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their proprietary sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution (Constitución Política), and disregarding the Administration’s potential liability, as imposed by Article 9 of the same body of law. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted which ceases the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that action that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, if the persistence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was ordered to cease by the causes referred to in the provision under examination, generated damages and losses, this is a matter that, unless there is proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied as a prerequisite solely due to the occurrence of the factual situation regulated in the mentioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this remedy must necessarily imply the condemnation in the abstract for costs, damages, and losses.

XI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial decision is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate."

My interpretation of that provision is the following: That "decision" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are appropriate" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to those: to costs.

Certainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: "Any decision that grants the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment."

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, a condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being a condemnation in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as only he is responsible for establishing as proven their real existence and magnitude.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not for costs.

XII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that, if they have provided any documents in paper form, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of thirty business days after receiving notification of this judgment; otherwise, everything will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The remedy is granted, without special condemnation for costs, damages, and losses. Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado file separate notes. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. The respondent authority is to take note of what the Chamber recorded in Considerando V of this judgment.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente

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Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:48:29.

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