Res. 06027-2025 Sala Constitucional — Constitutional challenge to the Environmental Assessment, Control and Monitoring Regulation (Decree 43898)Acción de inconstitucionalidad contra el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Decreto 43898)

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06027 - 2025

Fecha de la Resolución: 26 de Febrero del 2025 a las 13:00

Expediente: 23-020177-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia desestimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

AMBIENTE. EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Expediente: 23-020177-0007-CO
Sentencia: 006027-25 del 26 de febrero del 2025
Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad
Norma impugnada: Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC. Publicado en el Alcance No. 65 de la Gaceta No. 67 del 19-04-2023
Parte dispositiva: Por mayoría, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad por razones de admisibilidad. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara inconstitucionales los artículos 3, 9, 13, 15, 39, 47 y 98 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, por violación del derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura. Salva igualmente el voto en cuanto al alegato de violación al derecho de participación ciudadana y a la legitimación en defensa de la autonomía municipal. Notifíquese.













CO03/26

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Texto de la resolución

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Exp: 23-020177-0007-CO

Res. Nº 2025006027

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas cero minutos del veintiseis de febrero de dos mil veinticinco.

 

 Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], cédula [Valor 001], costarricense, vecina del cantón de Belén de Heredia, viuda, periodista pensionada, y [Nombre 002], cédula [Valor 002], divorciado, abogado, carné [Valor 003], especialista comisionado de Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), y de la Comisión de Derecho Ambiental CMDA de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, contra los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, publicado el 19 de abril de 2023 en Alcance No.65 de La Gaceta No. 67. Intervienen en este proceso, Iván Vinicio Vincenti Rojas, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad 106950983, en su condición de procurador general de la República, Francisco Ernesto Gamboa Soto, en su condición de ministro de Economía, Industria y Comercio, Luis Esteban Amador Jiménez en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes, Víctor Julio Carvajal Porras, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería, Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, Mary Denisse Munive Angermüller, en su doble condición de vicepresidenta de la República y ministra de Salud. Asimismo, se tiene como coadyuvante pasivo a Ulises Gerardo Alvarez Acosta, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Resultando:

 1.- Los accionantes formulan la presente acción de inconstitucionalidad en los siguientes términos:

“Norma Accionada De acuerdo con el artículo 73.a de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acciona, la norma Reglamento SETENA 43898 MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, publicado el 19 de abril de 2023 en Alcance No.65 de Gaceta No. 67, se anexa dicha norma completa.

Inconstitucionalidad de la norma reglamento de SETENA 43898, en sus artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, 98 resulta inconstitucional, violatorio de las normas y Principios que se indican.

Hechos justificantes del artículo 75

Como hechos justificantes del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:

1. En nota de correo electrónico de fecha 24 de abril de 2023, enviada mismo día por correo electrónico a las cuentas de correo [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], se alegó la inconstitucionalidad de la norma accionada. La consulta fue contestada por correo electrónico enviado desde la cuenta [email protected], el día 10 de mayo de 2023 con el oficio número SETENA-SG-0404-2023. Se adjuntan documentos.

2. Por la naturaleza del asunto no existe una lesión individual, ya que el reglamento que contiene la norma impugnada es de acatamiento colectivo para los habitantes del país.

3. Los accionantes forman parte del colectivo Kañík (Bosque en lengua Bribrí) que es colectivo popular integrado por personas de la sociedad que defienden los intereses colectivos y difusos en materia ambiental. Además de ser defensores de derechos humanos en materia ambiental, de acuerdo con las normas y jurisprudencia convencional y constitucional citadas en la Acción, accionan la presente demanda y tienen la capacidad jurídica para accionar en esta materia para defender derechos humanos en materia ambiental.

Fundamentos

1-El reglamento de SETENA 43898 es una reforma del reglamento 31849. Algunos artículos fueron cambiados y, otros incorporados.

2-La norma accionada, el reglamento 43898 omite los controles preventivos que estaban establecidos en normativas anteriores y con ello violenta el principio de “no regresividad”; abre la posibilidad de que se presenten daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora la calidad de vida. Y, en este caso, se violan los artículos 50, 51 de la Constitución Política. Artículo 3, porque excluye actividades que en el reglamento anterior requerían de viabilidad ambiental y baja los topes máximos para clasificar de bajo, medio o alto impacto.

3-El reglamento 43898 en su creación no fue debidamente consultado, nada más, por medio de una página web a la cual no toda la población tiene acceso y la población que puede accesarla no conocía que estaba en consulta en esa página, porque no tuvo la debida publicidad, por lo que es falso que se haya consultado públicamente. No fue consultado con las municipalidades a las que involucra directamente en el uso y cumplimiento de esta normativa. Artículos 3, 7 (en su punto 6), 51 (en el decreto anterior, este artículo corresponde con el 48). Se violenta art 1 de la Ley de Administración Pública, la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 17, el Principio de Reserva de Ley. El reglamento 43898 no toma en cuenta que aproximadamente el 50% de los cantones del país adolecen de planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de las áreas de su fragilidad ambiental. Consulta Popular, violenta la consulta popular ya que no existió consulta adecuada para reformar el reglamento anterior. Nótese que la consulta realizada fue por medio de una página web del Ministerio de Comercio, que no tuvo la debida difusión a toda la ciudadanía, que pocas personas tienen acceso a una web de este tipo y que es desconocida. La normativa internacional establece que la difusión se debe dar por medios que lleguen a toda la ciudadanía y que puedan presentar sus objeciones de modo fácil.

4-El contenido del reglamento 43898 presenta una desregulación generalizada. Artículos 3, 32 (elimina en algunos casos la obligación de pasar por EIA) 39, 47, 9. Se violenta el Principio de no regresividad. Las regresiones pueden llegar a sufrir, como consecuencia, daños ambientales irreversibles o de difícil reparación. Artículo 50 de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 3, además de lo señalado presenta, en su inciso 8, favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña.

5-En el reglamento 43898 se evade totalmente la responsabilidad que SETENA tenía en el reglamento anterior sobre el tema vial, según reglamento 31849, en el artículo 9, punto 12 se menciona la responsabilidad del SETENA de exigir, si así se amerita, un estudio de vialidad aprobada por el MOPT. Violenta el Principio de Desregulación. Violación del Principio de no regresividad.

6-El reglamento 43898 en su artículo 3 reduce los umbrales de las áreas constructivas. En la normativa anterior, la 31849, el techo es de 500 mts cuadrados, en la anterior era de 300 y en esta normativa, la 43898, es de 1.000. Por debajo de ese límite, los desarrolladores no tienen que pasar por los EIA. Reduce al mínimo las EIA, centrándose solamente en los aspectos de control y seguimiento y dejando a un lado la parte preventiva. Violenta el Principio de Desregulación, violación del Principio de no regresividad. Principio Precautorio o Evitación Prudente, la norma accionada anula la actitud, la acción preventiva que debe tener la SETENA para “disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente” (Sentencia 14180-10 Sala Constitucional), porque sin un sustento técnico o científico permite el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior (Reglamento 31849) pero que pueden dañar el ambiente. Principio de Actos Propios, la norma accionada ha suprimido por su propia acción los actos que ha emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares y al ambiente, ya que viene a reformar los beneficios ambientales previamente otorgados a Natura. Principio de Irretroactividad e Intangibilidad de los Actos Propios, La norma impugnada vino a anular de oficio la norma anterior favorable establecida en el Reglamento 31849 que establecía beneficios más favorables para el Ambiente que es una declaración de derechos que benefician al administrado, derechos ambientales, sociales y económicos, tal acción únicamente se podría dar como una excepción calificada a la “doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política.” Sentencia de Sala Constitucional 2186-94, 899-95.

7-El reglamento 43898 en su artículo 47 establece la obligatoriedad institucional de reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de EIA si son construidos en una misma propiedad, propiciando la FRAGMENTACIÓN o FRACCIONAMIENTO ILÍCITOS de megaproyectos en mini proyectos con el fin de evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor, engañando a la Administración, a las poblaciones humanas y tratando de engañar a la Natura, variando el instrumento de evaluación” (fraccionamiento por elusión). Desregulación. Violación del Principio de No regresividad, FRAGMENTACIÓN ILÍCITA, Principio de Regulación de la Conducta Humana del artículo 4.d de Ley Orgánica del Ambiente, y el Principio de procuración del mayor bienestar a todos los habitantes del país Constitución Política en su artículo 50, un todo de la EIA artículo 94 Ley de Biodiversidad, Jurisprudencia de la CNUDMI Caso Aven vs Costa Rica (Aven vs Costa Rica, 2018).

8-El reglamento 43898 en su artículo 39 introduce el derecho de cortar árboles de 30 mts cúbicos y extraer 10 árboles caídos de las áreas silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en la normativa 31849. Violenta el Principio de Desregulación. Se violenta el Principio de no regresión y contradice lo estipulado en el Decreto 25700-MINAE que declara la veda total en el aprovechamiento de árboles en peligro de extinción, y la Constitución Política en su artículo 50, así como la Lista Roja de la UICN y Lista CITES.

9-El reglamento 43898 advierte, en los artículos 17 y 90, sobre delitos que pudiera cometer la Administración Pública, revirtiendo la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores; violentando los principios constitucionales de la buena fe y atemorizando al funcionario público, con lo que podría llamarse acoso psicológico laboral. En contradicción figuran los artículos 87 y 88 donde se reducen las sanciones para los desarrolladores. En estos se revierten las cargas imponiendo sanciones penales a funcionarios públicos y descargando al privado desarrollador. Se violenta los Principios de No Regresión, Desregulación, causando un desequilibrio de intereses.

10-El reglamento 43898 sobre favorece al sector privado, por encima del público o la colectividad. Es un manual de reducción de trámites ante la Secretaría Técnica Ambiental que obvia por completo el aspecto preventivo y de protección ambiental, para favorecer a los desarrolladores, siendo que el artículo 21 de la Convención de Derechos Humanos señala la necesidad de que prive el interés colectivo sobre el individual y también lo dice la Constitución Política en su artículo 46, nótese que las Normas Ambientales deben favorecer a la parte más débil, en este caso la parte más débil es la Madre Tierra, los habitantes de esta y la parte fuerte es los desarrolladores que cuentan con todos los recursos económicos para aprovecharse del Ambiente lucrando de esta y generando un pasivo ambiental, social y económico.

11-El reglamento 43898 en sus artículos 98 y 13 (en especial el punto 2) permite a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto (entre el 54% y el 65 % del total de proyectos que pasan por la SETENA) construir en áreas ambientalmente frágiles. Se viola el Acuerdo De Escazú (CEPAL, 2018), el artículo 50 de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. Desregulación. Violenta el Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura, artículo 50 de la Constitución Política. Desregulación, violación del Principio de no regresividad. Principio Precautorio o Evitación Prudente, la norma accionada anula la actitud, la acción preventiva que debe tener la SETENA para “disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente” (Sentencia 14180-10 Sala Constitucional), porque sin un sustento técnico o científico permite el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior (Reglamento 31849) pero que pueden dañar el ambiente. Principio de Actos Propios, la norma accionada ha suprimido por su propia acción los actos que ha emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares y al ambiente, ya que viene a reformar los beneficios ambientales previamente otorgados a Natura. Principio de Irretroactividad e Intangibilidad de los Actos Propios, La norma impugnada vino a anular de oficio la norma anterior favorable establecida en el Reglamento 31849 que establecía beneficios más favorables para el Ambiente que es una declaración de derechos que benefician al administrado, derechos ambientales, sociales y económicos, tal acción únicamente se podría dar como una excepción calificada a la “doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política.” Sentencia de Sala Constitucional 2186-94, 899-95. Principio de Desarrollo Sostenible, la norma accionada desfavorece al ser humano y a la misma naturaleza al romper el balance normativo y natural que debe existir en las poblaciones humanas y el medio ambiente o la naturaleza. Indubio Pro-Natura, la norma recurrida es completamente contraria al principio pro-natura al permitir el desarrollo económico en beneficio de un tercero dentro de zonas ambientalmente frágiles sin que exista un estudio técnico previo o, aunque este exista, siendo que la Natura está al servicio de los Humanos y proveyendo recursos esenciales para la subsistencia y creando un adecuado balance para sustentar la vida en el planeta. Principio de Protección al Medio Ambiente, este principio se violenta al hacer cambio de zonas de desarrollo dentro de zonas ambientalmente frágiles beneficiando únicamente la economía del solicitante o desarrollador sin considerar el Medio Ambiente y los servicios ecosistémicos que este brinda a los humanos, pues este aplicará cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente.” Sentencia 17155-09 Sala Constitucional. En tal sentido, la norma impugnada tira por el suelo todas las medidas precautorias para evitar cual cualquier daño ambiental o a las personas. Principio de Prevención del Riesgo Ambiental, la norma accionada permite o no previene posibles daños o afectaciones del ambiente que podrían resultar irreversibles a las zonas ambientalmente frágiles, a especies en peligro de extinción, a las fuentes de agua, al suelo, al aire y a los seres humanos.

12-El reglamento 43898 en su artículo 15 permite al desarrollador empezar tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA. Violenta el Principio de Desregulación. Jurisprudencia en sentencia N° 008201 del 12 de abril de 2023 los jueces constitucionales declararon parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad, de modo que anularon una frase concreta contenida en el párrafo cuarto del artículo 15 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Ley 8220 "la materia de salud, ambiente y", reformada por la ley N° 10.072 del 18 de noviembre de 2021: “Para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otro trámite requerido por el administrado, incluyendo la materia de salud, ambiente y autorizaciones municipales, las entidades u órganos de la Administración podrán conceder aprobaciones temporales sujetas al cumplimiento de requisitos posteriores en un plazo hasta de seis meses, en los casos que cada una lo defina, debiendo el administrado cumplir con lo pendiente.”

13-El reglamento 43898 en su artículo 35, abandona el control de SETENA una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en terceros. Violentando los principios de Desregulación. Principio de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Artículo 50 de la Constitución Política, violentando el Principio de Protección del Ambiente, Principio de Prevención del Daño Ambiental artículo 4.c de la Ley Orgánica del Ambiente.

14-El reglamento 43898 prescinde completamente de lo que contiene el reglamento 31849 en su artículo 35, donde se obliga al envío de los EsIAS a otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos. Violenta el Principio de Desregulación y de No Regresión y de Irretroactividad de las normas ambientales.

15-El reglamento 43898, en su artículo 41, se impone que distintos “usuarios” pudieran aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas. Violenta los principios de Principio de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución Política en su artículo 50, Desregulación, Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura y Ley Forestal 7575.

16-El Reglamento plantea el 43898 prescinde de la obligación del desarrollador de comunicar, dar publicidad en periódico de circulación nacional sobre los estudios de impacto ambiental que está sometiendo ante la SETENA, contrario al reglamento anterior 31849 en su artículo 41 que lo obligaba, la nueva norma lo reduce a una publicación en la página web del SETENA para esos fines. Violentando los Principios de Desregulación. Principio de regresividad, Violenta el derecho a la Información, Principio de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución Política en su artículo 50, Desregulación, Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura.

17-El reglamento 43898 no contiene el formulario D-6 mencionado en los artículos 24, 25, 26 porque el anexo 7 donde este formulario D-6 debe aparecer, según lo señala el artículo 24, no fue incluido. Tampoco aparece el anexo 9 con el formulario D-4 que se menciona en los artículos 36, 37, 38, 39, 41, 42. Violenta los Principios de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución Política en su artículo 50, Desregulación, Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura

18-Que el reglamento 43898, según su artículo 87, se desgravó y se considera falta leve no responder al requerimiento de información solicitados por la SETENA. Violentando los Principios de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución Política en su artículo 50, Desregulación, Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura.

19-Que el marco de constitucionalidad y de legalidad no autoriza a la SETENA a delegar total ni parcialmente las funciones que le son propias; sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante SETENA; les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales (Ej.: Artículo 32.c), ya que violenta el Principio de Reserva de Ley y violenta el Principio de No Regresión, la SETENA no tiene la potestad legal de dar órdenes a las municipalidades a través de un reglamento, pues son entes autónomos por disposición constitucional y legal (en el Código Municipal), el artículo 3 traslada a los municipios la responsabilidad sobre todo lo concerniente a la extensión de permisos de obras de muy bajo impacto ambiental que no requieren evaluaciones de impacto ambiental por parte de la Setena. Esta obligación es exclusiva para SETENA y le ha sido otorgada legalmente por los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 3 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Plenaria de la SETENA número 43212-MINAE.

Cita concreta de normas o principios infringidos

La norma accionada violenta los Principios de:

Principio de Legalidad consagrado en artículo 11 constitucional, ya que el reglamento recurrido se insubordina a la Ley Forestal, a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley de Biodiversidad, como está supra anotado.

Principio de Jerarquía de las Normas, artículos 1, 2, 8 de Ley 63 Código Civil, artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, la Constitución Política, ya que el reglamento recurrido se insubordina a la Ley Forestal, a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley de Biodiversidad, como está supra anotado.

Principio Precautorio o Evitación Prudente, la norma accionada anula la actitud, la acción preventiva que debe tener la SETENA para “disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente” (Sentencia 14180-10 Sala Constitucional), porque sin un sustento técnico o científico permite desgravar las responsabilidades ambientales de los desarrolladores, que pueden dañar el ambiente.

Principio de Actos Propios, la Administración SETENA mediante la norma accionada ha suprimido por su propia acción los actos que haya emitido, Reglamento anterior número 31849, que confieran derechos subjetivos a los particulares, ya que viene a reformar o eliminar la normativa anterior mediante la reforma del Reglamento recurrido.

Principio de Irretroactividad e Intangibilidad de los Actos Propios, La Administración SETENA vino a anular el acto administrativo favorables establecido en el Reglamento número 31849 en que establecía taxativamente regulaciones ambientales más estrictas, que es una declaración de derechos para el administrado, derechos ambientales, sociales y económicos, tal acción únicamente se podría dar como una excepción calificada a la “doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política.” Sentencia de Sala Constitucional 2186-94, 899-95.

Consulta Popular, violenta la consulta popular ya que no existió una debida, accesible consulta para reformar el reglamento 31849, mediante reglamento impugnado.

Principio de Desarrollo Sostenible, la norma accionada desfavorece al ser humano y a la misma naturaleza al romper el balance normativo y natural que debe existir en las poblaciones humanas y el medio ambiente o la naturaleza.

Indubio Pro-Natura, la norma recurrida es completamente contraria al principio pro-natura al derribar regulaciones anteriores que protegían en mayor forma el Ambiente, sin que exista un estudio técnico previo y conocido por la población y consultores ambientales, siendo que la Natura está al servicio de los Humanos y proveyendo recursos esenciales para la subsistencia y creando un adecuado balance para sustentar la vida en el planeta.

Principio de Protección al Medio Ambiente, este principio se violenta al bajar las regulaciones ambientales, beneficiando únicamente la economía de los desarrolladores sin considerar el Medio Ambiente, siendo carente de “estudios técnicos y científicos con participación d ellos consultores ambientales y la población, pues este aplicará cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente.” Sentencia 17155-09 Sala Constitucional. En tal sentido, la norma impugnada tira por el suelo todas las medidas precautorias para evitar cual cualquier daño ambiental o a las personas.

Principio de Prevención del Riesgo Ambiental, la norma accionada permite o no previene posibles daños o afectaciones del ambiente que podrían resultar irreversibles, por derribar regulaciones que estaban en vigencia anteriormente.

Principio de Vinculación a la Ciencia y la Técnica, la norma citada vino a reformar el reglamento 31849 que contenía normas de base técnica y científica, sometido a la aprobación de varias instituciones, sin tener la reforma un estudio técnico científico que lo sustentara.

Principio de participación ciudadana, basada en: el Principio 1 de la Declaración de Río, el Principio 10 de la Declaración de Río, el principio 2 de la Declaración sobre Bosques (1992), el artículo 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 3, inciso c), de la Convención de Lucha contra la Desertificación, el artículo 8, inciso j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente y 31 de misma norma en que protege el ambiente mediante consultas a los consultores ambientales externos de la SETENA y a la ciudadanía, ya que no se tuvo una apertura total a la ciudadanía para consultar la reforma sino una consulta en una página del MEIC que no es de acceso ni conocimiento general de la ciudadanía, ni de los consultores, tampoco se le envió la propuesta por correo a los consultores ambientales un municipalidades.

Principio de Justicia Social, la citada norma incumple con las exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad que debe imperar en las normas y actos públicos, que, al degradar en requisitos de la norma anterior, al ser el Medio Ambiente un bien común de la sociedad, se le está arrebatando el derecho al resto de disponer de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Lista Roja de la UICN, la norma accionada no previó que se pueda dar una alteración o riesgo en especies migratorias y nativas en peligro de extinción (UICN, 2022) (En total 60 especies en peligro en Costa Rica https://www.iucnredlist.org/es/search?landRegions=CR&searchType=species).

Lista de especies en Peligro de Extinción de CITES, Costa Rica, la norma accionada no previó que se pueda dar una alteración en los individuos y su hábitat de especies incluidas en la lista de CITES (CITES, 2017).

Principios Marco sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente, ONU (ONU, 2018), que tutela los derechos de la ciudadanía a la participación, acceso a la información y protección a los defensores del ambiente.

Convenio de Escazú (CEPAL, 2018), introducida al bloque jurisprudencial interamericano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la sentencia Baraona Bray vs Chile del 24 de noviembre de 2022 (Baraona Bray vs Chile, 2022)1 , en aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos, que tutela los derechos de la ciudadanía a la participación, acceso a la información y protección a los defensores del ambiente.

Convenio de Aarhus de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, (ONU, Convenio de Aarhus, 1998), en aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos, que tutela los derechos de la ciudadanía a la participación, acceso a la información y protección a los defensores del ambiente.

Pretensiones que se formulan

Principales

1. Se permita realizar la vista con especialistas técnicos que aportaremos a la misma, se solicita se permita la participación de 5 especialistas técnicos.

2. Se declare que el Reglamento SETENA 43898 MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, publicado el 19 de abril de 2023 en Alcance No.65 de Gaceta No. 67 es inconstitucional con sus efectos consecuentes en los artículos mencionados (artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, 98) y en su totalidad al desregular la norma anterior y dejarla sin defensas ambientales ya citadas.

3. Sobre el proceso, siendo que este tema de derechos humanos en materia ambiental es materia especial, se solicita que el Procurador que atienda este expediente sea un procurador del área ambiental que pueda exponer con principios ambientales, humanos y constitucionales sobre la demanda de inconstitucionalidad de manera íntegra, esto en beneficio de la constitucionalidad.”

2.- Por resolución de las 10:44 horas del 3 de noviembre de 2023, la Presidencia de la Sala dio curso a la presente acción de inconstitucionalidad, y confirió audiencia a la Procuraduría General de la República al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

3.- Iván Vinicio Vincenti Rojas, mayor, divorciado, abogado, vecino de Concepción de Tres Ríos, cédula de identidad 106950983, procurador general de la República, atendió la audiencia otorgada a la Procuraduría General de la República, en los siguientes términos: I. La normativa impugnada y los alegatos de inconstitucionalidad. Los accionantes indican que impugnan los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Decreto Ejecutivo no. 43898 de 21 de diciembre de 2022). Pese a que citan artículos específicos, cuestionan todo el Reglamento porque consideran que constituye una desregulación generalizada y, al final, solicitan que se declare inconstitucional toda la norma porque, a su juicio, desregula la norma anterior y “omite los controles preventivos que estaban establecidos en normativas anteriores y con ello violenta el principio de «no regresividad»; abre la posibilidad de que se presenten daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora la calidad de vida.” Además, sostienen que el Reglamento no fue debidamente consultado, pues solo se hizo una publicación por medio de una página web a la cual no toda la población tiene acceso. Luego, para cada artículo cuestionado, señalan, de manera muy escueta, cuáles principios se estiman violentados, pero sin precisar cuáles son las razones por las consideran que se presenta esa violación ni los motivos por los que se estima su inconstitucionalidad. Después de enlistar cada artículo, indican que los principios que se estiman violentados son el de legalidad, jerarquía de las normas, precautorio o evitación prudente, actos propios, irretroactividad e intangibilidad de los actos propios, consulta popular, desarrollo sostenible, in dubio pro natura, protección al medio ambiente, prevención del riesgo ambiental, vinculación a la ciencia y a la técnica, participación ciudadana, justicia social y lista roja de la UICN. Además, estiman violentados los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente de la ONU, Convenio de Escazú y Convenio de Aarhus. II. Legitimación. En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional ha reconocido la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad directamente, sin necesidad de acreditar la existencia de un asunto previo, cuando se pretenda de la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (votos nos. 6322-2003, 16937-2011, 18360-2017, 17397-2019, 22735-2020, entre otros). Por esa razón, la Procuraduría estima que, al perseguirse la defensa de intereses difusos, los accionantes se encuentran legitimados para presentar esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (no. 7135 de 11 de octubre de 1989). III. Sobre el fondo de la acción. 1. Sobre la insuficiente argumentación de la acción. El artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (no. 7135 de 11 de octubre de 1989) dispone que en el escrito de interposición de una acción de inconstitucionalidad deben exponerse sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. A partir de lo dispuesto en ese artículo y conforme con lo denominado por la Sala Constitucional como carga de la argumentación, se ha señalado que “para que se tenga por configurada una infracción a la Constitución Política y se pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma o acto impugnado, con la consecuente anulación y expulsión del ordenamiento jurídico, quien promueva una acción de inconstitucionalidad tiene la carga de demostrar cómo esa disposición infringe el Derecho de la Constitución y, además, debe indicar por qué debe estimarse la demanda.” (Voto no. 6202-2021 de las 10 horas 5 minutos de 24 de marzo de 2021. En igual sentido, véanse los votos nos. 184-1995 de las 16 horas 30 minutos de 10 de enero de 1995, 3249-2021 de las 9 horas 30 minutos de 17 de febrero de 2021 y 19041-2021 de las 9 horas 20 minutos de 25 de agosto de 2021). Con base en lo anterior, se ha señalado que “no le corresponde a este Tribunal revisar de oficio las normas para determinar donde pueden existir inconstitucionalidades; esa tarea le corresponde al accionante.” (Voto no. 6202-2021 ya citado). En la presente acción de inconstitucionalidad la Procuraduría encuentra que en la mayoría de los artículos no hay un debido esfuerzo argumentativo para demostrar cómo las normas impugnadas violentan la Constitución Política, pues únicamente se indica qué es lo que señala la norma y cuál principio o norma se estima transgredido. En vista de que no le corresponde a la Sala sustituir esa carencia argumentativa, tampoco le corresponde a la Procuraduría, llevar a cabo la labor argumentativa faltante en el escrito de interposición. De tal modo, de seguido nos referiremos a lo indicado por los accionantes en cuanto a todo el Reglamento y sobre cada artículo cuestionado, bajo la advertencia de que no podremos analizar más allá de lo que en cada punto se haya expuesto. 2. Sobre los alegatos referidos a todo el Reglamento. Los accionantes señalan que el reglamento impugnado presenta una desregulación generalizada y omite controles preventivos que contenía el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004) que fue derogado, y, por ello, se violenta el principio de no regresión. El principio de no regresión en materia ambiental impone al Estado el deber de no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que disminuyan el nivel de tutela o protección del ambiente alcanzado hasta entonces, si no se cuenta con fundamento técnico suficiente para ello. Es decir, la aplicación de ese principio no supone una irreversibilidad absoluta o una imposibilidad de modificar las normas ambientales vigentes. En criterio de la Sala Constitucional, “todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección.” (Voto no. 17397-2019 de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019). Entonces, si con base en ese principio es posible disminuir el nivel de protección en determinados aspectos si se cuenta con justificaciones técnicas apropiadas, resulta claro que ese principio no se traduce en la imposibilidad de modificar, de cualquier modo, la normativa ambiental vigente. En otras palabras, ese principio no supone que el Estado no pueda modificar una norma para cambiar la forma o el procedimiento bajo el cual se llevan a cabo ciertas funciones de control ambiental. De tal modo, no es atendible el argumento de que el Decreto Ejecutivo no. 43898 es inconstitucional por violentar el principio de no regresión, por el solo hecho de haber derogado el Decreto 31849 y haber establecido regulaciones distintas a las de aquél. En aplicación del principio de no regresión, habría que determinar si la nueva normativa modificó el régimen anterior, disminuyendo el nivel de protección, sin contar con una justificación técnica razonable. Es decir, no basta con argumentar que el Decreto modificó el régimen vigente, que presenta una desregulación generalizada y que eliminó controles ambientales que sí contenía la norma anterior. Debe precisarse cuáles son esos controles que fueron omitidos, cómo ello constituye una disminución en el nivel de tutela ambiental y si existe o no fundamento técnico al efecto. También, se indica que el reglamento favorece al sector privado, por encima del público o la colectividad, pero no se explica cómo y a través de cuales disposiciones se da ese supuesto favorecimiento. El otro argumento de los accionantes dirigido a la totalidad del Reglamento es que éste no fue consultado correctamente antes de su emisión. Sin embargo, no se indica cómo debió haberse consultado públicamente. La Procuraduría conoce que han existido diferentes posturas en cuanto a la admisibilidad de los alegatos referidos a la participación ciudadana en acciones de inconstitucionalidad, pero, aún en el caso de que en esta ocasión se estime que sí son procedentes ese tipo de alegatos, por reclamarse la violación del principio de participación en asuntos ambientales, estimamos que la aplicación de ese principio no supone que existan mecanismos específicos y predeterminados cuya desatención implique la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, la aplicación del principio de participación ciudadana en asuntos ambientales facultaría a la Sala Constitucional a que determine si, en el proceso de elaboración y emisión de la norma impugnada se contemplaron mecanismos de publicidad y participación, pero no existe una determinación constitucional de cuáles son esos mecanismos específicos que deben utilizarse. En ese sentido, esa Sala ha señalado que “nuestra Constitución Política, no enuncia ni señala los mecanismos de participación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales, esto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será el que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación.” (Voto no. 1163- 2017 de las 9 horas 40 minutos de 27 de enero de 2017, reiterado en el voto no. 11263- 2023 de 14 horas 3 minutos de 12 de mayo de 2023). En consecuencia, será con la información que brinden las instituciones a las que se les ha dado audiencia sobre esta acción de inconstitucionalidad, que se pueda determinar y valorar si se permitió o no la participación ciudadana en la elaboración de la norma. 3. Sobre cada uno de los artículos cuestionados. Se indica que el artículo 3° es inconstitucional porque excluye de la evaluación de impacto ambiental actividades que según el reglamento anterior sí requerían viabilidad ambiental y porque baja los topes máximos para clasificar de bajo, medio o alto impacto. El artículo 3 tiene ocho incisos, pero en el escrito de interposición de la acción se echa de menos una especificación de cuáles son esas actividades que antes sí requerían viabilidad ambiental y ahora están siendo excluidas de la evaluación. Se indica que el inciso 8) favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña, pero no se indica porqué se da ese favorecimiento. Lo que sí se especifica es que el artículo 3 reduce los umbrales de las áreas constructivas según los cuales los proyectos requieren someterse a evaluación de impacto ambiental, pues se indica que en la normativa anterior el techo era de 500 metros cuadrados, en la anterior era de 300 y, en esta normativa es de 1000 metros cuadrados. Sobre ese punto, se remite al informe rendido por la Procuraduría sobre la acción de inconstitucionalidad no. 23-22240-0007-CO, en cuanto señalamos que el artículo 4 bis y el anexo 2 del Decreto 31849 disponían que quedaban excluidas de evaluación ambiental las construcciones de menos de 500 m2, y, por tanto, la constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 3 incisos 2) y 3) depende de que se constante la existencia del sustento técnico que llevó al Poder Ejecutivo a determinar que las obras menores a 1000 metros cuadrados no deben someterse a conocimiento de SETENA. De no existir ninguna fundamentación técnica, esas disposiciones serían contrarias al principio de no regresión en materia ambiental, razonabilidad y proporcionalidad y objetivación de la tutela ambiental, y, en consecuencia, el artículo 50 de la Constitución Política. Ello se traduciría, a su vez, en una violación del principio preventivo, pues se estarían dejando de evaluar y mitigar los impactos ambientales de actividades potencialmente impactantes al ambiente. El artículo 7 se impugna en relación con el alegato general de que el Reglamento no fue consultado públicamente. Y, específicamente, junto con el artículo 3 y 51, se señala que no fue consultado con las Municipalidades a las que involucra directamente el cumplimiento de la normativa, pero no se explica cómo esa eventual falta de consulta violenta la Constitución Política. Y, en todo caso, los accionantes no estarían legitimados para reclamar una eventual violación a la autonomía municipal, si es que así lo consideran. Sobre el artículo 9 se dice, únicamente, que se permite que algunas actividades no pasen por la evaluación de impacto ambiental y eso violenta el principio de no regresión, pero realmente esa norma no hace ninguna diferenciación entre actividades, sino que está referida a la calificación ambiental final. Se dice que el artículo 13, junto con el 98, permite que los desarrolladores de proyectos de bajo impacto ambiental puedan construir en áreas ambientalmente frágiles, pero no se da una explicación de cómo eso violenta la Constitución Política. Al respecto, tómese en cuenta que el Decreto anterior no prohibía el desarrollo de proyectos en ese tipo de áreas, sino que, al igual que éste, establecía ciertas limitantes y factores que debían ser tomados en cuenta en la evaluación de impacto ambiental. Se cuestiona que el artículo 15 permite al desarrollador empezar a tramitar autorizaciones en otras instituciones pese a que no se haya otorgado la viabilidad ambiental y que ello violenta el principio de desregulación. Además de que no se entiende qué es el principio de desregulación, debe señalarse que ese artículo dispone expresamente que la viabilidad ambiental potencial faculta al interesado a iniciar o continuar gestiones de trámites ante otras entidades y que “el inicio de actividades o concesión tal y como se define en este Reglamento, podrían darse únicamente con el otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), la cual se obtendría hasta que se finalice con la respectiva fase del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, es decir, que la autorización final de la actividad, obra o proyecto queda sujeta a que finalmente se otorgue la viabilidad ambiental. Se impugna el artículo 17, junto con el 90, porque los accionantes estiman que se revierte la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores, violentando los principios constitucionales de la buena fe y atemorizando al funcionario público, con lo que podría llamarse acoso psicológico laboral. Lo que disponen esos artículos responden a regulaciones vigentes sobre la responsabilidad de la administración pública y los funcionarios en el ejercicio de sus competencias, por lo que no se encuentra cómo esas disposiciones violentan la Constitución Política. En cuanto a los artículos 24, 25 y 26, el único alegato es que el reglamento no incluyó el anexo 7 que contiene el formulario D6 que se menciona en ellos. No obstante, en el Alcance no. 65 C a La Gaceta no. 67 de 19 de abril de 2023 se publicó el Tomo III del Decreto 43898, en el cual consta el anexo 7, denominado “Formulario de Presentación del D6-Cuadrante Urbano.” Sobre el artículo 32 se dice que se permite que algunas actividades no pasen por la evaluación de impacto ambiental y eso violenta el principio de no regresión. Ese artículo se refiere al formulario D1-C, pero no se indica cómo lo ahí dispuesto violenta la Constitución y el principio de no regresión. Sobre el artículo 35 se indica que se abandona el control de SETENA una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en terceros. Pero no se explica cómo lo señalado en esa norma violenta la Constitución Política, pues no se dice cómo debería hacerse ese control posterior o porqué lo allí dispuesto no es suficiente. Los accionantes impugnan los artículos 36, 37, 38, 39, 41 y 42 porque señalan que no se incluyó el anexo 9 que contiene el formulario D-4 que ahí se menciona. Ante ello, debe indicarse que en el Alcance no. 65 C a La Gaceta no. 67 de 19 de abril de 2023 se publicó el Tomo III del Decreto 43898, en el cual consta el anexo 9, denominado “Formulario de Presentación del D4-Forestal.” Además, sobre el artículo 39 se cuestiona que introduce el derecho de cortar árboles de 30 metros cúbicos y extraer 10 árboles caídos de las áreas silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en el Decreto 31849. Al respecto, reiteran lo dicho en el informe sobre la acción de inconstitucionalidad no. 23-22240-0007-CO, en cuanto a que conforme con los artículos 28 de la Ley Forestal, 90 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo no. 25721 de 17 de octubre de 1996) y el Reglamento para trámite de permisos y control del aprovechamiento maderable en terrenos de uso agropecuario, sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica, Oficialización de "Sistema de Información para el control del aprovechamiento forestal (SICAF) (Decreto Ejecutivo no. 38863 11 de noviembre de 2014), y lo señalado en el Decreto 31849, no se exige evaluación de impacto ambiental para el aprovechamiento maderable en plantaciones forestales, sistemas agroforestales, árboles plantados individualmente y árboles en terrenos de uso agropecuarios sin bosque, pero sí se exigía expresamente para aquellos casos en los que se tratara de solicitudes de aprovechamiento maderable en terrenos privados de uso agropecuario y sin bosque que estén dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre) que no hubiesen sido expropiados, según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y el plan de ordenamiento ambiental (Decreto Ejecutivo no. 29393 de 15 de mayo de 2001) y para el caso de árboles en Patrimonio Natural del Estado, en áreas de protección, en áreas de bosque o se trate de especies vedadas (artículo 7 incisos k), l) y m) del Decreto 38863). El artículo 39 exceptúa de la evaluación de impacto ambiental la extracción de árboles en pie con un volumen comercial menor que 30 metros cúbicos y las solicitudes de extracción de aprovechamiento en bosque de menos de 10 árboles caídos por propiedad, dentro de las Áreas Silvestres Protegidas. Además de que no se diferencia si se trata de los supuestos de propiedades privadas que se encuentran dentro de áreas silvestres protegidas, no contempla la evaluación de impacto ambiental, en contraposición con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y las normas antes citadas en cuanto a la exigencia de esa evaluación en terrenos privados incluidos en áreas silvestres protegidas. También se cuestiona que el artículo 41 permite que distintos usuarios puedan aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas, sin embargo, esa disposición hace referencia a la posibilidad de que el SINAC pueda consultar todos los documentos D4-Forestal que tengan viabilidad ambiental. El artículo 47 se cuestiona porque, a juicio de los accionantes, “establece la obligatoriedad institucional de reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de evaluación de impacto ambiental si son construidos en una misma propiedad, propiciando la fragmentación o fraccionamiento ilícitos de megaproyectos en mini proyectos con el fin de evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor.” Pese a que no se da más explicación al respecto, puede notarse que en el inciso 1) de ese artículo se hace referencia a la unificación de expedientes administrativos, lo cual supone que se trata de proyectos en revisión ante la SETENA; y el inciso 2) se refiere a dos proyectos con viabilidades ambientales otorgadas. Además, en ambos supuestos se establece que en caso de que una o ambas de las actividades aprobadas no sean coincidentes o complementarias con el proyecto que desea realizarse, deberá someterse además en el mismo acto a un proceso de modificación y, en el inciso 3) se señala que cuando el área del proyecto varíe en tamaño debido a la unificación, deberá así constatarse dentro del documento de unificación indicando la nueva área y estableciendo en todos los casos los compromisos ambientales nuevos adquiridos, prevaleciendo los de mayor instrumento de evaluación ambiental. Finalmente, sobre los artículos 87 y 88 señalan que reducen las sanciones para los desarrolladores, se revierten las cargas imponiendo sanciones penales a funcionarios públicos y descargando al privado desarrollador. Con ello, estiman que se violentan los principios de no regresión y desregulación, causando un desequilibrio de intereses. El artículo 87 establece cuáles son las infracciones leves, graves y gravísimas y las correspondientes sanciones, y el 88 establece la posibilidad de dictar medidas cautelares en caso de incumplimiento de los compromisos ambientales. Esas normas no establecen sanciones para funcionarios públicos, no se explica por qué se estima que se descarga de responsabilidad al desarrollador, ni se detalla cuáles sanciones se están reduciendo. De tal modo, no es posible apreciar cómo esas disposiciones violentan la Constitución Política. IV. Conclusiones. Con fundamento en todo lo expuesto, en la condición de órgano asesor de la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República considera que: 1. En el escrito de interposición de la acción, en la mayoría de los artículos no hay un debido esfuerzo argumentativo para demostrar cómo las normas impugnadas violentan la Constitución Política, pues únicamente se cita lo que señala la norma y los principios o normativa que se estiman violentados. No le corresponde a la Sala sustituir esa carencia argumentativa y tampoco le corresponde a la Procuraduría llevar a cabo labor argumentativa faltante en el escrito de interposición. 2. El principio de no regresión no supone que el Estado no pueda modificar una norma para cambiar la forma o el procedimiento bajo el cual se llevan a cabo ciertas funciones de control ambiental. Por ello, no es atendible el argumento de que el Decreto Ejecutivo no. 43898 es inconstitucional por el solo hecho de haber derogado el Decreto 31849 y haber establecido regulaciones distintas a las de aquél. 3. La aplicación del principio de participación ciudadana en asuntos ambientales facultaría a la Sala Constitucional a que determine si, en el proceso de elaboración y emisión de la norma impugnada se contemplaron mecanismos de publicidad y participación. Será con la información que brinden las instituciones a las que se les ha dado audiencia sobre esta acción de inconstitucionalidad, que se pueda determinar y valorar si se permitió o no la participación ciudadana en la elaboración de la norma. 4. En cuanto al artículo 3° incisos 2), 3) y 6) y al artículo 39, se reitera el criterio rendido en la acción de inconstitucionalidad 23-22240-0007-CO en cuanto a que su constitucionalidad depende de que se acredite la existencia del sustento técnico que llevó al Poder Ejecutivo a determinar que, las actividades, obras o proyectos excluidos, no requieren obtener una viabilidad ambiental previa. Si de los informes y expedientes administrativos que remitan las demás instituciones a las que se les ha conferido audiencia sobre esta acción, no se acredita la existencia de esas justificaciones técnicas, debe declararse con lugar la acción en cuanto a esos artículos específicos, por violentarse los principios de progresividad y no regresión, razonabilidad y proporcionalidad y objetivación de la tutela ambiental, y, en consecuencia, el artículo 50 de la Constitución Política. Y porque ello se traduciría, a su vez, en una violación del principio preventivo, pues se estarían dejando de evaluar y mitigar los impactos ambientales de actividades potencialmente impactantes al ambiente. 5. Sobre el resto de artículos no se exponen argumentos suficientes y claros que permitan hacer un adecuado análisis de fondo para determinar si son inconstitucionales o no. Por tanto, no es posible acoger la pretensión de los accionantes de declararlos inconstitucionales.

4.- Francisco Ernesto Gamboa Soto, ministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se apersona a contestar la audiencia conferida, en los siguientes términos: sobre la propuesta de regulación denominada: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, se informa que dicho reglamento cumplió con su trámite en el Sistema Digital de Control Previo por sus siglas SICOPRE, el cual incluyó: a) La propuesta de regulación ingresó al Sicopre a Control Regulatorio el día 08 de noviembre de 2022. b) Allí consta el Aviso de Consulta Pública de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con fecha 07 de noviembre de 2022, publicado en el sitio web de la SETENA. c) Conforme al aviso de Consulta Pública, la regulación estuvo colgada en Consulta Pública en el SICOPRE por un plazo de 10 días, del día 8 de noviembre al día 21 de noviembre del año 2022. con lo cual se comprueba que la normativa cumplió con el mandato legal de consulta pública, el cual está regulado en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública y en los principios de mejora regulatoria de transparencia y publicidad regulados en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 37045-MP. d) En el aviso de consulta se indica el mecanismo para recibir observaciones dentro del Sistema de Control Previo, plataforma que constituye una vía de fácil uso para que los interesados presenten sus observaciones. De la consulta Pública se recibieron observaciones de la Cámara Costarricense de la Construcción, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), de la Cámara de Agricultura, del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y del usuario Sergio Laprade Coto. e) En el formulario costo-beneficio de la regulación, referido a la Sección I, CONTROL PREVIO DE MEJORA REGULATORIA, en el apartado VI.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA, pregunta No. 20 se indica: “20- ¿Se consultó a las partes o grupos interesados para la elaboración de la regulación? Circulación del borrador a grupos o personas interesadas y recepción de comentarios. Consulta interinstitucional. Formación de grupo de trabajo / Comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto.” f) El día 28 de noviembre de 2022, la Dirección de Mejora Regulatorio emite el Informe Técnico Negativo N° DMR-DAR-INF-0161-2022, el cual contenía 12 observaciones a la propuesta de regulación para ser corregidas, dentro de la cual no se evidencia incumplimiento en cuanto a la fase de consulta pública. En esa misma fecha se notifica el citado informe al MINAE por medio del SICOPRE para su conocimiento. g) En fecha 02 de diciembre de 2022, vuelve a ingresar la propuesta de regulación por segunda vez para revisión regulatoria. Con dicho ingreso se adjuntan una serie de oficios de respuesta de parte de la Setena a las instituciones que participaron en la Consulta Pública. h) Dentro de este nuevo ingreso consta además el ACUERDO DE COMISION PLENARIA ACP-070-2022-SETENA. i) En fecha 16 de diciembre de 2022, se emite el segundo Informe Técnico Positivo por parte de la Dirección de Mejora Regulatoria N° DMR-DAR-INF172-2022. Dicho informe es notificado al MINAE por medio del SICOPRE en esa misma fecha. Por medio del enlace https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/2452 enlace se puede dilucidar las actuaciones que tuvo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través de la Dirección de Mejora Regulatoria. Solicito declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad, y se mantenga vigente el Decreto Ejecutivo 43898 -MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC.

5.- El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez, contestó la audiencia que se le brindó, en los términos que siguen: la visión de los accionantes contrasta con la del Estado, inspirada en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos, No. 8220, aunada al proceso de mejora regulatoria que se ha venido impulsando, según el cual se deben simplificar los procedimientos, trámites y requisitos buscando mayor celeridad, eficacia y eficiencia de la actividad administrativa. La participación de ese ministerio se centra en la perspectiva de simplificación de trámites y mejora regulatoria; sobre los aspectos de índole ambiental se remiten a lo que contesten los órganos competentes. En cuanto a que se suprime la remisión de los estudios de impacto ambiental de los permisos de construcción a otras instituciones, dentro de la idea de mejoramiento de los trámites, si el usuario indica que tal estudio existe y ya consta en otra instancia pública, no debe exigírsele volverlo a presentar. Estima que la publicidad de un trámite en la página de SETENA garantiza su conocimiento amplio, pues la página es plenamente accesible. En lo que se refiere a categoriza como falta leve no contestar los requerimientos de SETENA, señala que al desarrollador le interesa obtener la viabilidad ambiental y omitir contestar requerimientos de la secretaría va en su propio perjuicio, ya que podría implicar no obtener dicha viabilidad.

6.- Víctor Julio Carvajal Porras, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería, manifestó que como misión institucional el MAG busca impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria. Destaca que si bien es cierto la transversalidad en las normas ambientales establece que, en materia ambiental, está compartida dentro de las funciones de todo el Estado costarricense y sus diversas instituciones públicas, esto como parte de los principios constitucionales, normas del derecho internacional, leyes y reglamentos, principios de corte ambiental, etcétera, el Decreto al que se refiere la presente acción de inconstitucionalidad, solo refiere la participación directa de mi representado en los artículos 3 y 7, mismos que refieren la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus órganos desconcentrados, mediante la aplicación de reglamentos propios, que tienen su propio fundamento y son en los que se basan estos, para el desarrollo de su actividad sustancia y operativa, por lo tanto independientemente de que se encuentren incluidos o citados en los artículos que se pretenden declarar inconstitucionales, es deber de su representado, continuar su aplicación. Además, el principio de no regresión ambiental, en el que se establece que la normativa y la jurisprudencia ambiental, no deberían ser revisadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, la aplicación de los artículos 3 y 7 del Reglamento accionado, que como se citó, son en los únicos en los que tiene participación su representado, no transgreden este principio toda vez que lo que se hace es aplicar reglamentos establecidos para regular la realización de actividades que por mandato de Ley, son competencia del MAG o de sus Órganos en razón de sus competencias. Respecto al principios precautorio, de irretroactividad, intangibilidad de los actos propios, regulación de la conducta humana, procuración del mayor bienestar, desregulación, reserva de ley e in dubio pro natura con la emisión del Reglamento en pugna no se están violentando los principios mencionados ya que cada uno de ellos refiere, respectivamente, a: -El principio precautorio estipula que cuando los riesgos ambientales que se corren por inacción regulatoria son en cierta manera inciertos, pero deben atenderse, la inacción regulatoria es injustificada, lo que se traduce en adopción de medidas protectoras antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo. -La irretroactividad de la ley es una garantía a favor de los administrados, en el tanto que a una norma no se le puede dar efecto retroactivo (aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley) en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. A contrario sensu, si la norma favorece a la persona, sí se le puede dar efecto retroactivo. -La intangibilidad de los actos propios establece que la Administración no puede revocar los actos declarativos de derechos, salvo en los casos de excepción y por los procedimientos legalmente establecidos. -La regulación de la conducta humana es fundamental del servicio público y hace referencia a la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico. -Al hablar de procuración del mayor bienestar se trata de una concreción más del Estado Social de Derecho en su función de procurar el mayor bienestar de sus habitantes. -La desregulación o regulación mínima dicta que un acto de la Administración se considerará autorizado si están regulados el sujeto, el fin y el motivo o contenido (artículo 11 LGAP). -El principio in dubio pro natura indica que cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Con respecto a las definiciones anteriores, no es cierto que se esté violentando alguno de los elementos rectores supra mencionados, en el tanto el Reglamento se emitió con el fin de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea más eficaz y vaya dirigida a los proyectos que en efecto requieren de la implementación de medidas ambientales adicionales a las ya normadas para prevenir o compensar impactos, y en esa línea, que se les brinden mayores controles y un seguimiento más eficiente. Debido a que la formulación e impulso de la implementación del Reglamento accionado, fue presentado e impulsado por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), por medio de la Secretaría Técnica Ambiental y que la participación de su representado, como se explicó con anterioridad, se refiera a aplicación de las Leyes y Reglamentos propios de su actividad ordinaria, la interpretación y respuesta técnica de las pretensiones formuladas por el accionante, corresponden al MINAE y SETENA, siendo la participación de su representada, limitada a actuaciones propias como son el otorgamiento de Certificados Veterinarios de Operación, Certificados Fitosanitarios de Exportación, así como la aplicación del Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para Certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA), mismos que independientemente de lo que se resuelva en la presenta acción de inconstitucionalidad, deberán continuar siendo aplicados, dentro de la función ordinaria y operativa. Con lo anterior, considera improcedente que el MAG se refiera a aspectos técnicos que no son de aplicación directa y que la Ley y otras normas jurídicas no le dan competencia directa para su aplicación en forma directa o por medio de sus Órganos adscritos, por lo que en estos aspectos se adhiere a los criterios técnicos esgrimidos por el Ministerio de Ambiente y Energía en su respuesta a la presenta acción de inconstitucionalidad. Solicita declarar sin lugar la acción planteada, máxime que la mayoría de los alegatos ya han sido analizados por la misma Sala Constitucional, indicando que estos hechos corresponden a la vía ordinaria y no a la constitucional

7.- Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, rinde el informe solicitado, en los siguientes términos: PRIMERO: 1. Sobre las competencias de SETENA: Se encuentran normadas en los artículos 17, 83 y 86 de la Ley Orgánica del Ambiente, los cuales señalan: “Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Artículo 83.- Creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Artículo 86.- Eficiencia. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberá responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente orientada hacia el desarrollo sostenible”. Asimismo, el ordinal 7 de la Ley de Biodiversidad define la Evaluación de Impacto Ambiental: “(…) un procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental (…)”. En línea con la Ley supra citada la función principal de la Secretaría es el proceso de Evaluación Ambiental dentro de un marco normativo dirigido a velar por el desarrollo económico del país que observe y cumpla con los principios de equilibrio ambiental y con ello cumplir con el desarrollo sostenible que impone la Constitución Política en el numeral 50. Se entiende entonces que la SETENA coadyuva a propiciar el desarrollo en el país de la mano con el equilibrio ambiental. Así las cosas, se realiza un estudio técnico y jurídico detallado del proyecto, obra o actividad propuesto ante la Secretaría, ANTES de su construcción u operación, de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental, y el fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un menoscabo de imposible reparación al ambiente. La Viabilidad (Licencia) Ambiental es un acto intermedio, que establece que un proyecto es o no viable ambientalmente, y que vela porque se cumpla con las medidas ambientales necesarias para el desarrollo sostenible del país. Una vez cumplido el requisito de la obtención de la viabilidad el desarrollador puede dirigirse a las instituciones competentes a solicitar los permisos finales correspondientes para poder realizar la actividad, obra o proyecto. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es por tanto el procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones y la condición de equilibrio aceptable, entre un desarrollo o actividad y la carga ambiental que el mismo representa, el cual deviene en un acto administrativo que aprueba de forma inicial todo el procedimiento de evaluación de los impactos ambientales que genera una actividad específica. Todo el procedimiento que la viabilidad ambiental requiere para ser otorgada, haberse completado y cumplido antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad y esto refleja su naturaleza intermedia. Los trámites y procesos consecuentes al otorgamiento de la Viabilidad Licencia Ambiental son jurisdicción de otras instituciones creadas al efecto, y por ello, aquellas situaciones que devengan de esos permisos deben ser analizadas y gestionadas ante ellas. Al respecto se ha referido el mismo Tribunal Contencioso en varias ocasiones estableciendo que la Viabilidad Ambiental es un acto de trámite sin efectos propios, así por ejemplo recientemente se refirió al tema en la resolución No. 22-2020-I del 28 de febrero del 2020, en la que se menciona y cita concretamente la resolución No. 17-2012-IV, en la que a su vez se cita la resolución No. 39-2009 se establece que: “(…) La viabilidad ambiental forma parte de todo un procedimiento administrativo autorizatorio, en el cual el acto bajo estudio se configura como un prerrequisito del acto final, ya sea la licencia de construcción en el caso de obras o de la licencia, permiso, concesión en el caso de una actividad; y es justamente a razón de ello que dicha sección en ambos antecedentes, deciden mantener que como tal el acto no es ni final, ni de efectos propios, (…)”, “(…) vale la pena transcribir literalmente y corresponde a parte del considerando VI de la resolución 39-2009-VI que al respecto afirma: “Así visto, se trata de un acto que culmina el análisis en sede ambiental, que debe ser tomado en cuenta en la decisión final, para efectos de la comprensión de esa variable, pero que no lo limita el acto autorizatorio en las aristas de su contenido. Incluso, considera este Tribunal, la autoridad que emite la autorización podría imponer condiciones adicionales a las previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, siempre que fueren razonables, justificadas y proporcionadas. Ese carácter instrumental respecto del proceso principal que permite, como efecto final, el ejercicio de la actividad u obra, suprime la posibilidad de que sea considerado un acto final o bien, en último caso, uno de trámite con efecto propio (salvo que el acto final fuese denegatorio, caso en el cual, es plenamente factible su impugnación judicial). Ello aunado a la imposibilidad de que surta efectos en la realidad material, hacen que sea imposible considerarle como una resolución final definitiva e impugnable en sede judicial. El hecho de que ese acto sea el resultado de un procedimiento en el cual se han dado análisis, consultas, informes, etc., no lleva a tenerle como de posible recurribilidad jurisdiccional directa, pues, a fin de cuentas, se trata de una estructura lógica formal, necesaria para llegar a determinar la viabilidad de la propuesta en términos ambientales, que solo tiene sentido para efectos de emitir la autorización en otro procedimiento. Por otro lado, la especialidad técnica de la SETENA no transmuta esta naturaleza no definitiva o de trámite, j (sic) pues no es un criterio que de manera autónoma permita tener un acto como prealable (…)”. De conformidad con lo anterior, la SETENA debe de realizarse con eficiencia, así como lo establece la Ley Orgánica del Ambiente y es en relación con dicha orden que viene trabajando a lo largo de los últimos años en optimizar su funcionamiento y buscar que sus actuaciones sean realmente eficientes en la Evaluación, Control y Seguimiento de aquellos proyectos que por su posible impacto ambiental requieren de medidas ambientales adicionales que deben ser fiscalizadas por la SETENA. 2. Sobre la transversalidad de las normas ambientales: La competencia en materia ambiental está compartida dentro de las funciones de todo el Estado costarricense y sus diversas instituciones públicas, esto como parte de los principios constitucionales, normas del derecho internacional, leyes y reglamentos, principios de corte ambiental, entre otros. Lo anterior, responde a una evolución normativa que ha venido en desarrollo, y que ha fortalecido el control ambiental del Estado tanto de la Administración Pública como de las instancias judiciales, cada una con un marco normativo que le permite ejercer las competencias legales otorgadas y la tutela y defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado. En línea con lo anterior, se puede entender entonces que dentro del marco jurídico que vela por los procesos de desarrollo del país y protección ambiental se incluye normativa propia de otras instancias, como por ejemplo las Municipalidades, el Ministerio de Salud el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes entre otras, en la que se establecen lineamientos y obligaciones que corresponden a medidas ambientales base que debe de cumplir y observar todo aquel administrado que desee iniciar algún tipo de desarrollo en el país, claramente dependiendo del tipo de actividad, obra o proyecto a realizar. De aquí la transversalidad del tema ambiental a nivel Estatal, porque no es solamente la SETENA la que debe contar con normas que aseguren el cumplimiento de los principios ambientales y la observancia de la protección del ambiente, sino que otras instituciones han tenido que adaptarse aplicando normas que fortalecen esa función de desarrollo sostenible y protección ambiental; y lo anterior no significa que esas demás instituciones realicen la Evaluación de Impacto Ambiental, sino que su normativa y las obligaciones que le imponen al administrado son suficientes para el seguimiento de ciertos proyectos, como los de bajo impacto ambiental. Con la explicación supra expuesta lo que se pretende es que se entienda que más allá de las normas propias de la SETENA que regulan la Evaluación de Impacto Ambiental hay otras instituciones que cuentan con las herramientas jurídicas para el control ambiental base, dirigidas a la protección ambiental de cara al desarrollo y que son de acatamiento obligatorio; sin omitir que además están dentro del marco normativo de instancias que sí se encargan de brindar permisos finales. Esto fue reconocido por el Tribunal Constitucional mediante el voto No. 17792-2019, en el cual indicó, citando la sentencia número 2017-5994, de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017, que se inclinaba por avalar la constitucionalidad de lo establecido con respecto a proyectos de muy bajo impacto ambiental y dejó claramente plasmada su posición, según se aprecia de los siguientes extractos: “VI. […] En criterio de esta Sala se debe hacer la siguiente distinción, respecto de las actividades excluidas, por un lado, las indicadas en el inciso 1) y, por otro lado, las excluidas en el resto de incisos. Ello por cuanto los argumentos de los accionantes se dirigen particularmente a la impugnación del inciso 1). Encontrándose necesario realizar la siguiente aclaración, debido a lo indicado por la Procuraduría General de la República en su informe. Dicho inciso debe entenderse en concordancia con lo establecido en el párrafo primero de dicho artículo, es decir, se trata de actividades en operación de muy bajo impacto ambiental, que ciertamente no requieren –según la norma- tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero que, sin embargo, estarán sujetas a otros controles ambientales – como la misma norma indica- tales como los establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y otras con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre del 2004, publicado en La Gaceta 217 del 5 de noviembre del 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental. Así que la misma norma es la que establece que, aunque no requieran de un EIA ello no significa que queden excluidas de control ambiental. Nótese que los accionantes confunden la definición, no es que por el hecho de ser actividades en operación ello las haga de muy bajo impacto ambiental, sino que, el inciso no se refiere a cualquier tipo de actividad en operación, sino únicamente a aquellas actividades en operación definidas como de muy bajo impacto ambiental. Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 4 bis del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción en cuanto al inciso 1 de tal norma”. 3. Sobre el Principio de No regresión Ambiental: Este principio establece que la normativa y jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implica un retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, y que es por demás reconocido por esta honorable Sala, se ha tenido claro que tampoco implica que sea entendido en términos absolutos, y la misma Sala lo ha reconocido así por ejemplo en el voto No. 13367-2012 del 21 de diciembre del año 2012 que establece: “(…) no puede entenderse en términos absolutos. La disminución de un determinado nivel de tutela es posible si hay sustento técnico y científico que garantice que no se produce una desprotección relevante del ambiente, y siempre y cuando se satisfagan los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que esta Sala ha definido en su jurisprudencia. Ahora bien, lo primero que hay que determinar es si una determinada modificación normativa disminuye el nivel de tutela. En este sentido, hay que tener presente que no toda modificación de la normativa ambiental que formalmente se presente como una disminución del nivel de tutela debe tenerse como violatoria del principio de no regresión en materia ambiental. (…) Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. También el voto 5994-2017 del 26 de abril del 2017 señala: “(…) (…) Antes de examinar cada uno de los argumentos de los accionantes, resulta necesario recordar la relevancia de los Estudios de Impacto Ambiental, y determinar, para este caso concreto de análisis, los alcances del principio de no regresión en materia ambiental, a efectos de concluir que no toda modificación de la normativa ambiental –como parece lo insinúan los accionantes- debe tenerse como violatoria de tal principio. Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014-004243), se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación. De lo anterior resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que, ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad de las actuaciones, la administración está impedida para otorgar autorizaciones o realizar actos propios que originen situaciones de riesgo ambiental. En este sentido, la realización de Estudios de Impacto Ambiental se erige en un principio que debe ser debidamente observado y aplicado, al punto que de manera paulatina y progresiva como corresponde en el ámbito de los derechos humanos- la misma legislación y la propia jurisprudencia de esta Sala, ha perfilado la importancia y necesidad de contar con este tipo de evaluaciones debidamente realizadas de manera previa a la realización de determinado tipo de obras. Ahora bien, en cuanto al principio de progresividad, que es alegado por los accionantes, en todas sus argumentaciones (…) De ahí que se pueda concluir que, no cualquier modificación de la normativa ambiental implica necesariamente una disminución de protección del derecho al ambiente. Ello debe sustentarse. De igual forma, no toda modificación, que no sea lo suficientemente amplia, debe interpretarse como una inconstitucionalidad por omisión. Lo deseable no torna en inconstitucional a la norma que no se acerque a ello. En efecto, todas las normas jurídicas son perfectibles, pero el que se acerquen o alejen de un criterio de perfecto o deseable no las hace inconstitucionales (…)”. Colorario a lo anterior la SETENA mediante el oficio SETENA-SG-1123- 2023 suscrito por el Secretario General de la SETANA indica: “(...)el Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC fue creado con el fin de cumplir con la obligación de eficiencia que ordena la Ley de Biodiversidad, dado que esta nueva normativa busca adaptar jurídica y técnicamente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad actual, que tanto a nivel nacional como internacional ha tenido cambios evolutivos importantes, con nuevas políticas y tecnologías que obligan a adaptar las variables ambientales y la fiscalización y el seguimiento a dichos cambios; buscando que a la vez que aplique la Evaluación de forma correcta además se tome en consideración la obligación Estatal de facilitar los trámites para el administrado sin desproteger jurídicamente el capital natural del país (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220 y sus reformas). En esta línea es que para los llamados proyectos de bajo impacto ambiental o Registros Ambientales es que se determinó que, en vista de que por parte de la SETENA no se genera un valor adicional en cuanto a medidas ambientales, estudios técnicos, ni instrumentos de control y seguimiento ambiental si no que se aplican las medidas base o normativas que otras instituciones e instancias imponen, es que se determinó que para el cumplimento de dicha normativa no era necesario registrarlos en la SETENA. Esto por cuanto, como ya se explicó por el tipo de proyectos, por su baja significancia ambiental y porque las medidas ambientales ya están normadas, solamente se les aplican las medidas ambientales dispuestas en otras normas, mientras que la SETENA no agrega valor adicional porque no solicita ninguna medida adicional a las que se deban adherir y por tanto tampoco puede generar algún acto de valor adicional ante un incumplimiento (por ejemplo, la ejecución de la garantía ambiental porque estos proyectos no aportan garantía ambiental). Este Tribunal Constitucional en la resolución supra citada, número 2017-5994, de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017, indicó: (…) “La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria. Correspondiéndole a la vía ordinaria, examinar el sustento técnico y científico que el decreto impugnado utilizó para proceder con dichas modificaciones. Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del anexo 2 del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción.” (el destaque en letra cursiva no pertenece al original) A esos proyectos de bajo impacto se les solicita cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales y con la norma que les sea aplicable, según el tipo de proyecto, que fiscaliza algún otro ente y en caso de incumplimientos están las Fiscalías Ambientales, el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Ambiental Administrativo o el Ministerio de Salud como entes fiscalizadores que pueden ordenar alguna sanción o medida al administrado que incumplió. Y esas normas que les aplican son suficientes para su control y fiscalización ambiental; es por ello que para la emisión del nuevo Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental se valoraron estos aspectos, y enfocó sus esfuerzos de manera eficiente y eficaz, en relación a las actividades, obras o proyectos que por sus características, y mayor impacto ambiental sí requieren la aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental y por lo tanto de un seguimiento ambiental por parte de la SETENA y la toma de medidas ambientales adicionales y de la fiscalización del cumplimiento de las mismas desde la Secretaría. Esta decisión se tomó basándose no solamente en análisis técnicos y científicos sino en la propia práctica y experiencia, y la evolución a través de los años ha demostrado que no se genera un valor agregado adicional al registrar estos proyectos en la SETENA. En esta línea es que se determinó que es necesario que la Evaluación de Impacto Ambiental se enfoque más en aquellos proyectos donde la combinación de las condiciones de fragilidad ambiental de las áreas en donde que desee desarrollar y según su magnitud se establezcan las medidas ambientales adicionales y compromisos ambientales necesarios y se asegure un seguimiento eficiente de las mismas para mitigar impactos ambientales negativos significativos, a través de un mayor peso en la parte de fiscalización y seguimiento ambiental, inspecciones de campo y revisión de responsabilidades de los responsables ambientales, esto con el fin de encaminar los esfuerzos institucionales en fiscalizar los proyectos de mayor impacto, ya que los de bajo impacto ambiental, si insiste, están cubiertos por la normativa y competencias de otras instancias administrativas y judiciales. En línea con lo anterior se demuestra que no existe violación al principio de no regresión ambiental porque en efecto hay otras normas que le aplican a esos proyectos que sí tienen injerencia, así como las instancias tanto administrativas como judiciales a las cuales acudir en caso de incumplimiento de esas normas. Con lo cual se concluye que no hay desprotección ambiental en el tanto se han venido aplicando y se deben aplicar las normas existentes para esos proyectos de bajo impacto que imponen otras instituciones y por ende se cumple con lo que esta Sala, tal como se citó supra, ha indicado al explicar que la regresión ambiental no puede entenderse en términos absolutos. Es claro el Reglamento en análisis su parte considerativa al indicar: “IX. Que desde el punto de vista técnico esta nueva normativa de EIA, considera la evolución y trasformación en cuanto a los procesos de evaluación de impacto ambiental que se han determinado a nivel mundial y del país, donde existen nuevas variables ambientales a contemplar dentro de los procesos de EIA, hacia políticas basadas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y con nueva tecnología disponible, estableciéndose requisitos de carácter técnico y legal, propios y específicos de los procesos de EIA, delimitando las competencias institucionales, y concordantes al momento en que se aplica la EIA para la formalización de una actividad, obra o proyecto en Costa Rica, generando seguridad jurídica y disminución de plazos de revisión en total apego a la Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 del 4 de marzo del 2002 y sus reformas. X. Que es necesario que la Evaluación de Impacto Ambiental se enfoque más en las condiciones de fragilidad de las áreas donde se pretendan desarrollar los proyectos, que, en la magnitud de los proyectos, estableciendo las medidas ambientales que mitiguen los impactos negativos significativos, con un modelo que brinde mayor peso al seguimiento ambiental con verificación de campo y una mayor responsabilidad a los responsables ambientales que elaboran los procesos de EIA”. 4. Sobre el Principio precautorio, de irretroactividad, intangibilidad de los actos propios, regulación de la conducta humana, procuración del mayor bienestar, desregulación, reserva de ley e in dubio pro natura: El principio precautorio estipula que cuando los riesgos ambientales que se corren por inacción regulatoria son en cierta manera inciertos, pero deben atenderse, la inacción regulatoria es injustificada, lo que se traduce en adopción de medidas protectoras antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo. La irretroactividad de la ley es una garantía a favor de los administrados, en el tanto que a una norma no se le puede dar efecto retroactivo (aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley) en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. A contrario sensu, si la norma favorece a la persona, sí se le puede dar efecto retroactivo. La intangibilidad de los actos propios establece que la Administración no puede revocar los actos declarativos de derechos, salvo en los casos de excepción y por los procedimientos legalmente establecidos. La regulación de la conducta humana es fundamental del servicio público y hace referencia a la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico. Al hablar de procuración del mayor bienestar se trata de una concreción más del Estado Social de Derecho en su función de procurar el mayor bienestar de sus habitantes. La desregulación o regulación mínima dicta que un acto de la Administración se considerará autorizado si están regulados el sujeto, el fin y el motivo o contenido (artículo 11 LGAP). El principio in dubio pro natura indica que cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Con respecto a las definiciones anteriores, no es cierto que se esté violentando alguno de los elementos rectores supra mencionados, en el tanto el Reglamento se emitió con el fin de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea más eficaz y vaya dirigida a los proyectos que en efecto requieren de la implementación de medidas ambientales adicionales a las ya normadas para prevenir o compensar impactos, y en esa línea, que se les brinden mayores controles y un seguimiento más eficiente, de seguido se procede a explicar técnica y jurídicamente porqué esto es así de cara a cada alegato interpuesto. SEGUNDO. Sobre el fondo: El artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227, faculta a la Administración a motivar sus actos a través de la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado o bien a dictámenes previos que hayan determinado realmente la adopción del acto. De igual forma, el artículo 302 inciso 1) del mismo cuerpo normativo, establece que los dictámenes técnicos de cualquier tipo de la Administración serán encargados a los órganos públicos expertos en el ramo de que se trate, por lo que, con la finalidad de atender la presente gestión, se solicitó informe a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (adelante SETENA) de este Ministerio. Ante tal situación, mediante oficio SETENA-SG-1123-2023 de fecha 20 de noviembre, suscrito por el Secretario General de la SETENA, se establecen los argumentos esgrimidos de la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, el cual indica: 1. Con relación a que el artículo 3 del decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC violenta el principio de no regresividad: La posición de los accionantes es incorrecta debido a que las actividades, obras y proyectos categoría C, no contemplaban como tal una evaluación de impacto ambiental, no se obtenía una Licencia Viabilidad Ambiental, era un REGISTRO, con requisito meramente administrativos y no técnico. Asimismo que: a) Los proyectos categoría C de bajo impacto no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental para obtener una Viabilidad Ambiental, solamente obtenían un registro ante SETENA, así estaba normado mediante el Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), N° 41815-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, del 25 de junio del 2019; b) El decreto Nº 43898, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2 y el de hasta 999 m3 de movimiento de tierra, tal cual se reformó el DE 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, solo obtenían un registro ambiental; c) El DE 43898 no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro ; d) Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2, que si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental; e) Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el 31849-MINAE, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria de la SETENA; f) No se está dando responsabilidades en materia de EIA a otras entidades, lo que se hace es exonerar de EIA algunas actividades pero que estas mantengan controles ambientales por otras instituciones, siempre dentro de sus potestades legales; g) No baja los topes máximos para clasificar las actividades en bajo, medio o alto impacto, tal como se puede observar en el Decreto Ejecutivo Nº 43898, en su artículo 7. Por otra parte, debe considerarse que la Contraloría General de la República en su estudio N° 04-PFA “Fiscalización sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del 2000”, concluye: “(…) esa entidad no está siendo eficiente y efectiva en la gestión que realiza en los procesos de evaluación ambiental preliminar, monitoreo y seguimiento, por cuanto está distrayendo sus recursos en la valoración de muchos proyectos con escaso impacto ambiental...” “...la excesiva carga de trabajo satura la capacidad de respuesta de la SETENA, pues, al estar atendiendo actividades poco relevantes para el ambiente, distrae recursos económicos, humanos y técnicos, que podrían estar utilizando con mayor provecho en actividades y proyectos a desarrollar que representen mayor riesgo para el ambiente (…)”. Es decir, el mismo ente contralor llama a la SETENA a priorizar la evaluación de impacto ambiental en aquellas actividades, obras o proyectos (AOP) que representan un mayor riesgo para el ambiente y no distraer sus recursos en AOP con escaso impacto ambiental y que tienen su propia normativa regulatoria, que para su cumplimento no es necesaria la intervención de esta secretaría. Partiendo de este informe, el Poder Ejecutivo inició un proceso de análisis con el fin de filtrar la cantidad de proyectos que ingresaban a la SETENA, con el fin de priorizar aquellos que sí representaban un riesgo mayor al ambiente. Este proceso de priorización de los procesos de EIA, incluso fue ratificada por la misma Sala Constitucional, bajo expediente 01-002886-0007-CO, donde se ha indicado lo siguiente mediante el Voto N° 01220-2002, “No se quiere decir con ello, que no pueda el Poder Ejecutivo, vía reglamentaria, determinar con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios de impacto ambiental, pero ello supone que tal definición esté debidamente motivada y justificada”. Por tal motivo ya desde la implementación del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y ahora con la implementación del Decreto Ejecutivo N° 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la SETENA indicó cuáles proyectos requerían tramitar un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y aquellos que no lo requerían. Esto es consecuente con lo que estable la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, la cual indica en su artículo 17 lo siguiente: “(…) Evaluación de impacto ambiental Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental (...)”. Véase que desde la propia ley que crea la evaluación de impacto ambiental, se deja claro que serán las leyes y los reglamentos las que indiquen cuales actividades, obras o proyectos deben requerir del proceso de EIA, por tanto, el artículo 3 como tal del Decreto N° 43898 no es inconstitucional, por ser esta norma un mecanismo previsto en la ley para determinar que debe ser tramitado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En cuanto a la exclusión de AOP de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según el inciso 4 del artículo 3 del D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, se debe aclarar que ya desde el año 2008, la Comisión Plenaria de SETENA, mediante acuerdos y resoluciones (Resoluciones No. 583- 2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018) ha establecido las actividades de muy bajo impacto ambiental, que no requieren someterse a la EIA. Y lo que hace el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mediante su Anexo 2, es regularizar vía decreto las actividades que vía resolución administrativa ya se habían definido que no requerían someterse a la EIA, por ser actividades de muy bajo impacto ambiental y además que ya vía normativa están ampliamente reguladas y controladas por otras instituciones que si bien no tienen la función de realizar la EIA si poseen la obligación de realizar los controles ambientales como parte de sus competencias. Concluyendo así que no se aprecia menoscabo del derecho ambiental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que este Tribunal deba corregir y por ello la acción de inconstitucionalidad planteada fue declarada sin lugar. 2. Con respecto a que el Decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, no fue debidamente consultado en su creación: La posición de los accionantes es incorrecta, cabe señalar que para la elaboración del nuevo Reglamento (D.E. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC) la SETENA realizó una revisión y análisis de las anteriores propuestas de decreto RECSA y del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, las cuales fueron de conocimiento en la Comisión Técnica Asesora Mixta de Evaluación de Impacto Ambiental, creada por el artículo 121 del Decreto Ejecutivo No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, del 24 de mayo de 2004, y en la Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), decreto No. 40505-MINAE, de fecha 28 de julio del 2017. Además, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a partir del año 2018, inició un proceso de fortalecimiento y transformación, a partir de 3 ejes de acción, siendo los mismos; la Reingeniería de procesos, la Transformación digital y la Modernización de la normativa Como parte del sustento técnico y jurídico de la reforma, se trabajó desde el año 2019, de la mano de PROCOMER, en el marco del proyecto Ventanilla Única de Inversión (VUI), en los eventos Kaizen. Estos talleres contaron con una amplia participación de expertos, tanto a nivel interno de la SETENA, como de actores externos, entre consultores ambientales y empresas consultoras, tanto del ámbito privado como institucional, donde se realizó un análisis exhaustivo de los decretos que regulan la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de los estudios técnicos que son la línea base de la EIA y de los instrumentos de evaluación ambiental con el propósito de simplificar trámites y mejorar la seguridad jurídica del administrado, así como también el contenido técnico de los estudios para procurar un equilibrio entre las AOP y el ambiente. Esta reforma cumplió con todo el proceso oficial de consulta pública a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), según el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227, la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos No. 8220 y normativa concordante, proceso sobre el cual puede consultar en dicho sistema, mediante el formulario número 2452. Más de 20 entidades participaron en el proceso de consulta pública, se recibieron aproximadamente 172 observaciones, de las cuales SETENA hizo el análisis técnico y legal, y acogió el 34%, un 15% parcialmente y un 51% no se acogió de las observaciones presentadas. 3. Que el reglamento 43898 no toma en cuenta que aproximadamente el 50% de los cantones del país adolecen de planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de las áreas de su fragilidad ambiental: Sobre este asunto, la Secretaría debe indicar que el tema de Evaluación Ambiental Estratégica si es considerada por la institución, sin embargo, este tema no es parte de los alcances del Decreto 43898, dado que la normativa que regula la integración de la variable ambiental en los planes reguladores viene siendo normado en el Decreto No. 32967, el cual se encuentra vigente. Además, debe aclararse que la responsabilidad de contar con planes reguladores y con la variable ambiental incorporada es una responsabilidad de cada municipio. Con respecto al alegato que el decreto 43898, no toma en cuenta que el 50% de los cantones de país adolece de Planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de su fragilidad ambiental, lo indicado no es correcto, porque las condicionantes ambientales como por ejemplo cauces de dominio público, humedales, coberturas boscosas, amenazas naturales, entre otros, se puede realizar una verificación geoespacial se pueden visualizar e identificar elementos y condiciones geo-ambientales especiales del sitio específico donde se pretende desarrollar el proyecto, así como también de su entorno ambiental, y además de verificar también aspectos de vulnerabilidad. El uso de los visores oficiales geoespaciales y de las capas de las distintas entidades públicas del país, tales como: Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalidades (las que cuenten con los mismos) y de muchas otras, que pueden ser consultadas tanto por la ciudadanía en general como por las demás entidades públicas del país; por lo tanto, es importante dejar en claro que la información y datos geoespaciales utilizados por la SETENA para llevar a cabo su proceso de verificación geoespacial de los expedientes de AOP, provienen de todas éstas fuentes y plataformas de índole pública, sin que esto genere un detrimento para los Desarrolladores respecto los proyectos presentados ante las diferentes instituciones para la obtención de permisos, contrario, ya que la utilización de éstos insumos de índole pública correspondiente a capas, visores y datos oficiales que vienen a reforzar el proceso de planificación para generación de permisos de las diferentes instituciones involucradas en los procesos de generación de permisos. Además, es importante considerar que el Decreto Ejecutivo No. 37773-JP-H-MINAE-MICITT, correspondiente al repositorio oficial de capas y datos geoespaciales para Costa Rica cuya plataforma se denomina como el Visor del SNIT del Registro Nacional, la cual, en su Artículo 3°, Punto E, dice que uno de los objetivos específicos de dicha plataforma es “dar acceso, sea gratuito u oneroso, a la información territorial pública contenida en el sistema a todos los ciudadanos así como a los entes y órganos públicos, sean estos proveedores o no de información territorial para el sistema, fomentando con ello la democratización en el uso de la información del territorio a todos los niveles de la sociedad”; Por lo tanto, el alegato planteado por el recurrente, no lleva razón en cuanto que si no hay un Plan Regulador Aprobado no se tenga conocimiento de la condicionantes ambientales para los diferentes cantones de país, por que como ya se detalló en los párrafos anteriores, se cuenta con información oficial, actualizada, disponible, libre y gratuita, para la toma de decisiones de todas las instituciones y del país, y que la misma es utilizada por la Municipalidades para la elaboración de los Planes Reguladores, y para la obtención de la Variable Ambiental de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 32967. Por otra parte, el decreto 43898, en su artículo 98, mantiene las Áreas Ambientalmente Frágiles, y por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: a) aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido); b) los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso. Finalmente, SETENA NO transfiere la obligación de tramitar los procesos de EIA a otras instituciones, por cuanto lo que se indica la norma es que las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, indicados en este artículo, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y otras entidades con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre de 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental. Así que lo que indica la norma es que a pesar de que no requieren EIA algunas AOP, si el Estado por medio de otros entes tendrá la obligación de realizar según sus competencias los controles ambientales correspondientes, obligaciones además que no son nuevas. Esto ya la misma Sala Constitucional lo ha indicado, al establecer que las municipalidades de nuestro país cumplen un papel importante en la protección del ambiente y la salud, específicamente se ha establecido lo siguiente: “ (…) Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial (…)”. (Resolución No. 17552- 2007 de 12 horas 22 minutos de 30 de noviembre de 2007, reiterada, entre otras, en resolución No. 16167-2013 de 9 horas 5 minutos de diciembre de 2013). Con respecto al papel específico de las Municipalidades en el control ambiental de su territorio “ (…) El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente (...)”. (Sala Constitucional, Voto No. 18471-2008 de las 18 horas 29 minutos del 11 de diciembre del 2008). 4. Con respecto a que el contenido del decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC presenta una desregulación generalizada: En cuanto al artículo 3, ya se tiene por abordada la respuesta en el primer alegato presentado, este reglamento lo que excluye son las actividades, obras y proyectos de bajo impacto ambiental, y que no contemplaban una EIA, de acuerdo con la norma anterior, lo que presentaban era un Registro, con requisito meramente administrativos y no técnicos, no obtenían una Viabilidad Ambiental otorgada por la Comisión Plenaria. En cuanto a la exclusión de AOP de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según el artículo 3 del D.E. No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, se debe aclarar que ya desde el año 2008, la Comisión Plenaria de SETENA, mediante acuerdos y resoluciones (Resoluciones No. 583-2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018) ha establecido las actividades de muy bajo impacto ambiental, que no requieren someterse a la EIA. Y lo que hace el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mediante su Anexo 2, es regularizar vía decreto las actividades que vía resolución administrativa ya se habían definido que no requerían someterse a la EIA, por ser actividades de muy bajo impacto ambiental y además que ya vía normativa están ampliamente reguladas y controladas por otras instituciones que si bien no tienen la función de realizar la EIA si poseen la obligación de realizar los controles ambientales como parte de sus competencias. Adicionalmente, no cierto que se eliminan en algunos casos la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental, el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, ya que en el artículo 7 del decreto mencionado, establece que las AOP, sujetos a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o de la EIA, según leyes específicas, o bien, a convenios internacionales suscritos por el país. 5. Que el reglamento vigente, favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña: Se señala que lo anterior no es correcto por lo siguiente, no se excluyen las actividades agrícolas de la EIA, las cuales forman parte de la lista de actividades que requieren someterse a la EIA (Anexo 1, decreto 43898), al igual que el reglamento anterior (Decreto 31849-MINAE). Las actividades agrícolas que no requieren someterse a la EIA, son las que han realizado actividad previa sobre el predio, basados en que la EIA es predictiva. Para las actividades existentes o que se encuentren en operación, podrán obtener un permiso ambiental mediante la presentación a SETENA de un Estudio de Diagnóstico Ambiental, ( EDA) de acuerdo con lo establecido en el decreto vigente N° 42837-MINAE. En cuanto lo indicado por los accionantes que el artículo 3 referido reduce los umbrales de las áreas constructivas, y que, en la normativa anterior, la No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el techo era de 500 metros cuadrados y, en esta normativa, la No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, es de 1.000. Por debajo de ese límite, los desarrolladores no tienen que pasar por los estudios de impacto ambiental, la anterior afirmación no es correcta por lo siguiente: • El decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000 m2, tal cual se reformó el DE 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental, solo obtenían un registro ambiental. • El D.E.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro. • Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000 m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. • Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500 m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. 6. Que el artículo 9 del reglamento, elimina en algunos casos la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental lo que violenta el principio de no regresividad: No es cierto, por cuanto este artículo lo que establece es la calificación ambiental final a través de la Significancia de impacto Ambiental (SIA) para precisar el Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual puede ser una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA), un Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (PPGA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto no varía con respecto a cómo se hacía mediante el decreto ejecutivo anterior 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y que estaba establecido en su artículo 19. Los accionantes indican que el artículo 32 del presente reglamento de EIA, eliminan en algunos casos la obligación de pasar por EIA (estudios de impacto ambiental) lo que violenta el principio de no regresividad. Sin embargo, el artículo 32 lo que hace referencia es a aquellas actividades de bajo impacto que, si requieren de VLA, cuando sean actividades que se encuentren contempladas en el Anexo 1 y que se ubiquen en las áreas ambientalmente frágiles definidas en el artículo 98. Acá debe indicarse que la SETENA a pesar de que existen AOP de bajo impacto que en principio no requieren de EIA, ha determinado que existen excepciones a la regla, con el fin de regular aquellas AOP que por encontrase en área frágiles si requieren un proceso de EIA, siendo que acá entrarían todas las AOP mayores a 500 m2 y señalando además que aquellas que no requieran la EIA estarán sujetas a cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, y serán las Municipalidades las encargadas de solicitarles que cumplan con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. 7. Con respecto a que el artículo 39 del presente reglamento de EIA, elimina en algunos casos la obligación de pasar por EIA (estudios de impacto ambiental) lo que violenta el principio de no regresividad: Sobre este artículo lo primero que se debe aclarar es que la SETENA no otorga los permisos de aprovechamiento forestal, esta es una competencia exclusiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quien debe continuar observando la normativa en esta materia para aprobar los permisos de aprovechamiento forestal que se presenten como trámite por parte de la ciudadanía. El requisito de Viabilidad (Licencia) Ambiental para este tipo de aprovechamiento maderables, indica en su artículo 36 lo siguiente: “Se crea el D4 Forestal para la valoración de los impactos ambientales, para lo cual deberá completarse el formulario D4 indicado en el Anexo 9 del presente reglamento. Este formulario contempla la valoración de impactos ambientales generados por la actividad forestal de aprovechamiento maderable en bosques dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, cuando no exista una prohibición expresa para ello”. Como se observa, el artículo no abre la posibilidad a aprovechamientos contrarios a la normativa existente en materia forestal, por cuanto deja claro que el trámite es posible siempre y cuando no exista una prohibición expresa para ello, por lo que es evidente que no se está pretendiendo desregularizar la normativa existente y que decretos como el 25700-MINAE continúan vigentes y siendo de acatamiento por parte de las entidades y de los usuarios en general. Además, sobre algunas actividades que no requieren EIA, como lo son el caso del aprovechamiento de 10 árboles caídos, se debe aclarar que esta decisión es consecuente con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 40477- MINAE, Regulaciones para el aprovechamiento y extracción de madera de árboles caídos naturalmente en bosques privados, el cual en su artículo 1 establece lo siguiente: “El presente Decreto tiene por objetivo establecer las regulaciones para el aprovechamiento y extracción de madera aserrada de árboles caídos naturalmente en bosques en propiedad privada y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad o de poseedores legalmente acreditados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del reglamento a la Ley Forestal. Corresponde a las oficinas regionales y subregionales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en su condición de Administración Forestal del Estado (AFE) evaluar y tramitar las solicitudes de aprovechamiento y extracción de madera caída en bosques propiedad privada”. Por otra parte, mediante sus artículos 4, 5 y 6, establece los requisitos para esta actividad, donde no está el requerimiento de viabilidad ambiental. Además, en el artículo 8 se indica lo siguiente: “Artículo 8. Disposiciones para el aprovechamiento de madera caída en bosque. 1) El funcionario de la AFE deberá constatar en campo la condición de árbol caído que se solicita para determinar si el mismo se cayó por causas naturales, determinar el diámetro, largo y especie del mismo, y si el mismo se encuentra en bosque primario o secundario. 2) De existir caminos primarios establecidos en Planes de Manejo anteriores y que aún persisten con su debido mantenimiento, deberán aparecer en el mapa base, junto a los árboles caídos georreferenciados. La información anterior, se presentará en un mapa base a escala adecuada, conforme al contorno del plano de catastro. 3) Bajo el principio precautorio, toda troza o fuste de árbol caído, que de forma evidente esté siendo utilizado como madriguera o refugio por aves o mamífero silvestres no podrá ser contabilizado dentro del material, a extraer y deberá permanecer en esa misma condición. 4) No se podrán establecer patios de apilado de la madera aserrada dentro del bosque ni en áreas de protección, pendientes, nacientes, cauces de ríos y quebradas permanentes. 5) Bajo ninguna circunstancia se permitirá el aserrío en cauce de quebradas y ríos. 6) Queda prohibido la apertura de nuevos caminos o trochas dentro del bosque, así corno la remoción de la vegetación sucesional que se haya instaurado en las vías abandonadas. 7) La madera caída dentro de las áreas de protección definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575, no podrá ser extraída salvo que por criterio técnico emitido por la AFE ante recomendación del Regente Forestal, se defina su extracción para evitar situaciones de riesgo que puedan ocasionar perjuicio a la vida humana. Se exceptúan los árboles que por su longitud parte del fuste cae en áreas de protección o sobre el cauce de un río, para lo cual se considerará la ubicación de la base del árbol. 8) La extracción de madera deberá realizarse únicamente en períodos secos o de muy baja precipitación, sin alterar las condiciones actuales de las trochas y caminos internos y externos causando el menor impacto posible al bosque. 9) Cualquier daño ocasionado a los caminos deberá ser reparado por el propietario que realice el aprovechamiento”. Del citado artículo 39, se concluye que no es cierto que exista desregularización ni regresión, porque ya existe normativa específica que regula esta actividad, siendo el Estado a través del SINAC el ente competente es esta materia y donde la SETENA más bien ha introducido el requisito de Viabilidad (Licencia) Ambiental para aprovechamiento de más de 10 árboles caídos que no se contempla como un requisito en el Decreto Ejecutivo No. 40477-MINAE, esto a pesar de que se existen contemplados en dicha norma los aspectos técnicos a considerar para esta actividad específica. 8. Que el artículo 47 del presente reglamento de EIA, eliminan en algunos casos la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental lo que violenta el principio de no regresividad: Lo anterior es incorrecto, este artículo lo que plantea es la unificación de viabilidades ambientales, con el objetivo evitar el fraccionamiento de proyectos, y así cumplir con lo indicado en el artículo 94 de Ley de Biodiversidad N° 7788. Con la implementación del decreto N° 43898 no cambia esta regularización expresa de la Ley de Biodiversidad N° 7788, por cuanto es clara la norma que los proyectos no pueden ser fraccionados para evitar el proceso de EIA, por lo que desde un inicio si la SETENA detecta que como parte de la tramitación de un proyecto nuevo existe un posible fraccionamiento tiene el deber de sancionar el proyecto y ordenar que la evaluación se realice de forma integral, no observando dentro del decreto N° 43898 que exista un procedimiento para no cumplir lo que indica la ley de Biodiversidad N° 7788. 9. Con respecto a que el reglamento No.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC evade totalmente la responsabilidad que SETENA tenía en el reglamento anterior sobre el tema vial (reglamento 31849, artículo 9, punto 12): Lo anterior es incorrecto que SETENA evade responsabilidades, por lo siguiente: • El estudio de impacto vial lo elabora un ingeniero incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), y es el analista y diseñador del Estudio de Impacto Vial del proyecto. El decreto N° 41727-MOPT, Oficializa la Guía para la elaboración de un estudio de impacto funcional y seguridad vial. • El Estudio de Impacto Vial, debe ser aprobado por la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT. • Le ley 8220, establece en su Artículo 3º-Respeto de competencias, y en su artículo 2º-Presentación única de documentos. • La aprobación y cuando se debe presentar un estudio de impacto vial son competencia del MOPT, y la Evaluación de Impacto Ambiental es competencia de SETENA, la cual evalúa todos los componentes de los proyectos, desde los aspectos físicos, biológicos y sociales, incluyendo los posibles impactos viales que pueda generar cierto tipo de proyectos, para los cuales se establecen las medidas de control ambiental, preventivas, de mitigación o de compensación, y se establecen como compromisos ambientales, que se integran en los Planes de Gestión Ambiental (PGA), donde la institución brinda el control, seguimiento y fiscalización ambiental. Por lo tanto, el reglamento N°43898, no evade ningún tipo de competencia con respeto a la EIA para todos los componentes de la misma, de acuerdo con las funciones asignadas en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, lo que hace es ordenar la presentación de permisos de acuerdo a los momentos de los procesos de trámites para la formalización de actividades, obras y proyectos, y las competencias y funciones, de acuerdo con la Ley 8220, sin desproteger el ambiente y cumpliendo con lo establecido en el artículo 50 constitucional, contemplando el análisis del componente vial como parte de la EIA, no de un permiso que otorga y le corresponde a otra institución. Asimismo, la SETENA se encuentra facultada para solicitar los estudios y documentos que estime pertinentes para determinar la viabilidad ambiental del proyecto. La determinación de los mismos debe ser establecida por la propia entidad, aunque lógicamente debe advertirse que las decisiones que adopte deben ser motivadas, razonables y se encuentran sujetas al control jurisdiccional, , y lo anterior se fundamenta en lo siguiente: Dictamen 319-2009 de la PGR “En ese sentido, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente establece amplias y numerosas atribuciones a SETENA, las cuales son las siguientes: a) analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas; b) recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo; c) atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental; d) realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos; e) aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo; f)elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación; g) recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental; h) fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos; i) realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones; j)establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley, k) cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines”. Además, todo proyecto constructivo con frente a una ruta nacional, que tenga espacios de estacionamiento vehicular, debe contar con una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Por lo antes descrito, para poder obtener ese visto bueno o autorización del acceso vehicular a Rutas Nacionales del proyecto a desarrollar, uno de los requisitos indispensables que debe presentar el desarrollador es el análisis vial del proyecto, el cual debe incluir las condiciones viales, actuales y proyectadas, en el entorno del desarrollo, pero que no son de competencia de la SETENA aprobar. Es importante destacar que la elaboración de un estudio de impacto vial y de seguridad vial, no es exclusiva para justificar un acceso vehicular a determinada ruta. Los parámetros y alcances de la presente Guía son aplicables para determinar el impacto en el tránsito vehicular provocado por la construcción de cualquier proyecto que genere atracción de vehículos o peatones. Teniendo claro dicho impacto, se podrán establecer medidas de mitigación para mejorar la vialidad y la seguridad de los usuarios de las vías públicas. 10. Que en el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el artículo 3 referido reduce los umbrales de las áreas constructivas: La anterior afirmación no es correcta por lo siguiente: El decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2, tal cual lo reformó el DE 31849 mediante el decreto N°37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, solo obtenían un registro ambiental, el D.E.43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro, tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental y Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. Los accionantes indican que el reglamento vigente reduce al mínimo los EIA, centrándose solamente en los aspectos de control y seguimiento y dejando a un lado la parte preventiva, una posición talmente errónea, por lo siguiente: se mantienen los estudios de línea base para la EIA, ya contemplados en la norma anterior, estudios de suelos (Geotecnia), estudio de Hidrología, Geología, Hidrogeología, Amenazas Naturales, Arqueología, Biología, Socioeconómicos, estudios de capacidad de uso de la tierra y se contempla el riesgo antrópico. Además, se mantiene el formulario D1, los instrumentos de evaluación de impacto ambiental que son la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, el Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (PPGA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). El decreto No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, todo lo contrario a lo indicado por los accionantes, fortalece la línea base de la EIA, en cuanto al contenido técnico y legal los estudios de línea base y los instrumentos de EIA, y estableciendo, para todos los formularios e instrumentos de evaluación ambiental, que se cuente con medidas de control ambiental, con indicadores de seguimiento y monitoreo ambiental, definiendo su frecuencia, la metodología, punto de medición o aplicación y el tipo de indicador, para que todas las actividades, obras y proyectos estén sujetas al seguimiento y fiscalización de la SETENA. 11. Con relación a que el reglamento 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC en los artículos 17 y 90, sobre delitos que pudiera cometer la Administración Pública, revirtiendo la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores violentando los principios constitucionales de la buena fe y atemorizando al funcionario público, con lo que podría llamarse acoso psicológico laboral: Lo indicado en relación a los articulo 17 y 90 del decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, no se refiere a la comisión de delitos, si no a la Responsabilidad administrativa y disciplinaría en la que podría incurrir un funcionario público por el incumplimiento de sus deberes legales en la revisión de los trámites sometidos a su valoración, y lo único que hace es una alusión al cumplimiento de otras normativas aplicables al caso y de rango legal tal como el artículo 10 de la Ley 8220 de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, y 190 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227. No se revierte ninguna carga de la prueba en contra de los administradores, ni es una violación al principio de buena fe, o pretende atemorizar a los funcionarios, ya que el uso de la potestad disciplinaria o de responsabilidad administrativa es inherente al Estado, y está regulado en la normativa de rango legal, según las garantías constitucionales del debido proceso. 12. Con respecto a que en el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en contradicción figuran los artículos 87 y 88 donde se reducen las sanciones para los desarrolladores: Los artículos impugnados lejos de procurar desregularizar la normativa, pretende que dentro de las sanciones y conductas tipificadas en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, y bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad exista una clasificación de conductas u omisiones para contar con un parámetro para que la administración ejerza la potestad sancionatoria en condiciones coincidentes para casos similares, en el entendido que no toda conducta puede ser juzgada con la misma sanción, ya que algunas efectivamente son más gravosas que otras y con consecuencias diversas, algunas corresponden a incumplimientos administrativos y otras a posibles afectaciones al ambiente, de manera que debe existir una distinción proporcional en relación a las posibles sanciones. En este caso las sanciones establecidas según el tipo de acción u omisión están totalmente alineadas con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. En relación al artículo 88, es importante indicar que tiene su antecedente en el artículo 105 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, de 24 de mayo de 2004: “Artículo 105.- De la potestad para ordenar la clausura de las actividades, obras o proyectos. La SETENA u otras autoridades ambientales, podrán ordenar la clausura de las actividades, obras o proyectos, cuando no cumplan con la Ley Orgánica del Ambiente, los reglamentos y normativas que sobre materia ambiental se hayan emitido, la legislación conexa y los compromisos ambientales adquiridos. Tal como lo dispone la Ley Orgánica del Ambiente, las personas físicas o jurídicas en estos casos, permitirán el libre acceso a sus inmuebles para proceder a la clausura. En caso de ser necesario, las autoridades ambientales solicitarán la colaboración y se harán acompañar por la autoridad policial o judicial respectiva. Sólo en casos extremos o excepcionales, cuando no se le permita el libre ingreso a la autoridad ambiental, ésta gestionará la orden de allanamiento a la autoridad judicial competente. Si el caso lo permite y previo acuerdo de la Comisión Plenaria de la SETENA, en el momento que la persona física o jurídica subsane las anomalías cometidas o bien cumpla con lo requerido en la resolución administrativa que se le notifique, la autoridad ambiental que procedió a la clausura, o a quien ésta delegue, podría proceder al levantamiento de la orden”. Conforme se constata, lejos de procurar darle una ventaja a los desarrolladores como intenta hacer ver el accionante, al contrario, establece las posibilidades de la administración de imponer una medida Cautelar de paralización, en relación al incumplimiento de los compromisos ambientales a efetos de procurar las medidas correctivas necesarias o paralizar los proyectos finalmente si es lo que corresponde. 13. Que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en sus artículos 98 y 13 (en especial el punto 2) permite a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto (entre el 54% y el 65 % del total de proyectos que pasan por la SETENA) construir en áreas ambientalmente frágiles: La anterior afirmación no es correcta, ni el articulo 13 ni el 98, permiten a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto ambiental construir en áreas ambientalmente frágiles; lo que establece el artículo 13 es el procedimiento de verificación de la información de los expedientes que se someten al proceso de EIA, por el departamento respectivo, tanto para la etapa de evaluación ambiental como para la etapa de seguimiento y control ambiental. Es importante apuntar que para dicha revisión se utilizan alrededor de aproximadamente 50 capas para cubrir o verificar las 15 Áreas Ambientalmente Frágiles indicadas en el artículo 98 del decreto No. 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, además de verificar también aspectos de vulnerabilidad o incidencia de proyectos en un mismo espacio geográfico. Practica que se viene realizando desde hace muchos años en la SETENA y que con este articulado se viene a reforzar dicha aplicación, esto con la finalidad de generar alertas dentro del proceso de evaluación a aspectos que ameritan especial atención. Entre las capas que se utilizan son de acceso público desde los portales oficiales del SNIT (IGN), SINIGIRH (Dirección de Agua) y SIRI (del registro inmobiliario). En cuanto al artículo 98, que define las áreas ambientalmente frágiles, mantiene lo ya establecido en la norma anterior en el decreto 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, el objetivo de este es para que, durante el proceso de la EIA, se consideren a priori, una serie de variables ambientales y jurídicas de un espacio geográfico, a fin de facilitar una decisión más acertada sobre el área en el que se desarrollará un proyecto, obra o actividad. Además, que SETENA brinda una atención especial en estas áreas para verificar los compromisos ambientales mediante la planificación de inspecciones de seguimiento y cierre de los proyectos, en la etapa de fiscalización. 14. Con relación a que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 15 permite al desarrollador empezar la tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA, lo cual lesiona el principio de desregulación: La anterior afirmación no es correcta, se mantiene lo ya establecido en la norma anterior en el decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la Viabilidad Ambiental Potencial, lo que permite es poder iniciar o continuar gestiones de trámites ante otras entidades tanto públicas como privadas, tal como sucedía con el decreto derogado, pero no significa que con ello se otorgue una Licencia de Viabilidad Ambiental anticipada, esta no crea ningún derecho adquirido, siendo que la misma al final del proceso puede ser aprobada o denegada. Dicha viabilidad potencial lo que facilita es que un desarrollador pueda por ejemplo iniciar trámites para obtener un préstamo ante alguna entidad bancaria, pero para las entidades que emiten sus permisos finales para la etapa constructiva u operativa, no basta la viabilidad potencial, por cuanto deben esperar a que la institución se pronuncie en cuanto al otorgamiento de la viabilidad ambiental, si es que esta es un requisito dentro de sus trámites en aplicación de lo que establece el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 15. Que el reglamento No.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en el artículo 35 del reglamento impugnado, permite que SETENA deje de controlar el proyecto en trámite, una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en manos de terceros: Lo que indican los accionantes no es correcto, ya que la SETENA es el ente que fiscaliza el trabajo de los responsables ambientales, los cuales deben estar inscrito en el Registro de la SETENA, y deben velar por cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por un desarrollador de una actividad, obra o proyecto, los cuales tienen la obligación de informar oficialmente a la SETENA y a la autoridad ambiental los resultados del seguimiento y control conforme a lo establecido en este reglamento y demás normativa aplicable. Asimismo, el reglamento vigente de EIA, en su Artículo 51, contempla las inspecciones Ambientales de Cumplimiento y en su artículo 54, las inspecciones de cierre técnico, las cuales son realizadas por la Unidad de Inspecciones de SETENA cuando esta lo considere oportuno, para la comprobación de cumplimiento de las medidas ambientales, como parte de los procesos de fiscalización, además de los otros instrumento de seguimiento ambiental como lo son la bitácora ambiental y de los informes de regencia ambiental. Además de atender las denuncias ambientales que son presentadas por la ciudadanía. Estos procesos son descritos dentro del reglamento 43898, para lo cual se tiene la absoluta claridad del rol de la institución en los procesos de fiscalización, para lo cual si es de absoluta necesidad realizar las coordinaciones interinstitucionales para obtener los criterios técnicos requeridos desde los entes competentes en diferentes ramas, como es el caso de SINAC en materia forestal, de la Dirección de Geología y Minas en temas mineros o de la dirección de Aguas en lo que se refiere al aprovechamiento de agua, por ejemplo. 16. Sobre el alegato que se prescinde completamente de la obligación de remitir los EsIAS (Estudios de Impacto Ambiental) a otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos: Lo primero que debe indicarse es que la SETENA en su página web publicará el listado de los Estudios de Impacto Ambiental, en cumplimiento del artículo 23 del D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Es, por lo tanto, lo establecido en esta decisión es consecuente con el artículo 35 del Decreto 31849, y que fue sustituido por el D.E. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC, el cual indicaba lo siguiente: “Artículo 35.-Copia del EsIA a otras autoridades. En aquellos casos en que se presente un EsIA, la SETENA deberá remitir copia del mismo y documentación pertinente, al Área de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cuando se trate de actividades, obras o proyectos que afecten la vida silvestre, áreas protegidas, recursos forestales y recursos hídricos, y cuando lo considere necesario a la municipalidad o municipalidades del cantón o cantones donde este se localiza u otra autoridad competente, con el fin de que se pronuncien al respecto”. Es así, como la SETENA tomó la decisión de mantener la publicidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), para lo cual incluyó esta acción en el artículo 23 del D.E. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, sin embargo, esto no quiere decir que los demás proyectos nuevos que se tramiten bajo otro instrumento de evaluación, inclusive con otro tipo de formularios de evaluación ambiental, no sean de conocimiento y acceso público para otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos y de la ciudadanía en general, esto por cuanto en la actualidad todos los proyectos que se someten al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un expediente administrativo, son trámites 100 % digitales, para lo cual la institución cuenta con una Plataforma Digital, la cual además tiene un componente que da acceso público a cualquier usuario, por lo que en cualquier momento un ciudadano sin importar donde resida, tiene acceso directo y libre para consultar digitalmente cualquier actividad, obra o proyecto tramitado bajo el Decreto No. 43898 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y que cuente con expediente en SETENA, cumpliendo así con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, que indica que la información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter pública y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización. En conclusión, lo que hace el artículo 23 del D.E. 43898 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, es garantizar que los proyectos más impactantes y donde se deba tramitar un Estudio de impacto Ambiental, las instituciones relacionadas con los trámites para permisos de construcción, y los ciudadanos tengan un sitio diferenciado para que poder informarse y que de requerirlo así, ingresen a la Plataforma Digital para poder visualizar el expediente de forma íntegra, sin menoscabo a que la propia ciudadanía tenga el acceso para poder visualizar cualquier expediente que se tramite en la institución y dentro del cual puedan proceder a gestionar sus consultas, oposiciones o demás herramientas de participación ciudadana que la normativa les confiere. Por lo tanto, lo establecido en el D.E. 43898-MINAEMOPT-MAG-MEIC, no va en desmejora de lo contemplado en la norma derogada en su artículo 35 del Decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, de acuerdo a los argumentos indicados en los párrafos anteriores. 17. Que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en el artículo 41, dispone que distintos "usuarios" puedan aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas: Sobre este alegato ya se ha dejado claro que todos los expedientes tramitados bajo el decreto ejecutivo N° 43898 son 100% digitales y están a disposición para ser consultados por cualquier usuario, por lo que no es de recibo el indicar que no habría conocimiento sobre las AOP que se tramitan en la institución. Además, hay que tener en cuenta que en el año 2004 cuando entró en vigencia el decreto 31849 el medio más eficaz eran los medios de circulación escrita, siendo que no existían medio digitales para informar a la población sobre los estudios de impacto ambiental que se tramitaban, pero en la actualidad y con una amplia cobertura de los medios digitales y una disminución de los medios de información escrita y que han perdido cobertura a nivel nacional, se decidió que publicar digitalmente esta información a través del sitio oficial de la SETENA en la web, tenía un mayor alcance en la población, logrando que la ciudadanía pueda informarse y participar en los procesos de evaluación de impacto ambiental, y esto no solo de los proyectos que deben tramitar un Estudio de Impacto Ambiental, sino que la información de todos los expediente tramitados mediante el decreto 43898 están al alcance de la ciudadanía, lo que promueve una mayor trasparencia de los procesos. 18. En relación a que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, no contiene el formulario D6 mencionado en los artículos 24, 25, 26 porque el anexo 7 donde este formulario D-6 debe aparecer, según lo señala el artículo 24, no fue incluido: Sobre este alegato, de que el formulario D6, no aparece el formulario en el anexo 7, es incorrecto, dicho formulario, así como los del cuadro de medias ambientales con sus indicadores para seguimiento ambiental, el contenido que deben poseer los estudios de Geotécnico, estudio arqueológico, estudio hidrogeológico, así como la guía visual para la presentación del diseño de sitio, se puede visualizar en el anexo mencionado, en el alcance N° 65 C a la Gaceta 67, del miércoles 19 de abril del 2023. Además, se puede ubicar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). 19. Que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, tampoco aparece el anexo 9 con el formulario D-4 que se menciona en los artículos 36, 37, 38, 39, 41, 42: Sobre este alegato, de que el formulario D4, no aparece el formulario en el anexo 9, es incorrecto, dicho formulario, se puede visualizar en el anexo mencionado, en el alcance N° 65 C a la Gaceta 67, del miércoles 19 de abril del 2023. Además, se puede ubicar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). 19. Con respecto a que el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC en el artículo 87, desgravó una omisión y considera falta leve no responder al requerimiento de información solicitados por la SETENA: Sobre este alegato, de que el Reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en el marco de constitucionalidad y de legalidad no autoriza a la SETENA a delegar total, ni parcialmente, las funciones que le son propias. Sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante SETENA, les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, y que la SETENA no tiene la potestad de delegar de dar órdenes a las municipalidades a través de un reglamento. Sobre esto, primeramente, es importante indicar que esto ya lo contemplaba el decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en su artículo 4. Finalmente, en cuanto a que la SETENA transfiera la obligación de tramitar los procesos de EIA a otras instituciones no es cierto, por cuanto lo que se indica la norma es que las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental, sin embargo, estarán sujetas a cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, y serán las Municipalidades las encargadas de solicitarles que cumplan con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. Así que lo que indica la norma es que a pesar de que no requieren EIA algunas AOP, el Estado por medio de otros entes tendrá la obligación de realizar según sus competencias los controles ambientales correspondientes, obligaciones además que no son nuevas. Con respecto al papel específico de las Municipalidades en el control ambiental de su territorio es importante establecer lo siguiente: “El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección ambiente. (…)”. (Sala Constitucional, Voto No. 18471-2008 de las 18 horas 29 minutos del 11 de diciembre del 2008). TERCERO. Conclusión: Que no existe violación al principio precautorio, de irretroactividad, intangibilidad de los actos propios, regulación de la conducta humana, procuración del mayor bienestar, desregulación, reserva de ley e in dubio pro natura, en el tanto el Reglamento se emitió con el fin de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea más eficaz y vaya dirigida a los proyectos que en efecto requieren de la implementación de medidas ambientales adicionales a las ya normadas para prevenir o compensar impactos, y en esa línea, que se les brinden mayores controles y un seguimiento más eficiente, de seguido se procede a explicar técnica y jurídicamente porqué esto es así de cara a cada alegato interpuesto. Que las condiciones técnicas sobre las cuales se emiten los reglamentos, tal como ya ha indicado esta honorable Sala, no son asunto de constitucionalidad. Que no se aprecia menoscabo del derecho ambiental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que este Tribunal deba corregir. Que los proyectos categoría C de bajo impacto no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental para obtener una Viabilidad Ambiental, solamente obtenían un registro ante SETENA, así estaba normado mediante el Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), No. 41815-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, del 25 de junio del 2019. Que el Reglamento N° 43898 mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2 y el de hasta 999 m3 de movimiento de tierra, tal cual se reformó el DE 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, solo obtenían un registro ambiental. Que el Decreto Ejecutivo N° 43898 no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro. Que no se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. Que la SETENA mantiene en el Decreto vigente, lo establecido en el anterior lo establecido en el decreto anterior, el 31849-MINAE para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. Que no se están dando responsabilidades en materia de Evaluación de Impacto Ambiental a otras entidades, lo que se hace es exonerar del Registro a algunas actividades ante la SETENA, pero se mantienen los controles ambientales por otras instituciones, siempre dentro de sus potestades legales.

8.- Mary Denisse Munive Angermüller, vicepresidenta de la República y ministra de Salud se apersonó con el objeto de contestar la audiencia conferida. Señala que la función principal de la SETENA es el proceso de evaluación ambiental, el cual se desarrolla dentro de un marco normativo cuyo objetivo es velar por el desarrollo del país, observando y cumpliendo con los principios de equilibrio ambiental y garantizando el desarrollo sostenible del país, el cual fue establecido por la Constitución Política en su artículo 50, (Ver artículos 17,83 y 86 de la Ley Orgánica del Ambiente). De esta manera la viabilidad ambiental es un procedimiento administrativo (científico-técnico) cuyo objetivo es predecir cuáles efectos tendrá una actividad, obra o proyecto sobre el medio ambiente con el fin de determinar los posibles impactos, facilitando el proceso de toma de decisiones con el fin de establecer un equilibrio aceptable entre el desarrollo de la actividad, obra o proyecto y la carga ambiental que el mismo representa. Se debe tener presente que la viabilidad ambiental que otorga la SETENA no es un acto final, sino que se trata de un proceso intermedio o prerrequisito del acto final, tal y como lo señala la resolución No. 22-2020-I del 28 de febrero del 2020, del Tribunal Contencioso Administrativo, en la que se cita la resolución No. 17-2012-IV y la resolución 39-2009, la cual indica que: “(…) La viabilidad ambiental forma parte de todo un procedimiento administrativo autorizatorio, en el cual el acto bajo estudio se configura como un prerrequisito del acto final…” Sobre este tema la Sala Constitucional mediante el voto No. 17792-2019 señaló lo siguiente: “VI. […] En criterio de esta Sala se debe hacer la siguiente distinción, respecto de las actividades excluidas, por un lado, las indicadas en el inciso 1) y, por otro lado, las excluidas en el resto de los incisos. Ello por cuanto los argumentos de los accionantes se dirigen particularmente a la impugnación del inciso 1). Encontrándose necesario realizar la siguiente aclaración, debido a lo indicado por la Procuraduría General de la República en su informe. Dicho inciso debe entenderse en concordancia con lo establecido en el párrafo primero de dicho artículo, es decir, se trata de actividades en operación de muy bajo impacto ambiental, que ciertamente no requieren –según la norma- tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero que, sin embargo, estarán sujetas a otros controles ambientales –como la misma norma indica- tales como los establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y otras con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre del 2004, publicado en La Gaceta 217 del 5 de noviembre del 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental. Así que la misma norma es la que establece que, aunque no requieran de un EIA ello no significa que queden excluidas de control ambiental. Nótese que los accionantes confunden la definición, no es que por el hecho de ser actividades en operación ello las haga de muy bajo impacto ambiental, sino que, el inciso no se refiere a cualquier tipo de actividad en operación, sino únicamente a aquellas actividades en operación definidas como de muy bajo impacto ambiental. Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 4 bis del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción en cuanto al inciso 1 de tal norma.” En resumen se tiene que los artículos del Decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, a los cuales hace referencia el recurrente, definen claramente los parámetros que se deben aplicar para determinar cuáles actividades, obras o proyectos requieren realizar el trámite de Evaluación Ambiental ante la SETENA, de manera tal que las actividades que no deben realizar ese trámite son todas aquellas que se encuentran en operación y que son de muy bajo impacto ambiental, pero que, sin embargo, están sujetas a otros controles ambientales, establecidos por las Municipalidades, Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que aunque no requieren de un EIA no quiere decir que se encuentren excluidas del control ambiental. De esta manera se concluye que no lleva razón el recurrente ya que los artículos señalados no son contrarios a lo indicado en el artículo 50 de la Constitución Política, a la Convención de los Derechos Humanos y al derecho de que tiene la población de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sobre el principio de no regresividad indica que el Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC fue creado con el fin de cumplir con la obligación de eficiencia que ordena la Ley de Biodiversidad, por lo que busca adaptar jurídica y técnicamente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad actual, que tanto a nivel nacional como internacional ha tenido cambios evolutivos importantes, con nuevas políticas y tecnologías que obligan a adaptar las variables ambientales y la fiscalización y el seguimiento a dichos cambios; buscando que a la vez que aplique la Evaluación de forma correcta además se tome en consideración la obligación Estatal de facilitar los trámites para el administrado sin desproteger jurídicamente el capital natural del país (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220 y sus reformas). Sobre este tema la Sala Constitucional mediante el voto N° 13367-2012 del 21 de diciembre del 2012 establece que; “(…) no puede entenderse en términos absolutos. La disminución de un determinado nivel de tutela es posible si hay sustento técnico y científico que garantice que no se produce una desprotección relevante del ambiente, y siempre y cuando se satisfagan los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que esta Sala ha definido en su jurisprudencia. Ahora bien, lo primero que hay que determinar es si una determinada modificación normativa disminuye el nivel de tutela. En este sentido, hay que tener presente que no toda modificación de la normativa ambiental que formalmente se presente como una disminución del nivel de tutela debe tenerse como violatoria del principio de no regresión en materia ambiental. (…) Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección.” Asimismo, el voto 5994-2017 del 26 de abril del 2017 señala: “(…) Antes de examinar cada uno de los argumentos de los accionantes, resulta necesario recordar la relevancia de los Estudios de Impacto Ambiental, y determinar, para este caso concreto de análisis, los alcances del principio de no regresión en materia ambiental, a efectos de concluir que no toda modificación de la normativa ambiental –como parece lo insinúan los accionantes- debe tenerse como violatoria de tal principio. Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014-004243), se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación. De lo anterior resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que, ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad de las actuaciones, la administración está impedida para otorgar autorizaciones o realizar actos propios que originen situaciones de riesgo ambiental. En este sentido, la realización de Estudios de Impacto Ambiental se erige en un principio que debe ser debidamente observado y aplicado, al punto que de manera paulatina y progresiva como corresponde en el ámbito de los derechos humanos- la misma legislación y la propia jurisprudencia de esta Sala, ha perfilado la importancia y necesidad de contar con este tipo de evaluaciones debidamente realizadas de manera previa a la realización de determinado tipo de obras. Ahora bien, en cuanto al principio de progresividad, que es alegado por los accionantes, en todas sus argumentaciones (…)” De ahí que se pueda concluir que, no cualquier modificación de la normativa ambiental implica necesariamente una disminución de protección del derecho al ambiente. Ello debe sustentarse. De igual forma, no toda modificación, que no sea lo suficientemente amplia, debe interpretarse como una inconstitucionalidad por omisión. Lo deseable no torna en inconstitucional a la norma que no se acerque a ello. En efecto, todas las normas jurídicas son perfectibles, pero el que se acerquen o alejen de un criterio de perfecto o deseable no las hace inconstitucionales. Por lo tanto estima que no lleva razón el recurrente, ya que los artículos impugnados del decreto N° 43898-MINAE-S-MIOPT-MAG-MEIC no implican una disminución del nivel de tutela, por cuanto los llamados proyectos de bajo impacto ambiental se encuentran sujetos a los lineamientos básicos impuestos por otras instituciones (Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente y Energía), de manera tal que los trámites que se realizan en SETENA no generan un valor agregado en cuanto a las medidas ambientales y los instrumentos de control y seguimiento ambiental. Por lo tanto, se debe tener claro que las medidas ambientales para ese tipo de proyectos ya están normadas y la SETENA no solicitaría ninguna medida adicional, generando un posible traslape de funciones entre instituciones que al final culminaría con un problema de inseguridad jurídica para el administrado y para la población en general. Sobre la omisión de consulta, expresa que conforme a la información que se tienen en los archivos de la SETENA, esta reforma cumplió con todo el proceso oficial de consulta pública a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), según el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 y normativa concordante, proceso sobre el cual puede consultar en dicho sistema, mediante el formulario número N° 2452. Mas de 20 entidades participaron en el proceso de consulta pública, se recibieron aproximadamente 172 observaciones, de las cuales SETENA hizo el análisis técnico y legal, y acogió el 34%, un 15% parcialmente y un 51% no se acogió de las observaciones presentadas. Se debe indicar que el recurrente, Señor [Nombre 002], realizó las consultas respectivas con relación al decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, a las cuales SETENA les dio respuesta mediante el oficio SETENA-SG-0404-2023 del día 9 de mayo del 2023. Respecto a la falta de planes reguladores en muchos cantones, se debe tener presente que el tema de Evaluación Ambiental Estratégica es normado en el Decreto N° 32967, el cual se encuentra vigente. Además, es responsabilidad de las Municipalidades contar con planes reguladores y con la variable ambiental incorporada. Con respecto al alegato de que no se tomó en cuentan que el 50% de los cantones de país adolece de Planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de su fragilidad ambiental, se debe indicar que no lleva razón el recurrente, porque las condicionantes ambientales como por ejemplo cauces de dominio público, humedales, coberturas boscosas, amenazas naturales, entre otros, se pueden verificar mediante visores geoespaciales que permiten identificar elementos y condiciones geo-ambientales especiales del sitio específico donde se pretende desarrollar el proyecto, así como también de su entorno ambiental y aspectos de vulnerabilidad. El uso de los visores oficiales geoespaciales y de las capas de las distintas entidades públicas del país, tales como: Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalidades (las que cuenten con los mismos) y de muchas otras, pueden ser consultadas tanto por la ciudadanía en general como por las demás entidades públicas del país y son plataformas de índole pública. En relación con el debilitamiento de los EIA, no lleva razón el recurrente por cuanto el decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC mantiene los estudios de línea base para la EIA, ya contemplados en la norma anterior, estudios de suelos (Geotecnia), estudio de Hidrología, Geología, Hidrogeología, Amenazas Naturales, Arqueología, Biología, Socioeconómicos, estudios de capacidad de uso de la tierra y se contempla el riesgo antrópico. Además, se mantiene el formulario D1 y los instrumentos de evaluación de impacto ambiental (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, el Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (PPGA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)), fortaleciendo la línea base de la EIA, en cuanto al contenido técnico y legal los estudios de línea base y los instrumentos de EIA, y estableciendo, para todos los formularios e instrumentos de evaluación ambiental, que se cuente con medidas de control ambiental, con indicadores de 8 seguimiento y monitoreo ambiental, definiendo su frecuencia, la metodología, punto de medición o aplicación y el tipo de indicador, para que todas las actividades, obras y proyectos estén sujetas al seguimiento y fiscalización de la SETENA. La potestad sancionatoria y la sanciones que puede establecer la SETENA, están legalmente establecidas en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. No lleva razón el recurrente por cuanto los artículos impugnados lejos de procurar desregularizar la normativa, se apegan a lo establecido en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, estableciendo una clasificación de conductas u omisiones que le permiten a SETENA contar con un parámetro para ejercer la potestad sancionatoria en condiciones coincidentes para casos similares, cumpliendo de esta manera con el principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el principio In dubio Pro-Natura. En la actualidad todos los proyectos que se someten al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un expediente administrativo, son trámites 100 % digitales, para lo cual la institución cuenta con una Plataforma Digital, la cual además tiene un componente que da acceso público a cualquier usuario, por lo que en cualquier momento un ciudadano sin importar donde resida, tiene acceso directo y libre para consultar digitalmente cualquier actividad, obra o proyecto tramitado bajo el Decreto No. 43898 MINAE-S-MOPT-MAGMEIC y que cuente con expediente en SETENA, cumpliendo así con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, que indica que la información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter pública y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización. Esta condición implica que actualmente no es necesario que el desarrollador del proyecto remita un EsIA a otras autoridades relacionadas con los permisos, por cuanto cualquier persona o institución puede consultar los expedientes que está analizando SETENA. Pide declarar sin lugar la acción, al evidenciarse la necesidad de homologar la normativa existente en esta materia, siendo que Costa Rica acarrea un retroceso de varios años, en los que no ha sido posible registrar oportunamente productos de interés fitosanitario que ya fueron evaluados previamente por una autoridad que cumple con los mismos estándares fitosanitarios, sanitarios y ambientales que los nuestros o inclusive pueden ser autoridades más estrictas que la nuestra, estando el promedio actual en Costa Rica para registrar las nuevas moléculas de más de 10 años, mientras que, en países altamente desarrollados como son los Estados Unidos de América y los integrantes de la Unión Europea, donde se hacen evaluaciones muy exhaustivas e integrales en cuanto a la seguridad de las moléculas para la salud y el ambiente, el lapso promedio para registrar las nuevas moléculas es de 3 años, de mantenerse la situación actual en el país, no sólo se seguirá privando a los agricultores de las más de 50 nuevas moléculas innovadoras, sean estas protegidas o por patentes o ya post patentes, existentes hoy día en el mercado mundial, sino que además el rezago será cada vez más grande, con su consecuente pérdida en competitividad comercial, social y ambiental respecto al resto del mundo. De esta manera se concluye que no lleva razón el recurrente ya que los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, recurridos no son contrarios a lo indicado en el artículo 50 de la Constitución Política, a la Convención de los Derechos Humanos y al derecho de que tiene la población de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siendo que en el Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MIOPT-MAG-MEIC fue creado con el fin de cumplir con la obligación de eficiencia que ordena la Ley de Biodiversidad, por lo que busca adaptar jurídica y técnicamente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad actual, que tanto a nivel nacional como internacional ha tenido cambios evolutivos importantes, con nuevas políticas y tecnologías que obligan a adaptar las variables ambientales y la fiscalización y el seguimiento a dichos cambios, siendo pertinentes los artículos de cita en la aplicación del principio precautorio pro natura de ser necesario y las medidas ambientales para ese tipo de proyectos, mismos que están normadas y la SETENA no solicitaría ninguna medida adicional, generando un posible traslape de funciones entre instituciones que al final culminaría con un problema de inseguridad jurídica para el administrado y para la población en general. Contando con la formalidad requerida su publicación conforme a la información que se tienen en los archivos de la SETENA, esta reforma cumplió con todo el proceso oficial de consulta pública a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), según el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 y normativa concordante, proceso sobre el cual puede consultar en dicho sistema, mediante el formulario número N° 2452. Mas de 20 entidades participaron en el proceso de consulta pública, se recibieron aproximadamente 172 observaciones, de las cuales SETENA hizo el análisis técnico y legal, y acogió el 34%, un 15% parcialmente y un 51% no se acogió de las observaciones presentadas. 13 Recordando que la evaluación ambiental estratégica es normada en el Decreto N° 32967, el cual se encuentra vigente. Además, es responsabilidad de las Municipalidades contar con planes reguladores y con la variable ambiental incorporada. Siendo que los artículos impugnados lejos de procurar desregularizar la normativa se apegan a lo establecido en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, estableciendo una clasificación de conductas u omisiones que le permiten a SETENA contar con un parámetro para ejercer la potestad sancionatoria en condiciones coincidentes para casos similares, cumpliendo de esta manera con el principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el principio in dubio pro natura.

9.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del ordinal 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en las ediciones números 209, 210 y 211 del Boletín Judicial de los días 10, 13 y 14 de noviembre de 2023, respectivamente.

 10.- Ulises Gerardo Alvarez Acosta, secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se apersonó el 28 de noviembre del 2023 y solicita se le tenga como coadyuvante. Al efecto manifiesta que SETENA es un ente con desconcentración máxima e independencia técnica del MINAE, según artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente. La función principal de esta Secretaría es el proceso de Evaluación Ambiental dentro de un marco normativo, dirigido a velar por el desarrollo económico del país que observe y cumpla con los principios de equilibrio ambiental y con ello cumplir con el desarrollo sostenible que impone la Constitución Política en el numeral 50. Así las cosas, se realiza un estudio técnico y jurídico detallado del proyecto, obra o actividad propuesto ante la Secretaría, antes de su construcción u operación, de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental, y el fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un menoscabo de imposible reparación al ambiente. La Viabilidad (Licencia) Ambiental es un acto intermedio, que establece que un proyecto es o no viable ambientalmente, y que vela porque se cumpla con las medidas ambientales necesarias para el desarrollo sostenible del país. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones y la condición de equilibrio aceptable, entre un desarrollo o actividad y la carga ambiental que el mismo representa, el cual deviene en un acto administrativo que aprueba de forma inicial todo el procedimiento de evaluación de los impactos ambientales que genera una actividad específica. La Sala Constitucional ha establecido en varias ocasiones que la Viabilidad Ambiental es un acto de trámite sin efectos propios (ver la resolución No. 22-2020-I del 28 de febrero del 2020, en la que se menciona y cita concretamente la resolución No. 17- 2012-IV, en la que a su vez se cita la resolución No. 39-2009). Señala el representante de la institución que es importante recordar que la competencia en materia ambiental está compartida dentro de las funciones de todo el Estado costarricense y sus diversas instituciones públicas, como parte de los principios constitucionales, normas del derecho internacional, leyes y reglamentos, principios de corte ambiental, etc. Conviene recalcar que más allá de las normas propias de la SETENA que regulan la Evaluación de Impacto Ambiental, hay otras instituciones que cuentan con las herramientas jurídicas para el control ambiental base, dirigidas a la protección ambiental de cara al desarrollo y que son de acatamiento obligatorio; sin omitir que, además, están dentro del marco normativo de instancias que sí se encargan de brindar permisos finales. Esto fue reconocido por este Tribunal Constitucional mediante el voto No. 17792-2019, en el cual indicó, citando la sentencia número 2017-5994, de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017, que se inclinaba por avalar la constitucionalidad de lo regulado con respecto a proyectos de muy bajo impacto ambiental lo cual dejó claramente plasmado en la sentencia referida. En relación con la violación al principio de no regresión ambiental señalado por los accionantes como lesionado, este establece que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implica un retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, y que es por demás reconocido por la Sala, se ha tenido claro que tampoco implica que sea entendido en términos absolutos, lo que la misma Sala lo reconoció, por ejemplo, en el voto No. 13367- 2012 del 21 de diciembre del año 2012. En ese sentido, lo primero que hay que determinar es si una determinada modificación normativa disminuye el nivel de tutela. En esta línea, hay que tener presente que no toda modificación de la normativa ambiental que formalmente se presente como una disminución del nivel de tutela debe tenerse como violatoria del principio de no regresión en materia ambiental. (…) Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. (ver en ese sentido el voto 5994-2017 del 26 de abril del 2017). En concordancia con lo anterior, el Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-SMIOPT-MAGMEIC fue creado con el fin de cumplir con la obligación de eficiencia que ordena la Ley de Biodiversidad, dado que esta nueva normativa busca adaptar jurídica y técnicamente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad actual. En esta línea es que para los llamados proyectos de bajo impacto ambiental o Registros Ambientales se determinó que, en vista de que por parte de la SETENA no se genera un valor adicional en cuanto a medidas ambientales, estudios técnicos, ni instrumentos de control y seguimiento ambiental, si no que se aplican las medidas base o normativas que otras instituciones e instancias imponen, se consideró que para el cumplimento de dicha normativa no era necesario registrarlos en la SETENA. Esto debido a que, su por su baja significancia ambiental y porque las medidas ambientales ya están normadas, solamente se les aplican las medidas ambientales dispuestas en otras normas. La Sala Constitucional, en la resolución número 2017-5994, de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017, indicó: (…) “La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria”. A esos proyectos de bajo impacto se les solicita cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales y con la norma que les sea aplicable, según el tipo de proyecto que fiscaliza algún otro ente. Para el caso de incumplimientos están las Fiscalías Ambientales, el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Ambiental Administrativo o el Ministerio de Salud como entes fiscalizadores que pueden ordenar alguna sanción o medida al administrado que incumplió; y esas normas que les aplican son suficientes para su control y fiscalización ambiental. Es por ello que para la emisión del nuevo Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental se valoraron estos aspectos, y se enfocaron los esfuerzos de manera eficiente y eficaz, en relación a las actividades, obras o proyectos que por sus características, y mayor impacto ambiental sí requieren la aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental y, por lo tanto, de un seguimiento ambiental por parte de la SETENA y la toma de medidas ambientales adicionales y de la fiscalización del cumplimiento de las mismas desde la Secretaría. En esta línea se determinó que es necesario que la Evaluación de Impacto Ambiental se enfoque más en aquellos proyectos donde la combinación de las condiciones de fragilidad ambiental de las áreas en donde que desee desarrollar y según su magnitud se establezcan las medidas ambientales adicionales y compromisos ambientales necesarios y se asegure un seguimiento eficiente de las mismas para mitigar impactos ambientales negativos significativos. Esto se logra dando énfasis a la fiscalización y seguimiento ambiental, inspecciones de campo y revisión de responsabilidades de los responsables ambientales, con el fin de encaminar los esfuerzos institucionales en fiscalizar los proyectos de mayor impacto, ya que los de bajo impacto ambiental, si insiste, están cubiertos por la normativa y competencias de otras instancias administrativas y judiciales. Así, se demuestra que no existe violación al principio de no regresión ambiental porque, en efecto, hay otras normas que le aplican a esos proyectos que sí tienen injerencia, así como las instancias tanto administrativas como judiciales a las cuales acudir en caso de incumplimiento de esas normas Principios precautorio, de irretroactividad, intangibilidad de los actos propios, regulación de la conducta humana, procuración del mayor bienestar, desregulación, reserva de ley e in dubio pro natura. El Reglamento se emitió con el fin de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea más eficaz y regule los proyectos que en efecto requieren de la implementación de medidas ambientales adicionales a las ya normadas para prevenir o compensar impactos, y en esa línea, que se les brinden mayores controles y un seguimiento más eficiente. Los accionantes como primer punto, alegan que el artículo 3 del decreto 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC violenta el principio de no regresividad y que ello abre la posibilidad de que se presenten daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora la calidad de vida, porque según indican, se excluyen actividades que en el reglamento anterior requerían de viabilidad ambiental y baja los topes máximos para clasificar de bajo, medio o alto impacto. Así mismo indica que la SETENA no tiene la potestad legal de dar órdenes a las municipalidades a través de un reglamento, pues son entes autónomos por disposición constitucional y legal (en el Código Municipal). Con respecto a lo indicado por los accionantes, se indica lo siguiente: 1. Los proyectos categoría C de bajo impacto no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental para obtener una Viabilidad Ambiental. Solamente obtenían un registro ante SETENA, de conformidad con lo dispuesto en la Reforma al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), N° 41815-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, del 25 de junio del 2019. 2. El decreto Nº 43898, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2 y el de hasta 999 m3 de movimiento de tierra, tal cual reformó el DE- 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAE-S-MOPTMAGMEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, sino que solo obtenían un registro ambiental. 3. El DE 43898 no elevó los umbrales y no está desregularizando varias clasificaciones. Previamente, ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro. 4. Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. 5. Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el 31849-MINAE, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento. Estas si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria de la SETENA. 6. No se está dando responsabilidades en materia de EIA a otras entidades; lo que se hace es exonerar de EIA algunas actividades pero que estas mantengan controles ambientales por otras instituciones, siempre dentro de sus potestades legales. 7. No baja los topes máximos para clasificar las actividades en bajo, medio o alto impacto, tal como se puede observar en el Decreto Ejecutivo Nº 43898, en su artículo Por otra parte, debe considerarse que la Contraloría General de la República en su estudio N° 04-PFA “Fiscalización sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del 2000”, concluyó que SETENA “...no está siendo eficiente y efectiva en la gestión que realiza en los procesos de evaluación ambiental preliminar, monitoreo y seguimiento, por cuanto está distrayendo sus recursos en la valoración de muchos proyectos con escaso impacto ambiental...”. Partiendo de este informe, el Poder Ejecutivo inició un proceso de análisis con el fin de filtrar la cantidad de proyectos que ingresaban a la SETENA, a fin de priorizar aquellos que sí representaban un riesgo mayor al ambiente. Este proceso de priorización de los procesos de EIA, fue ratificada por la misma Sala Constitucional en el voto N° 01220-2002: “No se quiere decir con ello, que no pueda el Poder Ejecutivo, vía reglamentaria, determinar con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios de impacto ambiental, pero ello supone que tal definición esté debidamente motivada y justificada…”. La ley que crea la evaluación de impacto ambiental deja claro que serán las leyes y los reglamentos las que indiquen cuales actividades, obras o proyectos deben requerir del proceso de EIA. Por tanto, el artículo 3 del Decreto N° 43898 no es inconstitucional, por ser esta norma un mecanismo previsto en la ley para determinar que debe ser tramitado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Adicionalmente, la Sala Constitucional, en la resolución n° 05994–2017, del 26 de abril de 2017, analizó la potestad del Poder Ejecutivo para determinar qué actividades, obras o proyectos (AOP) requieren tramitar una Evaluación de Impacto Ambiental y declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta al efecto. En cuanto a la exclusión de AOP de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según el inciso 4 del artículo 3 del D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, se debe aclarar que ya desde el año 2008, la Comisión Plenaria de SETENA, mediante acuerdos y resoluciones (Resoluciones No. 583-2008, 2376- 2016, 1909-2017, 1462-2018) ha establecido las actividades de muy bajo impacto ambiental, que no requieren someterse a la EIA. Lo que hace el decreto No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mediante su Anexo 2, es regularizar vía decreto las actividades que vía resolución administrativa ya se habían definido que no requerían someterse a la EIA, por ser actividades de muy bajo impacto ambiental y, además, que ya vía normativa están ampliamente reguladas y controladas por otras instituciones que si bien no tienen la función de realizar la EIA si poseen la obligación de realizar los controles ambientales como parte de sus competencias. Los accionantes como segundo punto manifiestan que el Decreto No. 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, en su creación, no fue debidamente consultado. Al efecto, manifiesta el Secretario de la SETENA, que más de 20 entidades participaron en el proceso de consulta pública. Se recibieron aproximadamente 172 observaciones, de las cuales SETENA hizo el análisis técnico y legal, y acogió el 34%, un 15% parcialmente y un 51% no se acogió de las observaciones presentadas. En tercer lugar, los accionantes indican que el reglamento 43898 no toma en cuenta que aproximadamente el 50% de los cantones del país adolecen de planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de las áreas de su fragilidad ambiental. En relación con este alegato, el representante de SETENA afirma que no es correcto. Existe la posibilidad de utilizar visores oficiales geoespaciales y de las capas de las distintas entidades públicas del país, tales como: Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalidades (las que cuenten con los mismos). La información y datos geoespaciales utilizados por la SETENA para llevar a cabo su proceso de verificación geoespacial de los expedientes de AOP, provienen de todas estas fuentes y plataformas de índole pública, Por lo tanto, el alegato planteado por los accionantes en cuanto que si no hay un Plan Regulador Aprobado no se tiene conocimiento de la condicionantes ambientales para los diferentes cantones de país, no es correcto porque, como ya se detalló, se cuenta con información oficial, actualizada, disponible, libre y gratuita, para la toma de decisiones de todas las instituciones y del país. Esta información es utilizada por las Municipalidades para la elaboración de los Planes Reguladores, y para la obtención de la Variable Ambiental de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 32967. Por otra parte, el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 98, mantiene las Áreas Ambientalmente Frágiles, y por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: a) aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido); b) los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso. Finalmente, afirma que SETENA no transfiere la obligación de tramitar los procesos de EIA a otras instituciones, por cuanto lo que indica la norma es que las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, indicados en este artículo, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos, entre otras instituciones, por las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), etc . Como un cuarto alegato, se indica que el contenido del decreto No. 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC presenta una desregulación generalizada. Los artículos 3, 9, 32, 39 y 47 eliminan en algunos casos la obligación de pasar por EIA (estudios de impacto ambiental) lo que violenta el principio de no regresividad. Las regresiones pueden llegar a producir, como consecuencia, daños ambientales irreversibles o de difícil reparación. Lo que hace el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mediante su Anexo 2, es regularizar vía decreto las actividades que vía resolución administrativa ya se habían definido que no requerían someterse a la EIA, por ser actividades de muy bajo impacto ambiental y que, además, están ampliamente reguladas y controladas por otras instituciones que tienen la obligación de realizar los controles ambientales como parte de sus competencias Los accionantes indican que el reglamento vigente, favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña. Sin embargo, está afirmación no es correcta. Las actividades agrícolas no están excluidas de la EIA y forman parte de la lista de actividades que requieren someterse a esta (Anexo 1, decreto 43898), al igual que lo disponía el reglamento anterior (Decreto 31849-MINAE). Las actividades agrícolas que no requieren someterse a la EIA, son las que han realizado actividad previa sobre el predio, basados en que la EIA es predictiva. Para las actividades existentes o que se encuentren en operación, podrán obtener un permiso ambiental mediante la presentación a SETENA de un Estudio de Diagnóstico Ambiental, (EDA) de acuerdo con lo establecido en el decreto vigente No. 42837-MINAE. En cuanto lo indicado por los accionantes que el artículo 3 referido reduce los umbrales de las áreas constructivas, y que, en la normativa anterior, la No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el techo era de 500 metros cuadrados y, en esta normativa, la No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, es de 1.000, tal afirmación no es correcta por lo siguiente: • El decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000 m2, tal cual reformó el DE no. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC mediante el decreto no. 37803- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental, solo obtenían un registro ambiental. • El D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente se exigía un registro. • Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000 m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. • Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el DE n°. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500 m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil, definida en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. Los accionantes indican que el artículo 9 del presente reglamento, elimina en algunos casos la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental lo que violenta el principio de no regresividad. El representante de SETENA indica que esto no es cierto. Este artículo lo que establece es la calificación ambiental final a través de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA) para precisar el Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual puede ser una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA), un Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (PPGA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto no varía con respecto a cómo se hacía mediante el decreto ejecutivo anterior 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, artículo 19. Los accionantes indican que el artículo 32 del presente reglamento de EIA, eliminan algunos supuestos la obligación de pasar por EIA (estudios de impacto ambiental) lo que violenta el principio de no regresividad. El artículo 32 lo que hace referencia es a aquellas actividades de bajo impacto que, si requieren de VLA, cuando sean actividades que se encuentren contempladas en el Anexo 1 y que se ubiquen en las áreas ambientalmente frágiles definidas en el artículo 98. Acá debe indicarse que la SETENA a pesar de que existen AOP de bajo impacto que en principio no requieren de EIA, ha determinado que existen excepciones a la regla, con el fin de regular aquellas AOP que por encontrase en área frágiles si requieren un proceso de EIA, siendo que acá entrarían todas las AOP mayores a 500 m2 y señalando además que aquellas que no requieran la EIA estarán sujetas a cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, y serán las Municipalidades las encargadas de solicitarles que cumplan con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. Los accionantes indican que el artículo 39 del presente reglamento de EIA, elimina en algunos casos la obligación de pasar por EIA la corta de árboles de 30 metros cúbicos y la extracción de otros de las silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en el reglamento 31849. Esto violentaría el principio de no regresividad. Sobre este artículo lo primero que se debe aclarar es que la SETENA no otorga los permisos de aprovechamiento forestal. Esta es una competencia exclusiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que debe continuar observando la normativa en esta materia para aprobar los permisos de aprovechamiento forestal que se presenten como trámite por parte de la ciudadanía. El artículo no abre la posibilidad a aprovechamientos contrarios a la normativa existente en materia forestal, por cuanto deja claro que el trámite es posible siempre y cuando no exista una prohibición expresa para ello. Es evidente que no se está pretendiendo desregularizar la normativa existente y que decretos como el 25700-MINAE continúan vigentes y siendo de acatamiento por parte de las entidades y de los usuarios en general. Además, sobre algunas actividades que no requieren EIA, como lo son el caso del aprovechamiento de 10 árboles caídos, se debe aclarar que esta decisión es consecuente con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 40477-MINAE, Regulaciones para el aprovechamiento y extracción de madera de árboles caídos naturalmente en bosques privados, artículo 1. Los artículos 4, 5 y 6, establecen los requisitos para esta actividad, entre los que no está la viabilidad ambiental. Del texto del artículo 39 se puede concluir, que no es cierto que exista desregularización ni regresión, porque ya existe normativa específica que regula esta actividad. Es importante indicarle a la Sala que desde el año 2004 mediante el decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que era la norma específica en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el aprovechamiento maderable de sistemas agroforestales, plantaciones forestales y aprovechamientos en terrenos de uso agropecuario se encuentran exentas de tramitar la viabilidad ambiental Los accionantes indican que el artículo 47 del presente reglamento de EIA, eliminan la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental para algunos supuestos, lo que violenta el principio de no regresividad. El artículo 47 establece la obligatoriedad institucional de reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de EIA si son construidos en una misma propiedad, propiciando la fragmentación o fraccionamiento ilícitos de megaproyectos en mini proyectos, con el fin de evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor. Lo anterior es incorrecto. Este artículo lo que plantea es la unificación de viabilidades ambientales, con el objetivo evitar el fraccionamiento de proyectos, y así cumplir con lo indicado en el artículo 94 de Ley de Biodiversidad N° 7788. Además, para estos casos, el control, seguimiento y fiscalización ambiental, prevalece el instrumento de mayor rigurosidad, y quedan sujetos al cumplimiento de toda la normativa ambiental y la tramitación de los respectivos permisos de los cambios realizados ante las instituciones competentes, como lo sería el respectivo municipio, por ejemplo. Con la implementación del decreto N° 43898, no cambia esta regularización expresa de la Ley de Biodiversidad N° 7788, por cuanto la norma es clara sobre que los proyectos no pueden ser fraccionados para evitar el proceso de EIA. En ese sentido, si desde un inicio SETENA detecta que como parte de la tramitación de un proyecto nuevo, existe un posible fraccionamiento, tiene el deber de sancionar el proyecto y ordenar que la evaluación se realice de forma integral, no observando dentro del decreto N° 43898 que exista un procedimiento para no cumplir lo que indica la ley de Biodiversidad N° 7788. Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC evade totalmente la responsabilidad que SETENA tenía en el reglamento anterior sobre el tema vial (reglamento 31849, artículo 9, punto 12). Lo anterior es incorrecto. El reglamento N°43898, no evade ningún tipo de competencia con respeto a la EIA para todos los componentes de la misma, de acuerdo con las funciones asignadas en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554. Lo que hace es ordenar la presentación de permisos de acuerdo con los momentos de los procesos de trámites para la formalización de actividades, obras y proyectos, y las competencias y funciones, según la Ley n° 8220, sin desproteger el ambiente y cumpliendo con lo establecido en el artículo 50 constitucional, contemplando el análisis del componente vial como parte de la EIA, no de un permiso que otorga y le corresponde a otra institución. SETENA se encuentra facultada para solicitar los estudios y documentos que estime pertinentes para determinar la viabilidad ambiental del proyecto. La determinación de estos debe ser establecida por la propia entidad, aunque lógicamente debe advertirse que las decisiones que adopte deben ser motivadas, razonables y se encuentran sujetas al control jurisdiccional, y lo anterior se fundamenta en el Dictamen 319-2009 de la PGR. Además, todo proyecto constructivo con frente a una ruta nacional, que tenga espacios de estacionamiento vehicular, debe contar con una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) (artículo 19 de la Ley N° 5060, "Ley General de Caminos Públicos). Por lo tanto, el reglamento N°43898, no evade ningún tipo de competencia con respeto a la EIA para todos los componentes de la misma, de acuerdo con las funciones asignadas en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, lo que hace es ordenar la presentación de permisos de acuerdo a los momentos de los procesos de trámites para la formalización de actividades, obras y proyectos, y las competencias y funciones, de acuerdo con la Ley 8220, sin desproteger el ambiente y cumpliendo con lo establecido en el artículo 50 constitucional, contemplando el análisis del componente vial como parte de la EIA, no de un permiso que otorga y le corresponde a otra institución. Asimismo, la SETENA se encuentra facultada para solicitar los estudios y documentos que estime pertinentes para determinar la viabilidad ambiental del proyecto. La determinación de los mismos debe ser establecida por la propia entidad, aunque lógicamente debe advertirse que las decisiones que adopte deben ser motivadas, razonables y se encuentran sujetas al control jurisdiccional, y lo anterior se fundamenta en lo siguiente: Dictamen 319-2009 de la PGR Además, todo proyecto constructivo con frente a una ruta nacional, que tenga espacios de estacionamiento vehicular, debe contar con una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Por lo antes descrito, para poder obtener ese visto bueno o autorización del acceso vehicular a Rutas Nacionales del proyecto a desarrollar, uno de los requisitos indispensables que debe presentar el desarrollador es el análisis vial del proyecto, el cual debe incluir las condiciones viales, actuales y proyectadas, en el entorno del desarrollo, pero que no son de competencia de la SETENA aprobar. Es importante destacar que la elaboración de un estudio de impacto vial y de seguridad vial, no es exclusiva para justificar un acceso vehicular a determinada ruta. Los parámetros y alcances de la presente Guía son aplicables para determinar el impacto en el tránsito vehicular provocado por la construcción de cualquier proyecto que genere atracción de vehículos o peatones. Teniendo claro dicho impacto, se podrán establecer medidas de mitigación para mejorar la vialidad y la seguridad de los usuarios de las vías públicas. Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, que el artículo 3 referido reduce los umbrales de las áreas constructivas. En la normativa anterior, la No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el techo era de 500 metros cuadrados y, en esta normativa, la No. 43898-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, es de 1.000 m2. Por debajo de ese límite, los desarrolladores no tienen que pasar por los EIA (estudios de impacto ambiental). Reduce al mínimo los EIA, centrándose solamente en los aspectos de control y seguimiento y dejando a un lado la parte preventiva. La norma cuestionada anula la acción preventiva que debe tener la SETENA para "disponer todo lo que sea necesario - dentro del ámbito permitido por la ley - a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente" (sentencia N° 14180-10 Sala Constitucional), porque sin sustento técnico o científico permite el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales, previamente establecidas en el Reglamento 31849, pero que pueden dañar el ambiente. La anterior afirmación no es correcta por lo siguiente: El decreto No. 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2, tal cual lo reformó el DE 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, solo obtenían un registro ambiental, el D.E.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente requerían un registro. Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. Los accionantes indican que el reglamento vigente reduce al mínimo los EIA, centrándose solamente en los aspectos de control y seguimiento y dejando a un lado la parte preventiva, una posición talmente errónea, por lo siguiente: El decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, todo lo contrario a lo indicado por los accionantes, fortalece la línea base de la EIA, en cuanto al contenido técnico y legal los estudios de línea base y los instrumentos de EIA, y estableciendo, para todos los formularios e instrumentos de evaluación ambiental, que se cuente con medidas de control ambiental, con indicadores de seguimiento y monitoreo ambiental, definiendo su frecuencia, la metodología, punto de medición o aplicación y el tipo de indicador, para que todas las actividades, obras y proyectos estén sujetas al seguimiento y fiscalización de la SETENA Los accionantes alegan que el Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC en los artículos 17 y 90, sobre delitos que pudiera cometer la Administración Pública, revirtiendo la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores; violentando los principios constitucionales de la buena fe y atemorizando al funcionario público, con lo que podría llamarse acoso psicológico laboral. La anterior afirmación no es correcta por lo siguiente: Lo indicado en relación a los artículos 17 y 90 del decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, no se refiere a la comisión de delitos, si no a la Responsabilidad administrativa y disciplinaría en la que podría incurrir un funcionario público por el incumplimiento de sus deberes legales en la revisión de los trámites sometidos a su valoración. La disposición hace una alusión al cumplimiento de otras normativas aplicables al caso y de rango legal tales como los artículos 10 de la Ley 8220 de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, y 190 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227. No se revierte ninguna carga de la prueba en contra de los administradores, ni es una violación al principio de buena fe ni pretende atemorizar a los funcionarios, ya que el uso de la potestad disciplinaria o de responsabilidad administrativa es inherente al Estado, y está regulado en la normativa de rango legal, según las garantías constitucionales del debido proceso. Los accionantes indican que, en el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en contradicción figuran los artículos 87 y 88 donde se reducen las sanciones para los desarrolladores. En estos se revierten las cargas imponiendo sanciones penales a funcionarios públicos y descargando al privado desarrollador. Se violenta los Principios de No Regresión, Desregulación, causando un desequilibrio de intereses. Que el reglamento 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, según su artículo 87, se desgravó y se considera falta Los artículos impugnados, lejos de procurar desregularizar la normativa, pretenden que dentro de las sanciones y conductas tipificadas en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, y bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad exista una clasificación de conductas u omisiones para contar con un parámetro de manera que la Administración pueda ejercer la potestad sancionatoria en condiciones coincidentes para casos similares, en el entendido que no toda conducta puede ser juzgada con la misma sanción, ya que algunas efectivamente son más gravosas que otras y con consecuencias diversas, de manera que debe existir una distinción proporcional en relación a las posibles sanciones. En este caso las sanciones establecidas según el tipo de acción u omisión están totalmente alineadas con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. En relación con el artículo 88, es importante indicar que tiene su antecedente en el artículo 105 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, de 24 de mayo de 2004. Conforme se constata, lejos de procurar darle una ventaja a los desarrolladores como intenta hacer ver el accionante, por el contrario, establece las posibilidades de la administración de imponer una medida cautelar de paralización, en relación al incumplimiento de los compromisos ambientales a efectos de procurar las medidas correctivas necesarias o paralizar los proyectos finalmente si es lo que corresponde. Lo anterior se deriva del principio preventivo o indubio Pro- Natura, en materia ambiental que indica, según lo define el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. Es importante indicar que tanto la Procuraduría General de la República, como el Tribunal constitucional han reiterado la potestad administrativa de establecer medidas cautelares, sobre todo tratándose de materia ambiental. ” (Sala Constitucional, sentencia No. 6237-2005 de las 14 horas 39 minutos del 31 de mayo de 2005). Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en sus artículos 98 y 13 (en especial el punto 2) permite a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto (entre el 54% y el 65 % del total de proyectos que pasan por la SETENA) construir en áreas ambientalmente frágiles. La norma impugnada descarta todas las medidas precautorias para evitar cual cualquier daño ambiental o a las personas. Además, no previene posibles daños o afectaciones del ambiente que podrían resultar irreversibles a las zonas ambientalmente frágiles, a especies en peligro de extinción, a las fuentes de agua, al suelo, al aire y a los seres humanos. La anterior afirmación no es correcta. Ni el artículo 13 ni el 98, permiten a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto ambiental construir en áreas ambientalmente frágiles; lo que establece el artículo 13 es el procedimiento de verificación de la información de los expedientes que se someten al proceso de EIA, por el departamento respectivo, tanto para la etapa de evaluación ambiental como para la etapa de seguimiento y control ambiental Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en su artículo 15 permite al desarrollador empezar la tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA, lo cual lesiona el principio de desregulación. En el voto N° 008201 del 12 de abril de 2023, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad, y anuló la frase "la materia de salud, ambiente y", contenida en el párrafo cuarto del artículo 15 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Ley 8220 reformada por la ley N° 10.072 del 18 de noviembre de 2021. La anterior afirmación no es correcta. Se mantiene lo ya establecido en el decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. La Viabilidad Ambiental Potencial, lo que permite es poder iniciar o continuar gestiones de trámites ante otras entidades tanto públicas como privadas, tal como sucedía con el decreto derogado. Esto no significa que con ello se otorgue una Licencia de Viabilidad Ambiental anticipada, ni crea ningún derecho adquirido, siendo que la misma, al final del proceso puede ser aprobada o denegada. Dicha viabilidad potencial lo que facilita es que un desarrollador pueda por ejemplo iniciar trámites para obtener un préstamo ante alguna entidad bancaria, pero para las entidades que emiten sus permisos finales para la etapa constructiva u operativa, no basta la viabilidad potencial, por cuanto deben esperar a que la institución se pronuncie en cuanto al otorgamiento de la viabilidad ambiental, si es que esta es un requisito dentro de sus trámites en aplicación de lo que establece el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPTMAGMEIC. Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en el artículo 35 del reglamento impugnado, permite que SETENA deje de controlar el proyecto en trámite, una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en manos de terceros. El reglamento 43898 prescinde completamente de la obligación de remitir los EsIAS (Estudios de Impacto Ambiental) a otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos (el reglamento No. 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC lo contenía en su artículo 35). Lo que indican los accionantes no es correcto, ya que la SETENA es el ente que fiscaliza el trabajo de los responsables ambientales, los cuales deben estar inscrito en el Registro de la SETENA, y deben velar por cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por un desarrollador de una actividad, obra o proyecto, los cuales tienen la obligación de informar oficialmente a la SETENA y a la autoridad ambiental los resultados del seguimiento y control conforme a lo establecido en este reglamento y demás normativa aplicable. Asimismo, el reglamento vigente de EIA, en su artículo 51, contempla las inspecciones Ambientales de Cumplimiento y en su artículo 54, las inspecciones de cierre técnico, las cuales son realizadas por la Unidad de Inspecciones de SETENA cuando esta lo considere oportuno, para la comprobación de cumplimiento de las medidas ambientales, como parte de los procesos de fiscalización, además de los otros instrumento de seguimiento ambiental como lo son la bitácora ambiental y de los informes de regencia ambiental. Además de atender las denuncias ambientales que son presentadas por la ciudadanía. Estos procesos son descritos dentro del reglamento 43898, para lo cual se tiene la absoluta claridad del rol de la institución en los procesos de fiscalización, para lo cual si es de absoluta necesidad realizar las coordinaciones interinstitucionales para obtener los criterios técnicos requeridos desde los entes competentes en diferentes ramas, como es el caso de SINAC en materia forestal, de la Dirección de Geología y Minas en temas mineros o de la dirección de Aguas en lo que se refiere al aprovechamiento de agua, por ejemplo. Sobre el alegato que se prescinde completamente de la obligación de remitir los EsIAS (Estudios de Impacto Ambiental) a otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos, lo primero que debe indicarse es que la SETENA en su página web publicará el listado de los Estudios de Impacto Ambiental, en cumplimiento del artículo 23 del D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Es, por lo tanto, lo establecido en esta decisión es consecuente con el artículo 35 del Decreto 31849, y que fue sustituido por el D.E. 43898-MINAE-MOPT-MAGMEIC. En conclusión, lo que hace el artículo 23 del D.E. 43898 MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, es garantizar que los proyectos más impactantes y donde se deba tramitar un Estudio de impacto Ambiental, las instituciones relacionadas con los trámites para permisos de construcción, y los ciudadanos tengan un sitio diferenciado para que poder informarse y que de requerirlo así, ingresen a la Plataforma Digital para poder visualizar el expediente de forma íntegra, sin menoscabo a que la propia ciudadanía tenga el acceso para poder visualizar cualquier expediente que se tramite en la institución y dentro del cual puedan proceder a gestionar sus consultas, oposiciones o demás herramientas de participación ciudadana que la normativa les confiere. Los accionantes indican que el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en el artículo 41, dispone que distintos "usuarios" puedan aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas. El Reglamento prescinde de la obligación del desarrollador de comunicar, dar publicidad en periódico de circulación nacional sobre los estudios de impacto ambiental que está sometiendo a conocimiento ante SETENA. El artículo 41 actual reduce la obligación a una publicación en la página web del SETENA para esos fines Sobre este alegato ya se ha dejado claro que todos los expedientes tramitados bajo el decreto ejecutivo N° 43898 son 100% digitales y están a disposición para ser consultados por cualquier usuario, por lo que no es de recibo el indicar que no habría conocimiento sobre las AOP que se tramitan en la institución. Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, no contiene el formulario D-6 mencionado en los artículos 24, 25, 26 porque el anexo 7 donde este formulario D-6 debe aparecer, según lo señala el artículo 24, no fue incluido. Señala que este alegato sobre el formulario D6, es incorrecto. Dicho formulario, así como los del cuadro de medias ambientales con sus indicadores para seguimiento ambiental, el contenido que deben poseer los estudios de Geotécnico, estudio arqueológico, estudio hidrogeológico, así como la guía visual para la presentación del diseño de sitio, se pueden visualizar en el anexo mencionado, en el alcance N° 65 C a la Gaceta 67, del miércoles 19 de abril del 2023. Además, se puede ubicar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). Dicho formulario D6, está disponible para su utilización en la plataforma digital de SETENA, al cual se puede acceder por un link. Los accionantes indican que, en el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, tampoco aparece el anexo 9 con el formulario D-4 que se menciona en los artículos 36, 37, 38, 39, 41, 42. Este alegato también es incorrecto. Dicho formulario, se puede visualizar en el anexo mencionado, en el alcance n° 65 C a la Gaceta 67, del miércoles 19 de abril del 2023. Además, se puede ubicar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). Dicho formulario D4, está disponible para su utilización en la plataforma digital de SETENA. Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC en el artículo 87, desgravó una omisión y considera falta leve no responder al requerimiento de información solicitados por la SETENA El marco de constitucionalidad y de legalidad no autoriza a la SETENA a delegar total, ni parcialmente, las funciones que le son propias. Sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante SETENA, les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, y que la SETENA no tiene la potestad de delegar de dar órdenes a las municipalidades a través de un reglamento. Sobre esto, primeramente, es importante indicar que esto ya lo contemplaba el decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 4. Finalmente, en cuanto a que la SETENA transfiera la obligación de tramitar los procesos de EIA a otras instituciones no es cierto, por cuanto lo que se indica la norma es que las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, y serán las Municipalidades las encargadas de solicitarles que cumplan con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. Por último, observando los alegatos indicados en esta acción de inconstitucionalidad, se trata del mismo tema ya analizado por la Sala constitucional en cuanto a los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se ha establecido que no hay inconstitucionalidad ya que la determinación de qué actividades, obras o proyectos requieren de Viabilidad Licencia Ambiental no le compete.

11.- Por resolución de las 14:17 horas del 12 de enero de 2024 se tuvo como coadyuvante pasivo de esta acción a Ulises Gerardo Álvarez Acosta, cédula de identidad 0107900742 en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y se turnó el asunto a la magistrada instructora.

12.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

13.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

 Considerando:

I.- DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que necesariamente deben cumplirse para que este Tribunal pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula la legitimación para interponer acciones de inconstitucionalidad y prevé situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el procurador general de la República, el contralor general de la República, el fiscal general de la República y el defensor de los Habitantes.

Asimismo, en sentencia nro. 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, este Tribunal precisó que la acción de inconstitucionalidad es:

“(…) un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional …”.

Finalmente, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

II.- SOBRE LA NECESARIA FUNDAMENTACIÓN DEL ESCRITO EN EL QUE SE FORMULE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Según se indicó, la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan a la Sala conocer de la impugnación que se pretende. Uno de esos requisitos corresponde a la necesaria fundamentación del escrito en el que se formule la acción de inconstitucionalidad. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 3, dispone que “Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales”. Ahora bien, para que este Tribunal tenga por configurada la infracción y pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma o acto impugnado, con la consecuente anulación y expulsión del ordenamiento jurídico, quien promueva una acción de inconstitucionalidad tiene la carga de demostrar cómo esa disposición infringe el Derecho de la Constitución y, además, debe indicar por qué debe estimarse la demanda. Esto es denominado por esta Sala como la carga de la argumentación, es decir, que “una norma que facialmente (sic) sea contraria a la Constitución, vuelca la carga de la argumentación a quienes sostengan que en realidad no hay conflicto entre esa norma y la Constitución Política; lo contrario sucede si se acciona contra una norma que en primer examen no parece contraria a la Constitución, en cuya hipótesis es el accionante el que debe avanzar con los argumentos que convenzan acerca de la inconstitucionalidad” (véase la sentencia nro. 0184-95 de las 16:30 horas del 10 de enero de 1995). En una sentencia posterior, esta Sala expuso, en cuanto a la falta de exposición de los argumentos de inconstitucionalidad en materia de acciones de inconstitucionalidad, lo siguiente:

“La acción de inconstitucionalidad se interpone con el argumento de que el Decreto Ejecutivo impugnado es nocivo, lesiona e infringe los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y a los compromisos internacionales suscritos con el Protocolo de Kyoto. Pese a la oportunidad otorgada a los accionantes, se confirma lo que indica la Procuraduría General de la República, de que no existe un análisis concreto de las disposiciones del Decreto Ejecutivo impugnado que se consideran inconstitucionales, sino que el mismo se limita a establecer discrepancias de forma genérica y en abstracto contra la totalidad del Reglamento, más aún contra toda actividad que desempeñan los ingenios Azucareros y Haciendas, pues sostienen que causan inconvenientes en la calidad de vida y en la salud de los habitantes circunvecinos, sin concretar qué argumentos de constitucionalidad se deben tomar en cuenta en contra de cada una de las disposiciones o grupos del normas del Reglamento impugnado. […] El párrafo primero del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la obligación de autenticar los escritos de interposición de acciones de inconstitucionalidad, toda vez que se estima necesario que existan argumentos esgrimidos por un profesional en Derecho, que no descarta este Tribunal responda a un serio estudio del fondo técnico y científico de una determinada materia, dada la diversidad y universalidad de las normas del ordenamiento jurídico. A diferencia de los procesos de garantías, es decir, los recursos de hábeas corpus y de amparo, que los puede interponer directamente cualquier interesado ante la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos fundamentales, generalmente contra actos u omisiones que le lesionan en su esfera particular (aunque no siempre como en los casos ambientales), en los procesos de defensa de la Constitución Política (como la acción de inconstitucionalidad), el legislador confió al abogado autenticante una labor cuya exigencia es aún mayor, si se quiere más elaborada y exhaustiva que debe plasmar en el libelo de interposición en razón de su oficio profesional, para demostrar al Tribunal la lesión a la norma constitucional por parte de una norma de menor rango, socavando el principio de supremacía constitucional contenida en el artículo 10 de la Constitución Política. Precisamente la elaboración material y formal de la Ley, así como de las demás disposiciones secundarias, suponen un proceso sumamente costoso para el Estado, en la que de muchas maneras para su elaboración ha participado la sociedad civil organizada a favor o en contra, y cuyos procedimientos de formación, aprobación y promulgación no debe analizarse a la ligera. En este sentido, debe reconocer esta Sala que existe un reducido espacio para este Tribunal para socorrer las ausencias manifiestas de los profesionales en derecho que autentican los escritos en esta jurisdicción constitucional, sin exponer la imparcialidad y análisis que se debe a cada una de las acciones de inconstitucionalidad.” (sentencia nro. 2012-05285 de 15:03 horas de 25 de abril de 2012).

El citado artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige, en tal sentido, que en el escrito en que se interponga la acción se expongan “sus fundamentos en forma clara y precisa”. En sentencia nro. 2013-016944 de las 14:30 horas del 18 de diciembre de 2013, esta Sala hizo expresa referencia a la exigencia de debida fundamentación del escrito de interposición –como requisito esencial de admisibilidad de la acción, a tenor de lo dispuesto el mencionado ordinal- en los siguientes términos:

“II.- INADMISIBILIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. De conformidad con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el escrito en que se interponga la acción de inconstitucionalidad, se deberán exponer los fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente. Así las cosas, todas las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas de manera tal que se obtenga el dictado de la sentencia, lo anterior, no solo facilita la administración de la justicia, sino que además, evita que se impongan obstáculos para no alcanzarla (ver en igual sentido, las sentencias números 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 y 2887-08). En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido. Asimismo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie por el fondo de normas cuestionadas en una acción, cuando el que acciona no fundamenta las razones por las cuales impugna, toda vez, que ello implicaría efectuar un control constitucional en abstracto a manera de ejercicio académico, lo que no es compatible con la finalidad de un proceso de esta naturaleza.”

Finalmente, en el voto nro. 2020-000319 de las 12:15 horas del 8 de enero de 2020, este Tribunal reiteró que:

“(…) dado el formalismo dispuesto legalmente para los procesos de control de constitucionalidad. la carga argumentativa en el trámite de una acción de inconstitucionalidad recae en el accionante, quien debe explicar, sin ambages, la contradicción existente entre una normativa infraconstitucional y el bloque de constitucionalidad, así como la legitimación que le asiste”.

 III.- SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el sub judice, de la lectura del escrito de interposición, se concluye que el accionante formula inicialmente una serie de reclamos genéricos sobre el Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental), en los cuales señala que la normativa impugnada lesiona: a) El principio de no regresión por haberse derogado el decreto 31849, que presenta desregularización generalizada y que elimina controles ambientales que sí tenía la norma anterior; b) la consulta popular, pues acusa que la normativa no fue consultada correctamente antes de su emisión, ya que únicamente se realizó por medio de la página web del Ministerio de Comercio; y c) señala que hay un favorecimiento al sector privado por encima del público o la colectividad, por tratarse de un manual de reducción de trámites en perjuicio de la naturaleza.

Al respecto, coincide la Sala con el criterio de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que no hay un debido esfuerzo argumentativo para demostrar cómo las normas impugnadas violentan la Constitución Política, pues respecto a tales argumentos se tiene que: a) Respecto al principio de no regresión por derogación de normativa, no basta con alegar que se derogó norma y que hay nuevas regulaciones. De igual forma, el accionante no precisa cuáles fueron los controles omitidos, cómo esto constituye una disminución de la tutela ambiental y si existe o no sustento técnico; b) respecto al principio de participación ciudadana, este tutela si durante el proceso de elaboración y emisión de la norma, se contemplaron mecanismos de publicidad y participación, mas no existe una determinación constitucional de cuáles son los mecanismos específicos que deben utilizarse y, en ese sentido, el accionante no indica cómo debió haberse consultado o por qué el medio utilizado fue insuficiente y; c) respecto al supuesto favorecimiento del sector privado, el accionante no explica cómo y a través de cuáles disposiciones se da el supuesto favorecimiento. En ese sentido, estima este Tribunal que lleva razón la PGR al señalar que no existe una debida motivación de tales alegatos y, por el contrario, se realizan de manera genérica sin relacionar de manera alguna el contenido de las normas con el agravio en concreto, circunstancia que impide a esta Sala pronunciarse sobre estos.

Por otra parte, continuando con la lectura del libelo de interposición, el accionante aduce la inconstitucionalidad de los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, pues considera que son contrarios a los principios de no regresividad, reserva de ley, consulta popular, desregulación, precautorio, pro natura, actos propios, intangibilidad de los actos propios, buena fe, el Acuerdo de Escazú y la protección al medio ambiente, por los siguientes motivos:

El artículo 3 excluye actividades que en el reglamento anterior requerían de viabilidad ambiental y baja los topes máximos para clasificarlas como de bajo, medio o alto impacto. Asimismo, que elimina en algunos casos la obligación de elaborar un EIA y que, en el inciso 8), se favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña. De igual forma, señala que se reducen los umbrales de las áreas constructivas según los cuales los proyectos requieren someterse a evaluación de impacto ambiental; lo anterior, sin un sustento técnico o científico que permita el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior. En este punto concreto, disiente la Sala de que la Procuraduría General de la República analice por el fondo este numeral y de la remisión al informe que ese órgano rindió en una acción de inconstitucionalidad contra este mismo Reglamento (expediente No. 23-022240-0007-CO), en el sentido de que debe verificarse si la modificación de los supuestos en que no se requiere EIA consta de sustento técnico. Con ello, tácitamente se admite que sobre esa disposición la acción está debidamente fundamentada, conclusión que no se comparte. Al igual como sucede con otras disposiciones concretas impugnadas, la acción se constriñe a exponer un cambio en la regulación (en el apartado 6 de los alegatos) con un sucinto recuento de principios que se aduce trasgredidos, argumentación que no marca diferencia alguna relevante respecto de aquellas que ya se han calificado que no reúnen los requisitos demandados por el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. También se afirma que el Reglamento no se consultó de manera adecuada, pues esto se realizó por medio de la página web del Ministerio de Comercio y no tuvo una debida difusión. Agrega que, tampoco se consultó a las municipalidades, pese a que les traslada la responsabilidad sobre todo lo concerniente a la extensión de permisos de obras de muy bajo impacto ambiental que no requieren evaluaciones de impacto ambiental por parte de la Setena. Nótese que el artículo cuestionado tiene 8 incisos, pero el accionante no especifica cuáles son las actividades que antes requerían vialidad y ahora son excluidas y respecto al inciso 8) no explica cuál es el favorecimiento que se da. Por otra parte, tampoco indica cómo debió haberse consultado, ni por qué la falta de consulta a las municipalidades lesiona la Constitución Política. En todo caso, sobre este último punto, la legitimación que invocan los accionantes -por intereses difusos al actuar en defensa del derecho a un medio ambiente sano- es distinta de la necesaria para poder reclamar una eventual lesión a la autonomía municipal. Esta última, por ejemplo, se reconoció en la sentencia No. 2022013101 de las 12:31 horas del 8 de junio de 2021, en los siguientes términos:

“II.- Sobre la legitimación de la accionante. En el sub lite, la alcaldesa accionante indica que las normas impugnadas inciden en el presupuesto municipal y en la autonomía de las corporaciones locales, con lo que se afecta a los usuarios de los servicios municipales y a los intereses comunales en general. Al respecto, consta que la alcaldesa aportó el acuerdo adoptado por el Concejo de Alajuela en la sesión nro. 28-2019 del 9 de julio de 2019 artículo 1 capítulo IX, mediante el cual se le autorizó para que impugnara las disposiciones de la ley nro. 9635, en defensa de la autonomía municipal. En consecuencia, la Sala estima que la accionante cumple los requisitos de legitimación para interponer esta acción de inconstitucionalidad.”

Que los artículos 7 y 51 resultan inconstitucionales, pues el reglamento no se consultó de manera adecuada, al haberse efectuado tal consulta por medio de la página web del Ministerio de Comercio y no tuvo una debida difusión. Agrega que tampoco se consultó a las municipalidades, pese a que les traslada la responsabilidad sobre todo lo concerniente a la extensión de permisos de obras de muy bajo impacto ambiental que no requieren evaluaciones de impacto ambiental por parte de la SETENA. Sobre este numeral, no se detalla cómo debió haberse consultado. Tampoco indica por qué la falta de consulta a las municipalidades lesiona la Constitución Política. En todo caso, la legitimación que invoca el accionante -por intereses difusos al actuar en defensa del derecho a un medio ambiente sano- le impide reclamar una eventual lesión a la autonomía municipal.

Asimismo, debe tenerse en consideración que el esquema de participación en la adopción de la norma cuestionada es ajeno al ámbito de competencia de la Sala, según se ha establecido en distintos pronunciamientos, desde 2019, en los términos que siguen, extraídos de la sentencia No. 2021-21934 de las 9:50 horas del 1º de octubre de 2021:

Que el artículo 9 elimina en algunos casos la obligación de elaborar un EIA y que el punto 12 indica que SETENA exigirá -se así lo amerita- un estudio de vialidad aprobada por el MOPT. Sin embargo, este reclamo debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma.

Acusa que los artículos 13 y 98 permiten a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto ambiental construir en áreas ambientalmente frágiles. Lo anterior, porque sin un sustento técnico o científico permite el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior (Reglamento 31849), pero que pueden dañar el ambiente. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. Por lo demás, respecto a estos numerales, el Acuerdo de Escazú ni siquiera es parámetro de constitucionalidad, al no estar ratificado por el Estado de Costa Rica.

Sobre el artículo 15 refiere que permite al desarrollador empezar la tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA. Sin embargo, este reclamo debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma.

Respecto a los artículos 17 y 90 afirma que advierten sobre delitos que pudiera cometer la Administración Pública, revirtiendo la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores y atemorizando al funcionario público. Sin embargo, este reclamo debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. Igualmente, la legitimación que invoca el accionante no tiene relación alguna con el principio de la buena fe y las regulaciones a las cuales se debe someter el funcionariado público en el ejercicio de sus labores.

Sobre los artículos 24, 25 y 26 indica que el anexo 7 que debe contener el formulario D-6 que se menciona en esos artículos no fue incluido en el reglamento. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. En todo caso, según informa la PGR la documentación que se reclama fue publicada en el Alcance N°65 C, La Gaceta no. 67 del 19 de abril de 2023, como parte del Tomo III del Decreto 43898, en el cual, consta como anexo 7 el denominado “Formulario de Presentación del D-6 Cuadrante Urbano”.

Señala que el artículo 32 elimina en algunos casos la obligación de pasar por evaluación de impacto ambiental. Pese a lo anterior, los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma, pues la norma hace referencia al formulario D1-C, sin embargo, el accionante omite indicar cómo lo ahí dispuesto violenta la Constitución. Es decir, nuevamente se está ante una fundamentación insuficiente.

Indica que el artículo 35 abandona el control de SETENA una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en terceros. No obstante, omite explicar cómo debe hacerse ese control posterior o por qué lo ahí dispuesto resulta insuficiente. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma.

Afirma que los artículos 36, 37, 38 y 42 son inconstitucionales porque el anexo 9 que debe contener el formulario D-4 que se menciona en esos artículos no fue incluido en el reglamento. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por insuficiente motivación, en el tanto los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. Adicionalmente, según informa la PGR la documentación que se reclama fue publicada en el Alcance N°65 C de La Gaceta no. 67 del 19 de abril de 2023, Tomo III del Decreto 43898, anexo 9 denominado “Formulario de Presentación del D4-Forestal”.

En criterio del accionante, el artículo 39 lesiona los principios de no regresión, desregulación y pro natura por las siguientes razones:

“El reglamento 43898 en su artículo 39 introduce el derecho de cortar árboles de 30 mts cúbicos y extraer 10 árboles caídos de las áreas silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en la normativa 31849. Violenta el Principio de Desregulación. Se violenta el Principio de no regresión y contradice lo estipulado en el Decreto 25700-MINAE que declara la veda total en el aprovechamiento de árboles en peligro de extinción, y la Constitución Política en su artículo 50, así como la Lista Roja de la UICN y Lista CITES.”

Aunque la Procuraduría General señala que es necesario que se demuestren las razones técnicas por las que esas obras o proyectos no requieren ser evaluados por la SETENA y que la disposición impugnada carece de tal respaldo, lo cierto es que la fundamentación de los motivos de inconstitucionalidad son excesivamente lacónicos, con lo que los alcanza el mismo motivo de inadmisibilidad de las demás disposiciones que se han estudiado.

Alega que el artículo 41 es inconstitucional ya que el anexo 9 que debe contener el formulario D-4 que se menciona en ese artículo no fue incluido en el reglamento. Asimismo, aduce que se impone que distintos “usuarios” pudieran aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por carecer de motivación, ya que los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. A mayor abundamiento, según informa la PGR la documentación que se reclama fue publicada en el Alcance N°65 C, La Gaceta no. 67 del 19 de abril de 2023, Tomo III del Decreto 43898, anexo 9 denominado “Formulario de Presentación del D4-Forestal”.

Respecto al artículo 47 señala que establece la obligatoriedad institucional de reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de EIA si son construidos en una misma propiedad, propiciando la fragmentación o fraccionamiento ilícitos de megaproyectos en miniproyectos, con el fin de evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor (fraccionamiento por elusión). No obstante, de la lectura de la norma no se extraen tales afirmaciones y al no dar mayor explicación, los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma.

Por último, señala que los artículos 87 y 88 reducen las sanciones para los desarrolladores. En estos se revierten las cargas imponiendo sanciones penales a funcionarios públicos y descargando al particular desarrollador. El artículo 87 desgravó y se considera falta leve no responder al requerimiento de información solicitados por la SETENA. De la lectura de dichos numerales se extrae que no establecen sanciones para funcionarios públicos, sino que, por el contrario, disponen los tipos de infracciones y sus sanciones, así como el dictado de medidas cautelares ante el incumplimiento de compromisos ambientales. Aunado a lo anterior, el accionante no explica por qué se estima que se descarga de responsabilidad al desarrollador ni se detallan cuáles sanciones se están reduciendo. En ese sentido, el reclamo debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no guardan relación con el contenido de la norma.

A manera de resumen, tales alegatos carecen de una adecuada fundamentación respecto a los reproches de fondo, tal y como lo exige el mencionado ordinal 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Más allá de una sucinta alusión a la infracción de distintos derechos y principios constitucionales, lo cierto es que el accionante omite exponer su concreto sustento normativo, así como analizar y desarrollar el contenido específico de las presuntas normas y principios infringidos y de sus alcances, a efectos de relacionarlos y contraponerlos, de forma individualizada y debidamente razonada, con la normativa impugnada. En definitiva, no existe una argumentación precisa, suficiente y debidamente circunstanciada sobre los agravios y fundamentos de la aducida infracción al Derecho de la Constitución. En consecuencia, los reclamos genéricos sobre el decreto ejecutivo N° 43898, así como contra los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, deben desestimarse.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Por mayoría, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad por razones de admisibilidad. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara inconstitucionales los artículos 3, 9, 13, 15, 39, 47 y 98 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, por violación del derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura. Salva igualmente el voto en cuanto al alegato de violación al derecho de participación ciudadana y a la legitimación en defensa de la autonomía municipal. Notifíquese.

 

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jorge Araya G. Anamari Garro V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingrid Hess H. Ana María Picado B.

 

 

 

 

 

Exp: 23-020177-0007-CO

Res. Nº 2025-006027

 

Voto salvado del Magistrado Cruz Castro.- Normas regresivas en el Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Se aprobaron normas que ignoran los principios básicos del derecho ambiental constitucional.

 

A diferencia del criterio de mayoría, considero que esta acción debe declararse con lugar. Particularmente en cuanto los artículos 3, 9, 13, 15, 39, 47 y 98 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, por violación del derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura. Además, en cuanto al alegato de violación al derecho de participación ciudadana y a la legitimación en defensa de la autonomía municipal. Lo anterior, conforme lo expreso a continuación.

La mayoría consideró que la acción no estaba debidamente fundamentada y que los argumentos se realizaron de manera genérica sin relacionar de manera alguna el contenido de las normas con el agravio en concreto. Sin embargo, estimo que en esta materia tan delicada, como lo es la ambiental, los argumentos presentados referidos a una desregulación generalizada y omisión de controles preventivos que contenía el reglamento anterior, son suficientes para que esta Sala pueda examinar el fondo de cada una de las normas impugnadas.

La regresividad de una normativa supone la presunción de inconstitucionalidad. Debiendo el Estado tener la carga de la prueba para argumentar a favor de la razonabilidad, idoneidad, necesidad y/o proporcionalidad. Lo anterior encuentra además asidero en las observaciones generales 13, 14, 15 y 17 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “El Estado deberá demostrar que las medidas regresivas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el Estado parte.” (Observación 15, párrafo 19). Nótese que la Sala Constitucional, en el voto número 2016-00415, ha dado la siguiente definición sobre el principio de no regresividad:

“El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección.”

El argumento que afirma que el Decreto Ejecutivo no. 43898 es inconstitucional por violentar el principio de no regresión, por el solo hecho de haber derogado el Decreto 31849 y haber establecido regulaciones distintas a las de aquél, es atendible. En aplicación del principio de no regresión, correspondería a la Sala analizar si en efecto la nueva normativa que modificó el régimen anterior, disminuyó el nivel de protección, sin contar con una justificación técnica razonable. Considero que basta con argumentar que el Decreto modificó el régimen vigente, que presenta una desregulación generalizada y que eliminó controles ambientales que sí contenía la norma anterior, constituye una motivación aceptable y relevante para que se tenga como debidamente fundamentada esta acción. El criterio de la mayoría asume una visión formalista, sin examinar que en materia ambiental existen limitaciones tan importantes, que no es necesario que la fundamentación del argumento, tenga que ser tan detallada.

El Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental contiene varias normas palmariamente regresivas. La propia norma y su contenido evidencia, claramente, la regresión. Así se observan las siguientes normas:

 

-Artículo 3:

“Artículo 3.- Actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren Evaluación de Impacto Ambiental ante la SETENA. Las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, indicados en este artículo, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y otras entidades con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre de 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental: (…)”

 

En efecto, dicha norma excluye actividades que en el reglamento anterior requerían de viabilidad ambiental y baja los topes máximos para clasificarlas como de bajo, medio o alto impacto. Asimismo, elimina en algunos casos la obligación de elaborar un EIA y que, en el inciso 8), se favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña. El cultivo de la piña requiere una serie de requisitos y controles, dada la alta vulnerabilidad de los suelos y regiones en la que se cultiva. De igual forma, se reducen los umbrales de las áreas constructivas según los cuales los proyectos requieren someterse a evaluación de impacto ambiental; lo anterior, sin un sustento técnico o científico que permita el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior. Esas variaciones regresivas, requieren estudios técnicos que justifiquen tal variación. El criterio técnico es indispensable en materia tan delicadas y vulnerables como la tutela ambiental.

Se observa, tal como lo indican los accionantes, que esta norma reduce los umbrales de las áreas constructivas. En la normativa anterior, la 31849, el techo es de 500 mts cuadrados, en la anterior era de 300 y en esta normativa, la 43898, es de 1.000. Por debajo de ese límite, los desarrolladores no tienen que pasar por los EIA. Tal como lo indica la PGR en su informe, por no existir ninguna fundamentación técnica, esas disposiciones serían contrarias al principio de no regresión en materia ambiental, razonabilidad y proporcionalidad y objetivación de la tutela ambiental, y, en consecuencia, el artículo 50 de la Constitución Política. Ello se traduciría, a su vez, en una violación del principio preventivo, pues se estarían dejando de evaluar y mitigar los impactos ambientales de actividades potencialmente impactantes al ambiente.

Todo lo cual viola el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

-Artículo 9:

“Artículo 9.- Calificación ambiental final. La aplicación de los instrumentos de valoración de significancia de impacto ambiental (SIA) permite, que se modifique, previa justificación técnica, o se confirme la categoría preliminar de clasificación que se estableció para la actividad, obra o proyecto por medio del D1, obteniéndose de esta manera una calificación ambiental final para la toma de decisiones. La significancia de impacto ambiental (SIA), será la que defina el Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental a utilizar en los D1 con instrumentos de EIA.”

En efecto, dicha norma hace una redefinición de la significancia ambiental permitiendo que sea definida por un instrumento. Se trata de un tema relevante para el resguardo del contenido sustancial del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en la variable de los principios de reparación integral, quien contamina paga y no regresión, sobre el cual, la significancia de impacto ambiental no se puede hacer depender de la definición de un instrumento. El debilitamiento de la tutela ambiental, sin criterio técnico, es evidente, por eso no requiere que los argumentos que plantea el accionante, sean más amplios. La regresión es evidente y la falta de criterio técnico, también.

Todo lo cual viola el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

 

-Artículo 13 y 98:

“Artículo 13.- Verificación técnica del expediente. La verificación técnica del expediente que debe llevar a cabo el departamento respectivo seguirá los siguientes pasos:

1. Verificación de la información presentada en el documento de evaluación ambiental, sobre la significancia de impacto ambiental, para lo cual se estará facultado a realizar una Inspección Ambiental al sitio según el procedimiento que defina SETENA para determinar en cuales casos se deberá realizar la inspección.

2. Revisión del espacio geográfico en que se localizará la actividad, obra o proyecto, respecto a su localización en un área ambientalmente frágil o no, y en el contexto de su entorno del espacio territorial y de la planificación de uso del suelo de que se disponga.

3. Verificación de la calificación final sobre la significancia del impacto ambiental (SIA) de la actividad, obra o proyecto.”

 

Artículo 98.- Áreas Ambientalmente frágiles (AAF). Tienen por objetivo considerar, a priori, una serie de variables ambientales y jurídicas de un espacio geográfico, a fin de facilitar una decisión más acertada sobre el área en el que se desarrollará un proyecto, obra o actividad.

Las AAF, por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: a) aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido); b) los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso.

La evaluación de si el área del proyecto se localiza dentro de un AAF deberá ser realizada por el desarrollador desde las fases iniciales del proyecto. El hecho de que el área de proyecto forma parte de un AAF no constituye necesariamente la prohibición o impedimento para el desarrollo del proyecto, obra o actividad, salvo que la legislación vigente así lo establezca. En este caso, el conocimiento de esa situación debe hacer que se identifiquen las limitantes técnicas ambientales y se promueva un diseño del proyecto, obra o actividad de forma tal que puedan superar dichas limitantes técnicas y de esta manera, no afectar proyectos de bajo impacto que típicamente se desarrollan en las AAF.

La SETENA, durante el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental tendrá la obligación de verificar mediante las herramientas digitales disponibles, la situación del AP respecto a las AAF definidas y tomar en cuenta el resultado de ese análisis dentro del proceso de toma de decisiones que involucra el sistema. En caso de incertidumbre podrá realizar una inspección al sitio para determinar la naturaleza del terreno.

Para efectos del presente Decreto Ejecutivo, se tendrán como áreas ambientalmente frágiles las siguientes: (…)”

 

En efecto, estas normas permiten a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto (entre el 54% y el 65 % del total de proyectos que pasan por la SETENA) construir en áreas ambientalmente frágiles. Tal permisibilidad requiere de fundamento técnico para asegurarse que el desarrollo de proyectos en estas áreas no redundará en un impacto ambiental negativo.

Todo lo cual viola el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

-Artículo 15,

“Artículo 15.- Viabilidad Ambiental Potencial. Una vez presentados los requisitos indicados en el artículo 11 del presente reglamento, el desarrollador o consultor podrá solicitar a la SETENA la Viabilidad Ambiental Potencial (VAP), la cual se otorgará en un plazo máximo de 7 días naturales. La obtención de la misma habilitaría al desarrollador de la actividad, obra o proyecto para iniciar o continuar gestiones de trámites ante otras entidades tanto públicas como privadas.

Lo anterior en el entendido de que, el inicio de actividades o concesión tal y como se define en este Reglamento, podrían darse únicamente con el otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), la cual se obtendría hasta que se finalice con la respectiva fase del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.”

En efecto, dicha norma permite al desarrollador empezar la tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA. Autorización que resulta contraproducente, pues el resto de instituciones públicas o privadas deberían requerir de certeza sobre la viabilidad ambiental y no una viabilidad “potencial”. Categoría discutible desde el punto de vista de protección al ambiente. En materia ambiental, dada su fragilidad, se requiere la certeza y no la potencialidad.

Todo lo cual viola el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

 

-Artículo 39,

“Artículo 39.- Actividades de muy bajo impacto ambiental. Las solicitudes de extracción de árboles en pie con un volumen comercial menor que 30 metros cúbicos, y las solicitudes de extracción de aprovechamiento en bosque de menos de 10 árboles caídos por propiedad, dentro de las Áreas Silvestres Protegidas son actividades que potencialmente generarán impactos ambientales puntuales, de baja intensidad y permanencia en el tiempo, por lo que estas solicitudes son tipificadas como actividades de muy bajo impacto ambiental, por lo tanto, estas actividades no deberán gestionar el D4 Forestal.”

En efecto, dicha norma permite la corta de árboles de 30 mts cúbicos y la extracción de 10 árboles caídos de las áreas silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en la normativa 31849. Tal como lo indica la PGR en su informe, esta norma, además de la excepción que hace para la evaluación de impacto ambiental en la extracción de árboles y las solicitudes de extracción de aprovechamiento en bosque dentro de las Áreas Silvestres Protegidas; no diferencia si se trata de los supuestos de propiedades privadas que se encuentran dentro de áreas silvestres protegidas, no contempla la evaluación de impacto ambiental, en contraposición con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y las normas en cuanto a la exigencia de esa evaluación en terrenos privados incluidos en áreas silvestres protegidas. Toda esta liberalización no tiene sustento técnico, es una muestra que evidencia que el interés privado se impone a un interés colectivo tan relevante como el ambiente, la tutela de la casa común.

Estas variaciones conculcan el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

 

-Artículo 47

“Artículo 47.- De la unificación de viabilidades ambientales. El desarrollador podrá solicitar a la SETENA la unificación de varios proyectos con viabilidad ambiental otorgada, bajo las siguientes condiciones:

1. Cuando un mismo desarrollador tenga uno o varios proyectos que operan en una misma propiedad o en propiedades colindantes y que los proyectos sean similares o complementarios en tipo y actividad, podrá unificar los expedientes administrativos para garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos de forma que no se dé una fragmentación del proyecto. En caso de que una o ambas de las actividades aprobadas no sean coincidentes o complementarias con el proyecto que desea realizarse, deberá someterse además en el mismo acto a un proceso de modificación.

2. Cuando dos proyectos colindantes que obtuvieron viabilidad ambiental desean unificarse para crear un proyecto en conjunto igual o diferente al otorgado mediante las viabilidades ambientales otorgadas originalmente, podrán solicitar la unificación de expedientes. En caso de que una o ambas de las actividades aprobadas no sean coincidentes o complementarias con el proyecto realizado o por ejecutarse, deberá someterse además en el mismo acto a un proceso de modificación.

3. Cuando el área del proyecto varíe en tamaño debido a la unificación, deberá así constatarse dentro del documento de unificación indicando la nueva área y estableciendo en todos los casos los compromisos ambientales nuevos adquiridos, prevaleciendo los de mayor instrumento de evaluación ambiental.

Presentada la información completa, la SETENA dispondrá de un plazo máximo de 21 días naturales para emitir la resolución respectiva.

El trámite de Evaluación de Impacto Ambiental se realizará por medio de la plataforma digital o el medio que SETENA establezca.”

En efecto, dicha norma permite reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de EIA si son construidos en una misma propiedad, propiciando fraccionamientos de megaproyectos en mini proyectos y con ello evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor. La norma establece un instrumento que permite evadir los controles ambientales en función de los intereses de la colectividad.

Estas variaciones conculcan el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

 

Conforme a los principios constitucionales de: tutela del derecho al ambiente; el principio preventivo (cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos); el principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente); el principio pro in dubio natura (en caso de duda o incerteza las controversias deben resolverse y las normas deben interpretarse a favor de la protección y conservación del ambiente); el principio de objetivación de la tutela ambiental (o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, según el cual se impone acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia); el principio de progresividad y no regresión en materia ambiental (la obligación del Estado de ir aumentado la protección y de no adoptar medidas, políticas o normas jurídicas que empeoren la situación de protección alcanzada); el principio de uso racional de los recursos; el principio pro natura (resolver e interpretar siempre a favor del ambiente); resultan inconstitucionales las normas apuntadas del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental que modificaron el régimen anterior, desmejorando el nivel de protección al ambiente. La visión que expreso en este voto particular, expresa una seria preocupación por el deterioro de la tutela ambiental, ignorando principios tan importantes de la tutela ambiental y cuya violación no requiere una argumentación abundante del accionante.

Luego, en adición a todo lo anterior, considero que se ha violentado el derecho de participación ciudadana. Además, procede admitir la legitimación en este caso para la defensa de la autonomía municipal. Claramente el reglamento impugnado no cumple a cabalidad con los criterios para considerarse como debidamente consultado. Nótese que se consultó por medio de una página web a la cual no toda la población tiene acceso y la población que podría accederla, no conocía que estaba en consulta en esa página, porque no tuvo la debida publicidad. Tampoco parece que fue consultado con las municipalidades a las que involucra directamente en el uso y cumplimiento de esta normativa. Así la consulta realizada fue por medio de una página web del Ministerio de Comercio, que no tuvo la debida difusión a toda la ciudadanía, que pocas personas tienen acceso a una web de este tipo y que es desconocida. La normativa internacional establece que la difusión se debe dar por medios que lleguen a toda la ciudadanía y que puedan presentar sus objeciones de modo fácil.

En esta materia, la Administración en general, no evidencia un compromiso con la participación ciudadana, sólo se crean unos procedimientos que no pueden catalogarse como participación ciudadana. Ni siquiera este tribunal le parece trascendental la participación ciudadana, porque por voto de mayoría, se debilitó la exigencia del control ciudadano efectivo en proyectos de interés ambiental. Se habla mucho de democracia, de participación, pero cuando se requiere su cabal cumplimiento, ni la administración ni el control judicial, la convierten en vivencia efectiva de la cultura democrática.

 

Fernando Cruz C.

Magistrado



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:12:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 06027 - 2025

Date of Resolution: February 26, 2025, at 1:00 p.m.

Case File: 23-020177-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of Matter: Unconstitutionality action

Constitutional Review: Dismissive judgment

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL


Judgment with Dissenting Vote

Judgments from the same case file

Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY REVIEW

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ENVIRONMENT. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, CONTROL AND MONITORING
Case File: 23-020177-0007-CO
Judgment: 006027-25 of February 26, 2025
Type of matter: Unconstitutionality action
Challenged regulation: Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC. Published in Alcance No. 65 of La Gaceta No. 67 of 04-19-2023
Operative part: By majority, the unconstitutionality action is dismissed for reasons of admissibility. Magistrate Cruz Castro dissents and declares Articles 3, 9, 13, 15, 39, 47, and 98 of the Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental unconstitutional, for violation of the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle. He likewise dissents regarding the claim of violation of the right to citizen participation and standing in defense of municipal autonomy. Let it be notified.








CO03/26

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Text of the resolution

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Exp: 23-020177-0007-CO

Res. No. 2025006027


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at thirteen hours and zero minutes on February twenty-sixth, two thousand twenty-five.


Unconstitutionality action filed by [Name 001], ID number [Value 001], Costa Rican, resident of the canton of Belén de Heredia, widow, retired journalist, and [Name 002], ID number [Value 002], divorced, attorney, license number [Value 003], commissioned specialist of the Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), and of the Comisión de Derecho Ambiental CMDA of the International Union for Conservation of Nature, against Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, published on April 19, 2023, in Alcance No. 65 of La Gaceta No. 67. Appearing in this proceeding are Iván Vinicio Vincenti Rojas, of legal age, divorced, attorney, identity card number 106950983, in his capacity as Procurador General de la República; Francisco Ernesto Gamboa Soto, in his capacity as Minister of Economía, Industria y Comercio; Luis Esteban Amador Jiménez, in his capacity as Minister of Obras Públicas y Transportes; Víctor Julio Carvajal Porras, in his capacity as Minister of Agricultura y Ganadería; Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Ambiente y Energía; Mary Denisse Munive Angermüller, in her dual capacity as Vice President of the Republic and Minister of Salud. Likewise, Ulises Gerardo Alvarez Acosta appears as a passive intervener, in his capacity as Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Considering:

1.- The plaintiffs file this unconstitutionality action in the following terms:

“Challenged Regulation In accordance with Article 73.a of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the challenged regulation is Reglamento SETENA 43898 MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, published on April 19, 2023, in Alcance No. 65 of La Gaceta No. 67; the complete regulation is attached.

The unconstitutionality of the SETENA regulation 43898, in its Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, 98, is unconstitutional, violating the norms and Principles indicated below.

Justifying facts under Article 75

As justifying facts under Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional:

1. In an email communication dated April 24, 2023, sent the same day by email to the email accounts [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], the unconstitutionality of the challenged regulation was alleged. The inquiry was answered by email sent from the account [email protected], on May 10, 2023, with official letter number SETENA-SG-0404-2023. Documents are attached.

2. Due to the nature of the matter, there is no individual injury, since the regulation containing the challenged norm is of collective compliance for the inhabitants of the country.

3. The plaintiffs are part of the collective Kañík (Forest in the Bribrí language), which is a popular collective composed of members of society who defend collective and diffuse interests in environmental matters. In addition to being human rights defenders in environmental matters, in accordance with the conventional and constitutional norms and jurisprudence cited in the Action, they file this lawsuit and have the legal capacity to act in this matter to defend human rights in environmental matters.

Grounds

1- The SETENA regulation 43898 is a reform of regulation 31849. Some articles were changed, and others were incorporated.

2- The challenged regulation, regulation 43898, omits the preventive controls that were established in previous regulations and thereby violates the principle of ‘non-regressivity’; it opens the possibility of irreversible environmental damage occurring and consequently diminishes the quality of life. And, in this case, Articles 50 and 51 of the Constitución Política are violated. Article 3, because it excludes activities that under the previous regulation required environmental viability (viabilidad ambiental) and lowers the maximum thresholds for classifying low, medium, or high impact.

3- Regulation 43898, in its creation, was not duly consulted, just by means of a web page to which not all the population has access, and the population that can access it did not know it was under consultation on that page, because it did not have due publicity, therefore it is false that it was publicly consulted. It was not consulted with the municipalities, which are directly involved in the use and compliance with this regulation. Articles 3, 7 (in its point 6), 51 (in the previous decree, this article corresponded to 48). Article 1 of the Ley de la Administración Pública is violated, the Ley Orgánica del Ambiente in its Article 17, the Principle of Legal Reserve. Regulation 43898 does not take into account that approximately 50% of the country's cantons lack regulatory plans (planes reguladores) and only 6 are aware of the areas of their environmental fragility. Popular Consultation, it violates popular consultation since there was no adequate consultation to reform the previous regulation. Note that the consultation carried out was through a web page of the Ministerio de Comercio, which did not have due dissemination to the entire citizenry, few people have access to a website of this type, and it is unknown. International regulations establish that dissemination must be done through means that reach all citizens and that they can easily present their objections.

4- The content of regulation 43898 presents a generalized deregulation. Articles 3, 32 (in some cases eliminates the obligation to undergo an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA)) 39, 47, 9. The Principle of non-regressivity is violated. Regressions may end up causing, as a consequence, irreversible or difficult-to-repair environmental damage. Article 50 of the Constitución Política and the American Convention on Human Rights. Article 3, in addition to what has been indicated, in its subsection 8, favors the expansion of dangerous, polluting, and destructive agricultural activities for the environment, such as aggressive pineapple cultivation.

5- In regulation 43898, the responsibility that SETENA had in the previous regulation regarding road matters is completely evaded; according to regulation 31849, Article 9, point 12 mentions SETENA's responsibility to require, if warranted, a road study approved by the MOPT. It violates the Deregulation Principle. Violation of the Principle of non-regressivity.

6- Regulation 43898 in its Article 3 reduces the thresholds for construction areas. In the previous regulation, 31849, the ceiling was 500 square meters; in the one before that it was 300; and in this regulation, 43898, it is 1,000. Below that limit, developers do not have to undergo EIAs. It minimizes EIAs, focusing only on the aspects of control and monitoring and leaving aside the preventive part. It violates the Deregulation Principle, violation of the Principle of non-regressivity. Precautionary Principle or Prudent Avoidance: the challenged regulation nullifies the attitude, the preventive action that SETENA must have to “provide everything that is necessary – within the scope permitted by law – in order to prevent irreversible damage to the environment” (Judgment 14180-10 Sala Constitucional), because without technical or scientific support it allows the change of environmental regulations or deregulations previously established in the prior regulation (Regulation 31849) that can harm the environment. Principle of Own Acts: the challenged regulation has suppressed, by its own action, the acts it has issued that confer subjective rights to individuals and the environment, since it comes to reform the environmental benefits previously granted to Nature. Principle of Non-retroactivity and Intangibility of Own Acts: The challenged regulation came to annul ex officio the previous favorable regulation established in Regulation 31849, which established more favorable benefits for the Environment, which is a declaration of rights that benefit the administered party—environmental, social, and economic rights. Such action could only occur as a qualified exception to the “doctrine of the non-revocability of own acts favorable to the administered party, or the principle of intangibility of own acts, to which this specialized Chamber has conferred constitutional rank as deriving from Article 34 of the Constitución Política.” Judgment of Sala Constitucional 2186-94, 899-95.

7- Regulation 43898 in its Article 47 establishes the institutional obligation to recognize as a single project the union of projects smaller than one thousand meters that do not require an EIA if they are built on the same property, promoting the ILLICIT FRAGMENTATION or SUBDIVISION (fraccionamiento) of mega-projects into mini-projects in order to evade the studies, controls, and regulations that a larger project could have, deceiving the Administration, human populations, and trying to deceive Nature, varying the assessment instrument” (subdivision (fraccionamiento) by elusion). Deregulation. Violation of the Principle of Non-regressivity, ILLICIT FRAGMENTATION, Principle of Regulation of Human Conduct of Article 4.d of the Ley Orgánica del Ambiente, and the Principle of Procuring the Greatest Well-being for All Inhabitants of the Country, Constitución Política in its Article 50, a whole of the EIA, Article 94 of the Ley de Biodiversidad, Jurisprudence of UNCITRAL Case Aven vs Costa Rica (Aven vs Costa Rica, 2018).

8- Regulation 43898 in its Article 39 introduces the right to cut 30 cubic meters of trees and extract 10 fallen trees from protected wild areas (áreas silvestres protegidas), without the procedure established in regulation 31849 now being required. It violates the Deregulation Principle. The Principle of non-regression is violated, and it contradicts what is stipulated in Decreto 25700-MINAE, which declares a total ban on the use (veda total en el aprovechamiento) of trees in danger of extinction, and Article 50 of the Constitución Política, as well as the IUCN Red List and the CITES List.

9- Regulation 43898 warns, in Articles 17 and 90, about crimes that the Public Administration could commit, reversing the burden of committing crimes against the administrators, benefiting the developers; violating the constitutional principles of good faith and intimidating the public official, with what could be called workplace psychological harassment. In contradiction, Articles 87 and 88 appear, where sanctions for developers are reduced. In these, the burdens are reversed, imposing criminal sanctions on public officials and relieving the private developer. The Principles of Non-Regression and Deregulation are violated, causing an imbalance of interests.

10- Regulation 43898 unduly favors the private sector over the public or the community. It is a manual for reducing procedures before the Secretaría Técnica Ambiental that completely ignores the preventive and environmental protection aspect, to favor developers. Article 21 of the Convention on Human Rights indicates the need for the collective interest to prevail over the individual interest, and the Constitución Política also states this in its Article 46; note that Environmental Regulations must favor the weaker party; in this case, the weaker party is Mother Earth and its inhabitants, and the strong party is the developers who have all the economic resources to take advantage of the Environment, profiting from it and generating an environmental, social, and economic liability.

11- Regulation 43898 in its Articles 98 and 13 (especially point 2) allows developers of low-impact projects (between 54% and 65% of the total projects that go through SETENA) to build in environmentally fragile areas. The Escazú Agreement (CEPAL, 2018) is violated, Article 50 of the Constitución Política, and the American Convention on Human Rights. Deregulation. It violates the Principle of non-regressivity. In Dubio Pro Natura Principle, Article 50 of the Constitución Política. Deregulation, violation of the Principle of non-regressivity. Precautionary Principle or Prudent Avoidance: the challenged regulation nullifies the attitude, the preventive action that SETENA must have to “provide everything that is necessary – within the scope permitted by law – in order to prevent irreversible damage to the environment” (Judgment 14180-10 Sala Constitucional), because without technical or scientific support it allows the change of environmental regulations or deregulations previously established in the prior regulation (Regulation 31849) that can harm the environment. Principle of Own Acts: the challenged regulation has suppressed, by its own action, the acts it has issued that confer subjective rights to individuals and the environment, since it comes to reform the environmental benefits previously granted to Nature. Principle of Non-retroactivity and Intangibility of Own Acts: The challenged regulation came to annul ex officio the previous favorable regulation established in Regulation 31849, which established more favorable benefits for the Environment, which is a declaration of rights that benefit the administered party—environmental, social, and economic rights. Such action could only occur as a qualified exception to the “doctrine of the non-revocability of own acts favorable to the administered party, or the principle of intangibility of own acts, to which this specialized Chamber has conferred constitutional rank as deriving from Article 34 of the Constitución Política.” Judgment of Sala Constitucional 2186-94, 899-95. Principle of Sustainable Development: the challenged regulation disfavors the human being and nature itself by breaking the regulatory and natural balance that must exist in human populations and the environment or nature. In Dubio Pro Natura: the contested regulation is completely contrary to the pro natura principle by allowing economic development for the benefit of a third party within environmentally fragile zones without a prior technical study, or even if one exists, given that Nature is at the service of Humans, providing essential resources for subsistence and creating an adequate balance to sustain life on the planet. Principle of Environmental Protection: this principle is violated by changing development zones within environmentally fragile zones, benefiting only the economy of the applicant or developer without considering the Environment and the ecosystem services it provides to humans, “as this shall apply when there is a danger of serious or irreversible damage to the environment.” Judgment 17155-09 Sala Constitucional. In this sense, the challenged regulation throws to the ground all precautionary measures to avoid any environmental or personal damage. Principle of Prevention of Environmental Risk: the challenged regulation allows or does not prevent possible damages or impacts to the environment that could be irreversible to environmentally fragile zones, to species in danger of extinction, to water sources, to the soil, to the air, and to human beings.

12- Regulation 43898 in its Article 15 allows the developer to begin processing permits in other institutions before the permit process at SETENA ends. It violates the Deregulation Principle. In jurisprudence in judgment No. 008201 of April 12, 2023, the constitutional judges partially granted an unconstitutionality action, thereby annulling a specific phrase contained in the fourth paragraph of Article 15 of the Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Law 8220 “the matter of health, environment and”, reformed by Law No. 10,072 of November 18, 2021: “For the granting of licenses, permits, authorizations or any other procedure required by the administered party, including the matter of health, environment and municipal authorizations, the entities or bodies of the Administration may grant temporary approvals subject to the fulfillment of subsequent requirements within a period of up to six months, in the cases that each one defines, the administered party being obliged to comply with what is pending.”

13- Regulation 43898 in its Article 35 abandons SETENA's control once the developer obtains environmental viability (viabilidad ambiental), leaving the responsibility with third parties. Violating the principles of Deregulation. Principle of non-regressivity, Principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment, Article 50 of the Constitución Política, violating the Principle of Environmental Protection, Principle of Prevention of Environmental Damage, Article 4.c of the Ley Orgánica del Ambiente.

14- Regulation 43898 completely dispenses with what is contained in regulation 31849 in its Article 35, where the sending of the EsIAs to other authorities related to construction permits is mandated. It violates the Deregulation Principle and the Principles of Non-Regression and Non-retroactivity of environmental regulations.

15- Regulation 43898, in its Article 41, imposes that different “users” could utilize the forest resources of protected wild areas (áreas silvestres protegidas). It violates the principles of the Principle of non-regressivity, Principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment, Constitución Política in its Article 50, Deregulation, Principle of non-regressivity. In Dubio Pro Natura Principle and Ley Forestal 7575.

16- The Regulation 43898 dispenses with the obligation of the developer to communicate and publicize in a nationally circulated newspaper the environmental impact studies that it is submitting before SETENA; contrary to the previous regulation 31849 in its Article 41, which required it, the new regulation reduces it to a publication on the SETENA website for those purposes. Violating the Deregulation Principles. Principle of regressivity, It violates the right to Information, Principle of non-regressivity, Principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment, Constitución Política in its Article 50, Deregulation, Principle of non-regressivity. In Dubio Pro Natura Principle.

17- Regulation 43898 does not contain Form D-6 mentioned in Articles 24, 25, 26 because Anexo 7, where this Form D-6 must appear, as indicated by Article 24, was not included. Neither does Anexo 9 appear with Form D-4, which is mentioned in Articles 36, 37, 38, 39, 41, 42. It violates the Principles of non-regressivity, Principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment, Constitución Política in its Article 50, Deregulation, Principle of non-regressivity. In Dubio Pro Natura Principle.

18- That regulation 43898, according to its Article 87, was downgraded, and failing to respond to a request for information requested by SETENA is considered a minor offense. Violating the Principles of non-regressivity, Principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment, Constitución Política in its Article 50, Deregulation, Principle of non-regressivity. In Dubio Pro Natura Principle.

19- That the framework of constitutionality and legality does not authorize SETENA to partially or totally delegate the functions that are its own; however, it provides that projects, works, or activities for which the requirement of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) process before SETENA is eliminated, only need to complete the procedure that must be fulfilled in other institutions and comply with the provisions of the Código de Buenas Prácticas Ambientales (E.g., Article 32.c), since it violates the Principle of Legal Reserve and violates the Principle of Non-Regression; SETENA does not have the legal power to give orders to municipalities through a regulation, as they are autonomous entities by constitutional and legal provision (in the Código Municipal). Article 3 transfers to the municipalities the responsibility for everything concerning the issuance of permits for works of very low environmental impact that do not require environmental impact assessments by Setena. This obligation is exclusive to SETENA and has been legally granted to it by Articles 83 and 84 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 3 of the Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Plenaria de la SETENA number 43212-MINAE.

Specific citation of infringed norms or principles

The challenged regulation violates the Principles of:

Principle of Legality enshrined in Article 11 of the Constitution, since the contested regulation disobeys the Ley Forestal, the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley de Biodiversidad, as noted above.

Principle of Hierarchy of Norms, Articles 1, 2, 8 of Law 63 Código Civil, Article 6 of the Ley General de la Administración Pública, the Constitución Política, since the contested regulation disobeys the Ley Forestal, the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley de Biodiversidad, as noted above.

Precautionary Principle or Prudent Avoidance: the challenged regulation nullifies the attitude, the preventive action that SETENA must have to “provide everything that is necessary – within the scope permitted by law – in order to prevent irreversible damage to the environment” (Judgment 14180-10 Sala Constitucional), because without technical or scientific support it allows reducing the environmental responsibilities of developers, which can harm the environment.

Principle of Own Acts: the SETENA Administration, through the challenged regulation, has suppressed, by its own action, the acts it may have issued, the previous Regulation number 31849, which confer subjective rights to individuals, since it comes to reform or eliminate the previous regulation through the reform of the contested Regulation.

Principle of Non-retroactivity and Intangibility of Own Acts: The SETENA Administration came to annul the favorable administrative act established in Regulation number 31849, which exhaustively established stricter environmental regulations, which is a declaration of rights for the administered party—environmental, social, and economic rights. Such action could only occur as a qualified exception to the “doctrine of the non-revocability of own acts favorable to the administered party, or the principle of intangibility of own acts, to which this specialized Chamber has conferred constitutional rank as deriving from Article 34 of the Constitución Política.” Judgment of Sala Constitucional 2186-94, 899-95.

Popular Consultation, it violates popular consultation since there was no due, accessible consultation to reform regulation 31849 through the contested regulation.

Principle of Sustainable Development: the challenged regulation disfavors the human being and nature itself by breaking the regulatory and natural balance that must exist in human populations and the environment or nature.

In Dubio Pro Natura: the contested regulation is completely contrary to the pro natura principle by tearing down previous regulations that protected the Environment to a greater extent, without a prior technical study known to the population and environmental consultants, given that Nature is at the service of Humans, providing essential resources for subsistence and creating an adequate balance to sustain life on the planet.

Principle of Environmental Protection: this principle is violated by lowering environmental regulations, benefiting only the economy of the developers without considering the Environment, lacking “technical and scientific studies with the participation of environmental consultants and the population, as this shall apply when there is a danger of serious or irreversible damage to the environment.” Judgment 17155-09 Sala Constitucional. In this sense, the challenged regulation throws to the ground all precautionary measures to avoid any environmental or personal damage.

Principle of Prevention of Environmental Risk: the challenged regulation allows or does not prevent possible damages or impacts to the environment that could be irreversible, by tearing down regulations that were previously in force.

Principle of Linkage to Science and Technique: the cited regulation came to reform regulation 31849, which contained technically and scientifically based norms, subject to the approval of several institutions, without the reform having a technical-scientific study to support it.

Principle of citizen participation, based on: Principle 1 of the Rio Declaration, Principle 10 of the Rio Declaration, Principle 2 of the Forest Declaration (1992), Article 23, numeral 1, subparagraph a), of the American Convention on Human Rights, Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 3, subparagraph c), of the Convention to Combat Desertification, Article 8, subparagraph j) of the Convention on Biological Diversity, Article 6 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 31 of the same law, which protects the environment through consultations with external environmental consultants of SETENA and the citizenry, since there was not full openness to the citizenry to consult the reform but rather a consultation on a page of the MEIC that is neither accessible nor generally known to the citizenry, nor to consultants; the proposal was not sent by mail to environmental consultants or municipalities.

Principle of Social Justice: the cited regulation fails to comply with the fundamental requirements of equity, proportionality, and reasonableness that must prevail in public norms and acts, since, by degrading the requirements of the previous regulation, as the Environment is a common good of society, the right of others to have a healthy and ecologically balanced environment is being taken away.

IUCN Red List: the challenged regulation did not foresee that an alteration or risk to migratory and native species in danger of extinction (IUCN, 2022) could occur (In total 60 endangered species in Costa Rica https://www.iucnredlist.org/es/search?landRegions=CR&searchType=species).

CITES List of Endangered Species, Costa Rica: the challenged regulation did not foresee that an alteration to individuals and their habitat of species included in the CITES list (CITES, 2017) could occur.

Framework Principles on Human Rights and the Environment, UN (UN, 2018), which protects the rights of citizens to participation, access to information, and protection of environmental defenders.

Escazú Convention (CEPAL, 2018), introduced into the inter-American jurisprudential block by the Inter-American Court of Human Rights, starting from the judgment Baraona Bray vs Chile of November 24, 2022 (Baraona Bray vs Chile, 2022)1, in application of the principle of progressivity of human rights, which protects the rights of citizens to participation, access to information, and protection of environmental defenders.

Aarhus Convention of the United Nations Economic Commission for Europe (UN, Aarhus Convention, 1998), in application of the principle of progressivity of human rights, which protects the rights of citizens to participation, access to information, and protection of environmental defenders.

Claims formulated

Primary

1. Allow the hearing to be held with technical specialists that we will provide for it; the participation of 5 technical specialists is requested.

2.

Declare that SETENA Regulation 43898 MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, published on April 19, 2023 in Supplement No. 65 to Gazette No. 67, is unconstitutional with its consequent effects on the aforementioned articles (articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, 98) and in its entirety by deregulating the prior norm and leaving it without the environmental defenses already cited.

3. Regarding the proceeding, given that this human rights issue in environmental matters is a specialized subject, it is requested that the Procurador attending this case file be a procurator from the environmental area who can present arguments regarding the unconstitutionality claim in an integral manner, based on environmental, human, and constitutional principles, for the benefit of constitutionality."

2.- By resolution at 10:44 a.m. on November 3, 2023, the Presidency of the Chamber processed this action of unconstitutionality and granted a hearing to the Procuraduría General de la República, the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the Ministerio de Salud, the Ministerio de Agricultura y Ganadería, and the Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

3.- Iván Vinicio Vincenti Rojas, of legal age, divorced, attorney, resident of Concepción de Tres Ríos, identity card number 106950983, Attorney General of the Republic, responded to the hearing granted to the Procuraduría General de la República, in the following terms: I. The challenged regulations and the claims of unconstitutionality. The plaintiffs indicate they challenge articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Decreto Ejecutivo no. 43898 of December 21, 2022). Despite citing specific articles, they question the entire Regulation because they consider it constitutes a generalized deregulation and, in the end, they request that the entire norm be declared unconstitutional because, in their view, it deregulates the prior norm and "omits the preventive controls that were established in previous regulations and thereby violates the principle of 'non-regression'; it opens the possibility of irreversible environmental damage occurring and consequently degrades the quality of life." Furthermore, they maintain that the Regulation was not properly consulted, since only a publication was made through a website to which not the entire population has access. Then, for each challenged article, they indicate, in a very brief manner, which principles are deemed violated, but without specifying what the reasons are for considering that violation occurs nor the grounds on which its unconstitutionality is deemed to exist. After listing each article, they indicate that the principles deemed violated are legality, hierarchy of norms, precautionary or prudent avoidance, own acts, non-retroactivity and intangibility of own acts, popular consultation, sustainable development, in dubio pro natura, environmental protection, prevention of environmental risk, linkage to science and technology, citizen participation, social justice, and the IUCN red list. Additionally, they deem violated the UN Framework Principles on Human Rights and the Environment, the Escazú Agreement, and the Aarhus Convention. II. Standing. On repeated occasions, the Constitutional Chamber has recognized the possibility of filing an action of unconstitutionality directly, without needing to prove the existence of a prior matter, when it seeks the defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment (votes nos. 6322-2003, 16937-2011, 18360-2017, 17397-2019, 22735-2020, among others). For that reason, the Procuraduría considers that, by pursuing the defense of diffuse interests, the plaintiffs have standing to file this action of unconstitutionality, in accordance with the provisions of article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (no. 7135 of October 11, 1989). III. On the merits of the action. 1. On the insufficient argumentation of the action. Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (no. 7135 of October 11, 1989) provides that in the brief filing an action of unconstitutionality, its grounds must be set out clearly and precisely, with specific citation of the norms or principles considered infringed. Based on the provisions of that article and in accordance with what the Constitutional Chamber has termed the burden of argumentation, it has been indicated that "in order for an infringement of the Political Constitution to be deemed established and for the unconstitutionality of the challenged norm or act to be able to be declared, with the consequent annulment and expulsion from the legal system, whoever promotes an action of unconstitutionality has the burden of demonstrating how that provision infringes the Law of the Constitution and, furthermore, must indicate why the claim should be upheld." (Voto no. 6202-2021 at 10:05 a.m. on March 24, 2021. In the same sense, see votes nos. 184-1995 at 4:30 p.m. on January 10, 1995, 3249-2021 at 9:30 a.m. on February 17, 2021, and 19041-2021 at 9:20 a.m. on August 25, 2021). Based on the foregoing, it has been indicated that "it is not incumbent upon this Tribunal to review norms ex officio to determine where unconstitutionalities may exist; that task corresponds to the plaintiff." (Voto no. 6202-2021 already cited). In the present action of unconstitutionality, the Procuraduría finds that for the majority of the articles there is no due argumentative effort to demonstrate how the challenged norms violate the Political Constitution, since it is merely indicated what the norm states and which principle or norm is deemed violated. Given that it does not correspond to the Chamber to substitute for this argumentative deficiency, nor does it correspond to the Procuraduría to carry out the missing argumentative work in the filing brief. Thus, we will next refer to what was indicated by the plaintiffs regarding the entire Regulation and each challenged article, with the warning that we cannot analyze beyond what has been set out on each point. 2. On the allegations referring to the entire Regulation. The plaintiffs indicate that the challenged regulation presents a generalized deregulation and omits preventive controls that the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo no. 31849 of May 24, 2004), which was repealed, contained, and that, therefore, the principle of non-regression is violated. The principle of non-regression in environmental matters imposes on the State the duty not to adopt measures, policies, or approve legal norms that reduce the level of environmental protection or guardianship achieved up to that point, unless there is sufficient technical basis for doing so. That is, the application of that principle does not imply an absolute irreversibility or an impossibility of modifying existing environmental norms. In the opinion of the Constitutional Chamber, "all States experience national situations, of an economic, political, social nature or caused by nature, that negatively impact the achievements reached up until then and force a downwards reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels." (Voto no. 17397-2019 at 12:54 p.m. on September 11, 2019). Therefore, if based on that principle it is possible to decrease the level of protection in certain aspects if there are appropriate technical justifications, it is clear that this principle does not translate into the impossibility of modifying, in any way, the existing environmental regulations. In other words, this principle does not imply that the State cannot modify a norm to change the form or procedure under which certain environmental control functions are carried out. Thus, the argument that Decreto Ejecutivo no. 43898 is unconstitutional for violating the principle of non-regression, merely because it repealed Decreto 31849 and established regulations different from those of the former, is not admissible. In applying the principle of non-regression, it would be necessary to determine whether the new regulations modified the prior regime, decreasing the level of protection, without a reasonable technical justification. That is, it is not enough to argue that the Decree modified the existing regime, that it presents a generalized deregulation, and that it eliminated environmental controls that the prior norm did contain. It must be specified which controls were omitted, how that constitutes a decrease in the level of environmental protection, and whether or not there is a technical basis to that effect. Also, it is indicated that the regulation favors the private sector, over the public or the community, but it is not explained how and through which provisions this alleged favoring occurs. The other argument by the plaintiffs directed at the entirety of the Regulation is that it was not correctly consulted before its issuance. However, it is not indicated how it should have been publicly consulted. The Procuraduría is aware that there have been different positions regarding the admissibility of allegations referring to citizen participation in actions of unconstitutionality, but, even in the event that on this occasion it is deemed that this type of allegation is indeed admissible, for claiming the violation of the principle of participation in environmental matters, we consider that the application of that principle does not imply that there are specific and predetermined mechanisms whose disregard implies the unconstitutionality of the norm. That is, the application of the principle of citizen participation in environmental matters would empower the Constitutional Chamber to determine whether, in the process of drafting and issuing the challenged norm, publicity and participation mechanisms were contemplated, but there is no constitutional determination of what those specific mechanisms that must be used are. In that sense, this Chamber has indicated that "our Political Constitution does not enunciate or indicate the mechanisms for participation of the governed in the adoption of fundamental administrative decisions, that is, it does not address that point. The infra-constitutional legal system, essentially legislation, will be what gradually determines those sectors and matters where there should be greater participation." (Voto no. 1163-2017 at 9:40 a.m. on January 27, 2017, reiterated in voto no. 11263-2023 at 2:03 p.m. on May 12, 2023). Consequently, it will be with the information provided by the institutions that have been granted a hearing on this action of unconstitutionality, that it can be determined and assessed whether or not citizen participation in the drafting of the norm was permitted. 3. On each of the challenged articles. It is indicated that article 3° is unconstitutional because it excludes from the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) activities that under the prior regulation required environmental viability (viabilidad ambiental) and because it lowers the maximum thresholds for classifying low, medium, or high impact. Article 3 has eight subsections, but the filing brief of the action lacks a specification of which activities previously required environmental viability and are now being excluded from assessment. It is indicated that subsection 8) favors the expansion of dangerous, polluting, and environmentally destructive agricultural activities, such as aggressive pineapple cultivation, but it is not indicated why this favoring occurs. What is specified is that article 3 reduces the construction area thresholds according to which projects must undergo environmental impact assessment, since it is indicated that in the prior regulation the ceiling was 500 square meters, in the one before it was 300, and in this regulation it is 1000 square meters. On that point, reference is made to the report rendered by the Procuraduría on action of unconstitutionality no. 23-22240-0007-CO, insofar as we indicated that article 4 bis and anexo 2 of Decreto 31849 provided that constructions of less than 500 m2 were excluded from environmental assessment, and, therefore, the constitutionality of the provisions in article 3, subsections 2) and 3), depends on the existence of technical support that led the Poder Ejecutivo to determine that works smaller than 1000 square meters need not be submitted to SETENA's knowledge. If no technical basis exists, those provisions would be contrary to the principle of non-regression in environmental matters, reasonableness and proportionality, and objectivization of environmental protection, and, consequently, article 50 of the Political Constitution. This would translate, in turn, into a violation of the preventive principle, since impacts of activities potentially impacting the environment would cease to be assessed and mitigated. Article 7 is challenged in relation to the general allegation that the Regulation was not publicly consulted. And, specifically, together with articles 3 and 51, it is indicated that it was not consulted with the Municipalities that are directly involved in complying with the regulation, but it is not explained how this eventual lack of consultation violates the Political Constitution. And, in any case, the plaintiffs would not have standing to claim an eventual violation of municipal autonomy, if that is how they consider it. Regarding article 9, it is only stated that it allows some activities not to go through the environmental impact assessment and this violates the principle of non-regression, but that norm actually makes no differentiation between activities, rather it refers to the final environmental classification. It is stated that article 13, together with 98, allows developers of low environmental impact projects to build in environmentally fragile areas, but no explanation is given of how that violates the Political Constitution. In this regard, it should be noted that the prior Decree did not prohibit the development of projects in that type of area, but rather, like this one, established certain limitations and factors that had to be taken into account in the environmental impact assessment. It is questioned that article 15 allows the developer to begin processing authorizations in other institutions even though environmental viability has not been granted and that this violates the principle of deregulation. In addition to not understanding what the principle of deregulation is, it must be noted that this article expressly provides that potential environmental viability entitles the interested party to begin or continue processing steps before other entities and that "the start of activities or concession as defined in this Regulation, could only occur with the granting of the Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), which would be obtained only upon the conclusion of the respective phase of the environmental impact assessment process," that is, the final authorization of the activity, work, or project is subject to environmental viability ultimately being granted. Article 17 is challenged, together with 90, because the plaintiffs consider that the burden of committing crimes is shifted onto administrators, benefiting developers, violating the constitutional principles of good faith and frightening the public official, with what could be called workplace psychological harassment. What those articles provide responds to existing regulations on the responsibility of the public administration and officials in the exercise of their powers, therefore it is not evident how those provisions violate the Political Constitution. Regarding articles 24, 25, and 26, the only allegation is that the regulation did not include anexo 7 containing the form D6 mentioned therein. However, in Supplement no. 65 C to La Gaceta no. 67 of April 19, 2023, Volume III of Decreto 43898 was published, which includes anexo 7, called "Formulario de Presentación del D6-Cuadrante Urbano." Regarding article 32, it is stated that it allows some activities not to go through the environmental impact assessment and this violates the principle of non-regression. That article refers to form D1-C, but it is not indicated how what is provided there violates the Constitution and the principle of non-regression. Regarding article 35, it is indicated that SETENA's control is abandoned once the developer obtains environmental viability, leaving the responsibility with third parties. But it is not explained how what is indicated in that norm violates the Political Constitution, since it is not stated how this subsequent control should be carried out or why what is provided there is insufficient. The plaintiffs challenge articles 36, 37, 38, 39, 41, and 42 because they indicate that anexo 9 containing the form D-4 mentioned therein was not included. In response, it must be indicated that in Supplement no. 65 C to La Gaceta no. 67 of April 19, 2023, Volume III of Decreto 43898 was published, which includes anexo 9, called "Formulario de Presentación del D4-Forestal." Additionally, regarding article 39, it is questioned that it introduces the right to cut 30 cubic meters of trees and extract 10 fallen trees from protected wild areas (Áreas Silvestres Protegidas), without the procedure established in Decreto 31849 being required any longer. In this regard, they reiterate what was stated in the report on action of unconstitutionality no. 23-22240-0007-CO, to the effect that in accordance with articles 28 of the Ley Forestal, 90 of its Reglamento (Decreto Ejecutivo no. 25721 of October 17, 1996) and the Reglamento para trámite de permisos y control del aprovechamiento maderable en terrenos de uso agropecuario, sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica, Oficialización de "Sistema de Información para el control del aprovechamiento forestal (SICAF) (Decreto Ejecutivo no. 38863 of November 11, 2014), and what was indicated in Decreto 31849, no environmental impact assessment is required for timber harvesting in forest plantations, agroforestry systems, individually planted trees, and trees on agricultural lands without forest, but it was expressly required for those cases involving applications for timber harvesting on private lands for agricultural use without forest that are within Áreas Silvestres Protegidas (forest reserves, protective zones, and wildlife refuges) that had not been expropriated, according to the provisions of article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente and the environmental management plan (Decreto Ejecutivo no. 29393 of May 15, 2001), and for the case of trees on State Natural Heritage, in protection areas, in forest areas, or involving prohibited species (article 7, subsections k), l), and m) of Decreto 38863). Article 39 exempts from environmental impact assessment the extraction of standing trees with a commercial volume of less than 30 cubic meters and applications for extraction of harvesting in forest of fewer than 10 fallen trees per property, within Áreas Silvestres Protegidas. In addition to not differentiating whether it concerns scenarios of private properties located within protected wild areas, it does not contemplate environmental impact assessment, in contrast to article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente and the norms previously cited regarding the requirement for that assessment on private lands included in protected wild areas. It is also questioned that article 41 allows different users to harvest forest resources from protected wild areas; however, that provision refers to the possibility that SINAC may consult all D4-Forestal documents that have environmental viability. Article 47 is questioned because, in the plaintiffs' view, it "establishes the institutional obligation to recognize as a single project the union of projects smaller than one thousand meters that do not require environmental impact assessment if they are built on the same property, fostering the illicit fragmentation or subdivision (fraccionamiento) of mega-projects into mini-projects in order to evade the studies, controls, and regulations that a larger project might have." Despite no further explanation being given on this point, it can be noted that subsection 1) of that article refers to the unification of administrative case files, which implies these are projects under review before SETENA; and subsection 2) refers to two projects with granted environmental viabilities. Furthermore, in both scenarios it is established that in the event one or both of the approved activities are not coincident or complementary with the project intended to be carried out, it must also be subjected, in the same act, to a modification process, and subsection 3) indicates that when the project area varies in size due to unification, this must be recorded within the unification document indicating the new area and establishing in all cases the new environmental commitments acquired, with those of the highest environmental assessment instrument prevailing. Finally, regarding articles 87 and 88, they indicate that they reduce sanctions for developers, shift the burdens by imposing criminal sanctions on public officials, and relieve the private developer. By this, they consider the principles of non-regression and deregulation are violated, causing an imbalance of interests. Article 87 establishes which are the minor, serious, and very serious infractions and the corresponding sanctions, and 88 establishes the possibility of dictating precautionary measures in case of breach of environmental commitments. These norms do not establish sanctions for public officials, it is not explained why it is considered that the developer is relieved of responsibility, nor is it detailed which sanctions are being reduced. Thus, it is not possible to discern how those provisions violate the Political Constitution. IV. Conclusions. Based on all the foregoing, in its capacity as advisory body to the Constitutional Chamber, the Procuraduría General de la República considers that: 1. In the brief filing the action, for the majority of the articles there is no due argumentative effort to demonstrate how the challenged norms violate the Political Constitution, since what the norm states and the principles or regulations deemed violated are merely cited. It does not correspond to the Chamber to substitute for this argumentative deficiency, nor does it correspond to the Procuraduría to carry out the argumentative work missing in the filing brief. 2. The principle of non-regression does not imply that the State cannot modify a norm to change the form or procedure under which certain environmental control functions are carried out. Therefore, the argument that Decreto Ejecutivo no. 43898 is unconstitutional merely because it repealed Decreto 31849 and established regulations different from those of the former is not admissible. 3. The application of the principle of citizen participation in environmental matters would empower the Constitutional Chamber to determine whether, in the process of drafting and issuing the challenged norm, publicity and participation mechanisms were contemplated. It will be with the information provided by the institutions that have been granted a hearing on this action of unconstitutionality, that it can be determined and assessed whether or not citizen participation in the drafting of the norm was permitted. 4. Regarding article 3° subsections 2), 3), and 6) and article 39, the criteria rendered in action of unconstitutionality 23-22240-0007-CO is reiterated to the effect that their constitutionality depends on the existence of technical support that led the Poder Ejecutivo to determine that the excluded activities, works, or projects do not require obtaining prior environmental viability. If, from the reports and administrative case files submitted by the other institutions that have been granted a hearing on this action, the existence of those technical justifications is not proven, the action must be upheld with regard to those specific articles, for violation of the principles of progressivity and non-regression, reasonableness and proportionality, and objectivization of environmental protection, and, consequently, article 50 of the Political Constitution. And because this would translate, in turn, into a violation of the preventive principle, since environmental impacts of activities potentially impacting the environment would cease to be assessed and mitigated. 5. Regarding the rest of the articles, sufficient and clear arguments are not presented to allow for an adequate substantive analysis to determine whether or not they are unconstitutional. Therefore, it is not possible to grant the plaintiffs' request to declare them unconstitutional.

4.- Francisco Ernesto Gamboa Soto, Minister of the Ministerio de Economía, Industria y Comercio, appears to respond to the hearing granted, in the following terms: regarding the proposed regulation called: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, it is reported that said regulation completed its process in the Sistema Digital de Control Previo, by its acronym SICOPRE, which included: a) The proposed regulation entered Sicopre for Regulatory Control on November 8, 2022. b) Therein appears the Public Consultation Notice of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) dated November 7, 2022, published on the SETENA website. c) According to the Public Consultation Notice, the regulation was posted for Public Consultation in SICOPRE for a period of 10 days, from November 8 to November 21, 2022. thereby proving that the regulation complied with the legal mandate of public consultation, which is regulated in article 361 of the Ley General de la Administración Pública and in the principles of regulatory improvement of transparency and publicity regulated in article 3 of Decreto Ejecutivo 37045-MP. d) The consultation notice indicates the mechanism for receiving comments within the Sistema de Control Previo, a platform that constitutes an easy-to-use means for interested parties to submit their comments. From the Public Consultation, comments were received from the Cámara Costarricense de la Construcción, the Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), the Cámara de Agricultura, the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), and user Sergio Laprade Coto. e) In the cost-benefit form of the regulation, referring to Section I, CONTROL PREVIO DE MEJORA REGULATORIA, in Section VI.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA, question No. 20 indicates: "20- Were the interested parties or groups consulted for the drafting of the regulation? Circulation of the draft to interested groups or persons and receipt of comments. Inter-institutional consultation. Formation of a working group / Technical committee for the joint drafting of the preliminary draft." f) On November 28, 2022, the Dirección de Mejora Regulatoria issued the Negative Technical Report N° DMR-DAR-INF-0161-2022, which contained 12 observations on the proposed regulation to be corrected, within which no non-compliance regarding the public consultation phase is evident. On that same date, the cited report was notified to MINAE through SICOPRE for its knowledge. g) On December 2, 2022, the proposed regulation was again submitted for the second time for regulatory review. With this submission, a series of response letters from Setena to the institutions that participated in the Public Consultation are attached. h) Within this new submission is also the ACUERDO DE COMISION PLENARIA ACP-070-2022-SETENA. i) On December 16, 2022, the second Positive Technical Report was issued by the Dirección de Mejora Regulatoria, N° DMR-DAR-INF172-2022. Said report was notified to MINAE through SICOPRE on that same date. Through the link https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/2452 link, the actions that the Ministerio de Economía, Industria y Comercio took through the Dirección de Mejora Regulatoria can be elucidated. I request that the present action of unconstitutionality be dismissed, and that Decreto Ejecutivo 43898 -MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC be upheld.

5.- The Minister of Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez, responded to the hearing granted to him, in the following terms: the plaintiffs' vision contrasts with that of the State, inspired by the Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos, No. 8220, coupled with the regulatory improvement process that has been promoted, according to which procedures, formalities, and requirements must be simplified seeking greater speed, effectiveness, and efficiency of administrative activity. This ministry's participation is centered on the perspective of simplifying formalities and regulatory improvement; regarding environmental aspects, it defers to what the competent bodies respond.

Regarding the elimination of the requirement to submit environmental impact studies for construction permits to other institutions, within the idea of improving procedures, if the user indicates that such a study exists and is already on file with another public agency, they should not be required to submit it again. It considers that the publicity of a procedure on the SETENA website guarantees its broad awareness, since the website is fully accessible. With respect to categorizing failure to respond to SETENA's requests as a minor fault, it notes that the developer is interested in obtaining environmental feasibility (viabilidad ambiental) and omitting to respond to the secretariat's requests works to their own detriment, as it could mean not obtaining said feasibility.

6.- Víctor Julio Carvajal Porras, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, stated that as an institutional mission, MAG seeks to promote the dignification of rural families of small and medium-sized producers in rural territories, promoting the development of technical and business management capacities in production systems and agricultural organizations, which promote competitiveness, equity, and social, economic, and environmental sustainability of agricultural activity. It highlights that although it is true that the cross-cutting nature of environmental standards establishes that, in environmental matters, responsibility is shared among the functions of the entire Costa Rican State and its various public institutions, as part of constitutional principles, international law norms, laws and regulations, environmental principles, etc., the Decree referred to in this unconstitutionality action only refers to the direct participation of my represented entity in Articles 3 and 7, which refer to the participation of the Ministry of Agriculture and Livestock and its deconcentrated bodies, through the application of their own regulations, which have their own basis and are the foundation for the development of their substantive and operational activity; therefore, regardless of whether they are included or cited in the articles sought to be declared unconstitutional, it is the duty of my represented entity to continue their application. Furthermore, the principle of environmental non-regression, which establishes that environmental regulations and jurisprudence should not be revised if this means moving backward regarding previously achieved levels of protection, the application of Articles 3 and 7 of the challenged Regulation, in which, as cited, my represented entity is the only participant, does not violate this principle since what is done is to apply established regulations to regulate the performance of activities that, by mandate of Law, are the competence of MAG or its Bodies by reason of their powers. Regarding the precautionary principle, non-retroactivity, intangibility of one's own acts, regulation of human conduct, procurement of the greatest well-being, deregulation, reserve of law, and in dubio pro natura, the issuance of the Regulation in dispute is not violating the principles mentioned, since each of them refers, respectively, to: -The precautionary principle stipulates that when the environmental risks incurred by regulatory inaction are somewhat uncertain but must be addressed, regulatory inaction is unjustified, which translates into the adoption of protective measures before having complete scientific proof of a risk. -The non-retroactivity of the law is a guarantee in favor of the administered, insofar as a norm cannot be given retroactive effect (application of new norms to legal acts, past events or events prior to the law) to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations. A contrario sensu, if the norm favors the person, it can be given retroactive effect. -The intangibility of one's own acts establishes that the Administration cannot revoke acts declarative of rights, except in exceptional cases and through legally established procedures. -The regulation of human conduct is fundamental to public service and refers to the conduct to be followed in a certain situation or regarding other norms of the legal system. -Speaking of procurement of the greatest well-being is a further realization of the Social State of Law in its function of procuring the greatest well-being of its inhabitants. -Deregulation or minimal regulation dictates that an act of the Administration will be considered authorized if the subject, the purpose, and the motive or content are regulated (Article 11 LGAP). -The in dubio pro natura principle indicates that when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures. With respect to the previous definitions, it is not true that any of the aforementioned guiding elements are being violated, insofar as the Regulation was issued so that the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) is more effective and directed at projects that indeed require the implementation of additional environmental measures beyond those already regulated to prevent or compensate for impacts, and in line with that, to provide them with greater controls and more efficient follow-up. Because the formulation and promotion of the implementation of the challenged Regulation was presented and driven by the Ministry of Environment and Energy (MINAE), through the Environmental Technical Secretariat, and the participation of my represented entity, as explained previously, refers to the application of the Laws and Regulations inherent to its ordinary activity, the interpretation and technical response to the claims made by the plaintiff correspond to MINAE and SETENA, with the participation of my represented being limited to its own actions such as the issuance of Veterinary Operation Certificates, Phytosanitary Export Certificates, as well as the application of the Registration System of the Ministry of Agriculture and Livestock, to Certify the condition of small and medium agricultural producer (PYMPA), which, regardless of what is resolved in this unconstitutionality action, must continue to be applied within the ordinary and operative function. With the foregoing, it considers it improper for MAG to refer to technical aspects that are not of direct application and for which the Law and other legal norms do not grant it direct competence for application directly or through its attached Bodies; therefore, in these aspects, it adheres to the technical criteria put forth by the Ministry of Environment and Energy in its response to this unconstitutionality action. It requests that the filed action be declared without merit, especially since the majority of the allegations have already been analyzed by this very Constitutional Chamber, indicating that these facts correspond to the ordinary jurisdiction and not to the constitutional one.

7.- Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, renders the requested report, in the following terms: FIRST: 1. Regarding the competencies of SETENA: They are regulated in Articles 17, 83, and 86 of the Organic Law of the Environment, which state: “Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval, by this body, will be an indispensable requirement to begin the activities, works, or projects. The laws and regulations will indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment. Article 83.- Creation of the National Environmental Technical Secretariat. The National Environmental Technical Secretariat is created, as an organ of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy, whose fundamental purpose will be, among others, to harmonize the environmental impact with productive processes. Article 86.- Efficiency. The National Environmental Technical Secretariat must respond to the needs of efficiency and effectiveness in the analysis of environmental impact assessments, in accordance with the specific, viable, and functional standards for the conservation of the environment oriented towards sustainable development”. Likewise, section 7 of the Biodiversity Law defines the Environmental Impact Assessment: “(…) a scientific-technical procedure that allows identifying and predicting what effects a specific action or project will have on the environment, quantifying and weighting them to lead to decision-making. It includes the specific effects, their global evaluation, the alternatives of greatest environmental benefit, a program for control and minimization of negative effects, a monitoring program, a recovery program, as well as the guarantee of environmental compliance (…)”. In line with the aforementioned Law, the main function of the Secretariat is the Environmental Assessment process within a regulatory framework aimed at ensuring the country's economic development that observes and complies with the principles of environmental balance and thereby achieves the sustainable development imposed by the Political Constitution in numeral 50. It is understood then that SETENA contributes to fostering development in the country hand in hand with environmental balance. Thus, a detailed technical and legal study of the project, work, or activity proposed before the Secretariat is carried out BEFORE its construction or operation, hence the predictive nature of the Environmental License (Licencia Ambiental), and the aim is to be able to impose all those prevention, mitigation, or compensation measures that are necessary so as not to cause irreparable harm to the environment. The Environmental Feasibility (License) is an intermediate act, which establishes whether a project is or is not environmentally viable, and which ensures compliance with the environmental measures necessary for the country's sustainable development. Once the requirement of obtaining feasibility is met, the developer can approach the competent institutions to request the corresponding final permits to be able to carry out the activity, work, or project. The Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore the scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighting them to lead to decision-making and the condition of acceptable balance between a development or activity and the environmental burden it represents, which results in an administrative act that initially approves the entire evaluation procedure of the environmental impacts generated by a specific activity. The entire procedure that environmental feasibility requires to be granted must be completed and fulfilled before starting any project, work, or activity, and this reflects its intermediate nature. The procedures and processes subsequent to the granting of the Environmental Feasibility License are the jurisdiction of other institutions created for that purpose, and therefore, those situations arising from those permits must be analyzed and managed before them. In this regard, the same Administrative Court has referred on several occasions, establishing that Environmental Feasibility is a procedural act without its own effects; for example, it recently referred to the issue in Resolution No. 22-2020-I of February 28, 2020, in which Resolution No. 17-2012-IV is specifically mentioned and cited, which in turn cites Resolution No. 39-2009, establishing that: “(…) Environmental feasibility is part of an entire authorizing administrative procedure, in which the act under study is configured as a prerequisite for the final act, be it the construction permit in the case of works or the license, permit, concession in the case of an activity; and it is precisely for this reason that said section in both precedents decides to maintain that as such the act is neither final nor has its own effects, (…)”, “(…) it is worth transcribing literally and it corresponds to part of Considerando VI of Resolution 39-2009-VI which in this regard affirms: “Seen this way, it is an act that culminates the analysis in the environmental venue, which must be taken into account in the final decision, for the purposes of understanding that variable, but which does not limit the authorizing act in the edges of its content. Even, this Court considers, the authority issuing the authorization could impose additional conditions to those foreseen in the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), provided they are reasonable, justified, and proportionate. That instrumental character with respect to the main process that allows, as a final effect, the exercise of the activity or work, eliminates the possibility of it being considered a final act or, in the last case, a procedural act with its own effect (unless the final act were a denial, in which case, its judicial challenge is fully feasible). This, coupled with the impossibility of it having effects in material reality, makes it impossible to consider it as a definitive final resolution appealable in judicial venue. The fact that this act is the result of a procedure in which analyses, consultations, reports, etc., have been given does not lead to it being considered as having possible direct jurisdictional reviewability, since, ultimately, it is a formal logical structure, necessary to arrive at determining the feasibility of the proposal in environmental terms, which only makes sense for the purposes of issuing the authorization in another procedure. On the other hand, the technical specialty of SETENA does not transmute this non-definitive or procedural nature, as it is not a criterion that autonomously allows considering an act as appealable (…)”. In accordance with the foregoing, SETENA must operate efficiently, as established by the Organic Law of the Environment, and it is in relation to that order that it has been working over the last few years to optimize its functioning and seek that its actions are truly efficient in the Assessment, Control, and Follow-up of those projects that, due to their possible environmental impact, require additional environmental measures that must be supervised by SETENA. 2. Regarding the cross-cutting nature of environmental standards: Competence in environmental matters is shared within the functions of the entire Costa Rican State and its various public institutions, as part of constitutional principles, international law norms, laws and regulations, environmental principles, among others. The foregoing responds to a regulatory evolution that has been developing and has strengthened the State's environmental control, both of the Public Administration and judicial instances, each with a regulatory framework that allows exercising the granted legal powers and the guardianship and defense of the right to a healthy and balanced environment. In line with the above, it can then be understood that within the legal framework that oversees the country's development and environmental protection processes, norms from other entities are included, such as the Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture, or the Ministry of Public Works and Transport, among others, which establish guidelines and obligations corresponding to the base environmental measures that any administered person who wishes to initiate some type of development in the country must comply with and observe, clearly depending on the type of activity, work, or project to be carried out. Hence the cross-cutting nature of the environmental issue at the State level, because it is not only SETENA that must have norms ensuring compliance with environmental principles and observance of environmental protection, but other institutions have had to adapt by applying norms that strengthen that function of sustainable development and environmental protection; and the foregoing does not mean that those other institutions perform the Environmental Impact Assessment, but that their regulations and the obligations imposed on the administered person are sufficient for the follow-up of certain projects, such as those with low environmental impact. With the explanation set out above, what is intended is to understand that beyond SETENA's own norms that regulate the Environmental Impact Assessment, there are other institutions that have the legal tools for basic environmental control, aimed at environmental protection in the face of development and which are mandatory; without omitting that they are also within the regulatory framework of entities that are responsible for granting final permits. This was recognized by the Constitutional Court through vote No. 17792-2019, in which it indicated, citing judgment number 2017-5994, of 11:00 a.m. on April 26, 2017, that it leaned towards endorsing the constitutionality of what was established regarding very low environmental impact projects and clearly stated its position, as can be seen from the following excerpts: “VI. […] In the opinion of this Chamber, the following distinction must be made regarding the excluded activities, on one hand, those indicated in subsection 1) and, on the other hand, those excluded in the rest of the subsections. This is because the plaintiffs' arguments are directed particularly at challenging subsection 1). The following clarification is necessary due to what was indicated by the Attorney General's Office in its report. Said subsection must be understood in accordance with what is established in the first paragraph of said article, that is, it concerns activities in operation with very low environmental impact, which certainly do not require – according to the norm – to process an Environmental Impact Assessment (EIA) before SETENA, but which, however, will be subject to other environmental controls – as the same norm indicates – such as those established by the Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Public Works and Transport, and the Ministry of Environment and Energy, and others with legal powers; as well as with what is established in the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004, published in La Gaceta 217 of November 5, 2004, or with any voluntary mechanism to improve environmental performance. So it is the norm itself that establishes that, although they do not require an EIA, this does not mean they are excluded from environmental control. Note that the plaintiffs confuse the definition; it is not that merely by being activities in operation this makes them have very low environmental impact, but rather that the subsection does not refer to any type of activity in operation, but only to those activities in operation defined as having very low environmental impact. Thus, regarding the claim of unconstitutionality of Article 4 bis of the challenged Regulation, the action must be declared without merit regarding subsection 1 of that norm”. 3. Regarding the Principle of Environmental Non-Regression: This principle establishes that environmental regulations and jurisprudence should not be revised if this implies moving backward regarding previously achieved levels of protection, and as is otherwise recognized by this honorable Chamber, it has been clear that it also does not imply that it is understood in absolute terms, and the Chamber itself has recognized this, for example in vote No. 13367-2012 of December 21, 2012, which establishes: “(…) it cannot be understood in absolute terms. The reduction of a certain level of protection is possible if there is technical and scientific support that guarantees that no relevant lack of protection of the environment occurs, and always provided that the parameters of proportionality and reasonableness that this Chamber has defined in its jurisprudence are satisfied. Now, the first thing to determine is whether a certain regulatory modification diminishes the level of protection. In this sense, it must be kept in mind that not every modification of environmental regulations that formally presents itself as a reduction in the level of protection must be considered a violation of the principle of non-regression in environmental matters. (…) This principle does not suppose absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to acts of nature, which negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law, the Constitution, and the principles under examination obligate us to justify, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels.” Vote 5994-2017 of April 26, 2017, also states: “(…) (…) Before examining each of the plaintiffs' arguments, it is necessary to recall the relevance of Environmental Impact Studies, and to determine, for this specific case of analysis, the scope of the principle of non-regression in environmental matters, in order to conclude that not every modification of environmental regulations – as the plaintiffs seem to insinuate – must be considered a violation of such principle. Starting from the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, contained in Article fifty of the Political Constitution and principle number fifteen of the Rio Declaration, United Nations Conference on Environment and Development, as this Chamber has examined in previous jurisprudence (see Resolution number 2014-004243), it has equally been recognized the so-called ‘precautionary principle in environmental matters’ or ‘in dubio pro natura principle’, whose observance implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive issues are carried out with due care to avoid risks and damages that are impossible or difficult to repair. From the foregoing, it follows that the administration must have negative certainty that the environment will not be affected under any assumption, from which it follows that, in case of doubt about the occurrence of a risk, the administration has the obligation not to authorize or carry out actions, or to immediately cease, the administrative activity causing the danger. In other words, if it lacks scientific certainty about the harmlessness of the activity, the administration must refrain from carrying out activities with negative environmental impact; given scientific uncertainty about the harmlessness or benefit of the actions, the administration is prevented from granting authorizations or performing its own acts that give rise to situations of environmental risk. In this sense, carrying out Environmental Impact Studies stands as a principle that must be duly observed and applied, to the point that in a gradual and progressive manner – as corresponds in the field of human rights – the legislation itself and this Chamber's own jurisprudence have outlined the importance and necessity of having this type of evaluations duly carried out prior to carrying out certain types of works. Now, regarding the principle of progressivity, which is alleged by the plaintiffs in all their arguments (…). Hence, it can be concluded that not just any modification of environmental regulations necessarily implies a reduction in the protection of the right to the environment. This must be substantiated. Likewise, not every modification, which is not sufficiently broad, should be interpreted as an unconstitutionality by omission. The desirable does not make the norm that does not approach it unconstitutional. Indeed, all legal norms are perfectible, but the fact that they approach or depart from a criterion of perfect or desirable does not make them unconstitutional (…)”. Corollary to the foregoing, SETENA, through official letter SETENA-SG-1123-2023 signed by the Secretary General of SETENA, indicates: “(...) Executive Decree No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC was created with the purpose of complying with the efficiency obligation ordered by the Biodiversity Law, given that this new regulation seeks to legally and technically adapt the Environmental Impact Assessment processes to the current reality, which both nationally and internationally has undergone important evolutionary changes, with new policies and technologies that require adapting the environmental variables and the oversight and follow-up to said changes; seeking that, while applying the Assessment correctly, the State obligation to facilitate procedures for the administered person without legally unprotecting the country's natural capital is also taken into consideration (Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures No. 8220 and its amendments). It is in this line that for the so-called low environmental impact projects or Environmental Registrations (Registros Ambientales) it was determined that, given that SETENA does not generate additional value in terms of environmental measures, technical studies, or instruments for environmental control and follow-up, but rather the base or normative measures that other institutions and entities impose are applied, it was determined that for compliance with said regulations it was not necessary to register them with SETENA. This is because, as already explained, due to the type of projects, their low environmental significance, and because the environmental measures are already regulated, only the environmental measures provided for in other norms are applied to them, while SETENA adds no additional value because it does not request any additional measure beyond those to which they must adhere, and therefore cannot generate any act of additional value in the event of non-compliance (for example, the execution of the environmental guarantee because these projects do not provide an environmental guarantee). This Constitutional Court, in the aforementioned resolution, number 2017-5994, of 11:00 a.m. on April 26, 2017, indicated: (…) “The determination of in which cases an environmental assessment is appropriate or not is a matter determined by laws and regulations, under the general criterion that human activities that must be environmentally assessed are those that alter the environment to a significant degree such that said assessment is necessary. It corresponds to the ordinary jurisdiction to examine the technical and scientific support that the challenged decree used to proceed with said modifications. Thus, regarding the claim of unconstitutionality of Annex 2 of the challenged Regulation, the action must be declared without merit.” (the highlighting in italic font does not belong to the original) These low-impact projects are required to comply with the Code of Good Environmental Practices and the applicable norm, according to the type of project, which is overseen by some other entity, and in case of non-compliance, there are the Environmental Prosecutors, the Contentious-Administrative Court, the Environmental Administrative Tribunal, or the Ministry of Health as oversight entities that can order some sanction or measure against the administered person who failed to comply. And those norms that apply to them are sufficient for their environmental control and oversight; it is for this reason that, for the issuance of the new Regulation for Environmental Assessment, Control, and Follow-up, these aspects were assessed, and it focused its efforts efficiently and effectively on those activities, works, or projects that, due to their characteristics and greater environmental impact, do require the application of the Environmental Impact Assessment and therefore environmental follow-up by SETENA, the adoption of additional environmental measures, and the oversight of their compliance by the Secretariat. This decision was made based not only on technical and scientific analyses but on practice and experience itself, and evolution over the years has shown that no additional added value is generated by registering these projects with SETENA. In this line, it was determined that it is necessary for the Environmental Impact Assessment to focus more on those projects where, based on a combination of the environmental fragility conditions of the areas where development is desired and according to their magnitude, the necessary additional environmental measures and environmental commitments are established, and efficient follow-up of them is ensured to mitigate significant negative environmental impacts, through a greater emphasis on the part of oversight and environmental follow-up, field inspections, and review of the responsibilities of environmental managers. This is with the aim of directing institutional efforts toward overseeing higher-impact projects, since those with low environmental impact, I repeat, are covered by the regulations and competencies of other administrative and judicial entities. In line with the foregoing, it is demonstrated that there is no violation of the principle of environmental non-regression because there are indeed other norms that apply to these projects that do have jurisdiction, as well as both administrative and judicial instances to which one can turn in the event of non-compliance with those norms.

With which it is concluded that there is no environmental lack of protection insofar as the existing rules for those low-impact projects imposed by other institutions have been and must be applied, and therefore what this Chamber, as cited supra, has indicated in explaining that environmental regression cannot be understood in absolute terms is fulfilled. The regulatory part of the Regulation under analysis is clear in stating: “IX. That from a technical point of view, this new EIA regulation considers the evolution and transformation in terms of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) processes that have been determined worldwide and in the country, where there are new environmental variables to contemplate within the EIA processes, moving towards policies based on compliance with sustainable development objectives, and with new available technology, establishing technical and legal requirements, specific to the EIA processes, delimiting institutional competencies, and consistent with the moment in which the EIA is applied for the formalization of an activity, work or project in Costa Rica, generating legal certainty and reducing review periods in full adherence to the Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures No. 8220 of March 4, 2002 and its amendments. X. That it is necessary for the Environmental Impact Assessment to focus more on the fragility conditions of the areas where projects are intended to be developed, rather than on the magnitude of the projects, establishing environmental measures that mitigate significant negative impacts, with a model that gives greater weight to environmental monitoring with field verification and greater responsibility to the environmental managers who prepare the EIA processes.” 4. Regarding the Precautionary Principle, non-retroactivity, intangibility of one’s own acts, regulation of human conduct, pursuit of the greatest well-being, deregulation, legal reserve, and in dubio pro natura: The precautionary principle stipulates that when the environmental risks incurred by regulatory inaction are somewhat uncertain, but must be addressed, regulatory inaction is unjustified, which translates into adopting protective measures before having complete scientific proof of a risk. The non-retroactivity of the law is a guarantee in favor of the governed, insofar as a norm cannot be given retroactive effect (application of new norms to legal acts, past facts, or events prior to the law) to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations. A contrario sensu, if the norm favors the person, it can be given retroactive effect. The intangibility of one’s own acts establishes that the Administration cannot revoke acts that declare rights, except in exceptional cases and through legally established procedures. The regulation of human conduct is fundamental to public service and refers to the conduct to be followed in a certain situation or regarding other norms of the legal system. When speaking of the pursuit of the greatest well-being, it is a further realization of the Social State of Law in its function of procuring the greatest well-being for its inhabitants. Deregulation or minimal regulation dictates that an act of the Administration will be considered authorized if the subject, the purpose, and the motive or content are regulated (Article 11 of the General Public Administration Law, LGAP). The principle in dubio pro natura indicates that when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures. With respect to the previous definitions, it is not true that any of the aforementioned guiding elements are being violated, insofar as the Regulation was issued so that the Environmental Impact Assessment is more effective and directed at projects that actually require the implementation of additional environmental measures beyond those already regulated to prevent or compensate for impacts, and along that line, that they be provided with greater controls and more efficient monitoring. It proceeds below to explain technically and legally why this is so in light of each allegation filed. SECOND. On the merits: Article 136 of the General Public Administration Law No. 6227 empowers the Administration to motivate its acts through explicit or unequivocal reference to the motives of the petition of the governed or to prior opinions that have actually determined the adoption of the act. Likewise, Article 302, subsection 1) of the same regulatory body establishes that technical opinions of any type from the Administration shall be entrusted to the public bodies expert in the branch in question. Therefore, in order to address this petition, a report was requested from the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) of this Ministry. Given this situation, through official communication SETENA-SG-1123-2023 dated November 20, signed by the Secretary General of SETENA, the arguments raised in the unconstitutionality action against Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC called the Regulation for Environmental Assessment, Control and Monitoring are set forth, which indicates: 1. Regarding the claim that Article 3 of Decree 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC violates the principle of non-regression: The petitioners' position is incorrect because category C activities, works, and projects did not actually undergo an environmental impact assessment; an Environmental Viability License was not obtained; it was a REGISTRATION, with purely administrative and not technical requirements. Likewise: a) Category C low-impact projects were not submitted to an Environmental Impact Assessment to obtain an Environmental Viability (Viabilidad Ambiental); they only obtained a registration before SETENA, as was regulated by the Reform of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, No. 41815-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, of June 25, 2019; b) Decree No. 43898 maintains the thresholds for category C AOPs (actividades, obras o proyectos), for construction of less than 1000m2 and up to 999 m3 of earthworks (movimiento de tierra), just as Executive Decree 31849 was reformed through Decree No. 37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, to the Environmental Assessment Regulation, which were not submitted to an EIA; they only obtained an environmental registration; c) Executive Decree 43898 did not raise the thresholds; it is not deregulating several classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, only to a registration; d) Nor is the threshold changed for AOPs of more than 1000m2, which are AOPs that require submitting to the EIA and Environmental Monitoring; e) Likewise, SETENA maintains in the current decree what was established in the previous decree, 31849-MINAE, that for category C projects, with a threshold greater than 500m2 and less than 1000m2, and which are located in an environmentally fragile area defined in Article 98 of this regulation, they do require submitting to an Environmental Impact Assessment to obtain an Environmental Viability License approved by the Plenary Commission of SETENA; f) Responsibilities in EIA matters are not being given to other entities; what is being done is exempting some activities from EIA, but these maintain environmental controls by other institutions, always within their legal powers; g) It does not lower the maximum thresholds for classifying activities as low, medium, or high impact, as can be observed in Executive Decree No. 43898, in its Article 7. On the other hand, it must be considered that the Comptroller General of the Republic, in its study No. 04-PFA “Audit of the 2000 Environmental Impact Assessment,” concludes: “(…) that entity is not being efficient and effective in its management of preliminary environmental assessment, monitoring, and follow-up processes, as it is diverting its resources into the assessment of many projects with little environmental impact...” “...the excessive workload saturates the response capacity of SETENA, since, by attending to activities of little environmental relevance, it diverts economic, human, and technical resources that could be used more profitably on activities and projects to be developed that represent greater risk to the environment (…)”. That is, the controlling body itself calls on SETENA to prioritize the environmental impact assessment on those activities, works, or projects (AOPs) that represent a greater risk to the environment and not to divert its resources to AOPs with little environmental impact that have their own regulatory framework, for whose compliance the intervention of this secretariat is not necessary. Based on this report, the Executive Branch initiated an analysis process to filter the number of projects entering SETENA, in order to prioritize those that did represent a greater risk to the environment. This prioritization process for EIA processes was even ratified by the Constitutional Chamber itself, under case file 01-002886-0007-CO, where the following was indicated via Vote No. 01220-2002: “It is not meant by this that the Executive Branch cannot, through regulatory means, determine based on precise technical studies that a specific activity or project does not require environmental impact studies, but this implies that such a definition must be duly motivated and justified.” For this reason, since the implementation of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, and now with the implementation of Executive Decree No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, SETENA indicated which projects required processing an Environmental Impact Assessment (EIA) and those that did not. This is consistent with what is established by the Organic Environmental Law No. 7554, which indicates in its Article 17 the following: “(…) Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. Laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment (...)”. Note that from the very law that creates the environmental impact assessment, it is made clear that laws and regulations will be the ones to indicate which activities, works, or projects must require the EIA process; therefore, Article 3 as such of Decree No. 43898 is not unconstitutional, as this norm is a mechanism provided for in the law to determine what must be processed by the National Environmental Technical Secretariat. Regarding the exclusion of AOPs from the Environmental Impact Assessment (EIA), according to subsection 4 of Article 3 of Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it must be clarified that since 2008, the Plenary Commission of SETENA, through agreements and resolutions (Resolutions No. 583-2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018), has established activities of very low environmental impact that do not require submitting to the EIA. And what Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does, through its Anexo 2, is to regularize, via decree, the activities that via administrative resolution had already been defined as not requiring submission to the EIA, as they are activities of very low environmental impact and, furthermore, are already amply regulated and controlled via regulation by other institutions that, although they do not have the function of conducting the EIA, have the obligation to carry out environmental controls as part of their competencies. Thus concluding that no impairment of the environmental right to a healthy and ecologically balanced environment that this Tribunal must correct is observed, and therefore the filed unconstitutionality action was declared without merit. 2. Regarding that Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC was not duly consulted in its creation: The petitioners' position is incorrect. It should be noted that for the drafting of the new Regulation (Executive Decree 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), SETENA conducted a review and analysis of the previous decree proposals RECSA and the Environmental Impact Assessment Regulation, which were made known in the Joint Advisory Technical Commission for Environmental Impact Assessment, created by Article 121 of Executive Decree No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, of May 24, 2004, and in the Mixed Technical Advisory National Commission of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), Decree No. 40505-MINAE, dated July 28, 2017. Furthermore, the National Environmental Technical Secretariat, starting in 2018, initiated a strengthening and transformation process based on 3 axes of action: Process Reengineering, Digital Transformation, and Regulatory Modernization. As part of the technical and legal support for the reform, work was done from 2019, hand in hand with PROCOMER, within the framework of the Single Investment Window (Ventanilla Única de Inversión, VUI) project, in Kaizen events. These workshops had broad participation from experts, both internally from SETENA and external actors, including environmental consultants and consulting firms from both the private and institutional spheres, where an exhaustive analysis was carried out of the decrees regulating the Environmental Impact Assessment (EIA), of the technical studies that are the baseline for the EIA, and of the environmental assessment instruments with the purpose of simplifying procedures and improving the legal certainty of the governed, as well as the technical content of the studies to seek a balance between AOPs and the environment. This reform complied with the entire official public consultation process through the Prior Control System (SICOPRE), of the Ministry of Economy, Industry and Commerce (MEIC), according to Article 361 of the General Public Administration Law No. 6227, the Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures No. 8220, and concordant regulations, a process which can be consulted in said system, through form number 2452. More than 20 entities participated in the public consultation process; approximately 172 observations were received, of which SETENA performed the technical and legal analysis, and accepted 34%, partially accepted 15%, and did not accept 51% of the observations presented. 3. That Regulation 43898 does not take into account that approximately 50% of the country's cantons lack regulatory plans (planes reguladores) and only 6 have knowledge of their areas of environmental fragility: On this matter, the Secretariat must indicate that the topic of Strategic Environmental Assessment is indeed considered by the institution; however, this topic is not part of the scope of Decree 43898, given that the regulation governing the integration of the environmental variable in regulatory plans has been regulated in Decree No. 32967, which is in force. Furthermore, it must be clarified that the responsibility for having regulatory plans with the environmental variable incorporated is the responsibility of each municipality. Regarding the allegation that Decree 43898 does not take into account that 50% of the country's cantons lack regulatory plans and only 6 are aware of their environmental fragility, the statement is not correct, because regarding environmental conditioning factors such as public domain watercourses, wetlands, forest covers (coberturas boscosas), natural hazards, among others, a geospatial verification can be carried out to visualize and identify special geo-environmental elements and conditions of the specific site where the project is intended to be developed, as well as its environmental surroundings, and also to verify aspects of vulnerability. The use of official geospatial viewers and layers from various public entities of the country, such as: the Water Directorate, the Geology and Mines Directorate, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalities (those that have them), and many others, can be consulted both by the general public and by other public entities in the country; therefore, it is important to make it clear that the geospatial information and data used by SETENA to carry out its geospatial verification process of AOP case files come from all these public sources and platforms, without this causing a detriment to Developers regarding projects submitted to different institutions for obtaining permits. On the contrary, the use of these public inputs corresponding to official layers, viewers, and data serves to reinforce the planning process for generating permits by the different institutions involved in the permit generation processes. Furthermore, it is important to consider that Executive Decree No. 37773-JP-H-MINAE-MICITT, corresponding to the official repository of geospatial layers and data for Costa Rica, whose platform is called the SNIT Viewer of the National Registry, states in its Article 3, Point E, that one of the specific objectives of said platform is “to give access, whether free or onerous, to the public territorial information contained in the system to all citizens as well as to public entities and bodies, whether or not they are providers of territorial information for the system, thereby fostering the democratization in the use of territory information at all levels of society”; Therefore, the allegation raised by the appellant is not correct in saying that if there is no Approved Regulatory Plan, there is no knowledge of the environmental conditioning factors for the different cantons of the country, because, as already detailed in the preceding paragraphs, there is official, updated, available, free, and open information for decision-making by all institutions and the country, and it is used by the Municipalities for the preparation of Regulatory Plans and for obtaining the Environmental Variable according to what is established in Decree No. 32967. On the other hand, Decree 43898, in its Article 98, maintains the Environmentally Fragile Areas, and by their nature, they are divided into two main groups: a) those areas for which the State has defined a special use regime (defined legal and technical framework); b) the geographic spaces that show technical and environmental limitations for their use. Finally, SETENA does NOT transfer the obligation to process EIA procedures to other institutions, because what the norm indicates is that activities, works, or projects of very low potential environmental impact, indicated in this article, must not process an Environmental Impact Assessment before SETENA. However, they will be subject to the environmental controls established by the Municipalities, the Ministry of Health (MINSA), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the State Phytosanitary Service (SFE), the National Animal Health Service (SENASA), the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and other entities with legal competencies; as well as with what is established in the Code of Good Environmental Practices, Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004, or with any voluntary mechanism to improve environmental performance. So, what the norm indicates is that even though some AOPs do not require an EIA, the State, through other entities, will have the obligation to carry out, according to their competencies, the corresponding environmental controls, obligations which are also not new. The Constitutional Chamber itself has already indicated this, by establishing that the municipalities of our country play an important role in the protection of the environment and health. Specifically, the following has been established: “(…) There is an obligation for the State -as a whole- to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the governed. In this task, public institution is understood to mean both the Central Administration -Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health-, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter, such as, for example, the General Directorate of Wildlife, the Forestry Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA)-, as well as decentralized institutions such as the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), SENARA, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Likewise, in this task, the municipalities have great responsibility regarding their territorial jurisdiction (…)”. (Resolution No. 17552- 2007 of 12:22 p.m. of November 30, 2007, reiterated, among others, in Resolution No. 16167-2013 of 9:05 a.m. of December 2013). With respect to the specific role of Municipalities in the environmental control of their territory “(…) The role of municipalities in environmental matters. In accordance with the foregoing, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, have within the scope of their competencies and obligations a high dose of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements that accredit adequate environmental management before other instances of public power is demanded, or through regular inspections and channeling of risk situations to the instances with greater intervention competence. It has already been established that local governments are bound by the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are certainly important actors in the task of protecting the environment (...)”. (Constitutional Chamber, Vote No. 18471-2008 of 18:29 hours of December 11, 2008). 4. Regarding that the content of Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC presents a generalized deregulation: As for Article 3, the response is considered addressed in the first allegation presented; this regulation excludes activities, works, and projects of low environmental impact that did not undergo an EIA according to the previous norm; what they presented was a Registration, with purely administrative and not technical requirements; they did not obtain an Environmental Viability granted by the Plenary Commission. Regarding the exclusion of AOPs from the Environmental Impact Assessment (EIA), according to Article 3 of Executive Decree No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it must be clarified that since 2008, the Plenary Commission of SETENA, through agreements and resolutions (Resolutions No. 583-2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018), has established activities of very low environmental impact that do not require submitting to the EIA. And what Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does, through its Anexo 2, is to regularize, via decree, the activities that via administrative resolution had already been defined as not requiring submission to the EIA, as they are activities of very low environmental impact and, furthermore, are already amply regulated and controlled via regulation by other institutions that, although they do not have the function of conducting the EIA, have the obligation to carry out environmental controls as part of their competencies. Additionally, it is not true that the obligation to undergo environmental impact studies is eliminated in some cases by Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, since Article 7 of the mentioned decree establishes the AOPs subject to the presentation of an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) or the EIA, according to specific laws, or to international conventions signed by the country. 5. That the current regulation favors the expansion of dangerous, polluting, and destructive agricultural activities for the environment, such as aggressive pineapple cultivation: It is pointed out that the foregoing is not correct for the following reasons: agricultural activities are not excluded from the EIA; they form part of the list of activities that require submission to the EIA (Anexo 1, Decree 43898), as in the previous regulation (Decree 31849-MINAE). The agricultural activities that do not require submission to the EIA are those that have had prior activity on the property, based on the fact that the EIA is predictive. For existing activities or those in operation, they may obtain an environmental permit by submitting an Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental, EDA) to SETENA in accordance with what is established in the current Decree No. 42837-MINAE. Regarding the claimants' indication that the referred Article 3 reduces the thresholds for construction areas, and that in the previous regulation, No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the ceiling was 500 square meters and, in this regulation, No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it is 1,000. Below that limit, developers do not have to undergo environmental impact studies, the previous claim is not correct for the following reasons: • Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC maintains the thresholds for category C AOPs, for construction of less than 1000 m2, just as Executive Decree 31849 was reformed through Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, to the Environmental Assessment Regulation, which were not submitted to an Environmental Impact Assessment; they only obtained an environmental registration. • Executive Decree 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC did not raise the thresholds; it is not deregulating several classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, only to a registration. • Nor is the threshold changed for AOPs of more than 1000 m2, which are AOPs that require submitting to the EIA and Environmental Monitoring. • Likewise, SETENA maintains in the current decree what was established in the previous decree, Executive Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, that for category C projects, with a threshold greater than 500 m2 and less than 1000m2, and which are located in an environmentally fragile area defined in Article 98 of this regulation, they do require submitting to an Environmental Impact Assessment to obtain an Environmental Viability License approved by the Plenary Commission. 6. That Article 9 of the regulation eliminates in some cases the obligation to undergo environmental impact studies, which violates the principle of non-regression: This is not true, because this article establishes the final environmental rating through the Significance of Environmental Impact (Significancia de Impacto Ambiental, SIA) to specify the Environmental Impact Assessment Instrument, which can be a Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA), an Environmental Management Plan Forecast (Pronóstico Plan de Gestión Ambiental, PPGA), or an Environmental Impact Study (EsIA). This does not vary with respect to how it was done under the previous Executive Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, and which was established in its Article 19. The claimants indicate that Article 32 of this EIA regulation eliminates in some cases the obligation to undergo EIA (environmental impact studies), which violates the principle of non-regression. However, what Article 32 refers to are those low-impact activities that do require an Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental, LVA), when they are activities contemplated in Anexo 1 and located in the environmentally fragile areas defined in Article 98. Here it must be indicated that SETENA, even though there are low-impact AOPs that in principle do not require an EIA, has determined that there are exceptions to the rule, in order to regulate those AOPs that, due to being located in fragile areas, do require an EIA process, noting that all AOPs greater than 500 m2 would fall under this, and pointing out also that those that do not require the EIA will be subject to complying with all the environmental regulations in force in the country, and the Municipalities will be responsible for requiring them to comply with the Code of Good Environmental Practices, Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004. 7. Regarding that Article 39 of this EIA regulation eliminates in some cases the obligation to undergo EIA (environmental impact studies), which violates the principle of non-regression: Regarding this article, the first thing that must be clarified is that SETENA does not grant forest harvesting (aprovechamiento forestal) permits; this is an exclusive competency of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), which must continue to observe the regulations in this matter to approve the forest harvesting permits submitted as a procedure by the public.

The requirement of Environmental Viability (License) for this type of timber harvesting indicates in its Article 36 the following: "The D4 Forestry form is created for the assessment of environmental impacts, for which the D4 form indicated in Annex 9 of this regulation must be completed. This form contemplates the assessment of environmental impacts generated by the forestry activity of timber harvesting in forests within Protected Wild Areas, when there is no express prohibition for it." As can be observed, the article does not open the possibility for harvests contrary to existing forestry regulations, as it makes clear that the process is possible as long as there is no express prohibition for it, so it is evident that it is not attempting to deregulate existing regulations and that decrees such as 25700-MINAE remain in force and must be complied with by entities and users in general. Additionally, regarding some activities that do not require an EIA, such as the harvesting of 10 fallen trees, it must be clarified that this decision is consistent with the provisions of Executive Decree No. 40477-MINAE, Regulations for the harvesting and extraction of wood from naturally fallen trees in private forests, which in its Article 1 establishes the following: "This Decree aims to establish the regulations for the harvesting and extraction of sawn wood from naturally fallen trees in forests on private property duly registered in the Property Registry or by legally accredited possessors in accordance with the provisions of Article 89 of the regulation to the Forest Law (Ley Forestal). It is the responsibility of the regional and subregional offices of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) in their capacity as State Forest Administration (Administración Forestal del Estado, AFE) to evaluate and process requests for the harvesting and extraction of fallen wood in private-property forests." Furthermore, through its articles 4, 5, and 6, it establishes the requirements for this activity, where the requirement for environmental viability is not included. In addition, Article 8 states the following: "Article 8. Provisions for the harvesting of fallen wood in the forest. 1) The AFE official must verify in the field the condition of the fallen tree requested to determine if it fell from natural causes, determine its diameter, length, and species, and if it is located in primary or secondary forest. 2) If there are primary roads established in previous Management Plans that still persist with their due maintenance, they must appear on the base map, along with the georeferenced fallen trees. The above information shall be presented on a base map at an appropriate scale, according to the contour of the cadastral plan. 3) Under the precautionary principle, any log or stem of a fallen tree that is evidently being used as a den or refuge by wild birds or mammals shall not be counted within the material to be extracted and must remain in that same condition. 4) No log stacking yards may be established within the forest or in protection areas, on slopes, at springs (nacientes), in riverbeds, or permanent streams. 5) Under no circumstances will sawing in streambeds and rivers be permitted. 6) The opening of new roads or trails within the forest is prohibited, as well as the removal of successional vegetation that has established itself on abandoned paths. 7) Fallen wood within the protection areas defined by Article 33 of the Forest Law No. 7575 may not be extracted unless, by technical criteria issued by the AFE upon recommendation of the Forest Regent (Regente Forestal), its extraction is defined to avoid risk situations that could cause harm to human life. Trees are excepted where, due to their length, part of the stem falls in protection areas or over a riverbed, for which the location of the tree base will be considered. 8) The extraction of wood must be carried out only in dry periods or periods of very low precipitation, without altering the current conditions of trails and internal and external roads, causing the least possible impact to the forest. 9) Any damage caused to roads must be repaired by the property owner carrying out the harvest." From the aforementioned Article 39, it is concluded that it is not true that there is deregulation or regression, because specific regulations already exist that regulate this activity, with the State, through SINAC, being the competent entity in this matter and where SETENA has rather introduced the requirement of Environmental Viability (License) for the harvesting of more than 10 fallen trees, which is not contemplated as a requirement in Executive Decree No. 40477-MINAE, despite the technical aspects to be considered for this specific activity being contemplated in said standard. 8. That Article 47 of this EIA regulation eliminates, in some cases, the obligation to undergo environmental impact studies, which violates the principle of non-regression: The above is incorrect; this article proposes the unification of environmental viabilities, with the objective of avoiding the subdivision (fraccionamiento) of projects, and thus complying with what is indicated in Article 94 of the Biodiversity Law No. 7788. With the implementation of decree No. 43898, this express regularization of the Biodiversity Law No. 7788 does not change, as the rule is clear that projects cannot be subdivided to avoid the EIA process, so from the beginning, if SETENA detects that as part of the processing of a new project, a possible subdivision (fraccionamiento) exists, it has the duty to sanction the project and order that the evaluation be carried out in an integrated manner, not observing within decree No. 43898 that a procedure exists to fail to comply with what is indicated in the Biodiversity Law No. 7788. 9. Regarding that regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC completely evades the responsibility that SETENA had in the previous regulation on the road issue (regulation 31849, Article 9, point 12): The above is incorrect that SETENA evades responsibilities, for the following: • The road impact study is prepared by an engineer registered with the Federated College of Engineers and Architects (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA), and is the analyst and designer of the Project's Road Impact Study. Decree No. 41727-MOPT, Officializes the Guide for the preparation of a study of functional impact and road safety. • The Road Impact Study must be approved by the Traffic Engineering Directorate of the MOPT. • Law 8220 establishes in its Article 3–Respect for competencies, and in its Article 2–Single submission of documents. • Approval and when a road impact study must be submitted are the competence of MOPT, and the Environmental Impact Assessment is the competence of SETENA, which evaluates all components of projects, from physical, biological, and social aspects, including the possible road impacts that certain types of projects may generate, for which environmental control, preventive, mitigation, or compensation measures are established, and are set as environmental commitments, which are integrated into the Environmental Management Plans (Planes de Gestión Ambiental, PGA), where the institution provides environmental control, monitoring, and oversight. Therefore, regulation No. 43898 does not evade any type of competence regarding the EIA for all its components, in accordance with the functions assigned in the Organic Environmental Law No. 7554; what it does is order the presentation of permits according to the moments of the processing procedures for the formalization of activities, works, and projects, and the competencies and functions, in accordance with Law 8220, without de-protecting the environment and complying with what is established in constitutional Article 50, contemplating the analysis of the road component as part of the EIA, not as a permit that is granted by and corresponds to another institution. Likewise, SETENA is empowered to request the studies and documents it deems pertinent to determine the environmental viability of the project. The determination of these must be established by the entity itself, although logically it must be warned that the decisions it adopts must be motivated, reasonable, and are subject to jurisdictional control, and the above is based on the following: Opinion 319-2009 of the PGR "In that sense, Article 84 of the Organic Environmental Law establishes broad and numerous powers for SETENA, which are the following: a) analyze environmental impact assessments and resolve them; b) recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically convenient to recover it; c) attend to and investigate complaints presented to it regarding environmental degeneration or damage; d) carry out the corresponding field inspections before issuing its agreements; e) approve and present work reports to the Minister of Environment and Energy, in his/her capacity as Executive Secretary of the Council; f) prepare guides for environmental impact assessment activities, works, and projects, as well as manage their disposition and dissemination; g) recommend, to the Council, through the Minister of Environment and Energy, environmental policies and draft laws arising from sectors of governmental activity; h) set the amounts of guarantees to comply with environmental obligations, which the interested parties must deposit, with the due periodicity and amount of the deals; i) carry out monitoring tasks and ensure the execution of resolutions; j) establish trusts, as stipulated in subsection d) of Article 93 of this law; k) any other functions necessary to fulfill its purposes." Furthermore, any construction project fronting a national route, which has vehicle parking spaces, must have an authorization from the Ministry of Public Works and Transport (MOPT). As described above, in order to obtain that approval or authorization for vehicle access to National Routes for the project to be developed, one of the indispensable requirements that the developer must present is the road analysis of the project, which must include current and projected road conditions in the development's environment, but which are not the competence of SETENA to approve. It is important to note that the preparation of a road impact and road safety study is not exclusive to justifying vehicle access to a specific route. The parameters and scopes of this Guide are applicable to determine the impact on vehicular traffic caused by the construction of any project that generates attraction of vehicles or pedestrians. Having clear understanding of this impact, mitigation measures can be established to improve road conditions and the safety of public road users. 10. That in regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the referred Article 3 reduces the thresholds for construction areas: The above statement is not correct for the following: Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC maintains the thresholds for AOP category C, for construction of less than 1000m2, just as Executive Decree 31849 reformed through decree No. 37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, to the Environmental Assessment Regulation, which were not subject to an EIA, only obtained an environmental registry. D.E. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC did not raise the thresholds, nor is it deregulating several classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, only to a registry. Nor is the threshold changed for AOPs of more than 1000m2 that, if they are AOPs, require undergoing an EIA and Environmental Monitoring. Likewise, SETENA maintains in the current decree what was established in the previous decree, D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, that for category C projects, with a threshold greater than 500m2 and less than 1000m2, and which are located in an environmentally fragile area defined in Article 98 of this regulation, they do require undergoing an Environmental Impact Assessment to apply for an Environmental Viability License approved by the Plenary Commission. The plaintiffs indicate that the current regulation reduces EIAs to a minimum, focusing only on control and monitoring aspects and leaving aside the preventive part, an entirely erroneous position, for the following: the baseline studies for the EIA, already contemplated in the previous standard, are maintained: soil studies (Geotechnics), Hydrology study, Geology, Hydrogeology, Natural Hazards, Archaeology, Biology, Socioeconomic studies, land-use capacity studies, and anthropic risk is contemplated. Furthermore, the D1 form is maintained, as are the environmental impact assessment instruments which are the Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), the Environmental Management Plan Forecast (Pronóstico Plan de Gestión Ambiental, PPGA), and the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA). Decree No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, contrary to what the plaintiffs indicate, strengthens the EIA baseline, in terms of technical and legal content of the baseline studies and EIA instruments, and establishes, for all environmental assessment forms and instruments, that they include environmental control measures, with environmental monitoring and follow-up indicators, defining their frequency, methodology, measurement or application point, and the type of indicator, so that all activities, works, and projects are subject to monitoring and oversight by SETENA. 11. Regarding that regulation 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC in Articles 17 and 90, concerning crimes that the Public Administration could commit, reversing the burden of committing crimes against the administrators, benefiting developers by violating the constitutional principles of good faith and intimidating the public official, with what could be called workplace psychological harassment: What is indicated in relation to Articles 17 and 90 of decree 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, does not refer to the commission of crimes, but to the administrative and disciplinary responsibility that a public official could incur for non-compliance with their legal duties in the review of procedures submitted for their assessment, and it only makes an allusion to compliance with other applicable regulations of legal rank, such as Article 10 of Law 8220 for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures, and 190 of the General Law of Public Administration No. 6227. No burden of proof is reversed against administrators, nor is it a violation of the principle of good faith, nor does it seek to intimidate officials, since the use of disciplinary power or administrative responsibility is inherent to the State, and is regulated in legal-rank regulations, according to the constitutional guarantees of due process. 12. Regarding that in regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Articles 87 and 88 are in contradiction where sanctions for developers are reduced: The challenged articles, far from seeking to deregulate the regulations, aim to ensure that within the sanctions and conducts typified in Articles 99 and 101 of the Organic Environmental Law No. 7554, and under the principles of proportionality and reasonableness, there exists a classification of conducts or omissions to have a parameter for the administration to exercise its sanctioning power under coincident conditions for similar cases, on the understanding that not every conduct can be judged with the same sanction, as some are indeed more burdensome than others and have different consequences; some correspond to administrative non-compliances and others to possible environmental effects, so there must be a proportional distinction in relation to the possible sanctions. In this case, the sanctions established according to the type of action or omission are totally aligned with Article 99 of the Organic Environmental Law. In relation to Article 88, it is important to note that it has its antecedent in Article 105 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, of May 24, 2004: "Article 105.– Of the power to order the closure of activities, works, or projects. SETENA or other environmental authorities may order the closure of activities, works, or projects when they do not comply with the Organic Environmental Law, the regulations and standards on environmental matters that have been issued, related legislation, and the environmental commitments acquired. As provided by the Organic Environmental Law, individuals or legal entities in these cases shall allow free access to their properties to proceed with the closure. If necessary, environmental authorities will request collaboration and be accompanied by the respective police or judicial authority. Only in extreme or exceptional cases, when free entry is not permitted to the environmental authority, will it manage a search warrant from the competent judicial authority. If the case allows it and prior agreement of the Plenary Commission of SETENA, at the moment the individual or legal entity corrects the anomalies committed or complies with what is required in the administrative resolution notified to them, the environmental authority that proceeded with the closure, or to whom it delegates, could proceed with the lifting of the order." As verified, far from seeking to give an advantage to developers as the plaintiff tries to make it seem, on the contrary, it establishes the administration's possibilities to impose a Precautionary Measure of stoppage, in relation to the non-compliance with environmental commitments, for the purposes of seeking the necessary corrective measures or finally stopping the projects if that is what corresponds. 13. That regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in its Articles 98 and 13 (especially point 2) allows developers of low-impact projects (between 54% and 65% of the total projects that go through SETENA) to build in environmentally fragile areas: The above statement is not correct; neither Article 13 nor 98 allow developers of low environmental impact projects to build in environmentally fragile areas; what Article 13 establishes is the procedure for verifying the information in the files (expedientes) submitted to the EIA process, by the respective department, for both the environmental assessment stage and the environmental monitoring and control stage. It is important to point out that for this review, approximately 50 layers are used to cover or verify the 15 Environmentally Fragile Areas indicated in Article 98 of decree No. 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, in addition to also verifying aspects of vulnerability or incidence of projects in the same geographic space. A practice that has been carried out for many years at SETENA and which this article reinforces such application, with the purpose of generating alerts within the evaluation process to aspects that merit special attention. Among the layers used are those publicly accessible from the official portals of SNIT (IGN), SINIGIRH (Water Directorate), and SIRI (of the real estate registry). As for Article 98, which defines the environmentally fragile areas, it maintains what was already established in the previous standard in decree 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC; its objective is so that, during the EIA process, a series of environmental and legal variables of a geographic space are considered a priori, in order to facilitate a more accurate decision about the area in which a project, work, or activity will be developed. Furthermore, SETENA provides special attention in these areas to verify environmental commitments through the planning of monitoring inspections and project closure, in the oversight stage. 14. Regarding that regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in its Article 15, allows the developer to start the processing of permits in other institutions before the permit process at SETENA ends, which harms the principle of deregulation: The above statement is not correct; what was already established in the previous standard in decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is maintained. Potential Environmental Viability (Viabilidad Ambiental Potencial) allows initiating or continuing processing procedures before other entities, both public and private, just as happened with the repealed decree, but it does not mean that an anticipated Environmental Viability License is thereby granted; this does not create any acquired right, as it may be approved or denied at the end of the process. What this potential viability facilitates is that a developer can, for example, start procedures to obtain a loan from a banking entity, but for entities that issue their final permits for the construction or operational stage, potential viability is not sufficient, as they must wait for the institution to pronounce on the granting of environmental viability, if this is a requirement within their procedures in application of what decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC establishes. 15. That regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Article 35 of the challenged regulation, allows SETENA to cease controlling the project being processed once the developer obtains environmental viability, leaving the responsibility in the hands of third parties: What the plaintiffs indicate is not correct, as SETENA is the entity that oversees the work of the environmental managers (responsables ambientales), who must be registered in the SETENA Registry, and must ensure compliance with the environmental commitments acquired by a developer of an activity, work, or project, who have the obligation to officially inform SETENA and the environmental authority of the results of monitoring and control in accordance with the provisions of this regulation and other applicable regulations. Likewise, the current EIA regulation, in its Article 51, contemplates Environmental Compliance Inspections and in its Article 54, technical closure inspections, which are carried out by the SETENA Inspection Unit when it deems it opportune, for verifying compliance with environmental measures, as part of the oversight processes, in addition to other environmental monitoring instruments such as the environmental logbook (bitácora ambiental) and the environmental management reports (informes de regencia ambiental). In addition to addressing environmental complaints that are filed by citizens. These processes are described within regulation 43898, for which there is absolute clarity regarding the institution's role in the oversight processes, for which it is absolutely necessary to carry out inter-institutional coordination to obtain the technical criteria required from the competent entities in different branches, such as the case of SINAC in forestry matters, the Directorate of Geology and Mines in mining issues, or the Water Directorate in matters concerning water use (aprovechamiento de agua), for example. 16. Regarding the claim that the obligation to refer the EsIAs (Environmental Impact Studies) to other authorities related to construction permits is completely dispensed with: The first thing that must be indicated is that SETENA will publish on its website the list of Environmental Impact Studies, in compliance with Article 23 of D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. It is, therefore, that what is established in this decision is consistent with Article 35 of Decree 31849, which was replaced by D.E. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC, which stated the following: "Article 35.-Copy of the EsIA to other authorities. In those cases where an EsIA is submitted, SETENA must send a copy of it and pertinent documentation, to the Conservation Area of the National System of Conservation Areas, when it involves activities, works, or projects that affect wildlife, protected areas, forest resources, and water resources, and when it considers it necessary to the municipality or municipalities of the canton or cantons where it is located or another competent authority, so that they may pronounce on the matter." Thus, SETENA made the decision to maintain the publicity of the Environmental Impact Studies (EsIA), for which it included this action in Article 23 of D.E. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. However, this does not mean that other new projects processed under another assessment instrument, including other types of environmental assessment forms, are not of knowledge and public access for other authorities related to construction permits and for the general public. This is because currently, all projects submitted to the Environmental Impact Assessment procedure through an administrative file (expediente) are 100% digital procedures, for which the institution has a Digital Platform, which also has a component that gives public access to any user, so at any time a citizen, no matter where they reside, has direct and free access to digitally consult any activity, work, or project processed under Decree No. 43898 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and that has a file (expediente) at SETENA, thus complying with what is established in Article 23 of the Organic Environmental Law No. 7554, which indicates that the information contained in the environmental impact assessment file will be of a public nature and will be available to be consulted by any person or organization. In conclusion, what Article 23 of D.E. 43898 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does is guarantee that for the most impactful projects where an Environmental Impact Study must be processed, the institutions related to construction permit procedures, and the citizens, have a differentiated site to be able to be informed and, if they so require, to enter the Digital Platform to be able to view the file (expediente) in its entirety, without impairing the citizens' own access to be able to view any file (expediente) processed at the institution and within which they can proceed to manage their queries, oppositions, or other citizen participation tools that the regulations confer upon them. Therefore, what is established in D.E. 43898-MINAEMOPT-MAG-MEIC does not deteriorate what was contemplated in the repealed standard in its Article 35 of Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, according to the arguments indicated in the preceding paragraphs. 17. That regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Article 41, provides that different "users" can harvest forest resources from protected wild areas: Regarding this claim, it has already been made clear that all files (expedientes) processed under executive decree No. 43898 are 100% digital and are available to be consulted by any user, so it is not acceptable to indicate that there would be no knowledge about the AOPs processed at the institution. Furthermore, it must be considered that in 2004, when decree 31849 came into effect, the most effective medium was written circulation media, as there were no digital means to inform the population about the environmental impact studies being processed. However, currently, and with broad coverage of digital media and a decrease in written information media that have lost national coverage, it was decided that publishing this information digitally through the official SETENA website had greater reach among the population, allowing citizens to be informed and participate in the environmental impact assessment processes, and this is not only for projects that must process an Environmental Impact Study, but the information of all files (expedientes) processed through decree 43898 is within reach of the citizens, which promotes greater transparency of the processes. 18. In relation to that regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, does not contain the D6 form mentioned in Articles 24, 25, 26 because Annex 7, where this D-6 form should appear, as indicated by Article 24, was not included: Regarding this claim that the D6 form does not appear in Annex 7, it is incorrect; said form, as well as those of the environmental measures table with their indicators for environmental monitoring, the content that Geotechnical studies, archaeological studies, hydrogeological studies must possess, as well as the visual guide for presenting the site design, can be viewed in the mentioned annex, in scope No. 65 C to Gazette 67, of Wednesday, April 19, 2023. Furthermore, it can be located in the National System of Current Legislation (SINALEVI). 19. That regulation No.

43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, and neither does Annex 9 appear with form D-4 mentioned in Articles 36, 37, 38, 39, 41, 42: Regarding this allegation that form D-4 does not appear in Annex 9, it is incorrect; said form can be viewed in the mentioned annex, in scope No. 65 C to Gaceta 67, of Wednesday, April 19, 2023. Furthermore, it can be located in the National System of Current Legislation (SINALEVI). 19. Regarding that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Article 87, decriminalized an omission and considers failure to respond to the request for information required by SETENA to be a minor offense: Regarding this allegation, that Regulation No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, within the framework of constitutionality and legality, does not authorize SETENA to delegate, totally or partially, the functions that are its own. However, it provides that projects, works, or activities for which the requirement of the Environmental Viability process before SETENA is eliminated only need to complete the procedure they must fulfill in other institutions and comply with the provisions of the Code of Good Environmental Practices, and that SETENA does not have the power to delegate or give orders to municipalities through a regulation. On this, firstly, it is important to indicate that Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC already contemplated this in its Article 4. Finally, regarding that SETENA transfers the obligation to process EIA procedures to other institutions, it is not true, because what the rule indicates is that activities, works, or projects with very low potential environmental impact shall not process an Environmental Impact Assessment before SETENA; however, they will be subject to complying with all environmental regulations in force in the country, and the Municipalities will be responsible for requiring them to comply with the Code of Good Environmental Practices, Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004. So what the rule indicates is that even though some AOP do not require an EIA, the State through other entities will have the obligation to carry out, according to their competencies, the corresponding environmental controls, obligations which, moreover, are not new. Regarding the specific role of Municipalities in the environmental control of their territory, it is important to establish the following: "The role of municipalities in environmental matters. In accordance with what has been said, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, have within the scope of their competencies and obligations a high degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements is demanded that accredit adequate environmental management before other instances of public power, or through regular inspections and channeling of risk situations to the instances with greater intervention competence. It has already been established that local governments are subject to the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it results that municipalities are certainly important actors in the task of environmental protection. (...)". (Sala Constitucional, Vote No. 18471-2008 of 6:29 p.m. on December 11, 2008). THIRD. Conclusion: That there is no violation of the precautionary principle, non-retroactivity, intangibility of one's own acts, regulation of human conduct, procuring the greatest well-being, deregulation, reserve of law, and in dubio pro natura, insofar as the Regulation was issued with the aim of making the Environmental Impact Assessment more effective and targeted at projects that effectively require the implementation of additional environmental measures beyond those already regulated to prevent or compensate for impacts, and accordingly, that they are provided with greater controls and more efficient follow-up. We proceed to explain technically and legally why this is so with regard to each allegation filed. That the technical conditions under which regulations are issued, as this honorable Chamber has already indicated, are not a matter of constitutionality. That no impairment of the environmental right to a healthy and ecologically balanced environment that this Tribunal must correct is observed. That Category C low-impact projects were not subjected to an Environmental Impact Assessment to obtain Environmental Viability; they only obtained a registration before SETENA, as was regulated through the Reform of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, No. 41815-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, of June 25, 2019. That Regulation No. 43898 maintains the thresholds for Category C AOP, for construction of less than 1000m2 and up to 999 m3 of earthworks (movimientos de tierra), just as DE 31849 was reformed through Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC to the Environmental Assessment Regulation, which were not subject to an EIA and only obtained an environmental registration. That Executive Decree No. 43898 did not raise the thresholds, nor is it deregulating various classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, only to a registration. That the threshold is not changed for AOP of more than 1000m2, which, if they are AOP, require undergoing an EIA and Environmental Follow-up. That SETENA maintains, in the current Decree, what was established in the previous decree, 31849-MINAE, for Category C projects, with a threshold greater than 500m2 and less than 1000m2, and which are located in an environmentally fragile area defined in Article 98 of this regulation, they do require undergoing an Environmental Impact Assessment to apply for an Environmental Viability License approved by the Plenary Commission. That responsibilities regarding Environmental Impact Assessment are not being given to other entities; what is being done is exempting some activities from Registration before SETENA, but environmental controls by other institutions are maintained, always within their legal powers.

8.- Mary Denisse Munive Angermüller, Vice President of the Republic and Minister of Health, appeared for the purpose of answering the granted hearing. She points out that the main function of SETENA is the environmental assessment process, which is developed within a regulatory framework whose objective is to ensure the country's development, observing and complying with the principles of environmental balance and guaranteeing the country's sustainable development, which was established by the Political Constitution in its Article 50 (See Articles 17, 83, and 86 of the Organic Environmental Law). In this way, environmental viability (viabilidad ambiental) is an administrative (scientific-technical) procedure whose objective is to predict what effects an activity, work, or project will have on the environment in order to determine possible impacts, facilitating the decision-making process to establish an acceptable balance between the development of the activity, work, or project and the environmental burden it represents. It must be kept in mind that the environmental viability granted by SETENA is not a final act but rather an intermediate process or prerequisite for the final act, as indicated in Resolution No. 22-2020-I of February 28, 2020, of the Administrative-Contentious Tribunal, which cites Resolution No. 17-2012-IV and Resolution 39-2009, which states that: "(...) Environmental viability forms part of an entire administrative authorization procedure, in which the act under study is configured as a prerequisite for the final act..." On this topic, the Sala Constitucional, through Vote No. 17792-2019, stated the following: "VI. [...] In the opinion of this Chamber, the following distinction must be made regarding excluded activities: on the one hand, those indicated in subsection 1), and, on the other hand, those excluded in the remaining subsections. This is because the arguments of the claimants are directed particularly at the challenge of subsection 1). The following clarification is necessary due to what was indicated by the Procuraduría General de la República in its report. Said subsection must be understood in accordance with what is established in the first paragraph of said article; that is, it concerns activities in operation with very low environmental impact, which certainly do not require—according to the rule—processing an Environmental Impact Assessment (EIA) before SETENA, but which, however, will be subject to other environmental controls—as the same rule indicates—such as those established by Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Public Works and Transport, and the Ministry of Environment and Energy, and others with legal competencies; as well as with the provisions of the Code of Good Environmental Practices, Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004, published in La Gaceta 217 of November 5, 2004, or with any voluntary mechanism to improve environmental performance. So the rule itself establishes that, even though they do not require an EIA, this does not mean they are excluded from environmental control. Note that the claimants confuse the definition; it is not that the fact of being activities in operation makes them of very low environmental impact, but rather that the subsection does not refer to any type of activity in operation, but only to those activities in operation defined as having very low environmental impact. Thus, regarding the allegation of unconstitutionality of Article 4 bis of the challenged Regulation, the action must be dismissed with respect to subsection 1 of that rule." In summary, the articles of Decree 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, to which the appellant refers, clearly define the parameters to be applied to determine which activities, works, or projects require carrying out the Environmental Assessment procedure before SETENA, in such a way that the activities that do not need to carry out this procedure are all those in operation and that have very low environmental impact, but which, however, are subject to other environmental controls, established by Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Public Works and Transport, the Ministry of Agriculture and Livestock, and the Ministry of Environment and Energy, so that although they do not require an EIA, it does not mean they are excluded from environmental control. In this way, it is concluded that the appellant is not correct, since the indicated articles are not contrary to what is indicated in Article 50 of the Political Constitution, the Convention on Human Rights, and the right of the population to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. Regarding the principle of non-regression, she indicates that Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC was created in order to comply with the efficiency obligation ordered by the Biodiversity Law, and therefore seeks to legally and technically adapt the Environmental Impact Assessment processes to the current reality, which at both the national and international levels has undergone important evolutionary changes, with new policies and technologies that require adapting environmental variables and enforcement and follow-up to such changes; seeking that while applying the Assessment correctly, the State obligation to facilitate procedures for the administered party is also considered without legally unprotecting the country's natural capital (Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures No. 8220 and its reforms). On this topic, the Sala Constitucional, through Vote No. 13367-2012 of December 21, 2012, establishes that: "(...) it cannot be understood in absolute terms. The reduction of a certain level of protection is possible if there is technical and scientific support that guarantees that relevant environmental unprotection does not occur, and provided that the parameters of proportionality and reasonableness that this Chamber has defined in its jurisprudence are satisfied. Now, the first thing to determine is whether a specific regulatory modification decreases the level of protection. In this sense, it must be kept in mind that not every modification of environmental regulations that formally appears as a decrease in the level of protection must be considered a violation of the principle of non-regression in environmental matters. (...) This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to nature, that negatively impact the achievements attained until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law and the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels." Likewise, Vote 5994-2017 of April 26, 2017, indicates: "(...) Before examining each of the claimants' arguments, it is necessary to recall the relevance of Environmental Impact Studies, and to determine, for this specific case of analysis, the scope of the principle of non-regression in environmental matters, in order to conclude that not every modification of environmental regulations—as the claimants seem to insinuate—must be considered a violation of such principle. Starting from the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, contained in Article fifty of the Political Constitution and Principle fifteen of the Rio Declaration, United Nations Conference on Environment and Development, as this Chamber has examined in previous jurisprudence (see Resolution No. 2014-004243), the so-called 'precautionary principle in environmental matters' or 'in dubio pro natura principle' has been equally recognized, the observance of which implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive topics be carried out with the appropriate zeal to avoid risks and damages of impossible or difficult repair. From the foregoing, it follows that the administration must have negative certainty that the environment will not be affected under any circumstance, whence it follows that, in case of doubt about the occurrence of a risk, the administration has the obligation not to authorize or carry out actions, or to immediately cease the administrative activity causing the danger. In other words, if it lacks scientific certainty about the innocuousness of the activity, the administration must refrain from carrying out activities with a negative environmental impact; faced with scientific uncertainty about the innocuousness or benefit of actions, the administration is prevented from granting authorizations or performing its own acts that create situations of environmental risk. In this sense, conducting Environmental Impact Studies stands as a principle that must be duly observed and applied, to the point that gradually and progressively—as corresponds in the field of human rights—the legislation itself and this Chamber's own jurisprudence have outlined the importance and necessity of having this type of evaluation duly carried out prior to the execution of certain types of works. Now, regarding the principle of progressivity, which is alleged by the claimants in all their arguments (...)". Hence, it can be concluded that not any modification of environmental regulations necessarily implies a decrease in protection of the right to the environment. This must be substantiated. Likewise, not every modification that is not sufficiently broad should be interpreted as an unconstitutionality by omission. The desirable does not make a rule that does not approach it unconstitutional. Indeed, all legal norms are perfectible, but approaching or moving away from a criterion of perfection or desirability does not make them unconstitutional. Therefore, she believes the appellant is not correct, since the challenged articles of Decree No. 43898-MINAE-S-MIOPT-MAG-MEIC do not imply a decrease in the level of protection, because the so-called low environmental impact projects are subject to the basic guidelines imposed by other institutions (Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Public Works and Transport, Ministry of Environment and Energy), in such a way that the procedures carried out at SETENA do not generate added value in terms of environmental measures and the instruments of environmental control and follow-up. Therefore, it must be clear that the environmental measures for these types of projects are already regulated, and SETENA would not request any additional measure, generating a possible overlap of functions between institutions that would ultimately culminate in a problem of legal uncertainty for the administered party and for the general population. Regarding the omission of consultation, she states that according to the information available in SETENA's archives, this reform complied with the entire official public consultation process through the Prior Control System (SICOPRE) of the Ministry of Economy, Industry, and Commerce (MEIC), according to Article 361 of the General Law of Public Administration No. 6227, the Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures No. 8220, and concordant regulations, a process which can be consulted in said system, through form number No. 2452. More than 20 entities participated in the public consultation process; approximately 172 observations were received, of which SETENA conducted the technical and legal analysis and accepted 34%, 15% partially, and 51% of the observations presented were not accepted. It must be indicated that the appellant, Mr. [Name 002], made the respective queries regarding Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, to which SETENA responded through official letter SETENA-SG-0404-2023 of May 9, 2023. Regarding the lack of regulatory plans in many cantons, it must be kept in mind that the topic of Strategic Environmental Assessment is regulated in Decree No. 32967, which is in force. Furthermore, it is the responsibility of the Municipalities to have regulatory plans with the environmental variable incorporated. With respect to the allegation that it was not taken into account that 50% of the country's cantons lack Regulatory Plans and only 6 are aware of their environmental fragility, it must be indicated that the appellant is not correct, because environmental conditioning factors such as, for example, public domain watercourses, wetlands, forest cover (cobertura boscosa), natural hazards, among others, can be verified through geospatial viewers that allow identifying special geo-environmental elements and conditions of the specific site where the project is intended to be developed, as well as its environmental surroundings and aspects of vulnerability. The use of official geospatial viewers and layers from the country's various public entities, such as: Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalities (those that have them), and many others, can be consulted both by citizens in general and by other public entities in the country and are platforms of a public nature. In relation to the weakening of EIAs, the appellant is not correct because Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC maintains the baseline studies for the EIA, already contemplated in the previous regulation, studies of soils (Geotechnics), study of Hydrology, Geology, Hydrogeology, Natural Hazards, Archaeology, Biology, Socioeconomic, studies of land-use capacity, and anthropogenic risk is contemplated. Furthermore, Form D1 is maintained, along with the environmental impact assessment instruments (Sworn Declaration of Environmental Commitments, the Environmental Management Plan Forecast (PPGA), and the Environmental Impact Study (EsIA)), strengthening the EIA baseline in terms of technical and legal content of baseline studies and EIA instruments, and establishing, for all environmental assessment forms and instruments, that environmental control measures be included, with indicators for follow-up and environmental monitoring, defining their frequency, methodology, point of measurement or application, and type of indicator, so that all activities, works, and projects are subject to SETENA's follow-up and enforcement. The sanctioning power and the sanctions that SETENA can establish are legally established in Articles 99 and 101 of the Organic Environmental Law. The appellant is not correct because the challenged articles, far from seeking to deregulate the regulations, adhere to what is established in Articles 99 and 101 of the Organic Environmental Law, establishing a classification of conducts or omissions that allow SETENA to have a parameter to exercise the sanctioning power under coinciding conditions for similar cases, thereby complying with the principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the in dubio Pro-Natura principle. Currently, all projects submitted to the Environmental Impact Assessment process through an administrative file are 100% digital procedures, for which the institution has a Digital Platform, which also has a component that provides public access to any user, so that at any time a citizen, regardless of where they reside, has direct and free access to digitally consult any activity, work, or project processed under Decree No. 43898 MINAE-S-MOPT-MAGMEIC and that has a file at SETENA, thus complying with what is established in Article 23 of the Organic Environmental Law No. 7554, which indicates that the information contained in the environmental impact assessment file shall be public and available to be consulted by any person or organization. This condition implies that it is currently not necessary for the project developer to send an EsIA to other authorities related to the permits, because any person or institution can consult the files that SETENA is analyzing. She requests that the action be dismissed, as the need to standardize the existing regulations on this matter is evident, given that Costa Rica is suffering a setback of several years, during which it has not been possible to timely register phytosanitary products of interest that were previously evaluated by an authority that complies with the same phytosanitary, health, and environmental standards as ours, or that may even be stricter authorities than ours, with the current average in Costa Rica for registering new molecules being more than 10 years, while in highly developed countries such as the United States of America and the members of the European Union, where very exhaustive and comprehensive evaluations are conducted regarding the safety of molecules for health and the environment, the average period to register new molecules is 3 years. If the current situation in the country persists, not only will farmers continue to be deprived of the more than 50 new innovative molecules—whether patent-protected or post-patent—existing today in the world market, but also the lag will become increasingly greater, with its consequent loss of commercial, social, and environmental competitiveness compared to the rest of the world. In this way, it is concluded that the appellant is not correct since Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC that are challenged are not contrary to what is indicated in Article 50 of the Political Constitution, the Convention on Human Rights, and the right of the population to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, given that Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MIOPT-MAG-MEIC was created to comply with the efficiency obligation ordered by the Biodiversity Law, and therefore seeks to legally and technically adapt the Environmental Impact Assessment processes to the current reality, which at both the national and international levels has undergone important evolutionary changes, with new policies and technologies that require adapting environmental variables and enforcement and follow-up to such changes. The cited articles are pertinent in the application of the precautionary pro natura principle, if necessary, and the environmental measures for these types of projects, which are already regulated, and SETENA would not request any additional measure, generating a possible overlap of functions between institutions that would ultimately culminate in a problem of legal uncertainty for the administered party and for the general population. Having the required formality of its publication, according to the information in SETENA's archives, this reform complied with the entire official public consultation process through the Prior Control System (SICOPRE) of the Ministry of Economy, Industry, and Commerce (MEIC), according to Article 361 of the General Law of Public Administration No. 6227, the Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures No. 8220, and concordant regulations, a process which can be consulted in said system, through form number No. 2452. More than 20 entities participated in the public consultation process; approximately 172 observations were received, of which SETENA conducted the technical and legal analysis and accepted 34%, 15% partially, and 51% of the observations presented were not accepted. 13 Recalling that strategic environmental assessment is regulated in Decree No. 32967, which is in force. Furthermore, it is the responsibility of the Municipalities to have regulatory plans with the environmental variable incorporated. Given that the challenged articles, far from seeking to deregulate the regulations, adhere to what is established in Articles 99 and 101 of the Organic Environmental Law, establishing a classification of conducts or omissions that allow SETENA to have a parameter to exercise the sanctioning power under coinciding conditions for similar cases, thereby complying with the principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the in dubio pro natura principle.

9.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in editions numbers 209, 210, and 211 of the Judicial Bulletin on November 10, 13, and 14, 2023, respectively.

 10.- Ulises Gerardo Alvarez Acosta, Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, appeared on November 28, 2023, and requests to be considered as an interested party. To this effect, he states that SETENA is an entity with maximum deconcentration and technical independence from MINAE, according to Article 83 of the Organic Environmental Law. The main function of this Secretariat is the Environmental Assessment process within a regulatory framework, aimed at ensuring the country's economic development that observes and complies with the principles of environmental balance and thereby achieve the sustainable development imposed by the Political Constitution in Article 50. Consequently, a detailed technical and legal study of the project, work, or activity proposed before the Secretariat is conducted prior to its construction or operation; hence the predictive nature of the Environmental License, and the purpose is to be able to impose all those preventive, mitigation, or compensation measures that are necessary to avoid causing irreparable harm to the environment. Environmental Viability (License) is an intermediate act, which establishes whether a project is environmentally viable or not, and ensures compliance with the environmental measures necessary for the country's sustainable development. The Environmental Impact Assessment (EIA) is the scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making and the condition of acceptable balance between a development or activity and the environmental burden it represents, which results in an administrative act that initially approves the entire procedure for evaluating the environmental impacts generated by a specific activity. The Sala Constitucional has established on several occasions that Environmental Viability is a procedural act without its own effects (see Resolution No. 22-2020-I of February 28, 2020, which mentions and specifically cites Resolution No. 17- 2012-IV, which in turn cites Resolution No. 39-2009). The representative of the institution points out that it is important to remember that environmental competence is shared across the functions of the entire Costa Rican State and its various public institutions, as part of constitutional principles, international law norms, laws and regulations, environmental principles, etc.

It is worth emphasizing that beyond SETENA's own rules that regulate the Environmental Impact Assessment, there are other institutions that possess the legal tools for baseline environmental control, aimed at environmental protection in the face of development and which are mandatory; without omitting that, furthermore, they fall within the regulatory framework of agencies that are indeed responsible for granting final permits. This was recognized by this Constitutional Court through vote No. 17792-2019, in which it indicated, citing judgment number 2017-5994, of 11:00 a.m. on April 26, 2017, that it inclined toward endorsing the constitutionality of what was regulated with respect to projects of very low environmental impact, which it clearly set forth in the referenced judgment.

Regarding the violation of the principle of non-regression in environmental matters pointed out by the plaintiffs as harmed, this principle establishes that environmental regulations and jurisprudence should not be reviewed if this implies a step backward with respect to the levels of protection achieved previously, and as is further recognized by this Chamber, it has been made clear that neither does it imply that it be understood in absolute terms, which this same Chamber recognized, for example, in vote No. 13367-2012 of December 21, 2012. In that sense, the first thing that must be determined is whether a specific regulatory modification diminishes the level of protection. Along these lines, it must be kept in mind that not every modification of environmental regulations that formally presents itself as a reduction in the level of protection must be considered a violation of the principle of non-regression in environmental matters. (…) This principle does not imply absolute irreversibility, since all States experience national situations—of an economic, political, or social nature, or caused by nature itself—that negatively impact the achievements reached until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction in the levels of protection. (see in this regard vote 5994-2017 of April 26, 2017).

In accordance with the foregoing, Executive Decree No. 43898-MINAE-SMIOPT-MAGMEIC was created with the purpose of complying with the efficiency obligation mandated by the Biodiversity Law, given that this new regulation seeks to legally and technically adapt the Environmental Impact Assessment processes to the current reality. It is along these lines that for the so-called low-environmental-impact projects or Environmental Registries, it was determined that, in view of the fact that SETENA does not generate additional value in terms of environmental measures, technical studies, or environmental control and monitoring instruments, but rather that the baseline or regulatory measures imposed by other institutions and agencies apply, it was considered that registering them with SETENA was not necessary for compliance with said regulations. This is because, due to their low environmental significance and because the environmental measures are already regulated, only the environmental measures set forth in other regulations apply to them. The Constitutional Chamber, in resolution number 2017-5994, of 11:00 a.m. on April 26, 2017, indicated: (…) "The determination of in which cases an environmental assessment is or is not applicable is a matter determined by laws and regulations, under the general criterion that human activities that must be environmentally assessed are those that alter the environment to a significant degree such that said assessment is necessary."

These low-impact projects are requested to comply with the Code of Good Environmental Practices and with the regulation applicable to them, depending on the type of project inspected by some other entity. For cases of non-compliance, there are the Environmental Prosecutors' Offices, the Contentious-Administrative Court, the Administrative Environmental Tribunal, or the Ministry of Health as oversight entities that can order some sanction or measure against the individual who failed to comply; and those regulations that apply to them are sufficient for their environmental control and inspection. It is for this reason that, for the issuance of the new Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulation, these aspects were evaluated, and efforts were focused efficiently and effectively on those activities, works, or projects that, due to their characteristics and greater environmental impact, do require the application of the Environmental Impact Assessment and, therefore, environmental monitoring by SETENA and the adoption of additional environmental measures and oversight of their compliance by the Secretariat. Along these lines, it was determined that it is necessary for the Environmental Impact Assessment to focus more on those projects where the combination of the environmental fragility conditions of the areas where development is desired and, according to their magnitude, the necessary additional environmental measures and environmental commitments are established, and efficient monitoring thereof is ensured to mitigate significant negative environmental impacts. This is achieved by placing emphasis on environmental oversight and monitoring, field inspections, and review of the responsibilities of environmental managers, in order to channel institutional efforts into inspecting higher-impact projects, since low-environmental-impact projects, it is insisted, are covered by the regulations and competencies of other administrative and judicial agencies.

Thus, it is demonstrated that there is no violation of the principle of non-regression in environmental matters because, in effect, there are other regulations that apply to those projects and that do have a bearing, as well as both administrative and judicial bodies to which one may turn in the event of non-compliance with those regulations.

Precautionary principle, principle of non-retroactivity, principle of the intangibility of one's own acts, regulation of human conduct, procuring the greatest well-being, deregulation, principle of legal reserve, and in dubio pro natura. The Regulation was issued so that the Environmental Impact Assessment would be more effective and would regulate projects that indeed require the implementation of environmental measures additional to those already regulated to prevent or compensate for impacts, and along those lines, that they be provided with greater controls and more efficient monitoring.

The plaintiffs, as a first point, allege that Article 3 of Decree 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC violates the principle of non-regression and that this opens the possibility of irreversible environmental damage occurring, consequently worsening the quality of life, because according to them, activities that in the previous regulation required environmental feasibility are excluded, and it lowers the maximum thresholds for classifying activities as low, medium, or high impact. Likewise, they indicate that SETENA does not have the legal power to issue orders to municipalities through a regulation, as they are autonomous entities by constitutional and legal provision (in the Municipal Code). Regarding what was stated by the plaintiffs, the following is indicated:

1. Category C low-impact projects were not subjected to an Environmental Impact Assessment to obtain an Environmental Feasibility. They only obtained a registration before SETENA, in accordance with the provisions of the Reform to the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, No. 41815-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, of June 25, 2019.
2. Decree No. 43898 maintains the thresholds for Category C AOPs, of construction of less than 1000 m² and up to 999 m³ of earthworks (movimientos de tierra), just as DE-31849 was reformed through Decree No. 37803-MINAE-S-MOPTMAGMEIC, to the Environmental Assessment Regulation, which were not subjected to an EIA, but only obtained an environmental registry.
3. DE 43898 did not raise the thresholds and is not deregulating several classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, only to a registry.
4. Neither is the threshold changed for AOPs greater than 1000 m², which, if they are AOPs, require undergoing the EIA and Environmental Monitoring.
5. Likewise, SETENA maintains in the current decree what was established in the previous decree, 31849-MINAE, that for Category C projects, with a threshold greater than 500 m² and less than 1000 m², and that are located in an environmentally fragile area defined in Article 98 of this regulation, these do require undergoing an Environmental Impact Assessment to obtain an Environmental Feasibility License approved by the Plenary Commission of SETENA.
6. Responsibilities regarding the EIA are not being given to other entities; what is done is to exempt some activities from the EIA, but such that they maintain environmental controls by other institutions, always within their legal powers.
7. It does not lower the maximum thresholds for classifying activities as low, medium, or high impact, as can be observed in Executive Decree No. 43898, in its article.

On the other hand, it must be considered that the Office of the Comptroller General of the Republic, in its study No. 04-PFA "Inspection of the Environmental Impact Assessment of 2000," concluded that SETENA "...is not being efficient and effective in the management it carries out in the processes of preliminary environmental assessment, monitoring, and follow-up, since it is diverting its resources into the assessment of many projects with low environmental impact...". Based on this report, the Executive Branch began an analysis process in order to filter the number of projects entering SETENA, to prioritize those that did represent a greater risk to the environment. This prioritization process for EIA processes was ratified by the Constitutional Chamber itself in vote No. 01220-2002: "This is not meant to say that the Executive Branch cannot, via regulations, determine based on precise technical studies that a specific activity or project does not require environmental impact studies, but this assumes that such a definition is duly reasoned and justified…".

The law that creates the environmental impact assessment makes it clear that laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects must require the EIA process. Therefore, Article 3 of Decree No. 43898 is not unconstitutional, as this rule is a mechanism provided for in the law to determine what must be processed by the National Environmental Technical Secretariat. Additionally, the Constitutional Chamber, in resolution No. 05994–2017, of April 26, 2017, analyzed the power of the Executive Branch to determine which activities, works, or projects (AOPs) require processing an Environmental Impact Assessment and declared the action of unconstitutionality filed to that effect without merit.

Regarding the exclusion of AOPs from the Environmental Impact Assessment (EIA), according to subsection 4 of Article 3 of D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, it must be clarified that since 2008, the Plenary Commission of SETENA, through agreements and resolutions (Resolutions No. 583-2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018), has established activities of very low environmental impact that do not require undergoing the EIA. What Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does, through its Annex 2, is to formalize via decree those activities that, via administrative resolution, had already been defined as not requiring undergoing the EIA, for being activities of very low environmental impact and, furthermore, that are already broadly regulated and controlled via regulations by other institutions that, although they do not have the function of carrying out the EIA, do have the obligation to carry out environmental controls as part of their competencies.

The plaintiffs, as a second point, state that Decree No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, in its creation, was not duly consulted. In this regard, the Secretary of SETENA states that more than 20 entities participated in the public consultation process. Approximately 172 observations were received, of which SETENA carried out the technical and legal analysis, and accepted 34%, partially accepted 15%, and did not accept 51% of the observations presented.

Thirdly, the plaintiffs indicate that Regulation 43898 does not take into account that approximately 50% of the country's cantons lack regulatory plans and only 6 have knowledge of their areas of environmental fragility. In relation to this allegation, the representative of SETENA affirms that it is not correct. The possibility exists of using official geospatial viewers and the layers of the country's various public entities, such as: the Water Directorate, the Directorate of Geology and Mines, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalities (those that have them). The geospatial information and data used by SETENA to carry out its geospatial verification process for AOP files come from all these public sources and platforms. Therefore, the allegation raised by the plaintiffs that if there is no approved Regulatory Plan, there is no knowledge of the environmental conditions for the country's different cantons is not correct because, as already detailed, official, updated, available, free, and open information exists for decision-making by all the country's institutions. This information is used by Municipalities for the preparation of Regulatory Plans, and for obtaining the Environmental Variable in accordance with the provisions of Decree No. 32967. On the other hand, Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in its Article 98, maintains the Environmentally Fragile Areas, and by their nature, they are divided into two main groups: a) those areas for which the State has defined a special use regime (defined legal and technical framework); b) geographic spaces that show technical and environmental limitations for their use.

Finally, he affirms that SETENA does not transfer the obligation to process EIA processes to other institutions, given that what the regulation indicates is that the activities, works, or projects of very low potential environmental impact, indicated in this article, shall not process an Environmental Impact Assessment before SETENA. However, they will be subject to the environmental controls established by, among other institutions, Municipalities, the Ministry of Health (MINSA), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), etc.

As a fourth allegation, it is indicated that the content of Decree No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC presents generalized deregulation. Articles 3, 9, 32, 39, and 47 eliminate, in some cases, the obligation to undergo an EIA (environmental impact studies), which violates the principle of non-regression. The regressions could lead to irreversible or difficult-to-repair environmental damage. What Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does, through its Annex 2, is to formalize via decree the activities that via administrative resolution had already been defined as not requiring undergoing the EIA, for being activities of very low environmental impact and that, furthermore, are broadly regulated and controlled by other institutions that have the obligation to carry out environmental controls as part of their competencies.

The plaintiffs indicate that the current regulation favors the expansion of dangerous, polluting, and destructive agricultural activities for the environment, such as aggressive pineapple cultivation. However, this statement is not correct. Agricultural activities are not excluded from the EIA and are part of the list of activities that require undergoing it (Annex 1, Decree 43898), just as the previous regulation (Decree 31849-MINAE) stipulated. The agricultural activities that do not require undergoing the EIA are those that have carried out previous activity on the property, based on the fact that the EIA is predictive. For existing activities or those in operation, they may obtain an environmental permit by submitting to SETENA an Environmental Diagnostic Study (EDA), in accordance with the provisions of the current Decree No. 42837-MINAE.

Regarding what was indicated by the plaintiffs that the referenced Article 3 reduces the thresholds for construction areas, and that, in the previous regulation, No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the ceiling was 500 square meters, and, in this regulation, No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it is 1,000, such a statement is not correct for the following reasons:
• Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC maintains the thresholds for Category C AOPs, of construction of less than 1000 m², just as DE No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC was reformed through Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, to the Environmental Assessment Regulation, which were not subjected to an Environmental Impact Assessment, they only obtained an environmental registry.
• D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC did not raise the thresholds, it is not deregulating various classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, only a registry was required.
• Neither is the threshold changed for AOPs greater than 1000 m², which, if they are AOPs, require undergoing the EIA and Environmental Monitoring.
• Likewise, SETENA maintains in the current decree what was established in the previous decree, DE No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: Category C projects, with a threshold greater than 500 m² and less than 1000 m², and that are located in an environmentally fragile area, defined in Article 98 of this regulation, do require undergoing an Environmental Impact Assessment to obtain an Environmental Feasibility License approved by the Plenary Commission.

The plaintiffs indicate that Article 9 of the present regulation eliminates, in some cases, the obligation to undergo environmental impact studies, which violates the principle of non-regression. The representative of SETENA indicates that this is not true. What this article establishes is the final environmental classification through the Environmental Impact Significance (SIA) to specify the Environmental Impact Assessment Instrument, which can be a Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA), an Environmental Management Plan Forecast (Pronóstico Plan de Gestión Ambiental, PPGA), or an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA). This does not vary with respect to how it was done under the previous Executive Decree 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, Article 19.

The plaintiffs indicate that Article 32 of the present EIA regulation eliminates, in some cases, the obligation to undergo an EIA (environmental impact studies), which violates the principle of non-regression. Article 32 refers to those low-impact activities that do require an LVA when they are activities that are contemplated in Annex 1 and that are located in the environmentally fragile areas defined in Article 98. Here it must be indicated that SETENA, despite the existence of low-impact AOPs that in principle do not require an EIA, has determined that there are exceptions to the rule, in order to regulate those AOPs that, because they are located in fragile areas, do require an EIA process, with all AOPs greater than 500 m² falling under this category, and further noting that those that do not require the EIA will be subject to complying with all the environmental regulations in force in the country, and Municipalities will be responsible for requiring them to comply with the Code of Good Environmental Practices, Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004.

The plaintiffs indicate that Article 39 of the present EIA regulation eliminates, in some cases, the obligation to undergo an EIA for the cutting of 30 cubic meters of trees and the extraction of other protected wild species, without requiring the procedure established in Regulation 31849. This would violate the principle of non-regression. Regarding this article, the first thing that must be clarified is that SETENA does not grant forest use permits. This is an exclusive competence of the National System of Conservation Areas (SINAC), which must continue to observe the regulations on this matter to approve the forest use permits submitted as a procedure by the citizenry. The article does not open the possibility for uses contrary to the existing forest regulations, since it makes it clear that the procedure is possible provided there is no express prohibition against it. It is evident that it is not intended to deregulate existing regulations and that decrees such as 25700-MINAE remain in force and must be complied with by entities and users in general. Furthermore, regarding some activities that do not require an EIA, such as the use of 10 fallen trees, it must be clarified that this decision is consistent with the provisions of Executive Decree No. 40477-MINAE, Regulations for the use and extraction of wood from naturally fallen trees in private forests, Article 1. Articles 4, 5, and 6 establish the requirements for this activity, among which environmental feasibility is not included. From the text of Article 39, it can be concluded that it is not true that there is deregulation or regression, because specific regulations already exist that govern this activity. It is important to indicate to the Chamber that since 2004, through Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which was the specific regulation on Environmental Impact Assessment, timber use from agroforestry systems, forest plantations, and uses on agricultural lands have been exempt from processing environmental feasibility.

The plaintiffs indicate that Article 47 of the present EIA regulation eliminates the obligation to undergo environmental impact studies for some cases, which violates the principle of non-regression. Article 47 establishes the institutional obligation to recognize the union of projects of less than one thousand meters that do not require an EIA as a single project if they are built on the same property, promoting the illegal fragmentation or subdivision (fraccionamiento) of mega-projects into mini-projects, in order to evade the studies, controls, and regulations that a larger project might have. The foregoing is incorrect. What this article proposes is the unification of environmental feasibilities, with the objective of avoiding the subdivision (fraccionamiento) of projects, and thus complying with the provisions of Article 94 of the Biodiversity Law No. 7788. Furthermore, for these cases, the environmental control, monitoring, and inspection are governed by the most rigorous instrument, and they remain subject to compliance with all environmental regulations and the processing of the respective permits for the changes made before the competent institutions, such as the respective municipality, for example. With the implementation of Decree No. 43898, this express regulation of the Biodiversity Law No. 7788 does not change, as the regulation is clear that projects cannot be subdivided (fraccionados) to avoid the EIA process. In that sense, if from the outset SETENA detects that as part of the processing of a new project, a possible subdivision (fraccionamiento) exists, it has the duty to sanction the project and order that the evaluation be carried out comprehensively, not observing within Decree No. 43898 that a procedure exists to fail to comply with what the Biodiversity Law No. 7788 indicates.

The plaintiffs indicate that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC completely evades the responsibility that SETENA had in the previous regulation regarding road matters (Regulation 31849, Article 9, point 12). The foregoing is incorrect. Regulation No. 43898 does not evade any type of competence with respect to the EIA for all its components, in accordance with the functions assigned in the Organic Environmental Law No. 7554. What it does is order the presentation of permits according to the stages of the processing procedures for the formalization of activities, works, and projects, and the competencies and functions, according to Law No. 8220, without neglecting to protect the environment and complying with the provisions of constitutional Article 50, contemplating the analysis of the road component as part of the EIA, not as a permit that is granted by and corresponds to another institution. SETENA is empowered to request the studies and documents it deems pertinent to determine the environmental feasibility of the project. The determination of these must be established by the entity itself, although logically it must be noted that the decisions it adopts must be reasoned and reasonable and are subject to jurisdictional control, and the foregoing is based on Legal Opinion 319-2009 of the PGR. Furthermore, any construction project fronting a national route that has vehicle parking spaces must have authorization from the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) (Article 19 of Law No. 5060, "General Law of Public Roads"). Therefore, Regulation No. 43898 does not evade any type of competence with respect to the EIA for all its components, in accordance with the functions assigned in the Organic Environmental Law No. 7554; what it does is order the presentation of permits according to the stages of the processing procedures for the formalization of activities, works, and projects, and the competencies and functions, according to Law 8220, without neglecting to protect the environment and complying with the provisions of constitutional Article 50, contemplating the analysis of the road component as part of the EIA, not as a permit that is granted by and corresponds to another institution. Likewise, SETENA is empowered to request the studies and documents it deems pertinent to determine the environmental feasibility of the project. The determination thereof must be established by the entity itself, although logically it must be noted that the decisions it adopts must be reasoned and reasonable and are subject to jurisdictional control, and the foregoing is based on the following: Legal Opinion 319-2009 of the PGR. Additionally, any construction project fronting a national route that has vehicle parking spaces must have authorization from the Ministry of Public Works and Transport (MOPT). Due to what was described above, in order to obtain that approval or authorization for vehicular access to National Routes for the project to be developed, one of the essential requirements that the developer must present is the road analysis of the project, which must include the current and projected road conditions in the development's surroundings, but which are not the competence of SETENA to approve. It is important to highlight that the preparation of a road impact and road safety study is not exclusive to justifying vehicular access to a specific route. The parameters and scope of this Guide are applicable to determine the impact on vehicular traffic caused by the construction of any project that generates attraction of vehicles or pedestrians. Having clarified said impact, mitigation measures may be established to improve the road network and the safety of public road users.

The plaintiffs indicate that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, specifically the referenced Article 3, reduces the thresholds for construction areas. In the previous regulation, No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the ceiling was 500 square meters, and in this regulation, No. 43898-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, it is 1,000 m². Below that limit, developers do not have to undergo the EIA (environmental impact studies). It reduces the EIA to a minimum, focusing only on control and monitoring aspects and leaving aside the preventive part. The questioned regulation annuls the preventive action that SETENA must have to "provide everything that is necessary – within the scope permitted by law – in order to prevent irreversible damage to the environment from occurring" (judgment No. 14180-10 Constitutional Chamber), because without technical or scientific support, it allows changes to environmental regulations or deregulations previously established in Regulation 31849, which can harm the environment. The foregoing statement is not correct for the following reasons: Decree No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC maintains the thresholds for Category C AOPs, of construction of less than 1000 m², just as DE 31849 was reformed through Decree No. 37803-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, to the Environmental Assessment Regulation, which were not subjected to an EIA, only obtained an environmental registry; D.E. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC did not raise the thresholds, it is not deregulating various classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, only required a registry. Neither is the threshold changed for AOPs greater than 1000 m², which, if they are AOPs, require undergoing the EIA and Environmental Monitoring. Likewise, SETENA maintains in the current decree what was established in the previous decree, D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, that for Category C projects, with a threshold greater than 500 m² and less than 1000 m², and that are located in an environmentally fragile area defined in Article 98 of this regulation, they do require undergoing an Environmental Impact Assessment to obtain an Environmental Feasibility License approved by the Plenary Commission.

The claimants indicate that the current regulation reduces EIAs (evaluaciones de impacto ambiental) to a minimum, focusing only on the aspects of control and follow-up and leaving aside the preventive part, an entirely erroneous position, for the following reason: Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, entirely contrary to what the claimants indicate, strengthens the baseline of the EIA, regarding the technical and legal content of the baseline studies and the EIA instruments, and establishing, for all environmental assessment forms and instruments, that environmental control measures be provided, with environmental follow-up and monitoring indicators, defining their frequency, methodology, point of measurement or application, and the type of indicator, so that all activities, works, and projects are subject to the follow-up and oversight of SETENA. The claimants allege that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, in articles 17 and 90, regarding crimes that the Public Administration could commit, reverses the burden of the commission of crimes against the administrators, benefiting developers; violating the constitutional principles of good faith and intimidating the public official, with what could be called workplace psychological harassment. The foregoing statement is not correct for the following reason: What is indicated in relation to articles 17 and 90 of decree 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC does not refer to the commission of crimes, but rather to the administrative and disciplinary liability that a public official could incur for breach of their legal duties in the review of proceedings submitted for their assessment. The provision makes an allusion to compliance with other regulations applicable to the case and of legal rank, such as articles 10 of Law 8220 on the Protection of the Citizen from Excessive Administrative Requirements and Procedures, and 190 of the General Law of Public Administration No. 6227. No burden of proof is reversed against administrators, nor is it a violation of the principle of good faith, nor does it seek to intimidate officials, since the use of disciplinary power or administrative liability is inherent to the State, and is regulated in legislation of legal rank, in accordance with the constitutional guarantees of due process. The claimants indicate that, in Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, articles 87 and 88 appear in contradiction, where sanctions for developers are reduced. In these, burdens are reversed, imposing criminal sanctions on public officials and relieving the private developer. The Principles of Non-Regression and Deregulation are violated, causing an imbalance of interests. That Regulation 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, according to its article 87, was relieved of taxation and is considered a fault. The challenged articles, far from seeking to deregulate the regulations, aim for there to be, within the sanctions and conducts classified in articles 99 and 101 of the Organic Environmental Law No. 7554, and under the principles of proportionality and reasonableness, a classification of conducts or omissions to have a parameter so that the Administration can exercise its sanctioning power under coinciding conditions for similar cases, on the understanding that not every conduct can be judged with the same sanction, since some are indeed more serious than others and have diverse consequences, so there must be a proportional distinction in relation to the possible sanctions. In this case, the sanctions established according to the type of action or omission are fully aligned with article 99 of the Organic Environmental Law. In relation to article 88, it is important to indicate that its antecedent is found in article 105 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, of May 24, 2004. As can be verified, far from seeking to give an advantage to developers as the claimant tries to make it seem, it establishes, on the contrary, the possibilities for the administration to impose a precautionary measure of suspension, in relation to non-compliance with environmental commitments, for the purpose of seeking the necessary corrective measures or definitively suspending the projects if ultimately appropriate. The foregoing derives from the preventive principle or in dubio pro natura in environmental matters, which indicates, as defined in article 11 of the Biodiversity Law. It is important to indicate that both the Office of the Attorney General of the Republic and the Constitutional Court have reiterated the administrative power to establish precautionary measures, especially in environmental matters. " (Constitutional Chamber, judgment No. 6237-2005 of 14 hours 39 minutes of May 31, 2005). The claimants indicate that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, in its articles 98 and 13 (especially point 2), allows developers of low-impact projects (between 54% and 65% of the total projects that go through SETENA) to build in environmentally fragile areas. The challenged rule discards all precautionary measures to prevent any environmental damage or harm to people. Furthermore, it does not prevent possible damage or impacts to the environment that could be irreversible to environmentally fragile areas, to endangered species, to water sources, to the soil, to the air, and to human beings. The foregoing statement is not correct. Neither article 13 nor article 98 allows developers of low environmental impact projects to build in environmentally fragile areas; what article 13 establishes is the procedure for the verification of the information of the files submitted to the EIA process, by the respective department, both for the environmental assessment stage and for the environmental follow-up and control stage. The claimants indicate that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, in its article 15, allows the developer to begin processing permits in other institutions before the permit process at SETENA concludes, which violates the principle of deregulation. In vote No. 008201 of April 12, 2023, the Constitutional Chamber partially upheld an unconstitutionality action and annulled the phrase "the matter of health, environment, and", contained in the fourth paragraph of article 15 of the Law for the Protection of the Citizen from Excessive Administrative Requirements and Procedures, Law 8220, amended by Law No. 10,072 of November 18, 2021. The foregoing statement is not correct. What was already established in decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is maintained. The Potential Environmental Viability (Viabilidad Ambiental Potencial) allows for initiating or continuing processing procedures before other entities, both public and private, as was the case with the repealed decree. This does not mean that an early Environmental Viability License is thereby granted, nor does it create any acquired right, given that the same, at the end of the process, may be approved or denied. This potential viability facilitates, for example, that a developer can begin procedures to obtain a loan from a banking entity, but for the entities that issue their final permits for the construction or operational stage, the potential viability is not sufficient, inasmuch as they must wait for the institution to issue a ruling regarding the granting of environmental viability, if this is a requirement within their procedures in application of what is established by decree No. 43898-MINAE-S-MOPTMAGMEIC. The claimants indicate that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, in article 35 of the challenged regulation, allows SETENA to stop controlling the project being processed once the developer obtains the environmental viability, leaving the responsibility in the hands of third parties. Regulation 43898 completely dispenses with the obligation to refer the EsIAs (Environmental Impact Studies) to other authorities related to construction permits (Regulation No. 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC contained this in its article 35). What the claimants indicate is not correct, since SETENA is the entity that oversees the work of the environmental managers (responsables ambientales), who must be registered in the SETENA Registry and must ensure compliance with the environmental commitments acquired by a developer of an activity, work, or project, who have the obligation to officially inform SETENA and the environmental authority of the results of the follow-up and control in accordance with what is established in this regulation and other applicable regulations. Likewise, the current EIA regulation, in its article 51, contemplates the Environmental Compliance Inspections, and in its article 54, the technical closure inspections, which are carried out by the SETENA Inspections Unit when it deems it appropriate, for the verification of compliance with environmental measures, as part of the oversight processes, in addition to the other environmental follow-up instruments such as the environmental logbook (bitácora ambiental) and the environmental management reports (informes de regencia ambiental). In addition to addressing environmental complaints that are submitted by the citizenry. These processes are described within Regulation 43898, for which there is absolute clarity regarding the institution's role in the oversight processes, for which it is absolutely necessary to carry out inter-institutional coordination to obtain the technical criteria required from the competent entities in different branches, as is the case of SINAC in forestry matters, the Directorate of Geology and Mines in mining matters, or the Water Directorate regarding the use of water, for example. Regarding the allegation that the obligation to refer EsIAs (Environmental Impact Studies) to other authorities related to construction permits is completely dispensed with, the first thing that must be indicated is that SETENA will publish on its website the list of Environmental Impact Studies, in compliance with article 23 of Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. It is, therefore, that what is established in this decision is consistent with article 35 of Decree 31849, and which was replaced by Executive Decree 43898-MINAE-MOPT-MAGMEIC. In conclusion, what article 23 of Executive Decree 43898 MINAE-SMOPT-MAG-MEIC does is guarantee that, for the most impactful projects and where an Environmental Impact Study must be processed, the institutions related to the procedures for construction permits and the citizens have a differentiated site to be able to inform themselves and, if they so require, access the Digital Platform to be able to view the file in its entirety, without diminishing the citizens' own access to view any file processed in the institution and within which they can proceed to manage their consultations, oppositions, or other tools for citizen participation that the regulations confer on them. The claimants indicate that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, in article 41, provides that different "users" can take advantage of the forest resources of protected wild areas. The Regulation dispenses with the obligation of the developer to communicate, to publicize in a nationally circulated newspaper, the environmental impact studies that it is submitting for consideration to SETENA. The current article 41 reduces the obligation to a publication on the SETENA website for these purposes. Regarding this allegation, it has already been made clear that all files processed under Executive Decree No. 43898 are 100% digital and are available to be consulted by any user, so asserting that there would be no knowledge about the AOPs processed in the institution is unacceptable. The claimants indicate that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC does not contain the D-6 form mentioned in articles 24, 25, 26 because Annex 7, where this D-6 form must appear, as indicated in article 24, was not included. It notes that this allegation regarding the D6 form is incorrect. Said form, as well as the table of environmental measures with their indicators for environmental follow-up, the content that the Geotechnical study, archaeological study, hydrogeological study must possess, as well as the visual guide for the presentation of the site design, can be viewed in the mentioned annex, in Scope No. 65 C to Gazette 67, of Wednesday, April 19, 2023. Furthermore, it can be located in the National System of Current Legislation (SINALEVI). Said D6 form is available for use on the SETENA digital platform, which can be accessed via a link. The claimants indicate that, in Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, Annex 9 with the D-4 form mentioned in articles 36, 37, 38, 39, 41, 42 also does not appear. This allegation is also incorrect. Said form can be viewed in the mentioned annex, in Scope No. 65 C to Gazette 67, of Wednesday, April 19, 2023. Furthermore, it can be located in the National System of Current Legislation (SINALEVI). Said D4 form is available for use on the SETENA digital platform. The claimants indicate that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, in article 87, relieved an omission and considers failure to respond to the request for information requested by SETENA a minor fault. The constitutional and legal framework does not authorize SETENA to delegate, totally or partially, the functions that are proper to it. However, it provides that the projects, works, or activities for which the requirement of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) process before SETENA is eliminated, it is sufficient for them to carry out the procedure they must complete in other institutions and comply with what is provided in the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), and that SETENA does not have the power to delegate or to give orders to the municipalities through a regulation. Regarding this, firstly, it is important to indicate that this was already contemplated by decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in its article 4. Finally, regarding SETENA transferring the obligation to process EIA processes to other institutions, it is not true, because what the rule indicates is that activities, works, or projects with very low potential environmental impact shall not undergo an Environmental Impact Assessment before SETENA. However, they will be subject to complying with all current environmental regulations in the country, and the Municipalities will be responsible for requiring them to comply with the Code of Good Environmental Practices, Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004. Finally, observing the allegations indicated in this unconstitutionality action, this concerns the same issue already analyzed by the Constitutional Chamber regarding the Environmental Impact Assessment processes, where it has been established that there is no unconstitutionality since the determination of which activities, works, or projects require Environmental Viability (Viabilidad Licencia Ambiental) is not its competence.

11.- By resolution of 14:17 hours of January 12, 2024, Ulises Gerardo Álvarez Acosta, identity card 0107900742, in his capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), was included as a passive coadjuvant in this action, and the matter was referred to the instructing magistrate.

12.- The hearing indicated in articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, considering this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

13.- In the proceedings, the prescriptions of the law have been fulfilled.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- ON THE REQUIREMENTS AND FORMALITIES OF THE UNCONSTITUTIONALITY ACTION. This Chamber has repeatedly indicated that the unconstitutionality action is a process with determined formalities, which must necessarily be fulfilled so that this Court can validly rule on the merits of the matter. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction regulates the standing to file unconstitutionality actions and provides for different situations. The first paragraph requires the existence of a matter pending resolution, whether in a judicial venue—including habeas corpus or amparo remedies—or in an administrative one—in the procedure for exhausting this route—in which the unconstitutionality of the challenged rule is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered injured in the main matter. The second and third paragraphs regulate the direct action—a base matter is not required—in the following cases: a) when, by the nature of the matter, there is no individual and direct injury; b) it involves the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole; and c) when the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsman.

Likewise, in judgment No. 04190-95 of 11:33 hours of July 28, 1995, this Court specified that the unconstitutionality action is:

"(…) a process of an incidental nature, and not a direct or popular action, meaning that the existence of a matter pending resolution is required—whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative route—in order to access the constitutional route, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered injured in the main matter, so that what is resolved by the Constitutional Court has a positive or negative repercussion on said process pending resolution, as it rules on the constitutionality of the rules that must be applied in said matter; and it is only by exception that the legislation allows direct access to this route—assumptions of the second and third paragraphs of article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction …".

Finally, there are other formalities that must be met, namely, the brief of filing must be authenticated and contain an explicit determination of the challenged regulations, duly reasoned, with a specific citation of the components of the constitutionality framework that are considered infringed (article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Furthermore, the conditions of standing (powers of attorney and certifications), the payment of the Bar Association stamp must be accredited, and a literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the challenged norms was invoked in the base matter must be provided (article 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction).

II.- ON THE NECESSARY REASONING OF THE BRIEF IN WHICH THE UNCONSTITUTIONALITY ACTION IS FILED. As indicated, the unconstitutionality action is a process with determined formalities, which, if not met, prevent the Chamber from hearing the challenge intended. One of those requirements corresponds to the necessary reasoning of the brief in which the unconstitutionality action is filed. The Law of Constitutional Jurisdiction, in its article 3, provides that "The Political Constitution shall be deemed infringed when this results from the comparison of the text of the rule or act challenged, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with the constitutional norms and principles." Now, for this Court to deem the infringement configured and to be able to declare the unconstitutionality of the challenged rule or act, with the consequent annulment and expulsion from the legal system, the party bringing an unconstitutionality action has the burden of demonstrating how that provision infringes the Law of the Constitution and, furthermore, must indicate why the claim must be upheld. This is termed by this Chamber as the burden of argumentation, that is, that "a norm that facially (sic) is contrary to the Constitution shifts the burden of argumentation to those who maintain that in reality there is no conflict between that norm and the Political Constitution; the opposite occurs if action is brought against a norm that at first glance does not seem contrary to the Constitution, in which case it is the claimant who must advance the arguments that convince of the unconstitutionality" (see judgment No. 0184-95 of 16:30 hours of January 10, 1995). In a later judgment, this Chamber stated, with respect to the lack of exposition of unconstitutionality arguments in matters of unconstitutionality actions, the following:

"The unconstitutionality action is filed with the argument that the challenged Executive Decree is harmful, injures, and infringes the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, the right to health, and the international commitments signed with the Kyoto Protocol. Despite the opportunity granted to the claimants, what the Office of the Attorney General of the Republic indicates is confirmed, that there is no specific analysis of the provisions of the challenged Executive Decree that are considered unconstitutional, but rather it is limited to establishing discrepancies in a generic and abstract manner against the entirety of the Regulation, even more so against all the activity carried out by Sugar Mills and Plantations, since they maintain that they cause inconveniences in the quality of life and health of the surrounding inhabitants, without specifying what constitutionality arguments must be taken into account against each one of the provisions or groups of norms of the challenged Regulation. […] The first paragraph of article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the obligation to authenticate the briefs for filing unconstitutionality actions, since it is deemed necessary that there exist arguments put forth by a legal professional, which this Court does not rule out should respond to a serious study of the technical and scientific background of a specific matter, given the diversity and universality of the norms of the legal system. Unlike guarantee processes, that is, habeas corpus and amparo remedies, which can be directly filed by any interested party before the constitutional jurisdiction in defense of their fundamental rights, generally against acts or omissions that injure them in their particular sphere (although not always, as in environmental cases), in processes for the defense of the Political Constitution (such as the unconstitutionality action), the legislator entrusted the authenticating attorney with a task whose demand is even greater, if you will, more elaborate and exhaustive, which must be reflected in the filing brief by virtue of their professional office, to demonstrate to the Court the injury to the constitutional norm by a norm of lower rank, undermining the principle of constitutional supremacy contained in article 10 of the Political Constitution. Precisely, the material and formal drafting of the Law, as well as other secondary provisions, involves an extremely costly process for the State, in which organized civil society has participated in many ways, for or against, and whose procedures for formation, approval, and promulgation must not be analyzed lightly. In this sense, this Chamber must recognize that there is a reduced space for this Court to remedy the manifest deficiencies of legal professionals who authenticate briefs in this constitutional jurisdiction, without sacrificing the impartiality and analysis owed to each unconstitutionality action." (judgment No. 2012-05285 of 15:03 hours of April 25, 2012).

The cited article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction requires, in that sense, that in the brief in which the action is filed, "its grounds be set forth in a clear and precise manner." In judgment No. 2013-016944 of 14:30 hours of December 18, 2013, this Chamber made express reference to the requirement of due reasoning of the filing brief—as an essential requirement for the admissibility of the action, pursuant to the provisions of the mentioned article—in the following terms:

"II.- INADMISSIBILITY DUE TO LACK OF REASONING. In accordance with article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the grounds must be set forth in a clear and precise manner in the brief filing the unconstitutionality action, with a specific citation of the norms or principles considered infringed. This requirement does not translate into a mere formality but into an essential requirement of admissibility, since by virtue of the pro sentencia principle—developed on other occasions by this Chamber—according to which, admissibility requirements must be interpreted in a sense favorable to the action, and furthermore, Constitutional Law is of preferential public order and, in guarantee of its supremacy and validity, there is a public interest by virtue of which obstacles to the admission and resolution on the merits of an action must be interpreted and applied restrictively. Thus, all procedural norms must be interpreted and applied in such a way that the issuance of the judgment is obtained; the foregoing not only facilitates the administration of justice but also avoids the imposition of obstacles to prevent achieving it (see in the same sense, judgments numbers 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08, and 2887-08). Consequently, the lack of reasoning of the action prevents the issuance of a duly reasoned judgment congruent with what is sought. Likewise, it is inappropriate for this Chamber to rule on the merits of norms challenged in an action when the claimant does not substantiate the reasons for which they challenge, since this would imply carrying out an abstract constitutional review as an academic exercise, which is not compatible with the purpose of a process of this nature."

Finally, in vote No. 2020-000319 of 12:15 hours of January 8, 2020, this Court reiterated that:

"(…) given the formalism legally provided for constitutional review processes, the argumentative burden in the processing of an unconstitutionality action falls on the claimant, who must explain, without ambiguity, the contradiction existing between an infraconstitutional regulation and the constitutionality framework, as well as the standing that assists them."

III.- ON THE REASONING OF THE PRESENT UNCONSTITUTIONALITY ACTION. In the sub judice, from reading the filing brief, it is concluded that the claimant initially formulates a series of generic complaints about Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (Regulation for environmental assessment, control, and follow-up), in which they indicate that the challenged regulation injures: a) The principle of non-regression due to the repeal of decree 31849, which presents widespread deregulation and eliminates environmental controls that the previous norm did have; b) popular consultation, as it accuses that the regulation was not correctly consulted before its issuance, since it was only carried out through the Ministry of Commerce's website; and c) indicates that there is a favoring of the private sector over the public or the community, as it is a manual for reducing procedures to the detriment of nature.

In this regard, the Chamber agrees with the criterion of the Office of the Attorney General of the Republic, in the sense that there is no due argumentative effort to demonstrate how the challenged norms violate the Political Constitution, since regarding such arguments it is held that: a) Regarding the principle of non-regression due to repeal of regulations, it is not sufficient to allege that a norm was repealed and that there are new regulations. Similarly, the claimant does not specify which controls were omitted, how this constitutes a reduction of environmental protection, and whether or not there is technical support; b) regarding the principle of citizen participation, this protects whether, during the process of drafting and issuing the norm, mechanisms for publicity and participation were contemplated, but there is no constitutional determination of which specific mechanisms must be used and, in that sense, the claimant does not indicate how it should have been consulted or why the means used was insufficient; and c) regarding the alleged favoring of the private sector, the claimant does not explain how and through which provisions the alleged favoring occurs. In that sense, this Court considers that the PGR is correct in pointing out that there is no due motivation for such allegations and, on the contrary, they are made in a generic manner without relating in any way the content of the norms to the specific grievance, a circumstance that prevents this Chamber from ruling on them.

Furthermore, continuing with the reading of the filing brief, the claimant argues the unconstitutionality of articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Regulation No.

43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, as it considers them contrary to the principles of non-regression, legal reserve, popular consultation, deregulation, precautionary, pro natura, own acts, intangibility of own acts, good faith, the Escazú Agreement, and environmental protection, for the following reasons:

Article 3 excludes activities that, under the previous regulation, required environmental feasibility (viabilidad ambiental) and lowers the maximum thresholds for classifying them as low, medium, or high impact. Likewise, it eliminates in some cases the obligation to prepare an EIA, and in subsection 8), it favors the expansion of hazardous, polluting, and environmentally destructive agricultural activities, such as aggressive pineapple cultivation. Similarly, it points out that the thresholds for constructive areas under which projects are required to undergo an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) are reduced; the foregoing, without a technical or scientific basis that allows for the change of environmental regulations or deregulations previously established in the prior rule. On this specific point, the Chamber disagrees that the Procuraduría General de la República analyzes this article on the merits, and with the referral to the report that this body rendered in an unconstitutionality action against this same Regulation (expediente No. 23-022240-0007-CO), in the sense that it must be verified whether the modification of the cases in which an EIA is not required is supported by a technical basis. This tacitly admits that the action regarding that provision is duly grounded, a conclusion that is not shared. As occurs with other specific contested provisions, the action limits itself to stating a change in the regulation (in section 6 of the arguments) with a succinct recounting of principles that are alleged to have been violated, an argumentation that makes no relevant difference from those that have already been deemed not to meet the requirements demanded by Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. It is also stated that the Regulation was not adequately consulted, as this was carried out through the website of the Ministry of Commerce and did not have due dissemination. It adds that municipalities were not consulted either, despite the fact that it transfers responsibility to them for everything concerning the issuance of permits for works with very low environmental impact that do not require environmental impact assessments by SETENA. Note that the questioned article has 8 subsections, but the plaintiff does not specify which are the activities that previously required feasibility and are now excluded, and regarding subsection 8) does not explain what the favoring is. Furthermore, it also does not indicate how it should have been consulted, nor why the lack of consultation with the municipalities violates the Political Constitution. In any case, on this last point, the standing invoked by the plaintiffs—for diffuse interests when acting in defense of the right to a healthy environment—is different from that necessary to be able to claim a possible injury to municipal autonomy. The latter, for example, was recognized in judgment No. 2022013101 of 12:31 p.m. on June 8, 2021, in the following terms:

“II.- On the standing of the plaintiff. In the sub lite case, the plaintiff mayor indicates that the challenged rules affect the municipal budget and the autonomy of local corporations, thereby affecting the users of municipal services and communal interests in general. In this regard, the record shows that the mayor provided the agreement adopted by the Council of Alajuela in session no. 28-2019 of July 9, 2019, article 1, chapter IX, by which she was authorized to challenge the provisions of Law No. 9635, in defense of municipal autonomy. Consequently, the Chamber considers that the plaintiff meets the standing requirements to file this unconstitutionality action.”

That Articles 7 and 51 are unconstitutional, since the regulation was not adequately consulted, such consultation having been carried out through the website of the Ministry of Commerce and not having due dissemination. It adds that municipalities were not consulted either, despite the fact that responsibility is transferred to them for everything concerning the issuance of permits for works with very low environmental impact that do not require environmental impact assessments by SETENA. Regarding this article, no detail is provided on how it should have been consulted. Nor does it indicate why the lack of consultation with the municipalities violates the Political Constitution. In any case, the standing invoked by the plaintiff—for diffuse interests when acting in defense of the right to a healthy environment—prevents them from claiming a possible injury to municipal autonomy.

Likewise, it must be taken into consideration that the participation scheme in the adoption of the challenged rule is outside the scope of the Chamber's competence, as has been established in various pronouncements since 2019, in the terms that follow, extracted from judgment No. 2021-21934 of 9:50 a.m. on October 1, 2021:

That Article 9 eliminates in some cases the obligation to prepare an EIA and that point 12 indicates that SETENA will require—if it so merits—a feasibility study approved by the MOPT. However, this claim must be dismissed for improper grounding, as the arguments are not consistent with the content of the rule.

It alleges that Articles 13 and 98 allow developers of low environmental impact projects to build in environmentally fragile areas (áreas ambientalmente frágiles). The foregoing, because without a technical or scientific basis, it allows the change of environmental regulations or deregulations previously established in the prior rule (Regulation 31849), which could harm the environment. This claim, like the previous one, must be dismissed for improper grounding, as the arguments are not consistent with the content of the rule. Moreover, regarding these articles, the Escazú Agreement is not even a parameter of constitutionality, as it has not been ratified by the State of Costa Rica.

Regarding Article 15, it states that it allows the developer to start the processing of permits in other institutions before the permitting process at SETENA is finished. However, this claim must be dismissed for improper grounding, as the arguments are not consistent with the content of the rule.

With respect to Articles 17 and 90, it affirms that they warn about crimes that the Public Administration could commit, reversing the burden of committing crimes onto the administrators, benefiting developers, and intimidating the public official. However, this claim must be dismissed for improper grounding, as the arguments are not consistent with the content of the rule. Likewise, the standing invoked by the plaintiff has no relationship whatsoever with the principle of good faith and the regulations to which public officials must submit in the exercise of their duties.

Regarding Articles 24, 25, and 26, it indicates that Annex 7 (Anexo 7), which should contain the D-6 form mentioned in those articles, was not included in the regulation. This claim, like the previous one, must be dismissed for improper grounding, as the arguments are not consistent with the content of the rule. In any case, according to the PGR, the documentation claimed was published in Alcance N°65 C, La Gaceta no. 67 of April 19, 2023, as part of Volume III of Decree 43898, in which Annex 7 appears as the document called “Formulario de Presentación del D-6 Cuadrante Urbano.”

It points out that Article 32 eliminates in some cases the obligation to go through an environmental impact assessment. Despite the foregoing, the arguments are not consistent with the content of the rule, as the rule refers to the D1-C form, however, the plaintiff omits to indicate how what is stipulated therein violates the Constitution. That is, this is again a case of insufficient grounding.

It indicates that Article 35 abandons SETENA’s control once the developer obtains environmental feasibility (viabilidad ambiental), leaving the responsibility with third parties. However, it omits to explain how this subsequent control should be carried out or why what is stipulated therein is insufficient. This claim, like the previous one, must be dismissed for improper grounding, as the arguments are not consistent with the content of the rule.

It affirms that Articles 36, 37, 38, and 42 are unconstitutional because Annex 9 (Anexo 9), which should contain the D-4 form mentioned in those articles, was not included in the regulation. This claim, like the previous one, must be dismissed for insufficient grounding, insofar as the arguments are not consistent with the content of the rule. Additionally, according to the PGR, the documentation claimed was published in Alcance N°65 C of La Gaceta no. 67 of April 19, 2023, Volume III of Decree 43898, Annex 9 called “Formulario de Presentación del D4-Forestal.”

In the plaintiff's opinion, Article 39 violates the principles of non-regression, deregulation, and pro natura for the following reasons:

“Regulation 43898 in its Article 39 introduces the right to cut 30 cubic meters of trees and extract 10 fallen trees from protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), without requiring the procedure established in regulation 31849. It violates the Principle of Deregulation. The Principle of Non-regression is violated and contradicts what is stipulated in Decreto 25700-MINAE, which declares a total ban on the use of endangered trees, and Article 50 of the Political Constitution, as well as the IUCN Red List and the CITES List.”

Although the Procuraduría General points out that it is necessary to demonstrate the technical reasons why these works or projects do not need to be evaluated by SETENA and that the contested provision lacks such support, the truth is that the grounding of the reasons for unconstitutionality is excessively laconic, so they suffer from the same ground for inadmissibility as the other provisions that have been examined.

It alleges that Article 41 is unconstitutional since Annex 9, which should contain the D-4 form mentioned in that article, was not included in the regulation. Likewise, it argues that it is imposed that different "users" could exploit the forest resources of protected wilderness areas. This claim, like the previous one, must be dismissed for lack of grounding, as the arguments are not consistent with the content of the rule. More abundantly, according to the PGR, the documentation claimed was published in Alcance N°65 C, La Gaceta no. 67 of April 19, 2023, Volume III of Decree 43898, Annex 9 called “Formulario de Presentación del D4-Forestal.”

Regarding Article 47, it points out that it establishes the institutional obligation to recognize as a single project the union of projects with a size of less than one thousand meters that do not require an EIA if they are built on the same property, promoting the illicit fragmentation or subdivision (fraccionamiento) of megaprojects into miniprojects, in order to evade the studies, controls, and regulations that a larger project might have (subdivision by elusion). However, from a reading of the rule, such assertions cannot be extracted, and by not providing further explanation, the arguments are not consistent with the content of the rule.

Finally, it points out that Articles 87 and 88 reduce sanctions for developers. In these, the burdens are reversed by imposing criminal sanctions on public officials and exonerating the private developer. Article 87 reduced the penalty and it is considered a minor offense not to respond to the request for information requested by SETENA. From a reading of these articles, it is clear that they do not establish sanctions for public officials but, on the contrary, they provide for the types of infractions and their sanctions, as well as the imposition of precautionary measures in the event of non-compliance with environmental commitments. In addition to the above, the plaintiff does not explain why it is considered that the developer is exonerated from responsibility, nor are the sanctions that are being reduced detailed. In this regard, the claim must be dismissed for improper grounding, as the arguments do not relate to the content of the rule.

By way of summary, such arguments lack adequate grounding regarding the substantive objections, as required by the aforementioned Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Beyond a succinct allusion to the violation of different constitutional rights and principles, the truth is that the plaintiff omits to set forth its specific normative support, as well as to analyze and develop the specific content of the alleged infringed rules and principles and their scope, in order to relate and contrast them, in an individualized and duly reasoned manner, with the challenged regulations. In short, there is no precise, sufficient, and duly detailed argumentation regarding the grievances and grounds of the alleged violation of Constitutional Law. Consequently, the generic claims against Executive Decree No. 43898, as well as against Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, must be dismissed.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The appellant is warned that if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as stipulated in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

By majority, the unconstitutionality action is dismissed on admissibility grounds. Magistrate Cruz Castro issues a dissenting vote and declares Articles 3, 9, 13, 15, 39, 47, and 98 of the Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental unconstitutional, for violation of the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle. He also issues a dissenting vote regarding the claim of violation of the right to citizen participation and standing in defense of municipal autonomy. Let it be notified.

  

  

  

Fernando Castillo V.

Presidente

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ingrid Hess H. Ana María Picado B.

  

  

  

  

  

  

Exp: 23-020177-0007-CO

Res. Nº 2025-006027

  

Dissenting vote of Magistrate Cruz Castro.- Regressive rules in the Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Rules were approved that ignore the basic principles of constitutional environmental law.

  

Unlike the majority opinion, I consider that this action should be granted. Particularly with regard to Articles 3, 9, 13, 15, 39, 47, and 98 of the Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, for violation of the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle. Additionally, regarding the claim of violation of the right to citizen participation and standing in defense of municipal autonomy. The foregoing, as I express below.

The majority considered that the action was not properly grounded and that the arguments were made generically without relating the content of the rules to the specific grievance in any way. However, I consider that in such a sensitive matter as environmental law, the arguments presented referring to a generalized deregulation and omission of preventive controls that the previous regulation contained are sufficient for this Chamber to examine the merits of each of the challenged rules.

The regressivity of a regulation implies a presumption of unconstitutionality. The State must bear the burden of proof to argue in favor of reasonableness, suitability, necessity, and/or proportionality. The foregoing also finds support in General Comments 13, 14, 15, and 17 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. "The State shall demonstrate that regressive measures are duly justified by reference to all the rights enunciated in the Covenant in the context of the full use of the maximum of the State party's available resources." (General Comment 15, paragraph 19). Note that the Constitutional Chamber, in ruling number 2016-00415, has given the following definition of the principle of non-regression:

"The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, nor approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply an absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to nature, that negatively impact the achievements attained until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Constitution and the principles under examination require justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction of levels of protection."

The argument asserting that Executive Decree No. 43898 is unconstitutional for violating the principle of non-regression, by the mere fact of having repealed Decree 31849 and having established regulations different from those in the former, deserves consideration. In application of the principle of non-regression, it would fall upon the Chamber to analyze whether in effect the new regulation that modified the previous regime decreased the level of protection, without having a reasonable technical justification. I consider that it is enough to argue that the Decree modified the regime in force, that it presents a generalized deregulation, and that it eliminated environmental controls that the previous rule did contain, constituting an acceptable and relevant motivation for this action to be considered properly grounded. The majority opinion assumes a formalistic view, without examining that in environmental matters there are such important limitations that the grounding of the argument need not be so detailed.

The Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental contains several glaringly regressive rules. The rule itself and its content clearly evidence the regression. The following rules are thus observed:

  

-Article 3:

"Article 3.- Activities, works, or projects that by their nature do not require an Environmental Impact Assessment before SETENA. The activities, works, or projects with very low potential environmental impact, indicated in this article, shall not process an Environmental Impact Assessment before SETENA. However, they will be subject to the environmental controls established by the Municipalities, the Ministry of Health (MINSA), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the State Phytosanitary Service (SFE), the National Animal Health Service (SENASA), the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and other entities with legal competences; as well as to what is established in the Código de Buenas Prácticas Ambientales, Executive Decree No. 32079 of September 14, 2004, or any voluntary mechanism to improve environmental performance: (...)"

  

In effect, this rule excludes activities that in the previous regulation required environmental feasibility and lowers the maximum thresholds for classifying them as low, medium, or high impact. It also eliminates in some cases the obligation to prepare an EIA and, in subsection 8), favors the expansion of hazardous, polluting, and environmentally destructive agricultural activities, such as aggressive pineapple cultivation. Pineapple cultivation requires a series of requirements and controls, given the high vulnerability of the soils and regions where it is grown. Similarly, the thresholds for constructive areas under which projects are required to undergo an environmental impact assessment are reduced; the foregoing, without a technical or scientific basis that allows for the change in environmental regulations or deregulations previously established in the prior rule. These regressive variations require technical studies justifying such a change. Technical criteria are indispensable in such sensitive and vulnerable matters as environmental protection.

It is observed, as the plaintiffs indicate, that this rule reduces the thresholds for constructive areas. In the previous regulation, 31849, the ceiling is 500 square meters, in the one before that it was 300, and in this regulation, 43898, it is 1,000. Below that limit, developers do not have to go through EIAs. As the PGR indicates in its report, lacking any technical foundation, these provisions would be contrary to the principle of non-regression in environmental matters, reasonableness and proportionality, and objectification of environmental protection, and, consequently, to Article 50 of the Political Constitution. This would result, in turn, in a violation of the preventive principle, as it would mean ceasing to evaluate and mitigate the environmental impacts of potentially environmentally impactful activities.

All of which violates the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

-Article 9:

"Article 9.- Final environmental classification. The application of the environmental impact significance (SIA) assessment instruments allows the preliminary classification category established for the activity, work, or project by means of the D1 to be modified, with prior technical justification, or confirmed, thereby obtaining a final environmental classification for decision-making. The environmental impact significance (SIA) will be what defines the Environmental Impact Assessment Instrument to be used in D1s with EIA instruments."

In effect, this rule redefines environmental significance, allowing it to be defined by an instrument. This is a relevant issue for safeguarding the substantial content of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in the context of the principles of comprehensive reparation, polluter pays, and non-regression, upon which the environmental impact significance cannot be made dependent on the definition of an instrument. The weakening of environmental protection, without technical criteria, is evident, and therefore it does not require the arguments raised by the plaintiff to be more extensive. The regression is evident, and the lack of technical criteria is also evident.

All of which violates the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

  

-Article 13 and 98:

"Article 13.- Technical verification of the file. The technical verification of the file to be carried out by the respective department shall follow these steps:

1. Verification of the information submitted in the environmental assessment document, regarding environmental impact significance, for which it shall be empowered to conduct an Environmental Inspection of the site according to the procedure defined by SETENA to determine in which cases the inspection must be carried out.

2. Review of the geographic space where the activity, work, or project will be located, regarding its location in an environmentally fragile area or not, and in the context of its territorial space environment and available land-use planning.

3. Verification of the final classification regarding the environmental impact significance (SIA) of the activity, work, or project."

  

Article 98.- Environmentally Fragile Areas (AAF). Their objective is to consider, a priori, a series of environmental and legal variables of a geographic space, in order to facilitate a more accurate decision about the area where a project, work, or activity will be developed.

AAFs, by their nature, are divided into two main groups: a) those areas for which the State has defined a special use regime (defined legal and technical framework); b) geographic spaces that show technical and environmental limitations for their use.

The evaluation of whether the project area is located within an AAF must be carried out by the developer from the initial stages of the project. The fact that the project area forms part of an AAF does not necessarily constitute a prohibition or impediment to the development of the project, work, or activity, unless current legislation so establishes. In this case, knowledge of this situation must lead to the identification of technical environmental limitations and promote a design for the project, work, or activity in such a way that these technical limitations can be overcome, so as not to affect low-impact projects that typically develop in AAFs.

SETENA, during the Environmental Impact Assessment process, will have the obligation to verify, through available digital tools, the situation of the project area with respect to the defined AAFs and to take the result of that analysis into account within the decision-making process that involves the system. In case of uncertainty, it may carry out a site inspection to determine the nature of the land.

For the purposes of this Executive Decree, the following shall be considered environmentally fragile areas: (...)"

  

In effect, these rules allow developers of low-impact projects (between 54% and 65% of the total projects that go through SETENA) to build in environmentally fragile areas. Such permissibility requires a technical basis to ensure that the development of projects in these areas will not result in a negative environmental impact.

All of which violates the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

-Article 15,

"Article 15.- Potential Environmental Feasibility. Once the requirements indicated in Article 11 of this regulation have been submitted, the developer or consultant may request Potential Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental Potencial, VAP) from SETENA, which will be granted within a maximum period of 7 calendar days. Obtaining this would enable the developer of the activity, work, or project to start or continue processing procedures with other entities, both public and private.

The foregoing with the understanding that the start of activities or the concession, as defined in this Regulation, could only occur with the granting of Environmental Feasibility (License) (Viabilidad (Licencia) Ambiental, VLA), which would be obtained once the respective phase of the Environmental Impact Assessment process is completed."

In effect, this rule allows the developer to start the processing of permits in other institutions before the permitting process at SETENA is finished. This authorization is counterproductive, as the rest of the public or private institutions should require certainty about environmental feasibility and not a "potential" feasibility. A category that is debatable from the environmental protection standpoint. In environmental matters, given its fragility, certainty is required, not potentiality.

All of which violates the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

  

-Article 39,

"Article 39.- Activities with very low environmental impact. Requests for the extraction of standing trees with a commercial volume of less than 30 cubic meters, and requests for extraction by harvesting in forest of less than 10 fallen trees per property, within Protected Wilderness Areas are activities that will potentially generate specific, low-intensity environmental impacts of limited duration over time, so these requests are classified as activities with very low environmental impact; therefore, these activities shall not process the D4 Forestal form."

In effect, this rule allows the felling of trees measuring 30 cubic meters and the extraction of 10 fallen trees from protected wilderness areas, without requiring the procedure established in regulation 31849.

As the PGR indicates in its report, this provision, in addition to the exception it makes for the environmental impact assessment in the extraction of trees and requests for extraction of timber in forest within Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), does not differentiate whether it involves cases of private properties located within protected wilderness areas; it does not contemplate the environmental impact assessment, in contrast with Article 37 of the Organic Law of the Environment and the norms regarding the requirement of that assessment on private lands included in protected wilderness areas. All of this liberalization has no technical basis; it is a demonstration that evidences that private interest prevails over a collective interest as relevant as the environment, the guardianship of the common home.

These variations violate the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, of objectivization, and the pro natura principle.

 

-Article 47

"Article 47.- On the unification of environmental viabilities. The developer may request from SETENA the unification of several projects with granted environmental viability (viabilidad ambiental), under the following conditions:

1. When the same developer has one or more projects operating on the same property or on adjacent properties and the projects are similar or complementary in type and activity, they may unify the administrative files to guarantee compliance with the acquired environmental commitments so that no fragmentation of the project occurs. In the event that one or both of the approved activities are not coincident or complementary with the project to be carried out, they must also submit, in the same act, to a modification process.

2. When two adjacent projects that obtained environmental viability wish to unify to create a joint project equal to or different from that granted through the originally granted environmental viabilities, they may request the unification of files. In the event that one or both of the approved activities are not coincident or complementary with the project carried out or to be executed, they must also submit, in the same act, to a modification process.

3. When the area of the project varies in size due to the unification, this must be recorded within the unification document indicating the new area and establishing, in all cases, the new acquired environmental commitments, with those from the higher environmental assessment instrument prevailing.

Once the complete information is submitted, SETENA shall have a maximum period of 21 calendar days to issue the respective resolution.

The Environmental Impact Assessment process shall be carried out through the digital platform or the means that SETENA establishes."

In effect, this provision permits recognizing as a single project the union of projects smaller than one thousand meters that do not require an EIA if they are built on the same property, fostering the subdivision (fraccionamiento) of megaprojects into mini-projects and thereby evading the studies, controls, and regulations that a larger project might have. The provision establishes an instrument that allows evading environmental controls at the expense of the interests of the community.

These variations violate the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, of objectivization, and the pro natura principle.

 

In accordance with the constitutional principles of: guardianship of the right to the environment; the preventive principle (when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements); the precautionary principle (when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on the costs to prevent environmental degradation); the in dubio pro natura principle (in case of doubt or uncertainty, controversies must be resolved and norms must be interpreted in favor of the protection and conservation of the environment); the principle of objectivization of environmental protection (or the principle of linkage to science and technique, according to which it is required to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which the requirement of "linkage to science and technique" is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter); the principle of progressivity and non-regression in environmental matters (the obligation of the State to continually increase protection and not to adopt measures, policies, or legal norms that worsen the level of protection achieved); the principle of rational use of resources; the pro natura principle (to resolve and interpret always in favor of the environment); the indicated provisions of the Regulation for environmental assessment, control, and monitoring that modified the prior regime, deteriorating the level of environmental protection, are unconstitutional. The view that I express in this dissenting opinion (voto particular) expresses a serious concern for the deterioration of environmental guardianship, ignoring such important principles of environmental protection, the violation of which does not require an abundant argument from the petitioner.

Then, in addition to all the foregoing, I consider that the right to citizen participation has been violated. Furthermore, it is appropriate to admit standing in this case for the defense of municipal autonomy. Clearly, the challenged regulation does not fully comply with the criteria to be considered as duly consulted. Note that it was consulted through a website to which not all of the population has access, and the population that could access it did not know that it was under consultation on that page, because it did not have due publicity. Nor does it appear that it was consulted with the municipalities that it directly involves in the use and enforcement of this regulation. Thus, the consultation carried out was through a website of the Ministry of Commerce, which did not have due dissemination to all citizens, which few people have access to, and which is unknown. International norms establish that dissemination must be given through means that reach all citizens, and that they can present their objections easily.

In this matter, the Administration in general does not demonstrate a commitment to citizen participation; only some procedures are created that cannot be classified as citizen participation. Not even this tribunal considers citizen participation to be transcendental, because by majority vote, the requirement for effective citizen control in projects of environmental interest was weakened. Much is said about democracy, about participation, but when its full compliance is required, neither the administration nor judicial control make it an effective experience of democratic culture.

 

Fernando Cruz C.

Magistrate (Magistrado)


Observations of the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL)

voted by ballot

Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:12:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República