Res. 05169-2026 Sala Constitucional — Dismissal of Subsequent Motion Regarding Compliance with Environmental AmparoImprocedencia de gestión posterior sobre cumplimiento de amparo ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 05169 - 2026

Fecha de la Resolución: 13 de Febrero del 2026 a las 09:34

Expediente: 19-007294-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 19-007294-0007-CO

Res. Nº 2026005169

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del trece de febrero de dos mil veintiseis .

Gestión posterior presentada por Nombre01, pasaporte No. 513012418, contra LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.               

Resultando:

 1.- Por escrito recibido mediante el correo electrónico de la Sala a las 12:04 horas del 20 de enero de 2026, la recurrente manifiesta lo siguiente: “Senores (sic) de la Sala Constitucional, gracias para contestar y avisar que necesito mandar dos informationes (sic). Primero. La Municipalidad de Alajuela no contesta los ordenos (sic) de la Sala Constitucional. Segundo. Hoy llamo fiscalia (sic) lic. Raquel Melissa Lopez Jara para cancelar mi cita del 27 enero, con traductor, para mis testimonios del caso ambiental contra la Municipalidad de Alajuela. Ella me explica que se cancela mi cita con el traductor porque pasa a Otro (sic) fiscal y por esta reason (sic). Dice que el traductor es muy carro y que el caso cambia de Mano (sic). La Municipalidad a (sic) ocasionado muchos atropellos a mi familia solo esto denunciando este caso. Gracias par (sic) defender mi derechos al ambiente y el derecho de los que no han nacido”.

 2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

 Considerando:

I.- Sobre lo dispuesto por esta Sala. Mediante la sentencia no. 2019008846 de las 9:30 horas del 17 de mayo de 2019, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“V.- TOCANTE A LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN EN EL CASO CONCRETO. Como primer aspecto, la recurrente reclama que, a la fecha de formulado el presente amparo, las autoridades de la Municipalidad de Alajuela no le habían contestado una gestión que les planteó desde el 29 de marzo de 2019, a efecto que, grosso modo, le indicaran los motivos técnicos y jurídicos por los cuales a ella se le denegó el uso de suelo solicitado, cuando a otra persona sí le fue otorgado.

Analizados los autos, este Tribunal estima que lleva razón la tutelada en lo que respecta a este agravio. Esto, por cuanto de la prueba allegada a los autos, así como del informe rendido bajo juramento, se tiene por demostrado que para el día de formulado el presente amparo, sea, el 30 de abril de 2019, la autoridad recurrida aún no le había notificado a la tutelada la respuesta brindada a la petición formulada desde hacía aproximadamente un mes, sea, el 29 de marzo de 2019. De este modo, al no haberse realizado dicha actuación dentro del plazo de 10 días hábiles dispuesto al efecto por el numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por vulnerado el derecho de petición consagrado en el ordinal 27 de la Constitución Política.

Ahora bien, dado que –tal y como igualmente consta en autos–, el oficio No. MA-PPCI-0190-2019 (a través del cual se contesta lo peticionado), le fue comunicado a la recurrente a las 14:48 hrs. del día 8 de mayo de 2019, luego que los recurridos fueron notificados del presente amparo (lo cual ocurrió a las 10:10 hrs. de 8 de mayo de 2019), lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin emitir orden alguna y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- SOBRE LA DENEGATORIA DEL PERMISO DE USO DE SUELO. De otra parte, la tutelada acusa que las autoridades de la Municipalidad de Alajuela le denegaron, en distintas oportunidades, el permiso de uso de suelo que requirió para un inmueble de su entonces propiedad, bajo el criterio que este se encontraba en una zona de protección absoluta de nacientes; motivo por el cual se vio obligada a venderlo. Asimismo, acusa que al nuevo propietario de tal inmueble, sí le brindaron el citado permiso.

Revisados tales argumentos, este órgano constitucional estima que no resulta competente para analizarlos por el fondo, al tratarse de aspectos de mera legalidad. Nótese que esta Sala no puede entrar a analizar y determinar si a la recurrente, en las oportunidades en que así lo solicitó, se le debió brindar o no el permiso de uso de suelo para la que era su propiedad. Tampoco, este Tribunal podría valorar los motivos técnicos y jurídicos por los cuales al nuevo propietario del inmueble en cuestión sí le fue otorgado el permiso reclamado. Todos estos alegatos deben ser dirimidos por las propias autoridades administrativas o de la jurisdicción ordinaria correspondiente, pues, como se dijo, exceden el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.

Bajo tal orden de consideraciones, el amparo merece ser desestimado en lo tocante a este extremo en particular.

VII.- ACERCA DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL AMBIENTE. Finalmente, de forma sumamente escueta, la tutelada, en el escrito de interposición, refiere que las autoridades de la municipalidad recurrida, al haber brindado el permiso de uso de suelo para construcción a un tercero comprador de su entonces propiedad, perjudicó las nacientes que en este sitio se encuentran.

No obstante, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para conocer el amparo en lo tocante a este último agravio. Lo anterior, por cuanto la recurrente no alegó ni, mucho menos, demostró haber puesto previamente en conocimiento de las autoridades del municipio recurrido el presunto daño ambiental causado con motivo del permiso de uso de suelo para construcción otorgado a un tercero en el inmueble que era de su propiedad y que, a su vez, estas últimas no hubieran atendido sus gestiones. En ese sentido, se debe aclarar a la interesada que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias y así lo ha señalado a través de copiosa jurisprudencia. Al efecto, en la Sentencia No. 2018-3787 de las 09:15 hrs. de 6 de marzo de 2018, este órgano constitucional, al conocer un asunto similar al ahora planteado, señaló, de modo expreso, lo siguiente:

“I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES: SOBRE LOS RECURSOS DE AMPARO PRESENTADOS EN MATERIA AMBIENTAL. Esta Sala ha declarado, reiteradamente, que por la vía del amparo no puede sustituirse directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por este motivo, de previo a admitir un amparo en materia ambiental, se requiere que la parte recurrente haya acudido ante las Autoridades competentes a plantear los reclamos y quejas que corresponda, y que la Administración no haya actuado con la debida diligencia para enfrentarlos, en el entendido de que lo anterior, no es lo mismo que exigir algún tipo de agotamiento de la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no es una Administración activa alternativa. Tan así es, que la Sala se ha negado a conocer ciertos recursos de amparo interpuestos por problemas ambientales, en los siguientes términos: “[...] no debe perderse de vista que los promoventes no aportaron elemento probatorio alguno que demostrara haber acudido previamente ante la citada Área de Salud. Es importante explicar a los recurrentes que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, a plantear los reclamos pertinentes”. (Sentencia N° 2012-18538 de las 09:05 horas del 21 de diciembre de 2012). En este sentido, recuérdese que el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. De allí que esta vía no sea apta para hacer amplias investigaciones en materia ambiental, puesto que éstas harían necesario abrir el proceso a pruebas”.

Bajo dicha inteligencia y, al no existir motivos que hagan variar el criterio sostenido en la sentencia parcialmente transcrita, esta jurisdicción estima pertinente desestimar el presente proceso de amparo.

VIII.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el recurso planteado. (…)

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios causados. Los Magistrados Hernández López y Salazar Alvarado salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de forma separada.-”.-

 

La anterior sentencia le fue notificada a las autoridades recurridas el 8 de mayo de 2019.

II.- Sobre la falta de respuesta por la Municipalidad de Alajuela. En el presente asunto, la recurrente reclama que las autoridades de la municipalidad recurrida no le han brindado respuesta sobre lo ordenado por la Sala Constitucional.

Al respecto, conviene señalarle a la petente que este Tribunal no dio ninguna orden expresa a la Municipalidad de Alajuela, ya que el único extremo por el cual fue acogido el presente recurso fue en cuanto a la falta de respuesta a la gestión que planteó la recurrente desde el 29 de marzo de 2019; sin embargo, se tuvo por demostrado que con motivo de la notificación de la resolución de curso de este amparo, dicho municipio le notificó a la accionante el oficio No. MA-PPCI-0190-2019 (a través del cual se contesta lo peticionado), mismo que le fue comunicado a la recurrente a las 14:48 horas del día 8 de mayo de 2019, luego que los recurridos fueron notificados del presente amparo (lo cual ocurrió a las 10:10 horas de 8 de mayo de 2019), por ende, el recurso fue declarado con lugar el recurso, sin emitir orden alguna y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por cuanto la pretensión reclamada fue satisfecha.

Desde esta perspectiva, este extremo de la presente gestión resulta improcedente.

III.- Sobre la cita con el traductor que fue cancelada. (Hechos nuevos). Al respecto, la recurrente reclama lo siguiente: “(…) Hoy llamo fiscalia (sic) lic. Raquel Melissa Lopez Jara para cancelar mi cita del 27 enero, con traductor, para mis testimonios del caso ambiental contra la Municipalidad de Alajuela. Ella me explica que se cancela mi cita con el traductor porque pasa a Otro (sic) fiscal y por esta reason (sic). Dice que el traductor es muy carro (sic) y que el caso cambia de Mano (sic)”.

Debido a que lo ahora planteado por la recurrente versa sobre hechos nuevos y distintos a los conocidos en el presente proceso, lo procedente es desglosar escrito recibido mediante el correo electrónico de la Sala a las 12:04 horas del 20 de enero de 2026 (en cuanto este específico extremo) para que se tramite como un asunto nuevo y se resuelva lo que en Derecho corresponda.

IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada. Se desglosa escrito recibido mediante el correo electrónico de la Sala a las 12:04 horas del 20 de enero de 2026 (únicamente, en cuanto a la cancelación de la cita con el traductor fijada para el 27 de enero de 2026), junto con la documentación aportada, para que se tramite como un asunto nuevo y se resuelva lo que en Derecho corresponda. Notifíquese.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 T7WLS2XFB7W61

EXPEDIENTE N° 19-007294-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:22:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-four on the thirteenth of February, two thousand twenty-six.

Subsequent motion filed by Nombre01, passport No. 513012418, against THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA.              

Whereas:

 1.- By brief received via the Chamber's email at 12:04 p.m. on January 20, 2026, the petitioner states the following: “Senores (sic) of the Constitutional Chamber, thank you for replying and advising that I need to send two informationes (sic). First. The Municipality of Alajuela is not complying with the orders (ordenos) (sic) of the Constitutional Chamber. Second. Today I called the prosecutor's office (fiscalia) (sic) lic. Raquel Melissa Lopez Jara to cancel my appointment on January 27, with an interpreter, for my testimony in the environmental case against the Municipality of Alajuela. She explained to me that my appointment with the interpreter is being cancelled because it goes to Another (Otro) (sic) prosecutor and for this reason (reason). She says that the interpreter is very expensive (carro) and that the case changes Hands (Mano) (sic). The Municipality has (a) caused many abuses against my family I am only denouncing this case. Thank you for (par) defending my environmental rights and the rights of the unborn.”

 2.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

 Magistrate Araya García writes the opinion; and,

 Considering:

I.- Regarding what was ordered by this Chamber. By judgment no. 2019008846 of 9:30 a.m. on May 17, 2019, this Court ordered the following:

“V.- CONCERNING THE VIOLATION OF THE RIGHT TO PETITION IN THE SPECIFIC CASE. As a first aspect, the petitioner claims that, as of the date this amparo was filed, the authorities of the Municipality of Alajuela had not responded to a motion she filed with them on March 29, 2019, to the effect that, broadly speaking, they indicate the technical and legal reasons why her requested land use (uso de suelo) was denied, while it was granted to another person.

Having examined the record, this Court finds that the protected party is correct regarding this grievance. This, because from the evidence provided to the record, as well as from the report rendered under oath, it has been demonstrated that as of the date this amparo was filed, that is, April 30, 2019, the respondent authority had still not notified the protected party of the response given to the petition filed approximately one month earlier, that is, on March 29, 2019. Thus, since said action was not carried out within the 10-business-day period established for that purpose by numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the right to petition enshrined in ordinal 27 of the Political Constitution is deemed violated.

Now then, given that – as is also evidenced in the record – official letter No. MA-PPCI-0190-2019 (through which the petition is answered) was communicated to the petitioner at 2:48 p.m. on May 8, 2019, after the respondents were notified of this amparo (which occurred at 10:10 a.m. on May 8, 2019), it is appropriate to declare the appeal partially granted, without issuing any order and without special condemnation for costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios).

VI.- REGARDING THE DENIAL OF THE LAND USE PERMIT (PERMISO DE USO DE SUELO). On the other hand, the protected party contends that the authorities of the Municipality of Alajuela denied her, on different occasions, the land use permit (permiso de uso de suelo) that she requested for a property then owned by her, under the criterion that it was located in an absolute protection zone for springs (zona de protección absoluta de nacientes); for which reason she was forced to sell it. Likewise, she contends that the new owner of said property was indeed granted the cited permit.

Having reviewed these arguments, this constitutional body finds that it is not competent to analyze them on their merits, as they involve aspects of mere legality. Note that this Chamber cannot analyze and determine whether or not the land use permit (permiso de uso de suelo) for what was her property should have been granted to the petitioner on the occasions she requested it. Nor could this Court assess the technical and legal reasons why the new owner of the property in question was granted the claimed permit. All these arguments must be resolved by the administrative authorities themselves or the corresponding ordinary jurisdiction, since, as stated, they exceed the summary nature of the amparo appeal, as well as the jurisdiction of this Court granted by the Law of Constitutional Jurisdiction and the Political Constitution itself.

Under such order of considerations, the amparo must be dismissed regarding this particular aspect.

VII.- ABOUT THE PRESUMED ENVIRONMENTAL VIOLATION. Finally, in a very sketchy manner, the protected party, in the initial brief, states that the authorities of the respondent municipality, by having granted a construction land use permit (permiso de uso de suelo) to a third-party buyer of her former property, harmed the springs (nacientes) found on this site.

However, this Constitutional Court does not consider there to be any merit to hear the amparo regarding this last grievance. The foregoing, because the petitioner did not allege, much less demonstrate, having previously brought to the attention of the authorities of the respondent municipality the presumed environmental damage caused by the construction land use permit (permiso de uso de suelo) granted to a third party on the property that was hers and that, in turn, the latter failed to address her motions. In this sense, it must be clarified to the interested party that this Constitutional Chamber is not an instance for processing complaints and it has so stated through abundant case law. To that effect, in Judgment No. 2018-3787 of 9:15 a.m. on March 6, 2018, this constitutional body, when hearing a matter similar to the one now raised, expressly stated the following:

“I.- PRELIMINARY CONSIDERATIONS: REGARDING THE AMPARO APPEALS FILED IN ENVIRONMENTAL MATTERS. This Chamber has repeatedly declared that the amparo procedure cannot directly substitute administrative will and supplant public offices in managing matters under their jurisdiction. For this reason, prior to admitting an amparo in environmental matters, it is required that the petitioner has gone before the competent Authorities to raise the corresponding claims and complaints, and that the Administration has not acted with due diligence to address them, on the understanding that the foregoing is not the same as requiring some sort of exhaustion of administrative remedies, but the simple admission that this Court is not an alternative active Administration. So much so, that the Chamber has refused to hear certain amparo appeals filed for environmental problems, in the following terms: “[...] one should not lose sight of the fact that the petitioners did not provide any evidentiary element demonstrating they had previously gone before the cited Health Area. It is important to explain to the petitioners that this Constitutional Chamber is not an instance for processing complaints, for which reason they must go before the Ministry of Health to raise the pertinent claims”. (Judgment N° 2012-18538 of 9:05 a.m. on December 21, 2012). In this sense, it should be remembered that the amparo proceeding is of an eminently summary nature —that is, brief and simple— and its processing is incompatible with carrying out slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to preliminarily examine —with a declaratory nature— whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual array of the amparo appeal or the legal report, as the case may be, actually exist. Hence, this remedy is not suitable for conducting extensive investigations in environmental matters, since these would make it necessary to open the proceeding for evidence.”

Under such understanding and, as there are no reasons to vary the position held in the partially transcribed judgment, this jurisdiction deems it pertinent to dismiss the present amparo proceeding.

VIII.- COROLLARY. In view of the foregoing, it is appropriate to partially grant the appeal filed. (…)

THEREFORE:

The appeal is declared partially granted without special condemnation for costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused. Magistrates Hernández López and Salazar Alvarado partially dissent (salvan parcialmente el voto) and order condemnation for damages, losses, and costs (daños, perjuicios y costas) in accordance with articles 50, 51, and 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, separately.-”.-

 The foregoing judgment was notified to the respondent authorities on May 8, 2019.

II.- Regarding the lack of response by the Municipality of Alajuela. In the present matter, the petitioner claims that the authorities of the respondent municipality have not provided her with a response regarding what was ordered by the Constitutional Chamber.

In this regard, it is appropriate to point out to the petitioner that this Court did not issue any express order to the Municipality of Alajuela, since the only aspect for which the present appeal was granted was regarding the lack of response to the motion filed by the petitioner on March 29, 2019; however, it was proven that upon notification of the preliminary resolution of this amparo, said municipality notified the petitioner of official letter No. MA-PPCI-0190-2019 (through which the petition is answered), which was communicated to the petitioner at 2:48 p.m. on May 8, 2019, after the respondents were notified of this amparo (which occurred at 10:10 a.m. on May 8, 2019), therefore, the appeal was declared partially granted, without issuing any order and without special condemnation for costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), because the claimed pretension was satisfied.

From this perspective, this aspect of the present motion is inadmissible.

III.- Regarding the cancelled appointment with the interpreter. (New facts). In this regard, the petitioner claims the following: “(…) Today I called the prosecutor's office (fiscalia) (sic) lic. Raquel Melissa Lopez Jara to cancel my appointment on January 27, with an interpreter, for my testimony in the environmental case against the Municipality of Alajuela. She explained to me that my appointment with the interpreter is being cancelled because it goes to Another (Otro) (sic) prosecutor and for this reason (reason). She says that the interpreter is very expensive (carro) (sic) and that the case changes Hands (Mano) (sic).”

Because what is now raised by the petitioner concerns new facts different from those heard in the present proceeding, it is appropriate to detach (desglosar) the brief received via the Chamber's email at 12:04 p.m. on January 20, 2026 (insofar as this specific aspect) so that it is processed as a new matter and resolved as legally appropriate.

IV.- Documentation contributed to the case file. The parties are warned (se previene) that if any document has been contributed on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or any produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The motion filed is denied. The brief received via the Chamber's email at 12:04 p.m. on January 20, 2026 (solely regarding the cancellation of the appointment with the interpreter set for January 27, 2026) is detached (se desglosa), together with the documentation contributed, so that it is processed as a new matter and resolved as legally appropriate. Notify.-