Res. 41905-2025 Sala Constitucional — Infrastructure in protection areas: tourism works without technical basisInfraestructura en áreas de protección: obras turísticas sin sustento técnico

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Sala Constitucional

Resolución Nº 41905 - 2025

Fecha de la Resolución: 17 de Diciembre del 2025 a las 12:15

Expediente: 23-002032-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia interpretativa

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

AMBIENTE. INFRAESTRUCTURA VIAL EN ÁREAS DE PROTECCIÓN URBANAS Y RURALES
Expediente: 23-002032-0007-CO
Sentencia: 041905-25 del 17 de diciembre del 2025
Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad
Norma impugnada: Artículo 33 bis y parcial a la 33 ter (párrafos dos y cuatro) de la Ley Forestal, adicionados mediante la Ley No. 10210 de 05 de mayo de 2022. Publicada en La Gaceta No. 101 de 01 de junio de 2022.
Parte dispositiva: 1) Por unanimidad, se declara sin lugar la acción en cuanto al primer párrafo del numeral 33 bis. 2) Por mayoría, se declara CON lugar la acción en contra del segundo párrafo del artículo 33 bis y el artículo 33 ter de la Ley Forestal, así como el transitorio II  de la ley nro. 10210. 3) Por mayoría, se interpreta el último párrafo del artículo 33 bis de la Ley Forestal, en el sentido de que la competencia de la Dirección de Agua de otorgar las autorizaciones previstas, no desconoce la exigencia de rango constitucional y convencional de contar con una evaluación de impacto ambiental previa, cuando, dependiendo de la obra o actividad correspondiente, técnicamente así se requiera, en concordancia con las competencias de la SETENA en esa materia. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Garro Vargas salvan el voto parcialmente y declaran constitucionales el segundo párrafo del artículo 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal, siempre y cuando se interprete que, esa condición de bajo impacto ambiental a la que alude el artículo 33 bis respecto de esas obras, sea definida previamente bajo un estudio técnico, conforme el pronunciamiento que hace este Tribunal en esta sentencia, en relación con el párrafo final de ese mismo ordinal aquí impugnado. En igual sentido, salvan el voto y declaran sin lugar la acción respecto del transitorio II. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.-

CO03/26

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Texto de la resolución

 

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Exp: 23-002032-0007-CO

Res. Nº 2025-041905

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas quince minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

 Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], portador de la cédula de identidad nro. [Valor 001], en su condición personal y en calidad de presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote, cédula jurídica nro. [Valor 002], para que se declaren inconstitucionales el artículo 33 bis y los párrafos segundo y cuarto del ordinal 33 ter, ambos de la Ley Forestal, adicionados mediante Ley nro. 10210 de 5 de mayo de 2022, publicada en La Gaceta nro. 101 del 01 de junio de 2022, por estimarlos contrarios a los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política, así como a los principales constitucionales de derecho ambiental de no regresión, progresividad y tutela científica. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Ambiente y Energía, el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:18 horas del 30 de enero del 2023, el accionante alega que impugna el artículo 33 bis de la Ley Forestal, adicionado mediante Ley nro. 10210 de 5 de mayo de 2022, referente a la infraestructura civil en áreas de protección urbanas y rurales, dado que, pese relacionarse con el manejo de biodiversidad y del recurso hídrico, se elaboró sin mediar estudios técnicos y científicos justificantes, aspecto que transgrede el principio de tutela científica. Afirma que también se detecta una inconstitucionalidad por omisión respecto de dicha norma, pues, en primer lugar, no prevé que, antes de emitirse el acto habilitador para cada proyecto -que debe emitir la Dirección de Agua-, debe existir debidamente aprobada una licencia ambiental por parte de la SETENA, donde se valore el principio precautorio y los efectos ambientales acumulados de otros proyectos que ya operen en la zona, y en segundo lugar, la norma es omisa en señalar que las competencias que tiene asignadas por ley -desde 1983- el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) se mantienen y que las labores competenciales asignadas a la Dirección de Agua, no alteran los estudios y autorizaciones que debe hacer el SENARA en materia agrícola vinculada a la gestión integral del recurso hídrico. Respecto del párrafo segundo del citado artículo 33 bis acusa, específicamente, que esta norma autoriza a conceptualizar a ciertos proyectos per se, sin estudios previos justificantes, como obras de bajo impacto ambiental, pese que, para determinar la significancia y categorización de obras de bajo impacto ambiental, se requería tener el respaldo necesariamente técnico y científico, que no existió en este caso. Alega que el vicio de inconstitucionalidad de este segundo párrafo de la norma 33 bis se incrementa al constatar que los diputados nunca consideraron que el sitio donde se realizarían las obras ahí descritas y otras, son áreas designadas por nuestro ordenamiento jurídico como de alta fragilidad ambiental, que requieren necesariamente una EIA específica con estudios técnicos para cada proyecto donde se mida la significancia ambiental del impacto que podría ser alta, dependiendo de aspectos ambientales que deben ponderarse. Acusa que calificar de forma genérica y con numerus apertus una infinidad de proyectos en áreas de protección como de bajo impacto es inconstitucional por regresión. Alega que el artículo 33 ter, relativo a obras de recuperación y rehabilitación en áreas de protección en zonas urbanas y rurales, presenta los mismos vicios de inconstitucionalidad ya indicados en sus párrafos segundo y cuarto. En cuanto al citado artículo 33 bis, estima que este es inconstitucional en su totalidad. Reclama, en primer lugar, una violación constitucional por elaborarse una norma sin estudios dentro de la ciencia y la técnica. Indica que el principio de tutela científica establece que no se pueden hacer modificaciones legales sin que las mismas estén justificadas por la ciencia y la técnica, pues las repercusiones medioambientales podrían ser nefastas y contrarias al deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que señala la norma 50 constitucional. En el caso específico del artículo 33 bis, asevera que en el expediente de la Asamblea Legislativa no se encuentra un estudio (ni siquiera básico) que justifique la redacción total del texto de tal norma 33 bis, lo que motiva que se declare su inconstitucionalidad. Señala que debe considerarse que los aspectos que se entran a regular en tal disposición normativa están totalmente vinculados a la biodiversidad y al agua, por lo que se requería una total certeza de mínima afectación, que solo podría ser garantizada si los legisladores hubieren contado con los estudios que fundamentaban su decisión. Nótese que los diputados relajaron el ordenamiento jurídico al reducir a una categoría de “bajo impacto ambiental” a una lista amplia y genérica de proyectos por mera discrecionalidad, según lo dispuesto en el párrafo segundo de tal norma. Además, insiste que olvidaron -o desconocían- que todas las áreas de protección en Costa Rica son lugares que ya tienen establecida una categoría de sitios de “alta fragilidad ambiental”, es decir, son lugares donde existe un alto riesgo de generarse daños ambientales y que requieren de un cuidado extremo, por lo que, en síntesis, hubo impericia y negligencia en elaborar la norma, que vicia todo el artículo 33 bis de la Ley Forestal. Alega que el hacer proyectos en sitios de recarga acuífera, o bosques, a orillas de ríos, o quebradas, sobre nacientes, etc., tales como puentes, o plataformas de observación, por citar algunos, podrían implicar talar árboles, cortar ramas, afectar ecosistemas de epífitas, de insectos, o aves, amarrar cables que estrangulan árboles, perforar el suelo para poner postes en lugares donde el nivel freático sea alto y fácil de contaminar acuíferos, usar concreto contaminante, utilizar pintura, hacer soldadura, dar mantenimiento con anticorrosivos, etc., que son obras y labores que pueden generar impactos negativos irreversibles sin lugar a dudas, pero nada de ello fue ponderado, ni valorado mediante estudios por el Poder Legislativo al aprobar la ley y ese solo hecho es totalmente irregular y violatorio del numeral 50 constitucional. Indica que también debe pensarse en el impacto negativo visual al paisaje con obras invasivas en los parajes que ha mencionado y a los que el propio legislador en el pasado ya había destacado como lugares a proteger especialmente, según lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Ambiente, que está vinculado al numeral 89 constitucional. Cuestiona, el accionante, cómo se protegerá el paisaje en áreas de protección, si todos los proyectos autorizados han sido considerados como de “bajo impacto ambiental” y, por ende, no se incluiría para ellos ningún estudio técnico. Cita el voto nro. 2003-6324 de esta Sala sobre la protección al paisaje. Alega que las obras autorizadas por disposición legal como de bajo impacto, son para edificarse en áreas de protección, por lo que el riesgo de daños ambientales al paisaje es manifiesto también. Sostiene que existe reiterada jurisprudencia constitucional en el sentido que el principio de razonabilidad y el de objetivación deben ser observados por los legisladores a la hora de elaborar normas (cita el voto 7294-1998). Incluso, regularse de forma confusa aspectos de manejo de aguas residuales de terrenos agrícolas vinculados a mantos acuíferos, es un aspecto que pesa a favor de tener que declarar la inconstitucionalidad. Sostiene que los párrafos primero y segundo de la norma 33 bis entraron a normar lo anterior de forma regresivamente peligrosa. Cita los votos de esta Sala números 2005-14293, 2006- 17126, 2009-2009, 2012-13367 y 2022-025307. Por lo que solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 33 bis por violación de los ordinales 50 y 89 constitucionales y los principios de tutela científica y de razonabilidad. Añade que ese mismo numeral impugnado, en su último párrafo, señala que: "La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales establecerán los requisitos y estudios necesarios. como plazos de la administración para resolver" (el resaltado no corresponde al original). Alega que tal texto se podría mal interpretar en el sentido que la SETENA ya no estará encargada de revisar previamente los estudios, ni determinar los estudios o protocolos necesarios para las obras o desarrollos en las áreas de protección, y ello es sumamente delicado y peligroso para el ambiente y las generaciones presentes y futuras. Alega que, desde 1995, la SETENA -por disposición legal expresa prevista en la Ley Orgánica del Ambiente- ha venido perfeccionando y depurando protocolos para hacer evaluaciones de impacto ambiental (EIA) en áreas de protección, como consta en su normativa en sus diferentes anexos o secciones, que están vinculados a las normas 50 y 89 constitucionales, por lo que considera que es vital que esta Sala disponga, al menos, que al ser confusa por omisión la redacción de la norma 33 bis, amerita la emisión de un criterio interpretativo de los magistrados donde se señale que la Dirección de Agua requerirá al proyectista una licencia ambiental previa emitida sobre la viabilidad ambiental del proyecto antes de trasladar sus gestiones a la citada dirección, donde se garantice que se han ponderado todos los elementos necesarios y que se han tomado todas las medidas de mitigación, prevención y preservación del ambiente. Sostiene que lo anterior es fundamental, pues con ello se garantiza que el Estado busque proteger y preservar espacios que son vitales y que incluso han sido considerados por la propia SETENA como sitios de alta fragilidad ambiental. Alega que es oportuno recordar que los artículos 17, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente siguen vigentes y lo ahí dispuesto está acorde con un universo de normas supra e infra legales que obligan a Costa Rica a cumplir con las EIA. Debe considerarse que la SETENA es una oficina especializada en evaluaciones de impacto ambiental y la Dirección de Agua no. Asevera que esta Sala ha indicado, sobre la significancia de las EIA, que: “el Estudio de Impacto Ambiental previo constituye el instrumento técnico idóneo para cumplir el principio precautorio que rige la materia ambiental, razón por la cual, prescindir de él implica omitir la prevención debida tratándose de la intervención humana en el medio..." (voto nro. 6322-03) Por su parte, en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nro. OC-23- 17, sobre el tema de las evaluaciones ambientales, se expone: "158. En sentido similar, la Corte Internacional de Justicia ha manifestado que el deber de debida diligencia implica llevar a cabo un estudio de impacto ambiental cuando existe un riesgo de que una actividad propuesta pueda tener un impacto adverso significativo en un contexto transfronterizo y, particularmente, cuando involucra recursos compartidos...". Alega que en el voto nro. 15760-2008, esta Sala también ha resuelto que las EIA deben ser consideradas por los legisladores para evitar daños ambientales. Por eso estima que la redacción de la norma 33 bis in fine amerita, al menos, un criterio interpretativo, para que no se entienda que con los estudios que hará la Dirección de Agua se suplen los que podría exigir la SETENA. Sería inconstitucional considerar que los estudios que haga la Dirección de Agua serán evaluaciones de impacto ambiental, pues esto dejaría dos oficinas haciendo la misma labor y ello violenta la proporcionalidad y la razonabilidad, más que, como ha señalado, la SETENA es la dependencia especializada en Costa Rica para valorar las EIA desde hace más de dos décadas y tiene el personal especializado. Añade que los artículos 17, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente y la norma 94 de la Ley de la Biodiversidad obligan a hacer EIA y esos ordinales están por conexidad relacionadas al ordinal 14 de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Ley nro. 7416), por lo que se hace imperativa una sentencia interpretativa para evitar confusiones. También debe tenerse presente que Costa Rica es signataria de Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 02/02/71) y si bien en ese instrumento no se hace referencia expresa a la EIA, no puede perderse de vista su artículo 3, que establece la obligación de fomentar la conservación y el uso racional de los humedales, obligando a las partes contratantes a adoptar medidas cuando se puedan producir daños a estos ecosistemas -que contienen áreas de protección- y claro que esa protección se hace mediando estudios que colaboren en predecir y mitigar efectos negativos al objetivo de la convención, por lo que tácitamente se debe considerar que el instrumento obliga a hacer evaluaciones de impacto ambiental del tipo que sea. También debe tenerse en cuenta que en la Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, conocida como COP 6, se aprobó la Recomendación 6.2, que considera que en las políticas de EIA ha de prestarse atención a los objetivos de conservación de los humedales y se solicita que se examinen las directrices existentes sobre EIA aplicables a los humedales y se tomen disposiciones oportunas para elaborar “Directrices Ramsar” en cuanto a impacto ambiental relacionado a la conservación y uso racional de los humedales. Asimismo, las Recomendaciones 3.3 y 3.5, que están referidas a los instrumentos de la EIA, reconocen que estas evaluaciones son un mecanismo que ayudará a definir los efectos ambientales de proyectos o acciones en los humedales, que son una especie de bosques muy frágiles, que -como se dijo- contienen sitios que son áreas de protección y por tanto envueltas en lo que ahora se discute. Por su parte, tomando en cuenta el soft law, también se tienen referencias como hojas de ruta para que se considere las EIA como aspectos fundamentales en los Estados. Cita el principio 11, incisos b y c, de la Carta Mundial de la Naturaleza, así como el documento denominado Metas y Principios de la Evaluación de Impacto Ambiental establecidas por el PNUMA mediante la Decisión 14/25 de 1987. También menciona que en Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) se adoptó como elemento decisivo en cualquier decisión estatal la Evaluación de Impacto Ambiental, ya que la considera como un instrumento de desarrollo duradero e integrador del principio precautorio. Alega que su principio 17 habla de que deberá existir una autoridad nacional competente que decida sobre tal evaluación de impacto ambiental y por lógica y por mera racionalidad ambiental lo objetivo es que sea solo una dependencia gubernamental la que exista y, a la fecha y desde hace más de 20 años, esta ha sido la SETENA, misma oficina que ha tenido esa competencia de forma exclusiva; en consecuencia, jamás se debería pensar que la Dirección de Agua también será competente para valorar los impactos ambientales, si las normas de la Ley Orgánica del Ambiente siguen vigentes y, sobre todo, si no existe una justificación técnica-jurídica que traslade la mencionada labor competencial. Por todo ello, considera que la palabra “exclusividad” prevista en el último párrafo en la norma cuestionada 33 bis es inconstitucional. Tal “exclusividad” supondría, además de crease una duplicidad de competencias, que se podrían saltar las exigencias legales y constitucionales de pedir evaluaciones de impacto ambiental a los proyectistas. Afirma que todo lo indicado sobre las EIA va de la mano del principio de progresividad previsto en artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley nro. 4534). Indica, el accionante, que también le parece fundamental que exista una sentencia interpretativa, si es que no se admite una inconstitucionalidad de toda la norma 33 bis, porque en esa nueva disposición legislativa se detalla que los “vertidos de aguas residuales procedentes de un sistema de tratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería; todo, sin deterioro de la calidad del agua y el cauce de obras”, requerirán de estudios y aprobaciones, donde la Dirección de Agua tendrá exclusividad en exigirlos y analizarlos, lo que genera un problema que amerita la interpretación, pues de no ser así, ello se confronta con labores que realiza ya el SENARA, conforme lo dispuesto en la Ley nro. 6877, artículos 2 (incisos a y b) y 3 (incisos a, ch y e). Es decir, las competencias, según la modificación de la Ley Forestal, son exclusivas de la Dirección de Agua para obras de "vertidos de aguas residuales procedentes de un sistema de tratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel que puede ser por canal abierto o por tubería; todo, sin deterioro de la calidad del agua y el cauce de obras”, pero resulta que, a la vez, también las obras, la fiscalización, la investigación, las autorizaciones y estudios en temas idénticos los tiene el SENARA, según las normas ya citadas de la Ley nro. 6877. De esta forma, la Dirección de Agua exclusivamente velará por el manejo de recurso hídrico superficial y subterráneo en principio en áreas de protección vinculadas a la producción agropecuaria, pero el SENARA también tiene encomendada esa labor especializada para todo el país, como lo señalan las normas 2 y 3 de la ley de esta última institución. Por lo que existe un traslape competencial o una duplicidad de labores que debe ser aclarada, pues existe una omisión legislativa que genera incertidumbre y que, a la postre, podría traer daños ambientales significativos. Cuestiona el accionante quién será el competente verdaderamente para hacer estudios y otorgar actos habilitadores a proyectos agropecuarios donde exista el manejo del recurso hídrico, o por qué no se pensó incluso en el traslado de competencias y en el manejo presupuestario cuando se elaboró la norma 33 bis sabiéndose que existían competencias similares con SENARA, o será que se trasladará personal del SENARA a la Dirección de Agua ya que esa oficina tiene el capital personal especializado, o SENARA dejará de manejar parte de sus labores o coordinará con la Dirección de Agua. Alega, el accionante, que de no emitirse una aclaración interpretativa se estaría ante una inconstitucionalidad por omisión. Considera que es clara la impericia legislativa que al final podría generar atrofia institucional y repercusiones ambientales en ecosistemas altamente frágiles como lo son las áreas de protección, cuya labor y objetivo es proteger ríos, mantos acuíferos, nacientes, bosques y humedales. Debe tenerse presente que con la duplicidad de competencias se generan gastos exorbitantes dobles, descuido en los estudios, confusión para los administrados y eventuales daños ambientales por una pésima o nula gestión integral y fiscalización del recurso hídrico y todo ello está vinculado a la norma 50 constitucional y la efectividad en la protección ambiental que el Estado debe dar. Solicita que, de mantenerse la norma, al menos se emita una sentencia interpretativa que disponga que todas las competencias administrativas institucionales siguen vigentes para SETENA y SENARA y que la Dirección de Agua deberá coordinar con cada una de ellas de previo a otorgar autorizaciones o licencias. Alega, finalmente, en cuanto al citado artículo 33 bis, que uno de los vicios más graves de inconstitucionalidad e inconvencionalidad es que los legisladores, sin criterios técnicos y científicos, relajaron una serie de proyectos ambientales a la categoría más básica que es la de obras “bajo impacto ambiental”. Lo abusivo está en que, conforme al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo nro. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo de 2004, se establece que los proyectos declarados como de bajo impacto ambiental requieren simplemente una declaración jurada de compromisos ambientales de parte del desarrollador y esto conlleva a bajar la rigurosidad y la protección ambiental que el Estado tiene encomendada sobre todo para sitios de alta fragilidad ambiental como lo son las áreas de protección y los sitios que son considerados como reservas a favor de la Nación que circundan fuentes de agua, bosques, etc. Incluso, según nuestra normativa, en los sitios de alta fragilidad ambiental nunca podrían hacerse proyectos de bajo impacto ambiental, por lo que estamos ante una manifiesta regresión. Cuestionan, en particular, la redacción del párrafo tercero del numeral 33 bis que señala: “Asimismo, se autorizan obras de bajo impacto ambiental tales como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras.” (el destacado no corresponde al original) Acusa que, con lo anterior, los diputados tomaron de forma negligente, así como irresponsable, una decisión que les correspondía a técnicos o especialistas, sin mediar ningún estudio. Incluso debe entenderse que, por lo delicado de las obras en las diferentes áreas de protección que existen en Costa Rica -previstas en la Ley Forestal y la Ley de Aguas-, cada obra debería requerir, por aparte, de una EIA, con varios filtros y estudios ambientales, tales como estudios arqueológicos, sociales, hídricos, impacto visual, impacto acumulado, estudios forestales, etc., pero de la manera en que se dispuso, los diputados incurrieron en una seria regresión ambiental al relajar los diques existentes. Sostiene que la categorización hecha en la norma 33 bis debe ser tomada como inconstitucional, dado que, dentro del expediente de la Asamblea Legislativa no existe estudio alguno que justifique por qué se estableció la categoría de bajo impacto ambiental a diversos proyectos y con esto se violentó el principio de progresividad. Se aprecia en la norma 33 bis que contrario a establecer mejores controles y fiscalizaciones en áreas de protección, todo se relajó. Alega, al efecto, que el mismo Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG MEIC, en el Anexo 3, establece que las áreas de protección de ríos y quebradas, los bosques y los humedales son sitios de alta fragilidad ambiental y ello conlleva a la obligatoriedad de tener que pasar por el tamiz de SETENA y tener que presentarse una serie de estudios, como los ya indicados. Manifiesta que no se está hablando específicamente de estudios de impacto ambiental, o de planes de gestión ambiental, pues ello no le corresponde valorarlo a esta Sala, sino que señala, de forma genérica, que se requieren estudios científicos simplemente para medir la incertidumbre y se tomen medidas predictivas de mitigación o precaución; es decir, el vicio de inconstitucionalidad estaría dado en que no existirán estudios ambientales valorados por SETENA que justifique el por qué “las plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales... entre otros”, se pueden hacer sin restricción al ser obras de bajo impacto ambiental. Situación que se agrava con las palabras “entre otros”, pues la lista es numerus apertus. Acusa que, por no ser técnicos, ni especialistas, los legisladores, al disponer que dichas obras en áreas de protección son de bajo impacto, automáticamente relajaron nuestro ordenamiento jurídico, pues el efecto acumulado de otras obras pasará de lado, pese que el efecto acumulado fue contemplado como una obligación en las EIA conforme lo desarrolla la Opinión Consultiva OC-23-17 que dice: “165. La Corte ha señalado que el estudio de impacto ambiental debe abarcar el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que hubieran sido propuestos... Asimismo, se debe tomar en cuenta el impacto causado por otros proyectos existentes. Este análisis permite concluir de una manera más certera si los efectos individuales y acumulados de actividades existentes y futuras implican un riesgo de daño significativo.” Sostiene que, con base en lo anterior, los efectos acumulados deben ser entendidos como uno de los estándares mínimos interamericanos en las EIA, es decir, si solo se pide una simple “declaración jurada de compromisos ambientales”, como se hace en proyectos de bajo impacto ambiental, el desarrollista fue eximido sin justificación de presentar estudios en sitios de alta fragilidad ambiental. Cita el voto número 11088-2013 de esta Sala, referente al principio de progresividad y la prohibición de no regresividad. Alega que, con sustente en lo anterior, debe declararse la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma 33 bis párrafo tercero. En lo referente específicamente el artículo 33 ter, el accionante aclara que no la cuestiona completamente, sino que de forma parcial (párrafos dos y cuatro). Precisa que tal norma señala, en su párrafo segundo, que: “Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable únicamente para las actividades autorizadas en el artículo 33 bis". Considera que ese párrafo debe de ser analizado en razón de los argumentos ya expuestos; es decir, se señaló que toda la norma 33 bis es inconstitucional al carecer de estudios técnicos que la fundamenten y que al no existir un respaldo técnico-jurídico se violentaba el principio precautorio y el de objetivación, y en caso de no aceptarse ese argumento, la norma 33 bis podrían ser interpretada, diciéndose que las competencias del SENARA y de la SETENA quedaban intactas; pero, respecto al segundo párrafo, que categoriza varias obras como de “bajo impacto ambiental”, se insistió en la declaratoria de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, por no existir estudios que ampararan dicho párrafo del 33 bis, y también se argumentó que si a los desarrolladores solamente se les exige una simple declaración jurada de compromisos ambientales ante un notario, prácticamente se está ante una desregularización del principio precautorio (no se harán estudios hidrogeológicos, forestales, sociales, ni se verá el efecto acumulado, etc.) que está previsto en diversas normas del derecho previsto en el hard law y soft law. Indica que, por todo lo anterior, también se debe declarar inconstitucional el citado párrafo de la norma 33 ter. El accionante añade que, para ser consecuente con lo expuesto anteriormente, también considera que se debe emitir una interpretación racional y lógica donde se disponga que el último párrafo de esta norma 33 ter se aclarará en el sentido que el hecho de existir una exclusividad en emitir un acto final habilitador por parte de la Dirección de Agua no elimina las competencias de la SETENA. Sobre el tema del impacto a sitios de alta fragilidad ambiental, indica el accionante que debe establecerse cuáles son las áreas de protección en Costa Rica y señala que la respuesta está en la propia Ley Forestal y en la Ley de Aguas, que están vinculadas ambas al numeral 50 constitucional. Alega que estas dos leyes contienen áreas a proteger que no pueden ser separadas. Cita los artículos 33 de la Ley Forestal y 31, 32 y 149 de la Ley de Aguas. Señala que muchos terrenos ricos en biodiversidad deben ser protegidos, pues el propio legislador previó desde el pasado darles un especial resguardo, donde les otorgó el calificativo especial de áreas de protección, reservas a favor de la Nación, o bosques que den resguardo a nacientes, o sean sitios de recarga acuífera entre otros. Considera que los actuales diputados debieron de haber seguido con la línea ya trazada de prever un halo de protección especial por lo frágil de esos ecosistemas, pero contrario a ello, al decirse en la norma 33 bis que los proyectos que se hagan en esos sitios iban a ser de “bajo impacto ambiental”, bajaron los estándares sin justificación. Conforme al numeral 8 de la Ley de la Biodiversidad, que está vinculado por conexidad al numeral 50 constitucional, todos los inmuebles deben cumplir una función ecológica. Ello exige un deber de protección de sitios como los previstos, tanto en la Ley Forestal como en la Ley de Aguas, antes dichos. En este caso, incluso opera el principio de irreductibilidad de los ecosistemas ya reconocido por esta misma Sala. Argumenta que, aunque el turismo sea vital para nuestro sistema económico, no por ello ese sector tiene que verse exonerado o privilegiado de no cumplir las exigencias ambientales de nuestro Estado, pues todo ello podría ir en detrimento de los ecosistemas y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que tienen las presentes y las generaciones futuras. Alega que, ponderando todo lo anterior, se observa que, desde el pasado, la SETENA (Poder Ejecutivo) ya consideró que los sitios antes enumerados debían protegerse especialmente y por ello estableció el citado ANEXO 3, dentro del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG MEIC, al referirse a las áreas ambientales frágiles. Sostiene que la anterior norma está vinculada a los numerales 50 y 89 constitucionales por conexidad y es por ello que encuentra asidero técnico para señalar que los diputados incurrieron en una inconstitucionalidad al hablar en la norma 33 bis que varios tipos de proyectos, dentro de las áreas de protección, serían de bajo impacto ambiental, pues ello es una contradicción, que elimina las exigencias de los estudios y desmejora el concepto de área de protección y esto violenta abiertamente también el principio de progresividad, el de proporcionalidad y el de razonabilidad. Acusa que, al parecer, los legisladores olvidaron también el concepto de impactos acumulados que deberían ponderarse en cualquier EIA. Olvidaron que, dependiendo del tamaño de los puentes en los cauces o plataformas, la cercanía de posibles nacientes captadas y los metros de construcción, el impacto podría ser uno que ameritaría un estudio de impacto ambiental complejo y, ante tanta falencia, olvidaron y desconocieron la situación técnica inmersa en la decisión de considerar que muchos proyectos iban a ser catalogados como de bajo impacto ambiental y por esto se obliga acoger la inconstitucionalidad de la norma 33 bis. Insiste que los proyectos u obras de bajo impacto ambiental no requieren EIA, conforme lo establecido en Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, capítulo II, sección 1-A, artículo 4 bis, con la expresa exclusión de aquellas actividades, obras o proyectos que se encuentren localizadas en áreas ambientalmente frágiles. Señala que si se concuerda esa norma, con la lista de sitios prevista en el Anexo 3 ya citado y la Ley Forestal y la Ley de Aguas, existe una confrontación con la norma 33 bis. Alega que existe una grosera contradicción y la regresión hecha por los legisladores, quienes, sin estudios justificantes, dispusieron que diversos tipos de proyectos eran viables sin estudios, pese que estarían ubicados en sitios de alta fragilidad ambiental. Conforme a la norma 33 bis, existe una gama amplía e indefinida de proyectos como puentes, puentes colgantes, plataformas, etc., que quedaron al lado de obras tan de baja significancia, como aquellas que son un simple movimiento de tierras de menos de 200 metros cúbicos, etc., cuando en realidad son desarrollos en sitios como bosques, ricos en biodiversidad y en agua, donde la más mínima alteración podría generar daños ambientales tales como contaminaciones a mantos acuíferos, entre otros. Es claro que las áreas de protección son puntos críticos de alta fragilidad ambiental que la propia Administración o los legisladores del pasado consideraron que debían protegerse con recelo, hasta antes de la modificación de la ley cuestionada. Debe considerarse lo previsto en el numeral 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el ordinal 11 del Protocolo de San Salvador, que son instrumentos debidamente ratificados por Costa Rica que obligan a defender el ambiente. Sin embargo, conforme lo dispuesto en la norma 33 bis, lo que antes eran sitios de alta fragilidad ambiental desaparecieron de forma regresiva al ser categorizados ahora como sitios de baja significancia ambiental. Los requisitos normativos para los proyectos de bajo impacto ambiental están contenidos en el numeral 20 del Decreto Ejecutivo nro. 31849-MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, que señala que ese tipo de desarrollos aprobarán el trámite simplemente presentando una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales conocida como DICA. Indica que todo lo anterior permite notar la regresión de manera panorámica, pues, con la norma 33 bis, los diputados desregularizaron los EIA en sitios de alta fragilidad ambiental y esto es inconstitucional. Finalmente, acusa una violación al derecho de participación y al de información ambiental. Argumenta que si se parte del hecho que el legislador exoneró de EIA a una serie de proyectos ubicados en áreas de protección, esto implica que también se dejó de lado el derecho de participación y el de información que tiene la sociedad civil para conocer y manifestarse previamente sobre lo que ocurra en sitios de alta fragilidad, por cuanto, ningún proyecto categorizado como de “bajo impacto ambiental” (que se aprueba con solo presentar una declaración jurada) tendrá en Costa Rica una audiencia pública, ni tendrá estudios, ni medidas de mitigación, lo que violenta los numerales 9 y 50 constitucionales. Insiste que ningún proyecto de baja significancia es dado a conocer al público por lo que existe una falta de transparencia con esa categorización de bajo impacto ambiental. La sola categorización de un proyecto como de bajo impacto incluso elimina la posibilidad de ser exigente en cuanto a los requisitos a pedirle al desarrollador. De allí que se haya insistido que se está ante la eliminación de diques jurídico ambientales que podría generar daños ambientales significativos y uno de esos daños no solo es a los ecosistemas, sino al derecho de participación y las implicaciones que ello conlleva. Afirma, el accionante, que debe recordarse lo dispuesto en el septuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el tema 72 b), denominado “Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”, del 15 de julio de 2020, de lo que se deriva que la participación ciudadana y las EIA en las áreas de protección en general son vitales para Costa Rica y significan defensa de derechos humanos ambientales. También cita la Opinión Consultiva 23/17 de la Corte IDH, que reconoce el derecho de participación y el de información como derechos humanos en materia ambiental. Lo que también tiene respaldo en el numeral 9 constitucional. Consecuentemente, al disponerse que los proyectos en áreas de protección serán de bajo impacto ambiental, que -por ende- no requerirán estudios ambientales ni sociales ni de ningún tipo, se está cercenando el derecho a participar en decisiones fundamentales para proteger los ecosistemas y el recurso hídrico vinculadas al numeral 50 constitucional y al principio 10 de la Declaración de Río 92. También considera que con la pérdida del derecho de participación se transgrede el principio de buena fe y hasta el de transparencia que debe tener la Administración Pública y por ello considera oportuno que se diga que con lo previsto en la norma 33 bis se violenta el concepto de desarrollo sostenible democrático. Las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas van de la mano y se encuentran contenidas en una serie de instrumentos internacionales, entre ellos, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo 5), la Declaración Río+20 (párrafos 10 y 75) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas - Agenda 2030 - (objetivo 16). En esa misma línea, la gran mayoría de tratados de libre comercio y acuerdos de asociación suscritos por Costa Rica, reafirman el compromiso de prevenir y combatir la corrupción en el comercio internacional y de promover principios de transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza pública, lo cual, incluye las obligaciones de carácter ambiental asumidas a través de dichos instrumentos internacionales de comercio. A nivel constitucional, los artículos 9, 11, 30, 140, inciso 8, 139, inciso 4, y 191 recogen una serie de principios rectores de la función y organización administrativa, que como tales orientan, dirigen y condicionan su quehacer cotidiano, dentro de los que destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad, coordinación administrativa, participación, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, mismos que han sido desarrollados ampliamente por la jurisprudencia constitucional costarricense en los votos 2003-2120, 2004-7532, 2004-14421, 2011-13524 y 2012-0005, entre muchos otros. Solicita que, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad del ordinal 33 bis y parcialmente del numeral 33 ter, respecto de sus párrafos dos y cuatro, de la Ley Forestal, adicionados mediante la Ley nro. 10210 de 5 de mayo de 2022.

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que proviene del del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto se alega la defensa de intereses difusos, en protección del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

3.- Por resolución de las 14:35 horas del 06 de febrero del 2023 se le dio curso a la acción, confiriéndosele audiencia a la Procuraduría General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Ambiente y Energía, el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. 

4.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 028, 029 y 030 del Boletín Judicial, de los días 15, 16 y 17 de febrero del 2023.

5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe. Señala en resumen que: Sobre la legitimación del accionante. Al alegarse la defensa de intereses difusos respecto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 75 párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y, en consecuencia, este órgano asesor no tiene reparos que hacer en relación con la legitimación del accionante. Sobre el fondo de la acción: A. Las áreas de protección y la tramitación del proyecto de ley no. 22401. La reciente reforma del artículo 50 Constitucional ha recogido el amplio desarrollo jurisprudencial en cuanto al reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental. El reconocimiento de ese derecho humano lleva aparejada la necesidad de proteger y conservar el agua en su condición de recurso natural, pues de ello depende la posibilidad de garantizar aquel derecho fundamental, y así lo ha señalado la Sala Constitucional (Voto no. 3982-2020 de las 11 horas 50 minutos de 26 de febrero de 2020. Reiterado en el voto no. 15449-2021). Esa doble condición del recurso hídrico, como recurso natural y como derecho humano fundamental, ya se encontraba inmersa en la jurisprudencia constitucional, que vinculaba la protección del recurso hídrico con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, e incorporaba, además, el resguardo de las áreas de protección (Voto no. 9221-2019 de las 11 horas 41 minutos de 22 de mayo de 2019. Se añade la negrita). Entonces, esa condición de recurso natural y la necesidad de garantizar el derecho humano fundamental de acceso al agua potable, incluso desde antes de la reforma practicada al artículo 50 Constitucional, imponen que el uso, administración y explotación del recurso hídrico se encuentren sujetos a los principios que, en materia ambiental, ha desarrollado la jurisprudencia constitucional. Las áreas de protección constituyen limitaciones legítimas al derecho de propiedad privada, que tienen como finalidad proteger y conservar el recurso hídrico contra acciones humanas que puedan degradar el estado natural de las fuentes de agua, preservar o regenerar la cobertura forestal aledaña a los cuerpos de agua y garantizar el derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (Véanse nuestros pronunciamientos nos. C-148-2012, C-132-2013, C-063-2017, C-161-2017 y C-318-2017). El artículo 33 de la Ley Forestal define la medida de esas áreas de protección para cada tipo de cuerpo de agua, y, el artículo 34 prohíbe la corta o eliminación de árboles en esas áreas, salvo cuando se trate de proyectos declarados de conveniencia nacional. Ahora bien, las restricciones al derecho de propiedad referidas a las áreas de protección no se han limitado a la corta de árboles, pues, en aplicación del artículo 58 de esa misma ley, la pena de prisión de tres meses a tres años allí establecida para quien invada un área de conservación o protección ha sido aplicada jurisprudencialmente a la corta de árboles y a las construcciones y demás obras que se lleven a cabo en las áreas de protección. (Al respecto véanse nuestros pronunciamientos nos. C-148-2012 de 12 de junio de 2012 y OJ-091-2017 de 21 de julio de 2017, sentencias nos. 751-2002, 904-2004 y 1158-2008 del Tribunal de Casación Penal de San José, el voto de la Sala Primera no. 199-2010, el voto del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, no. 48-2014, el voto de la Sala Constitucional no. 74-2010 de las 15 horas de 6 de enero de 2010, los votos nos. 233-2015, 475-2016 y 1056-2021 del Tribunal de Apelación Penal del II Circuito Judicial de San José, votos de la Sala Tercera nos. 1131-2016 y 263-2018, voto del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, no. 329-2020 de las 8 horas 30 minutos de 29 de mayo de 2020). (Voto no. 751-2002 Tribunal de Casación Penal. En igual sentido véase el voto de ese mismo Tribunal no. 904-2004 y los votos de la Sala Tercera nos. 1131-2016 y 263-2018). Por su parte, la Sala Constitucional (Voto no. 74-2010). Y, la Sala Primera (Voto no. 199-2010. En igual sentido véase el voto del Tribunal Contencioso Administrativo no. 329-2020 de las 8 horas 30 minutos de 29 de mayo de 2020). En la exposición de motivos del proyecto de ley no. 22401 que dio origen a la Ley no. 10210 y que incorporó los artículos 33 bis y 33 ter a la Ley Forestal, se señalaba que la iniciativa pretendía llenar los vacíos normativos existentes en el régimen de las áreas de protección, pues se consideró que la normativa resultaba insuficiente para autorizar obras civiles que por su naturaleza deben ubicarse en esas áreas, obras necesarias para brindar servicios públicos, infraestructura para el aprovechamiento de agua otorgado en concesión e, incluso, infraestructura tendiente a proteger y restaurar esos espacios. Para ello, se utilizó como fundamento la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes 2020-2040 del Ministerio de Ambiente y Energía, en la cual se señaló como uno de los lineamientos que el Ministerio debe definir los instrumentos que se requieran para completar los vacíos normativos existentes con respecto a la autorización de obras de infraestructura que requieren estrictamente el uso de las áreas de protección; y procurar que exista mayor claridad sobre las competencias y responsabilidades sobre la delimitación, trámites, permisos y control de las áreas de protección. Además, se hizo referencia a la Política de Persecución Penal de Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la República (Circular 01-PPP-2020), en la cual se indica que la Ley Forestal no previó permisos para invadir las áreas de protección, pero que, sin embargo, deben considerarse algunas autorizaciones que extiende la Dirección de Agua del MINAE, como permisos de vertidos con sistema de tratamiento que pasan por áreas de protección, descarga de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería, obras de captaciones para las concesiones de agua, obras en cauce, diques, muros, alcantarillas, puentes, concesiones de aprovechamiento de aguas y concesiones de explotación de materiales en cauces. Se señala también que la Política dispone que se analizará cada caso basándose en criterios de razonabilidad, oportunidad y conveniencia, así como la afectación o impacto, estado de necesidad, situaciones de riesgo, etc. En la exposición de motivos también se señaló que, ante la problemática de abandono de las áreas de protección en las zonas urbanas, es necesaria la autorización de infraestructura básica de bajo impacto como se ha hecho en algunas áreas silvestres protegidas, que promuevan el ecoturismo, la recreación y la educación ambiental, para impulsar iniciativas de recuperación del entorno natural urbano como espacio público, la creación de infraestructura para su conservación y regeneración ambiental y lograr un ecosistema equilibrado y así revertir el estado de abandono y degradación en que se encuentran. Con esa finalidad, después de algunas modificaciones al texto base, el proyecto de ley contemplaba lo siguiente. Ese texto del proyecto de ley fue consultado a la Procuraduría, y en la opinión jurídica no. OJ-158-2021 de 29 de setiembre de 2021, indicamos: “…la aplicación del artículo 58 de la Ley Forestal a la “invasión” de las áreas de protección, dándole al verbo “invadir” un sentido amplio que abarca otro tipo de obras y actividades, además de la corta de árboles, depende de la interpretación jurisprudencial. Pues, atendiendo a la literalidad de las normas citadas, no resulta completamente claro que el artículo 58 esté destinado a sancionar la corta de árboles que prohíbe el artículo 34 en las áreas de protección, y, tampoco, cuáles son las actividades y obras prohibidas que podrían englobarse en el tipo penal dispuesto en ese artículo 58. Lo anterior implica que, administrativamente, tampoco se tenga total certeza en cuanto al tipo de obras o actividades por las que podrían imponerse sanciones administrativas como la modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente contemplada en el artículo 99 inciso h) de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995). De tal forma, una reforma legal que pretenda establecer con claridad cuáles actividades se encuentran permitidas y podrían ser autorizadas, así como, qué resultaría sancionable penal y administrativamente, contribuye a generar mayor seguridad jurídica en la aplicación de las normas, y con ello, una mayor efectividad de las regulaciones.” En ese sentido, hicimos varias observaciones de forma y de técnica legislativa y, además, señalamos que: “Sobre lo propuesto en el artículo 33 bis, puede observarse que se trata de obras destinadas a garantizar la seguridad de infraestructura pública, de obras que pretenden satisfacer algún interés público, o incluso obras necesarias para la operación de concesiones de agua, para las cuales no quedaría claro si, además de la autorización de la Dirección de Aguas, resultaría exigible la evaluación de impacto ambiental que dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Lo anterior, considerando que, si bien algunas de esas obras pueden ser de mantenimiento y de pequeña escala, también podría tratarse de obras de gran magnitud con un mayor impacto ambiental. (…) En cuanto a lo propuesto en el artículo 33 ter, una norma en ese sentido podría otorgar seguridad jurídica y respaldo normativo a las obras que se requieran para proyectos de corredores biológicos interurbanos o similares. Para la aprobación de esas autorizaciones, se indica que éstas estarán a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por lo que, se propone valorar la posibilidad de incluir el criterio técnico de la Dirección de Aguas cuando el proyecto específico pudiere implicar alguna afectación del recurso hídrico.” Del estudio del expediente legislativo, puede notarse que el texto inicialmente propuesto, fue modificado significativamente a través de varias mociones que pretendieron variar el tipo de actividades permitidas y que fueron adversadas por los diputados proponentes del proyecto. Finalmente, el texto aprobado fue el siguiente. En el artículo 33 bis, además de las obras civiles que por su naturaleza deben estar en las áreas de protección y que son contempladas en la Política de Persecución Penal, se añadió el segundo párrafo, autorizando, en todas las áreas de protección, el desarrollo de una serie de infraestructura ahí enlistada que es considerada de bajo impacto ambiental y otros elementos -sin especificar cuáles- que permitan el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras. (Ver folio 1372 del expediente legislativo). En el artículo 33 ter, además de las actividades y obras de bajo impacto ambiental, sujetas a las regulaciones técnicas y orientadas a la recuperación, la rehabilitación y el resguardo de los cuerpos de agua de dominio público, que generen espacios de protección, esparcimiento y movilidad sostenible, se incluyó el desarrollo de actividades turísticas y la finalidad de producir encadenamientos productivos. (Ver folio 1407 del expediente legislativo). El segundo párrafo del artículo 33 ter fue incluido a raíz de una moción presentada por uno de los diputados proponentes del proyecto con el fin de contrarrestar la amplitud que se le dio al primer párrafo, pues, a su juicio, esa amplitud implicaba que se desvirtuara el espíritu inicial del proyecto y que podrían permitirse obras mayores y de otra índole, distintas a las que en el 33 bis se consideraron como de bajo impacto ambiental. (Ver folios 1682-1684 del expediente legislativo). Además, se añadió un nuevo transitorio con el fin de evitar la demolición de obras existentes en las áreas de protección por un plazo determinado, mientras los propietarios solicitan los permisos correspondientes con base en las reformas introducidas. (Ver folio 1438 del expediente legislativo). B. Principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y no regresión en materia ambiental. Para los efectos de esta acción de inconstitucionalidad, importa reseñar lo dispuesto por esta Sala en cuanto a los principios de uso racional de los recursos, objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad, y no regresión, los cuales, como se verá, se encuentran relacionados entre sí. (véase la sentencia número 1887-1995 de las 09:15 horas del 07 de abril de 1995 y Voto no. 17397-2019 de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019. Se añade la negrita). Luego, en cuanto al principio de objetivación de la tutela ambiental, la Sala ha entendido que ese principio: “…se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general –legales y reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la «vinculación a la ciencia y a la técnica», elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación -en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública-. (Voto no. 2063-2007 de las 14 horas 40 minutos de 14 de febrero de 2007. Se añade la negrita). En sentido similar, interesa destacar que ese Tribunal ha considerado que “el principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios...” (Voto no. 7294 de las 16 horas 15 minutos de 13 de octubre de 1998). Íntimamente ligado con este último, la Sala ha hecho referencia a la progresividad y no regresión en materia ambiental: En síntesis, conforme a estos principios, está prohibido para el Estado tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” (Voto no. 17397-2019 de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019, reiterado en el 24147-2021 de las 9 horas quince minutos de 27 de octubre de 2021. Se añade la negrita). C. La evaluación de impacto ambiental. Otro de los aspectos que deben tenerse en cuenta para el análisis de esta acción, y que ha sido desarrollado también como un principio constitucional, es el relativo a la evaluación de impacto ambiental. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. La evaluación de impacto ambiental es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la SETENA para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3° inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004). Por lo dicho, resulta claro que la evaluación de impacto ambiental es una medida acorde con el principio preventivo, en el tanto permite evaluar y determinar cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de previo a su ejecución; además, permite establecer las acciones tendentes a mitigar o compensar esos efectos adversos, haciendo que la actividad, obra o proyecto se ejecuten de manera controlada, evitando la generación de daños al ambiente. La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional. En efecto, la Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental es uno de los principios que sirven de parámetro de constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, no sea un simple postulado formal. (Voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003). De tal forma, no existe duda de que la realización de evaluaciones de impacto ambiental previas integra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, por tanto, el incumplimiento de esa obligación lesiona ese derecho fundamental. Adicionalmente, esa obligación de evaluar ambientalmente las actividades, obras o proyectos, encuentra fundamento en el artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica (aprobado mediante Ley no. 7416 de 30 de junio de 1994), en cuanto dispone que cada Estado parte “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos”; y en el principio 17 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” También, en virtud de que lo discutido en esta acción puede tener aplicación en las áreas de protección de los ecosistemas de humedal, la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar) aprobada por Costa Rica mediante Ley no. 7224 de 7 de abril de 1991, que impone una obligación general de conservar y proteger los humedales. Uno de los pilares fundamentales de dicha norma internacional es garantizar el uso racional y sostenible de los humedales, y así ha sido desarrollado en múltiples resoluciones y documentos de la Conferencia de las Partes y otros órganos de la Convención, en los que se establece que es posible el desarrollo de actividades económicas e infraestructura bajo ciertos estándares y limitaciones que permitan evitar y mitigar los posibles efectos negativos que se puedan producir, y, por tanto, conducen a que las obras que puedan afectar esos ecosistemas deban someterse a una evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, tal y como lo indica el propio artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, las obras, actividades o proyectos que deben someterse a la evaluación de impacto ambiental como requisito previo a su ejecución, son las que determinen las leyes y los reglamentos. Al efecto, la Sala Constitucional ha señalado que: “La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria.” (Voto no. 5994-2017 de las 11 horas de 26 de abril de 2017. Reiterado en el voto no. 16792-2019 de las 11 horas 51 minutos de 4 de setiembre de 2019). De tal modo, es posible que existan actividades, obras o proyectos que, por no alterar el ambiente en un grado significativo, no deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental, y ello puede determinarse legal o reglamentariamente. En ese sentido, la Sala Constitucional ha señalado (Voto no. 1220-2002 de 14 horas 48 minutos de 6 de febrero de 2002). Con base en lo anterior, para que se pueda determinar, mediante una norma, que ciertas obras o actividades no requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debe contarse con criterios técnicos que fundamenten esa decisión. La necesidad de que exista una justificación técnica para excluir determinada obra o proyecto de la evaluación ambiental previa, se ve reforzada con la aplicación de los principios constitucionales de objetivación de la tutela ambiental, progresividad y no regresión, y razonabilidad antes expuestos. Para el caso de actividades, obras o proyectos que sí alteren significativamente el ambiente y que, por ello, deban someterse a una evaluación de impacto ambiental previa, la determinación de cuál mecanismo o instrumento técnico deba utilizarse para esa evaluación es una competencia técnica conferida a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala que a ese organismo le corresponde “elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.” Sobre la competencia de la SETENA, la Sala ha señalado que: “…el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que «se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos». Además, el artículo 84 de ese mismo cuerpo normativo establece las funciones de esta Secretaría Técnica, entre las que cabe exaltar las siguientes: «a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública (…) b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo». De esta manera, según la normativa mencionada, será la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en el ejercicio de sus competencias, la encargada de determinar, según la magnitud del proyecto a desarrollar, el instrumento de evaluación a utilizar. Así, esta Secretaría Técnica señalará los aspectos que deben tenerse en cuenta para que se lleve a cabo la obra con el menor impacto ambiental posible y mitigando los que se puedan generar. (Voto no. 17397-2019 de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019). D. Análisis puntual de la normativa impugnada. Con base en los alegatos del accionante y las consideraciones antes expuestas, pasamos a analizar la normativa impugnada. Con respecto a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 33 bis, tal y como se indicó en el primer apartado, el proyecto de ley partió del hecho de que, en la práctica se autorizan y desarrollan varias obras civiles que necesariamente deben realizarse en las áreas de protección. En ese sentido, la Política Nacional de Áreas de Protección señala que “que aquellas obras relacionadas a concesiones de agua ubicadas en AP como conducciones de concesiones congruentes con caudal otorgado, canales de drenaje autorizados a permisos de drenajes agrícolas, obras en cauce autorizadas y conducción de permisos de vertidos a cauces de dominio público, no corresponden a invasiones. Igual excepción aplica a todas aquellas obras autorizadas por el marco normativo, que cuenten con todos los permisos correspondientes.” (Pág. 15). La Política de Persecución Penal considera que, aunque en la Ley Forestal no se establece en qué casos se pueden autorizar obras en las áreas de protección, existen ciertas obras que son autorizadas por la Dirección de Agua. Justamente, se hace referencia a las obras que se detallan en el párrafo primero del artículo 33 bis. Además, en el expediente legislativo constan los criterios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (folios 432-435, 1132-1134), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (folios 423-430), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (folios 523-525), el Ministerio de Ambiente y Energía (folios 515-519 y 1204-1210), el Tribunal Ambiental Administrativo (folios 545-549) y la Dirección de Agua (folios 1105 y 1211), con los cuales se respalda la necesidad de autorizar ese tipo de obras en las áreas de protección. Dado que se trata de obras y actividades que en la práctica han sido autorizadas, no podría afirmarse que el primer párrafo del artículo 33 bis amplíe el tipo de infraestructura que puede ejecutarse en las áreas de protección, y, por tanto, que sea una disposición regresiva. Al existir criterios que justifican la necesidad de autorizar ese tipo de actividades, tampoco es posible encontrar una violación a los principios de objetivación de la tutela ambiental y razonabilidad. En orden a la razonabilidad de lo dispuesto en ese primer párrafo, debe tenerse en cuenta que se trata de obras civiles que son necesarias para prestar servicios públicos, la seguridad y protección del recurso hídrico e, incluso, para garantizar otros derechos fundamentales. De ahí que tampoco podría afirmarse que lo allí dispuesto resulte contrario al principio de uso racional de los recursos. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 33 bis, al autorizar otro tipo de obras y dejar abierta la posibilidad de permitir el desarrollo de actividades turísticas, no cuenta con una justificación razonable y, por ello, no se ajusta a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y no regresión. Pero es que, además, al clasificar determinadas obras como de bajo impacto ambiental, sin contar con un criterio técnico al respecto, resulta contrario a la jurisprudencia constitucional expuesta sobre la necesidad de justificar técnicamente la determinación de cuáles obras requieren someterse a la evaluación de impacto ambiental y el procedimiento o instrumento de evaluación que, según la obra o actividad resulta aplicable. A la luz del Derecho de la Constitución no es válido determinar el posible impacto ambiental de una obra o actividad, y, con ello, la forma de evaluación ambiental que requiere, sin contar con un criterio técnico de respaldo. Por esa razón, al no encontrarse en el expediente legislativo una justificación técnica al respecto, el segundo párrafo del artículo 33 bis resulta inconstitucional. Luego, en cuanto al último párrafo del artículo 33 bis, éste no resulta inconstitucional siempre que se entienda que la competencia de la Dirección de Agua de otorgar las autorizaciones previstas, no desconoce la exigencia de rango constitucional y convencional de contar con una evaluación de impacto ambiental previa, cuando, dependiendo de la obra o actividad correspondiente, técnicamente así se requiera, ni desconoce las competencias de la SETENA en esa materia. En virtud de que el accionante liga la violación al derecho de participación al hecho de que no se exija una evaluación de impacto ambiental previa, con la interpretación antes expuesta, no se presentaría esa vulneración. A su vez, debe entenderse que el último párrafo del artículo 33 bis no desconoce ni deja sin efecto competencias de otras instituciones, como las propias del SENARA o incluso, las municipales, que puedan tener implicaciones constitucionales, por lo que no se presentan las violaciones relacionadas con la omisión de señalarlas expresamente en la norma. En cuanto al artículo 33 ter, pese a que el accionante indica que únicamente impugna lo dispuesto en el segundo párrafo y que solicita que el resto del artículo sea declarado constitucional, advertimos que una declaratoria en los términos solicitados implicaría eliminar la limitación que se introdujo con el párrafo segundo en cuanto a que, pese a la amplitud de lo dispuesto en el primer párrafo, las actividades turísticas allí dispuestas solo podrían estar referidas a las actividades enlistadas en el artículo 33 bis. Y, de ese modo, se mantendría la posibilidad de autorizar las actividades que permite, de manera amplia y generalizada, el párrafo primero. Tómese en cuenta que, inicialmente, el artículo 33 ter del proyecto contemplaba la posibilidad de autorizar actividades acordes a los fines de conservación que poseen las áreas de protección, pues contemplaba obras de bajo impacto ambiental, sujetas a las regulaciones técnicas y orientadas a la recuperación, la rehabilitación y el resguardo de los cuerpos de agua de dominio público, que generen espacios de protección, esparcimiento y movilidad sostenible. Sin embargo, posteriormente se incluyó el desarrollo de actividades turísticas y la finalidad de producir encadenamientos productivos, lo cual implica mayor apertura y generalidad en cuanto a las actividades y obras que podrían resultar permitidas, cuya finalidad, además, no es propiamente la conservación y protección de esos espacios. El artículo 33 ter, en los términos en que fue redactado, no cuenta con una justificación razonable que respalde la posibilidad de autorizar otro tipo de obras para el desarrollo de actividades turísticas y perseguir otro tipo de fines, y, por ello, no se ajusta a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y no regresión. En consecuencia, estimamos que debe declararse inconstitucional en su totalidad, o, al menos, limitarlo a las actividades de bajo impacto ambiental que inicialmente estaban contempladas, declarando inconstitucionales las adiciones que se le practicaron. En ese último escenario, debería entenderse que la autorización de ese tipo de actividades queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental previa y al ejercicio de las competencias propias de la SETENA. Por otra parte, si bien es cierto, el transitorio II de la Ley 10210 no fue cuestionado por el accionante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estimamos que debe declararse inconstitucional. Esa norma transitoria dispone que, por el plazo de veinticuatro meses, cualquier obra que se encuentre en las áreas de protección puede mantenerse sin que el Estado pueda ordenar su derribo o eliminación. De tal modo, aunque se declare la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 33 bis y del artículo 33 ter, con base en la norma transitoria, podrían mantenerse temporalmente obras o actividades que, al final, no podrían obtener las autorizaciones respectivas. Y es que, además, ya de por sí el transitorio dispone que cualquier construcción ilegal que se encuentre en un área de protección no puede ser demolida, aunque se trate de una obra no contemplada en los supuestos regulados en los artículos 33 bis y 33 ter y que, por ello, no podría regularizarse. Por tanto, se está limitando, de manera irrazonable, el ejercicio de las potestades estatales tendientes a garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho fundamental de acceso al agua. Tómese en cuenta que el artículo 50 Constitucional dispone que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, en consecuencia, también el derecho fundamental de acceso al agua, los cuales engloban el establecimiento y mantenimiento de las denominadas áreas o perímetros de protección. Conclusión: Con fundamento en todo lo expuesto, en la condición de órgano asesor de la Sala Constitucional, esta Procuraduría General de la República considera que: 1. El primer párrafo del artículo 33 bis no es inconstitucional porque permite autorizar obras y actividades que en la práctica han sido autorizadas; se trata de obras civiles que son necesarias para prestar servicios públicos, la seguridad y protección del recurso hídrico e, incluso, para garantizar otros derechos fundamentales, y porque se cuenta con criterios que lo justifican. 2. El segundo párrafo del artículo 33 bis, al autorizar otro tipo de obras y dejar abierta la posibilidad de permitir el desarrollo de actividades turísticas, no cuenta con una justificación razonable y, por ello, no se ajusta a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y no regresión. Además, al clasificar determinadas obras como de bajo impacto ambiental, sin contar con un criterio técnico que lo fundamente, resulta contrario a la jurisprudencia constitucional expuesta sobre la necesidad de justificar técnicamente la determinación de cuáles obras requieren someterse a la evaluación de impacto ambiental y el procedimiento o instrumento de evaluación que, según la obra o actividad resulta aplicable. Por esa razón, al no encontrarse en el expediente legislativo una justificación técnica al respecto, el segundo párrafo del artículo 33 bis resulta inconstitucional. 3. El último párrafo del artículo 33 bis no resulta inconstitucional siempre que se entienda que la competencia de la Dirección de Agua de otorgar las autorizaciones previstas, no desconoce la exigencia de rango constitucional y convencional de contar con una evaluación de impacto ambiental previa, cuando, dependiendo de la obra o actividad correspondiente, técnicamente así se requiera, ni desconoce las competencias de la SETENA en esa materia. En consecuencia, no se presenta la violación al principio de participación que el accionante liga a la omisión de requerir la evaluación de impacto ambiental previa. 4. Debe entenderse, y así recomendamos sea declarado expresamente, que el último párrafo del artículo 33 bis no desconoce ni deja sin efecto competencias de otras instituciones, como las propias del SENARA o incluso, las municipales, que puedan tener implicaciones constitucionales, por lo que no se presentan las violaciones relacionadas con la omisión de señalarlas expresamente en la norma. 5. El artículo 33 ter, en los términos en que fue redactado, no cuenta con una justificación razonable que respalde la posibilidad de autorizar otro tipo de obras para el desarrollo de actividades turísticas y perseguir otro tipo de fines, distintos a las obras de bajo impacto ambiental, sujetas a las regulaciones técnicas y orientadas a la recuperación, la rehabilitación y el resguardo de los cuerpos de agua de dominio público, que generen espacios de protección, esparcimiento y movilidad sostenible, que inicialmente fueron contempladas en el proyecto de ley, y, por ello, no se ajusta a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y no regresión. En consecuencia, debe declararse inconstitucional en su totalidad, o, al menos, limitarlo a las actividades de bajo impacto ambiental que inicialmente estaban contempladas en el proyecto de ley, declarando inconstitucionales las adiciones que se le practicaron. 6. En ese último escenario, debe entenderse, y así recomendamos sea declarado expresamente, que la autorización de ese tipo de actividades queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental previa y al ejercicio de las competencias propias de la SETENA. 7. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debe declararse inconstitucional el transitorio II de la Ley 10210, pues, aunque se declare la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 33 bis y el artículo 33 ter, podrían mantenerse temporalmente obras o actividades que, al final, no podrían obtener las autorizaciones respectivas. Además, ya de por sí el transitorio dispone que cualquier construcción ilegal que se encuentre en un área de protección no puede ser demolida, aunque se trate de una obra no contemplada en los supuestos regulados en los artículos 33 bis y 33 ter y que, por ello, no podría regularizarse. Por tanto, se está limitando, de manera irrazonable, el ejercicio de las potestades estatales tendientes a garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho fundamental de acceso al agua.

6.- Rinde su informe, RODRIGO ARIAS SANCHEZ, en su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa, indicando en resumen que: I. Antecedentes de la ley n°10210 del 05 de mayo de 2022.- El proyecto de ley n°22401 ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Especial de Ambiente el 23 de febrero de 2021. Fue consultado a diferentes instituciones. El 25 de agosto de 2021 fue dictaminado afirmativamente. En sesión del 14 de octubre de 2021 se aprueba en primer debate y el segundo debate se da el 18 de abril del 2022. La ley es sancionada por el Poder Ejecutivo el 05 de mayo de 2022 y se publica en La Gaceta n°101 del 01 de junio de 2022. Principio de no regresión y de progresividad en materia ambiental.- No es de recibo lo señalado por los accionantes en cuanto a que la Ley No. 10210 de 5 de mayo de 2022, viole el principio de no regresión ambiental. Esa interpretación es incorrecta. La parte accionante, afirma que los recientemente adicionados artículos 33 bis y 33 ter impliquen regresión ambiental y un peligro para la vocación ambiental que reviste a las áreas de protección establecidas en el artículo 33 de la Ley Forestal. El marco normativo del régimen de las áreas de protección, constituye una limitación legitima al derecho de propiedad, conforme con el principio de función social y ambiental de la propiedad, amparadas en los artículos 45 y 50 de la Constitución Política. Esta limitación no implica una pérdida total de los derechos y obligaciones de las personas propietarias sobre dichos terrenos, que vacíe de contenido el derecho de propiedad. Se trata de una limitación, justificada y proporcional, para proteger el recurso hídrico mediante la conservación de los árboles que rodean ríos, quebradas, arroyos y nacientes (artículo 33, incisos a y b de la Ley Forestal). No se trata de un régimen de protección absoluta como si se tratara de la más estricta de las categorías de manejo de área silvestre protegida, sino de una regulación que busca que las personas propietarias, públicas o privadas, conserven la cobertura arbórea riparia o ribereña natural y recuperen y reforesten aquellos espacios en que se ha perdido. La consecución de este fin no es contraria al ejercicio del derecho de propiedad sobre dichos espacios que permitan contemplación, disfrute y esparcimiento en ellos, o la colocación de infraestructura necesaria por su propia naturaleza, como puentes, siempre que esto no implique la corta de árboles ni menoscabo a los ecosistemas ribereños y fluviales. La reforma legal aprobada, permitió establecer con claridad cuáles actividades se encuentran permitidas y podrían ser autorizadas, así como, qué resultaría sancionable penal y administrativamente. La modificación sin duda contribuye a generar mayor seguridad jurídica en la aplicación de las normas, y con ello, una mayor efectividad de las regulaciones. Cabe agregar que la observancia de los retiros correspondientes a las áreas de protección es una de las medidas más efectivas de soluciones, basadas en la naturaleza, para evitar pérdidas humanas y materiales por inundaciones, deslaves o deslizamientos. Esta función fundamental es igualmente resguardada por la normativa aprobada, sobre lo que también se ampliará en las secciones siguientes. El accionante omite indicar a los señores y señoras magistrados que, los requisitos para la corta de árboles en áreas de protección se mantienen conforme a lo establecido en la Ley Forestal 7575 vigente, que no modifica las normas cuestionadas, en tanto que la ley aprobada no modifica ni mucho menos deroga los artículos 34 y 58 de la citada ley, que establecen la prohibición expresa de la corta de árboles en áreas de protección, con la única excepción de que se trate de proyectos declarados por el Poder Ejecutivo de conveniencia nacional y las sanciones ante la violación a esta prohibición siguen vigentes, respectivamente. Lo anterior significa que, cualquier actividad, obra o proyecto, descrito en los artículos 33 bis y 33 ter, que requieran la corta de árboles, deberán necesariamente contar con esta declaratoria, cumplir con el procedimiento agravado y excepcional, que el o los proyectos deben justificar. Proyectos que, necesariamente deberán de contar con viabilidad ambiental debidamente aprobada por SETENA, además de los estudios socioeconómicos que demuestren el balance costo-beneficio. Lo dispuesto en el artículo 33 bis, según puede observarse, regula obras destinadas a garantizar la seguridad de infraestructura pública, de obras que pretenden satisfacer algún interés público, o incluso obras necesarias para la operación de concesiones de agua, para las cuales además de la autorización de la Dirección de Aguas, resultaría exigible la evaluación de impacto ambiental que dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Lo anterior, considerando que, si bien algunas de esas obras pueden ser de mantenimiento y de pequeña escala, también podría tratarse de obras de gran magnitud con un mayor impacto ambiental. En este mismo orden de ideas, el marco normativo debe analizarse de forma integrada. La aprobación de nueva legislación, que habilita la realización de obras, proyectos o actividades que no contaban previamente con una norma expresa, no debe ni puede entenderse inconexa del resto del marco normativo que tutela el medio ambiente. En este sentido, es errónea la afirmación del accionante al señalar que “se podría mal interpretar en el sentido que la SETENA ya no estará encargada de revisar previamente los estudios, ni determinar los estudios o protocolos necesarios para las obras o desarrollos en las áreas de protección, y ello es sumamente delicado y peligroso para el ambiente y las generaciones presentes y futuras”, refiriéndose a lo señalado por el texto de la ley con respecto a que la responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía. De ninguna manera es posible interpretar que la autorización de Dirección de Aguas constituya una desautorización de las competencias de SETENA, siendo que sus atribuciones legales y reglamentarias continúan intactas para aquellas obras que lo requieran, con el único cambio de que, previo a la reforma de marras, cualquier obra en área de protección era rechazada de entrada, mientras que, con la actualización, corresponderá a la SETENA actualizar las normas técnicas para definir el tipo de Evaluación de Impacto Ambiental que se requiera para cada caso. Asimismo, la ley  es clara al indicar que MINAE “establecerá los requisitos y estudios necesarios” los cuales deben establecerse vía reglamento. Si bien al momento de contestar la presente audiencia, el reglamento aún no se ha aprobado, es importante señalar que ya existe un borrador en consulta, que, si bien no es la versión final, deja ver que el MINAE, como rector tanto de Dirección de Aguas como de SETENA y de otras instituciones como SINAC, tiene la potestad de, vía reglamentaria, clarificar las competencias y alcances específicos de cada una de las instancias. Cabe señalar que, para el caso de obras en cauce, es ya la Dirección de Aguas, la oficina encargada de brindar las autorizaciones, sin que esto signifique que, cuando se requiera, el administrado interesado deba obtener la respectiva viabilidad ambiental. Por todo lo indicado, el presente proyecto de ley no implica, de ninguna manera, regresión en los fines que persigue la ley forestal 7575 y, antes de ella, la Ley de Agua de 1942 que ya establecía la responsabilidad de las personas propietarias de no cortar árboles en las márgenes de ríos y nacientes. Por el contrario, en el caso del artículo 33 ter de esta ley, el objetivo de brindar un marco normativo moderno y actualizado para la implementación de buenas prácticas para la recuperación y rehabilitación de los ríos urbanos, acorde a las necesidades del S.XXI. Es conocido que, las ciudades que han logrado recuperar la salud ambiental de sus ríos, son aquellas que han implementado estrategias que permiten equilibrar los usos urbanos (recreación, esparcimiento, ecoturismo, usos culturales, movilidad, contemplación) con las funciones ecológicas de los ecosistemas fluviales y sus espacios adyacentes (conectividad biológica, purificación del aire, protección del recurso hídrico, conservación de remanentes de bosques ribereños autóctonos y las especies de fauna que dependen de ellos). Podemos afirmar que, incluso en áreas silvestres protegidas como Parques Nacionales, ha sido autorizada la realización de obras, como miradores, senderos y puentes, en áreas de protección de ríos, que son, justamente, de su mayor atractivo (por ejemplo, sector río Celeste del Parque Nacional Volcán Tenorio), sin que ello implique un deterioro en la protección del espacio. Por el contrario, al proporcionar condiciones seguras y controladas para las personas visitantes, el río y los bosques adyacentes se encuentran mejor conservados que en zonas donde no existe este tipo de controles e infraestructura ecoturística. Los artículos de ley habilitantes no son una puerta abierta a todos los proyectos y a cualquier tipo de espacios, sino que cada uno deberá pasar por los filtros ambientales e institucionales respectivos, justificando, además, como se actuará “para el beneficio del ecosistema”. Adicionalmente, el listado de obras, actividades o proyectos de infraestructura civil, que establece el artículo 33 bis, son, en su mayoría, acciones que, en la práctica, ya realizan diversas instituciones, incluidas aquellas que brindan servicios de agua y saneamiento, por lo que brinda seguridad jurídica a instituciones públicas, ASADAS y privados, que realizan obras civiles que, necesariamente y por su propia naturaleza, deben establecerse en áreas de protección. Por lo anterior, se rechaza el alegato de los accionantes, al no producirse ninguna afectación al principio de progresividad y el principio de no regresión en materia ambiental. Principios de razonabilidad y objetivación.- No es correcto considerar, como lo hacen los accionantes, que la Asamblea Legislativa, esté obligada a realizar estudios técnicos que fundamenten, los cambios planteados en la Ley 10210. La ley no deroga, ni modifican los estudios que se requieran, bajo el principio de objetivación en materia ambiental, también llamado de vinculación a la ciencia y la técnica. El principio de objetivación las decisiones legislativas cuenten con estudio técnicos, este no es un requisito que debe darse en todos los proyectos de ley, debe darse cuando existe norma expresa al respecto (verbigracia en cuestiones ambientales) o cuando la materia los exige, so pena de transformar la discrecionalidad en arbitrariedad. No se violenta el principio de razonabilidad técnica, por la ausencia de estudios técnicos que determinen su necesidad, viabilidad y aplicación. Reiteramos que, el listado de obras, actividades o proyectos de infraestructura civil, que establece el artículo 33 bis, son, en su mayoría, acciones que, en la práctica, ya realizan diversas instituciones, incluidas aquellas que brindan servicios de agua y saneamiento, por lo que brinda seguridad jurídica a instituciones públicas, ASADAS y privados, que realizan obras civiles que, necesariamente y por su propia naturaleza, deben establecerse en áreas de protección. La ley, así como su reglamentación, debe procurar que estas acciones, necesarias y proporcionadas, se ejecuten respetando criterios de razonabilidad, oportunidad y conveniencia. La materia promulgada en la Ley 10210 regula de manera armoniosa y equilibrada de derechos fundamentales, relativos al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y su relación con otros derechos, que también tienen relevancia constitucional y supranacional (convenios e instrumentos internacionales). Es claro que, la ley 10210, de ninguna manera afecta el principio de irreductibilidad de las áreas silvestres protegidas. Al contrario, la ley procura asegurar el derecho de todos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco en la ley 10210, se da ningún tipo de afectación o reducción de áreas protegidas, no se reducen, ni se eliminan. De igual forma, la ley no contiene ninguna regulación que pueda considerase una arbitrariedad. No se da ningún tipo de afectación al principio de no regresión, no se configura ningún tipo de arbitrariedad, en consecuencia se rechaza el argumento de que se viole el principio de razonabilidad y de objetivación. En conclusión, los alegatos de las inconstitucionalidades indicadas en este punto por los accionantes deben rechazarse porque los estudios técnicos son obligatorios en caso de que se dé una disminución de áreas silvestres protegidas o porque haya que demostrar que no hay una afectación al ambiente, pero en el caso de la ley, se da una protección mayor al derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la misma vez, se tutelan otros derechos fundamentales tal como se ha indicado. La normativa que regula la evaluación de impacto ambiental.- Cuando la ley señala que se autoriza obras de bajo impacto ambiental tales como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute  seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como  fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras no se está afirmando que toda “plataforma de observación, puente colgante, tirolesa o elementos de señalización” sean per se una obra de bajo impacto, sino que, solo aquellas que  puedan ser calificadas como de bajo impacto potencial, conforme a los criterios técnicos que define SETENA, pueden llegar a obtener la aprobación final de Dirección de Agua. En otras palabras, una obra de infraestructura turística que, por sus dimensiones, materiales e impacto, califique como de mediano o alto impacto ambiental potencial, no podría obtener el aval de Dirección de Agua para ser ejecutada en áreas de protección. También señala el accionante que en sitios de alta fragilidad

ambiental desaparecieron de forma regresiva al ser categorizados ahora como sitios de baja significancia ambiental. Lo anterior se aleja completamente de la realidad. Las áreas de protección continúan siendo sitios ambientalmente frágiles, conforme a la citada normativa de SETENA. Aunado a ello, la ley aprobada dispone de mecanismos agravados y de condiciones especiales para que una actividad, obra o proyecto pueda ser realizada en estos espacios. De conformidad con la normativa vigente y aplicable, tanto las áreas de protección como las áreas ambientalmente frágiles son espacios con restricciones y limitaciones de uso, por razones técnicas y jurídicas, que deben ser valoradas al momento de tramitar la viabilidad ambiental. No son, necesariamente, espacios donde cualquier tipo de actividad humana deba, por definición, estar prohibida, como parece sugerir el accionante. El accionante omite señalar en sus alegatos que el artículo 34 de la Ley Forestal, que establece la prohibición de la corta de árboles en áreas de protección, con la única excepción de aquellos proyectos declarados de conveniencia nacional y el artículo 58 de la misma ley, que establece sanciones a dicho incumplimiento, continúan vigentes y deben aplicarse de manera coherente, al momento de analizar la autorización de las obras, actividades y proyectos que definen los artículos 33 bis y 33 ter de la ley forestal. Toda la normativa ambiental sobre EIA continúa vigente y aplicable y será MINAE, vía reglamento, quien defina los requisitos para acceder a la autorización de Dirección de Agua, autorización que, cuando la obra, actividad o proyecto lo requiera, necesariamente deberá contar con la debida viabilidad ambiental aprobada por SETENA. Por lo tanto, se rechaza lo señalado en cuanto a que se afectan competencias en materia de Estudios de Impacto Ambiental y en cuanto a que la ley 10210, no es clara en relación a las competencias de Setena y de la Dirección de aguas; se rechazan esos argumentos, dado que se considera que la ley es lo suficientemente clara, y la norma cuestionada responde a la razonabilidad jurídica y técnica y tiene su ámbito de aplicación claramente delimitado; asimismo, se rechaza lo alegado en cuanto a que la nueva norma venga a constituir una duplicidad o afectación en cuanto a la protección ambiental, más bien, como se ha indicado, se busca, mayor precisión normativa para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Afectación de competencias de SENARA.- La ley aprobada no desconoce, interfiere ni de ninguna manera afecta las competencias de SENARA. Corolario de lo anterior, la voluntad del legislador en el párrafo primero del artículo 33 bis fue brindar seguridad jurídica tanto a las instituciones públicas, como a organizaciones como ASADAS y a usuarios privados, con el fin de que contaran con una autorización de rango legal, para la realización de estas obras necesarias que por su naturaleza, deben hacer uso de áreas de protección. Nada de lo indicado interfiere, limita o modifica las competencias y normativa que rige SENARA. Se solicita sea rechazada la acción de inconstitucionalidad.

7.- Rinde su informe RONNY RODRIGUEZ CHAVES, en su calidad de Ministro a.i de Ambiente y Energía, indica en resumen que: Sobre la ausencia de sustento técnico y científico.- El accionante a lo largo del escrito señala que la ley carece de estudios que brinden el soporte técnico y científico de los artículos adicionados a la Ley Forestal. Al respecto, la SETENA no participó en el proceso de formación de la ley, por lo que, no se puede referir al fundamento técnico y científico que ampara los artículos accionados, sino que corresponderá a la Asamblea Legislativa. Requerimiento de evaluación de impacto ambiental, calificación de áreas ambientalmente frágiles y obras de bajo impacto en áreas de protección. Conflicto de competencia entre SETENA, Dirección de Aguas y SENARA.- Es una realidad que las áreas de protección de nuestro país son sitios prioritarios e indispensables para la protección del recurso hídrico, el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos, la conectividad biológica, la conservación y aumento de la cobertura arbórea y el disfrute de la población. Por lo tanto, el Estado, a través de todas sus instituciones, gobiernos locales, instancias e instrumentos, debe velar por el cumplimiento de la legislación que las protege y regula. Revisada la Ley Forestal n°7575 antes de la adición de los artículos 33 bis y 33 ter, se evidenciaba un vacío legal sobre el manejo que la sociedad desde sus inicios da a estos sitios y que a pesar de ello, dentro de la misma ley no se establecían permisos para intervenir las áreas de protección bajo condiciones especiales. Nuestro territorio comprende una gran cantidad de cuerpos de agua con sus respectivas áreas de protección y de haber una prohibición absoluta para su uso, se limitaría desproporcionadamente el derecho a transitar, al desarrollo de actividades productivas, incluso a un derecho a un ambiente sano, dado que sin esta modificación no es posible realizar labores tendientes a propiciar un mejoramiento de estos sitios, con medidas de mitigación y compensación para contribuir a la restitución de estos ecosistemas, dadas las restricciones imperantes antes de esta adición. La necesidad de hacer uso de estas áreas no es exclusiva de la modificación a la Ley Forestal, pues también está el artículo 2 ter de la Ley General de Caminos Públicos. En cuanto a que existe regresión dado que la modificación a la ley no prevé que la Setena emita una viabilidad ambiental previo al otorgamiento de la autorización por parte de la Dirección de Aguas, se debe aclarar lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, según el cual, son las leyes y los reglamentos los que indican cuáles actividades, obras y proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Por tal motivo se publicó en el año 2004 el Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC el cual permanece vigente a la fecha (que como sustento el voto n°2002-01220 donde la Sala indica que por reglamento se puede determinar los casos que requieran estudios de impacto ambiental, siempre que esté motivado). Revisados los anexos 1 y 2 del Decreto 31849, se observa que las actividades enumeradas en los artículos 1 y 2, no hacen mención a las actividades incluidas en los artículos 33 bis y 33 ter, esto dado que no fueron consideradas actividades, obras o proyectos cuyo impacto ambiental fuera necesario evaluar por parte de la SETENA debido a su magnitud, permitiendo concluir que la norma no afecta negativamente ninguna regla o principio de los señalados por el accionante, pues se trata de una categorización que exime el requisito de la viabilidad ambiental para ciertas actividades, obras y proyectos, precisamente tomando en cuenta el hecho de que se asume que no generan impactos negativos significativos al ambiente. Igualmente se constata que el diseño, no deja al descubierto la tutela ambiental del Estado sobre estas actividades pues se reafirman las competencias de vigilancia y autorización de otras entidades y -en el caso particular- la competencia de la Dirección de Agua sobre las situaciones que les toca atender. Esta interpretación obedece a la misma generada por su honorable autoridad mediante el Voto N° 2019-016792, en la cual se concluía que la SETENA tenía la potestad de indicar que actividades sí requerían tramitar una viabilidad ambiental y cuales por su bajo impacto ambiental no lo requería. En cuanto a que no existieron suficientes estudios para determinar la significancia del impacto ocasionado, se tiene que la adición a la ley no requería contar con dichos estudios, dado que la SETENA que es la autoridad competente en materia de evaluación de impacto ambiental (EIA), y ésta ya ha establecido cuáles actividades, obras o proyectos requerían de EIA, siendo que las indicadas en los artículos 33 bis y 33 ter no forman parte de dichas actividades, obras o proyectos que requieren tramitar una viabilidad ambiental. Además, la misma Ley 10210 prevé lo siguiente en el último párrafo del artículo 33 bis y del artículo 33 ter, establece que la responsabilidad de autorizar el uso y la gestión de estas áreas residirá exclusivamente en la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía; los requisitos técnicos, procedimientos y plazos se definirán vía reglamento. Por lo que es claro, que las actividades a autorizar deberán gestionarse de acuerdo a requisitos técnicos que lo que buscan es lograr un desarrollo sostenible en las áreas a intervenir. Mas adelante, el accionante indica una serie de posibles impactos en dichas áreas que violan el artículo 50, pero parte de supuestos que no son posibles de leer en la norma, incluso habla de la corta de árboles siendo que la adición a la ley no modifica el artículo 34 de la ley forestal N° 7575. En cuanto a la indicación de que la SETENA es un órgano especializado en materia de evaluación de impacto ambiental y que la Dirección de Agua no lo es, debe aclararse que la norma no busca trasladar la competencia en materia de evaluación de impacto ambiental para dichas áreas de protección a la Dirección de Agua, sino que lo que advierte es que son obras de bajo impacto ambiental y que lo que requieren es la autorización de la Dirección de Agua, esto bajo sus competencias de ley. Por lo que es preciso indicar que para aquellos casos donde si deban realizarse proyectos de un impacto mayor los proponentes de actividades, obras y proyectos si requerirán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental ante la SETENA, como bien lo establece, la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 y sus reglamentos en materia de EIA, como es el caso del Decreto 31849 y que deberán ser atendidos por la SETENA con base en sus competencias. Se menciona además por parte del accionante de las áreas ambientalmente frágiles contempladas en el Anexo 3 del Decreto 31849 y de la necesidad de que las actividades indicadas en los artículos 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal deban requerir una EIA por esta condición de fragilidad. Al respecto se señala que lo que indica el Anexo 3 del Decreto 31849, es la clasificación de áreas ambientalmente frágiles que por sus características de fragilidad requieren de un abordaje especial, con estudios que tomen en cuenta su fragilidad, sin embargo, lo que la norma prevé es que aquellas actividades que requieren este análisis diferenciado se refiere a las actividades, obras o proyecto incorporadas dentro de los Anexos 1 y 2, y que de acuerdo a los umbrales establecidos, son las que finalmente sí deben tramitar una EIA y no podría interpretarse que absolutamente todas las actividades que desarrolla la población sobre estas áreas ambientalmente frágiles deban tramitar una viabilidad ambiental, dado que lo primero que se valora es el impacto negativo significativo que pueden producir y de ahí que existan enlistadas mediante el Anexo 1 y 2 lo que únicamente deber ser ingresado para tramitar la evaluación de impacto ambiental y así obtener una viabilidad ambiental. En conclusión, la ley viene a ordenar que actividades sí pueden ejecutarse en estas áreas dada la innegable necesidad de la población de hacer uso de ellas bajos ciertas condiciones y dota de las herramientas al Ministerio de Ambiente y Energía a través de la Dirección de Aguas para no dejar al descubierto la tutela ambiental del Estado sobre estas actividades, pues se reafirman las competencias de autorización y vigilancia sobre el recurso. Asimismo, viene a propiciar la restauración de dichas áreas, contribuyendo a mejorar su cobertura natural, conectividad, recuperación de corredores biológicos, mejoramiento de la cantidad y calidad del recurso hídrico y mejoramiento del paisaje, todo ello mejora la biodiversidad y genera un ambiente sano y equilibrado para el bienestar de la población. Por lo que se recomienda que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 33 bis y los párrafos segundo y cuarto del ordinal 33 ter, ambos de la Ley Forestal, adicionados mediante Ley N° 10210 del 05 de mayo de 2022. Conflicto de competencias de Dirección de Agua y SENARA.- Se alega un conflicto de competencia entre la Dirección de Agua y SENARA, por lo que, solicita que la Sala Constitucional realice una interpretación y que incluya a la SETENA. En relación sobre las competencias que circunscriben a la Dirección de Aguas y SENARA, será el MINAE y el SENARA quienes se pronuncien directamente. Ahora bien, en la SETENA está claramente establecida en el artículo 17 de Ley Orgánica del Ambiente, tal y como se transcriben y se ha analizado ampliamente por la Sala Constitucional. Por consiguiente, la SETENA es el órgano a cargo de la materia de evaluación de impacto ambiental en Costa Rica y para efectos ejecución de la Ley accionada el manejo de proyectos en las áreas de protección se requiere la convergencia de varias instituciones de acuerdo con las competencias, sin que implique violación a las competencias. Violación al derecho de participación ciudadana en material ambiental.- El artículo 50 constitucional establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y se contempla dentro de los intereses difusos. En relación, en la Ley de Biodiversidad costarricense, Nº7788, se instauró la Acción Popular en el artículo 105, que dice: “Toda persona estará legitimada para accionar en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad.” Conforme con lo anterior, en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, toda persona puede apersonarse y actuar en los expedientes que se tramitan, rompiéndose el esquema tradicional de que solo puede ser, el que tenga un interés subjetivo o interés legítimo, como señala el artículo 275 de la LGAP., al haber una norma que faculta la actuación. Aunado a lo anterior, acorde con el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente y el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (artículo 55 del Decreto Ejecutivo Nº31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEI) las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, tendrán el derecho de ser escuchados por la SETENA en cualquier etapa de proceso de evaluación ambiental y en la fase operativa del proyecto. Asimismo, la participación ocurre en el caso de las actividades, obras o proyectos de alto impacto ambiental o que la ley fijó el Estudio de Impacto Ambiental con la publicación de aviso de presentación para que en un plazo de diez días hábiles se hagan observaciones, no así para aquello cuyo instrumento es un Plan-Pronóstico Plan de Gestión o Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. Además, es potestad de la Comisión Plenaria bajo determinados presupuestos. Ahora bien, el hecho de que el proyecto no requieran de un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental no implica que el habitante esté limitado de participar en los procesos de las instituciones. Por su parte, la Dirección de Agua mediante oficio DA-0399-202 del 17 de febrero del 2023, suscrito por el Ing. Leonardo Cascante Chavarría, Director a.i de la Dirección de Agua, rinde el informe solicitado conforme sus competencias, donde se indica: “Podemos concluir conforme lo señalado, que no existe en la norma impugnada violación al principio de Objetivación de la tutela Ambiental”, ni al de “Razonabilidad”, al quedar demostrado que las obras ubicadas en las áreas señaladas en el artículo 33 BIS y 33 TER, si cuentan con a respectiva valoración ambiental y estudio técnicos.” Conforme con el informe rendido que se fundamenta en los criterios técnicos emanados de la Dirección de Agua y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, entes técnicos en la materia que se cuestiona, se solicita sea rechazada la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley No. 10210 de 5 de mayo de 2022, publicada en La Gaceta No. 101 del 01 de junio de 2022.

8.- Rinde su informe ULISES ALVAREZ ACOSTA, en su calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), en resumen en el mismo sentido que el informe rendido por el Ministro de Ambiente y Energía.

9.- Rinde su informe, OSVALDO QUIROS ARIAS, en su calidad de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas, en resumen: SOBRE LOS VICIOS ALEGADOS EN CUANTO AL ARTICULO 33 BIS, Y ARTICULO 33 TER párrafos 2 y 3 DE LA LEY FORESTAL: Señala el accionante que el artículo 33 bis de la Ley Forestal lo considera inconstitucional por cuanto se creó una categoría de "bajo impacto" para una lista amplia y genérica de proyectos, sin que se contara para ello con estudios técnicos que lo respalda ran tal decisión, lo que consideran violenta el artículo 50 Constitucional. En primer término, debemos señalar que resulta claro que existe una necesidad pública de realizar ciertas obras en los cauces de los ríos o zonas de protección de cauces públicos o manantiales, precisamente para poder hacer un aprovechamiento sostenible del recurso hídrico para consumo humano, riego agrícola, uso industrial, etc,, así como para poder encausar las aguas y evitar inundaciones, todo dentro del marco de generación de riqueza y de protección ambiental, conforme lo dispone el artículo 50 de nuestra Carta Magna. De manera que no podemos entender que lo que la ley forestal llama "áreas de protección", se trata de áreas intocables de protección absoluta, porque si el legislador así lo hubiese querido lo hubiera establecido expresamente en esos términos, cosa que no ocurrió así, por cuanto de ser así se impediría el aprovechamiento del recurso hídrico, por esa razón el artículo 33 de la Ley Forestal define las Áreas de Protección y de seguido en el artículo 34 de la misma le y le da contenido a esa protección señalando específicamente que lo que se prohíbe es la tala de árboles. Es claro entonces, que en la ley forestal, el bien jurídico tutelado es la cobertura boscosa, aunque por extensión también se protege el recurso hídrico en su calidad y cantidad y el ecosistema en general. Lo anterior es compatible con lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Aguas No. 276. Debemos distinguir, además, que la protección del recurso hídrico involucra dos aspectos fundamentales: La preservación de la cantidad y de la calidad del agua. La cantidad de recurso hídrico se preserva sobre todo protegiendo las áreas de recarga acuífera, pues es en ellas donde se produce la infiltración de agua al subsuelo alimentando a los acuíferos subterráneos, los cuales pueden dar lugar a nacientes y ríos y que también pueden ser explotados por medio de pozos. A diferencia de las áreas de recarga, los márgenes de los ríos no son propiamente áreas de recarga acuífera, aunque podrían serlo en menor medida, pero su principal razón de ser es sobre todo para preservar la calidad de las aguas que discurre por los diferentes cursos de agua, evitando la contaminación. Así las cosas, en los márgenes de los cursos de agua, en los manantiales, o en el lecho de los ríos existe la necesidad pública de realizar cieno tipo de obras que sean compatibles con la preservación de la calidad y cantidad del recurso hídrico, que permitan su aprovechamiento sostenible y su administración adecuada. Pero resulta necesario establecer por ley los parámetros fundamentales relacionados con el tipo de obras que se pueden llevar a cabo, precisamente para poner límites a la potestad discrecional de la Administración en esa actividad excepcional, y garantizar así una protección efectiva de las áreas de protección, tanto en lo que corresponde a la cobertura boscosa como al recurso hídrico en cuanto tal. Y precisamente esa fue la regulación que vino a dar sustento los  artículos 33 bis y 33 ter de la ley Forestal, pues se trata de obras indispensables para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, y además el legislador enfatiza que tales obras se pueden realizar "todo, sin deterioro de la calidad de agua ni el cauce". Por otro lado, el artículo 33 bis de la ley forestal incluye autorización para realizar obras, que denomina como de "bajo impacto", concepto que si bien no se define en la ley, también es cierto, que asigna la responsabilidad de autorizar dichas obras a la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, entidad que es la rectora en materia de ambiente y en el gobierno y administración del agua, según lo define la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Aguas No. 276. Pero ello no significa que dichas obras, aun de bajo impacto, no requieran estudios de viabilidad ambiental, pues la ley no las exime de los mismos. Por el contrario, el artículo 33 bis de la Ley Forestal señala en su párrafo final, exige como obligación de la Dirección de Aguas, establecer los requisitos y estudios necesarios para autorizar estas obras. Así las cosas, consideramos que la inconstitucionalidad alegada en cuanto interpreta que dichas normas omiten la exigencia de estudios técnicos es una apreciación subjetiva del accionante. Véase que los artículos 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal, en ningún momento están dejando sin efecto normas que contiene el ordenamiento jurídico para garantizar la protección ambiental, ni en particular la cobertura boscosa ni el recurso hídrico, ni está eximiendo de requisitos ni estudios técnicos la ejecución de obras que se den dentro de las áreas de protección que establece el artículo 33 de la Ley Forestal, por el contrario, establece que dichas autorizaciones se darán sin deterioro de la calidad del agua y el cauce, y expresamente establece que la Dirección de Aguas del Minae determinará los requisitos y estudios necesarios. Por tal razón dichas disposiciones normativas en sí mismas no resultan inconstitucionales. II. Sobre la Alegada inconstitucionalidad respecto de la competencia asignada al MINAE para autorizar las obras en áreas de protección. Señala el accionante que las normas cuestionadas además deben ser consideradas como inconstitucionales pues asignan la competencia de autorizar las obras en áreas de protección a la Dirección Nacional de Aguas, obviando la competencia de la SETENA así como del SENARA según las potestades que les han sido dadas. Estimamos que dicha inconstitucionalidad no existe por cuanto el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA, es el órgano del estado que ejerce la rectoría en materia de ambiente, y es a través del MINAE que el estado ejerce la administración, el gobierno y vigilancia del recurso hídrico y del patrimonio forestal del Estado. Por tal razón si el legislador dispuso que fuera el MINAE el competente para brindar dichas autorizaciones, tal política legislativa en sí misma no es inconstitucional. Como quedó expuesto, la propia ley en el artículo 33 bis establece que todas las obras que se autoricen deban hacerse "sin deterioro a la calidad del agua ni el cauce". Y de igual manera no es cierto que la ley propiamente autorice las obras echando de menos requisitos o criterios técnicos que den respaldo a dichas autorizaciones, por cuanto véase que expresamente el legislador al otorgarle a la Dirección de Aguas de MINAE esa competencia le ordenó establecer los requisitos y estudios necesarios. Véase que así lo indica el párrafo final del artículo 32 bis de la ley forestal. De modo entonces que el legislador estableció la posibilidad de realizar obras en cauce o en áreas de protección bajo un control estricto del MINAE quien establecerá los requisitos necesarios y los estudios técnicos que den sustento y motivación a cada acto autorizante, sin que se pueda extraer de tal normativa, como indebidamente afirma el recurrente, que tales autorizaciones quedan eximidas de viabilidad ambiental ni de estudios técnicos. Es en el proceso de aplicación de la ley, donde el MINAE debe tener en consideración la diferente normativa de protección ambiental y apoyarse en la información y criterios técnicos que le puedan proporcionar entidades competentes en materia de protección ambiental como es el caso de SETENA o como es el caso de SENARA en cuanto a la responsabilidad que tiene de investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos por mandato de su Ley Constitutiva No. 6877, todo bajo un esquema de coordinación interinstitucional. Por esta razón, la consideración de si un proyecto u obra es de "bajo impacto" que es el término que utiliza el legislador en el artículo 33 bis de la Ley Forestal, precisamente requiere que así sea respaldado en estudios técnicos, para cada autorización concreta que se emita, necesidad de estudios que no echó de menos el legislador, y en tal sentido no existe la inconstitucionalidad alegada por el accionante. Así las cosas no podemos interpretar dicha norma como lo hace el accionante, en el sentido de que no se requieran estudios técnicos, por el contrario su necesidad está expresamente contemplada en el párrafo final del artículo 33 bis antes citado. La Sala Constitucional en reiterados fallos ha dejado claramente señalada la necesidad de realizar estudios técnicos que permitan fundamental la no afectación al ambiente, en cada proyecto u obra que se autorice por parte de la Administración Pública. Por su parte en el voto 2017-5994 del 26 de abril de 2017, la Sala Constitucional reconoció el carácter gradual y progresivo de la aplicación del principio de Evaluación de Impacto Ambiental, previo a la realización de obras, actividades o proyectos. Con la adición de los artículos 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal no se derogan normas que han asignado competencias a entes como la SETENA o bien el SENARA, ni se autoriza su desaplicación, así como tampoco se autoriza prescindir de estudios técnicos que den respaldo a cada autorización, y por tal razón tampoco resultan inconstitucionales. A través del voto número 2012-8892 del 22 de junio del 2012, la Sala Constitucional amplió el carácter progresivo de los derechos ambientales al ámbito específico del derecho humano al agua potable. Concretamente entorno al SENARA, la Ley N° 6877, en su artículo 3 incisos ch y h. El ordenamiento jurídico se debe analizar y aplicar de manera integral, máxime en materia ambiental dónde existen múltiples normas que debe armonizarse entre sí, respetando las competencias asignadas a cada ente que participa en la protección del recurso hídrico así como coordinando entre estas. La asignación de competencias es una prerrogativa asignada al legislador quien al aprobar una ley define a qué entidad le asignará diferentes potestades o funciones. Para el caso que se discute en esta acción de inconstitucionalidad, según se muestra en el expediente legislativo, una vez evacuadas las diferentes consultas públicas, el legislador determinó que esa función de aprobar la ejecución de obras en cauces públicos o en áreas de protección sería asignada a la Dirección de Aguas del Minae, siendo MINAE el rector en materia ambiental, quien además le corresponde la administración y vigilancia de todas las áreas silvestres protegidas y a quien le corresponde el gobierno y administración del recurso hídrico todo en concordancia con lo que determina la Ley Orgánica del Ambiente Ley N. 7554 y la Ley de Aguas No. 276. Por las razones expuestas, solicitamos que la Acción de inconstitucionalidad sea declarada SIN LUGAR.

10.- Por resolución de las 14:51 horas del 10 de marzo del 2023, se tienen por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República, al presidente de la Asamblea Legislativa, al Ministro de Ambiente  y Energía, al Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y  Avenamiento, en la resolución de las catorce horas treinta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil veintitrés.

11.- Fuera del plazo establecido en el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para presentar coadyuvancias, presentan escrito: Alejandro Guillén Guardia, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) donde solicita se desestime la acción (escrito presentado el 10 de marzo del 2023). Luego, Emerson Orozco Suarez, en su calidad de Apoderado General de la empresa Corporación de Supermercados Unidos SRL, manifestándose en contra de la acción de inconstitucionalidad (escrito presentado el 06 de octubre del 2023).  

12.- Mediante escrito presentado el 08 de noviembre del 2024 se apersona Diego Armando López López, en su calidad de Alcalde del cantón de Moravia, donde solicita aclaración respecto del dimensionamiento de aplicabilidad de las normas impugnadas.

13.- Mediante resolución de las 08:39 horas del 03 de junio del 2025 el Magistrado Instructor solicitó la siguiente prueba para mejor resolver: Se le solicita al Director de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, al Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y al Director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, cada uno elabore un informe técnico sobre el segundo párrafo del artículo 33 bis de la Ley Forestal (adicional por ley no.10210 del 05 de mayo del 2022), en concreto donde se contesten los siguientes puntos: 1. Cuando se indica en dicho párrafo la frase “de las áreas naturales”, ¿cuáles interpretaciones técnicas serían posibles?. 2. Las obras que allí se indican, ¿se pueden realizar dentro de las áreas de protección del recurso hídrico, o se trata de obras que, por su propia naturaleza, se realizan fuera de dichas áreas?. 3. ¿Qué impacto ambiental real podrían tener las obras que allí se califican como de “bajo impacto ambiental”?. 4. ¿Qué riesgos y consecuencias implicaría para el ambiente este párrafo así como está redactado? ¿Se estaría abriendo espacio para permitir la construcción de obras que pudieran impactar negativamente al ambiente?. 5. ¿Consideran que la norma contiene las salvaguardas ambientales necesarias y suficientes para que las obras que allí se indican no produzcan un impacto negativo en el ambiente?.

14.- Sobre la prueba solicitada informa JOSE PEREIRA CHAVES, en su calidad de Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, en resumen: 1. Cuando se indica en dicho párrafo la frase “de las áreas naturales”, ¿cuáles interpretaciones técnicas serían posibles? La expresión “las áreas naturales” carece de definición legal en la Ley Forestal, así que en la práctica puede abarcar al menos cinco categorías: a. Áreas de protección del recurso hídrico fijadas en el artículo 33 original, es decir, franjas en las riberas de los ríos, quebradas, arroyos, lagos y embalses naturales y artificiales construidos por el Estado y sus instituciones, áreas de protección de manantiales permanentes, zonas de recarga y los acuíferos de los manantiales delimitados por órganos competentes. b. Áreas silvestres protegidas reguladas por el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), es decir, parques nacionales, reservas protegidas, zonas protectoras. c. Ecosistemas naturales contiguos al cauce que no poseen categoría legal, pero conservan cobertura boscosa y funciones hidrológicas. d. Espacios donde no hay presencia de actividades humanas (cultivos, ganadería, zonas urbanas, zonas industriales). e. Zonas que no se encuentran incluidas en el artículo 33, zonas que no son bosques, zonas que no corresponden a áreas silvestres protegidas, pero que están en sucesión natural ecológica o en procesos de restauración ecológica. Puede suponerse que por “áreas naturales”, el artículo 33bis se refiera a las descritas en el artículo 33. Sin embargo, no queda del todo claro. Quien desee instalar infraestructura turística dentro de un parque nacional podría alegar que el término abarca las áreas silvestres protegidas que administra el SINAC. Quien busque intervenir un río que atraviesa fincas privadas podría afirmar que la frase incluye las franjas ribereñas, los alrededores de nacientes y las zonas de recarga que el artículo 33 declara áreas de protección. Incluso un tramo de bosque aislado, todavía sin categoría oficial, cabría en esa lectura porque conserva rasgos de naturalidad. En el caso de las aguas subterráneas, el inciso d) del artículo 33 declara protegidas las áreas de protección de manantiales permanentes y las zonas de recarga acuífera. Sin embargo, las zonas de recarga pueden incluir grandes extensiones superficies que abarcan gran parte del territorio nacional y que, además, pueden integrar las áreas de protección de manantiales y las “áreas naturales” que se quieran interpretar como tales. Así, la reforma introduce un concepto maleable que, dependiendo de la interpretación, puede permitir la construcción de este tipo de infraestructura en cualquier tipo de área protegida y debilitar la salvaguarda que la ley original confirió al recurso hídrico. En el caso de las áreas de protección y las zonas de recarga acuífera, lo procedente es salvaguardar, al menos, las áreas de recarga inmediata establecidas por la metodología de los perímetros de protección. 2. Las obras que allí se indican, ¿se pueden realizar dentro de las áreas de protección del recurso hídrico, o se trata de obras que, por su propia naturaleza, se realizan fuera de dichas áreas? Dado que, como se menciona anteriormente, el término “áreas naturales” no está definido, el párrafo permite ubicar las obras dentro del cauce y del vaso y, además, dentro de la franja de quince metros en zona rural, de diez metros en zona urbana a lo largo de ríos y quebradas, de los cincuenta metros en terrenos quebrados y de los cien metros alrededor de nacientes. Las infraestructuras que se mencionan en el segundo párrafo del artículo 33 Bis no se encuentran relacionadas al manejo, uso y gestión del recurso hídrico. Se pueden relacionar a actividades turísticas de bajo impacto. Sin embargo, el impacto ni la naturaleza de las obras no queda bien definido. Las obras que se indican podrían realizarse en áreas de protección dependiendo de las dimensiones mientras tengan como fin actividades turísticas, de educación y de investigación. Cabe resaltar que dicho párrafo finaliza con una idea que deja abierto los fines de dichas construcciones al terminar con “entre otras”. Para estas construcciones se debe especificar el fin y debe pasar procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. Se recomienda que, de realizarse dichas obras en áreas de protección del recurso hídrico correspondiente a los incisos a del artículo 33, estas se realicen aguas abajo de los manantiales, para prevenir impactos en el área de influencia directa de los mismos. 3. ¿Qué impacto ambiental real podrían tener las obras que allí se califican como de “bajo impacto ambiental”? El calificativo “bajo impacto ambiental” no incorpora criterios cuantitativos ni metodología de evaluación. La construcción de una plataforma fija sobre la ribera remueve árboles, modifica la pendiente y compacta suelos, lo que eleva la carga de sedimentos que llega al cauce. Un puente colgante, aún ligero, necesita pilas o cables anclados que alteran la dinámica hidráulica y facilitan la formación de bancos de arena. Una tirolesa instalada sobre el dosel interrumpe la ruta de aves insectívoras y de murciélagos polinizadores, mientras introduce ruido y tráfico humano. Dependiendo de la magnitud y gestión de la obra, el resultado podría alterar gradualmente la calidad del agua de cauces y manantiales y promover la pérdida de cobertura boscosa y una reducción de la capacidad natural del río para amortiguar crecidas, sobre todo en sistemas hídricos de escasa resiliencia. Aunque cada efecto pueda considerarse puntual, la suma de instalaciones a lo largo de un tramo ribereño puede provocar impactos acumulativos que superan los umbrales razonables de bajo impacto. Por lo tanto, el impacto ambiental real dependerá de las dimensiones, cantidad y distanciamiento de las estructuras a construir. Mientras los fines sean turismo en baja escala, investigación y educación, los impactos se pueden prevenir o mitigar. Por esta razón, se debe realizar el debido proceso de evaluación de impacto ambiental. A continuación, se citan dos estudios sobre el efecto de este tipo de infraestructura en la dinámica de los ríos, en peces y en el comportamiento de sedimentos: 4. ¿Qué riesgos y consecuencias implicaría para el ambiente este párrafo, así como está redactado? ¿Se estaría abriendo espacio para permitir la construcción de obras que pudieran impactar negativamente al ambiente? El texto introduce un posible riesgo a daños ambientales debido a que su vocabulario es ambiguo: no define “bajo impacto ambiental” en “áreas naturales”. Esa falta de precisión permite que un desarrollador etiquete casi cualquier proyecto como “de bajo impacto”. La falta de dimensionamiento de las posibles obras y la falta de definición de las actividades al incluir “entre otras” genera ambigüedad que podría abrir espacio para permitir la construcción de obras que pudieran impactar negativamente al ambiente, si se consideran los efectos acumulativos de las construcciones. Además, la redacción actual, al carecer de parámetros, límites y fiscalización independiente, abre un espacio real para que se aprueben obras con impactos negativos que luego resulten difíciles o imposibles de revertir. Esa puerta abierta fomenta precedentes jurídicos y alimenta la percepción de que el bosque ribereño, las nacientes y las zonas de recarga son espacios disponibles siempre que el proponente etiquete la obra como “bajo impacto” o de “interés turístico”. Sin estudio de impacto ambiental ni consulta pública, un proyecto puede avanzar a partir de un simple expediente técnico y un plano catastrado, lo que crea una ruta administrativa rápida para la infraestructura. 5. ¿Consideran que la norma contiene las salvaguardas ambientales necesarias y suficientes para que las obras que allí se indican no produzcan un impacto negativo en el ambiente? Las salvaguardas que aparenta contener el artículo 33 bis son limitadas y potencialmente, contraproducentes. El mandato de “sin deterioro de la calidad del agua y el cauce” no especifica como se determina la pérdida de calidad, pérdida de cobertura forestal ni alteración del caudal. Tampoco exige un inventario de flora y fauna previo, un programa de monitoreo posterior ni la reposición obligatoria de árboles eliminados. No fija límites al número de plataformas o puentes que pueden instalarse a lo largo de un mismo kilómetro de río. Al pasar por alto el carácter extensivo e intensivo de las obras, las que se podrían desarrollar dentro de áreas de protección de manantiales y de zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica, las obras podrían alterar la calidad de las aguas subterráneas, muchas de estas utilizadas para consumo humano. Bajo estas condiciones, la suposición de un “impacto bajo” termina apoyada solo en la buena fe del desarrollador y en la capacidad, a menudo limitada de fiscalización de la autoridad competente. El párrafo añadido contiene imprecisiones, las cuales representan riesgos ambientales adicionales. La norma usa términos sin definir como “áreas naturales” y “bajo impacto ambiental”. Al no aclarar su alcance, cualquier empresa o persona puede adaptar la expresión a sus planes. La carencia de precisión crea un portillo legal que facilita obras dentro de espacios que la Ley Forestal reconoce como áreas de protección, incluidos los cien metros que rodean una naciente, la franja ribereña y las propias zonas de recarga acuífera. La consecuencia más grave es el debilitamiento del principio de no regresión. El artículo 34, que prohíbe cortar árboles en áreas de protección salvo conveniencia nacional, queda desplazado por un artículo 33 bis que permite obras sin esa salvaguarda. En la práctica, bastaría un plano y un informe técnico contratado por el proponente para obtener la autorización. La reforma no contempla límites al número de obras por kilómetro, planes de restauración ni monitoreo independiente. Tampoco prevé sanciones específicas ante incumplimientos. El vacío regulatorio abre espacio para una expansión de infraestructura con impactos potenciales acumulativos: pérdida de hábitat ribereño, deterioro paulatino de la calidad del agua, reducción de la capacidad natural para amortiguar crecidas y contaminación de los acuíferos que abastecen a las comunidades. Además, concentra la decisión en la Dirección de Aguas, sin obligar a una evaluación ante la SETENA ni a un criterio vinculante del SINAC, pese a que también se intervienen bosques ribereños y áreas silvestres protegidas. El transitorio II concede veinticuatro meses para legalizar obras ya construidas en la franja de protección; durante ese lapso el Estado no puede ordenar su demolición, lo que legitima una práctica de “construir primero y regularizar después”. La nueva norma reduce la protección establecida en el artículo 34 de la Ley Forestal, que solo admite tala en áreas de protección por conveniencia nacional, al permitir la tala de árboles y corta de vegetación dentro de la franja ribereña, áreas de protección de manantiales y zonas de recarga. En conjunto, estos portillos normativos facilitan la instalación de infraestructura turística, urbana o agroindustrial dentro de las franjas ribereñas y en los perímetros de nacientes—espacios que la ley original calificó como áreas de protección de primer orden. Las consecuencias probables incluyen pérdida progresiva de cobertura boscosa, mayor erosión, flujos pico más altos durante tormentas y una carga creciente de contaminantes difusos. Por lo tanto, el párrafo crea un escenario donde la falta de definiciones, de controles claros y de coordinación interinstitucional reduce el nivel de protección que la Ley Forestal procura a bosques ribereños, nacientes y zonas de recarga. Al dejar todo a la discreción de un único órgano y al no exigir evaluaciones rigurosas, se abre la puerta para obras que puedan dañar el ambiente, aun cuando se presenten bajo la apariencia de un impacto bajo o de una necesidad turística. Por lo que cualquier actividad a desarrollar en estas áreas debe someterse a evaluación de impacto ambiental y cumplir con la legislación relacionada a calidad de agua y vertidos.

15.- Sobre la prueba anterior informa GILBERT ALVARADO BARBOZA, en su calidad de Director a.i de la Escuela de Biología, en resumen: Observaciones realizadas por el M.Sc. Marco Retana López 1. Cuando se indica en dicho párrafo la frase "de las áreas naturales", ¿cuáles interpretaciones técnicas serían posibles? La definición de “áreas naturales” dependerá de criterios, por lo que podría resultar en un asunto de interpretación, por lo que no es sencilla su definición como tal. Podría ser un área que incluya importancia biológica tanto de flora como de fauna, importancia científica por la biodiversidad en el área, relevancia educativa y de enseñanza, podría tener un desarrollo turístico para ocio y recreación, o de un interés en particular para diferentes niveles de protección o de uso sostenible. Incluso según la interpretación, se dice que las áreas naturales también pueden ser vistas como áreas silvestres protegidas. En este contexto, la normativa legal según la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554) define en su artículo 32 la clasificación de las áreas silvestres protegidas como reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales. Según la Ley de Biodiversidad (Ley 7788) en su artículo 58. Áreas silvestres protegidas: son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estás áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. Se podrían revisar los artículos 59: sobre Cambio de categoría, artículo 60: Propiedad de las áreas silvestres protegidas y el artículo 61: sobre Protección de las áreas silvestres protegidas de la Ley de Biodiversidad. 2. Las obras que allí se indican, ¿se pueden realizar dentro de las áreas de protección del recurso hídrico, o se trata de obras que, por su propia naturaleza, se realizan fuera de dichas áreas? Las obras de infraestructura mencionadas se pueden realizar en las áreas de protección de las márgenes de los cauces de ríos y quebradas, siempre y cuando se presenten y avalen los estudios técnicos pertinentes según la obra a construir. Para todas las obras, se deberán presentar los siguientes estudios técnicos: 1. Estudio Técnico de Ingeniería Básico del terreno, 2. Estudio Técnico de Geología básica del terreno, 3. Estudio Arqueológico rápido del terreno, 4. Estudio biológico rápido (Sección III, llenado del D-1. Evaluación Ambiental Inicial, apartado 2.4 Decreto N° 34375-MINAE), se puede hacer referencia también al Anexo E. Protocolo para realizar el estudio biológico rápido según el decreto N° 43898-MINAE-SMOPT- MAG-MEIC. Estas obras constructivas al estar cerca de cuerpos de agua, se les deberá solicitar evaluaciones asociadas según el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales, decreto N ° 33903-MINAE-S, así como el estudio de macroinvertebrados como complemento en el uso de bioindicadores, específicamente macroinvertebrados para determinar la calidad del agua, indicado en dicho decreto. Dado que las zonas de protección de los cauces de ríos, quebradas o afines pueden variar según sus pendientes, su cobertura boscosa, sus procesos de erosión, además los posibles riesgos de deslizamientos asociados a estas zonas, se deberán solicitar los estudios pertinentes antes mencionados. En la medida de lo posible, evitar que estos estudios previos para la ejecución de obras, actividades o proyectos en esas zonas de protección de causes, sean sustituidos por una declaración o certificación por parte del profesional o el consultor encargado de la obra. 3. ¿Qué impacto ambiental real podrían tener las obras que allí se califican como de "bajo impacto ambiental"? Hay una normativa respecto a la clasificación de “bajo impacto ambiental” según la legislación vigente utilizada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). El actual reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental N° 43898-MINAE-SMOPT- MAG-MEIC que hace referencia a las actividades, obras o proyectos de “bajo impacto ambiental” presenta una categorización según el artículo 7 de dicho decreto: Artículo 7. Categorización general de las actividades, obras o proyectos. Categoría A: Alto Impacto Ambiental Categoría B: Moderado a Alto Impacto Ambiental Potencial. Moderado Impacto Ambiental Potencia. Esta categoría, se subdivide a su vez en dos categorías menores a saber: Subcategoría B1. Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial y B2. Moderado - Bajo Impacto Ambiental Potencial Categoría C: Bajo impacto Ambiental Potencial Por lo que tanto la categoría B2 y C presentan obras, actividades o proyectos con una clasificación de “bajo impacto ambiental”. Incluyendo la categoría B2 dentro de un Bajo Impacto Ambiental, aquí en este apartado se incluyen obras, actividades o proyectos de mayor impacto, a pesar de estar categorizadas en bajo impacto ambiental. En el anexo 1 del decreto en mención, apartado 24 se indica: “Proyectos turísticos de canopy (tirolesas), puentes colgantes, elementos de señalización y plataforma de observación, que no impliquen la corta de árboles en áreas boscosas” lo cual tiene una similitud con lo escrito dentro del artículo 33 bis. Es aquí donde se debe valorar con los estudios pertinentes, la viabilidad de las obras a realizar, incluso la necesidad de dichas obras en las márgenes de las zonas de protección de los cauces o quebradas y afines. 4. ¿Qué riesgos y consecuencias implicaría para el ambiente este párrafo, así como está redactado? ¿Se estaría abriendo espacio para permitir la construcción de obras que pudieran impactar negativamente al ambiente? A como está redactado el párrafo, no garantizan la protección real de las zonas de protección. Más bien, deja abiertos portillos para la ejecución de otras obras, actividades o proyectos que vaya a afectar estas zonas, debido a que no todas las obras de infraestructura aparecen anotadas en el escrito. Habrá obras que se requieran por circunstancias ambientales (alta precipitación, arrastre de bordes y sedimentos, deslizamientos, fragmentación de zonas de manera natural, etc.) imperantes en los cauces de ríos principalmente, pero esto no exime que se omitan o no se realicen los estudios técnicos pertinentes sin excepción. 5. ¿Consideran que la norma contiene las salvaguardas ambientales necesarias suficientes para que las obras que allí se indican no produzcan un impacto negativo en el ambiente? Dentro de la norma en cuestión, no se involucran acciones de protección hacia esas áreas. Se debería de garantizar dentro de la norma, un plan definido de contingencia según la obra a construir, además de prácticas constructivas que minimicen las afectaciones hacia las zonas protectoras. No dejar de lado los estudios técnicos pertinentes sobre cualquier actividad, obra o proyecto que vaya a afectar directa o indirectamente las zonas de protección de ríos, quebradas o afines. No solamente es presentar los estudios técnicos, es mantener una fiscalización y monitoreo sobre las acciones que se van a implementar, para así garantizar el menor impacto a la zona de intervención. Hay que recordar que esas zonas de protección son las áreas con margen de inundación de esos flujos de agua, de ahí la importancia de su mantenimiento y conservación. Observaciones realizadas por el Ph.D. José Edgardo Arévalo Hernández 1. Cuando se indica en dicho párrafo la frase "de las áreas naturales", ¿cuáles interpretaciones técnicas serían posibles? En el contexto de esta ley, interpreto la expresión de "áreas naturales" como cualquier espacio que tenga coberturas y elementos nativos del ecosistema original. Estás "áreas naturales" pueden ser prístinos, poco alteradas o en regeneración. El contexto de esta frase está orientada al disfrute de la naturaleza. En cuanto a posibles interpretaciones técnicas en este contexto, son posible muchas, como por ejemplo ecosistemas boscosos, ecosistemas ribereños, o simplemente ecosistema (de manera más general), donde se encuentran especies de seres vivos que interactúan a diferentes niveles en el entorno y en el tiempo. 2. Las obras que allí se indican, ¿se pueden realizar dentro de las áreas de protección del recurso hídrico, o se trata de obras que, por su propia naturaleza, se realizan fuera de dichas áreas? Interpreto que las obras se pueden realizar tanto dentro como afuera. 3. ¿Qué impacto ambiental real podrían tener las obras que allí se califican como de "bajo impacto ambiental"? Las obras de bajo impacto ambiental deberían ser pequeñas en proporción al área a ser utilizar por la obra, minimizando el daño físico a la vegetación u otras especies presentes. Se remueve y evita cualquier contaminante que emane de las obras, ya sea químico, físico o sónico. Toda obra tendrá un impacto ambiental, pero solo conociendo la magnitud y naturaleza de las obras se puede proyectar el impacto ambiental que podría generar. 4. ¿Qué riesgos y consecuencias implicaría para el ambiente este párrafo, así como está redactado? ¿Se estaría abriendo espacio para permitir la construcción de obras que pudieran impactar negativamente al ambiente? Dadas las diversas interpretaciones de la ley, y los conceptos y aceptación de lo que es un "bajo impacto ambiental", es muy probable que se permitan obras de mayor impacto negativo para el ambiente. 5. ¿Consideran que la norma contiene las salvaguardas ambientales necesarias suficientes para que las obras que allí se indican no produzcan un impacto negativo en el ambiente? El aspecto más importante para salvaguardar, y que le da más control a la normativa para evitar daños ambientales negativos es "La responsabilidad de autorizar estas obras residirá́ exclusivamente en la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales establecerán los requisitos y estudios necesarios, así́ como plazos de la administración para resolver". Los requisitos y estudios tienen que ser contextuales y específicos de cada obra que se quiera realizar.

16.- Se apersona el accionante de esta acción, indicando que aporta Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, titulada Emergencia climática y Derechos Humanos a efecto de que se valore dentro de esta acción. Nótese que conforme a las normas cuestionadas, se estarían dando, por mandato legal, actos habilitadores que comprometen eventualmente las coberturas boscosas, el clima, o los humedales y en ese tanto, ello podría traer consecuencias negativas para la biodiversidad que se intervenida. Téngase en cuenta que las normas han eximido, que incluso se pase por el tamiz de la SETENA a una abierta lista de proyectos y lo peor es que han delegado los legisladores, las competencias de evaluación de impacto ambiental en la Dirección de Aguas y esto sería inconstitucional. Las Universidades consultadas han sido claras en que con lo previsto en las normas se afecta la cobertura boscosa y todo ello está relacionado con efectos negativos climáticos, al agua, al suelo, al paisaje y mal se haría sino se considerara la Opinión Consultiva 32/25 recién emitida. Notamos que estamos en alto riesgo de afectar los ecosistemas boscosos, el paisaje, el suelo, el agua, el clima y los humedales con esa amplitud de la norma y por ello resulta de ampliación la Opinión Consultiva 32/25. Véase que dentro de todo lo dicho, el efecto acumulado podría ser de gran envergadura, pero ello no se valorará, si se conserva la norma cuestionada, porque no existirá una evaluación de impacto ambiental y menos una que incluya EXPRESAMENTE el componente climático. Se solicita que se disponga que deberá existir una guía y un protocolo específico que incorpore en toda evaluación de impacto ambiental, la variable climática expresamente.

17.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

18.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- Sobre el objeto de la impugnación.- El accionante, personalmente y en calidad de presidente de la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote, impugna los artículos 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal (no. 7575 de 13 de febrero de 1996), introducidos mediante Ley no. 10210 de 5 de mayo de 2022), que disponen lo siguiente:

 

“Artículo 33 bis- Infraestructura civil en áreas de protección urbanas y rurales. Se autoriza instalar y realizar; dar mantenimiento, reparación y reposición de obras civiles y de instituciones públicas, en el cauce y vasos de los cuerpos de agua en las zonas urbanas y rurales, así como en sus áreas de protección tales como diques, muros, alcantarillas, puentes, acueductos, tomas, derivaciones y calibración de agua asignada en concesión, drenajes con mallas para recolección de residuos sólidos, infraestructura para la descarga de aguas pluviales, obras para el transporte de aguas residuales para su debido saneamiento, vertidos de aguas residuales procedentes de un sistema de tratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería; todo, sin deterioro de la calidad del agua y el cauce.

 

Asimismo, se autorizan obras de bajo impacto ambiental tales como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y Otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras.

 

La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales establecerán los requisitos y estudios necesarios, así como plazos de la administración para resolver.” (subrayado corresponde a los párrafos que se impugnan).

 

“Artículo 33 ter- Obras de recuperación y rehabilitación en áreas de protección en zonas urbanas y rurales. Se autoriza el uso y la gestión de las áreas de protección establecidas en el inciso b) del artículo 33 de esta ley, exclusivamente para actividades y obras de bajo impacto ambiental, siempre y cuando cumplan con las regulaciones técnicas y estén orientadas a la recuperación, la rehabilitación y el resguardo de los cuerpos de agua de dominio público, y al desarrollo de actividades turísticas, que coadyuven a conservar el recurso hídrico y sus ecosistemas asociados y producir encadenamientos productivos, generando espacios de protección, esparcimiento y movilidad sostenible, con el objetivo de evitar la contaminación y mitigar los impactos del cambio climático, siempre que sea para beneficio del ecosistema.

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable únicamente para las actividades autorizadas en el artículo 33 bis.

 

En el caso de obras para servicios públicos de agua potable y saneamiento, se aplicará únicamente lo dispuesto en el artículo anterior.

 

La responsabilidad de autorizar el uso y la gestión de estas áreas residirá exclusivamente en la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía; los requisitos técnicos, procedimientos y plazos se definirán vía reglamento.” (subrayado corresponde a los párrafos que se impugnan).

 

El accionante sostiene que las normas son contrarias a los artículos 50 y 89 de la Constitución Política y a los principios de progresividad y no regresión y tutela científica y expone los siguientes argumentos:

 

Violación al principio de razonabilidad técnica, por “obras de bajo impacto ambiental”, violación al artículo 89 Constitucional y violación al principio de no regresión ambiental: Señala que en el expediente legislativo no existe ningún estudio que justifique la redacción del artículo 33 bis, y, por tanto, debe declararse inconstitucional en su totalidad. Indica que la norma está vinculada con el agua y la biodiversidad, y, por ello, debía existir total certeza de cualquier afectación, que solo se podría lograr si los diputados hubieran contado con estudios que fundamentaran su decisión. Cuestiona que, sin ningún criterio técnico, calificaron como de bajo impacto ambiental una lista amplia y genérica de proyectos, por mera discrecionalidad y sin tomar en cuenta que todas las áreas de protección están categorizadas como sitios de alta fragilidad ambiental y que, por eso, presentan un alto riesgo de afectación. Argumenta también que las obras que permite la norma pueden generar un impacto visual negativo y que el paisaje está protegido por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Ambiente y 89 de la Constitución Política. Cuestiona que no es posible proteger el paisaje si todos los proyectos autorizados han sido considerados de bajo impacto ambiental. También sostiene que, al categorizarse como obras de bajo impacto ambiental, se impide analizar el efecto acumulativo de otras obras, el cual, debe ser analizado según la opinión consultiva no. OC-23-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concluye que calificar de forma genérica y con numerus apertus una infinidad de proyectos en áreas de protección como de bajo impacto, sería inconstitucional por regresión, pues los proyectos declarados como de bajo impacto requieren simplemente de una declaración jurada de compromisos ambientales de parte del desarrollador y eso es bajar la rigurosidad y la protección ambiental, siendo que en los sitios de alta fragilidad ambiental nunca podrían hacerse proyectos de bajo impacto ambiental. Así al disponerse que las obras en áreas de protección son de bajo impacto automáticamente relajaron nuestro ordenamiento jurídico pues el efecto acumulado de otras obras pasará de lado (ver sobre el efecto acumulado OC-23-17). Indican que por lo dispuesto en la norma 33 bis lo que antes eran sitios de alta fragilidad ambiental desaparecieron de forma regresiva al ser categorizados somo sitios de baja significancia ambiental. Citando un voto de la Sala Constitucional sobre el principio de progresividad, solicita que se declare que el segundo párrafo del artículo 33 bis porque es inconstitucional e inconvencional. También, solicita que se declare inconstitucional el párrafo segundo del artículo 33 ter.
Violación al derecho al ambiente por excluir competencias de SETENA y SENARA y violación al principio de progresividad: Cuestiona que el último párrafo del artículo 33 bis señala que la responsabilidad de autorizar las obras recaerá, exclusivamente, en la Dirección de Aguas, y que a ese órgano le corresponde establecer los requisitos y estudios necesarios. Estima que, de lo anterior, podría malinterpretarse que SETENA no estaría encargada de revisar previamente y determinar los estudios o protocolos necesarios para las obras en áreas de protección. Por ello, en caso de que no se acoja la inconstitucionalidad total del artículo 33 bis según lo indicado en el punto anterior, solicita que se emita un criterio interpretativo indicando que la Dirección de Aguas debe requerir una viabilidad ambiental previa que garantice que se han valorado todos los elementos y se han tomado todas las medidas de mitigación, prevención y preservación del ambiente. En apoyo de lo anterior, indica que los artículos 17, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente son acordes con normas supra e infra legales que obligan a Costa Rica a cumplir con las evaluaciones de impacto ambiental y cita varios votos de la Sala Constitucional y una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-23-17) sobre la importancia de las evaluaciones de impacto ambiental. Cita como fundamento el artículo 14 de la Convención sobre Diversidad Biológica y el 3° de la Convención Ramsar que obliga a las partes a adoptar medidas cuando se puedan producir daños a los ecosistemas de humedal. En ese sentido, anota varias recomendaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar que establecen la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental en los humedales. También, menciona el principio 11 de la Carta Mundial de la Naturaleza, las Metas y Principios de la Evaluación de Impacto Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Y, con base en todo lo anterior, señala que existe una línea vital que no fue observada por los legisladores que podría significar que se incumpla la exigencia legal y constitucional de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental. En este mismo sentido,  se sostiene que para autorizar las obras señaladas en el párrafo primero del artículo 33 bis sobre vertidos de aguas residuales y descargas de drenajes agrícolas se requiere la participación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) y la norma señala que su autorización corresponde exclusivamente a la Dirección de Aguas. Solicita que, en caso de que no se declare inconstitucional toda la norma, se emita una sentencia interpretativa en la que se indique que se mantienen las competencias de SETENA y SENARA y que la Dirección de Aguas debe coordinar con ambas instancias de previo a otorgar las autorizaciones.
Violación al derecho de participación y de acceso a información ambiental: Indica que el legislador exoneró a varios proyectos en áreas de protección de someterse a una evaluación de impacto ambiental, y que, por eso, para su aprobación no se realizara una audiencia pública ni se expondrán sus alcances. Lo anterior porque ningún proyecto categorizado como de “bajo impacto ambiental” tendrá audiencia pública ni estudios, ni medidas de mitigación, ni nada. Incluso ningún proyecto de baja significancia es dado a conocer al público. También la opinión consultiva OC-23-17 reconoce y señala la participación ciudadana como un derecho humano. También considera que la pérdida del derecho de participación también transgrede el principio de buena fe y hasta el de transparencia que debe tener la Administración Pública.

 

II.- Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad y la legitimación en este caso.- El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. A partir de lo dicho, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos", que son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país, el buen manejo del gasto público, y el derecho a la salud, entre otros. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no es taxativa. En este sentido, esta acción fue admitida en tanto se alega la defensa de intereses difusos, en protección del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política). Por lo tanto, en cuanto a este último, el accionante cuentan con la legitimación suficiente para presentar esta acción. Finalmente se trata de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía, pues se trata de la impugnación de varias normas legales; y además el actor cumplió los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto. 

III.- En general sobre las áreas de protección y la ley N°10210 (que incorporó los artículos 33 bis y 33 ter a la Ley Forestal, aquí impugnados).- El recurso hídrico es de carácter esencial para la preservación de la vida y la salud, por lo que su protección es consustancial a la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este sentido, las áreas de protección constituyen limitaciones legítimas al derecho de propiedad privada que tienen como finalidad proteger y conservar el recurso hídrico contra acciones humanas que puedan degradar el estado natural de las fuentes de agua, preservar o regenerar la cobertura forestal aledaña a los cuerpos de agua y garantizar el derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Mediante resolución de esta Sala Nº 2019-009221 de las once horas cuarenta y un minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve se indicó lo siguiente:

“V.- Sobre el agua como derecho fundamental y la protección de las nacientes, los mantos acuíferos y la determinación de las correspondientes áreas de protección. El recurso hídrico es de carácter esencial para la preservación de la vida y la salud, por lo que su protección es consustancial a la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este sentido, la jurisprudencia de la Sala es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un uso responsable y adecuado del recurso hídrico disponible, lo cual implica la necesidad de adquirir certeza del agua susceptible de explotación –disponibilidad- garantizando su otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando que con la utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que comprometa la existencia y dotación futura del líquido. La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse de manera contundente y detallada sobre la protección que debe otorgarse al recurso hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de protección, como las instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y precisando el ámbito de competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus actuaciones en materia de otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua –ver, entre muchas otras, sentencias números 2004-1923, 2008-14092, 2008-15657, 2017-6340 y 2017-17353-. Asimismo, parte importante de esta preocupación por la tutela ambiental respecto del agua, ha sido la valoración del amplio espectro de fuentes de captación del recurso hídrico y cómo proteger el entorno para garantizar su existencia y pervivencia, así se trate de fuentes de carácter subterráneo, o bien su afloramiento en fuentes de carácter superficial. Particularmente relevante para la situación que ahora se conoce, resulta la definición en cuanto a los perímetros de protección de estas fuentes, respecto de los cuales la Sala, en las sentencias de referencia, y particularmente en la mencionada 2004-1923, ha indicado que:

“a) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Una de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. Esa actividad consiste en proyectar y trazar sobre la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste, en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico –ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento de otorgar nuevas-  y de control de las actividades e instalaciones que puedan afectarlo –a través de autorizaciones- (v. gr. minas, canteras; actividades urbanas que incluyan tanques sépticos, cementerios, rellenos sanitarios –almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos y líquidos-; actividades agrícolas y ganaderas con depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas; actividades industriales con almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos, etc.). Evidentemente, la definición de perímetros por las autoridades nacionales –MINAE e ICAA-  debe ser respetada por los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU (dada su competencia residual en materia de planificación urbana en ausencia de planes reguladores locales) para compatibilizar, desarrollar y reflejar efectivamente los condicionamientos establecidos en la definición de los perímetros de protección en la normativa contenida en los respectivos Planes Reguladores sobre los usos de suelo o de ordenación del territorio (v. gr. reglamento de zonificación, de construcciones, etc.).  Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes,  etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC)  y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con  la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y  la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes. Las medidas a tomar a partir de los perímetros y cartografía de vulnerabilidad varían según se trate de una (a) área sin ocupación territorial, siendo  útil para definir las actividades que en el futuro puedan instalarse o no; (b)  áreas ya ocupadas, en cuyo caso se efectúa un mapeo de la vulnerabilidad natural y de las áreas con mayor susceptibilidad a la contaminación, pudiéndose, ante la amenaza de un índice elevado de contaminación, reubicar las actividades, las fuentes de abastecimiento e introducir tecnología para el tratamiento y disposición de contaminantes; (c) áreas ya contaminadas, para lo cual se podrán buscar fuentes alternas, evitar la propagación de las plumas de contaminación y, de ser posible, por su elevado costo, tratar las aguas del acuífero después de su extracción; (d) áreas para nuevas captaciones, supuesto en el cual se debe inventariar las actividades potencialmente contaminantes y el área de impacto de cada una de éstas.”

        De tal manera, es claro que la consideración del agua como recurso esencial y derecho fundamental, conlleva la necesaria protección de sus fuentes y de las áreas de captación, donde se consideran desde los mantos acuíferos subterráneos y superficiales, así como las nacientes, pozos y demás áreas desde las que se ubica y dispone del recurso hídrico. Esta protección implica el establecimiento de las denominadas áreas o perímetros de protección, como la señalada, precisamente, en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal, la cual, según se ha reseñado, refiere un radio de protección de 100 metros respecto de las nacientes permanentes, área de protección que puede variar, y de hecho así se establece en la legislación ordinaria, si la naciente dista de ser permanente, y, por el contrario, es una naciente de carácter intermitente o no permanente, respecto de las cuales no es que no exista protección alguna, sino que los radios de las áreas de protección pueden ser variables según así se considere por la normativa y las instancias técnicas responsables. Dicho de otro modo, la normativa y la jurisprudencia reconocen la importancia y la necesidad de brindar protección a las nacientes, y de ahí la definición de los radios de las áreas de protección de las mismas, cuya extensión varía dependiendo del tipo de naciente de que se trate, justamente, porque partiendo del tipo de naciente, así será el radio del área de protección correspondiente, sin que ello sea, per se, una situación que genere inconstitucionalidad alguna, pues como bien se indica en el precedente de cita, las propias condiciones de cada tipo de naciente –acuífero, pozo y demás- son las que definen las condiciones particulares de protección, de modo que haya áreas de protección especialmente definidas de acuerdo al tipo de naciente, manto o pozo de que se trate.

          En este sentido, la verificación de si una naciente es de carácter permanente o no permanente, es una determinación que compete a las instancias técnicas de la administración, que de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia, sería un asunto propio de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, en estricta coordinación con otras instancias relacionadas, como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, y el propio Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, definición que igualmente debe ser observada incluso por las municipalidades al momento de la elaboración de los correspondientes planes reguladores y los respectivos otorgamientos de los permisos de uso de suelo o sus denegatorias.”

 

Al respecto, la Ley Forestal contiene varias normas tendientes a proteger dichas áreas de protección. Así el artículo 33 define la medida de esas áreas de protección para cada tipo de cuerpo de agua. El artículo 34 prohíbe la corta o eliminación de árboles en esas áreas, salvo cuando se trate de proyectos declarados de conveniencia nacional; y el artículo 58 establece la pena de prisión de tres meses a tres años para quien invada un área de conservación o protección. Ahora bien, tomando como base en análisis que hizo la PGR en su informe sobre la exposición de motivos del proyecto de ley no. 22401 que dio origen a la Ley no. 10210 y que incorporó los artículos 33 bis y 33 ter a la Ley Forestal, se constata que la iniciativa pretendía llenar los vacíos normativos existentes en el régimen de las áreas de protección, pues se consideró que la normativa resultaba insuficiente para autorizar obras civiles que por su naturaleza deben ubicarse en esas áreas, obras necesarias para brindar servicios públicos, infraestructura para el aprovechamiento de agua otorgado en concesión e, incluso, infraestructura tendiente a proteger y restaurar esos espacios. Se señala además, en dicha exposición de motivos que, deben considerarse algunas autorizaciones que extiende la Dirección de Agua del MINAE, como permisos de vertidos con sistema de tratamiento que pasan por áreas de protección, descarga de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería, obras de captaciones para las concesiones de agua, obras en cauce, diques, muros, alcantarillas, puentes, concesiones de aprovechamiento de aguas y concesiones de explotación de materiales en cauces. También se señaló que, ante la problemática de abandono de las áreas de protección en las zonas urbanas, es necesaria la autorización de infraestructura básica de bajo impacto como se ha hecho en algunas áreas silvestres protegidas, que promuevan el ecoturismo, la recreación y la educación ambiental, para impulsar iniciativas de recuperación del entorno natural urbano como espacio público, la creación de infraestructura para su conservación y regeneración ambiental y lograr un ecosistema equilibrado y así revertir el estado de abandono y degradación en que se encuentran. Según el informe de la PGR, del estudio del expediente legislativo puede notarse que el texto inicialmente propuesto fue modificado significativamente a través de varias mociones que pretendieron variar el tipo de actividades permitidas y que fueron adversadas por los diputados proponentes del proyecto. Así se indica que:

-En el artículo 33 bis, además de las obras civiles que por su naturaleza deben estar en las áreas de protección, se añadió el segundo párrafo, autorizando, en todas las áreas de protección, el desarrollo de una serie de infraestructura ahí enlistada que es considerada de bajo impacto ambiental y otros elementos -sin especificar cuáles- que permitan el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras. Ver imagen de la moción aprobada:

(Folio 1372 del expediente legislativo).

 

-En el artículo 33 ter, además de las actividades y obras de bajo impacto ambiental, sujetas a las regulaciones técnicas y orientadas a la recuperación, la rehabilitación y el resguardo de los cuerpos de agua de dominio público, que generen espacios de protección, esparcimiento y movilidad sostenible, se incluyó el desarrollo de actividades turísticas y la finalidad de producir encadenamientos productivos. Ver imagen de la moción aprobada:

(Folio 1407 del expediente legislativo).

 

-Se introdujo un nuevo transitorio, para otorgar un plazo de 24 meses para que las obras existentes se mantengan, sin que se pueda ordenar su derribo. Ver imagen de la moción aprobada:

 

 

De todo lo cual se constata que el proyecto originalmente presentado tenía como objetivo: “crea herramientas para permitir e impulsar iniciativas de recuperación del entorno natural urbano como espacio público, la creación de infraestructura para su conservación y regeneración ambiental para lograr un ecosistema equilibrado y así revertir el estado de abandono y degradación en que se encuentran estas áreas de protección.” Y luego, se le incorporan mociones para permitir obras como: “plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización, y otros elementos que permita el acceso, observación y disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras.” Y con ello permitir el “desarrollo de actividades turísticas … y producir encadenamientos productivos, … desarrollo de infraestructura…”Constatándose que estas últimas adiciones realizadas por el legislador, carecieron de sustento técnico.  

IV.- En general la evaluación de impacto ambiental y las competencias de SETENA.- Conforme a los principios constitucionales de: tutela del derecho al ambiente; el principio preventivo (cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos); el principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente); el principio pro in dubio natura (en caso de duda o incerteza las controversias deben resolverse y las normas deben interpretarse a favor de la protección y conservación del ambiente); el principio de objetivación de la tutela ambiental (o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, según el cual se impone acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia); el principio de progresividad y no regresión en materia ambiental (la obligación del Estado de ir aumentado la protección y de no adoptar medidas, políticas o normas jurídicas que empeoren la situación de protección alcanzada); el principio de uso racional de los recursos; y más recientemente del principio pro natura (a partir de Opinión Consultiva 32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cualquier conflicto jurídico debe prevalecer, siempre, la interpretación que favorezca la protección de la naturaleza y el pleno ejercicio de los derechos ambientales, incluso fuera de contextos de duda o incertidumbre); el Estado tiene la obligación de proteger el ambiente, en particular, mediante la realización de estudios técnicos en materia ambiental y la evaluación de impacto ambiental en aquellos casos en que lo amerite. Al respecto, esta Sala, en la sentencia número 2008-15315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008, ha establecido la necesidad de que determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada. Esto debido a que tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente. En este sentido esta Cámara Constitucional, en la sentencia número 2005-05544 de las 15:38 horas del 10 de mayo de 2005, señaló:

“ VI.- El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (…) De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado. Debe hacerse especial énfasis en que será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del estudio de impacto ambiental, no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias”.

 

Asimismo, este Tribunal también indicó lo siguiente:

“(…) El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir – a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente” (véase la sentencia número 2001-6503 de las 09:26 horas del 06 de julio de 2001).

 

En síntesis, según lo señalado por los principios constitucionales en materia ambiental, la exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional. Así esta Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental es uno de los principios que sirven de parámetro de constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, no sea un simple postulado formal. (Voto n° 2003-6322 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003). En este sentido, tal como lo indica la PGR en su informe, no existe duda de que la realización de evaluaciones de impacto ambiental previas integra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, por tanto, el incumplimiento de esa obligación lesiona ese derecho fundamental. Asimismo cuando agrega que, esa obligación de evaluar ambientalmente las actividades, obras o proyectos, encuentra fundamento en el artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica (aprobado mediante Ley no. 7416 de 30 de junio de 1994), en cuanto dispone que cada Estado parte “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos”; y en el principio 17 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” También agrega la PGR que, en virtud de que lo discutido en esta acción puede tener aplicación en las áreas de protección de los ecosistemas de humedal, la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar) aprobada por Costa Rica mediante Ley no. 7224 de 7 de abril de 1991, que impone una obligación general de conservar y proteger los humedales. Al efecto, la Sala Constitucional ha señalado que: “La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria.” (Voto n° 2017-5994 de las 11 horas de 26 de abril de 2017. Reiterado en el voto n° 2019-16792 de las 11 horas 51 minutos de 4 de setiembre de 2019). De tal modo, es posible que existan actividades, obras o proyectos que, por no alterar el ambiente en un grado significativo, no deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental, y ello puede determinarse legal o reglamentariamente (Voto n° 2002-1220 de 14 horas 48 minutos de 6 de febrero de 2002). Con base en lo anterior, para que se pueda determinar, mediante una norma, que ciertas obras o actividades no requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debe contarse con criterios técnicos que fundamenten esa decisión. Ahora bien, para el caso de actividades, obras o proyectos que sí alteren significativamente el ambiente deben someterse a una evaluación de impacto ambiental previa. Considerando la mayoría de esta Sala que la determinación de cuál mecanismo o instrumento técnico deba utilizarse para esa evaluación es una competencia técnica conferida a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala que a ese organismo le corresponde “elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.” (ver voto salvado del magistrado Cruz al voto n° 2024-3227 donde se considera que tal determinación no corresponde a Setena, ni a un decreto, sino que se exige una norma legal en virtud del principio de reserva legal en esta materia).

V.- Sobre los artículos 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal, aquí impugnados.- Los artículos impugnados se refieren a obras de infraestructura que se pueden permitir en áreas de protección, sea infraestructura civil (art.33 bis) u obras de recuperación y rehabilitación (art.33 ter). Así se indican:

 

“Artículo 33 bis- Infraestructura civil en áreas de protección urbanas y rurales. Se autoriza instalar y realizar; dar mantenimiento, reparación y reposición de obras civiles y de instituciones públicas, en el cauce y vasos de los cuerpos de agua en las zonas urbanas y rurales, así como en sus áreas de protección tales como diques, muros, alcantarillas, puentes, acueductos, tomas, derivaciones y calibración de agua asignada en concesión, drenajes con mallas para recolección de residuos sólidos, infraestructura para la descarga de aguas pluviales, obras para el transporte de aguas residuales para su debido saneamiento, vertidos de aguas residuales procedentes de un sistema de tratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería; todo, sin deterioro de la calidad del agua y el cauce.

 

Asimismo, se autorizan obras de bajo impacto ambiental tales como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y Otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras.

 

La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales establecerán los requisitos y estudios necesarios, así como plazos de la administración para resolver.”

 

“Artículo 33 ter- Obras de recuperación y rehabilitación en áreas de protección en zonas urbanas y rurales. Se autoriza el uso y la gestión de las áreas de protección establecidas en el inciso b) del artículo 33 de esta ley, exclusivamente para actividades y obras de bajo impacto ambiental, siempre y cuando cumplan con las regulaciones técnicas y estén orientadas a la recuperación, la rehabilitación y el resguardo de los cuerpos de agua de dominio público, y al desarrollo de actividades turísticas, que coadyuven a conservar el recurso hídrico y sus ecosistemas asociados y producir encadenamientos productivos, generando espacios de protección, esparcimiento y movilidad sostenible, con el objetivo de evitar la contaminación y mitigar los impactos del cambio climático, siempre que sea para beneficio del ecosistema.

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable únicamente para las actividades autorizadas en el artículo 33 bis.

 

En el caso de obras para servicios públicos de agua potable y saneamiento, se aplicará únicamente lo dispuesto en el artículo anterior.

 

La responsabilidad de autorizar el uso y la gestión de estas áreas residirá exclusivamente en la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía; los requisitos técnicos, procedimientos y plazos se definirán vía reglamento.”

 

El accionante sostiene que tales normas violan el principio de razonabilidad técnica por cuanto sin ningún criterio técnico el legislador califica como de bajo impacto ambiental una lista amplia y genérica de proyectos, en áreas de protección están categorizadas como sitios de alta fragilidad ambiental y que, por eso, presentan un alto riesgo de afectación; violando el principio de razonabilidad técnica, el derecho al paisaje (art.89 Constitucional) y el principio de no regresión. Considera que por lo dispuesto las normas impugnadas lo que antes eran sitios de alta fragilidad ambiental desaparecieron de forma regresiva al ser categorizados somo sitios de baja significancia ambiental. Además, cuestiona que SETENA no estaría encargada de revisar previamente y determinar los estudios o protocolos necesarios para las obras en áreas de protección. Finalmente indica que, el legislador exoneró a varios proyectos en áreas de protección de someterse a una evaluación de impacto ambiental, y que, por eso, para su aprobación no se realizara una audiencia pública ni se expondrán sus alcances, violando con ello el derecho de participación. 

 

La PGR considera que el segundo párrafo del artículo 33 bis, el artículo 33 ter en su totalidad y en transitorio II resultan inconstitucionales. Así indica lo siguiente:

-Primer párrafo del artículo 33 bis, dado que se trata de obras y actividades que en la práctica han sido autorizadas, no podría afirmarse que el primer párrafo del artículo 33 bis amplíe el tipo de infraestructura que puede ejecutarse en las áreas de protección, y, por tanto, que sea una disposición regresiva. Al existir criterios que justifican la necesidad de autorizar ese tipo de actividades, tampoco es posible encontrar una violación a los principios de objetivación de la tutela ambiental y razonabilidad. En orden a la razonabilidad de lo dispuesto en ese primer párrafo, debe tenerse en cuenta que se trata de obras civiles que son necesarias para prestar servicios públicos, la seguridad y protección del recurso hídrico e, incluso, para garantizar otros derechos fundamentales. De ahí que tampoco podría afirmarse que lo allí dispuesto resulte contrario al principio de uso racional de los recursos.

-Segundo párrafo del artículo 33 bis, al autorizar otro tipo de obras y dejar abierta la posibilidad de permitir el desarrollo de actividades turísticas, no cuenta con una justificación razonable y, por ello, no se ajusta a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y no regresión. Pero es que, además, al clasificar determinadas obras como de bajo impacto ambiental, sin contar con un criterio técnico al respecto, resulta contrario a la jurisprudencia constitucional expuesta sobre la necesidad de justificar técnicamente la determinación de cuáles obras requieren someterse a la evaluación de impacto ambiental y el procedimiento o instrumento de evaluación que, según la obra o actividad resulta aplicable. Por esa razón, al no encontrarse en el expediente legislativo una justificación técnica al respecto, el segundo párrafo del artículo 33 bis resulta inconstitucional.

-Último párrafo del artículo 33 bis, no resulta inconstitucional siempre que se entienda que la competencia de la Dirección de Agua de otorgar las autorizaciones previstas, no desconoce la exigencia de rango constitucional y convencional de contar con una evaluación de impacto ambiental previa, cuando, dependiendo de la obra o actividad correspondiente, técnicamente así se requiera, ni desconoce las competencias de la SETENA en esa materia. Así tampoco se viola el derecho de participación.

-Sobre el segundo párrafo del artículo 33 ter, en los términos en que fue redactado, no cuenta con una justificación razonable que respalde la posibilidad de autorizar otro tipo de obras para el desarrollo de actividades turísticas y perseguir otro tipo de fines, y, por ello, no se ajusta a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y no regresión. En consecuencia, estima que debe declararse inconstitucional en su totalidad, o, al menos, limitarlo a las actividades de bajo impacto ambiental que inicialmente estaban contempladas, declarando inconstitucionales las adiciones que se le practicaron. En ese último escenario, debería entenderse que la autorización de ese tipo de actividades queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental previa y al ejercicio de las competencias propias de la SETENA.

-Sobre el transitorio II, si bien no fue cuestionado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estima que debe declararse inconstitucional. Esa norma transitoria dispone que, por el plazo de veinticuatro meses, cualquier obra que se encuentre en las áreas de protección puede mantenerse sin que el Estado pueda ordenar su derribo o eliminación. De tal modo, aunque se declare la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 33 bis y del artículo 33 ter, con base en la norma transitoria, podrían mantenerse temporalmente obras o actividades que, al final, no podrían obtener las autorizaciones respectivas.

 

Por su parte, el Presidente de Asamblea Legislativa indica que la normativa resulta constitucional. Considera que no es de recibo lo señalado por los accionantes en cuanto a que la Ley No. 10210 de 5 de mayo de 2022, viole el principio de no regresión ambiental. El marco normativo del régimen de las áreas de protección no es absoluto, además, la reforma legal aprobada permitió establecer con claridad cuáles actividades se encuentran permitidas y podrían ser autorizadas, así como, qué resultaría sancionable penal y administrativamente. Así, la ley aprobada no modifica ni mucho menos deroga los artículos 34 y 58 de la citada ley, que establecen la prohibición expresa de la corta de árboles en áreas de protección, con la única excepción de que se trate de proyectos declarados por el Poder Ejecutivo de conveniencia nacional y las sanciones ante la violación a esta prohibición siguen vigentes, respectivamente. Además, la aprobación de nueva legislación, que habilita la realización de obras, proyectos o actividades que no contaban previamente con una norma expresa, no debe ni puede entenderse inconexa del resto del marco normativo que tutela el medio ambiente. Por otro lado, de ninguna manera es posible interpretar que la autorización de Dirección de Aguas constituya una desautorización de las competencias de SETENA, siendo que sus atribuciones legales y reglamentarias continúan intactas para aquellas obras que lo requieran, con el único cambio de que, previo a la reforma de marras, cualquier obra en área de protección era rechazada de entrada, mientras que, con la actualización, corresponderá a la SETENA actualizar las normas técnicas para definir el tipo de Evaluación de Impacto Ambiental que se requiera para cada caso. Si bien al momento de contestar la presente audiencia, el reglamento aún no se ha aprobado, es importante señalar que ya existe un borrador en consulta. Por otro lado, los alegatos deben rechazarse porque los estudios técnicos son obligatorios en caso de que se dé una disminución de áreas silvestres protegidas o porque haya que demostrar que no hay una afectación al ambiente, pero en el caso de la ley, se da una protección mayor al derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la misma vez, se tutelan otros derechos fundamentales tal como se ha indicado. Agrega que, toda la normativa ambiental sobre EIA continúa vigente y aplicable y será MINAE, vía reglamento, quien defina los requisitos para acceder a la autorización de Dirección de Agua, autorización que, cuando la obra, actividad o proyecto lo requiera, necesariamente deberá contar con la debida viabilidad ambiental aprobada por SETENA. Asimismo, nada de lo indicado interfiere, limita o modifica las competencias y normativa que rige SENARA.

 

En el mismo sentido, indica el Minae y Sinac que la normativa impugnada resulta constitucional. Indican que, las áreas de protección de nuestro país son sitios prioritarios e indispensables para la protección del recurso hídrico, el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos, la conectividad biológica, la conservación y aumento de la cobertura arbórea y el disfrute de la población. Por lo tanto, el Estado, a través de todas sus instituciones, gobiernos locales, instancias e instrumentos, debe velar por el cumplimiento de la legislación que las protege y regula. Revisada la Ley Forestal n°7575 antes de la adición de los artículos 33 bis y 33 ter, se evidenciaba un vacío legal sobre el manejo que la sociedad desde sus inicios da a estos sitios. La necesidad de hacer uso de estas áreas no es exclusiva de la modificación a la Ley Forestal, pues también está el artículo 2 ter de la Ley General de Caminos Públicos. La norma no afecta negativamente ninguna regla o principio de los señalados por el accionante, pues se trata de una categorización que exime el requisito de la viabilidad ambiental para ciertas actividades, obras y proyectos, precisamente tomando en cuenta el hecho de que se asume que no generan impactos negativos significativos al ambiente.  Igualmente no deja al descubierto la tutela ambiental del Estado sobre estas actividades pues se reafirman las competencias de vigilancia y autorización la Dirección de Agua sobre las situaciones que les toca atender. Las actividades indicadas en los artículos 33 bis y 33 ter no forman parte de las actividades, obras o proyectos que requieren tramitar una viabilidad ambiental. Para aquellos casos donde si deban realizarse proyectos de un impacto mayor los proponentes de actividades, obras y proyectos si requerirán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental ante la SETENA. Así, no podría interpretarse que absolutamente todas las actividades que desarrolla la población sobre estas áreas ambientalmente frágiles deban tramitar una viabilidad ambiental, dado que lo primero que se valora es el impacto negativo significativo que pueden producir. La adición a la ley no modifica el artículo 34 de la ley forestal N° 7575 por lo que no puede interpretarse que se permita la corta de árboles. Así que la ley impugnada viene a ordenar que actividades sí pueden ejecutarse en estas áreas. Finalmente, el hecho de que el proyecto no requieran de un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental no implica que el habitante esté limitado de participar en los procesos de las instituciones. Por lo que se recomienda que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 33 bis y los párrafos segundo y cuarto del ordinal 33 ter, ambos de la Ley Forestal, adicionados mediante Ley N° 10210 del 05 de mayo de 2022.

 

Finalmente el representante del Senara considera que, resulta claro que existe una necesidad pública de realizar ciertas obras en los cauces de los ríos o zonas de protección de cauces públicos o manantiales, precisamente para poder hacer un aprovechamiento sostenible. La protección del recurso hídrico involucra dos aspectos fundamentales: la preservación de la cantidad (mediante la protección de las áreas de recarga acuífera) y de la calidad del agua (mediante la protección de los márgenes de los ríos y evitar la contaminación). Los artículos 33 bis y 33 ter de la ley Forestal trata de obras indispensables para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, y además el legislador enfatiza que tales obras se pueden realizar "todo, sin deterioro de la calidad de agua ni el cauce". El artículo 33 bis de la ley forestal incluye autorización para realizar obras, que denomina como de "bajo impacto", concepto que si bien no se define en la ley, también es cierto, que asigna la responsabilidad de autorizar dichas obras a la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, quien puede establecer los requisitos y estudios necesarios para autorizar estas obras, así que no se están omitiendo la exigencia de estudios técnicos. Los artículos 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal en ningún momento están dejando sin efecto normas que contiene el ordenamiento jurídico para garantizar la protección ambiental, ni en particular la cobertura boscosa ni el recurso hídrico, ni está eximiendo de requisitos ni estudios técnicos. El legislador estableció la posibilidad de realizar obras en cauce o en áreas de protección bajo un control estricto del MINAE quien establecerá los requisitos necesarios y los estudios técnicos que den sustento y motivación a cada acto autorizante, sin que se pueda extraer de tal normativa, como indebidamente afirma el recurrente, que tales autorizaciones quedan eximidas de viabilidad ambiental ni de estudios técnicos. Con la adición de los artículos 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal no se derogan normas que han asignado competencias a entes como la SETENA o bien el SENARA, ni se autoriza su desaplicación, así como tampoco se autoriza prescindir de estudios técnicos que den respaldo a cada autorización, y por tal razón tampoco resultan inconstitucionales. Por las razones expuestas, solicitamos que la Acción de inconstitucionalidad sea declarada sin lugar.  

 

De todo lo anterior, esta Sala considera que, ciertamente en las normas impugnadas se encuentran disposiciones inconstitucionales, como de seguido se explica.

 

1.-) Sobre la constitucionalidad del primer párrafo del artículo 33 bis.- Tal como lo indica la PGR, las obras que se mencionan en el primer párrafo del artículo 33 bis se trata de obras y actividades que en la práctica han sido autorizadas, por lo tanto no es una ampliación del tipo de infraestructura que puede ejecutarse en las áreas de protección. Además, existen criterios que justifican la necesidad de autorizar ese tipo de actividades, las cuales están relacionadas con la prestación de servicios públicos, la seguridad, la protección del recurso hídrico y el ejercicio de otros derechos fundamentales. Nótese que se trata de diques, muros, alcantarillas, puentes, acueductos, tomas, entre otros, cuando se indica: “instalar y realizar; dar mantenimiento, reparación y reposición de obras civiles y de instituciones públicas, en el cauce y vasos de los cuerpos de agua en las zonas urbanas y rurales, así como en sus áreas de protección tales como diques, muros, alcantarillas, puentes, acueductos, tomas, derivaciones y calibración de agua asignada en concesión, drenajes con mallas para recolección de residuos sólidos, infraestructura para la descarga de aguas pluviales, obras para el transporte de aguas residuales para su debido saneamiento, vertidos de aguas residuales procedentes de un sistema de tratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería; todo, sin deterioro de la calidad del agua y el cauce.” Todo lo cual es acorde al principio de razonabilidad técnica y por tanto acorde al Derecho de la Constitución. Así entonces en cuanto al primer párrafo del numeral 33 bis corresponde declarar sin lugar la acción.

 

 

2.-) Sobre la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 33 bis.- Tal como se observa, el segundo párrafo del artículo 33 bis define automáticamente varias obras a permitirse en el cauce y vasos de los cuerpos de agua en las zonas urbanas y rurales, así como en sus áreas de protección, como obras de “bajo impacto ambiental”. Dichas obras incluyen: “plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y Otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras.” Al respecto:

 

a) Todas esas obras fueron calificadas por el legislador como de “bajo impacto ambiental” sin ningún sustento técnico. La definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno es un instrumento que sustenta la protección del derecho al agua, por lo tanto, cualquier medida legislativa o administrativa que tienda a variar la protección de ese perímetro, debe estar sustentada técnicamente. Ello es parte de lo que se conoce como el principio constitucional de razonabilidad técnica en materia ambiental, relacionado también con el principio de objetivación. Es claro que la consideración del agua como recurso esencial y derecho fundamental, conlleva la necesaria protección de sus fuentes y de las áreas de captación, donde se consideran desde los mantos acuíferos subterráneos y superficiales, así como las nacientes, pozos y demás áreas desde las que se ubica y dispone del recurso hídrico. Esta protección implica el establecimiento de las denominadas áreas o perímetros de protección, como la señalada, precisamente, en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Forestal. Por lo tanto, según se dijo, el legislador debe sustentar técnicamente cualquier variación en las obras que se permitan en dichas áreas de protección, lo cual no se ha dado en este caso. Tal como lo indica la PGR “Por esa razón, al no encontrarse en el expediente legislativo una justificación técnica al respecto, el segundo párrafo del artículo 33 bis resulta inconstitucional.” Nótese que la moción aprobada para introducir este segundo párrafo al artículo 33 bis, no encuentra ninguna justificación. En su discusión en la Comisión Permanente Especial de Ambiente, sesión n°18 del miércoles 05 de enero del 2022, solamente se indica lo siguiente: “Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: // Gracias, diputada presidenta. // Nada más para comentarle a los diputados y diputadas que este es un trabajo que hemos realizado varias fracciones. Esta moción reúne el espíritu original del proyecto con algunas consecuencias indirectas que podría tener el texto que estaba anteriormente en discusión. De manera que, este texto se acerca bastante a lo que pretendía el proyecto, pero sin afectar a sectores productivos. // Muchas gracias.“ Por esa razón, al no encontrarse en el expediente legislativo una justificación técnica al respecto, el segundo párrafo del artículo 33 bis resulta inconstitucional.

Violentándose el Derecho de la Constitución por transgresión del principio de razonabilidad técnica y del principio de objetivación en materia ambiental.

 

b) Al ser calificadas como obras de “bajo impacto ambiental”, se entiende que lo que antes eran sitios de alta fragilidad ambiental desaparecieron de forma regresiva al ser categorizados somo sitios de baja significancia ambiental. Así dichas obras no requerirían de una evaluación de impacto ambiental, que es el procedimiento administrativo que permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente. Violentándose el Derecho de la Constitución por transgresión del principio de no regresión en materia ambiental. Al permitirse dichas obras, cuando antes no estaban permitidas, significa que las áreas de protección de los cuerpos de agua antes estaban mayormente protegidas, lo cual implica una regresión en la protección ambiental. En este sentido, como lo indica la Universidad Nacional en la prueba solicitada en este expediente:

“La construcción de una plataforma fija sobre la ribera remueve árboles, modifica la pendiente y compacta suelos, lo que eleva la carga de sedimentos que llega al cauce. Un puente colgante, aún ligero, necesita pilas o cables anclados que alteran la dinámica hidráulica y facilitan la formación de bancos de arena. Una tirolesa instalada sobre el dosel interrumpe la ruta de aves insectívoras y de murciélagos polinizadores, mientras introduce ruido y tráfico humano. Dependiendo de la magnitud y gestión de la obra, el resultado podría alterar gradualmente la calidad del agua de cauces y manantiales y promover la pérdida de cobertura boscosa y una reducción de la capacidad natural del río para amortiguar crecidas, sobre todo en sistemas hídricos de escasa resiliencia. Aunque cada efecto pueda considerarse puntual, la suma de instalaciones a lo largo de un tramo ribereño puede provocar impactos acumulativos que superan los umbrales razonables de bajo impacto.

Por lo tanto, el impacto ambiental real dependerá de las dimensiones, cantidad y distanciamiento de las estructuras a construir. Mientras los fines sean turismo en baja escala, investigación y educación, los impactos se pueden prevenir o mitigar. Por esta razón, se debe realizar el debido proceso de evaluación de impacto ambiental.”

 

Luego, se entendería que la norma, así como está redactada, “abre un espacio real para que se aprueben obras con impactos negativos que luego resulten difíciles o imposibles de revertir. Esa puerta abierta fomenta precedentes jurídicos y alimenta la percepción de que el bosque ribereño, las nacientes y las zonas de recarga son espacios disponibles siempre que el proponente etiquete la obra como “bajo impacto” o de “interés turístico”. Sin estudio de impacto ambiental ni consulta pública, un proyecto puede avanzar a partir de un simple expediente técnico y un plano catastrado…” (Universidad Nacional).

En este mismo sentido lo indica la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, cuando en la prueba solicitada indica que: “A como está redactado el párrafo, no garantizan la protección real de las zonas de protección. Más bien, deja abiertos portillos para la ejecución de otras obras, actividades o proyectos que vaya a afectar estas zonas, debido a que no todas las obras de infraestructura aparecen anotadas en el escrito. Habrá obras que se requieran por circunstancias ambientales (alta precipitación, arrastre de bordes y sedimentos, deslizamientos, fragmentación de zonas de manera natural, etc.) imperantes en los cauces de ríos principalmente, pero esto no exime que se omitan o no se realicen los estudios técnicos pertinentes sin excepción.”

Además de la violación al derecho de participación ciudadana en esta materia, pues, al no exigirse la evaluación ambiental no se da espacio para el involucramiento de la población en los proyectos que se aprueben. La inconstitucionalidad no se soluciona interpretando que se deba dar un estudio técnico en cada caso concreto, sino que, el legislador fue quien debió sustentar en la moción incorporada, que las obras allí indicadas son ciertamente de ”bajo impacto ambiental”, pues al calificarlas así sin fundamento, se están transgrediendo varios principios: el principio de razonabilidad técnica aplicable a la ley; el principio de no regresión en materia ambiental, al permitirse obras que antes no estaban permitidas; al principio de objetivación, pues esta norma legal no encuentra vinculación ni a la ciencia ni a la técnica; al principio precautorio por la falta de certeza científica; al principio pro natura pues en caso de duda debe resolverse a favor del ambiente; y en todo caso al principio pro natura, pues incluso en contextos fuera de duda se debe resolver en protección del ambiente. Así que carece de sentido que se admita que el legislador califique sin sustento técnico ciertas obras como de bajo impacto ambiental -lo cual trae aparejado de inmediato la exclusión de la evaluación de impacto ambiental- y luego se interprete que tales obras son admisibles siempre que cuenten con sustento técnico particular. Tal como lo ha indicado esta Sala, para que una norma legal determine que ciertas obras o actividades no requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el legislador debe sustentar con criterios técnicos que fundamenten esa decisión, lo cual no se ha dado en este caso, según se vio en las mociones presentadas.     

 

c) La expresión “áreas naturales” al permitir varias interpretaciones posibles, (ver lo que indica la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional en la prueba solicitada), tal expresión puede abarcar una gran cantidad de otras áreas, más allá de las áreas de protección y las zonas de recarga acuífera, pudiendo incluirse además:

 

“b. Áreas silvestres protegidas reguladas por el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), es decir, parques nacionales, reservas protegidas, zonas protectoras.

c. Ecosistemas naturales contiguos al cauce que no poseen categoría legal, pero conservan cobertura boscosa y funciones hidrológicas.

d. Espacios donde no hay presencia de actividades humanas (cultivos, ganadería, zonas urbanas, zonas industriales).

e. Zonas que no se encuentran incluidas en el artículo 33, zonas que no son bosques, zonas que no corresponden a áreas silvestres protegidas, pero que están en sucesión natural ecológica o en procesos de restauración ecológica.”

 

Lo cual permitiría que “Quien desee instalar infraestructura turística dentro de un parque nacional podría alegar que el término abarca las áreas silvestres protegidas que administra el SINAC. Quien busque intervenir un río que atraviesa fincas privadas podría afirmar que la frase incluye las franjas ribereñas, los alrededores de nacientes y las zonas de recarga que el artículo 33 declara áreas de protección. Incluso un tramo de bosque aislado, todavía sin categoría oficial, cabría en esa lectura porque conserva rasgos de naturalidad.” Concluyéndose entonces que: “la reforma introduce un concepto maleable que, dependiendo de la interpretación, puede permitir la construcción de este tipo de infraestructura en cualquier tipo de área protegida y debilitar la salvaguarda que la ley original confirió al recurso hídrico.” (ver informe de Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional).

 

d) Las obras de infraestructura que se mencionan en el segundo párrafo no están relacionadas con el manejo, uso y gestión del recurso hídrico, sino más bien se relacionan con actividades turísticas. Con el agravante de que el párrafo finaliza indicando “entre otras”, lo cual permitiría cualquier obra, no sólo más allá de la protección del recurso hídrico, sino las actividades turísticas y más grave aún, obras de cualquier otra actividad. 

Así entonces en cuanto segundo párrafo del artículo 33 bis corresponde declarar con lugar la acción.

 

3.-) Sobre la inconstitucionalidad del artículo 33 ter.- El artículo 33 ter permite obras de recuperación y rehabilitación en áreas de protección en zonas urbanas y rurales, permitiendo actividades y obras de bajo impacto ambiental, orientadas a la recuperación, la rehabilitación y el resguardo de los cuerpos de agua de dominio público, y al desarrollo de actividades turísticas. Por las mismas razones en que el segundo párrafo del artículo 33 bis resulta inconstitucional, según lo indicado supra, este mismo artículo 33 ter también es contrario al Derecho de la Constitución. Tal como se indica en la prueba solicitada:

 

“La norma usa términos sin definir como “áreas naturales” y “bajo impacto ambiental”. Al no aclarar su alcance, cualquier empresa o persona puede adaptar la expresión a sus planes. La carencia de precisión crea un portillo legal que facilita obras dentro de espacios que la Ley Forestal reconoce como áreas de protección, incluidos los cien metros que rodean una naciente, la franja ribereña y las propias zonas de recarga acuífera.

La consecuencia más grave es el debilitamiento del principio de no regresión. El artículo 34, que prohíbe cortar árboles en áreas de protección salvo conveniencia nacional, queda desplazado por un artículo 33 bis que permite obras sin esa salvaguarda. En la práctica, bastaría un plano y un informe técnico contratado por el proponente para obtener la autorización. La reforma no contempla límites al número de obras por kilómetro, planes de restauración ni monitoreo independiente. Tampoco prevé sanciones específicas ante incumplimientos. El vacío regulatorio abre espacio para una expansión de infraestructura con impactos potenciales acumulativos: pérdida de hábitat ribereño, deterioro paulatino de la calidad del agua, reducción de la capacidad natural para amortiguar crecidas y contaminación de los acuíferos que abastecen a las comunidades. (ver informe de la Universidad Nacional)   

 

Por lo demás, como lo indica la PGR, esta norma no cuenta con una justificación razonable que respalde la posibilidad de autorizar otro tipo de obras para el desarrollo de actividades turísticas y perseguir otro tipo de fines, y, por ello, no se ajusta a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y no regresión. Así entonces en cuanto al artículo 33 ter corresponde declarar con lugar la acción.

 

4.-) Sobre la interpretación conforme del último párrafo del artículo 33 bis.- Tal como se observa, el último párrafo del artículo 33 bis solo menciona a la Dirección de Aguas del MINAE para autorizar las obras en cuestión. Sin embargo, para que tal párrafo pueda ajustarse al Derecho de la Constitución debe entenderse que, la competencia de la Dirección de Agua de otorgar las autorizaciones previstas, no desconoce la exigencia de rango constitucional y convencional de contar con una evaluación de impacto ambiental previa, cuando, dependiendo de la obra o actividad correspondiente, técnicamente así se requiera, en concordancia con las competencias de la SETENA en esa materia.

 

5.-) Sobre la inconstitucionalidad del Transitorio II.- Tal como lo indica la PGR, en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, resulta necesario que esta Sala también se pronuncie sobre el Transitorio II de la Ley impugnada. Se denota que tal norma transitoria dispone lo siguiente:

“TRANSITORIO ll- Por el plazo de veinticuatro meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, aquellas obras existentes que se encuentren dentro de la zona de protección podrán mantenerse sin que se pueda ordenar, por parte del Estado, su derribo y/o eliminación. En dicho plazo, las personas físicas o jurídicas deberán obtener la autorización respectiva y validar las construcciones existentes de acuerdo con la reglamentación emitida para tales efectos.”

 

De lo cual se entiende que, por el plazo de veinticuatro meses, cualquier obra que se encuentre en las áreas de protección puede mantenerse sin que el Estado pueda ordenar su derribo o eliminación. En este sentido, corresponde también la declaratoria de inconstitucionalidad, no solo porque ese “plazo de gracia” resulta igualmente violatorio del derecho al ambiente, sino porque, como se dijo, no hay sustento para la autorización de las obras denominadas de “bajo impacto” que la normativa aquí anulada indica. De permanecer esta norma transitoria, podrían mantenerse temporalmente obras o actividades que, al final, no podrían obtener las autorizaciones respectivas. Por ello lo procedente es declarar su inconstitucionalidad y consecuente anulación del ordenamiento jurídico.

VI.- Conclusiones.- Tomando en consideración lo indicado por la prueba aportada por la Universidad Nacional en el sentido de que “En conjunto, estos portillos normativos facilitan la instalación de infraestructura turística, urbana o agroindustrial dentro de las franjas ribereñas y en los perímetros de nacientes—espacios que la ley original calificó como áreas de protección de primer orden. Las consecuencias probables incluyen pérdida progresiva de cobertura boscosa, mayor erosión, flujos pico más altos durante tormentas y una carga creciente de contaminantes difusos.” Y tomando en consideración todo lo indicado supra, procede declarar con lugar la acción presentada y en consecuencia:

-Se declara sin lugar la acción en cuanto al primer párrafo del numeral 33 bis.

-Se declara inconstitucional el segundo párrafo del artículo 33 bis y todo el artículo 33 ter, que permiten “obras de bajo impacto ambiental”, “desarrollo de actividades turísticas” y “entre otras”, por violación del principio de razonabilidad técnica, del principio de objetivación en materia ambiental, del principio de no regresividad, del principio pro natura y por tanto del derecho al ambiente, por haber introducido el legislador tales obras en la norma, sin ningún sustento técnico.

-En cuanto al último párrafo del artículo 33 bis, se interpreta que la competencia de la Dirección de Agua de otorgar las autorizaciones previstas, no desconoce la exigencia de rango constitucional y convencional de contar con una evaluación de impacto ambiental previa, cuando, dependiendo de la obra o actividad correspondiente, técnicamente así se requiera, en concordancia con las competencias de la SETENA en esa materia.

-En virtud de la inconstitucionalidad que esta Sala está declarando en esta acción y de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara inconstitucional el transitorio II de la Ley 10210.

VII.- Voto salvado parcial de los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Garro Vargas, con redacción del primero. Nos separamos respetuosamente del criterio de la mayoría, en relación con lo dispuesto respecto del párrafo segundo de los artículos 33 bis y 33 ter, así como del transitorio II aquí impugnados e incorporados mediante dos mociones de fondo planteadas por varios diputados y aprobadas el 5 de enero de 2022 dentro del expediente legislativo nro. 22.401 que dio origen a las reformas en cuestión, por cuanto consideramos que, con la aprobación de esas mociones no se pone en riesgo el ambiente, ni se incurre en ningún tipo de regresión ambiental por los siguientes motivos. En primer término, esa condición de bajo impacto ambiental a la que alude el párrafo dos del numeral 33 bis respecto de esas obras, debe ser definida previamente bajo un estudio técnico, no es al azar ni respecto de cualquier área o actividad, conforme el mismo pronunciamiento que hace este Tribunal en esta sentencia, en relación con el párrafo final de ese mismo artículo aquí impugnado. Es importante aclarar, que la prueba para mejor resolver solicitada en el expediente mediante resolución de las 08:39 horas del 3 de junio de 2025, se solicitó a partir de la lectura específica del párrafo segundo del artículo 33 bis, es decir fuera de su contexto y literalidad del resto de la norma.

En nuestro criterio, es relevante advertir que el artículo 33 bis no hace alusión únicamente a zonas de alta fragilidad ambiental, sino que, conforme al título del propio artículo, establece la posibilidad de construir obras en áreas de protección urbanas y rurales, por lo que, hay que entenderla en su integralidad. La norma dispone lo siguiente:

“Artículo 33 bis- Infraestructura civil en áreas de protección urbanas y rurales. Se autoriza instalar y realizar; dar mantenimiento, reparación y reposición de obras civiles y de instituciones públicas, en el cauce y vasos de los cuerpos de agua en las zonas urbanas y rurales, así como en sus áreas de protección tales como diques, muros, alcantarillas, puentes, acueductos, tomas, derivaciones y calibración de agua asignada en concesión, drenajes con mallas para recolección de residuos sólidos, infraestructura para la descarga de aguas pluviales, obras para el transporte de aguas residuales para su debido saneamiento, vertidos de aguas residuales procedentes de un sistema de tratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería; todo, sin deterioro de la calidad del agua y el cauce.

 

Asimismo, se autorizan obras de bajo impacto ambiental tales como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y Otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras.

 

La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales establecerán los requisitos y estudios necesarios, así como plazos de la administración para resolver.”

 

De otro lado, ciertamente el segundo párrafo de esa norma establece que “se autorizan obras de bajo impacto ambiental tales como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y Otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras”; sin embargo, esto no quiere decir, necesariamente, que el legislador está definiendo que esas obras deben ser consideradas en todos los casos, como obras de bajo impacto; sino que, cuando así sean técnicamente declaradas, es que procede su implementación en tales áreas, como ya existen algunas de ellas. Adviértase la existencia actual en áreas protegidas de plataformas de observación y puentes, por ejemplo, incluso para turismo, como sucede en los parques nacionales, la isla San Lucas, etc. (véase la sentencia nro. 2023-12817, de las 14:40 horas del 31 de mayo de 2023, entre otras).

Esto, porque la condición de bajo impacto ambiental no depende solo del tipo de obra a desarrollar, sino también de su tamaño y del lugar donde se pretende implementar, entre otros factores, tal como lo advierte el profesor de la Universidad de Costa Rica. De manera que, coincidimos con el proyecto en que sí es posible que algunas de esas obras sean de bajo impacto ambiental y otras no. Por eso es importante que, al tratarse de áreas de protección urbanas y rurales tal como dice la norma y más aún donde existan zonas de alta fragilidad ambiental, por estar cerca el recurso hídrico, deba requerirse de previo la valoración técnica de sus impactos para ser declaradas como obras de bajo impacto, lo cual no se advierte con claridad en la norma en cuestión. No obstante, sí lo hace el párrafo final de esa disposición con la interpretación conforme que está realizando este Tribunal en esta sentencia, al señalar que tanto ese párrafo final del ordinal 33 bis como el 33 ter, no son inconstitucionales siempre y cuando deba entenderse que, la competencia de la dirección de Aguas del MINAE para otorgar las autorizaciones previstas, no desconoce la exigencia de rango constitucional y convencional de contar con una evaluación de impacto ambiental previa, cuando, dependiendo de la obra o actividad correspondiente, técnicamente así se requiera, ni desconoce las competencias de la SETENA en esa materia.

Así las cosas, desde una lectura íntegra de ese ordinal 33 bis, solo estarían autorizadas las obras que dispone el párrafo segundo, en aquellos casos en que SETENA sea la que, de previo defina, en cada caso particular, de acuerdo al marco normativo, si esas obras son o no actividades de bajo impacto, entendiendo que solo si lo son, podrían ser implementadas. De esa manera, la norma más bien excluye la realización de cualquier obra de mediano y alto impacto, garantizando que en las áreas protegidas urbanas y rurales que indica el artículo 33 bis, no sean implementadas obras de tales impactos, solo las de bajo impacto y cuando así sean consideradas bajo el criterio técnico respectivo fundado en la normativa que así lo define. Criterio técnico específico respecto del lugar donde se pretende implementar, que puede ser posterior a la ley, según este Tribunal ya ha aceptado en anteriores ocasiones bajo determinadas condiciones, como en la sentencia nro. 2020-13836, de las 15:30 horas del 22 de julio de 2020, al indicar lo siguiente:

"…Así las cosas, si bien ese estudio de impacto ambiental no se realizó de previo a la aprobación de la ley, lo cierto es que, dada la particularidad de este proyecto y en las condiciones en que se aprobó la desafectación de ese terreno para modificar su uso y protección ambiental, manteniendo su tutela fuera de cualquier uso diverso al justificado, y condicionando el mismo al resultado que eventualmente arroje el estudio de impacto ambiental, no se considera vulnerado el principio de objetivación del derecho ambiental”.

Bajo esa lectura integral e interpretación conforme, descartamos que exista una lesión al principio de objetivación del derecho ambiental, al de participación ciudadana y al de no regresividad en materia ambiental, pues con la introducción de las mociones en cuestión no se está permitiendo la realización de obra alguna sin la exigencia de los estudios técnicos previos requeridos que determinen la no afectación de estas zonas protegidas. Desde nuestro criterio resulta desproporcionado e irrazonable exigirle al legislador que, para cualquier reforma legal general deba presentar en el acto, bajo los plazos del ejercicio de tal derecho, un estudio técnico que justifique su derecho de enmienda, cuando no se está ante una desafectación ambiental de un área concreta y particular o de una actividad en específico, que realmente permita exigir un estudio de tal naturaleza, donde sea tangible una medición real de los impactos y sus mitigaciones. De lo contrario, podría incurrirse en la irrazonabilidad de exigir, dentro del derecho de enmienda, un estudio imposible de concretar en los términos de abstraccionismo pretendido por la Mayoría, sin que con ello se ponga en riesgo de afectación al ambiente. Es precisamente por esto que, en este caso en particular desde la perspectiva del voto de minoría no era necesario tal requerimiento, toda vez que, como ya se indicó, el elenco de actividades de bajo impacto que se autorizan estará sujeto al respectivo estudio técnico, de forma tal que no es cierto que esta reforma pueda interpretarse y aplicarse como un “cheque en blanco” para que la Administración Pública realice actividades que violenten los principios que rige en materia ambiental. Menos aún, cuando en la norma que establece la competencia a la Dirección General de Aguas como la autoridad competente, la misma Mayoría hace una interpretación conforme, en el sentido de que previo a la autorización se requerirá del estudio técnico aprobado por SETENA, por lo que tal interpretación tiene igualmente sentido, en el tanto y cuanto también se haga una interpretación conforme del párrafo segundo del artículo 33 bis.  

De otro lado, adviértase que el artículo 33 ter señala que lo dispuesto en el primer párrafo aplica a las actividades autorizadas en el artículo 33 bis, sujetando la autorización del uso y la gestión de las áreas de protección ahí establecidas, “exclusivamente para actividades y obras de bajo impacto ambiental, siempre y cuando cumplan con las regulaciones técnicas y estén orientadas a la recuperación, la rehabilitación y el resguardo de los cuerpos de agua de dominio público, y al desarrollo de actividades turísticas, que coadyuven a conservar el recurso hídrico y sus ecosistemas asociados y producir encadenamientos productivos, generando espacios de protección, esparcimiento y movilidad sostenible, con el objetivo de evitar la contaminación y mitigar los impactos del cambio climático, siempre que sea para beneficio del ecosistema”. De modo que ambas refuerzan la tutela que existe en materia ambiental y se sujeta cualquier otro tipo de interés, a que sea en beneficio del ecosistema.

Por consiguiente, salvamos el voto parcialmente y estimamos que el segundo párrafo de los artículos 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal, no son inconstitucionales siempre y cuando se interprete que, esa condición de bajo impacto ambiental a la que alude el ordinal 33 bis respecto de esas obras, sea definida previamente bajo un estudio técnico, conforme el pronunciamiento que hace este Tribunal en esta sentencia, en relación con el párrafo final de ese mismo ordinal aquí impugnado.

De otro lado, consideramos que el transitorio II incorporado en esa otra moción de fondo tampoco resulta inconstitucional, al exigírsele nuevamente un estudio técnico abstracto y general, pues parte de situaciones ya existentes, no de la autorización de nuevas obras. Esta norma más bien resulta ajustada al principio precautorio en materia ambiental. Adviértase que, no en pocos casos, la sola decisión de revertir una situación como pretende la Mayoría sin un estudio previo, al eliminar estructuras ya existentes en esas áreas naturales, en muchos casos puede implicar una afectación ambiental mayor que la que se pretende solventar. De ahí que, en esos casos donde ya existen ese tipo de obras, consideramos que, igualmente la incorporación de esta disposición es razonable y justificada, al establecer que en un plazo determinado y no de forma indefinida, se realicen los estudios técnicos que definan la condición de cada una de esas estructuras, a fin de conocer eventualmente incluso, las consecuencias de su remoción o conservación, antes de actuar sin considerar las ulteriores consecuencias en el ambiente.

Por tanto:

1) Por unanimidad, se declara sin lugar la acción en cuanto al primer párrafo del numeral 33 bis. 2) Por mayoría, se declara CON lugar la acción en contra del segundo párrafo del artículo 33 bis y el artículo 33 ter de la Ley Forestal, así como el transitorio II  de la ley nro. 10210. 3) Por mayoría, se interpreta el último párrafo del artículo 33 bis de la Ley Forestal, en el sentido de que la competencia de la Dirección de Agua de otorgar las autorizaciones previstas, no desconoce la exigencia de rango constitucional y convencional de contar con una evaluación de impacto ambiental previa, cuando, dependiendo de la obra o actividad correspondiente, técnicamente así se requiera, en concordancia con las competencias de la SETENA en esa materia. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Garro Vargas salvan el voto parcialmente y declaran constitucionales el segundo párrafo del artículo 33 bis y 33 ter de la Ley Forestal, siempre y cuando se interprete que, esa condición de bajo impacto ambiental a la que alude el artículo 33 bis respecto de esas obras, sea definida previamente bajo un estudio técnico, conforme el pronunciamiento que hace este Tribunal en esta sentencia, en relación con el párrafo final de ese mismo ordinal aquí impugnado. En igual sentido, salvan el voto y declaran sin lugar la acción respecto del transitorio II. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.-

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

 

 Fernando Cruz C.     Paul Rueda L.

 

 

 

 Luis Fdo. Salazar A.     Jorge Araya G.

 

 

 Anamari Garro V.     Ingrid Hess H.

 

 

 

Exp: 23-002032-0007-CO

Res. n.°2025-041905

NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

Concurrí con el voto de la minoría en la desestimatoria de esta acción de inconstitucionalidad, sin embargo, consideré necesario consignar una nota para aclarar que en el caso concreto no me contradigo con mis propias líneas de resolución en la materia, toda vez que estimo que los elementos técnicos –como aquellos que demuestran la razonabilidad de la decisión legislativa– no debían incorporarse propiamente durante el trámite parlamentario, sino que se deben aportar y justificar en cada caso concreto para la autorización de obras de bajo impacto ambiental en las áreas de protección definidas en el art. 33 de la Ley Forestal.

Agravio

En lo relativo a este concreto agravio, la parte accionante cuestiona particularmente la redacción del numeral 33 bis párrafo tercero que señala lo siguiente:

“(…) Asimismo, se autorizan obras de bajo impacto ambiental tales como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, elementos de señalización y otros elementos que permita el acceso, la observación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto posible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre otras” (Lo destacado no corresponde al original).

 

El accionante acusa que los diputados tomaron “de forma negligente, así como irresponsable” una decisión que les correspondía a técnicos o especialistas, sin mediar ningún estudio técnico que calificara las obras allí enumeradas como de bajo impacto.

 

Mis precedentes en esta materia

En la resolución de varias acciones de inconstitucionalidad y consultas de constitucionalidad he enfatizado en que los legisladores o el Poder Ejecutivo deben adoptar las normas legales o reglamentarias, respectivamente, basados en elementos que otorguen una suficiente razonabilidad técnica a la iniciativa, lo que en esta precisa temática bajo análisis se vincula –además– con el principio de objetivación de la tutela ambiental.

Por ejemplo, mediante sentencia n.°2020-0013836 –por mis propias razones– declaré la inconstitucionalidad de la ley n.º 9610 de 17 de octubre de 2018, denominada “Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras”, al considerar que durante el trámite legislativo se omitió realizar un estudio que justificara la desafectación del área protegida concreta y, además, el estudio de compensación de la desafectación fue deficiente.

Luego, en la opinión consultiva n.°2020-013837 –juntamente con los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal– declaré la inconstitucionalidad del procedimiento legislativo seguido en el expediente legislativo 21.478, respecto al proyecto de ley “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, al acreditar “una consistente y abrumadora convergencia por parte de todos los entes consultados –se diría que incluso una unanimidad–” en señalar que el estudio utilizado como insumo para ese proyecto legislativo, desde el punto de vista científico ambiental, tuvo serias deficiencias en su alcance y metodología y, además, era en sí mismo insuficiente, porque no abordaba todos los aspectos que garantizarían que la pesca de camarón con redes de arrastre se llevara a cabo procurando el desarrollo sostenible democrático.

También, mediante sentencia 2020-18213 –por mis propias razones– declaré inconstitucionales los arts. 13 y 14 del decreto ejecutivo n°38681-MAG-MINAE del 9 de octubre de 2014 “Ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico Costarricense” porque este permite que se realice pesca de atún con redes de cerco en una zona que expresamente se estableció para ser restringida.

Sobre el caso concreto

A diferencia de los antecedentes recién citados, este no es un caso para exigir los estudios técnicos necesarios en el trámite legislativo con el fin de cumplir con el principio de razonabilidad. Lo anterior es así porque el legislador –contrariamente a lo que interpreta el accionante– no está ab initio afirmando o calificando el elenco de obras citadas en la norma como infraestructuras de bajo impacto y, por lo tanto, tampoco se está atribuyendo la posibilidad de aprobarlas en una norma legal sin el correspondiente análisis de la magnitud, impacto y características de la obra en particular que se podría realizar. La autorización que la norma prevé no es respecto de obras individualizadas, sino una habilitación legal para eventualmente poder realizarlas aspirando a la armonía entre el deber de protección ambiental y el disfrute de la propiedad privada (a ese respecto, véase el informe del Presidente de la Asamblea Legislativa). Lo anterior, claro está, bajo el decidido resguardo y control de las autoridades competentes de la respectiva aprobación y fiscalización de las obras que vayan a realizarse. Todo lo cual también puede ser objeto de verificación o impugnación en las vías ordinarias de legalidad o incluso en la vía del amparo si se constata una lesión a los derechos fundamentales de alguna persona afectada. Nótese que supra se enfatizó en la frase “tales como”, lo que demuestra –a mi juicio– que la norma enumera unos ejemplos de obras que, en cada caso, deberán evaluarse de modo que efectivamente sean de bajo impacto para el medio ambiente y, concretamente, para la zona que se pretende resguardar para, a su vez, tutelar el recurso hídrico.

Conforme a lo expuesto, al no tratarse de una autorización genérica a efecto de que se construyan esas obras, no es suyo exigido un estudio técnico que justifique la iniciativa legislativa. En cambio, ese estudio técnico sí es exigible para respaldar la decisión de valorar una determinada petición y resolver si califica como de bajo impacto.

 

 

 

Anamari Garro V.

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 23-002032-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:12:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at twelve hours fifteen minutes on the seventeenth of December two thousand twenty-five.

Action of unconstitutionality brought by [Name 001], holder of identity card no. [Value 001], in his personal capacity and as president and unlimited general attorney-in-fact of the Federation of Aqueducts of the El Chayote Protected Zone, legal identification no. [Value 002], seeking a declaration that Article 33 bis and the second and fourth paragraphs of Article 33 ter, both of the Forest Law (Ley Forestal), added by Law no. 10210 of May 5, 2022, published in La Gaceta no. 101 of June 1, 2022, are unconstitutional, on the grounds that they are contrary to Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution, as well as to the constitutional principles of environmental law of non-regression, progressivity, and scientific tutelage. Also intervening in the proceeding were the representative of the Office of the Attorney General of the Republic, the President of the Legislative Assembly, the Minister of Environment and Energy, the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and the General Manager of the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (SENARA).

**Whereas:**

**1.-** By brief filed with the Secretariat of the Chamber at 09:18 hours on January 30, 2023, the plaintiff alleges that he is challenging Article 33 bis of the Forest Law (Ley Forestal), added by Law no. 10210 of May 5, 2022, concerning civil infrastructure in urban and rural protection areas, given that, despite relating to the management of biodiversity and water resources, it was drafted without supporting technical and scientific studies, an aspect that violates the principle of scientific tutelage. He affirms that an unconstitutionality by omission is also detected regarding said norm, because, first, it does not provide that, before the enabling act for each project is issued—which must be issued by the Water Directorate (Dirección de Agua)—a duly approved environmental license must exist from SETENA, where the precautionary principle and the cumulative environmental effects of other projects already operating in the area are assessed, and second, the norm fails to state that the competencies legally assigned—since 1983—to the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (SENARA) are maintained and that the competency-based tasks assigned to the Water Directorate do not alter the studies and authorizations that SENARA must carry out in agricultural matters linked to the integrated management of water resources. Regarding the second paragraph of the cited Article 33 bis, he specifically contends that this norm authorizes the conceptualization of certain projects per se, without prior supporting studies, as works of low environmental impact, even though, to determine the significance and categorization of low environmental impact works, it was necessary to have necessarily technical and scientific backing, which did not exist in this case. He alleges that the defect of unconstitutionality of this second paragraph of Article 33 bis is increased by verifying that the legislators never considered that the site where the works described therein and others would be carried out are areas designated by our legal system as having high environmental fragility (alta fragilidad ambiental), which necessarily require a specific environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) with technical studies for each project where the environmental significance of the impact is measured, which could be high, depending on environmental aspects that must be weighed. He contends that generically and with a numerus apertus qualifying an infinite number of projects in protection areas as low impact is unconstitutional due to regression. He alleges that Article 33 ter, concerning recovery and rehabilitation works in protection areas in urban and rural zones, presents the same defects of unconstitutionality already indicated in its second and fourth paragraphs. As for the cited Article 33 bis, he believes it is unconstitutional in its entirety. He claims, first, a constitutional violation for drafting a norm without studies within science and technique. He indicates that the principle of scientific tutelage establishes that legal modifications cannot be made without them being justified by science and technique, because the environmental repercussions could be disastrous and contrary to the duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment as stated in constitutional Article 50. In the specific case of Article 33 bis, he asserts that in the Legislative Assembly's file there is no study (not even a basic one) justifying the complete drafting of the text of such Article 33 bis, which grounds a declaration of its unconstitutionality. He points out that it must be considered that the aspects regulated in such normative provision are totally linked to biodiversity and water, for which total certainty of minimal affectation was required, which could only be guaranteed if the legislators had had the studies that supported their decision. Note that the legislators relaxed the legal system by reducing a broad and generic list of projects to a category of "low environmental impact" by mere discretion, as provided in the second paragraph of said norm. Furthermore, he insists that they forgot—or were unaware—that all protection areas in Costa Rica are places that already have an established category of "high environmental fragility" sites, that is, they are places where there is a high risk of generating environmental damages and that require extreme care, so, in summary, there was lack of skill (impericia) and negligence in drafting the norm, which vitiates all of Article 33 bis of the Forest Law (Ley Forestal). He alleges that carrying out projects in aquifer recharge sites, or forests, on the banks of rivers, or streams, on springs (nacientes), etc., such as bridges, or observation platforms, to cite a few, could involve cutting down trees, cutting branches, affecting ecosystems of epiphytes, insects, or birds, tying cables that strangle trees, drilling the ground to put posts in places where the water table is high and easy to contaminate aquifers, using contaminating concrete, using paint, welding, maintaining with anti-corrosives, etc., which are works and tasks that can generate irreversible negative impacts without a doubt, but none of this was weighed, nor assessed through studies by the Legislative Branch when approving the law, and that sole fact is totally irregular and violative of constitutional Article 50. He indicates that one must also think about the negative visual impact on the landscape with invasive works in the places he has mentioned and that the legislator himself in the past had already highlighted as places to be specially protected, according to the provisions of Article 72 of the Organic Environmental Law, which is linked to constitutional Article 89. The plaintiff questions how the landscape will be protected in protection areas, if all authorized projects have been considered as "low environmental impact" and, therefore, no technical study would be included for them. He cites ruling no. 2003-6324 of this Chamber regarding landscape protection. He alleges that the works authorized by legal provision as low impact are to be built in protection areas, so the risk of environmental damage to the landscape is also manifest. He maintains that there is reiterated constitutional case law to the effect that the principle of reasonableness and that of objectification must be observed by legislators when drafting norms (he cites ruling 7294-1998). Even the confusing regulation of aspects of wastewater management from agricultural lands linked to aquifers is an aspect that weighs in favor of having to declare unconstitutionality. He maintains that the first and second paragraphs of Article 33 bis came to regulate the foregoing in a regressively dangerous manner. He cites rulings of this Chamber numbers 2005-14293, 2006-17126, 2009-2009, 2012-13367, and 2022-025307. Therefore, he requests that the unconstitutionality of Article 33 bis be declared for violation of constitutional Articles 50 and 89 and the principles of scientific tutelage and reasonableness. He adds that the same challenged article, in its last paragraph, states that: "The responsibility for authorizing these works shall reside exclusively with the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy, which shall establish the requirements and necessary studies, as well as administrative deadlines for resolution" (the highlighting does not correspond to the original). He alleges that such text could be misinterpreted in the sense that SETENA will no longer be responsible for previously reviewing the studies, nor for determining the necessary studies or protocols for works or developments in protection areas, and this is extremely delicate and dangerous for the environment and present and future generations. He alleges that, since 1995, SETENA—by express legal provision set forth in the Organic Environmental Law—has been perfecting and refining protocols for conducting environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental, EIA) in protection areas, as evidenced in its regulations in their different annexes or sections, which are linked to constitutional Articles 50 and 89, for which he considers it vital that this Chamber order, at least, that since the drafting of Article 33 bis is confusing due to omission, it merits the issuance of an interpretative criterion by the magistrates where it is stated that the Water Directorate shall require from the project proponent a prior environmental license issued on the environmental feasibility of the project before transferring its procedures to the cited directorate, where it is guaranteed that all necessary elements have been weighed and that all mitigation, prevention, and environmental preservation measures have been taken. He maintains that the foregoing is fundamental, because with this it is guaranteed that the State seeks to protect and preserve spaces that are vital and that have even been considered by SETENA itself as sites of high environmental fragility (alta fragilidad ambiental). He alleges that it is timely to remember that Articles 17, 83, and 84 of the Organic Environmental Law remain in force and what is provided therein is consistent with a universe of supra- and sub-legal norms that obligate Costa Rica to comply with EIAs. It must be considered that SETENA is an office specialized in environmental impact assessments and the Water Directorate is not. He asserts that this Chamber has indicated, regarding the significance of EIAs, that: "the prior Environmental Impact Study constitutes the ideal technical instrument to comply with the precautionary principle governing environmental matters, reason for which, dispensing with it implies omitting the due prevention in the case of human intervention in the environment..." (ruling no. 6322-03). For its part, in Advisory Opinion of the Inter-American Court of Human Rights no. OC-23-17, on the subject of environmental assessments, it is stated: "158. In a similar sense, the International Court of Justice has stated that the duty of due diligence implies conducting an environmental impact study when there is a risk that a proposed activity could have a significant adverse impact in a transboundary context and, particularly, when it involves shared resources....". He alleges that in ruling no. 15760-2008, this Chamber has also resolved that EIAs must be considered by legislators to avoid environmental damages. That is why he believes that the drafting of Article 33 bis in fine merits, at least, an interpretative criterion, so that it is not understood that the studies to be carried out by the Water Directorate supplant those that SETENA could require. It would be unconstitutional to consider that the studies conducted by the Water Directorate will be environmental impact assessments, because this would leave two offices doing the same work and that violates proportionality and reasonableness, especially since, as he has pointed out, SETENA is the specialized agency in Costa Rica for assessing EIAs for more than two decades and has the specialized personnel. He adds that Articles 17, 83, and 84 of the Organic Environmental Law and Article 94 of the Biodiversity Law obligate performing EIAs and those articles are, by connection, related to Article 14 of the Convention on Biological Diversity (Law no. 7416), making an interpretative judgment imperative to avoid confusion. It must also be kept in mind that Costa Rica is a signatory to the Convention Relative to Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 02/02/71) and although this instrument does not make express reference to the EIA, its Article 3 cannot be overlooked, which establishes the obligation to promote the conservation and wise use of wetlands, obligating the contracting parties to adopt measures when damages to these ecosystems—which contain protection areas—may occur, and of course that protection is carried out through studies that help predict and mitigate negative effects to the objective of the convention, so it must tacitly be considered that the instrument obligates performing environmental impact assessments of whatever type. It must also be taken into account that at the Sixth Conference of the Parties to the Ramsar Convention, known as COP 6, Recommendation 6.2 was approved, which considers that in EIA policies, attention must be paid to the conservation objectives of wetlands and requests that existing guidelines on EIA applicable to wetlands be examined and timely provisions be made to prepare "Ramsar Guidelines" regarding environmental impact related to the conservation and wise use of wetlands. Likewise, Recommendations 3.3 and 3.5, which refer to EIA instruments, recognize that these assessments are a mechanism that will help define the environmental effects of projects or actions in wetlands, which are a type of very fragile forests, which—as stated—contain sites that are protection areas and therefore involved in what is now being discussed. For its part, taking soft law into account, there are also references such as roadmaps for States to consider EIAs as fundamental aspects. He cites principle 11, subsections b and c, of the World Charter for Nature, as well as the document called Goals and Principles of Environmental Impact Assessment established by UNEP through Decision 14/25 of 1987. He also mentions that the Declaration on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992) adopted the Environmental Impact Assessment as a decisive element in any state decision, since it considers it an instrument of sustainable development and integrator of the precautionary principle. He alleges that its Principle 17 speaks of the need for a competent national authority that decides on such environmental impact assessment and, by logic and by mere environmental rationality, the objective is that only one governmental agency exists and, to date and for more than 20 years, this has been SETENA, the same office that has had this competence exclusively; consequently, one should never think that the Water Directorate will also be competent to assess environmental impacts, if the norms of the Organic Environmental Law remain in force and, above all, if there is no technical-legal justification that transfers the aforementioned competency-based task. For all of this, he considers that the word "exclusivity" provided for in the last paragraph of the questioned Article 33 bis is unconstitutional. Such "exclusivity" would mean, in addition to creating a duplication of competencies, that the legal and constitutional requirements of requesting environmental impact assessments from project proponents could be bypassed. He affirms that everything stated regarding EIAs goes hand in hand with the principle of progressivity provided for in Article 26 of the American Convention on Human Rights (Law no. 4534). The plaintiff indicates that he also finds it fundamental that an interpretative judgment exists, if an unconstitutionality of the entire Article 33 bis is not admitted, because in that new legislative provision it is detailed that "discharges of wastewater from a treatment system and agricultural drainage discharges to lower the water table, which may be through an open channel or pipeline; all, without deterioration of water quality and the riverbed of works," will require studies and approvals, where the Water Directorate shall have exclusivity in requiring and analyzing them, which creates a problem that merits interpretation, because if not, this conflicts with tasks already performed by SENARA, in accordance with Law no. 6877, Articles 2 (subsections a and b) and 3 (subsections a, ch, and e). That is, the competencies, according to the modification of the Forest Law (Ley Forestal), are exclusive to the Water Directorate for works of "discharges of wastewater from a treatment system and agricultural drainage discharges to lower the level, which may be through an open channel or pipeline; all, without deterioration of water quality and the riverbed of works," but it turns out that, at the same time, the works, oversight, research, authorizations, and studies on identical matters are also held by SENARA, according to the already cited norms of Law no. 6877. In this way, the Water Directorate shall exclusively oversee the management of surface and groundwater resources, in principle, in protection areas linked to agricultural production, but SENARA is also entrusted with that specialized task for the entire country, as stated in Articles 2 and 3 of the law of that latter institution. Therefore, there is a competency overlap or a duplication of tasks that must be clarified, because there is a legislative omission that generates uncertainty and that, ultimately, could bring significant environmental damages. The plaintiff questions who will truly be competent to conduct studies and grant enabling acts for agricultural projects where there is management of water resources, or why the transfer of competencies and budget management was not even considered when Article 33 bis was drafted knowing that similar competencies existed with SENARA, or will personnel from SENARA be transferred to the Water Directorate since that office has the specialized human capital, or will SENARA stop handling part of its tasks or will it coordinate with the Water Directorate. The plaintiff alleges that if an interpretative clarification is not issued, there would be an unconstitutionality by omission. He considers that the legislative lack of skill (impericia) is clear, which in the end could generate institutional atrophy and environmental repercussions in highly fragile ecosystems such as protection areas, whose task and objective is to protect rivers, aquifers, springs (nacientes), forests, and wetlands. It must be kept in mind that with the duplication of competencies, exorbitant double expenses are generated, neglect in studies, confusion for the administered parties, and eventual environmental damages due to poor or non-existent integrated management and oversight of water resources, and all of this is linked to constitutional Article 50 and the effectiveness in environmental protection that the State must provide. He requests that, if the norm is upheld, at least an interpretative judgment be issued that orders that all institutional administrative competencies remain in force for SETENA and SENARA and that the Water Directorate must coordinate with each of them prior to granting authorizations or licenses. He alleges, finally, regarding the cited Article 33 bis, that one of the most serious defects of unconstitutionality and unconventionality is that the legislators, without technical and scientific criteria, relaxed a series of environmental projects to the most basic category, which is that of "low environmental impact" works. The abusiveness lies in that, according to the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, Decreto Ejecutivo no. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, it is established that projects declared as low environmental impact simply require a sworn declaration of environmental commitments from the developer, and this leads to lowering the rigor and environmental protection that the State is entrusted with, especially for sites of high environmental fragility (alta fragilidad ambiental) such as protection areas and sites that are considered reserves in favor of the Nation that surround water sources, forests, etc. Even, according to our regulations, in sites of high environmental fragility, low environmental impact projects could never be undertaken, so we are facing a manifest regression. They question, in particular, the drafting of the third paragraph of Article 33 bis which states: "Likewise, low environmental impact works are authorized, such as observation platforms, bridges, hanging bridges, zip lines, signage elements, and other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when they are intended for the development of tourism activities, among others." (the highlighting does not correspond to the original). He contends that, with the foregoing, the legislators negligently, as well as irresponsibly, made a decision that corresponded to technicians or specialists, without any study. It must even be understood that, due to the delicacy of the works in the different protection areas that exist in Costa Rica—provided for in the Forest Law (Ley Forestal) and the Water Law—each work should require, separately, an EIA, with various filters and environmental studies, such as archaeological, social, water-related, visual impact, cumulative impact, forest studies, etc., but in the way it was provided, the legislators incurred a serious environmental regression by relaxing the existing barriers. He maintains that the categorization made in Article 33 bis must be taken as unconstitutional, given that, within the Legislative Assembly's file, there is no study whatsoever justifying why the category of low environmental impact was established for various projects, and with this the principle of progressivity was violated. It is seen in Article 33 bis that, contrary to establishing better controls and oversight in protection areas, everything was relaxed. He alleges, in this regard, that the same Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG MEIC, in Anexo 3, establishes that the protection areas of rivers and streams, forests, and wetlands are sites of high environmental fragility (alta fragilidad ambiental), and this entails the obligation of having to pass through the SETENA filter and having to present a series of studies, as already indicated. He states that he is not speaking specifically about environmental impact studies, or environmental management plans, because this Chamber is not required to assess that, but rather he indicates, generically, that scientific studies are required simply to measure uncertainty and for predictive mitigation or precautionary measures to be taken; that is, the defect of unconstitutionality would lie in that there will be no environmental studies assessed by SETENA that justify why "observation platforms, bridges, hanging bridges, zip lines, signage elements, and other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas... among others," can be undertaken without restriction as they are low environmental impact works. A situation that is aggravated by the words "among others," since the list is numerus apertus. He contends that, because the legislators are not technicians, nor specialists, when they provided that said works in protection areas are low impact, they automatically relaxed our legal system, because the cumulative effect of other works will be set aside, despite the cumulative effect having been contemplated as an obligation in EIAs as developed by Advisory Opinion OC-23-17, which says: "165. The Court has stated that the environmental impact study must encompass the cumulative impact generated by existing projects and that which will be generated by proposed projects... Likewise, the impact caused by other existing projects must be taken into account. This analysis allows for a more accurate conclusion as to whether the individual and cumulative effects of existing and future activities imply a risk of significant harm." He maintains that, based on the foregoing, cumulative effects must be understood as one of the minimum Inter-American standards in EIAs, that is, if only a simple "sworn declaration of environmental commitments" is requested, as is done in low environmental impact projects, the developer was exempted without justification from presenting studies in sites of high environmental fragility (alta fragilidad ambiental). He cites ruling number 11088-2013 of this Chamber, referring to the principle of progressivity and the prohibition of non-regression. He alleges that, based on the foregoing, the unconstitutionality and unconventionality of Article 33 bis, third paragraph, must be declared. With specific reference to Article 33 ter, the plaintiff clarifies that he does not question it completely, but rather partially (second and fourth paragraphs). He specifies that this norm, in its second paragraph, states that: "The provisions of the preceding paragraph shall be applicable only to the activities authorized in Article 33 bis."

It considers that this paragraph must be analyzed in light of the arguments already presented; that is, it was pointed out that the entirety of rule 33 bis is unconstitutional because it lacks supporting technical studies, and that in the absence of technical-legal backing, the precautionary principle and the principle of objectivization were violated, and should that argument not be accepted, rule 33 bis could be interpreted to mean that the powers of SENARA and SETENA remained intact; however, with respect to the second paragraph, which classifies several works as "low environmental impact," the declaration of unconstitutionality and unconventionality was insisted upon, because no studies support that paragraph of 33 bis, and it was also argued that if developers are only required to submit a simple sworn statement of environmental commitments (declaración jurada de compromisos ambientales) before a notary, this practically amounts to a deregulation of the precautionary principle (no hydrogeological, forestry, or social studies will be conducted, nor will the cumulative effect be examined, etc.), which is provided for in various rules of law found in hard law and soft law. It indicates that, for all of the foregoing reasons, the cited paragraph of rule 33 ter must also be declared unconstitutional. The plaintiff adds that, to be consistent with what was stated above, he also considers that a rational and logical interpretation should be issued stating that the last paragraph of this rule 33 ter will be clarified to the effect that the existence of an exclusivity in issuing a final enabling act by the Dirección de Agua does not eliminate the powers of SETENA. Regarding the issue of impact on sites of high environmental fragility, the plaintiff indicates that the protection areas in Costa Rica must be established and points out that the answer lies in the Forest Law (Ley Forestal) itself and in the Water Law (Ley de Aguas), both of which are linked to constitutional article 50. He alleges that these two laws contain areas to be protected that cannot be separated. He cites articles 33 of the Forest Law and 31, 32, and 149 of the Water Law. He points out that many lands rich in biodiversity must be protected, as the legislator himself foresaw in the past to give them special safeguarding, where he granted them the special designation of protection areas, reserves in favor of the Nation, or forests that protect springs (nacientes), or aquifer recharge sites, among others. He considers that the current deputies should have followed the path already laid out of providing a special protective halo given the fragility of those ecosystems, but contrary to that, by stating in rule 33 bis that projects conducted in such sites would be "low environmental impact," they lowered the standards without justification. Pursuant to article 8 of the Biodiversity Law, which is linked by connectedness to constitutional article 50, all properties must fulfill an ecological function. This demands a duty to protect sites such as those provided for in both the Forest Law and the Water Law, as mentioned earlier. In this case, the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of ecosystems, already recognized by this same Chamber, even applies. He argues that, even though tourism is vital to our economic system, this sector does not therefore have to be exempted or privileged from complying with the environmental requirements of our State, because all of this could be to the detriment of ecosystems and the right to a healthy and ecologically balanced environment held by present and future generations. He alleges that, weighing all of the foregoing, it is observed that, in the past, SETENA (Executive Branch) already considered that the sites previously listed should be specially protected, and for this reason it established the cited ANEXO 3, within Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG MEIC, when referring to environmentally fragile areas. He maintains that the previous rule is linked to constitutional articles 50 and 89 by connectedness, and it is for this reason that he finds technical support to point out that the deputies incurred an unconstitutionality by stating in rule 33 bis that various types of projects within the protection areas would be of low environmental impact, because this is a contradiction, which eliminates the requirements for studies and diminishes the concept of a protection area, and this also openly violates the principle of progressivity, the principle of proportionality, and the principle of reasonableness. He accuses that, apparently, the legislators also forgot the concept of cumulative impacts that should be weighed in any environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). They forgot that, depending on the size of bridges in the watercourses or platforms, the proximity of possible captured springs (nacientes), and the meters of construction, the impact could be one that would merit a complex environmental impact study, and, faced with such deficiency, they forgot and disregarded the technical situation involved in the decision to consider that many projects would be classified as low environmental impact, and for this reason, the unconstitutionality of rule 33 bis must be upheld. He insists that low environmental impact projects or works do not require an EIA, as established in Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Chapter II, Section 1-A, article 4 bis, with the express exclusion of those activities, works, or projects located in environmentally fragile areas. He points out that if this rule is reconciled with the list of sites provided for in the already cited Anexo 3 and the Forest Law and the Water Law, there is a conflict with rule 33 bis. He alleges that there is a gross contradiction and regression made by the legislators, who, without justifying studies, provided that various types of projects were viable without studies, even though they would be located in sites of high environmental fragility. Under rule 33 bis, there is a broad and undefined range of projects such as bridges, hanging bridges, platforms, etc., which were placed alongside works of such low significance as simple earthworks (movimientos de tierra) of less than 200 cubic meters, etc., when in reality they are developments in sites such as forests, rich in biodiversity and water, where the slightest alteration could generate environmental damage such as contamination of aquifer layers, among others. It is clear that the protection areas are critical points of high environmental fragility that the Administration itself or the legislators of the past considered should be zealously protected, until before the modification of the challenged law. What is provided for in article 26 of the American Convention on Human Rights and article 11 of the Protocol of San Salvador must be considered, which are instruments duly ratified by Costa Rica that oblige the defense of the environment. However, pursuant to what is provided in rule 33 bis, what were previously sites of high environmental fragility disappeared in a regressive manner, now being categorized as sites of low environmental significance. The normative requirements for low environmental impact projects are contained in article 20 of Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, which indicates that these types of developments will approve the process simply by submitting a Sworn Statement of Environmental Commitments known as DICA. He indicates that all of the foregoing allows the regression to be seen panoramically, because, with rule 33 bis, the deputies deregulated Environmental Impact Assessments in sites of high environmental fragility, and this is unconstitutional. Finally, he accuses a violation of the right to participation and the right to environmental information. He argues that if we start from the fact that the legislator exempted a series of projects located in protection areas from an EIA, this implies that the right to participation and the right to information that civil society has to know about and express itself beforehand on what is happening in highly fragile sites were also set aside, because no project categorized as "low environmental impact" (which is approved simply by submitting a sworn statement) will have a public hearing in Costa Rica, nor will it have studies, nor mitigation measures, which violates constitutional articles 9 and 50. He insists that no project of low significance is made known to the public, so there is a lack of transparency with this low environmental impact categorization. The mere categorization of a project as low impact even eliminates the possibility of being demanding regarding the requirements to ask of the developer. Hence the insistence that this involves the elimination of environmental legal dikes that could generate significant environmental damage, and one of those damages is not only to ecosystems, but to the right to participation and the implications that this entails. The plaintiff affirms that one must remember what was provided in the seventy-fifth session of the United Nations General Assembly, under agenda item 72 b), entitled “Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment,” of July 15, 2020, from which it follows that citizen participation and EIAs in protection areas in general are vital for Costa Rica and signify the defense of environmental human rights. He also cites Advisory Opinion 23/17 of the Inter-American Court of Human Rights, which recognizes the right to participation and the right to information as human rights in environmental matters. This also has support in constitutional article 9. Consequently, by providing that projects in protection areas will be of low environmental impact, which -therefore- will not require environmental, social, or any type of studies, the right to participate in fundamental decisions to protect ecosystems and water resources linked to constitutional article 50 and Principle 10 of the Rio Declaration of 1992 is being curtailed. He also considers that with the loss of the right to participation, the principle of good faith and even the principle of transparency that the Public Administration must have are transgressed, and for this reason he considers it appropriate to state that what is provided in rule 33 bis violates the concept of democratic sustainable development. The obligations of transparency and accountability go hand in hand and are contained in a series of international instruments, including the United Nations Convention against Corruption (article 5), the Rio+20 Declaration (paragraphs 10 and 75), and the United Nations Sustainable Development Goals - 2030 Agenda - (goal 16). Along the same lines, the vast majority of free trade agreements and association agreements signed by Costa Rica reaffirm the commitment to prevent and combat corruption in international trade and to promote principles of transparency, accountability, and good public governance, which includes the environmental obligations assumed through said international trade instruments. At the constitutional level, articles 9, 11, 30, 140, subsection 8, 139, subsection 4, and 191 encompass a series of guiding principles of the administrative function and organization, which as such orient, direct, and condition its daily work, among which the principles of effectiveness, efficiency, simplicity, celerity, administrative coordination, participation, access to information, transparency, and accountability stand out, which have been extensively developed by Costa Rican constitutional jurisprudence in votes 2003-2120, 2004-7532, 2004-14421, 2011-13524, and 2012-0005, among many others. He requests that, consequently, the unconstitutionality of article 33 bis and partially of article 33 ter, with respect to its second and fourth paragraphs, of the Forest Law, as added by Law No. 10210 of May 5, 2022, be declared.

2.- In order to substantiate the standing he holds to bring this action of unconstitutionality, he points out that it stems from article 75, second paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Law, insofar as the defense of diffuse interests is alleged, in protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment.

3.- By resolution at 14:35 hours on February 6, 2023, the action was admitted, granting a hearing to the Procuraduría General de la República, the President of the Legislative Assembly, the Minister of Environment and Energy, the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.

4.- The edicts referred to in the second paragraph of article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law were published in numbers 028, 029, and 030 of the Judicial Bulletin, on February 15, 16, and 17, 2023.

5.- The Procuraduría General de la República submitted its report. In summary, it states that: Regarding the plaintiff's standing. When the defense of diffuse interests regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, what is provided in article 75, paragraph 2 of the Constitutional Jurisdiction Law is applicable, and consequently, this advisory body has no objections to make regarding the plaintiff's standing. Regarding the substance of the action: A. Protection areas and the processing of bill no. 22401. The recent reform of article 50 of the Constitution has incorporated the extensive jurisprudential development regarding the recognition of access to water as a fundamental human right. The recognition of this human right brings with it the need to protect and conserve water in its condition as a natural resource, since the possibility of guaranteeing that fundamental right depends on it, as the Constitutional Chamber has stated (Voto no. 3982-2020 at 11:50 a.m. on February 26, 2020. Reiterated in Voto no. 15449-2021). This dual condition of water resources, as a natural resource and as a fundamental human right, was already embedded in constitutional jurisprudence, which linked the protection of water resources with the right to a healthy and ecologically balanced environment, and also incorporated the safeguarding of protection areas (Voto no. 9221-2019 at 11:41 a.m. on May 22, 2019. Bold added). Thus, that condition as a natural resource and the need to guarantee the fundamental human right of access to potable water, even before the reform made to article 50 of the Constitution, impose that the use, administration, and exploitation of water resources are subject to the principles that, in environmental matters, constitutional jurisprudence has developed. Protection areas constitute legitimate limitations on the right to private property, whose purpose is to protect and conserve water resources against human actions that may degrade the natural state of water sources, preserve or regenerate the forest cover (cobertura boscosa) adjacent to bodies of water, and guarantee the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. (See our pronouncements nos. C-148-2012, C-132-2013, C-063-2017, C-161-2017, and C-318-2017). Article 33 of the Forest Law defines the extent of these protection areas for each type of body of water, and article 34 prohibits the cutting or removal of trees in those areas, except when it involves projects declared of national convenience. Now, the restrictions on property rights concerning protection areas have not been limited to tree cutting, because, in application of article 58 of that same law, the prison sentence of three months to three years established therein for anyone who invades a conservation or protection area has been jurisprudentially applied to tree cutting and to constructions and other works carried out in the protection areas. (In this regard, see our pronouncements nos. C-148-2012 of June 12, 2012, and OJ-091-2017 of July 21, 2017, judgments nos. 751-2002, 904-2004, and 1158-2008 of the Tribunal de Casación Penal of San José, vote of the Sala Primera no. 199-2010, vote of the Tribunal Contencioso Administrativo, Section VI, no. 48-2014, vote of the Constitutional Chamber no. 74-2010 at 3:00 p.m. on January 6, 2010, votes nos. 233-2015, 475-2016, and 1056-2021 of the Tribunal de Apelación Penal of the II Judicial Circuit of San José, votes of the Sala Tercera nos. 1131-2016 and 263-2018, vote of the Tribunal Contencioso Administrativo, Section Three, no. 329-2020 at 8:30 a.m. on May 29, 2020). (Voto no. 751-2002 Tribunal de Casación Penal. In the same sense, see the vote of that same Tribunal no. 904-2004 and the votes of the Sala Tercera nos. 1131-2016 and 263-2018). For its part, the Constitutional Chamber (Voto no. 74-2010). And, the Sala Primera (Voto no. 199-2010. In the same sense, see the vote of the Tribunal Contencioso Administrativo no. 329-2020 at 8:30 a.m. on May 29, 2020). In the explanatory memorandum for bill no. 22401, which gave rise to Law No. 10210 and incorporated articles 33 bis and 33 ter into the Forest Law, it was indicated that the initiative sought to fill the existing regulatory gaps in the regime of protection areas, as it was considered that the regulations were insufficient to authorize civil works that by their nature must be located in those areas, works necessary to provide public services, infrastructure for the use of water granted in concession, and even infrastructure aimed at protecting and restoring those spaces. To that end, the National Policy for Protection Areas of Rivers, Streams, Brooks, and Springs 2020-2040 of the Ministry of Environment and Energy was used as a basis, in which one of the guidelines indicated that the Ministry must define the instruments required to complete the existing regulatory gaps regarding the authorization of infrastructure works that strictly require the use of protection areas; and ensure that there is greater clarity regarding the powers and responsibilities for the delimitation, procedures, permits, and control of protection areas. Furthermore, reference was made to the Criminal Prosecution Policy for Environmental Crimes of the Fiscalía General de la República (Circular 01-PPP-2020), which indicates that the Forest Law did not provide for permits to invade protection areas, but that, nonetheless, some authorizations issued by the Dirección de Agua of MINAE must be considered, such as permits for discharges with treatment systems that pass through protection areas, agricultural drainage discharge to lower the water table that can be through an open channel or piping, intake works for water concessions, works in watercourses, dikes, walls, culverts, bridges, water use concessions, and material extraction concessions in watercourses. It also points out that the Policy provides that each case will be analyzed based on criteria of reasonableness, opportunity, and convenience, as well as the affectation or impact, state of necessity, risk situations, etc. The explanatory memorandum also indicated that, faced with the problem of abandonment of protection areas in urban zones, the authorization of low-impact basic infrastructure is necessary, as has been done in some protected wilderness areas, to promote ecotourism, recreation, and environmental education, to drive initiatives for the recovery of the urban natural environment as public space, the creation of infrastructure for its conservation and environmental regeneration, and to achieve a balanced ecosystem and thus reverse the state of abandonment and degradation in which they are found. With that purpose, after some modifications to the base text, the bill contemplated the following: That text of the bill was consulted with the Procuraduría, and in legal opinion no. OJ-158-2021 of September 29, 2021, we indicated: "...the application of article 58 of the Forest Law to the 'invasion' of protection areas, giving the verb 'invade' a broad meaning that encompasses other types of works and activities, in addition to tree cutting, depends on jurisprudential interpretation. For, taking into account the literal wording of the cited rules, it is not completely clear that article 58 is intended to sanction the cutting of trees that article 34 prohibits in protection areas, nor, what are the prohibited activities and works that could be included in the criminal offense set forth in that article 58. The foregoing implies that, administratively, there is also no complete certainty regarding the type of works or activities for which administrative sanctions could be imposed, such as the modification or demolition of constructions or works that damage the environment contemplated in article 99 subsection h) of the Organic Law of the Environment (No. 7554 of October 4, 1995). Thus, a legal reform that seeks to clearly establish which activities are permitted and could be authorized, as well as what would be punishable criminally and administratively, contributes to generating greater legal certainty in the application of the rules, and with it, greater effectiveness of the regulations." In that sense, we made several observations of form and legislative technique, and, additionally, we pointed out that: "Regarding what is proposed in article 33 bis, it can be observed that these are works aimed at guaranteeing the safety of public infrastructure, works that seek to satisfy some public interest, or even works necessary for the operation of water concessions, for which it would not be clear whether, in addition to the authorization of the Dirección de Aguas, the environmental impact assessment required by article 17 of the Organic Law of the Environment would be required. The foregoing, considering that, although some of those works may be maintenance and small-scale, they could also be large-scale works with a greater environmental impact. (...) Regarding what is proposed in article 33 ter, a rule in this sense could provide legal certainty and normative support for works required for interurban biological corridor projects or similar. For the approval of those authorizations, it is indicated that they will be the responsibility of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, therefore, it is proposed to assess the possibility of including the technical opinion of the Dirección de Aguas when the specific project might imply some affectation of water resources." From the study of the legislative file, it can be noted that the initially proposed text was significantly modified through several motions that sought to vary the type of permitted activities and that were opposed by the deputy proponents of the bill. Finally, the approved text was as follows: In article 33 bis, in addition to the civil works that by their nature must be in the protection areas and that are contemplated in the Criminal Prosecution Policy, the second paragraph was added, authorizing, in all protection areas, the development of a series of infrastructure listed therein that is considered low environmental impact and other elements -without specifying which- that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when their purpose is the development of tourist activities, among others. (See folio 1372 of the legislative file). In article 33 ter, in addition to the low environmental impact activities and works, subject to technical regulations and oriented towards the recovery, rehabilitation, and safeguarding of public domain bodies of water, that generate spaces for protection, recreation, and sustainable mobility, the development of tourist activities and the purpose of producing productive linkages were included. (See folio 1407 of the legislative file). The second paragraph of article 33 ter was included as a result of a motion presented by one of the deputy proponents of the bill in order to counteract the broadness given to the first paragraph, since, in his judgment, that broadness implied that the initial spirit of the bill was distorted and that larger works and other kinds, different from those considered as low environmental impact in article 33 bis, could be permitted. (See folios 1682-1684 of the legislative file). In addition, a new transitory provision was added in order to avoid the demolition of existing works in the protection areas for a determined period, while the owners apply for the corresponding permits based on the introduced reforms. (See folio 1438 of the legislative file). B. Principles of objectivization of environmental protection, reasonableness, and non-regression in environmental matters. For the purposes of this action of unconstitutionality, it is important to review what this Chamber has held regarding the principles of rational use of resources, objectivization of environmental protection, reasonableness, and non-regression, which, as will be seen, are interrelated. (See judgment number 1887-1995 at 09:15 a.m. on April 7, 1995, and Voto no. 17397-2019 at 12:54 p.m. on September 11, 2019. Bold added). Then, regarding the principle of objectivization of environmental protection, the Chamber has understood that this principle: "...translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to the actions of the Administration and to provisions of a general nature –legal and regulatory–, from which the requirement of 'linkage to science and technique' is derived, an element that provides a technical-scientific basis to the Administration's decisions in this matter, and by virtue thereof, limit and condition the Administration's discretion in its actions –in the terms provided for in article 16 of the General Public Administration Law–. (Voto no. 2063-2007 at 2:40 p.m. on February 14, 2007. Bold added). In a similar sense, it is important to highlight that this Tribunal has considered that "the principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the rules issued regarding this matter be duly justified in serious technical studies..." (Voto no. 7294 at 4:15 p.m. on October 13, 1998). Intimately linked with the latter, the Chamber has referred to progressivity and non-regression in environmental matters: In summary, in accordance with these principles, the State is prohibited from taking measures that diminish the protection of fundamental rights, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment." (Voto no. 17397-2019 at 12:54 p.m. on September 11, 2019, reiterated in 24147-2021 at 9:15 a.m. on October 27, 2021. Bold added). C. Environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). Another of the aspects that must be taken into account for the analysis of this action, and which has also been developed as a constitutional principle, is that relating to environmental impact assessment. Article 17 of the Organic Law of the Environment (No. 7554 of October 4, 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials, will require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, whose prior approval will be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects; and that the laws and regulations will indicate which activities, works, or projects will be required to undergo that assessment. Environmental impact assessment is a general concept that refers to the technical-scientific administrative procedure carried out by SETENA to identify and predict what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (article 3, subsection 39) of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004). From the foregoing, it is clear that the environmental impact assessment is a measure consistent with the preventive principle, in that it allows for the evaluation and determination of what negative effects an activity, work, or project will cause on the environment prior to its execution; furthermore, it allows for the establishment of actions aimed at mitigating or compensating those adverse effects, ensuring that the activity, work, or project is executed in a controlled manner, avoiding the generation of environmental damage. Conducting an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials constitutes not only a legal obligation but also a constitutional obligation. Indeed, the Constitutional Chamber has recognized that the obligation to conduct environmental impact assessments is one of the principles that serve as a parameter of constitutionality and that have been developed to ensure that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment provided for in article 50 of the Political Constitution is not a simple formal postulate. (Vote no.

6322-2003 of 14 hours 14 minutes of July 3, 2003). Thus, there is no doubt that carrying out prior environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) forms part of the right to a healthy and ecologically balanced environment, and, therefore, failure to comply with that obligation violates that fundamental right. Additionally, this obligation to environmentally assess activities, works, or projects is grounded in Article 14 of the Convention on Biological Diversity (approved by Law No. 7416 of June 30, 1994), which provides that each State Party “shall introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects”; and in Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, which establishes that “Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.” Also, by virtue of the fact that what is discussed in this action may have application in the protection areas of wetland ecosystems, the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) approved by Costa Rica through Law No. 7224 of April 7, 1991, which imposes a general obligation to conserve and protect wetlands. One of the fundamental pillars of said international norm is to guarantee the rational and sustainable use of wetlands, and this has been developed in multiple resolutions and documents of the Conference of the Parties and other bodies of the Convention, which establish that the development of economic activities and infrastructure is possible under certain standards and limitations that allow avoiding and mitigating the possible negative effects that may be produced, and, therefore, lead to the requirement that works that may affect those ecosystems must undergo an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). Now, as Article 17 of the Organic Environmental Law itself indicates, the works, activities, or projects that must undergo the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) as a prerequisite to their execution are those determined by the laws and regulations. To this effect, the Constitutional Chamber has indicated that: “The determination of in which cases an environmental assessment is appropriate or not is a matter determined by the laws and regulations, under the general criterion that human activities that must be environmentally assessed are those that alter the environment to a significant degree such that said assessment is necessary.” (Voto no. 5994-2017 of 11 hours of April 26, 2017. Reiterated in voto no. 16792-2019 of 11 hours 51 minutes of September 4, 2019). In this way, it is possible that there are activities, works, or projects that, because they do not alter the environment to a significant degree, should not be subject to an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), and this can be determined legally or regulatorily. In that sense, the Constitutional Chamber has indicated (Voto no. 1220-2002 of 14 hours 48 minutes of February 6, 2002). Based on the foregoing, in order for it to be determined, through a norm, that certain works or activities do not require undergoing the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure, technical criteria must exist to support that decision. The need for a technical justification to exclude a specific work or project from the prior environmental assessment is reinforced by the application of the constitutional principles of objectification of environmental protection, progressivity and non-regression, and reasonableness set forth above. For the case of activities, works, or projects that do significantly alter the environment and that, therefore, must undergo a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the determination of which mechanism or technical instrument should be used for that assessment is a technical competence conferred upon the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) in Article 84 subsection f) of the Organic Environmental Law, which indicates that this body is responsible for “preparing guides for activities, works, and projects of environmental impact assessment, as well as managing their provision and dissemination.” Regarding the competence of SETENA, the Chamber has indicated that: “…Article 83 of the Organic Environmental Law states that ‘the National Environmental Technical Secretariat is created, as a maximum deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy, whose fundamental purpose will be, among others, to harmonize the environmental impact with the productive processes.’ Furthermore, Article 84 of that same normative body establishes the functions of this Technical Secretariat, among which the following can be highlighted: ‘a) Analyze the environmental impact assessments and resolve them within the deadlines provided by the General Law of Public Administration (…) b) Recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically appropriate to recover it.’ In this way, according to the aforementioned regulations, it will be the National Environmental Technical Secretariat, in the exercise of its powers, the entity in charge of determining, according to the magnitude of the project to be developed, the assessment instrument to be used. Thus, this Technical Secretariat will indicate the aspects that must be taken into account so that the work is carried out with the least possible environmental impact and mitigating those that may be generated. (Voto no. 17397-2019 of 12 hours 54 minutes of September 11, 2019). D. Specific analysis of the challenged regulations. Based on the arguments of the plaintiff and the considerations set forth above, we proceed to analyze the challenged regulations. With respect to the provisions of the first paragraph of Article 33 bis, as indicated in the first section, the bill of law was based on the fact that, in practice, various civil works that must necessarily be carried out in protection areas (áreas de protección) are authorized and developed. In that sense, the National Policy on Protection Areas indicates that “those works related to water concessions located in AP such as conductions for concessions consistent with granted flow, drainage channels authorized for agricultural drainage permits, authorized channel works and conduction of discharge permits to public domain channels, do not correspond to invasions. The same exception applies to all those works authorized by the regulatory framework, which have all the corresponding permits.” (P. 15). The Criminal Prosecution Policy considers that, although the Forestry Law does not establish in which cases works can be authorized in protection areas (áreas de protección), certain works are authorized by the Water Directorate (Dirección de Agua). Precisely, reference is made to the works detailed in the first paragraph of Article 33 bis. Furthermore, the legislative file contains the opinions of the National Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados) (folios 432-435, 1132-1134), the National Service of Groundwater, Irrigation and Drainage (folios 423-430), the Ministry of Agriculture and Livestock (folios 523-525), the Ministry of Environment and Energy (folios 515-519 and 1204-1210), the Administrative Environmental Tribunal (folios 545-549) and the Water Directorate (Dirección de Agua) (folios 1105 and 1211), which support the need to authorize this type of work in protection areas (áreas de protección). Given that these are works and activities that have been authorized in practice, it could not be claimed that the first paragraph of Article 33 bis expands the type of infrastructure that can be executed in protection areas (áreas de protección), and, therefore, that it is a regressive provision. As there are criteria that justify the need to authorize these types of activities, it is also not possible to find a violation of the principles of objectification of environmental protection and reasonableness. Regarding the reasonableness of the provisions of that first paragraph, it must be taken into account that these are civil works that are necessary to provide public services, the safety and protection of water resources, and even to guarantee other fundamental rights. Hence, it could not be claimed either that what is provided therein is contrary to the principle of rational use of resources. For its part, the second paragraph of Article 33 bis, by authorizing other types of works and leaving open the possibility of allowing the development of tourist activities, does not have a reasonable justification and, therefore, does not conform to the principles of objectification of environmental protection, reasonableness, and non-regression. Moreover, by classifying certain works as low environmental impact, without having a technical criterion on the matter, it is contrary to the constitutional jurisprudence set forth regarding the need to technically justify the determination of which works require undergoing the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and the assessment procedure or instrument that, depending on the work or activity, is applicable. In light of Constitutional Law, it is not valid to determine the possible environmental impact of a work or activity, and, with that, the form of environmental assessment it requires, without having a supporting technical criterion. For that reason, as no technical justification in this regard is found in the legislative file, the second paragraph of Article 33 bis is unconstitutional. Then, regarding the last paragraph of Article 33 bis, it is not unconstitutional provided that it is understood that the competence of the Water Directorate (Dirección de Agua) to grant the provided authorizations does not disregard the constitutional and conventional requirement of having a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when, depending on the corresponding work or activity, it is technically required, nor does it disregard the competencies of SETENA in that matter. By virtue of the fact that the plaintiff links the violation of the right to participation to the fact that a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) is not required, with the interpretation set forth above, that violation would not occur. In turn, it must be understood that the last paragraph of Article 33 bis does not disregard or render ineffective the competencies of other institutions, such as those of SENARA or even municipal ones, which may have constitutional implications, so the violations related to the omission of expressly indicating them in the norm do not occur. Regarding Article 33 ter, despite the fact that the plaintiff indicates that they only challenge the provisions of the second paragraph and request that the rest of the article be declared constitutional, we note that a ruling in the requested terms would imply eliminating the limitation introduced with the second paragraph regarding that, despite the breadth of the provisions of the first paragraph, the tourist activities provided therein could only refer to the activities listed in Article 33 bis. And, in this way, the possibility of authorizing the activities permitted, in a broad and generalized manner, by the first paragraph would remain. It should be considered that, initially, Article 33 ter of the bill contemplated the possibility of authorizing activities consistent with the conservation purposes that protection areas (áreas de protección) possess, as it contemplated low environmental impact works, subject to technical regulations and oriented toward the recovery, rehabilitation, and safeguarding of public domain water bodies, which generate spaces for protection, recreation, and sustainable mobility. However, the development of tourist activities and the purpose of producing productive linkages were later included, which implies greater openness and generality regarding the activities and works that could be permitted, whose purpose, furthermore, is not properly the conservation and protection of those spaces. Article 33 ter, in the terms in which it was drafted, does not have a reasonable justification to support the possibility of authorizing other types of works for the development of tourist activities and pursuing other types of purposes, and, therefore, does not conform to the principles of objectification of environmental protection, reasonableness, and non-regression. Consequently, we believe that it should be declared unconstitutional in its entirety, or, at least, limited to the low environmental impact activities that were initially contemplated, declaring the additions made to it unconstitutional. In that latter scenario, it should be understood that the authorization of such activities is subject to prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and the exercise of SETENA's own competencies. Furthermore, although Transitory Provision II of Law 10210 was not challenged by the plaintiff, in application of the provisions of Article 89 of the Law of Constitutional Jurisdiction, we believe it should be declared unconstitutional. This transitory norm provides that, for a period of twenty-four months, any work located in protection areas (áreas de protección) may be maintained without the State being able to order its demolition or removal. In this way, even if the second paragraph of Article 33 bis and Article 33 ter are declared unconstitutional, based on the transitory norm, works or activities could be temporarily maintained that, in the end, could not obtain the respective authorizations. And furthermore, the transitory provision itself already provides that any illegal construction located in a protection area (área de protección) cannot be demolished, even if it is a work not contemplated in the scenarios regulated in Articles 33 bis and 33 ter and that, therefore, could not be regularized. Therefore, the exercise of state powers aimed at guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment and the fundamental right of access to water is being unreasonably limited. It should be considered that Article 50 of the Constitution provides that the State must guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, and, consequently, also the fundamental right of access to water, which encompass the establishment and maintenance of the so-called protection areas or perimeters. Conclusion: Based on all the foregoing, in the capacity of advisory body to the Constitutional Chamber, this Office of the Attorney General of the Republic considers that: 1. The first paragraph of Article 33 bis is not unconstitutional because it allows authorizing works and activities that have been authorized in practice; these are civil works that are necessary to provide public services, the safety and protection of water resources, and even to guarantee other fundamental rights, and because there are criteria that justify it. 2. The second paragraph of Article 33 bis, by authorizing other types of works and leaving open the possibility of allowing the development of tourist activities, does not have a reasonable justification and, therefore, does not conform to the principles of objectification of environmental protection, reasonableness, and non-regression. In addition, by classifying certain works as low environmental impact, without having a technical criterion to support it, it is contrary to the constitutional jurisprudence set forth regarding the need to technically justify the determination of which works require undergoing the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and the assessment procedure or instrument that, depending on the work or activity, is applicable. For that reason, as no technical justification in this regard is found in the legislative file, the second paragraph of Article 33 bis is unconstitutional. 3. The last paragraph of Article 33 bis is not unconstitutional provided that it is understood that the competence of the Water Directorate (Dirección de Agua) to grant the provided authorizations does not disregard the constitutional and conventional requirement of having a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when, depending on the corresponding work or activity, it is technically required, nor does it disregard the competencies of SETENA in that matter. Consequently, the violation of the principle of participation that the plaintiff links to the omission of requiring a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) does not occur. 4. It must be understood, and we thus recommend it be expressly declared, that the last paragraph of Article 33 bis does not disregard or render ineffective the competencies of other institutions, such as those of SENARA or even municipal ones, which may have constitutional implications, so the violations related to the omission of expressly indicating them in the norm do not occur. 5. Article 33 ter, in the terms in which it was drafted, does not have a reasonable justification to support the possibility of authorizing other types of works for the development of tourist activities and pursuing other types of purposes, distinct from low environmental impact works, subject to technical regulations and oriented toward the recovery, rehabilitation, and safeguarding of public domain water bodies, which generate spaces for protection, recreation, and sustainable mobility, which were initially contemplated in the bill of law, and, therefore, does not conform to the principles of objectification of environmental protection, reasonableness, and non-regression. Consequently, it must be declared unconstitutional in its entirety, or, at least, limited to the low environmental impact activities that were initially contemplated in the bill of law, declaring the additions made to it unconstitutional. 6. In that latter scenario, it must be understood, and we thus recommend it be expressly declared, that the authorization of such activities is subject to prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and the exercise of SETENA's own competencies. 7. In application of the provisions of Article 89 of the Law of Constitutional Jurisdiction, Transitory Provision II of Law 10210 must be declared unconstitutional, since, even if the second paragraph of Article 33 bis and Article 33 ter are declared unconstitutional, works or activities could be temporarily maintained that, in the end, could not obtain the respective authorizations. Furthermore, the transitory provision itself already provides that any illegal construction located in a protection area (área de protección) cannot be demolished, even if it is a work not contemplated in the scenarios regulated in Articles 33 bis and 33 ter and that, therefore, could not be regularized. Therefore, the exercise of state powers aimed at guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment and the fundamental right of access to water is being unreasonably limited.

6.- RODRIGO ARIAS SANCHEZ, in his capacity as President of the Legislative Assembly, submits his report, summarizing that: I. Background of Law No. 10210 of May 5, 2022.- Bill No. 22401 entered the agenda of the Permanent Special Commission on the Environment on February 23, 2021. It was consulted with different institutions. On August 25, 2021, it was affirmatively ruled upon. In a session on October 14, 2021, it was approved in the first debate, and the second debate took place on April 18, 2022. The law was sanctioned by the Executive Branch on May 5, 2022, and published in La Gaceta No. 101 on June 1, 2022. Principle of non-regression and progressivity in environmental matters.- The argument made by the plaintiffs that Law No. 10210 of May 5, 2022, violates the principle of environmental non-regression is not admissible. That interpretation is incorrect. The plaintiff affirms that the recently added Articles 33 bis and 33 ter imply environmental regression and a danger to the environmental vocation that characterizes the protection areas (áreas de protección) established in Article 33 of the Forestry Law. The regulatory framework of the protection areas regime constitutes a legitimate limitation on the right to property, in accordance with the principle of the social and environmental function of property, protected under Articles 45 and 50 of the Political Constitution. This limitation does not imply a total loss of the rights and obligations of the property owners over said lands, which would empty the right to property of its content. It is a limitation, justified and proportional, to protect water resources through the conservation of the trees surrounding rivers, streams, creeks, and springs (nacientes) (Article 33, subsections a and b of the Forestry Law). It is not an absolute protection regime as if it were the strictest of the management categories of a protected wild area, but rather a regulation that seeks for property owners, public or private, to conserve the natural riparian tree cover and to recover and reforest those spaces where it has been lost. Achieving this end is not contrary to the exercise of the right to property over said spaces that allow contemplation, enjoyment, and recreation in them, or the placement of infrastructure necessary by its very nature, such as bridges, provided that this does not involve tree cutting (corta de árboles) or detriment to the riparian and fluvial ecosystems. The approved legal reform allowed for the clear establishment of which activities are permitted and could be authorized, as well as what would be criminally and administratively sanctionable. The modification undoubtedly contributes to creating greater legal certainty in the application of the norms, and with it, greater effectiveness of the regulations. It should be added that the observance of the set-backs corresponding to protection areas (áreas de protección) is one of the most effective nature-based solution measures to avoid human and material losses due to floods, landslides, or mudslides. This fundamental function is equally safeguarded by the approved regulations, which will also be expanded upon in the following sections. The plaintiff omits to indicate to the honorable magistrates that the requirements for tree cutting (corta de árboles) in protection areas (áreas de protección) are maintained in accordance with the provisions of the current Forestry Law 7575, which is not modified by the challenged norms, as the approved law does not modify, much less repeal, Articles 34 and 58 of the cited law, which establish the express prohibition of tree cutting (corta de árboles) in protection areas (áreas de protección), with the sole exception of projects declared of national convenience by the Executive Branch, and the sanctions for violating this prohibition remain in force, respectively. The foregoing means that any activity, work, or project described in Articles 33 bis and 33 ter that requires tree cutting (corta de árboles) must necessarily have this declaration, comply with the aggravated and exceptional procedure that the project or projects must justify. Projects that must necessarily have environmental viability (viabilidad ambiental) duly approved by SETENA, in addition to socioeconomic studies that demonstrate the cost-benefit balance. What is provided in Article 33 bis, as can be observed, regulates works destined to guarantee the safety of public infrastructure, works that seek to satisfy some public interest, or even works necessary for the operation of water concessions, for which, in addition to the authorization of the Water Directorate (Dirección de Aguas), the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) provided in Article 17 of the Organic Environmental Law would be required. The foregoing, considering that, although some of those works may be for maintenance and small-scale, they could also be large-scale works with a greater environmental impact. In this same vein, the regulatory framework must be analyzed in an integrated manner. The approval of new legislation, which enables the execution of works, projects, or activities that did not previously have an express norm, should not and cannot be understood as disconnected from the rest of the regulatory framework that protects the environment. In this sense, the plaintiff's claim is erroneous when indicating that “it could be misinterpreted in the sense that SETENA will no longer be in charge of previously reviewing the studies, nor determining the necessary studies or protocols for works or developments in protection areas (áreas de protección), and this is extremely delicate and dangerous for the environment and present and future generations,” referring to what the text of the law indicates regarding that the responsibility for authorizing these works will reside exclusively with the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy. It is in no way possible to interpret that the authorization of the Water Directorate (Dirección de Aguas) constitutes a de-authorization of SETENA's competencies, as its legal and regulatory attributions remain intact for those works that require it, with the only change being that, prior to the reform in question, any work in a protection area (área de protección) was rejected outright, while, with the update, it will be up to SETENA to update the technical norms to define the type of Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) required for each case. Likewise, the law is clear in indicating that MINAE “shall establish the necessary requirements and studies,” which must be established via regulation. Although at the time of responding to this hearing, the regulation has not yet been approved, it is important to point out that a draft is already under consultation, which, although it is not the final version, reveals that MINAE, as the governing body of both the Water Directorate (Dirección de Aguas) and SETENA, and of other institutions like SINAC, has the power, via regulation, to clarify the specific competencies and scope of each instance. It should be noted that, for the case of works in channels, it is already the Water Directorate (Dirección de Aguas), the office in charge of granting the authorizations, without this meaning that, when required, the interested administered party must obtain the respective environmental viability (viabilidad ambiental). For all the above, the present bill of law does not imply, in any way, regression in the aims pursued by the Forestry Law 7575 and, before it, the Water Law of 1942, which already established the responsibility of property owners not to cut trees on the banks of rivers and springs (nacientes). On the contrary, in the case of Article 33 ter of this law, the objective is to provide a modern and updated regulatory framework for the implementation of good practices for the recovery and rehabilitation of urban rivers, in accordance with the needs of the 21st century. It is known that cities that have managed to recover the environmental health of their rivers are those that have implemented strategies that allow balancing urban uses (recreation, leisure, ecotourism, cultural uses, mobility, contemplation) with the ecological functions of fluvial ecosystems and their adjacent spaces (biological connectivity, air purification, protection of water resources, conservation of remnants of native riparian forests and the fauna species that depend on them). We can affirm that, even in protected wild areas such as National Parks, the execution of works, such as viewpoints, trails, and bridges, has been authorized in river protection areas (áreas de protección), which are, precisely, their greatest attraction (for example, Río Celeste sector of the Volcán Tenorio National Park), without this implying a deterioration in the protection of the space. On the contrary, by providing safe and controlled conditions for visitors, the river and the adjacent forests are better conserved than in areas where this type of control and ecotourism infrastructure does not exist. The enabling legal articles are not an open door to all projects and any type of spaces, but rather each one must pass through the respective environmental and institutional filters, also justifying how it will act “for the benefit of the ecosystem.” Additionally, the list of works, activities, or civil infrastructure projects established in Article 33 bis are, for the most part, actions that, in practice, various institutions already carry out, including those that provide water and sanitation services, thus providing legal certainty to public institutions, ASADAS, and private parties that carry out civil works that, necessarily and by their very nature, must be established in protection areas (áreas de protección). Therefore, the plaintiffs' allegation is rejected, as no impact is produced on the principle of progressivity and the principle of non-regression in environmental matters. Principles of reasonableness and objectification.- It is not correct to consider, as the plaintiffs do, that the Legislative Assembly is obligated to carry out technical studies that support the changes proposed in Law 10210. The law does not repeal, nor does it modify, the studies that are required, under the principle of objectification in environmental matters, also called linkage to science and technique. The principle of objectification means that legislative decisions have technical studies; this is not a requirement that must occur in all bills of law; it must occur when there is an express norm on the matter (for example in environmental matters) or when the subject matter demands it, under penalty of transforming discretion into arbitrariness.

The principle of technical reasonableness is not violated due to the absence of technical studies determining its necessity, viability, and application. We reiterate that the list of civil infrastructure works, activities, or projects established by Article 33 bis are, for the most part, actions that, in practice, various institutions already carry out, including those that provide water and sanitation services, thus providing legal certainty to public institutions, ASADAS, and private parties that carry out civil works which, necessarily and by their very nature, must be established in protection areas. The law, as well as its regulations, must ensure that these necessary and proportionate actions are executed respecting criteria of reasonableness, opportunity, and convenience. The matter enacted in Law 10210 harmoniously and balanced regulates fundamental rights related to a healthy and ecologically balanced environment and its relationship with other rights that also have constitutional and supranational relevance (international conventions and instruments). It is clear that Law 10210 in no way affects the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of protected wilderness areas. On the contrary, the law seeks to ensure everyone's right to a healthy and ecologically balanced environment. Nor does Law 10210 entail any type of affectation or reduction of protected areas; they are not reduced, nor eliminated. Likewise, the law contains no regulation that could be considered arbitrary. There is no affectation of the principle of non-regression, no type of arbitrariness is configured, and consequently, the argument that the principle of reasonableness and objectification is violated is rejected. In conclusion, the claims of unconstitutionality indicated in this point by the plaintiffs must be rejected because technical studies are mandatory in the event of a reduction of protected wilderness areas or because it must be demonstrated that there is no environmental impact, but in the case of the law, greater protection is provided to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and at the same time, other fundamental rights are protected as indicated. The regulations governing environmental impact assessment.- When the law states that low environmental impact works are authorized, such as observation platforms, bridges, hanging bridges, zip lines, signaling elements, and other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when intended for the development of tourism activities, among others, it is not asserting that every "observation platform, hanging bridge, zip line, or signaling element" is per se a low-impact work, but rather that only those that can be classified as having low potential impact, according to the technical criteria defined by SETENA, may obtain the final approval of the Dirección de Agua. In other words, a tourism infrastructure work that, due to its dimensions, materials, and impact, qualifies as having medium or high potential environmental impact, could not obtain the endorsement of the Dirección de Agua to be executed in protection areas. The plaintiff also indicates that sites of high environmental fragility

disappeared regressively by now being categorized as sites of low environmental significance. This is completely removed from reality. Protection areas continue to be environmentally fragile sites, according to the cited SETENA regulations. In addition to this, the approved law provides for aggravated mechanisms and special conditions for an activity, work, or project to be carried out in these spaces. In accordance with current and applicable regulations, both protection areas and environmentally fragile areas are spaces with restrictions and limitations on use, for technical and legal reasons, that must be assessed when processing environmental feasibility. They are not necessarily spaces where any type of human activity should, by definition, be prohibited, as the plaintiff seems to suggest. The plaintiff omits to point out in their arguments that Article 34 of the Forest Law (Ley Forestal), which establishes the prohibition of tree cutting in protection areas, with the sole exception of those projects declared of national convenience, and Article 58 of the same law, which establishes sanctions for such non-compliance, remain in force and must be applied coherently when analyzing the authorization of the works, activities, and projects defined by Articles 33 bis and 33 ter of the Forest Law. All environmental regulations on EIA remain in force and applicable, and it will be MINAE, via regulation, that defines the requirements to access the authorization of the Dirección de Agua, an authorization that, when the work, activity, or project requires it, must necessarily have the corresponding environmental feasibility approved by SETENA. Therefore, what is indicated regarding the affectation of competencies in matters of Environmental Impact Studies and regarding Law 10210 not being clear in relation to the competencies of SETENA and the Dirección de Aguas is rejected; these arguments are rejected, given that the law is considered sufficiently clear, and the questioned norm responds to legal and technical reasonableness and has its scope of application clearly delimited; likewise, what is alleged regarding the new norm constituting a duplication or affectation regarding environmental protection is rejected; rather, as indicated, greater normative precision is sought to guarantee a healthy and ecologically balanced environment. Affectation of SENARA's competencies.- The approved law does not ignore, interfere with, or in any way affect the competencies of SENARA. As a corollary to the foregoing, the legislator's will in the first paragraph of Article 33 bis was to provide legal certainty to public institutions, as well as organizations such as ASADAS and private users, so that they would have a legal-level authorization to carry out these necessary works that, by their nature, must make use of protection areas. Nothing indicated interferes with, limits, or modifies the competencies and regulations governing SENARA. It is requested that the unconstitutionality action be rejected.

7.- RONNY RODRIGUEZ CHAVES submits his report, in his capacity as Acting Minister of Environment and Energy, summarily indicating that: Regarding the absence of technical and scientific support.- The plaintiff throughout the document indicates that the law lacks studies that provide technical and scientific support for the articles added to the Forest Law. In this regard, SETENA did not participate in the law-making process, therefore, it cannot refer to the technical and scientific basis supporting the challenged articles, as that will correspond to the Legislative Assembly. Requirement for environmental impact assessment, classification of environmentally fragile areas, and low-impact works in protection areas. Conflict of competency between SETENA, Dirección de Aguas, and SENARA.- It is a reality that the protection areas of our country are priority and indispensable sites for the protection of water resources, the provision of ecosystem services, biological connectivity, the conservation and increase of tree cover, and the enjoyment of the population. Therefore, the State, through all its institutions, local governments, bodies, and instruments, must ensure compliance with the legislation that protects and regulates them. Reviewing Forest Law No. 7575 before the addition of Articles 33 bis and 33 ter, a legal vacuum was evident regarding the management that society has given these sites from its beginnings, and despite this, the same law did not establish permits to intervene in protection areas under special conditions. Our territory comprises a large number of water bodies with their respective protection areas, and if there were an absolute prohibition on their use, the right to transit, the development of productive activities, and even the right to a healthy environment would be disproportionately limited, given that without this modification, it is not possible to carry out tasks aimed at promoting an improvement of these sites, with mitigation and compensation measures to contribute to the restoration of these ecosystems, given the restrictions prevailing before this addition. The need to make use of these areas is not exclusive to the modification of the Forest Law, as Article 2 ter of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) also exists. Regarding the existence of regression given that the modification to the law does not provide for SETENA to issue an environmental feasibility prior to the granting of authorization by the Dirección de Aguas, it should be clarified what is provided in Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), according to which, it is the laws and regulations that indicate which activities, works, and projects will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). For this reason, Executive Decree No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC was published in 2004, which remains in force to date (which is supported by ruling No. 2002-01220 where the Chamber indicates that regulation can determine the cases that require environmental impact studies, provided it is justified). Reviewing Annexes 1 and 2 of Decree 31849, it is observed that the activities listed in Articles 1 and 2 do not mention the activities included in Articles 33 bis and 33 ter, this is because they were not considered activities, works, or projects whose environmental impact was necessary to evaluate by SETENA due to their magnitude, allowing the conclusion that the norm does not negatively affect any rule or principle indicated by the plaintiff, as it is a categorization that exempts the requirement of environmental feasibility for certain activities, works, and projects, precisely taking into account the fact that they are assumed not to generate significant negative impacts on the environment. Likewise, it is verified that the design does not leave the State's environmental protection over these activities uncovered, as the surveillance and authorization competencies of other entities are reaffirmed and -in the particular case- the competency of the Dirección de Agua over the situations it must address. This interpretation follows the same one generated by your honorable authority through Ruling No. 2019-016792, in which it was concluded that SETENA had the power to indicate which activities did require processing an environmental feasibility and which, due to their low environmental impact, did not. Regarding the absence of sufficient studies to determine the significance of the impact caused, the addition to the law did not require such studies, given that SETENA is the competent authority in matters of environmental impact assessment (EIA), and it has already established which activities, works, or projects required EIA, and those indicated in Articles 33 bis and 33 ter are not part of those activities, works, or projects that require processing an environmental feasibility. Furthermore, Law 10210 itself provides the following in the last paragraph of Article 33 bis and Article 33 ter, establishing that the responsibility to authorize the use and management of these areas will reside exclusively with the Dirección de Agua of the Ministry of Environment and Energy; the technical requirements, procedures, and deadlines will be defined via regulation. Therefore, it is clear that the activities to be authorized must be managed according to technical requirements that seek to achieve sustainable development in the areas to be intervened. Further on, the plaintiff indicates a series of possible impacts on said areas that violate Article 50, but starts from assumptions that are not possible to read in the norm, even speaks of tree cutting, whereas the addition to the law does not modify Article 34 of Forest Law No. 7575. Regarding the indication that SETENA is a specialized body in matters of environmental impact assessment and that the Dirección de Agua is not, it must be clarified that the norm does not seek to transfer the competency in matters of environmental impact assessment for these protection areas to the Dirección de Agua, but rather it notes that they are low environmental impact works and that what they require is the authorization of the Dirección de Agua, this under its legal competencies. Therefore, it is necessary to indicate that for those cases where projects of greater impact must be carried out, the proponents of activities, works, and projects will indeed be required to undergo an environmental impact assessment process before SETENA, as established by Organic Environmental Law No. 7554 and its regulations on EIA, as is the case of Decree 31849, and these must be addressed by SETENA based on its competencies. Mention is also made by the plaintiff of the environmentally fragile areas contemplated in Annex 3 of Decree 31849 and the need for the activities indicated in Articles 33 bis and 33 ter of the Forest Law to require an EIA due to this fragility condition. In this regard, it is noted that what Annex 3 of Decree 31849 indicates is the classification of environmentally fragile areas that, due to their fragility characteristics, require a special approach, with studies that take their fragility into account; however, what the norm provides is that those activities requiring this differentiated analysis refer to the activities, works, or projects incorporated within Annexes 1 and 2, and that according to the established thresholds, are those that finally must process an EIA, and it could not be interpreted that absolutely all the activities that the population develops on these environmentally fragile areas must process an environmental feasibility, given that the first thing assessed is the significant negative impact they can produce, and hence, there exist listed via Annex 1 and 2 only what must be submitted to process the environmental impact assessment and thus obtain an environmental feasibility. In conclusion, the law comes to regulate which activities can be executed in these areas given the undeniable need of the population to make use of them under certain conditions and provides the tools to the Ministry of Environment and Energy through the Dirección de Aguas so as not to leave the State's environmental protection over these activities uncovered, as the authorization and surveillance competencies over the resource are reaffirmed. Likewise, it comes to promote the restoration of said areas, contributing to improving their natural cover, connectivity, recovery of biological corridors, improvement of the quantity and quality of water resources, and landscape improvement, all of which improves biodiversity and generates a healthy and balanced environment for the well-being of the population. Therefore, it is recommended that the unconstitutionality action be declared without merit against Articles 33 bis and the second and fourth paragraphs of Article 33 ter, both of the Forest Law, added by Law No. 10210 of May 5, 2022. Conflict of competencies between Dirección de Agua and SENARA.- A conflict of competency is alleged between the Dirección de Agua and SENARA, therefore, it is requested that the Constitutional Chamber carry out an interpretation and include SETENA. In relation to the competencies that circumscribe the Dirección de Aguas and SENARA, it will be MINAE and SENARA who pronounce directly on the matter. Now then, the competency of SETENA is clearly established in Article 17 of the Organic Environmental Law, as transcribed and has been extensively analyzed by the Constitutional Chamber. Consequently, SETENA is the body in charge of environmental impact assessment matters in Costa Rica, and for the purposes of executing the challenged law, the management of projects in protection areas requires the convergence of several institutions according to competencies, without implying a violation of competencies. Violation of the right to citizen participation in environmental matters.- Article 50 of the Constitution establishes the right to a healthy and ecologically balanced environment and is contemplated within diffuse interests. Relationally, in the Costa Rican Biodiversity Law, No. 7788, the Popular Action was instituted in Article 105, which states: "Every person shall be entitled to take action in administrative or jurisdictional venues, in defense and protection of biodiversity." In accordance with the foregoing, at the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, any person may appear and act in the files being processed, breaking the traditional scheme that only those with a subjective interest or legitimate interest can do so, as indicated by Article 275 of the LGAP, by having a norm that enables action. In addition to the foregoing, in accordance with Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development, Article 22 of the Organic Environmental Law, and the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Article 55 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEI), public or private individuals or legal entities will have the right to be heard by SETENA at any stage of the environmental assessment process and in the operational phase of the project. Likewise, participation occurs in the case of high environmental impact activities, works, or projects or for which the law requires an Environmental Impact Study, with the publication of a notice of submission so that observations can be made within a period of ten business days, but not for those whose instrument is a Plan-Pronóstico Plan de Gestión or Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. Furthermore, it is the power of the Comisión Plenaria under certain conditions. Now then, the fact that the project does not require an Environmental Impact Assessment process does not imply that the citizen is limited from participating in the institutions' processes. For its part, the Dirección de Agua, through official communication DA-0399-202 of February 17, 2023, signed by Eng. Leonardo Cascante Chavarría, Acting Director of the Dirección de Agua, submits the requested report in accordance with its competencies, stating: "We can conclude, as indicated, that there is no violation of the principle of Objectification of Environmental Protection in the challenged norm, nor of 'Reasonableness,' as it has been demonstrated that the works located in the areas indicated in Article 33 BIS and 33 TER do have the corresponding environmental assessment and technical studies." In accordance with the submitted report, which is based on the technical criteria emanating from the Dirección de Agua and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, technical entities in the matter under question, it is requested that the unconstitutionality action filed against Law No. 10210 of May 5, 2022, published in La Gaceta No. 101 of June 1, 2022, be rejected.

8.- ULISES ALVAREZ ACOSTA submits his report, in his capacity as General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), summarizing in the same sense as the report submitted by the Minister of Environment and Energy.

9.- OSVALDO QUIROS ARIAS submits his report, in his capacity as General Manager of the Servicio Nacional de Aguas, summarizing: REGARDING THE ALLEGED DEFECTS CONCERNING ARTICLE 33 BIS AND PARAGRAPHS 2 AND 3 OF ARTICLE 33 TER OF THE FOREST LAW: The plaintiff indicates that Article 33 bis of the Forest Law is considered unconstitutional because a category of "low impact" was created for a broad and generic list of projects, without having technical studies to support such a decision, which they consider violates Article 50 of the Constitution. In the first place, we must point out that it is clear that there is a public need to carry out certain works in river channels or protection zones of public channels or springs (nacientes), precisely in order to make sustainable use of water resources for human consumption, agricultural irrigation, industrial use, etc., as well as to channel water and prevent floods, all within the framework of wealth generation and environmental protection, as provided in Article 50 of our Constitution. Thus, we cannot understand that what the Forest Law calls "protection areas" are untouchable areas of absolute protection, because if the legislator had wanted it that way, it would have expressly established it in those terms, which did not happen, because if that were the case the use of water resources would be prevented; for this reason, Article 33 of the Forest Law defines Protection Areas, and immediately following, Article 34 of the same law gives content to that protection, specifically indicating that what is prohibited is the felling of trees. It is clear then that in the Forest Law, the protected legal interest is forest cover (cobertura boscosa), although by extension water resources are also protected in their quality and quantity, and the ecosystem in general. The foregoing is compatible with what is established in Article 148 of the Water Law (Ley de Aguas) No. 276. We must also distinguish that the protection of water resources involves two fundamental aspects: The preservation of the quantity and quality of water. The quantity of water resources is preserved mainly by protecting aquifer recharge areas, since it is in them where water infiltration into the subsoil occurs, feeding the underground aquifers, which can give rise to springs (nacientes) and rivers, and which can also be exploited through wells. Unlike recharge areas, riverbanks are not properly aquifer recharge areas, although they could be to a lesser extent, but their main reason for being is above all to preserve the quality of the waters that flow through the different watercourses, avoiding pollution. Thus, on the banks of watercourses, at springs (manantiales), or in riverbeds, there is a public need to carry out certain types of works that are compatible with the preservation of the quality and quantity of water resources, allowing their sustainable use and adequate administration. But it is necessary to establish by law the fundamental parameters related to the type of works that can be carried out, precisely to set limits on the discretionary power of the Administration in that exceptional activity, and thus guarantee effective protection of the protection areas, both regarding forest cover (cobertura boscosa) and water resources as such. And precisely that was the regulation that came to support Articles 33 bis and 33 ter of the Forest Law, as these are indispensable works for the sustainable use of water resources, and furthermore the legislator emphasizes that such works can be carried out "all, without deterioration of water quality or the channel." On the other hand, Article 33 bis of the Forest Law includes authorization to carry out works, which it calls "low impact," a concept that, although not defined in the law, is also true, assigns the responsibility to authorize such works to the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy, an entity that is the governing body in environmental matters and in the governance and administration of water, as defined by the Organic Environmental Law and Water Law No. 276. But that does not mean that such works, even of low impact, do not require environmental feasibility studies, as the law does not exempt them from these. On the contrary, Article 33 bis of the Forest Law indicates in its final paragraph, it requires as an obligation of the Dirección de Aguas to establish the necessary requirements and studies to authorize these works. Thus, we consider that the alleged unconstitutionality, insofar as it interprets that said norms omit the requirement of technical studies, is a subjective appreciation of the plaintiff. See that Articles 33 bis and 33 ter of the Forest Law are in no way rendering ineffective norms contained in the legal system to guarantee environmental protection, nor in particular forest cover (cobertura boscosa) nor water resources, nor are they exempting from requirements or technical studies the execution of works that take place within the protection areas established by Article 33 of the Forest Law; on the contrary, it establishes that said authorizations will be given without deterioration of water quality and the channel, and expressly establishes that the Dirección de Aguas of MINAE will determine the necessary requirements and studies. For this reason, these normative provisions in themselves are not unconstitutional. II. Regarding the Alleged Unconstitutionality concerning the competency assigned to MINAE to authorize works in protection areas. The plaintiff indicates that the questioned norms must also be considered unconstitutional as they assign the competency to authorize works in protection areas to the Dirección Nacional de Aguas, ignoring the competency of SETENA as well as SENARA according to the powers that have been given to them. We consider that such unconstitutionality does not exist because the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY is the state body that exercises the governing role in environmental matters, and it is through MINAE that the state exercises the administration, governance, and surveillance of water resources and the State's forest heritage. For this reason, if the legislator provided that MINAE was the competent body to grant such authorizations, such legislative policy in itself is not unconstitutional. As stated, the law itself in Article 33 bis establishes that all authorized works must be done "without deterioration of water quality or the channel." And likewise, it is not true that the law properly authorizes the works lacking requirements or technical criteria that support such authorizations, because note that the legislator expressly, when granting that competency to the Dirección de Aguas of MINAE, ordered it to establish the necessary requirements and studies. See that the final paragraph of Article 32 bis of the Forest Law indicates so. Thus, the legislator established the possibility of carrying out works in channels or protection areas under strict control of MINAE, which will establish the necessary requirements and technical studies that provide support and motivation for each authorizing act, without it being possible to extract from such regulation, as the appellant improperly asserts, that such authorizations are exempted from environmental feasibility or technical studies. It is in the law application process where MINAE must take into consideration the different environmental protection regulations and rely on information and technical criteria that can be provided by competent entities in environmental protection matters, as is the case of SETENA, or as is the case of SENARA regarding its responsibility to investigate, protect, and promote the use of both surface and underground water resources by mandate of its Constitutive Law No. 6877, all under an inter-institutional coordination scheme. For this reason, the consideration of whether a project or work is of "low impact," which is the term the legislator uses in Article 33 bis of the Forest Law, precisely requires that it be supported by technical studies, for each specific authorization issued, a need for studies that the legislator did not overlook, and in that sense, the unconstitutionality alleged by the plaintiff does not exist. Thus, we cannot interpret this norm as the plaintiff does, in the sense that technical studies are not required; on the contrary, their necessity is expressly contemplated in the final paragraph of Article 33 bis cited above. The Constitutional Chamber, in repeated rulings, has clearly indicated the need to carry out technical studies that allow basing the non-impact on the environment, in each project or work authorized by the Public Administration. For its part, in ruling 2017-5994 of April 26, 2017, the Constitutional Chamber recognized the gradual and progressive nature of the application of the Environmental Impact Assessment principle, prior to carrying out works, activities, or projects. With the addition of Articles 33 bis and 33 ter of the Forest Law, norms that have assigned competencies to entities such as SETENA or SENARA are not repealed, nor is their non-application authorized, nor is it authorized to dispense with technical studies that support each authorization, and for this reason, they are also not unconstitutional. Through ruling number 2012-8892 of June 22, 2012, the Constitutional Chamber extended the progressive nature of environmental rights to the specific scope of the human right to potable water. Specifically regarding SENARA, Law No. 6877, in its Article 3, subsections ch and h. The legal system must be analyzed and applied in an integral manner, especially in environmental matters where there are multiple norms that must be harmonized with each other, respecting the competencies assigned to each entity that participates in the protection of water resources, as well as coordinating among them. The assignment of competencies is a prerogative assigned to the legislator, who, when approving a law, defines to which entity different powers or functions will be assigned.

In the case discussed in this action of unconstitutionality, as shown in the legislative record, once the various public consultations were completed, the legislator determined that the function of approving the execution of works in public channels or in protection areas would be assigned to the Water Directorate of MINAE, MINAE being the lead agency in environmental matters, which is also responsible for the administration and oversight of all protected wild areas and for the governance and administration of water resources, all in accordance with the provisions of the Organic Environmental Law No. 7554 and the Water Law No. 276. For the reasons stated, we request that the Action of Unconstitutionality be declared WITHOUT MERIT.

10.- By resolution at 2:51 p.m. on March 10, 2023, the hearings granted to the Office of the Attorney General of the Republic, the President of the Legislative Assembly, the Minister of Environment and Energy, the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, and the General Manager of the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service, in the resolution at two thirty-five in the afternoon on February six, two thousand twenty-three, are deemed answered.

11.- Outside the deadline established in Article 83 of the Law of Constitutional Jurisdiction for submitting amicus curiae briefs, the following persons filed submissions: Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), requesting the action be dismissed (submission filed on March 10, 2023). Subsequently, Emerson Orozco Suarez, in his capacity as Legal Representative of the company Corporación de Supermercados Unidos SRL, expressing opposition to the action of unconstitutionality (submission filed on October 6, 2023).

12.- By submission filed on November 8, 2024, Diego Armando López López appears, in his capacity as Mayor of the canton of Moravia, requesting clarification regarding the scope of applicability of the challenged norms.

13.- By resolution at 8:39 a.m. on June 3, 2025, the Reporting Judge requested the following evidence for better judgment: The Director of the School of Environmental Sciences of the National University, the Director of the School of Biological Sciences of the National University, and the Director of the School of Biology of the University of Costa Rica are each requested to prepare a technical report on the second paragraph of Article 33 bis of the Forestry Law (added by Law No. 10210 of May 5, 2022), specifically addressing the following points: 1. When the phrase "of the natural areas" is used in said paragraph, what technical interpretations would be possible? 2. Can the works indicated therein be carried out within the protection areas of water resources, or are these works that, by their very nature, are carried out outside such areas? 3. What real environmental impact could the works categorized there as "low environmental impact" have? 4. What risks and consequences would this paragraph imply for the environment as it is currently drafted? Would it be opening the door to permit the construction of works that could negatively impact the environment? 5. Do you consider that the norm contains the necessary and sufficient environmental safeguards so that the works indicated therein do not produce a negative impact on the environment?

14.- Regarding the requested evidence, JOSE PEREIRA CHAVES, in his capacity as Director of the School of Biological Sciences of the National University, reports, in summary: 1. When the phrase "of the natural areas" is used in said paragraph, what technical interpretations would be possible? The expression "the natural areas" lacks a legal definition in the Forestry Law, so in practice it can encompass at least five categories: a. Water resource protection areas established in the original Article 33, that is, strips along the banks of rivers, streams, creeks, lakes, and natural and artificial reservoirs constructed by the State and its institutions, protection areas for permanent springs (manantiales), aquifer recharge zones, and the aquifers of springs (manantiales) delineated by competent bodies. b. Protected wild areas regulated by the National System of Conservation Areas (SINAC), that is, national parks, protected reserves, protective zones. c. Natural ecosystems adjacent to the channel that lack a legal category but conserve forest cover (cobertura boscosa) and hydrological functions. d. Spaces where there is no presence of human activities (crops, livestock, urban zones, industrial zones). e. Zones not included in Article 33, zones that are not forests, zones that do not correspond to protected wild areas, but are in natural ecological succession or in ecological restoration processes. It can be assumed that by "natural areas," Article 33 bis refers to those described in Article 33. However, it is not entirely clear. Someone wishing to install tourist infrastructure within a national park could argue that the term encompasses the protected wild areas administered by SINAC. Someone seeking to intervene in a river that crosses private farms could affirm that the phrase includes the riparian strips, the areas around springs (nacientes), and the recharge zones that Article 33 declares as protection areas. Even an isolated forest tract, not yet officially categorized, would fit this interpretation because it conserves features of naturalness. In the case of groundwater, subsection d) of Article 33 declares the protection areas of permanent springs (manantiales) and aquifer recharge zones as protected. However, recharge zones can include large surface extensions covering a large part of the national territory and that, furthermore, can integrate the protection areas of springs (manantiales) and the "natural areas" that one might wish to interpret as such. Thus, the amendment introduces a malleable concept that, depending on the interpretation, can permit the construction of this type of infrastructure in any type of protected area and weaken the safeguard that the original law conferred on the water resource. In the case of protection areas and aquifer recharge zones, the appropriate action is to safeguard, at least, the immediate recharge areas established by the methodology of protection perimeters. 2. Can the works indicated therein be carried out within the protection areas of water resources, or are these works that, by their very nature, are carried out outside such areas? Given that, as mentioned previously, the term "natural areas" is not defined, the paragraph allows locating the works within the channel and riverbed and, additionally, within the fifteen-meter strip in rural zones, the ten-meter strip in urban zones along rivers and streams, the fifty meters on broken terrain, and the one hundred meters around springs (nacientes). The infrastructure mentioned in the second paragraph of Article 33 Bis is not related to the handling, use, and management of water resources. They can be related to low-impact tourism activities. However, the impact and the nature of the works are not well defined. The indicated works could be carried out in protection areas depending on their dimensions as long as their purpose is tourism, education, and research activities. It should be noted that this paragraph ends with an idea that leaves the purposes of such constructions open by concluding with "among others." For these constructions, the purpose must be specified, and they must undergo Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) processes. It is recommended that, if such works are carried out in water resource protection areas corresponding to subsections a of Article 33, they be carried out downstream of the springs (manantiales) to prevent impacts in their area of direct influence. 3. What real environmental impact could the works categorized there as "low environmental impact" have? The qualifier "low environmental impact" does not incorporate quantitative criteria or an evaluation methodology. The construction of a fixed platform on the riverbank removes trees, modifies the slope, and compacts soils, increasing the sediment load that reaches the channel. A hanging bridge, even a light one, requires piles or anchored cables that alter the hydraulic dynamics and facilitate the formation of sandbanks. A zipline installed over the canopy interrupts the route of insectivorous birds and pollinating bats, while introducing noise and human traffic. Depending on the magnitude and management of the work, the result could gradually alter the water quality of channels and springs (manantiales) and promote the loss of forest cover (cobertura boscosa) and a reduction in the river's natural capacity to buffer floods, especially in water systems with low resilience. Although each effect may be considered isolated, the sum of installations along a riparian stretch can cause cumulative impacts exceeding reasonable low-impact thresholds. Therefore, the real environmental impact will depend on the dimensions, quantity, and spacing of the structures to be built. As long as the purposes are small-scale tourism, research, and education, the impacts can be prevented or mitigated. For this reason, the due environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process must be carried out. Below, two studies are cited on the effect of this type of infrastructure on river dynamics, fish, and sediment behavior: 4. What risks and consequences would this paragraph imply for the environment as it is currently drafted? Would it be opening the door to permit the construction of works that could negatively impact the environment? The text introduces a possible risk of environmental damage because its vocabulary is ambiguous: it does not define "low environmental impact" in "natural areas." This lack of precision allows a developer to label almost any project as "low impact." The lack of sizing for possible works and the lack of definition of activities by including "among others" generates ambiguity that could open the door to permit the construction of works that could negatively impact the environment, if the cumulative effects of the constructions are considered. Furthermore, the current wording, lacking parameters, limits, and independent oversight, opens a real space for works with negative impacts to be approved that later prove difficult or impossible to reverse. This open door fosters legal precedents and fuels the perception that the riparian forest, springs (nacientes), and recharge zones are available spaces as long as the proponent labels the work as "low impact" or of "tourist interest." Without an environmental impact study or public consultation, a project can proceed based on a simple technical file and a cadastral map, creating a fast administrative route for infrastructure. 5. Do you consider that the norm contains the necessary and sufficient environmental safeguards so that the works indicated therein do not produce a negative impact on the environment? The safeguards that Article 33 bis appears to contain are limited and potentially counterproductive. The mandate of "without deterioration of water quality and the channel" does not specify how the loss of quality, loss of forest cover (cobertura boscosa), or alteration of flow is determined. Nor does it require a prior flora and fauna inventory, a subsequent monitoring program, or the mandatory replacement of removed trees. It does not set limits on the number of platforms or bridges that can be installed along a single kilometer of river. By overlooking the extensive and intensive nature of the works, which could be developed within protection areas of springs (manantiales) and zones of high hydrogeological vulnerability, the works could alter the quality of groundwater, much of which is used for human consumption. Under these conditions, the assumption of "low impact" ends up supported only by the good faith of the developer and the often limited oversight capacity of the competent authority. The added paragraph contains imprecisions, which represent additional environmental risks. The norm uses undefined terms such as "natural areas" and "low environmental impact." By not clarifying its scope, any company or individual can adapt the expression to their plans. The lack of precision creates a legal loophole that facilitates works within spaces that the Forestry Law recognizes as protection areas, including the one hundred meters surrounding a spring (naciente), the riparian strip, and the aquifer recharge zones themselves. The most serious consequence is the weakening of the principle of non-regression. Article 34, which prohibits cutting trees in protection areas except for national convenience, is displaced by an Article 33 bis that allows works without that safeguard. In practice, a map and a technical report commissioned by the proponent would be enough to obtain authorization. The amendment does not contemplate limits on the number of works per kilometer, restoration plans, or independent monitoring. It also does not provide for specific sanctions for non-compliance. The regulatory vacuum opens space for an expansion of infrastructure with potential cumulative impacts: loss of riparian habitat, gradual deterioration of water quality, reduction of the natural capacity to buffer floods, and contamination of the aquifers that supply communities. Furthermore, it concentrates the decision in the Water Directorate, without obligating an evaluation before SETENA or a binding opinion from SINAC, even though riparian forests and protected wild areas are also intervened. Transitional Provision II grants twenty-four months to legalize works already built in the protection strip; during that period, the State cannot order their demolition, which legitimizes a practice of "build first and regularize later." The new norm reduces the protection established in Article 34 of the Forestry Law, which only allows clearing in protection areas for national convenience, by permitting the felling of trees and cutting of vegetation within the riparian strip, protection areas of springs (manantiales), and recharge zones. Together, these normative loopholes facilitate the installation of tourist, urban, or agro-industrial infrastructure within the riparian strips and the perimeters of springs (nacientes)—spaces the original law classified as first-order protection areas. The probable consequences include progressive loss of forest cover (cobertura boscosa), increased erosion, higher peak flows during storms, and a growing load of diffuse pollutants. Therefore, the paragraph creates a scenario where the lack of definitions, clear controls, and inter-institutional coordination reduces the level of protection that the Forestry Law provides for riparian forests, springs (nacientes), and recharge zones. By leaving everything to the discretion of a single body and not requiring rigorous evaluations, the door is opened for works that can damage the environment, even when presented under the guise of low impact or a tourist necessity. Therefore, any activity to be developed in these areas must be submitted to environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and comply with the legislation related to water quality and discharges.

15.- Regarding the foregoing evidence, GILBERT ALVARADO BARBOZA, in his capacity as Acting Director of the School of Biology, reports, in summary: Observations made by M.Sc. Marco Retana López 1. When the phrase "of the natural areas" is used in said paragraph, what technical interpretations would be possible? The definition of "natural areas" will depend on criteria, which could result in a matter of interpretation, so its definition as such is not simple. It could be an area that includes biological importance of both flora and fauna, scientific importance due to the biodiversity in the area, educational and teaching relevance, it could have tourist development for leisure and recreation, or of a particular interest for different levels of protection or sustainable use. Even according to interpretation, it is said that natural areas can also be seen as protected wild areas. In this context, the legal regulations according to the Organic Environmental Law (Law 7554) define in its Article 32 the classification of protected wild areas such as forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments. According to the Biodiversity Law (Law 7788) in its Article 58. Protected wild areas: they are delimited geographical zones, constituted by lands, wetlands, and portions of sea. They have been declared as such for representing special significance due to their ecosystems, the existence of threatened species, the repercussion on reproduction and other needs, and for their historical and cultural significance. These areas will be dedicated to conservation and protecting biodiversity, soil, water resources, cultural resources, and ecosystem services in general. Articles 59: on Change of category, Article 60: Ownership of protected wild areas, and Article 61: on Protection of protected wild areas of the Biodiversity Law could be reviewed. 2. Can the works indicated therein be carried out within the protection areas of water resources, or are these works that, by their very nature, are carried out outside such areas? The infrastructure works mentioned can be carried out in the protection areas of the margins of river and stream channels, provided that the pertinent technical studies are submitted and endorsed according to the work to be built. For all works, the following technical studies must be submitted: 1. Basic Technical Engineering Study of the terrain, 2. Basic Technical Geology Study of the terrain, 3. Rapid Archaeological Study of the terrain, 4. Rapid biological study (Section III, completion of D-1. Initial Environmental Assessment, section 2.4 Decree No. 34375-MINAE), reference can also be made to Annex E. Protocol for conducting the rapid biological study according to Decree No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC. As these construction works are close to water bodies, associated evaluations must be requested according to the Regulation for the Evaluation and Classification of the Quality of Surface Water Bodies, Decree No. 33903-MINAE-S, as well as the study of macroinvertebrates as a complement in the use of bioindicators, specifically macroinvertebrates to determine water quality, indicated in said decree. Given that the protection zones of river, stream, or similar channels can vary according to their slopes, their forest cover (cobertura boscosa), their erosion processes, and the possible landslide risks associated with these zones, the pertinent aforementioned studies must be requested. As far as possible, avoid having these prior studies for the execution of works, activities, or projects in these channel protection zones be replaced by a declaration or certification by the professional or consultant in charge of the work. 3. What real environmental impact could the works categorized there as "low environmental impact" have? There is a regulation regarding the classification of "low environmental impact" according to the current legislation used by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). The current regulation for environmental assessment, control, and monitoring No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, which refers to "low environmental impact" activities, works, or projects, presents a categorization according to Article 7 of said decree: Article 7. General categorization of activities, works, or projects. Category A: High Environmental Impact Category B: Moderate to High Potential Environmental Impact. Moderate Potential Environmental Impact. This category is further subdivided into two lower categories, namely: Subcategory B1. Moderate – High Potential Environmental Impact and B2. Moderate - Low Potential Environmental Impact Category C: Low Potential Environmental Impact Therefore, both categories B2 and C present works, activities, or projects with a "low environmental impact" classification. Including category B2 within a Low Environmental Impact, this section includes works, activities, or projects of greater impact, despite being categorized as low environmental impact. In Annex 1 of the decree in question, section 24 states: "Tourist projects for canopy (ziplines), hanging bridges, signage elements, and observation platforms, which do not involve the cutting of trees in forested areas," which has a similarity with what is written in Article 33 bis. It is here where the viability of the works to be carried out must be assessed with the pertinent studies, including the necessity of such works on the margins of the protection zones of channels or streams and similar areas. 4. What risks and consequences would this paragraph imply for the environment as it is currently drafted? Would it be opening the door to permit the construction of works that could negatively impact the environment? As the paragraph is drafted, it does not guarantee the real protection of the protection zones. Rather, it leaves open loopholes for the execution of other works, activities, or projects that could affect these zones, because not all infrastructure works are listed in the text. There will be works required due to prevailing environmental circumstances (high precipitation, bank and sediment dragging, landslides, natural fragmentation of zones, etc.) mainly in river channels, but this does not exempt from the omission or non-performance of the pertinent technical studies without exception. 5. Do you consider that the norm contains the necessary sufficient environmental safeguards so that the works indicated therein do not produce a negative impact on the environment? Within the norm in question, no protective actions towards those areas are involved. A defined contingency plan according to the work to be built should be guaranteed within the norm, in addition to construction practices that minimize the impacts on the protective zones. Do not set aside the pertinent technical studies on any activity, work, or project that will directly or indirectly affect the protection zones of rivers, streams, or similar areas. It is not just about submitting the technical studies; it is about maintaining oversight and monitoring of the actions to be implemented, to thus guarantee the least impact on the intervention zone. It must be remembered that these protection zones are the areas within the flood margin of those water flows, hence the importance of their maintenance and conservation. Observations made by Ph.D. José Edgardo Arévalo Hernández 1. When the phrase "of the natural areas" is used in said paragraph, what technical interpretations would be possible? In the context of this law, I interpret the expression "natural areas" as any space having native covers and elements of the original ecosystem. These "natural areas" can be pristine, slightly altered, or in regeneration. The context of this phrase is oriented towards the enjoyment of nature. Regarding possible technical interpretations in this context, many are possible, such as forested ecosystems, riparian ecosystems, or simply ecosystem (more generally), where species of living beings mutually interact at different levels in the environment and over time. 2. Can the works indicated therein be carried out within the protection areas of water resources, or are these works that, by their very nature, are carried out outside such areas? I interpret that the works can be carried out both inside and outside. 3. What real environmental impact could the works categorized there as "low environmental impact" have? Low environmental impact works should be small in proportion to the area to be used by the work, minimizing physical damage to vegetation or other species present. Any contaminant emanating from the works, whether chemical, physical, or sonic, is removed and avoided. Every work will have an environmental impact, but only by knowing the magnitude and nature of the works can the environmental impact it could generate be projected. 4. What risks and consequences would this paragraph imply for the environment as it is currently drafted? Would it be opening the door to permit the construction of works that could negatively impact the environment? Given the diverse interpretations of the law, and the concepts and acceptance of what a "low environmental impact" is, it is very likely that works of greater negative impact for the environment will be permitted. 5. Do you consider that the norm contains the necessary sufficient environmental safeguards so that the works indicated therein do not produce a negative impact on the environment? The most important aspect to safeguard, and which gives the most control to the norm to avoid negative environmental damage, is "The responsibility for authorizing these works will reside exclusively with the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, which will establish the necessary requirements and studies, as well as the administration's deadlines for resolution." The requirements and studies must be contextual and specific to each work to be carried out.

16.- The plaintiff in this action appears, indicating that he is submitting Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, from the Inter-American Court of Human Rights, entitled Climate Emergency and Human Rights, for it to be assessed within this action. Note that according to the questioned norms, enabling acts would be occurring, by legal mandate, that eventually compromise forest covers (coberturas boscosas), the climate, or wetlands, and to that extent, this could bring negative consequences for the biodiversity that is intervened. Note that the norms have exempted even an open list of projects from passing through the filter of SETENA, and what is worse is that the legislators have delegated the competencies of environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) to the Water Directorate, and this would be unconstitutional. The consulted Universities have been clear that what is provided for in the norms affects forest cover (cobertura boscosa), and all of this is related to negative climatic effects, on water, on soil, on landscape, and it would be wrong if Advisory Opinion 32/25, recently issued, were not considered. We note that we are at high risk of affecting forested ecosystems, landscape, soil, water, climate, and wetlands with that breadth of the norm, and for this reason, Advisory Opinion 32/25 is of amplification. See that within all that has been said, the cumulative effect could be of great magnitude, but this will not be assessed if the questioned norm is upheld, because there will be no environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), let alone one that EXPRESSLY includes the climate component. It is requested that it be ordered that there must be a specific guide and protocol that incorporates the climate variable expressly into every environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).

17.- The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

18.- The prescriptions of law have been fulfilled in the proceedings.

Drafted by Judge Cruz Castro; and,

Considering:

I.- Regarding the object of the challenge.- The plaintiff, personally and in his capacity as president of the Federation of Aqueduct Systems of the El Chayote Protective Zone, challenges Articles 33 bis and 33 ter of the Forestry Law (No. 7575 of February 13, 1996), introduced by Law No. 10210 of May 5, 2022), which provide as follows:

 

"Article 33 bis- Civil infrastructure in urban and rural protection areas.

The installation and execution; maintenance, repair, and replacement of civil works and public institution works are authorized, in the channel and basins of bodies of water in urban and rural zones, as well as in their protection areas, such as dikes, walls, culverts, bridges, aqueducts, intakes, diversions and calibration of water allocated under concession, drainages with screens for solid waste collection, infrastructure for stormwater discharge, works for transporting wastewater for proper treatment, discharges of treated wastewater from a treatment system and agricultural drainage discharges to lower the water table, whether by open channel or by pipe; all without deterioration of water quality and the channel.

Likewise, low environmental impact works such as observation platforms, bridges, suspension bridges, zip lines, signage elements and other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact are authorized, when their purpose is the development of tourism activities, among others.

The responsibility for authorizing these works shall reside exclusively with the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, which shall establish the necessary requirements and studies, as well as the administration's deadlines for resolving.” (underlining corresponds to the paragraphs being challenged).

“Article 33 ter- Recovery and rehabilitation works in protection areas in urban and rural zones. The use and management of the protection areas established in subsection b) of article 33 of this law are authorized, exclusively for activities and low environmental impact works, provided they comply with technical regulations and are aimed at the recovery, rehabilitation, and safeguarding of public-domain bodies of water, and the development of tourism activities that contribute to conserving the water resource and its associated ecosystems and produce productive linkages, generating spaces for protection, recreation, and sustainable mobility, with the goal of preventing pollution and mitigating the impacts of climate change, provided it is for the benefit of the ecosystem.

The provisions of the preceding paragraph shall apply solely to the activities authorized in article 33 bis.

In the case of works for public drinking water and sanitation services, only the provisions of the preceding article shall apply.

The responsibility for authorizing the use and management of these areas shall reside exclusively with the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía; the technical requirements, procedures, and deadlines shall be defined by regulation.” (underlining corresponds to the paragraphs being challenged).

The petitioner argues that the norms are contrary to articles 50 and 89 of the Constitución Política and to the principles of progressivity and non-regression and scientific guardianship, and sets forth the following arguments:

Violation of the principle of technical reasonableness, due to “low environmental impact works,” violation of article 89 of the Constitution, and violation of the principle of environmental non-regression: He points out that in the legislative file there is no study justifying the wording of article 33 bis, and, therefore, it must be declared unconstitutional in its entirety. He indicates that the norm is linked to water and biodiversity, and, therefore, there should have been total certainty of any impact, which could only be achieved if the legislators had had studies supporting their decision. He questions that, without any technical criterion, they classified a broad and generic list of projects as low environmental impact, by mere discretion and without considering that all protection areas are categorized as sites of high environmental fragility and that, for that reason, they present a high risk of impact. He also argues that the works permitted by the norm may generate a negative visual impact and that the landscape is protected by article 72 of the Ley Orgánica del Ambiente and 89 of the Constitución Política. He questions that it is not possible to protect the landscape if all authorized projects have been considered low environmental impact. He also maintains that, by being categorized as low environmental impact works, the analysis of the cumulative effect of other works is prevented, which must be analyzed according to advisory opinion no. OC-23-17 of the Corte Interamericana de Derechos Humanos. He concludes that generically and with a numerus apertus classification of an infinite number of projects in protection areas as low impact would be unconstitutional due to regression, since projects declared as low impact simply require a sworn statement of environmental commitments from the developer, and that is lowering the rigor and environmental protection, given that in sites of high environmental fragility, low environmental impact projects could never be carried out. Thus, by providing that works in protection areas are low impact, they automatically relaxed our legal system because the cumulative effect of other works will be overlooked (see on the cumulative effect OC-23-17). They indicate that due to the provisions of norm 33 bis, what were previously sites of high environmental fragility disappeared in a regressive manner by being categorized as sites of low environmental significance. Citing a vote of the Sala Constitucional on the principle of progressivity, he requests that the second paragraph of article 33 bis be declared unconstitutional. He also requests that the second paragraph of article 33 ter be declared unconstitutional.

Violation of the right to the environment by excluding the competencies of SETENA and SENARA and violation of the principle of progressivity: He questions that the last paragraph of article 33 bis states that the responsibility for authorizing the works shall fall exclusively on the Dirección de Aguas, and that this body is responsible for establishing the necessary requirements and studies. He considers that, from the foregoing, it could be misinterpreted that SETENA would not be in charge of previously reviewing and determining the studies or protocols necessary for works in protection areas. Therefore, in the event that the total unconstitutionality of article 33 bis is not accepted as indicated in the preceding point, he requests that an interpretative criterion be issued indicating that the Dirección de Aguas must require a prior environmental viability that guarantees that all elements have been assessed and all mitigation, prevention, and environmental preservation measures have been taken. In support of the foregoing, he indicates that articles 17, 83, and 84 of the Ley Orgánica del Ambiente are consistent with supra- and infra-legal norms that obligate Costa Rica to comply with environmental impact assessments and cites several votes of the Sala Constitucional and an advisory opinion of the Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-23-17) on the importance of environmental impact assessments. He cites as a basis article 14 of the Convention on Biological Diversity and article 3 of the Ramsar Convention, which obligates the parties to adopt measures when damage to wetland ecosystems may occur. In that sense, he notes several recommendations of the Conference of the Parties to the Ramsar Convention that establish the need to carry out environmental impact assessments in wetlands. He also mentions principle 11 of the World Charter for Nature, the Goals and Principles of Environmental Impact Assessment of the United Nations Environment Programme, and the Rio Declaration on Environment and Development. And, based on all of the foregoing, he points out that there is a vital line that was not observed by the legislators, which could mean that the legal and constitutional requirement to carry out environmental impact assessments is not met. In this same sense, it is argued that authorizing the works indicated in the first paragraph of article 33 bis regarding treated wastewater discharges and agricultural drainage discharges requires the participation of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), and the norm states that their authorization corresponds exclusively to the Dirección de Aguas. He requests that, in the event that the entire norm is not declared unconstitutional, an interpretative judgment be issued stating that the competencies of SETENA and SENARA are maintained and that the Dirección de Aguas must coordinate with both entities prior to granting authorizations.

Violation of the right to participation and access to environmental information: He indicates that the legislator exempted several projects in protection areas from undergoing an environmental impact assessment, and that, therefore, for their approval, no public hearing will be held, nor will their scope be disclosed. The foregoing because no project categorized as “low environmental impact” will have a public hearing, nor studies, nor mitigation measures, nor anything. Even no project of low significance is made known to the public. Also, advisory opinion OC-23-17 recognizes and indicates citizen participation as a human right. He also considers that the loss of the right to participation also transgresses the principle of good faith and even that of transparency that the Public Administration must have.

II.- The rules of standing in unconstitutionality actions and standing in this case.- Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates the assumptions that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a matter pending resolution at the administrative or judicial level in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, i.e., when, due to the nature of the norm, there is no individual or direct harm; when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes, in these latter cases, within their respective spheres of competence. Based on the foregoing, the possibility of acting in defense of "diffuse interests" is foreseen, which are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united around a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a certain personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier of "diffuse," such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, the proper management of public spending, and the right to health, among others. On the other hand, the enumeration made by the Sala Constitucional is not exhaustive. In this sense, this action was admitted insofar as it alleges the defense of diffuse interests, in protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Constitución Política). Therefore, with respect to the latter, the petitioner has sufficient standing to file this action. Finally, it is a matter whose constitutionality may be reviewed in this forum, as it involves the challenge of several legal norms; and furthermore, the petitioner complied with the requirements stipulated in sections 78 and 79 of the procedural law. In conclusion, the present action is admissible, so the object and merits of the matter must be discussed immediately.

III.- In general regarding protection areas and Law No. 10210 (which incorporated articles 33 bis and 33 ter into the Ley Forestal, challenged herein).- The water resource is essential for the preservation of life and health, and therefore its protection is consubstantial to the guardianship of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this sense, protection areas constitute legitimate limitations on the right to private property that have the purpose of protecting and conserving the water resource against human actions that may degrade the natural state of water sources, preserving or regenerating the forest cover adjacent to bodies of water, and guaranteeing the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Through resolution of this Chamber No. 2019-009221 of eleven hours forty-one minutes of May twenty-second, two thousand nineteen, the following was stated:

“V.- On water as a fundamental right and the protection of springs, aquifers, and the determination of the corresponding protection areas. The water resource is essential for the preservation of life and health, and therefore its protection is consubstantial to the guardianship of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this sense, the Chamber's jurisprudence is clear in recognizing the right to water as a fundamental right, such that along with making serious efforts for its provision to the population, there is a duty of public institutions to make responsible and adequate use of the available water resource, which implies the need to gain certainty of the water susceptible to exploitation –availability– guaranteeing its current provision and the future sustainability of the service, avoiding that the current use of the resource produces an environmental risk that compromises the future existence and supply of the liquid. The Chamber has had the opportunity to rule forcefully and in detail on the protection that must be granted to the national water resource, clarifying both the normative protection framework and the institutions that make up the water sector, recognizing and specifying the scope of competencies of those entities and the importance of their actions in matters of granting, use, and protection of water –see, among many others, judgments numbers 2004-1923, 2008-14092, 2008-15657, 2017-6340 and 2017-17353-. Likewise, an important part of this concern for environmental guardianship regarding water has been the assessment of the broad spectrum of water resource capture sources and how to protect the environment to guarantee its existence and survival, whether these are underground sources or their outcropping in surface sources. Particularly relevant for the situation now under consideration is the definition regarding the protection perimeters of these sources, regarding which the Chamber, in the referenced judgments, and particularly in the aforementioned 2004-1923, has indicated that:

“a) Protection perimeters of aquifers: One of the most innovative instruments in the protection of water resources is the definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity of the contained water but also of its container, i.e., the geological formation called an aquifer. This activity consists of projecting and drawing on the surface a demarcation under which an aquifer or part of it lies, in which a specific regime is established for the use of the hydraulic domain –management and restriction of pre-existing water concessions, preventing the granting of new ones– and for controlling activities and installations that may affect it –through authorizations– (e.g., mines, quarries; urban activities that include septic tanks, cemeteries, sanitary landfills –storage, transport, and treatment of solid and liquid waste–; agricultural and livestock activities with the deposit and distribution of fertilizers and pesticides, irrigation with wastewater and farms; industrial activities with the storage, transport, and treatment of liquid or gaseous hydrocarbons, chemical, pharmaceutical, and radioactive products, food industries and slaughterhouses, etc.). Evidently, the definition of perimeters by the national authorities –MINAE and ICAA– must be respected by local governments (Municipalities) and INVU (given its residual competence in urban planning in the absence of local regulatory plans) to make compatible, develop, and effectively reflect the conditions established in the definition of the protection perimeters in the regulations contained in the respective Regulatory Plans on land uses or territorial planning (e.g., zoning regulations, construction regulations, etc.). Obviously, added to the above must be the protection around capture areas (wells –PPP: wellhead protection perimeters–, springs, etc.), through the definition of a zone around them in which certain human activities are prohibited or limited, regulating or controlling land use. The determination of the perimeter depends on the capture zone or wellhead protection area (ZOC) and its extension depends on the characteristics and properties of the capture area and the recharge terrain, since the rules cannot be the same for permeable or fractured terrains as for those with impermeable formations. The definition of perimeters must be combined with the vulnerability mapping or natural susceptibility of supply aquifers to anthropogenic contamination loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics, in the face of anthropogenic contamination problems, which is achieved through the preparation of maps. Both measures, protection perimeters and vulnerability mapping, are suitable to relocate a certain type of activity, the supply source, or, ultimately, introduce methods and technical instruments for the treatment and disposal of contaminants. The measures to be taken based on the perimeters and vulnerability mapping vary depending on whether it is (a) an area without territorial occupation, being useful to define which activities may or may not be installed in the future; (b) areas already occupied, in which case a mapping of natural vulnerability and of the areas with greater susceptibility to contamination is carried out, being able, in the face of the threat of a high contamination index, to relocate activities, supply sources, and introduce technology for the treatment and disposal of contaminants; (c) already contaminated areas, for which alternative sources may be sought, the propagation of contamination plumes prevented, and, if possible, due to its high cost, the aquifer waters treated after extraction; (d) areas for new water intakes, a case in which potentially contaminating activities and the impact area of each of these must be inventoried.”

Thus, it is clear that the consideration of water as an essential resource and fundamental right entails the necessary protection of its sources and capture areas, where underground and surface aquifers are considered, as well as springs, wells, and other areas from which the water resource is located and available. This protection implies the establishment of so-called protection areas or perimeters, such as the one indicated, precisely, in subsection a) of article 33 of the Ley Forestal, which, as has been outlined, refers to a protection radius of 100 meters for permanent springs, a protection area that may vary, and in fact is so established in ordinary legislation, if the spring is far from being permanent, and, on the contrary, is an intermittent or non-permanent spring, regarding which it is not that there is no protection, but rather the radii of the protection areas may be variable as considered by the regulations and the responsible technical entities. In other words, the regulations and jurisprudence recognize the importance and need to provide protection to springs, hence the definition of the radii of their protection areas, whose extension varies depending on the type of spring involved, precisely because, based on the type of spring, such will be the radius of the corresponding protection area, without this being, per se, a situation that generates any unconstitutionality, since, as is well indicated in the cited precedent, the very conditions of each type of source –aquifer, well, and others– are what define the particular conditions of protection, so that there are protection areas specially defined according to the type of source, aquifer, or well involved.

In this sense, the verification of whether a spring is permanent or non-permanent is a determination that falls to the technical entities of the administration, which, in accordance with their respective spheres of competence, would be a matter pertaining to the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, in strict coordination with other related entities, such as the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados itself, a definition that must likewise be observed even by municipalities at the time of preparing the corresponding regulatory plans and the respective granting of land use permits or their denials.”

In this regard, the Ley Forestal contains several norms aimed at protecting said protection areas. Thus, article 33 defines the extent of these protection areas for each type of body of water. Article 34 prohibits the cutting or removal of trees in those areas, except in the case of projects declared of national convenience; and article 58 establishes a prison sentence of three months to three years for anyone who invades a conservation or protection area. Now, based on the analysis made by the PGR in its report on the statement of motives for bill no. 22401, which gave rise to Law no. 10210 and which incorporated articles 33 bis and 33 ter into the Ley Forestal, it is found that the initiative sought to fill the existing regulatory gaps in the regime of protection areas, since it was considered that the regulations were insufficient to authorize civil works that, by their nature, must be located in these areas, works necessary to provide public services, infrastructure for the use of water granted under concession, and even infrastructure aimed at protecting and restoring these spaces. It is also pointed out, in said statement of motives, that some authorizations granted by the Dirección de Agua of MINAE must be considered, such as discharge permits with treatment systems that pass through protection areas, agricultural drainage discharge to lower the water table, whether by open channel or pipe, water intake works for water concessions, works in channels, dikes, walls, culverts, bridges, water use concessions, and material extraction concessions in channels. It was also pointed out that, given the problem of abandonment of protection areas in urban zones, the authorization of low-impact basic infrastructure is necessary, as has been done in some protected wilderness areas, to promote ecotourism, recreation, and environmental education, to drive initiatives for the recovery of the urban natural environment as public space, the creation of infrastructure for its conservation and environmental regeneration, and to achieve a balanced ecosystem and thus reverse the state of abandonment and degradation in which they find themselves. According to the PGR's report, from the study of the legislative file it can be noted that the initially proposed text was significantly modified through several motions that sought to vary the type of permitted activities and that were opposed by the legislators proposing the project. Thus, it is indicated that:

-In article 33 bis, in addition to civil works that by their nature must be in protection areas, the second paragraph was added, authorizing, in all protection areas, the development of a series of infrastructure listed therein that is considered low environmental impact and other elements -without specifying which- that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when their purpose is the development of tourism activities, among others. See image of the approved motion:

(Folio 1372 of the legislative file).

-In article 33 ter, in addition to activities and low environmental impact works, subject to technical regulations and aimed at the recovery, rehabilitation, and safeguarding of public-domain bodies of water, generating spaces for protection, recreation, and sustainable mobility, the development of tourism activities and the aim of producing productive linkages were included. See image of the approved motion:

(Folio 1407 of the legislative file).

-A new transitory provision was introduced, to grant a period of 24 months for existing works to remain, without the possibility of ordering their demolition. See image of the approved motion:

From all of which it is verified that the originally presented project had the objective: “to create tools to allow and promote initiatives for the recovery of the urban natural environment as public space, the creation of infrastructure for its conservation and environmental regeneration to achieve a balanced ecosystem and thus reverse the state of abandonment and degradation in which these protection areas find themselves.” And later, motions are incorporated to allow works such as: “observation platforms, bridges, suspension bridges, zip lines, signage elements, and other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when their purpose is the development of tourism activities, among others.” And thereby allow the “development of tourism activities … and produce productive linkages, … development of infrastructure…” Verifying that these latter additions made by the legislator lacked technical support.

IV.- In general, the environmental impact assessment and the competencies of SETENA.- In accordance with the constitutional principles of: guardianship of the right to the environment; the preventive principle (when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements); the precautionary principle (when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent environmental degradation); the principle of in dubio pro natura (in case of doubt or uncertainty, controversies must be resolved and norms must be interpreted in favor of the protection and conservation of the environment); the principle of objectification of environmental guardianship (or principle of linkage to science and technique, according to which it is required to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature -both legislative and regulatory-, from which derives the requirement of "linkage to science and technique," thereby conditioning the Administration's discretion in this matter); the principle of progressivity and non-regression in environmental matters (the State's obligation to continuously increase protection and not to adopt measures, policies, or legal norms that worsen the achieved level of protection); the principle of rational use of resources; and more recently the principle of pro natura (based on Advisory Opinion 32/25 on Climate Emergency and Human Rights of the Corte Interamericana de Derechos Humanos, in any legal conflict, the interpretation that favors the protection of nature and the full exercise of environmental rights must always prevail, even outside contexts of doubt or uncertainty); the State has the obligation to protect the environment, in particular, by carrying out technical environmental studies and environmental impact assessments (evaluación de impacto ambiental, EIA) in cases where warranted. In this regard, this Chamber, in judgment number 2008-15315 of 14:59 hours on October 10, 2008, has established the need for certain activities to have an approved environmental impact assessment. This is because such an administrative procedure allows for identifying and predicting, from a technical-scientific point of view, the effects that an activity may cause on the environment. In this sense, this Constitutional Chamber, in judgment number 2005-05544 of 15:38 hours on May 10, 2005, stated:

“VI.- The environmental impact study as an instrument of protection. Environmental norms must have technical support, since their application must be based on the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subject.

This is so because, since environmental damage and contamination are assessable, the impact of these elements requires scientific evaluation and treatment. Hence, the need for an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), consists of a scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting which effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighting them to lead to decision-making (…) Pursuant to Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five, activities that require an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) approved by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval by this agency shall be an indispensable requirement to begin the activities, works, or projects. Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obligates the State to take preventive measures to avoid its affectation; and among the main measures provided by the legislator in this regard are several technical instruments, among which the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) stands out, as set forth in the cited article. Special emphasis must be placed on the fact that it is the condition of the project or work that will determine, in each case, whether the environmental impact study is required, not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory.”

Likewise, this Court also stated the following:

“(…) The third paragraph of Constitutional numeral 50 clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obligated to enforce—upon individuals and other public entities—environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without any justification existing to exempt them from compliance with environmental requirements such as, by way of example, the environmental impact study required by the Organic Environmental Law for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment” (see judgment number 2001-6503 of 09:26 hours on July 6, 2001).

In summary, according to what is indicated by the constitutional principles on environmental matters, the requirement for prior technical studies responds to the principle of subjecting environment-related decisions to criteria of science and technique, in order to protect the ecological balance of the system and the health of the environment. Furthermore, the requirement for technical studies is not a mere formality but rather a material requirement, meaning it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, to propose recommendations aimed at reducing the negative impact on it, and to demonstrate how such a measure implies development that meets the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012). Thus, Article 17 of the Organic Environmental Law (No. 7554 of October 4, 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat, whose prior approval shall be an indispensable requirement to begin the activities, works, or projects; and that laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall be required to undergo that assessment. Carrying out an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, constitutes not only a legal obligation but also a constitutional obligation. Thus, this Constitutional Chamber has recognized that the obligation to carry out environmental impact assessments is one of the principles that serve as a parameter of constitutionality and that have been developed so that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment set forth in Article 50 of the Political Constitution is not a simple formal postulate. (Voto n° 2003-6322 of 14 hours 14 minutes on July 3, 2003). In this sense, as the PGR indicates in its report, there is no doubt that carrying out prior environmental impact assessments is part of the right to a healthy and ecologically balanced environment, and, therefore, non-compliance with that obligation violates that fundamental right. Likewise, when it adds that this obligation to environmentally assess activities, works, or projects is grounded in Article 14 of the Convention on Biological Diversity (approved by Law No. 7416 of June 30, 1994), insofar as it provides that each State Party “shall introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects”; and in Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, which establishes that “environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.” The PGR also adds that, by virtue of the fact that what is discussed in this action may have application in the protection areas of wetland ecosystems, the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) approved by Costa Rica through Law No. 7224 of April 7, 1991, imposes a general obligation to conserve and protect wetlands. To this effect, the Constitutional Chamber has indicated that: “The determination of in which cases an environmental assessment is or is not appropriate is a matter determined by laws and regulations, under the general criterion that the human activities that must be environmentally assessed are those that alter the environment to a significant degree such that said assessment is necessary.” (Voto n° 2017-5994 of 11 hours on April 26, 2017. Reiterated in voto n° 2019-16792 of 11 hours 51 minutes on September 4, 2019). Thus, it is possible that there are activities, works, or projects that, because they do not alter the environment to a significant degree, should not be the subject of an environmental impact assessment, and this can be determined legally or regulatorily (Voto n° 2002-1220 of 14 hours 48 minutes on February 6, 2002). Based on the foregoing, in order to be able to determine, through a regulation, that certain works or activities do not require undergoing the environmental impact assessment procedure, there must be technical criteria that support that decision. Now, in the case of activities, works, or projects that do significantly alter the environment, they must undergo a prior environmental impact assessment. The majority of this Chamber considers that the determination of which mechanism or technical instrument should be used for that assessment is a technical competence conferred upon the National Environmental Technical Secretariat in Article 84 subsection f) of the Organic Environmental Law, which indicates that this agency is responsible for “preparing guidelines for the activities, works, and projects of environmental impact assessment, as well as managing their disposition and dissemination.” (see dissenting vote of Judge Cruz to voto n° 2024-3227 where it is considered that such determination does not correspond to Setena, nor to a decree, but rather a legal regulation is required by virtue of the principle of legal reserve in this matter).

V.- On Articles 33 bis and 33 ter of the Forestry Law (Ley Forestal), challenged herein.- The challenged articles refer to infrastructure works that may be permitted in protection areas, whether civil infrastructure (Art. 33 bis) or recovery and rehabilitation works (Art. 33 ter). They state as follows:

“Article 33 bis- Civil infrastructure in urban and rural protection areas. It is authorized to install and carry out; maintain, repair, and replace civil works and those of public institutions, in the channel and basins of water bodies in urban and rural zones, as well as in their protection areas, such as dikes, walls, culverts, bridges, aqueducts, intakes, diversions, and calibration of water assigned in concession, drainages with meshes for solid waste collection, infrastructure for stormwater discharge, works for transporting wastewater for its proper sanitation, discharges of wastewater from a treatment system, and agricultural drainage discharges to lower the water table, which may be by open channel or pipe; all without deterioration of water quality and the channel.

Likewise, low-environmental-impact works are authorized, such as observation platforms, bridges, hanging bridges, zip lines, signage elements, and other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when their purpose is the development of tourism activities, among others.

The responsibility for authorizing these works shall reside exclusively with the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy, which shall establish the necessary requirements and studies, as well as the administration's deadlines for resolving.”

“Article 33 ter- Recovery and rehabilitation works in protection areas in urban and rural zones. The use and management of protection areas established in subsection b) of Article 33 of this law is authorized, exclusively for activities and works of low environmental impact, provided they comply with technical regulations and are oriented towards the recovery, rehabilitation, and safeguarding of public domain water bodies, and the development of tourism activities, which contribute to conserving the water resource and its associated ecosystems and producing productive linkages, generating spaces for protection, recreation, and sustainable mobility, with the objective of avoiding contamination and mitigating the impacts of climate change, provided it is for the benefit of the ecosystem.

The provisions of the preceding paragraph shall be applicable only to the activities authorized in Article 33 bis.

In the case of works for public drinking water and sanitation services, only the provisions of the preceding article shall apply.

The responsibility for authorizing the use and management of these areas shall reside exclusively with the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy; the technical requirements, procedures, and deadlines shall be defined by regulation.”

The plaintiff maintains that such regulations violate the principle of technical reasonableness because, without any technical criterion, the legislator qualifies as low environmental impact a broad and generic list of projects, in protection areas that are categorized as sites of high environmental fragility and that, therefore, present a high risk of affectation; violating the principle of technical reasonableness, the right to landscape (Art. 89 Constitutional) and the principle of non-regression. They consider that, because of what is provided, through the challenged regulations, what were previously sites of high environmental fragility have disappeared regressively, being categorized as sites of low environmental significance. Furthermore, they question that SETENA would not be in charge of previously reviewing and determining the necessary studies or protocols for works in protection areas. Finally, they indicate that the legislator exempted various projects in protection areas from undergoing an environmental impact assessment, and that, therefore, for their approval, a public hearing will not be held nor will their scopes be disclosed, thereby violating the right of participation.

The PGR considers that the second paragraph of Article 33 bis, Article 33 ter in its entirety, and Transitory Provision II are unconstitutional. It states the following:

-First paragraph of Article 33 bis, given that it deals with works and activities that in practice have been authorized, it could not be affirmed that the first paragraph of Article 33 bis expands the type of infrastructure that can be executed in protection areas, and, therefore, that it is a regressive provision. Since there are criteria that justify the need to authorize this type of activities, it is also not possible to find a violation of the principles of objectification of environmental protection and reasonableness. Regarding the reasonableness of what is provided in that first paragraph, it must be considered that these are civil works that are necessary to provide public services, the security and protection of the water resource, and, even, to guarantee other fundamental rights. Hence, it also could not be affirmed that what is provided there is contrary to the principle of rational use of resources.

-Second paragraph of Article 33 bis, by authorizing another type of work and leaving open the possibility of permitting the development of tourism activities, lacks reasonable justification and, therefore, does not conform to the principles of objectification of environmental protection, reasonableness, and non-regression. But also, by classifying certain works as low environmental impact, without having a technical criterion in this regard, it is contrary to the constitutional jurisprudence set forth regarding the need to technically justify the determination of which works require undergoing an environmental impact assessment and the assessment procedure or instrument that, depending on the work or activity, is applicable. For that reason, since a technical justification is not found in the legislative file in this regard, the second paragraph of Article 33 bis is unconstitutional.

-Last paragraph of Article 33 bis, it is not unconstitutional provided it is understood that the competence of the Water Directorate to grant the provided authorizations does not disregard the requirement of constitutional and conventional rank to have a prior environmental impact assessment, when, depending on the corresponding work or activity, it is so technically required, nor does it disregard the competences of SETENA in that matter. Thus, the right of participation is also not violated.

-Regarding the second paragraph of Article 33 ter, in the terms in which it was drafted, it lacks reasonable justification to support the possibility of authorizing another type of work for the development of tourism activities and pursuing other types of purposes, and, therefore, it does not conform to the principles of objectification of environmental protection, reasonableness, and non-regression. Consequently, it deems that it should be declared unconstitutional in its entirety, or, at the very least, limited to the low environmental impact activities that were initially contemplated, declaring the additions made to it unconstitutional. In that last scenario, it should be understood that the authorization of that type of activities is subject to prior environmental impact assessment and the exercise of SETENA's own competences.

-Regarding Transitory Provision II, although it was not challenged, in application of the provisions of Article 89 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it deems that it should be declared unconstitutional. That transitory regulation provides that, for a period of twenty-four months, any work that is located in protection areas may be maintained without the State being able to order its demolition or elimination. Thus, even if the unconstitutionality of the second paragraph of Article 33 bis and Article 33 ter is declared, based on the transitory regulation, works or activities could be temporarily maintained that, in the end, could not obtain the respective authorizations.

For its part, the President of the Legislative Assembly indicates that the regulation is constitutional. They consider that what is stated by the plaintiffs, that Law No. 10210 of May 5, 2022, violates the principle of environmental non-regression, is not acceptable. The regulatory framework of the protection areas regime is not absolute; moreover, the approved legal reform made it possible to clearly establish which activities are permitted and could be authorized, as well as what would be criminally and administratively sanctionable. Thus, the approved law does not modify, much less repeal, Articles 34 and 58 of the cited law, which establish the express prohibition on tree felling (corta de árboles) in protection areas, with the sole exception of projects declared by the Executive Branch to be of national convenience, and the sanctions for violation of this prohibition remain in force, respectively. Furthermore, the approval of new legislation, which enables the execution of works, projects, or activities that previously lacked an express regulation, should not and cannot be understood as disconnected from the rest of the regulatory framework that protects the environment. On the other hand, it is in no way possible to interpret that the authorization of the Water Directorate constitutes a disauthorization of SETENA's competences, given that its legal and regulatory attributions remain intact for those works that require it, with the only change being that, prior to the reform in question, any work in a protection area was outright rejected, whereas, with the update, it will be up to SETENA to update the technical standards to define the type of Environmental Impact Assessment required for each case. While at the time of responding to the present hearing, the regulation has not yet been approved, it is important to note that a draft already exists under consultation. On the other hand, the claims must be rejected because technical studies are mandatory in the event of a decrease in protected wild areas or because it must be demonstrated that there is no affectation to the environment, but in the case of the law, greater protection is given to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and at the same time, other fundamental rights are protected, as has been indicated. They add that, all environmental regulations on EIA remain in force and applicable, and it shall be MINAE, by regulation, that defines the requirements to access the Water Directorate's authorization, an authorization that, when the work, activity, or project requires it, must necessarily have the due environmental feasibility approved by SETENA. Likewise, nothing indicated interferes with, limits, or modifies the competences and regulations that govern SENARA.

In the same vein, Minae and Sinac indicate that the challenged regulation is constitutional. They indicate that, the protection areas of our country are priority and indispensable sites for the protection of the water resource, the provision of ecosystem services, biological connectivity, the conservation and increase of tree cover, and the enjoyment of the population. Therefore, the State, through all its institutions, local governments, bodies, and instruments, must ensure compliance with the legislation that protects and regulates them. Upon reviewing Forestry Law No. 7575 before the addition of Articles 33 bis and 33 ter, a legal vacuum was evident regarding the management that society, from its beginnings, gives to these sites. The need to make use of these areas is not exclusive to the modification of the Forestry Law, as Article 2 ter of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) also exists. The regulation does not negatively affect any rule or principle indicated by the plaintiff, as it is a categorization that exempts the requirement of environmental feasibility for certain activities, works, and projects, precisely taking into account the fact that they are assumed not to generate significant negative impacts on the environment. Likewise, it does not leave uncovered the State's environmental protection over these activities, as the surveillance and authorization competences of the Water Directorate over the situations they are responsible for attending are reaffirmed. The activities indicated in Articles 33 bis and 33 ter are not part of the activities, works, or projects that require processing an environmental feasibility. For those cases where projects of greater impact must be carried out, the proponents of activities, works, and projects will indeed be required to undergo an environmental impact assessment process before SETENA. Thus, it could not be interpreted that absolutely all the activities that the population carries out in these environmentally fragile areas must process an environmental feasibility, given that the first thing assessed is the significant negative impact they may produce. The addition to the law does not modify Article 34 of Forestry Law No. 7575, so it cannot be interpreted that tree felling is permitted. So the challenged law comes to organize which activities may be executed in these areas. Finally, the fact that the project does not require an Environmental Impact Assessment process does not imply that the inhabitant is limited from participating in the institutions' processes. Therefore, it is recommended that the unconstitutionality action against Articles 33 bis and the second and fourth paragraphs of numeral 33 ter, both of the Forestry Law, added by Law No. 10210 of May 5, 2022, be dismissed.

Finally, the representative of Senara considers that it is clear that there is a public need to carry out certain works in river channels or protection zones of public channels or springs (manantiales), precisely in order to achieve sustainable use. The protection of the water resource involves two fundamental aspects: the preservation of quantity (through the protection of aquifer recharge areas) and of water quality (through the protection of river margins and avoiding contamination). Articles 33 bis and 33 ter of the Forestry Law deal with works that are indispensable for the sustainable use of the water resource, and furthermore, the legislator emphasizes that such works can be carried out "all without deterioration of water quality and the channel." Article 33 bis of the Forestry Law includes authorization to carry out works, which it calls "low impact," a concept that, although not defined in the law, is also true, it assigns the responsibility for authorizing said works to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, which can establish the requirements and studies necessary to authorize these works, so the requirement of technical studies is not being omitted. Articles 33 bis and 33 ter of the Forestry Law are not at any time rendering ineffective regulations contained in the legal system to guarantee environmental protection, nor in particular forest cover (cobertura boscosa) or the water resource, nor are they exempting from requirements or technical studies. The legislator established the possibility of carrying out works in channels or in protection areas under strict control of MINAE, which shall establish the necessary requirements and the technical studies that give support and motivation to each authorizing act, without it being possible to extract from such regulation, as the appellant improperly claims, that such authorizations are exempted from environmental feasibility or technical studies. With the addition of Articles 33 bis and 33 ter of the Forestry Law, regulations that have assigned competences to entities such as SETENA or SENARA are not repealed, nor is their disapplication authorized, just as it is not authorized to dispense with technical studies that support each authorization, and for that reason, they are also not unconstitutional. For the reasons stated, we request that the Unconstitutionality Action be dismissed.

From all the foregoing, this Chamber considers that, certainly, the challenged regulations contain unconstitutional provisions, as explained below.

1.-) On the constitutionality of the first paragraph of Article 33 bis.- As indicated by the PGR, the works mentioned in the first paragraph of Article 33 bis are works and activities that in practice have been authorized; therefore, it is not an expansion of the type of infrastructure that can be executed in protection areas. Furthermore, there are criteria that justify the need to authorize that type of activities, which are related to the provision of public services, security, protection of the water resource, and the exercise of other fundamental rights. Note that it involves dikes, walls, culverts, bridges, aqueducts, intakes, among others, when it states: “install and carry out; maintain, repair, and replace civil works and those of public institutions, in the channel and basins of water bodies in urban and rural zones, as well as in their protection areas, such as dikes, walls, culverts, bridges, aqueducts, intakes, diversions, and calibration of water assigned in concession, drainages with meshes for solid waste collection, infrastructure for stormwater discharge, works for transporting wastewater for its proper sanitation, discharges of wastewater from a treatment system, and agricultural drainage discharges to lower the water table, which may be by open channel or pipe; all without deterioration of water quality and the channel.” All of which is in accordance with the principle of technical reasonableness and therefore in accordance with the Law of the Constitution. Thus, regarding the first paragraph of numeral 33 bis, the action must be dismissed.

2.-) On the unconstitutionality of the second paragraph of Article 33 bis.- As can be observed, the second paragraph of Article 33 bis automatically defines several works to be permitted in the channel and basins of water bodies in urban and rural zones, as well as in their protection areas, as “low environmental impact” works. These works include: “observation platforms, bridges, hanging bridges, zip lines, signage elements, and other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when their purpose is the development of tourism activities, among others.” In this regard:

a) All of these works were qualified by the legislator as “low environmental impact” without any technical support. The definition of protection perimeters for the conservation of the resource and its surroundings is an instrument that supports the protection of the right to water; therefore, any legislative or administrative measure that tends to vary the protection of that perimeter must be technically supported. This is part of what is known as the constitutional principle of technical reasonableness in environmental matters, also related to the principle of objectification. It is clear that the consideration of water as an essential resource and fundamental right entails the necessary protection of its sources and catchment areas, where both underground and surface aquifers are considered, as well as springs (nacientes), wells, and other areas from which the water resource is located and available. This protection implies the establishment of so-called protection areas or perimeters, as indicated, precisely, in subsection a) of Article 33 of the Forestry Law. Therefore, as stated, the legislator must technically support any variation in the works permitted in said protection areas, which has not happened in this case. As indicated by the PGR, “For that reason, since a technical justification is not found in the legislative file in this regard, the second paragraph of Article 33 bis is unconstitutional.” Note that the motion approved to introduce this second paragraph to Article 33 bis finds no justification. In its discussion in the Special Permanent Commission on the Environment, session No. 18 of Wednesday, January 5, 2022, only the following is indicated: “Deputy Pablo Heriberto Abarca Mora: // Thank you, Madam President. // Just to comment to the deputies that this is a work that several factions have carried out. This motion brings together the original spirit of the project with some indirect consequences that the text previously under discussion could have. So, this text is quite close to what the project intended, but without affecting productive sectors.”

// Thank you very much." For that reason, since no technical justification on the matter is found in the legislative record, the second paragraph of Article 33 bis is unconstitutional.

Thus violating the Right of the Constitution by transgressing the principle of technical reasonableness and the principle of objectification in environmental matters.

 

b) By being classified as "low environmental impact" works (obras de “bajo impacto ambiental”), it is understood that sites that were previously of high environmental fragility have regressively disappeared by being categorized as sites of low environmental significance. Thus, such works would not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), which is the administrative procedure that allows for the identification and prediction, from a technical-scientific point of view, of the effects that an activity may cause on the environment. Violating the Right of the Constitution by transgressing the principle of non-regression in environmental matters. By allowing such works, when previously they were not permitted, it means that the protection areas of water bodies were previously more protected, which implies a regression in environmental protection. In this regard, as indicated by the Universidad Nacional in the evidence requested in this case file:

"The construction of a fixed platform on the riverbank removes trees, modifies the slope, and compacts soils, which increases the sediment load reaching the riverbed. A suspension bridge, even a light one, requires anchored piles or cables that alter the hydraulic dynamics and facilitate the formation of sandbanks. A zipline installed over the canopy interrupts the route of insectivorous birds and pollinating bats, while introducing noise and human traffic. Depending on the magnitude and management of the work, the result could gradually alter the water quality of streams and springs (manantiales), and promote the loss of forest cover (cobertura boscosa) and a reduction in the river's natural capacity to buffer floods, especially in water systems with low resilience. Although each effect may be considered localized, the sum of installations along a riverbank stretch can cause cumulative impacts that exceed reasonable thresholds for low impact.

Therefore, the actual environmental impact will depend on the dimensions, quantity, and spacing of the structures to be built. As long as the purposes are small-scale tourism, research, and education, the impacts can be prevented or mitigated. For this reason, the due process of environmental impact assessment must be carried out."

 

Then, it would be understood that the provision, as it is drafted, "opens a real space for works with negative impacts to be approved that later prove difficult or impossible to reverse. This open door fosters legal precedents and fuels the perception that the riverbank forest, springs (nacientes), and recharge zones are available spaces whenever the proponent labels the work as 'low impact' or of 'tourist interest.' Without an environmental impact study or public consultation, a project can proceed based on a simple technical file and a cadastral map..." (Universidad Nacional).

In this same sense, the Escuela de Biología of the Universidad de Costa Rica indicates, when in the requested evidence it states that: "As the paragraph is drafted, it does not guarantee the real protection of the protection zones. Rather, it leaves open loopholes for the execution of other works, activities, or projects that may affect these zones, because not all infrastructure works are listed in the text. There will be works required by the prevailing environmental circumstances (high precipitation, dragging of banks and sediments, landslides, natural fragmentation of areas, etc.) mainly in riverbeds, but this does not exempt from the obligation that the pertinent technical studies be omitted or not carried out without exception."

Besides the violation of the right of citizen participation in this matter, since, by not requiring the environmental assessment, no space is provided for the involvement of the population in the projects that are approved. The unconstitutionality is not resolved by interpreting that a technical study should be provided in each specific case, but rather, the legislator was the one who should have substantiated in the incorporated motion that the works indicated therein are certainly of "low environmental impact," because by classifying them as such without foundation, several principles are being transgressed: the principle of technical reasonableness applicable to the law; the principle of non-regression in environmental matters, by allowing works that were previously not permitted; the principle of objectification, because this legal provision finds no link to science or technique; the precautionary principle due to the lack of scientific certainty; the pro natura principle, since in case of doubt, it must be resolved in favor of the environment; and in any case, the pro natura principle, since even outside of doubt, a decision must be taken to protect the environment. So it makes no sense to admit that the legislator classifies certain works as low environmental impact without technical support—which immediately entails the exclusion from the environmental impact assessment—and then interprets that such works are admissible as long as they have particular technical support. As this Chamber has indicated, for a legal provision to determine that certain works or activities do not need to undergo the environmental impact assessment procedure, the legislator must support this decision with technical criteria, which has not occurred in this case, as seen in the motions presented.

 

c) The expression "natural areas" (áreas naturales), by allowing several possible interpretations (see what the Escuela de Ciencias Biológicas of the Universidad Nacional indicates in the requested evidence), this expression can encompass a large number of other areas, beyond protection areas and aquifer recharge zones, possibly also including:

 

"b. Protected wild areas regulated by the Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), that is, national parks, protected reserves, protective zones.

c. Natural ecosystems adjacent to the riverbed that have no legal category but conserve forest cover and hydrological functions.

d. Spaces where there is no presence of human activities (crops, livestock, urban areas, industrial areas).

e. Zones that are not included in Article 33, zones that are not forests, zones that do not correspond to protected wild areas, but that are in ecological natural succession or in processes of ecological restoration."

 

Which would allow that "Whoever wishes to install tourist infrastructure within a national park could argue that the term encompasses the protected wild areas administered by SINAC. Whoever seeks to intervene a river that crosses private farms could affirm that the phrase includes riverbank strips, the surroundings of springs (nacientes), and the recharge zones that Article 33 declares as protection areas. Even an isolated stretch of forest, still without official category, would fit into that reading because it conserves features of naturalness." It is concluded then that: "the reform introduces a malleable concept that, depending on the interpretation, can allow the construction of this type of infrastructure in any type of protected area and weaken the safeguard that the original law conferred on the water resource." (see report from the Escuela de Ciencias Biológicas of the Universidad Nacional).

 

d) The infrastructure works mentioned in the second paragraph are not related to the management, use, and handling of the water resource, but rather are related to tourist activities. With the aggravating factor that the paragraph ends by indicating "among others" (entre otras), which would allow any work, not only beyond the protection of the water resource but also beyond tourist activities, and even worse, works from any other activity.

Thus, regarding the second paragraph of Article 33 bis, the action must be granted.

 

3.-) On the Unconstitutionality of Article 33 ter.- Article 33 ter allows recovery and rehabilitation works in protection areas in urban and rural zones, permitting activities and works of low environmental impact, oriented towards the recovery, rehabilitation, and safeguarding of public water bodies, and the development of tourist activities. For the same reasons that the second paragraph of Article 33 bis is unconstitutional, as indicated supra, this same Article 33 ter is also contrary to the Right of the Constitution. As indicated in the requested evidence:

 

"The provision uses undefined terms such as 'natural areas' and 'low environmental impact.' By not clarifying their scope, any company or person can adapt the expression to their plans. The lack of precision creates a legal loophole that facilitates works within spaces that the Ley Forestal recognizes as protection areas, including the one hundred meters surrounding a spring (naciente), the riverbank strip, and the aquifer recharge zones themselves.

The most serious consequence is the weakening of the principle of non-regression. Article 34, which prohibits cutting trees in protection areas except for national convenience, is displaced by an Article 33 bis that allows works without that safeguard. In practice, a plan and a technical report contracted by the proponent would suffice to obtain authorization. The reform does not contemplate limits on the number of works per kilometer, restoration plans, or independent monitoring. Nor does it foresee specific sanctions for non-compliance. The regulatory vacuum opens space for an expansion of infrastructure with potential cumulative impacts: loss of riverbank habitat, gradual deterioration of water quality, reduction of the natural capacity to buffer floods, and contamination of the aquifers that supply communities. (see report from the Universidad Nacional)

 

Furthermore, as indicated by the PGR, this provision does not have a reasonable justification to support the possibility of authorizing other types of works for the development of tourist activities and pursuing other types of purposes, and, therefore, it does not conform to the principles of objectification of environmental protection, reasonableness, and non-regression. Thus, regarding Article 33 ter, the action must be granted.

 

4.-) On the Conforming Interpretation of the Last Paragraph of Article 33 bis.- As observed, the last paragraph of Article 33 bis only mentions the Dirección de Aguas of MINAE for authorizing the works in question. However, for this paragraph to conform to the Right of the Constitution, it must be understood that the competence of the Dirección de Agua to grant the foreseen authorizations does not disregard the constitutional and conventional requirement of having a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when, depending on the corresponding work or activity, it is technically required, in accordance with the competencies of SETENA in that matter.

 

5.-) On the Unconstitutionality of Transitory Provision II.- As indicated by the PGR, by virtue of the provisions of Article 89 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it is necessary for this Chamber to also rule on Transitory Provision II of the challenged Law. It is noted that such transitory provision stipulates the following:

"TRANSITORIO II- For a period of twenty-four months, counted from the entry into force of this law, those existing works that are within the protection zone may be maintained without the State being able to order their demolition and/or removal. Within said period, natural or legal persons must obtain the respective authorization and validate the existing constructions in accordance with the regulations issued for such purposes."

 

From which it is understood that, for a period of twenty-four months, any work located in the protection areas can be maintained without the State being able to order its demolition or removal. In this sense, a declaration of unconstitutionality is also appropriate, not only because this "grace period" is equally violative of the right to the environment, but also because, as stated, there is no support for the authorization of the works called "low impact" that the provision annulled here indicates. If this transitory provision were to remain, works or activities that ultimately could not obtain the respective authorizations could be temporarily maintained. Therefore, the appropriate course is to declare its unconstitutionality and consequent annulment from the legal system.

VI.- Conclusions.- Taking into consideration what was indicated by the evidence provided by the Universidad Nacional in the sense that "Together, these regulatory loopholes facilitate the installation of tourist, urban, or agro-industrial infrastructure within riverbank strips and within the perimeters of springs—spaces that the original law classified as first-order protection areas. The probable consequences include progressive loss of forest cover (cobertura boscosa), increased erosion, higher peak flows during storms, and a growing load of diffuse pollutants." And taking into consideration everything indicated supra, it is appropriate to grant the action presented and consequently:

-The action is denied regarding the first paragraph of numeral 33 bis.

-The second paragraph of Article 33 bis and the entirety of Article 33 ter are declared unconstitutional, which allow "low environmental impact works," "development of tourist activities," and "among others" (entre otras), for violation of the principle of technical reasonableness, the principle of objectification in environmental matters, the principle of non-regressivity, the pro natura principle, and therefore the right to the environment, because the legislator introduced such works into the provision without any technical support.

-Regarding the last paragraph of Article 33 bis, it is interpreted that the competence of the Dirección de Agua to grant the foreseen authorizations does not disregard the constitutional and conventional requirement of having a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when, depending on the corresponding work or activity, it is technically required, in accordance with the competencies of SETENA in that matter.

-By virtue of the unconstitutionality that this Chamber is declaring in this action and the provisions of Article 89 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, Transitory Provision II of Ley 10210 is declared unconstitutional.

VII.- Partial Dissenting Vote of Judges Castillo Víquez, Salazar Alvarado, and Garro Vargas, drafted by the first. We respectfully depart from the majority's opinion regarding the provisions related to the second paragraph of Articles 33 bis and 33 ter, as well as Transitory Provision II challenged here and incorporated through two substantive motions (mociones de fondo) raised by several deputies and approved on January 5, 2022, within legislative file no. 22.401 that gave rise to the reforms in question, because we consider that the approval of these motions does not put the environment at risk, nor does it incur any type of environmental regression for the following reasons. First, that condition of low environmental impact to which paragraph two of numeral 33 bis alludes regarding those works must be defined beforehand through a technical study; it is not random nor regarding just any area or activity, as per the very pronouncement made by this Tribunal in this judgment, in relation to the final paragraph of that same article challenged here. It is important to clarify that the evidence requested for the better resolution of the case file by resolution at 08:39 hours on June 3, 2025, was requested based on the specific reading of the second paragraph of Article 33 bis, that is, outside its context and the literal text of the rest of the provision.

In our opinion, it is relevant to note that Article 33 bis does not refer solely to areas of high environmental fragility, but rather, according to the title of the article itself, it establishes the possibility of building works in urban and rural protection zones, and therefore, it must be understood in its entirety. The provision stipulates the following:

"Article 33 bis- Civil Infrastructure in urban and rural protection zones. It is authorized to install and carry out; maintenance, repair, and replacement of civil works and those of public institutions, in the riverbed and basins of water bodies in urban and rural zones, as well as in their protection areas, such as dikes, walls, sewers, bridges, aqueducts, intakes, derivations and calibration of water allocated in concession, drains with meshes for solid waste collection, infrastructure for stormwater discharge, works for the transport of wastewater for its proper sanitation, discharges of wastewater from a treatment system, and agricultural drainage discharges to lower the water table, which may be through open channel or pipe; all without deterioration of water quality and the riverbed.

 

Likewise, low environmental impact works are authorized, such as observation platforms, bridges, suspension bridges, ziplines, signage elements, and Other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas (áreas naturales) with the least possible impact, when their purpose is the development of tourist activities, among others (entre otras).

 

The responsibility for authorizing these works shall reside exclusively with the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, which shall establish the necessary requirements and studies, as well as the administration's deadlines for resolving."

 

On the other hand, certainly the second paragraph of that provision establishes that "low environmental impact works are authorized, such as observation platforms, bridges, suspension bridges, ziplines, signage elements, and Other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when their purpose is the development of tourist activities, among others"; however, this does not necessarily mean that the legislator is defining that those works must be considered, in all cases, as low-impact works; but rather, that when they are technically declared as such, their implementation in such areas is appropriate, as some of them already exist. Note the current existence in protected areas of observation platforms and bridges, for example, even for tourism, as occurs in national parks, Isla San Lucas, etc. (see judgment no. 2023-12817, of 14:40 hours on May 31, 2023, among others).

This is because the condition of low environmental impact depends not only on the type of work to be developed but also on its size and the place where it is intended to be implemented, among other factors, as noted by the professor from the Universidad de Costa Rica. Thus, we agree with the draft that it is indeed possible that some of these works are of low environmental impact and others are not. Therefore, it is important that, when dealing with urban and rural protection zones as the provision states, and even more so where there are areas of high environmental fragility due to the proximity of the water resource, it must require a prior technical assessment of its impacts to be declared as low-impact works, which is not clearly noted in the provision in question. However, the final paragraph of that disposition does so with the conforming interpretation that this Tribunal is making in this judgment, by indicating that both that final paragraph of ordinal 33 bis and Article 33 ter are not unconstitutional as long as it must be understood that the competence of the Dirección de Aguas of MINAE to grant the foreseen authorizations does not disregard the constitutional and conventional requirement of having a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when, depending on the corresponding work or activity, it is technically required, nor does it disregard the competencies of SETENA in that matter.

Thus, from a comprehensive reading of that ordinal 33 bis, only the works provided for in the second paragraph would be authorized in those cases where SETENA is the one that, beforehand, defines, in each particular case, according to the regulatory framework, whether or not those works are low-impact activities, understanding that only if they are so, can they be implemented. In this way, the provision rather excludes the execution of any medium and high-impact work, guaranteeing that in the urban and rural protected areas indicated by Article 33 bis, works of such impacts are not implemented, only those of low impact and when they are so considered under the respective technical criterion based on the regulations that so define it. A specific technical criterion regarding the place where it is intended to be implemented, which can be subsequent to the law, according to what this Tribunal has already accepted on previous occasions under certain conditions, as in judgment no. 2020-13836, of 15:30 hours on July 22, 2020, by indicating the following:

"...Thus, while that environmental impact study was not carried out prior to the approval of the law, the truth is that, given the particularity of this project and the conditions under which the release of that land was approved to modify its use and environmental protection, maintaining its protection outside any use other than the justified one, and conditioning the same to the result that the environmental impact study eventually yields, the principle of objectification of environmental law is not considered violated."

Under this comprehensive reading and conforming interpretation, we dismiss the existence of harm to the principle of objectification of environmental law, to that of citizen participation, and to that of non-regressivity in environmental matters, since the introduction of the motions in question is not allowing the execution of any work without the requirement of prior technical studies that determine the non-affectation of these protected areas. From our perspective, it is disproportionate and unreasonable to demand that the legislator, for any general legal reform, must present in the act, under the deadlines for the exercise of such right, a technical study that justifies their right of amendment, when it is not a matter of an environmental release of a specific and particular area or a specific activity that truly allows demanding a study of such a nature, where a real measurement of the impacts and their mitigations is tangible. Otherwise, it could incur in the unreasonableness of demanding, within the right of amendment, a study impossible to concretize in the terms of abstractionism intended by the Majority, without thereby putting the environment at risk of affectation. It is precisely for this reason that, in this particular case from the perspective of the dissenting vote, such a requirement was not necessary, given that, as already indicated, the list of low-impact activities that are authorized will be subject to the respective technical study, so it is not true that this reform can be interpreted and applied as a "blank check" for the Public Administration to carry out activities that violate the principles governing environmental matters. Even less so when, in the provision that establishes the competency of the Dirección General de Aguas as the competent authority, the Majority itself makes a conforming interpretation, in the sense that prior to authorization, the technical study approved by SETENA will be required, so that such an interpretation equally makes sense, provided that a conforming interpretation is also made of the second paragraph of Article 33 bis.

On the other hand, it should be noted that Article 33 ter indicates that the provisions of the first paragraph apply to the activities authorized in Article 33 bis, subjecting the authorization of the use and management of the protection areas established therein, "exclusively for activities and low environmental impact works, provided that they comply with technical regulations and are oriented towards the recovery, rehabilitation, and safeguarding of public water bodies, and the development of tourist activities, that contribute to conserving the water resource and its associated ecosystems and producing productive chain linkages, generating spaces for protection, recreation, and sustainable mobility, with the objective of preventing contamination and mitigating the impacts of climate change, always for the benefit of the ecosystem." Thus, both reinforce the protection that exists in environmental matters and subject any other type of interest to being for the benefit of the ecosystem.

Consequently, we partially dissent and consider that the second paragraph of Articles 33 bis and 33 ter of the Ley Forestal are not unconstitutional as long as it is interpreted that this condition of low environmental impact to which ordinal 33 bis alludes regarding those works must be defined beforehand through a technical study, as per the pronouncement made by this Tribunal in this judgment, in relation to the final paragraph of that same ordinal challenged here.

On the other hand, we consider that Transitory Provision II incorporated in that other substantive motion is not unconstitutional either, as it is again demanded an abstract and general technical study, since it originates from already existing situations, not from the authorization of new works. This provision is rather in accordance with the precautionary principle in environmental matters. It should be noted that, in not a few cases, the mere decision to reverse a situation as the Majority intends without a prior study, by eliminating structures already existing in those natural areas, can in many cases imply a greater environmental impact than the one intended to be resolved. Hence, in those cases where such works already exist, we consider that the incorporation of this provision is equally reasonable and justified, by establishing that within a specific, non-indefinite, period, technical studies be carried out to define the condition of each of those structures, in order to eventually even know the consequences of their removal or conservation, before acting without considering the subsequent consequences on the environment.

Por tanto (Therefore):

1) Unanimously, the action is denied regarding the first paragraph of numeral 33 bis. 2) By majority, the action is GRANTED against the second paragraph of Article 33 bis and Article 33 ter of the Ley Forestal, as well as Transitory Provision II of law no. 10210. 3) By majority, the last paragraph of Article 33 bis of the Ley Forestal is interpreted in the sense that the competence of the Dirección de Agua to grant the foreseen authorizations does not disregard the constitutional and conventional requirement of having a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when, depending on the corresponding work or activity, it is technically required, in accordance with the competencies of SETENA in that matter. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled provisions, without prejudice to rights acquired in good faith. Judges Castillo Víquez, Salazar Alvarado, and Garro Vargas partially dissent and declare the second paragraph of Article 33 bis and 33 ter of the Ley Forestal constitutional, provided it is interpreted that this condition of low environmental impact to which Article 33 bis alludes regarding those works must be defined beforehand through a technical study, as per the pronouncement made by this Tribunal in this judgment, in relation to the final paragraph of that same ordinal challenged here. In the same sense, they dissent and deny the action regarding Transitory Provision II. Judge Garro Vargas records a note. Let this pronouncement be summarized in the Diario Oficial La Gaceta and published in its entirety in the Boletín Judicial. Notifíquese.-

 

Fernando Castillo V.

Presidente (President)

 

 

 Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

 

 

 

 Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

 

 

 Anamari Garro V. Ingrid Hess H.

 

 

 

 

Exp: 23-002032-0007-CO

Res. n.°2025-041905

NOTE BY JUDGE GARRO VARGAS

I concurred with the minority vote in dismissing this action of unconstitutionality; however, I considered it necessary to record a note to clarify that in the specific case I do not contradict my own lines of resolution on this matter, given that I consider that the technical elements—such as those demonstrating the reasonableness of the legislative decision—did not have to be incorporated properly during the parliamentary process, but rather must be provided and justified in each specific case for the authorization of low environmental impact works in the protection areas defined in the art.

of the Forestry Law (Ley Forestal).

Grievance

Regarding this specific grievance, the claimant particularly challenges the wording of numeral 33 bis, third paragraph, which states the following:

“(…) Likewise, low environmental impact works are authorized, such as observation platforms, bridges, suspension bridges (puentes colgantes), zip lines (tirolesas), signage elements, and other elements that allow access, observation, and safe enjoyment of natural areas with the least possible impact, when their purpose is the development of tourist activities, among others” (Highlighting not in original).

The claimant accuses that the deputies took “negligently, as well as irresponsibly” a decision that corresponded to technicians or specialists, without conducting any technical study that classified the works listed therein as low impact.

My precedents on this matter

In resolving various unconstitutionality actions and constitutional consultations, I have emphasized that legislators or the Executive Branch must adopt legal or regulatory provisions, respectively, based on elements that grant sufficient technical reasonableness to the initiative, which in this precise subject matter under analysis is also linked to the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental).

For example, through judgment no. 2020-0013836 – for my own reasons – I declared the unconstitutionality of Law No. 9610 of October 17, 2018, called “Modification of the Limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the Development of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities,” considering that during the legislative process, a study was omitted that would justify the removal of protection (desafectación) from the specific protected area and, furthermore, the compensation study for the removal of protection was deficient.

Subsequently, in advisory opinion no. 2020-013837 – jointly with Justices Cruz Castro and Rueda Leal – I declared the unconstitutionality of the legislative procedure followed in legislative file 21.478, regarding the bill “Law for the Sustainable Use of Shrimp Fishing in Costa Rica,” upon proving “a consistent and overwhelming convergence on the part of all consulted entities – one might even say unanimity –” in pointing out that the study used as input for that legislative bill, from an environmental science perspective, had serious deficiencies in its scope and methodology and, moreover, was in itself insufficient because it did not address all the aspects that would guarantee that shrimp fishing with trawl nets would be carried out seeking democratic sustainable development.

Also, through judgment 2020-18213 – for my own reasons – I declared Articles 13 and 14 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 38681-MAG-MINAE of October 9, 2014, “Ordering for the Use of Tuna and Related Species in the Exclusive Economic Zone of the Costa Rican Pacific Ocean” unconstitutional because it allows tuna fishing with purse seine nets (redes de cerco) in an area expressly established to be restricted.

Regarding the specific case

Unlike the precedents just cited, this is not a case for demanding the necessary technical studies in the legislative process to comply with the principle of reasonableness. This is so because the legislator – contrary to what the claimant interprets – is not ab initio affirming or classifying the list of works cited in the norm as low impact infrastructure and, therefore, is not attributing to itself the possibility of approving them in a legal provision without the corresponding analysis of the magnitude, impact, and characteristics of the specific work that could be carried out. The authorization that the norm provides is not with respect to individualized works, but rather a legal enablement to eventually carry them out, aspiring to harmony between the duty of environmental protection and the enjoyment of private property (in this regard, see the report of the President of the Legislative Assembly). This, of course, under the decisive safeguarding and control of the competent authorities for the respective approval and oversight of the works to be carried out. All of which can also be subject to verification or challenge in the ordinary channels of legality or even through the amparo recourse if an injury to the fundamental rights of any affected person is verified. Note that above emphasis was placed on the phrase “such as,” which demonstrates – in my opinion – that the norm lists some examples of works that, in each case, must be evaluated so that they are effectively low impact for the environment and, specifically, for the zone intended to be safeguarded to, in turn, protect water resources.

In accordance with the foregoing, as this is not a generic authorization for those works to be built, a technical study justifying the legislative initiative is not required. In contrast, that technical study is required to support the decision of evaluating a specific petition and resolving whether it qualifies as low impact.

Anamari Garro V.

FILE (EXPEDIENTE) N° 23-002032-0007-CO

Phones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

Observations from SALA CONSTITUCIONAL

voted with ballot

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:12:18.

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