Res. 06212-2026 Sala Constitucional — Water supply in informal settlement affected by illegal connectionsSuministro de agua en asentamiento informal afectado por conexiones ilícitas

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06212 - 2026

Fecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2026 a las 09:30

Expediente: 25-039469-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-039469-0007-CO

Res. Nº 2026006212

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número CED01, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, Nombre02, número de identificación CED03, Nombre03, número de identificación CED04, Nombre04, número de identificación CED05 y Nombre05, cédula de identidad CED06, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA).

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 08:02 horas del 18 de diciembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el AyA. Manifiesta que son vecinas del Dirección01 en Liberia, Guanacaste desde hace más de 19 años, y son integrantes de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras y Bienestar Social Martina Bustos. La comunidad de Martina Bustos en Liberia está conformada por más de dos mil familias, en su mayoría personas en estado de vulnerabilidad, familias numerosas, personas menores de edad, personas adultas mayores y habitantes que son pacientes dializados. En dicha comunidad hay doce pajas de agua públicas, ubicadas sobre la calle principal, cada 200 metros. Agregan que el Dirección02 colinda con Martina Bustos, y la “capacidad técnica para suministrar el abastecimiento de agua potable es innegable”. Que hace aproximadamente 5 años el AyA instaló el sistema de tuberías por las intercalles (alamedas) del asentamiento Martina Bustos, colocó hidrantes y posteriormente los cubrieron con concreto, sin previo aviso ni coordinación con la Asociación de Desarrollo, dejando las calles en parte abiertas y en parte impermeabilizadas con concreto. Que en el transcurso de año 2025 “(…) no tuvimos problemas de suministro de agua potable, ya que se realizó un movimiento popular en marzo, como medida de presión. A partir de ese momento y hasta hacer cerca de 1 mes. En ese momento, lo que generó el suministro y presión suficiente para abastecimiento de agua fue el movimiento social y los acuerdos en la mesa de trabajo con el Alcalde Municipal, la Presidenta Ejecutiva de AyA y director regional Nombre06 y representantes del Ministerio de Seguridad Pública. 8. Es claro entonces que el problema de la presión para el suministro de agua desde los diversos tanques de AyA hacia nuestra comunidad, no es por las conexiones ilegales o ramales, ya que entonces el suministro era en verano y esa es la época seca y siempre hubo abastecimiento. 9. La negativa de brindar presión y el motivo de la acción de amparo, es que en Martina Bustos hay 3 sectores con problemática de suministro de agua diferente. PARTE BAJA. · Sector de la entrada principal: Cuenta con 1 toma pública. Tiene agua de forma intermitentemente en la toma pública y llega con muy poca presión. Desde hace cerca de 15 días el agua ha venido escaseando. Por ejemplo, el día de ayer, no hubo agua del todo. · Sector de la segunda entrada: Cuenta con 1 toma pública no cuenta con suministro de agua con presión que permita abastecer en la zona pública. Durante el día no se cuenta con agua. Normalmente llega de 12 medianoche a 3 am. PARTE MEDIA. · Sector de la tercera y cuarta entrada: Cuenta con 1 toma pública cada entrada no cuenta con suministro de agua desde hace 1 mes. Los vecinos para contar con agua, se traslada a la Segunda entrada. · Sector de la quinta y sexta entrada. Cuentan con 1 toma pública cada una y no hay agua. Se muestran las fotografías de niños y adultos que van a buscar agua sin éxito. PARTE ALTA. No llega agua desde hace cerca de 1 mes y medio. La comunidad desesperada ha iniciado movimientos sociales, huelgas y no han obtenido solución. 10. Cuando se hizo una gestión grupal desesperada el 12 de noviembre de 2025 ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se recibió como respuesta por parte de la Unidad Cantonal RCH-Liberia, con fecha 18 de noviembre del 2025, el oficio No. GSP-RCH-CL-2025-00948, de la cual se extrae que el citado instituto, no sólo tiene capacidad de suministro de recurso hídrico, sino que las únicas situaciones que se apuntan como causantes de la falta de presión se encuentra en que "en varias ocasiones el tanque que abastece el sector ha presentado niveles muy bajos". Sin embargo, en diversas oportunidades que han generado recursos de amparo que ya constan en sus registros, el instituto demandado ha indicado que el suministro de agua potable ha indicado que existen 3 tanques con capacidad de brindar el suministro de agua potable, pero los caudales y distribución no se garantizan con el inminente riesgo y peligro para la población de niños y adultos mayores, así como de enfermos que depende del suministro de agua. Incluso la situación lleva a que tengamos que pagar por día de 12 a 15 mil colones en transporte, para poder ir a recoger agua desde Dirección02, ya que en esa comunidad hay tomas públicas cerca de la plaza y de la iglesia. Así las cosas, solicitamos se obligue al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Mantener la presión para que podamos acceder al suministro de agua en las tomas públicas, de forma constante, para facilitar el derecho a la salud. (…)”. Solicita se obligue al AyA a mantener la presión suficiente para acceder al suministro de agua en las tomas públicas de forma constante, garantizando el derecho a la salud. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de Presidencia de las 09:23 horas del 15 de enero de 2026, se dio curso al presente proceso y se le dio traslado al DIRECTOR DE LA REGIÓN Nombre06 Y EL JEFE DE LA UNIDAD CANTONAL RCH-LIBERIA, AMBOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 19:06 horas del 22 de enero de 2026, informa bajo juramento Jenner Gerardo Castrillo Ramírez, en su condición de Director Regional, y Wander Cubero Hurtado, en su calidad de Jefe Cantonal de Liberia, ambos del AyA, que el sector conocido como Martina Bustos, ubicado en el cantón de Liberia, corresponde a un asentamiento informal desarrollado sin un proceso formal de urbanización, sin títulos individuales regularizados y sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios requeridos para la dotación de servicios públicos domiciliarios como lo es el servicio de agua potable. Esta condición fue conocida por el AyA desde etapas tempranas del crecimiento del asentamiento, lo que determinó que la Institución no pudiera otorgar servicios formales de agua potable, conforme al marco normativo vigente. No obstante, atendiendo criterios de salud pública y a la naturaleza del derecho humano al agua, el AyA implementó como medida excepcional y paliativa el abastecimiento de agua potable mediante 12 fuentes públicas, dejando claramente establecido que dichas fuentes no constituyen un servicio permanente ni equiparable a una conexión domiciliar, sino una solución temporal condicionada a la situación irregular del asentamiento…”. En complemento a lo transcrito el informe sigue señalando a lo que nos interesa. En este sentido, desde el año 2020 se advertía no solo la existencia de una afectación técnica creciente, sino también las limitaciones operativas de la Unidad Cantonal para recuperar el control del sistema bajo las condiciones existentes, situación que, lejos de resolverse, se agravó progresivamente en los años posteriores. Este informe marca así un punto de inflexión, al evidenciar que la problemática trasciende el ámbito local del asentamiento y compromete la integridad del sistema de distribución, así como la capacidad real de gestión operativa del prestador del servicio sin una intervención institucional de mayor alcance. Reiteración técnica de la causa estructural: conexiones ilícitas (2021–2022) Durante los años 2021 y 2022, el AyA emitió múltiples informes técnicos que reiteran y profundizan el diagnóstico inicial. El informe GSP-RCH-CL-2021-00523, de fecha 23 de mayo de 2021, señala que: • Existe pérdida de control operativo de la infraestructura que atraviesa el asentamiento informal, ante la imposibilidad o competencia para intervenir. • El tanque que abastece el sector no logra recuperar niveles adecuados debido a las conexiones irregulares al sistema de agua potable. • Al eliminar conexiones ilícitas en coordinación con la Fuerza Pública como garante de la integridad física de los funcionarios de AyA- de manera temporal, se evidencia una mejora inmediata en la recuperación de niveles y en la presión, tanto en Martina Bustos como en Nazareth y otros sectores. • Riesgo y amenazas a la integridad física de funcionarios de AyA ante las intervenciones ejecutadas. • Ante la compleja situación la Unidad Cantonal de Liberia coordinó a nivel local lo correspondiente a sus posibilidades y competencias en búsqueda de una atención integral del caso. • Asimismo, la Unidad Cantonal de Liberia atendió de forma oportuna cada una de las gestiones presentadas por las personas que interesadas. Seguidamente por medio de la resolución GSP-RCH-CL-2022-00570 notificada en fecha del 13 de julio de 2022, se procedió aclararles a los sujetos involucrados en el asunto en concreto de forma amplia las condiciones y requisitos de acuerdo con la normativa vigente para solicitar un servicio de disponibilidad de agua potable, esto con el fin de satisfacer sus necesidades de abastecimiento intradomiciliar de agua potable…”. Como se evidencia en lo descrito en el informe GSP-RCH-CL-2026-00047, queda claro que el Instituto desconoce por cuanto no es su competencia las condiciones que dieron origen a la conformación del Asentamiento Martina Bustos, desarrollado sin un proceso formal de urbanización y en el cual no existió una aprobación previa de la certificación de disponibilidad de agua potable por parte de AyA, incumpliendo con lo señalado en la Ley Constitutiva de AyA No. 2726 en su artículo 21, concordante con el artículo 308, 310, 313 inciso 8 apartado a), b), c) de la Ley de Salud No. 5395, artículo 36 de la ley de Planificación Urbana. Que como bien se demuestra el asentamiento de Martina Bustos claramente no es una urbanización formal pero el Instituto en apego a criterios de salud pública y a la naturaleza del derecho humano al agua, implementó como medida excepcional el abastecimiento de agua potable mediante 12 fuentes públicas, dejando claro que dichas fuentes no constituyen un servicio permanente ni equiparable a una conexión domiciliar, sino una solución temporal. Que en cuanto a los alegatos de los recurrentes sobre la colindancia con Dirección02 y supuesta “capacidad técnica innegable” efectivamente existe una colindancia geográfica entre ambos sectores, no obstante no constituye por sí mismo un indicador de viabilidad técnica ni garantiza condiciones hidráulicas equivalentes, máxime cuando la infraestructura de distribución que atraviesa el asentamiento informal Martina Bustos ha sido reiteradamente vulnerada, alterando de forma sustantiva el comportamiento del sistema, resultado de conexiones ilícitas, perforaciones directas y derivaciones no autorizadas, generando pérdidas significativas del caudal y caídas de presión que afectan el equilibrio hidráulico del sistema, comprometiendo incluso el abastecimiento de sectores donde se ubican usuarios formales de AyA colindantes como Nazareth, Corazón de Jesús y Almendrales todos del cantón de Liberia. Que los recurrentes alegan que para un lapso de cinco años, el Instituto realizó intervenciones en el asentamiento informal Martina Bustos, tales como instalación de tuberías, hidrantes y otras obras, sobre este alegato es importante resaltar que AyA en ejercicio de su rol de rector y operador de los servicios de agua potable y saneamiento, y por medio de la cooperación internacional con UNOPS, desarrolló los proyectos Liberia I y Liberia II, y con una inversión sumamente importante se construyeron obras de mejora para toda la población de la ciudad de Liberia, incluyendo mejoras en el sector del asentamiento informal Martina Bustos como las que indican en su escrito, sin embargo, ante la ocupación irregular de los inmuebles de las 2000 mil familia en apariencia, ante la falta del cumplimiento de los requisitos debidamente establecidos en el bloque de legalidad aplicable, AyA se ve imposibilitada para habilitar la instalación de nuevos servicios de agua permanentes. AyA de forma diligente y en ejercicio de sus competencias ha procurado generar las condiciones necesarias para la normalización de las condiciones de este asentamiento, sin que esto se haya podido materializar por razones de incumplimiento en la normativa existente en el país y que esta fuera del ámbito de control de AyA. Por otro lado no se omite en destacar que las intervenciones ejecutadas en procura de la normalización de las condiciones y operación del sistema de agua potable en el sector supra indicado, no se realizaron con la finalidad de la formalización de servicios domiciliares ni el reconocimiento de derechos adquiridos, sino que respondieron a la necesidad de mitigar riesgos operativos, proteger la infraestructura institucional y atender situaciones de emergencia, en un contexto de uso irregular reiterado de la red. Que conforme a lo descrito por los recurrentes sobre la diferencia en distintos sectores del suministro de agua en las fuentes públicas (parte baja, media y alta), es claro que la diferencia responde al comportamiento hidráulico alterado del sistema, producto de pérdidas no controladas y extracciones irregulares de agua potable a lo largo de la red que atraviesa el asentamiento. Asimismo en cuanto los niveles bajos del tanque constituyen precisamente una consecuencia directa del uso irregular de la infraestructura. En referencia a la situación bajo estudio es de vital importancia señalar lo que dispone la Ley Constitutiva de AyA No. 2726 en su artículo 21: “ARTICULO 21.- Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados. Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto. La infracción de este mandato ocasionará la nulidad de cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta prohibición teniéndose por legalmente inexistente la parcelación o el proyecto en su caso, con las consecuencias, en cuanto a terceros, que prevé el artículo 35 de la Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 de 15 de noviembre de 1968”. Por otro lado, dentro de las definiciones contenidas en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, publicado Diario Oficial La Gaceta Digital N°27, Alcance Nº29, martes 09 de febrero 2021, en sus artículos 08, 09, 14, 30, 31, 39 y 40, mismo que establecen: “Artículo 8.- De los servicios. AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre que cuente con factibilidad técnica y legal.[…] Artículo 9- De las condiciones técnicas para la prestación de los servicios. Es obligación del prestador de los servicios de agua potable y saneamiento brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona de cobertura donde está localizada la propiedad…”. “Artículo 14- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas, para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados en este reglamento Los servicios de agua potable y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA o inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de este reglamento. Lo anterior, siempre que existan redes del AyA en funcionamiento. Si la red pública no alcanza hasta el punto de conexión, el AyA en un plazo que no supere los 15 días propondrá al propietario o poseedor la construcción de una extensión de ramal u otros componentes del sistema hidráulico, en observancia de los requerimientos detallados por AyA en el artículo 39 de este reglamento mediante el estudio técnico respectivo. En casos muy calificados, especialmente por condiciones socioeconómicas y de riesgo sanitario, de conformidad con las disposiciones que emita el AyA, podrá realizar la extensión de ramal y/u otros componentes hidráulicos, a fin de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento en su dimensión de derecho humano y en acatamiento a su obligación legal de garantizar la prestación de los servicios en todo el territorio nacional. La calificación especial deberá ser debidamente fundamentada por las Subgerencias Operativas de Gestión de Sistemas GAM y Periféricos o por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, según corresponda, mediante una resolución administrativa, la cual será emitida en un plazo de 20 días hábiles, a partir de generada la solicitud. […] Artículo 30- De los requisitos de admisibilidad y condiciones para la solicitud de la constancia de disponibilidad de servicios. La solicitud de la constancia de disponibilidad de servicios debe realizarla el propietario del inmueble o su representante legal, conforme lo dispone el artículo 15 de este Reglamento, ante las plataformas físicas digitales o virtuales que le ofrezca el prestador del servicio público. Para tales efectos se deben presentar de forma física o digital, los siguientes requisitos: a) Formulario de solicitud proporcionado por AyA, física o digitalmente disponible en la página WEB de AyA y en la plataforma APC-R, completo y firmado por el propietario registral, poseedor, representante o autorizado legal, de acuerdo con la forma de presentación, en donde se indicará el propósito de la disponibilidad y una descripción detallada del proyecto. b) Presentación de documento de identificación del propietario del inmueble o su representante legal. AyA eximirá al solicitante de la presentación de este requisito al contar con la factibilidad tecnológica para su verificación. De acuerdo con la verificación de las condiciones necesarias para la aprobación de los servicios indicada de manera general en el artículo 15 de este Reglamento, le corresponde a AyA verificar los requisitos ahí desglosados, así como las condiciones generales ahí establecidas para todos los trámites. Artículo 31- De la solicitud de la constancia de disponibilidad de servicios para inmuebles registrados en derechos, fraccionamientos o urbanizaciones. Además de lo previsto en los artículos 15 y 30 de este reglamento, para el caso de inmuebles registrados en derechos la solicitud podrá realizarla el copropietario que pretenda acceder al servicio, sin que sea necesaria la autorización, ni presentación de documentos de identificación de los demás titulares de los derechos restantes y presentación de plano catastrado. En caso de que la propiedad no cuente con plano catastrado, deberá presentar un plano de agrimensura que cumpla con lo estipulado en el Artículo 2 inciso q) del Reglamento de la Ley de Catastro Nacional vigente y el correspondiente sello del CFIA conforme a lo dispuesto en el Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de Topografía (APT) del CFIA vigente y sus reformas o las normativas que los sustituya. Cuando la solicitud refiera a proyectos de urbanización o fraccionamiento tipificados en el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU el solicitante deberá indicar expresamente el número de servicios solicitados y la tipología de proyecto para el cual se gestiona la constancia de disponibilidad de servicios. En el caso de estar la propiedad en derechos el solicitante deberá aportar el plano catastrado o el plano de agrimensura que describa la localización del derecho. […] Artículo 39- De la emisión de la constancia de capacidad hídrica y/o de recolección y tratamiento. Cuando AyA emita una Constancia de Disponibilidad de Servicios de forma negativa, únicamente por carencia de capacidad hidráulica (infraestructura), se adjuntará a ella una constancia de capacidad hídrica y/o de recolección y tratamiento, la cual será emitida por las Subgerencias Operativas de Gestión de Sistemas o por la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, según corresponda. En cuanto a solicitudes que realicen terceros de buena fe que reciban la prestación del servicio por parte de otro tipo de operador no legalizado, se aplicará lo establecido en el artículo 46 del presente reglamento. Corresponderá a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados emitir las constancias para las ASADAS que no cuenten con Convenio de Delegación o tengan la personería vencida. En esta constancia se detallarán los requerimientos técnicos correspondientes a la construcción de las obras de infraestructura primarias de agua potable y/o alcantarillado sanitario. Estas obras de infraestructura deberán ser aprobadas, construidas y recibidas de acuerdo con las indicaciones del AyA conforme a la Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial y sus eventuales reformas a fin de habilitar la disponibilidad del o de los servicios. Artículo 40- De los alcances de la constancia de capacidad hídrica y capacidad de recolección y tratamiento. La Constancia de Capacidad Hídrica y/o de Recolección y Tratamiento permite únicamente gestionar ante las diferentes instancias estatales la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarias para la construcción de las obras primarias de acueducto y/o recolección y tratamiento por parte del desarrollador, a fin de generar la disponibilidad de servicios para el proyecto inmobiliario. En ese sentido con dicha constancia se podrá incorporar como requisito documental en el APC para la aprobación de los planos constructivos por parte de las Instituciones revisoras y gestiones ante la Municipalidad respectiva para la aprobación de los planos constructivos del anteproyecto o del proyecto y en SETENA para la obtención de la viabilidad ambiental del proyecto. Cuando el desarrollador opte por tramitar la aprobación del proyecto privado en conjunto con la infraestructura primaria de agua potable y/o saneamiento cuya anuencia a construir manifestó formalmente mediante la carta de consentimiento ante AyA, deberá suscribir el Compromiso para la Construcción de Infraestructura y Obras Primarias descrito en el artículo 42 de este reglamento. En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargado de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (véase las resoluciones Nº 2006-014218 de las quince horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y Nº 2007- 11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de agosto del dos mil siete). Bajo dicha premisa, es claro que a la fecha de traslado de este recurso, los recurrentes, amparados o vecinos del Asentamiento Informal Martina Bustos, no han ejecutado acciones en relación a la presentación de un Proyecto de Desarrollo Urbanístico de forma integral; actuación que limita el análisis para futuros servicios de disponibilidad de agua. En consecuencia, resulta importante referirnos a lo que los recurrentes pretenden que este instituto les brinde el servicio de agua potable e incumpla con lo requerido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA N°2726, concordado con los artículos 38, 57 y 58 de la Ley de Planificación Urbana N°4240 y artículos 308, 309, 310, 311, 312 y 313 de la Ley General de Salud N°5395. Como se deriva de las consideraciones anteriores, queda claro que la oficina Cantonal de la Liberia de AyA nunca ha denegado el servicio de suministro de agua a los recurrentes de una manera arbitraria o imponiendo se les ha informado ampliamente como proceder así como la documentación a presentar requisitos fundamentales para iniciar los estudios técnicos y legales correspondientes en los inmuebles y seguidamente brindar los servicios solicitados todo conforme a la normativa que nos cobija sin embargo a la fecha de la presentación del Recurso de Amparo el instituto no cuenta con lo requerido por parte de los habitantes del asentamiento supra indicado para iniciar el trámite esto con el fin de asegurar el acceso al agua potable como derecho humano para los recurrentes. Que en cuanto a la fuente pública para el abastecimiento del Asentamiento Informal, es preciso indicar que conforme a la normativa existente solo es procedente cuando se tramita la suspensión de los servicios por morosidad, a usuarios pertenecientes al Instituto esto conforme al Reglamento de Prestación de Servicio AyA en su Artículo 110 que cita: Artículo 110- De la instalación de la fuente pública. AyA instalará una fuente pública, en el caso de servicios con tarifa domiciliar, que sean suspendidos por morosidad, la cual debe ubicarse a una distancia máxima de 200 metros, excepto cuando la fuente abastezca un inmueble en el que habite una persona en condición de discapacidad o adulto mayor, en cuyo caso debe instalarse al frente del inmueble. También se colocarán fuentes públicas para la atención de necesidades de aseo y salud con el fin de evitar la propagación de pandemias, epidemias y enfermedades.” Mas, sin embargo, el Asentamiento informal de Martina Bustos cuenta con 12 fuentes públicas. Que debe quedar claro que la instalación de fuentes públicas para viviendas y/o caseríos construidos de manera irregular compromete y afecta la cantidad y continuidad de prestación del servicio para los clientes activos actuales, por ende, se podrían generar problemas de salud para la población del Cantón en General, lo cual contraviene el artículo 267 de la Ley General de la Salud. Asimismo, es relevante recalcar que el proceso de producción de agua potable, almacenamiento, distribución, comercialización, recolección y tratamiento, conlleva un costo económico, mismo que es costeado por la Institución mediante la fijación de tarifas y la administración de los ingresos adquiridos. Queda de acuerdo a lo descrito en este informe y con las evidencias las cuales se adjunta para la comprobación correspondiente queda debidamente acreditado, que lo actuado por AyA, ha sido en estricto apego y observancia con las posibilidades técnicas y jurídicas establecidas en el marco constitucional por el principio de legalidad, que imposibilita otorgar los servicios solicitados, dado que a la fecha no se cuenta con las solicitudes formales así como la documentación legal correspondiente en cuanto a los requisitos establecidos en el cumplimiento y en atención a lo dispuesto en la Ley Constitutiva de AyA, y su Reglamento vigente de Prestación de Servicio AyA, de momento hemos implementado lo materialmente posible, que la documentación analizada se desprende con claridad que estas irregularidades no impactan únicamente al asentamiento informal Martina Bustos, sino que comprometen el equilibrio operativo del sistema de distribución en su conjunto, poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio en sectores formales colindantes, tales como Nazareth, Corazón de Jesús, Almendrales y otras zonas aledañas, cuyos servicios han sido otorgados conforme a la normativa vigente y cuyos usuarios ostentan la condición de usuarios formales del servicio, por lo que sus derechos también deben ser tutelados por el prestador. Es relevante destacar que AyA procura, valora y pondera en este caso, el bienestar del interés general sobre el interés particular de las comunidades. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:  

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente indica que son vecinos del Dirección01 en Liberia, Guanacaste desde hace más de 19 años, y son integrantes de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras y Bienestar Social Martina Bustos. Acusan que hace aproximadamente 5 años el AyA instaló el sistema de tuberías por las alamedas del asentamiento Martina Bustos, colocó hidrantes y posteriormente los cubrieron con concreto, sin previo aviso ni coordinación con la asociación de desarrollo. Agregan que en la localidad de Martina Bustos hay 3 sectores con problemática de suministro de agua, pues desde hace cerca de 15 días el agua ha venido escaseando, siendo que durante la noche no cuentan. Alegan que el pasado 12 de noviembre de 2025 se hizo una gestión ante el AyA y lo que se les dijo fue que las únicas situaciones que se apuntan como causantes de la falta de presión se encuentra en que "en varias ocasiones el tanque que abastece el sector ha presentado niveles muy bajos". Solicitan se obligue al AyA a mantener la presión suficiente para acceder al suministro de agua en las tomas públicas que existen en el barrio, de forma constante.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:   

a)   El sector conocido como Martina Bustos, ubicado en el cantón de Liberia, corresponde a un asentamiento informal desarrollado sin un proceso formal de urbanización, sin títulos individuales regularizados y sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios requeridos para la dotación de servicios públicos domiciliarios como lo es el servicio de agua potable (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

b)   El AyA no pudo otorgar servicios formales de agua potable, conforme al marco normativo vigente, debido a la condición irregular del asentamiento (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

c)    El AyA implementó, como medida excepcional y paliativa, el abastecimiento de agua potable mediante 12 fuentes públicas, dejando claramente establecido que dichas fuentes no constituyen un servicio permanente ni equiparable a una conexión domiciliar, sino una solución temporal condicionada a la situación irregular del asentamiento (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

d)   Desde el año 2020 se advirtió no solo la existencia de una afectación técnica creciente, sino también las limitaciones operativas de la Unidad Cantonal para recuperar el control del sistema bajo las condiciones existentes (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

e)    El informe N° GSP-RCH-CL-2021-00523, de fecha 23 de mayo de 2021, señala que: • Existe pérdida de control operativo de la infraestructura que atraviesa el asentamiento informal, ante la imposibilidad o competencia para intervenir. • El tanque que abastece el sector no logra recuperar niveles adecuados debido a las conexiones irregulares al sistema de agua potable. • Al eliminar conexiones ilícitas en coordinación con la Fuerza Pública como garante de la integridad física de los funcionarios de AyA- de manera temporal, se evidencia una mejora inmediata en la recuperación de niveles y en la presión, tanto en Martina Bustos como en Nazareth y otros sectores (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

f)     La infraestructura de distribución que atraviesa el asentamiento informal Martina Bustos ha sido reiteradamente vulnerada, alterando de forma sustantiva el comportamiento del sistema, resultado de conexiones ilícitas, perforaciones directas y derivaciones no autorizadas, generando pérdidas significativas del caudal y caídas de presión que afectan el equilibrio hidráulico del sistema (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

g)   El AyA, por medio de la cooperación internacional con UNOPS, desarrolló los proyectos Liberia I y Liberia II, y con una inversión importante se construyeron obras de mejora para toda la población de la ciudad de Liberia, incluyendo mejoras en el sector del asentamiento informal Martina Bustos (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

h)   Ante la ocupación irregular de los inmuebles, y ante la falta del cumplimiento de los requisitos debidamente establecidos en el bloque de legalidad aplicable, el AyA se ve imposibilitada para habilitar la instalación de nuevos servicios de agua permanentes (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

i)     En cuanto a los niveles bajos del tanque, constituyen una consecuencia directa del uso irregular de la infraestructura (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

j)     Los amparados, vecinos del Asentamiento Informal Martina Bustos, no han ejecutado acciones en relación con la presentación de un Proyecto de Desarrollo Urbanístico de forma integral, actuación que limita el análisis para futuros servicios de disponibilidad de agua por parte del AyA (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

k)   La oficina Cantonal de la Liberia de AyA nunca ha denegado el servicio de suministro de agua a los recurrentes de una manera arbitraria (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

l)     El Asentamiento informal de Martina Bustos cuenta con 12 fuentes públicas (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

m)La instalación de fuentes públicas para viviendas y/o caseríos construidos de manera irregular compromete y afecta la cantidad y continuidad de prestación del servicio para los clientes activos actuales (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

n)   Las irregularidades no impactan únicamente al asentamiento informal Martina Bustos, sino que comprometen el equilibrio operativo del sistema de distribución en su conjunto, poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio en sectores formales colindantes, tales como Nazareth, Corazón de Jesús, Almendrales y otras zonas aledañas, cuyos servicios han sido otorgados conforme a la normativa vigente y cuyos usuarios ostentan la condición de usuarios formales del servicio (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Este Tribunal ha dispuesto, en otros asuntos similares, que como parte del Derecho de la Constitución existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, siendo que específicamente en Sentencia N° 2003-4654 de las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de mayo de dos mil tres, se dispuso, en lo conducente: “V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo (…)”.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la parte recurrente aduce que son vecinos del Dirección01 en Liberia, Guanacaste desde hace más de 19 años, y son integrantes de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras y Bienestar Social Martina Bustos. Acusan que hace aproximadamente 5 años el AyA instaló el sistema de tuberías por las alamedas del asentamiento Martina Bustos, colocó hidrantes y posteriormente los cubrieron con concreto, sin previo aviso ni coordinación con la asociación de desarrollo. Agregan que en la localidad de Martina Bustos hay 3 sectores con problemática de suministro de agua, pues desde hace cerca de 15 días el agua ha venido escaseando, siendo que durante la noche no cuentan. Alegan que el pasado 12 de noviembre de 2025 se hizo una gestión ante el AyA y lo que se les dijo fue que las únicas situaciones que se apuntan como causantes de la falta de presión se encuentra en que "en varias ocasiones el tanque que abastece el sector ha presentado niveles muy bajos". Solicitan se obligue al AyA a mantener la presión suficiente para acceder al suministro de agua en las tomas públicas que existen en el barrio, de forma constante. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que el sector conocido como Martina Bustos, ubicado en el cantón de Liberia, corresponde a un asentamiento informal desarrollado sin un proceso formal de urbanización, sin títulos individuales regularizados y sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios requeridos para la dotación de servicios públicos domiciliarios como lo es el servicio de agua potable. El AyA no pudo otorgar servicios formales de agua potable, conforme al marco normativo vigente, debido a la condición irregular del asentamiento. El AyA implementó, como medida excepcional y paliativa, el abastecimiento de agua potable mediante 12 fuentes públicas, dejando claramente establecido que dichas fuentes no constituyen un servicio permanente ni equiparable a una conexión domiciliar, sino una solución temporal condicionada a la situación irregular del asentamiento. Desde el año 2020 se advirtió no solo la existencia de una afectación técnica creciente, sino también las limitaciones operativas de la Unidad Cantonal para recuperar el control del sistema bajo las condiciones existentes. El informe N° GSP-RCH-CL-2021-00523, de fecha 23 de mayo de 2021, señala que: • Existe pérdida de control operativo de la infraestructura que atraviesa el asentamiento informal, ante la imposibilidad o competencia para intervenir. • El tanque que abastece el sector no logra recuperar niveles adecuados debido a las conexiones irregulares al sistema de agua potable. • Al eliminar conexiones ilícitas en coordinación con la Fuerza Pública como garante de la integridad física de los funcionarios de AyA- de manera temporal, se evidencia una mejora inmediata en la recuperación de niveles y en la presión, tanto en Martina Bustos como en Nazareth y otros sectores. La infraestructura de distribución que atraviesa el asentamiento informal Martina Bustos ha sido reiteradamente vulnerada, alterando de forma sustantiva el comportamiento del sistema, resultado de conexiones ilícitas, perforaciones directas y derivaciones no autorizadas, generando pérdidas significativas del caudal y caídas de presión que afectan el equilibrio hidráulico del sistema. El AyA, por medio de la cooperación internacional con UNOPS, desarrolló los proyectos Liberia I y Liberia II, y con una inversión importante se construyeron obras de mejora para toda la población de la ciudad de Liberia, incluyendo mejoras en el sector del asentamiento informal Martina Bustos. Ante la ocupación irregular de los inmuebles, y ante la falta del cumplimiento de los requisitos debidamente establecidos en el bloque de legalidad aplicable, el AyA se ve imposibilitada para habilitar la instalación de nuevos servicios de agua permanentes. En cuanto a los niveles bajos del tanque, constituyen una consecuencia directa del uso irregular de la infraestructura. Los amparados, vecinos del Asentamiento Informal Martina Bustos, no han ejecutado acciones en relación con la presentación de un Proyecto de Desarrollo Urbanístico de forma integral, actuación que limita el análisis para futuros servicios de disponibilidad de agua por parte del AyA. La oficina Cantonal de la Liberia de AyA nunca ha denegado el servicio de suministro de agua a los recurrentes de una manera arbitraria. El Asentamiento informal de Martina Bustos cuenta con 12 fuentes públicas. La instalación de fuentes públicas para viviendas y/o caseríos construidos de manera irregular compromete y afecta la cantidad y continuidad de prestación del servicio para los clientes activos actuales. Las irregularidades no impactan únicamente al asentamiento informal Martina Bustos, sino que comprometen el equilibrio operativo del sistema de distribución en su conjunto, poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio en sectores formales colindantes, tales como Nazareth, Corazón de Jesús, Almendrales y otras zonas aledañas, cuyos servicios han sido otorgados conforme a la normativa vigente y cuyos usuarios ostentan la condición de usuarios formales del servicio. Ante este panorama, estima la Sala que se debe declarar sin lugar el recurso. Como puede apreciarse del elenco de hechos probados, efectivamente desde el año 2021, el AyA ha detectado problemas de abastecimiento de agua en la localidad donde habitan los amparados. En concreto, el AyA explica a la Sala que existe pérdida de control operativo de la infraestructura que atraviesa el asentamiento informal, ante la imposibilidad o competencia para intervenir. Además, asegura que el tanque que abastece el sector no logra recuperar niveles adecuados debido a las conexiones irregulares al sistema de agua potable, siendo que al eliminar conexiones ilícitas en coordinación con la Fuerza Pública, de manera temporal, se evidencia una mejora inmediata en la recuperación de niveles y en la presión, tanto en Martina Bustos como en Nazareth y otros sectores. Así las cosas, el problema de presión que denuncian los promovente en este proceso, se debe al propio comportamiento de los vecinos de la localidad, quienes realizan, de manera reiterada e irregular, conexiones ilegales en las fuentes de agua potable que ha colocado el AyA en la comunidad. Advierte la Sala que se trata de un asentamiento informal, que no ha cumplido con ninguno de los requisitos municipales ni de planificación urbana, ni legales en general, para poder gestionar servicios públicos como el del agua potable. El AyA, de buena fe, ha colocado varias fuentes públicas de agua potable para que los vecinos puedan atender sus necesidades más apremiantes, y así evitar algún brote de salud pública que pueda ir en detrimento de los habitantes de Liberia. Sin embargo, ello no significa que el AyA deba proporcionar un servicio continuo, regular y eficiente a cada uno de los habitantes de la comunidad aludida, pues no puede invocarse derecho ante situaciones generadas de manera irregular, como lo es el caso en estudio. En términos estrictamente constitucionales, basta con comprobar que existan fuentes públicas de agua potable, como en efecto se demostró. Si los recurrentes tienen alguna disconformidad con la presión actual de dichas fuentes, deberá ponerse a derecho y regularizar su situación para poder gestionar el servicio público acorde a la ley. Sobre todo considerando que el problema de presión es generado por los mismos vecinos que realizan conexiones ilegales, distrayendo el líquido que fue establecido para toda la comunidad. Ergo, procede la desestimatoria del recurso de amparo, al no detectarse que con los hechos alegados se pudiera imputar alguna omisión o acción lesiva de los derechos fundamentales de la promovente, por parte de los funcionarios del AyA.  

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:    

Se declara sin lugar el recurso.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 LFBR6FL443CG61

EXPEDIENTE N° 25-039469-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:08:36.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Case File: 25-039469-0007-CO**

**Res. No. 2026006212**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine thirty hours on the twentieth of February, two thousand twenty-six.

An amparo appeal processed in case file number CED01, filed by Nombre01, identity card CED02, Nombre02, identification number CED03, Nombre03, identification number CED04, Nombre04, identification number CED05, and Nombre05, identity card CED06, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA).

**WHEREAS:**

1.- Through a brief filed with the Chamber's Secretariat at 08:02 hours on December 18, 2025, the appealing party files an amparo appeal against AyA. They state that they are residents of Dirección01 in Liberia, Guanacaste for more than 19 years, and are members of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras y Bienestar Social Martina Bustos. The community of Martina Bustos in Liberia is comprised of more than two thousand families, mostly persons in a state of vulnerability, large families, minors, older adults, and residents who are dialysis patients. In said community there are twelve public water posts, located on the main street, every 200 meters. They add that Dirección02 borders Martina Bustos, and the “technical capacity to supply potable water is undeniable.” That approximately 5 years ago, AyA installed the pipe system along the cross streets (alamedas) of the Martina Bustos informal settlement (asentamiento), placed hydrants, and subsequently covered them with concrete, without prior notice or coordination with the Development Association, leaving the streets partly open and partly paved with concrete. That during the course of 2025 “(...) we did not have potable water supply problems, since a popular movement was carried out in March, as a pressure measure. From that moment on and until about 1 month ago. At that time, what generated the supply and sufficient pressure for water supply was the social movement and the agreements at the working table with the Municipal Mayor, the Executive President of AyA, and regional director Nombre06 and representatives of the Ministry of Public Security. 8. It is clear then that the pressure problem for supplying water from AyA's various tanks to our community is not due to illegal connections or branches, since the supply was in summer then, and that is the dry season, and there was always supply. 9. The refusal to provide pressure and the reason for the amparo action is that in Martina Bustos there are 3 sectors with different water supply problems. LOWER PART. · Main entrance sector: Has 1 public tap (toma pública). Has water intermittently at the public tap and it arrives with very little pressure. For about the last 15 days, water has been becoming scarce. For example, yesterday, there was no water at all. · Second entrance sector: Has 1 public tap that does not have a water supply with pressure that allows for supply in the public area. During the day there is no water. It normally arrives from 12 midnight to 3 am. MIDDLE PART. · Third and fourth entrance sector: Has 1 public tap each entrance, has not had a water supply for 1 month. To get water, neighbors travel to the Second entrance. · Fifth and sixth entrance sector. Have 1 public tap each and there is no water. Photographs are shown of children and adults going to fetch water without success. UPPER PART. Water has not arrived for about 1 and a half months. The desperate community has started social movements, strikes, and has not obtained a solution. 10. When a desperate group action was taken on November 12, 2025, before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the response received from the RCH-Liberia Cantonal Unit, dated November 18, 2025, official letter No. GSP-RCH-CL-2025-00948, from which it is extracted that the aforementioned institute not only has the capacity to supply water resources, but that the only situations pointed out as causes of the lack of pressure are that "on several occasions the tank that supplies the sector has presented very low levels." However, on various occasions that have generated amparo appeals already on file in your records, the respondent institute has indicated that the potable water supply has indicated that there are 3 tanks with the capacity to provide potable water supply, but the flow rates (caudales) and distribution are not guaranteed with the imminent risk and danger to the population of children and older adults, as well as sick persons who depend on the water supply. The situation even leads to us having to pay 12 to 15 thousand colones per day in transportation, to be able to go and collect water from Dirección02, since in that community there are public taps near the square and the church. This being the case, we request that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers be compelled. To maintain the pressure so that we can access the water supply at the public taps, constantly, to facilitate the right to health. (...)”. They request that AyA be compelled to maintain sufficient pressure to access the water supply at the public taps constantly, guaranteeing the right to health. They ask the Chamber to declare the appeal granted.

2.- By a Presidential ruling at 09:23 hours on January 15, 2026, this process was admitted and it was transferred to the DIRECTOR OF THE Nombre06 REGION AND THE HEAD OF THE RCH-LIBERIA CANTONAL UNIT, BOTH OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.

3.- Through a brief incorporated into the digital case file at 19:06 hours on January 22, 2026, Jenner Gerardo Castrillo Ramírez, in his capacity as Regional Director, and Wander Cubero Hurtado, in his capacity as Cantonal Head of Liberia, both of AyA, report under oath that the sector known as Martina Bustos, located in the canton of Liberia, corresponds to an informal settlement developed without a formal urbanization process, without regularized individual titles, and without compliance with the legal and regulatory requirements needed for the provision of public domiciliary services such as potable water service. This condition was known by AyA from the early stages of the settlement's growth, which determined that the Institution could not grant formal potable water services, in accordance with the current regulatory framework. However, attending to public health criteria and the nature of the human right to water, AyA implemented, as an exceptional and palliative measure, the supply of potable water through 12 public sources (fuentes públicas), clearly establishing that said sources do not constitute a permanent service nor are they comparable to a domiciliary connection, but rather a temporary solution conditional upon the irregular situation of the settlement…”. In addition to the transcribed text, the report continues pointing out what concerns us. In this sense, since 2020, not only the existence of a growing technical impact was noted, but also the operational limitations of the Cantonal Unit to recover control of the system under the existing conditions, a situation which, far from being resolved, progressively worsened in subsequent years. This report thus marks a turning point, evidencing that the problem transcends the local scope of the settlement and compromises the integrity of the distribution system, as well as the real operational management capacity of the service provider without a broader institutional intervention. Technical reiteration of the structural cause: illicit connections (2021–2022) During 2021 and 2022, AyA issued multiple technical reports that reiterate and deepen the initial diagnosis. Report GSP-RCH-CL-2021-00523, dated May 23, 2021, indicates that: • There is a loss of operational control of the infrastructure that crosses the informal settlement, given the impossibility or competence to intervene. • The tank that supplies the sector fails to recover adequate levels due to irregular connections to the potable water system. • Upon eliminating illicit connections in coordination with the Public Force – as guarantor of the physical integrity of AyA officials – temporarily, an immediate improvement in the recovery of levels and pressure is evidenced, both in Martina Bustos and in Nazareth and other sectors. • Risk and threats to the physical integrity of AyA officials in the face of the interventions executed. • Given the complex situation, the Liberia Cantonal Unit coordinated locally what corresponded to its possibilities and competences in search of comprehensive attention to the case. • Likewise, the Liberia Cantonal Unit attended in a timely manner each of the actions presented by the interested persons. Subsequently, through resolution GSP-RCH-CL-2022-00570, notified on July 13, 2022, it proceeded to clarify for the subjects involved in the specific matter, broadly, the conditions and requirements in accordance with current regulations for requesting a potable water availability service (servicio de disponibilidad de agua potable), this in order to satisfy their intra-domiciliary potable water supply needs…”. As evidenced in what is described in report GSP-RCH-CL-2026-00047, it is clear that the Institute is unaware, as it is not within its competence, of the conditions that gave rise to the formation of the Martina Bustos Settlement, developed without a formal urbanization process and in which there was no prior approval of the potable water availability certification by AyA, failing to comply with the provisions of AyA's Constitutive Law No. 2726 in its article 21, consistent with articles 308, 310, 313 subsection 8, paragraphs a), b), c) of the Health Law No. 5395, article 36 of the Urban Planning Law. That as is well demonstrated, the Martina Bustos settlement is clearly not a formal urbanization, but the Institute, in adherence to public health criteria and the nature of the human right to water, implemented as an exceptional measure the supply of potable water through 12 public sources, making it clear that said sources do not constitute a permanent service nor are they comparable to a domiciliary connection, but rather a temporary solution. That regarding the appellants' allegations about the adjacency with Dirección02 and supposed “undeniable technical capacity,” a geographic adjacency does indeed exist between both sectors; however, it does not in itself constitute an indicator of technical viability nor does it guarantee equivalent hydraulic conditions, especially when the distribution infrastructure that crosses the Martina Bustos informal settlement has been repeatedly violated, substantively altering the system's behavior, a result of illicit connections, direct perforations, and unauthorized derivations, generating significant flow rate losses and pressure drops that affect the hydraulic balance of the system, even compromising the supply of sectors where formal AyA users are located, such as Nazareth, Corazón de Jesús, and Almendrales, all in the canton of Liberia. That the appellants allege that for a five-year period, the Institute carried out interventions in the Martina Bustos informal settlement, such as the installation of pipes, hydrants, and other works; regarding this allegation, it is important to highlight that AyA, in exercise of its role as rector and operator of potable water and sanitation services, and through international cooperation with UNOPS, developed the Liberia I and Liberia II projects, and with a highly significant investment, improvement works were built for the entire population of the city of Liberia, including improvements in the sector of the Martina Bustos informal settlement such as those indicated in their brief; however, given the irregular occupation of the properties by the apparently 2,000 families, and in the absence of compliance with the requirements duly established in the applicable legal framework, AyA finds itself unable to enable the installation of new permanent water services. AyA, diligently and in exercise of its competences, has sought to generate the necessary conditions for the normalization of this settlement's conditions, without this having been able to materialize due to reasons of non-compliance with the existing regulations in the country and which are outside AyA's scope of control. On the other hand, it is not omitted to highlight that the interventions executed in pursuit of normalizing the conditions and operation of the potable water system in the above-mentioned sector were not carried out with the purpose of formalizing domiciliary services or recognizing acquired rights, but rather responded to the need to mitigate operational risks, protect institutional infrastructure, and attend to emergency situations, in a context of reiterated irregular use of the network. That according to what is described by the appellants regarding the difference in water supply at the public sources in different sectors (lower, middle, and upper part), it is clear that the difference responds to the altered hydraulic behavior of the system, a product of uncontrolled losses and irregular extractions of potable water along the network that crosses the settlement. Likewise, the low tank levels are precisely a direct consequence of the irregular use of the infrastructure. In reference to the situation under study, it is of vital importance to point out what AyA's Constitutive Law No. 2726 provides in its article 21: “ARTICLE 21.- Every project for the construction, expansion, or modification of potable water supply systems and wastewater and stormwater disposal systems, public or private, must be previously approved by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which may carry out the inspection it deems convenient to verify that the works are carried out in accordance with the approved plans. Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations, or lotifications (lotificaciones) in any part of the country and no other state agency shall grant construction permits or approvals without such approval from the Institute. Violation of this mandate shall cause the nullity of any construction permit granted in contravention of this prohibition, the parceling or the project, as the case may be, being considered legally non-existent, with the consequences, with respect to third parties, provided for in article 35 of the Urban Planning Law, No. 4240 of November 15, 1968”. On the other hand, within the definitions contained in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, published in the Official Gazette La Gaceta Digital No. 27, Alcance No. 29, Tuesday, February 9, 2021, in its articles 08, 09, 14, 30, 31, 39, and 40, which establish: “Article 8.- Of the services. AyA shall provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided it has technical and legal feasibility. [...] Article 9- Of the technical conditions for the provision of services. It is the obligation of the provider of potable water and sanitation services to provide them within the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, except in cases of force majeure, fortuitous event, or duly publicized maintenance periods that affect the coverage zone where the property is located…”. “Article 14- Of the conditions for the provision of services. AyA shall provide its services once the technical feasibility is verified in properties built or to be built, dedicated to the residence of persons, for commercial or industrial activities that comply with the requirements and uses authorized in this regulation. The potable water and sanitation services shall be granted by AyA on a public street or road or over an easement (servidumbre) for pipes and passage registered in favor of AyA or registered in favor of third parties, as applicable in accordance with the provisions of article 16 of this regulation. The foregoing, provided that AyA networks are in operation. If the public network does not reach the connection point, AyA, within a period not exceeding 15 days, shall propose to the owner or possessor the construction of a branch extension (extensión de ramal) or other components of the hydraulic system, in observance of the requirements detailed by AyA in article 39 of this regulation through the respective technical study. In highly qualified cases, especially due to socioeconomic conditions and sanitary risk, in accordance with the provisions issued by AyA, it may carry out the branch extension and/or other hydraulic components, in order to guarantee access to potable water and sanitation in its dimension as a human right and in compliance with its legal obligation to guarantee the provision of services throughout the national territory. The special qualification must be duly substantiated by the Operational Sub-Managements of GAM and Peripheral Systems Management or by the Sub-Management of Delegated Systems Management, as applicable, through an administrative resolution, which shall be issued within a period of 20 business days from the generation of the request. [...] Article 30- Of the admissibility requirements and conditions for requesting the certificate of service availability (constancia de disponibilidad de servicios). The request for the certificate of service availability must be made by the property owner or their legal representative, as provided in article 15 of this Regulation, before the physical, digital, or virtual platforms offered by the public service provider. For such purposes, the following requirements must be presented in physical or digital form: a) Application form provided by AyA, physically or digitally available on AyA's website and on the APC-R platform, complete and signed by the registered owner, possessor, representative, or legally authorized person, in accordance with the submission method, which shall indicate the purpose of the availability and a detailed description of the project. b) Presentation of the identification document of the property owner or their legal representative. AyA shall exempt the applicant from presenting this requirement by having the technological feasibility for its verification. According to the verification of the necessary conditions for the approval of services generally indicated in article 15 of this Regulation, it corresponds to AyA to verify the requirements detailed therein, as well as the general conditions established there for all procedures. Article 31- Of the request for the certificate of service availability for properties registered in rights, subdivisions (fraccionamientos), or urbanizations. In addition to the provisions of articles 15 and 30 of this regulation, for the case of properties registered in rights, the request may be made by the co-owner who intends to access the service, without the need for authorization or presentation of identification documents of the other holders of the remaining rights, and presentation of a cadastral map. In the event that the property does not have a cadastral map, a surveying map must be presented that complies with the stipulations of Article 2, subsection q) of the current Reglamento de la Ley de Catastro Nacional and the corresponding seal of the CFIA in accordance with the provisions of the current Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de Topografía (APT) of the CFIA and its reforms or the regulations that replace them. When the request refers to urbanization or subdivision projects classified in the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones of the INVU, the applicant must expressly indicate the number of services requested and the type of project for which the certificate of service availability is being processed. In the case of a property being held in rights, the applicant must provide the cadastral map or the surveying map describing the location of the right. [...] Article 39- Of the issuance of the certificate of hydraulic capacity and/or collection and treatment. When AyA issues a Certificate of Service Availability negatively, solely due to a lack of hydraulic capacity (infrastructure), it shall be accompanied by a certificate of hydraulic capacity and/or collection and treatment, which shall be issued by the Operational Sub-Managements of Systems Management or by the Sub-Management of Delegated Systems Management, as applicable. Regarding requests made by third parties in good faith who receive service provision from another type of non-legalized operator, the provisions of article 46 of this regulation shall apply. It shall correspond to the Sub-Management of Delegated Systems Management to issue certificates for the ASADAS that do not have a Delegation Agreement or have an expired legal status. This certificate shall detail the technical requirements corresponding to the construction of primary infrastructure works for potable water and/or sanitary sewerage. These infrastructure works must be approved, built, and received in accordance with AyA’s indications pursuant to the Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial and its eventual reforms in order to enable the availability of the service(s). Article 40- Of the scopes of the certificate of hydraulic capacity and collection and treatment capacity. The Certificate of Hydraulic Capacity and/or Collection and Treatment only allows managing before the different state agencies the obtention of permits and authorizations necessary for the construction of the primary aqueduct and/or collection and treatment works by the developer, in order to generate service availability for the real estate project. In this sense, with said certificate it may be incorporated as a documentary requirement in the APC for the approval of constructive plans by the reviewing Institutions and actions before the respective Municipality for the approval of the constructive plans for the preliminary project or the project, and before SETENA for obtaining the environmental viability of the project. When the developer chooses to process the approval of the private project jointly with the primary infrastructure for potable water and/or sanitation, the construction of which they formally expressed consent to through the consent letter before AyA, they must sign the Commitment for the Construction of Infrastructure and Primary Works described in article 42 of this regulation. In this sense, it is clearly concluded that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities in charge of providing the public potable water service, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. However, despite all that has just been established, the jurisprudence of this Constitutional Tribunal has also indicated that, faced with legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulation) or formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and infrastructure construction is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a matter of a refusal of access to potable water service, but rather of the impossibility of providing it or of the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. Of course, AyA, as a state entity mainly in charge of providing potable water service, has the obligation to continuously expand its infrastructure so that more and more people have access to this precious liquid, but as long as there are gaps, the collaboration of the interested parties is essential (see resolutions No. 2006-014218 of fifteen hours and four minutes on September twenty-six, two thousand six, and No. 2007-11190 of fourteen hours and thirty-six minutes on August seven, two thousand seven). Under this premise, it is clear that as of the date of transfer of this appeal, the appellants, amparo petitioners, or residents of the Martina Bustos Informal Settlement, have not executed actions regarding the presentation of an Urban Development Project in a comprehensive manner; an action that limits the analysis for future water availability services. Consequently, it is important to refer to what the appellants intend: that this institute provide them with potable water service and violate the requirements of article 21 of AyA's Constitutive Law No. 2726, concordant with articles 38, 57, and 58 of the Urban Planning Law No. 4240 and articles 308, 309, 310, 311, 312, and 313 of the General Health Law No. 5395. As derived from the preceding considerations, it is clear that the Liberia Cantonal Office of AyA has never denied the water supply service to the appellants arbitrarily or by imposing; they have been extensively informed on how to proceed as well as the documentation required—fundamental requirements—to initiate the corresponding technical and legal studies on the properties and subsequently provide the requested services, all in accordance with the regulations that govern us; however, as of the date of the filing of the Amparo Appeal, the institute does not have what is required from the inhabitants of the above-mentioned settlement to initiate the procedure, this in order to ensure access to potable water as a human right for the appellants. That regarding the public source for supplying the Informal Settlement, it is necessary to indicate that, according to the existing regulations, it is only appropriate when the suspension of services due to arrears is processed for users belonging to the Institute, in accordance with the Reglamento de Prestación de Servicio AyA in its Article 110 which states: Article 110- Of the installation of the public source. AyA shall install a public source, in the case of services with a domiciliary tariff, that are suspended due to arrears, which must be located at a maximum distance of 200 meters, except when the source supplies a property inhabited by a person with a disability or an older adult, in which case it must be installed in front of the property. Public sources shall also be placed for attending to hygiene and health needs in order to prevent the spread of pandemics, epidemics, and diseases.” But, nevertheless, the Martina Bustos informal settlement has 12 public sources. That it must be clear that the installation of public sources for housing and/or small villages (caseríos) built irregularly compromises and affects the quantity and continuity of service provision for current active clients; therefore, health problems could be generated for the population of the Canton in general, which contravenes article 267 of the General Health Law. Likewise, it is relevant to emphasize that the process of potable water production, storage, distribution, commercialization, collection, and treatment entails an economic cost, which is borne by the Institution through the setting of tariffs and the administration of the income acquired.

In accordance with what is described in this report and with the evidence attached for the corresponding verification, it is duly accredited that the actions taken by AyA have been in strict compliance with and observance of the technical and legal possibilities established within the constitutional framework by the principle of legality, which makes it impossible to grant the services requested, given that to date there are no formal applications nor the corresponding legal documentation regarding the requirements set forth in compliance and in attention to the provisions of the Ley Constitutiva de AyA, and its current Reglamento de Prestación de Servicio AyA. For the moment, we have implemented what is materially possible, and it clearly emerges from the documentation analyzed that these irregularities do not impact only the informal settlement (asentamiento informal) Martina Bustos, but rather compromise the operational balance of the distribution system as a whole, putting at risk the continuity and quality of service in adjacent formal sectors, such as Nazareth, Corazón de Jesús, Almendrales, and other surrounding areas, whose services have been granted in accordance with current regulations and whose users hold the status of formal service users; therefore, their rights must also be protected by the provider. It is relevant to highlight that AyA, in this case, seeks, values, and balances the well-being of the general interest over the particular interest of the communities. It requests the Chamber to declare the appeal without merit.

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

WHEREAS:  

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appealing party indicates that they are residents of Dirección01 in Liberia, Guanacaste for more than 19 years, and are members of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras y Bienestar Social Martina Bustos. They allege that approximately 5 years ago AyA installed the pipeline system along the pathways of the Martina Bustos settlement, placed hydrants, and subsequently covered them with concrete, without prior notice or coordination with the development association. They add that in the locality of Martina Bustos there are 3 sectors with water supply problems, as for approximately 15 days water has been becoming scarce, and they have no water at night. They allege that on November 12, 2025, a formal request was made to AyA and what they were told was that the only situations identified as causes of the lack of pressure were that "on several occasions the tank that supplies the sector has presented very low levels." They request that AyA be compelled to maintain sufficient pressure to access the water supply at the standpipes (tomas públicas) that exist in the neighborhood, constantly.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:   

a) The sector known as Martina Bustos, located in the canton of Liberia, corresponds to an informal settlement developed without a formal urbanization (urbanización) process, without regularized individual titles, and without compliance with the legal and regulatory requirements necessary for the provision of residential public services such as potable water service (see report rendered under oath and evidence provided).

b) AyA could not grant formal potable water services, in accordance with the current regulatory framework, due to the irregular condition of the settlement (see report rendered under oath and evidence provided).

c) AyA implemented, as an exceptional and palliative measure, the supply of potable water through 12 standpipes (fuentes públicas), clearly establishing that these standpipes do not constitute a permanent service nor are they comparable to a residential connection, but rather a temporary solution conditioned upon the irregular status of the settlement (see report rendered under oath and evidence provided).

d) Since the year 2020, not only the existence of a growing technical impact was noted, but also the operational limitations of the Cantonal Unit in regaining control of the system under the existing conditions (see report rendered under oath and evidence provided).

e) Report N° GSP-RCH-CL-2021-00523, dated May 23, 2021, indicates that: • There is a loss of operational control of the infrastructure that crosses the informal settlement, due to the impossibility or competence to intervene. • The tank that supplies the sector cannot recover adequate levels due to irregular connections to the potable water system. • By eliminating illegal connections in coordination with the Fuerza Pública —as guarantor of the physical integrity of AyA officials— temporarily, an immediate improvement is evidenced in the recovery of levels and in pressure, both in Martina Bustos and in Nazareth and other sectors (see report rendered under oath and evidence provided).

f) The distribution infrastructure that crosses the Martina Bustos informal settlement has been repeatedly compromised, substantively altering the system's behavior, as a result of illegal connections, direct perforations, and unauthorized branch-offs, generating significant flow losses and pressure drops that affect the hydraulic balance of the system (see report rendered under oath and evidence provided).

g) AyA, through international cooperation with UNOPS, developed the Liberia I and Liberia II projects, and with a significant investment, improvement works were built for the entire population of the city of Liberia, including improvements in the sector of the Martina Bustos informal settlement (see report rendered under oath and evidence provided).

h) Given the irregular occupation of the properties, and the failure to comply with the requirements duly established in the applicable legal framework, AyA is unable to authorize the installation of new permanent water services (see report rendered under oath and evidence provided).

i) The low tank levels are a direct consequence of the irregular use of the infrastructure (see report rendered under oath and evidence provided).

j) The petitioners, residents of the Martina Bustos Informal Settlement, have not taken actions regarding the submission of an integral Urban Development Project (Proyecto de Desarrollo Urbanístico), an action that limits the analysis for future water availability services by AyA (see report rendered under oath and evidence provided).

k) The Cantonal Office of Liberia of AyA has never denied the water supply service to the petitioners in an arbitrary manner (see report rendered under oath and evidence provided).

l) The Martina Bustos informal settlement has 12 standpipes (fuentes públicas) (see report rendered under oath and evidence provided).

m) The installation of standpipes for irregularly built homes and/or hamlets compromises and affects the quantity and continuity of service provision for current active clients (see report rendered under oath and evidence provided).

n) The irregularities do not impact only the Martina Bustos informal settlement, but rather compromise the operational balance of the distribution system as a whole, putting at risk the continuity and quality of service in adjacent formal sectors, such as Nazareth, Corazón de Jesús, Almendrales, and other surrounding areas, whose services have been granted in accordance with current regulations and whose users hold the status of formal service users (see report rendered under oath and evidence provided).

III.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO POTABLE WATER SUPPLY. This Tribunal has held, in other similar matters, that as part of Constitutional Law there exists a fundamental right to the supply of potable water, specifically in Judgment N° 2003-4654 of fifteen hours and forty-four minutes on May twenty-seventh, two thousand three, it was held, in pertinent part: “V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international Human Rights instruments applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is stated in the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that: 'Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services'. Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Cultural and Social Rights reiterated that having access to water is a human right that, in addition to being essential for living a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights. VI.- From the foregoing normative framework, a series of fundamental rights derive, linked to the State's obligation to provide basic public services, which imply, on the one hand, that individuals cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, the ownership of a right enforceable by any individual for the State to supply the public potable water service instantly and wherever they may be cannot be sustained. Rather, as provided in the Protocol of San Salvador itself, these kinds of rights oblige the States to adopt measures, as set forth in Article 1 of the same Protocol (…)”.”

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, the appealing party argues that they are residents of Dirección01 in Liberia, Guanacaste for more than 19 years, and are members of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras y Bienestar Social Martina Bustos. They allege that approximately 5 years ago AyA installed the pipeline system along the pathways of the Martina Bustos settlement, placed hydrants, and subsequently covered them with concrete, without prior notice or coordination with the development association. They add that in the locality of Martina Bustos there are 3 sectors with water supply problems, as for approximately 15 days water has been becoming scarce, and they have no water at night. They allege that on November 12, 2025, a formal request was made to AyA and what they were told was that the only situations identified as causes of the lack of pressure were that "on several occasions the tank that supplies the sector has presented very low levels." They request that AyA be compelled to maintain sufficient pressure to access the water supply at the standpipes that exist in the neighborhood, constantly. In this regard, the Chamber holds as proven that the sector known as Martina Bustos, located in the canton of Liberia, corresponds to an informal settlement developed without a formal urbanization process, without regularized individual titles, and without compliance with the legal and regulatory requirements necessary for the provision of residential public services such as potable water service. AyA could not grant formal potable water services, in accordance with the current regulatory framework, due to the irregular condition of the settlement. AyA implemented, as an exceptional and palliative measure, the supply of potable water through 12 standpipes, clearly establishing that these standpipes do not constitute a permanent service nor are they comparable to a residential connection, but rather a temporary solution conditioned upon the irregular status of the settlement. Since the year 2020, not only the existence of a growing technical impact was noted, but also the operational limitations of the Cantonal Unit in regaining control of the system under the existing conditions. Report N° GSP-RCH-CL-2021-00523, dated May 23, 2021, indicates that: • There is a loss of operational control of the infrastructure that crosses the informal settlement, due to the impossibility or competence to intervene. • The tank that supplies the sector cannot recover adequate levels due to irregular connections to the potable water system. • By eliminating illegal connections in coordination with the Fuerza Pública, temporarily, an immediate improvement is evidenced in the recovery of levels and in pressure, both in Martina Bustos and in Nazareth and other sectors. The distribution infrastructure that crosses the Martina Bustos informal settlement has been repeatedly compromised, substantively altering the system's behavior, as a result of illegal connections, direct perforations, and unauthorized branch-offs, generating significant flow losses and pressure drops that affect the hydraulic balance of the system. AyA, through international cooperation with UNOPS, developed the Liberia I and Liberia II projects, and with a significant investment, improvement works were built for the entire population of the city of Liberia, including improvements in the sector of the Martina Bustos informal settlement. Given the irregular occupation of the properties, and the failure to comply with the requirements duly established in the applicable legal framework, AyA is unable to authorize the installation of new permanent water services. The low tank levels are a direct consequence of the irregular use of the infrastructure. The petitioners, residents of the Martina Bustos Informal Settlement, have not taken actions regarding the submission of an integral Urban Development Project, an action that limits the analysis for future water availability services by AyA. The Cantonal Office of Liberia of AyA has never denied the water supply service to the petitioners in an arbitrary manner. The Martina Bustos informal settlement has 12 standpipes. The installation of standpipes for irregularly built homes and/or hamlets compromises and affects the quantity and continuity of service provision for current active clients. The irregularities do not impact only the Martina Bustos informal settlement, but rather compromise the operational balance of the distribution system as a whole, putting at risk the continuity and quality of service in adjacent formal sectors, such as Nazareth, Corazón de Jesús, Almendrales, and other surrounding areas, whose services have been granted in accordance with current regulations and whose users hold the status of formal service users. In view of this situation, the Chamber deems that the appeal should be declared without merit. As can be seen from the list of proven facts, since the year 2021, AyA has indeed detected water supply problems in the locality where the petitioners reside. Specifically, AyA explains to the Chamber that there is a loss of operational control of the infrastructure that crosses the informal settlement, due to the impossibility or competence to intervene. Furthermore, it asserts that the tank supplying the sector cannot recover adequate levels due to irregular connections to the potable water system, and that by eliminating illegal connections in coordination with the Fuerza Pública, temporarily, an immediate improvement is evidenced in the recovery of levels and in pressure, both in Martina Bustos and in Nazareth and other sectors. Thus, the pressure problem that the petitioners denounce in this proceeding is due to the very behavior of the locality's residents, who repeatedly and irregularly make illegal connections to the potable water standpipes that AyA has placed in the community. The Chamber notes that this is an informal settlement, which has not complied with any of the municipal or urban planning requirements, nor legal requirements in general, to be able to manage public services such as potable water. AyA, in good faith, has placed several public potable water standpipes so that residents can meet their most pressing needs, and thus prevent any public health outbreak that could be detrimental to the inhabitants of Liberia. However, this does not mean that AyA must provide a continuous, regular, and efficient service to each of the inhabitants of the aforementioned community, as no right can be invoked in situations generated in an irregular manner, as is the case under study. In strictly constitutional terms, it is sufficient to verify that public potable water standpipes exist, as has indeed been demonstrated. If the petitioners have any disagreement with the current pressure of said standpipes, they must comply with the law and regularize their situation to be able to manage the public service in accordance with the law. Especially considering that the pressure problem is generated by the very residents who make illegal connections, diverting the resource that was established for the entire community. Ergo, the dismissal of the amparo appeal is appropriate, as it is not detected that any omission or action harmful to the fundamental rights of the petitioner can be attributed to the officials of AyA based on the alleged facts.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:    

The appeal is declared without merit.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

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