Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Sobre el tema de ejecución de sentencias debe recordarse que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento efectivo de lo estrictamente ordenado en la sentencia. Su ámbito se circunscribe a verificar si la autoridad obligada ha desatendido concreta y directamente el mandato emitido por este Tribunal. No constituye un mecanismo para conocer hechos nuevos ni para examinar situaciones sobrevinientes que, aunque guarden relación temática con lo resuelto, se sustenten en circunstancias posteriores.
Del análisis de la documentación aportada por la propia recurrente se desprende que las actuaciones que describe son recientes (...); se refieren a nuevas denuncias administrativas por contaminación sónica, actividades ilegales sin uso de patentes, inseguridad por consumo de alcohol y otras sustancias, gritos y disturbios en la vía pública, relacionadas con hechos actuales y con dinámicas que, aunque vinculadas al mismo tipo de problemática ambiental, no pueden identificarse, sin más, como el incumplimiento directo e inmediato de lo ordenado en el año 2021.
En este caso, al advertirse que los hechos expuestos por la parte promovente se sustentan en circunstancias posteriores y distintas a las valoradas en la sentencia de 2021, no resulta jurídicamente procedente tener por configurada una desobediencia a lo ordenado entonces.
English (translation)Regarding the enforcement of judgments, it must be recalled that its purpose is to ensure effective compliance with what was strictly ordered in the judgment. Its scope is limited to verifying whether the obligated authority has specifically and directly disregarded the order issued by this Court. It is not a mechanism for hearing new facts or for examining supervening situations that, although thematically related to the decision, are based on subsequent circumstances.
From the analysis of the documentation provided by the petitioner herself, it appears that the actions she describes are recent (...); they refer to new administrative complaints for noise pollution, illegal activities without licenses, insecurity due to alcohol and other substance consumption, shouting and disturbances on public roads, related to current facts and dynamics that, although linked to the same type of environmental problem, cannot be identified, without more, as the direct and immediate noncompliance with what was ordered in 2021.
In this case, since it is noted that the facts set forth by the movant are based on circumstances subsequent and different from those considered in the 2021 judgment, it is not legally appropriate to deem a noncompliance with what was then ordered.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 05749 - 2026 Fecha de la Resolución: 17 de Febrero del 2026 a las 09:35 Expediente: 21-012199-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 21-012199-0007-CO Res. Nº 2026005749 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiseis . Gestión posterior planteada por Nombre01, en relación con la sentencia nro. 2021-017811 de las 9:20 horas del 13 de agosto de 2021. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 10:26 horas del 12 de febrero de 2026, la recurrente plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia nro. 2021-017811 de las 9:20 horas del 13 de agosto de 2021. 2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- En la sentencia nro 2021-017811 de las 9:20 horas del 13 de agosto de 2021, esta Sala ordenó: “Se declara con lugar el recurso, en relación con los ruidos, y denuncias por máquinas clandestinas tragamonedas y consumo de licos en vía pública. Se ordena a Roberto Alpízar Luna, en su condición de Alcalde de Alajuelita, y a Ricardo Ocampo Salas, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Alajuelita, o a quienes ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en el plazo no mayor a un mes contados a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan de manera definitiva las denuncias de la recurrente. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y la Municipalidad de Alajuelita al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.”. Tal resolución fue notificada a las partes recurridas por correo electrónico el 12 de octubre de 2021. II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, la recurrente plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia nro 2021017811 de las 9:20 horas del 13 de agosto de 2021. Al respecto, se recuerda que lo ordenado por la Sala fue: “que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en el plazo no mayor a un mes contados a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan de manera definitiva las denuncias de la recurrente.”. De importancia para la resolución del presente asunto, esta Sala toma en cuenta que la gestionante formula nueva gestión de desobediencia respecto de la sentencia nro 2021017811 de las 9:20 horas del 13 de agosto de 2021, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por contaminación sónica y se ordenó a las autoridades recurridas adoptar las medidas necesarias para brindar una respuesta definitiva al problema denunciado. Sostiene un año y tres meses después de la última resolución interlocutoria 2024033861 de las 9:20 horas del 15 de noviembre de 2024, que se declaró ha lugar, que lo resuelto no ha sido aún ejecutado y que la situación persiste en la actualidad. Sobre el tema de ejecución de sentencias debe recordarse que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento efectivo de lo estrictamente ordenado en la sentencia. Su ámbito se circunscribe a verificar si la autoridad obligada ha desatendido concreta y directamente el mandato emitido por este Tribunal. No constituye un mecanismo para conocer hechos nuevos ni para examinar situaciones sobrevinientes que, aunque guarden relación temática con lo resuelto, se sustenten en circunstancias posteriores. Del análisis de la documentación aportada por la propia recurrente se desprende que las actuaciones que describe son recientes (véase escrito de 10 de febrero de 2026 dirigido al Ministerio de Salud de Alajuelita, que indica “no la reciben por ser colectiva, indican que no puede ser colectiva 12/2/2026" y escrito de 10 de febrero de 2026 dirigido a la Municipalidad de Alajuelita, con fecha de recibido de 12/02/26); se refieren a nuevas denuncias administrativas por contaminación sónica, actividades ilegales sin uso de patentes, inseguridad por consumo de alcohol y otras sustancias, gritos y disturbios en la vía pública, relacionadas con hechos actuales y con dinámicas que, aunque vinculadas al mismo tipo de problemática ambiental, no pueden identificarse, sin más, como el incumplimiento directo e inmediato de lo ordenado en el año 2021. III.- CONCLUSIÓN. En este caso, al advertirse que los hechos expuestos por la parte promovente se sustentan en circunstancias posteriores y distintas a las valoradas en la sentencia de 2021, no resulta jurídicamente procedente tener por configurada una desobediencia a lo ordenado entonces. Como consecuencia procede tramitarlo como asunto nuevo. POR TANTO: No ha lugar a la gestión. Desglósese el escrito y documentos adjuntos incorporados al expediente digital a las a las 10:26 horas del 12 de febrero de 2026, para que sea tramitado como un asunto nuevo. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- B6BKXY8PGUQ61 EXPEDIENTE N° 21-012199-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:49:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five hours on the seventeenth of February, two thousand twenty-six. Subsequent petition filed by Nombre01, in relation to judgment no. 2021-017811 of 9:20 hours on August 13, 2021. Whereas: 1.- By writing incorporated into the electronic case file at 10:26 hours on February 12, 2026, the petitioner files a disobedience petition in relation to judgment no. 2021-017811 of 9:20 hours on August 13, 2021. 2.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed. Drafted by Magistrate Cruz Castro; and, Considering: I.- In judgment no. 2021-017811 of 9:20 hours on August 13, 2021, this Chamber ordered: “The amparo is granted, with respect to the noises, and complaints regarding clandestine slot machines and consumption of liquor on public roads. Roberto Alpízar Luna, in his capacity as Mayor of Alajuelita, and Ricardo Ocampo Salas, in his capacity as Director of the Governing Health Area of Alajuelita, or whoever holds those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that, within a period not exceeding one month from the notification of this judgment, they definitively resolve the petitioner's complaints. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Alajuelita are ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated in execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction. As for the rest, the amparo is dismissed. Let it be notified.” Said resolution was notified to the respondent parties by email on October 12, 2021. II.- REGARDING THE PETITION FILED. In this case, the petitioner files a disobedience petition in relation to judgment no. 2021017811 of 9:20 hours on August 13, 2021. In this regard, it is recalled that what was ordered by the Chamber was: “to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that, within a period not exceeding one month from the notification of this judgment, they definitively resolve the petitioner's complaints.” Of importance for the resolution of the present matter, this Chamber notes that the petitioner files a new disobedience petition regarding judgment no. 2021017811 of 9:20 hours on August 13, 2021, by which the amparo filed for noise pollution (contaminación sónica) was granted and the respondent authorities were ordered to adopt the necessary measures to provide a definitive response to the problem reported. She argues, one year and three months after the last interlocutory resolution 2024033861 of 9:20 hours on November 15, 2024, which was declared with merit, that the ruling has not yet been executed and that the situation persists currently. Regarding the issue of execution of judgments, it must be remembered that its purpose is to ensure effective compliance with what was strictly ordered in the judgment. Its scope is limited to verifying whether the obligated authority has concretely and directly disregarded the mandate issued by this Court. It does not constitute a mechanism to hear new facts or to examine supervening situations that, although thematically related to the ruling, are based on subsequent circumstances. From the analysis of the documentation provided by the petitioner herself, it appears that the actions she describes are recent (see writing of February 10, 2026, addressed to the Ministry of Health of Alajuelita, which states “they do not receive it because it is collective, they indicate that it cannot be collective 12/2/2026” and writing of February 10, 2026, addressed to the Municipality of Alajuelita, with a receipt date of 12/02/26); they refer to new administrative complaints for noise pollution (contaminación sónica), illegal activities without the use of licenses, insecurity due to alcohol consumption and other substances, shouting, and disturbances on public roads, related to current facts and dynamics that, although linked to the same type of environmental problem, cannot be identified, without more, as the direct and immediate non-compliance with what was ordered in the year 2021. III.- CONCLUSION. In this case, upon noting that the facts set forth by the petitioner are based on circumstances subsequent to and different from those assessed in the 2021 judgment, it is not legally appropriate to consider a disobedience to what was ordered then as established. Consequently, it must be processed as a new matter. THEREFORE: The petition is dismissed. The writing and attached documents incorporated into the digital case file at 10:26 hours on February 12, 2026, shall be detached, to be processed as a new matter. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Document Digitally Signed -- Verification code -- B6BKXY8PGUQ61 FILE No. 21-012199-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-07-2026 15:49:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República