Res. 06259-2026 Sala Constitucional — Amparo against MINAE for mass fish kills in Madre de Dios LagoonAmparo contra MINAE por mortandad masiva en Laguna Madre de Dios

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06259 - 2026

Fecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2026 a las 09:30

Expediente: 26-001145-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 26-001145-0007-CO

Res. Nº 2026006259

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 26-001145-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra el CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 13 de enero de 2026, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que desde hace muchos años se viene dando una contaminación persistente por plaguicidas -proveniente de actividades agrícolas intensivas como cultivos de banano y piña- en la cuenca y laguna Madre de Dios, ubicada en Matina de Limón, lo cual afecta directamente a las comunidades locales, fauna acuática y ecosistemas protegidos, generando un riesgo inminente para la salud humana y el equilibrio ecológico. Detalla que “hace más de 23 años (primer evento masivo documentado en 2002, con recurrencias graves en 2003, 2015- 2019, 2024 y 2025), se repiten episodios de mortandad masiva de peces, crustáceos, reptiles, aves y mamíferos acuáticos en la Laguna Madre de Dios, río Matina, canal Bataán, río Pacuare y demás cuerpos de agua de la cuenca bananera de Limón. Estos eventos han sido ampliamente cubiertos por medios de comunicación nacionales (...) mediante sonados reportajes periodísticos que documentan la magnitud del desastre y su vinculación científica con agroquímicos. (...) Estudios del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET-UNA) confirman contaminación permanente con más de 20 plaguicidas altamente tóxicos (incluyendo nematicidas organofosforados como terbufós, carbofurano, etoprofos y oxamil), arrastrados por escorrentía desde plantaciones agroindustriales, sin zonas de protección adecuadas ni controles efectivos. La Laguna Madre de Dios es hábitat crítico del manatí antillano, especie vulnerable cuya presencia está documentada y que actúa como indicador de salud ecosistémica; la exposición crónica a tóxicos amenaza su supervivencia”. Especifica que la problemática ambiental se ha expuesto y corroborado en el oficio UNA-IRET-OFIC-572-2017 emitido por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, en el oficio SINACACLAC-PCB-075-2021 del 30 de agosto de 2022 emitido por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (LAREP) del IRET, así como en el documento técnico denominado “Contaminación por plaguicidas en la cuenca y laguna Madre de Dios, Matina (Limón)” del 3 de junio de 2025, elaborado por el Laboratorio de Estudios Ecotoxicológicos (ECOTOX) y el LAREP del IRET de la Universidad Nacional. Alega que, en este contexto, el 1° de diciembre de 2025 planteó el oficio MLV-00143-2025 dirigido al presidente de la República -en su condición de presidente del Consejo Nacional Ambiental-, mediante el cual solicitó la intervención urgente para que se coordinara la elaboración de un protocolo nacional de prevención de mortandad masiva por agroquímicos. Aduce que se delegó la contestación al viceministro de ambiente quien, el 18 de diciembre de 2025, emitió el oficio DVA-0165-2025, el cual contenía lo que, a su criterio, era una “respuesta tangencial, evasiva y burocrática, emitida sin previa investigación de antecedentes en instancias como SINAC, MINAE central, Ministerio de Salud o MAG. Escuda en limitaciones competenciales sin proponer soluciones técnicas viables, sin impulsar coordinación y sin reconocer riesgos para especies vulnerables como el manatí, trivializando imperdonablemente un problema histórico ampliamente documentado”. Arguye que lo anterior constituye una violación continuada a los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura, con daños irreversibles a los derechos difusos de la colectividad. Reitera que la situación por la cual se solicitó la intervención del Consejo Nacional Ambiental “pone en riesgo irreversible la integridad ecosistémica y la supervivencia de especies vulnerables como el manatí antillano”.

2.- Por resolución de las 18:36 horas del 21 de enero de 2026 se dio curso al amparo.

3.- Informa bajo juramento Jorge Rodríguez Bogle, en su condición de ministro a.i. de la Presidencia de la República, lo siguiente: “…El núcleo fáctico inicial del presente asunto, consiste en la solicitud dirigida por el recurrente a la Presidencia de la República el 1° de diciembre de 2025, recibida en este Ministerio el día siguiente. Con estricto apego al principio de delimitación de competencias y en aplicación del principio de subsidiariedad, este Ministerio realizó el traslado que en ley corresponde. Mediante oficio PR-DP-0773-2025 de fecha 02 de diciembre de 2025, se remitió la gestión del señor Nombre01 al señor Franz Tattenbach Capra, Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para su atención directa y exclusiva; donde indicó: “(…) Mediante la presente, le hacemos llegar una nota de Nombre01, recibida en este Despacho del 02 de diciembre del 2025.Por lo anterior, para la atención correspondiente (…)”. Esta decisión no fue discrecional, sino derivada de la competencia legal específica que ostenta el MINAE. Conforme al artículo 2 de su Ley Orgánica, al MINAE le compete la rectoría, formulación, planificación y ejecución de la política nacional en materia ambiental, recursos naturales y energía, siendo la instancia técnica y administrativa directamente competente para conocer, evaluar y resolver una solicitud sobre un protocolo nacional de prevención de mortandad masiva por agroquímicos. El traslado efectuado por esta Presidencia fue, por tanto, un acto de estricto procedimiento administrativo, ajustado a derecho y orientado a garantizar una administración eficiente, salvaguardando que la petición fuera conocida por el órgano con las facultades sustantivas para ello. SEGUNDO. - RESPUESTA DEL MINAE Y SU CARÁCTER VINCULANTE. Derivado del traslado anterior, el MINAE, en ejercicio de sus competencias exclusivas, emitió respuesta al recurrente mediante oficio DVA-0165-2025 del 18 de diciembre de 2025. Es fundamental resaltar que, una vez canalizada la solicitud a la instancia competente, la respuesta emitida por el MINAE constituye la posición oficial y procedente de la Administración Pública sobre el tema. Las atribuciones conferidas por la ley al MINAE lo facultan para analizar los antecedentes técnicos, coordinar con otras instituciones del sector como SINAC, el Ministerio de Salud o el MAG si lo estima pertinente, y formular la respuesta que considere técnica y jurídicamente adecuada. TERCERO. - RÉPLICA A LA PERCEPCIÓN DE INSUFICIENCIA DE LA RESPUESTA. El recurrente manifiesta su inconformidad, calificando la respuesta del MINAE como “tangencial, evasiva y burocrática, emitida sin previa investigación de antecedentes”. En primer lugar, la naturaleza del derecho de petición establecida en el artículo 27 de la Constitución Política garantiza el derecho a una respuesta pronta, mas no el derecho a obtener una resolución favorable o que se ajuste a las expectativas subjetivas del peticionario. En este sentido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido clara. En su Resolución Nº 18603-2022, de las 09 horas con 05 minutos del 12 de agosto de 2022, estableció lo siguiente: “(…) III.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN. El artículo 27 de la Constitución Política resguarda el derecho de petición, que se define como el derecho de toda persona a dirigirse por escrito a cualquier funcionario o entidad pública con el fin de exponer un asunto de su interés y al respecto recibir una contestación pronta, sin que esto signifique que la Administración esté obligada a brindarle una respuesta favorable. De esta forma, el derecho de petición significa la facultad de pedir, pero no necesariamente de obtener una respuesta satisfactoria. Así, la Administración no puede coartar el derecho a las personas de dirigirse a los órganos públicos (ver en ese sentido, entre otras, la sentencia n.º 2016003337 de las 11:23 horas de 4 de marzo de 2016). (…)”. Dicho criterio deriva en una conclusión clara, la Administración cumple con su obligación constitucional al responder la solicitud, sin que ello implique, necesariamente, acoger lo solicitado por el peticionario. En segundo lugar, corresponde destacar que la valoración sobre la suficiencia de la investigación previa o el contenido técnico de la respuesta emana exclusivamente del órgano competente en la materia que la emitió -en este caso, el MINAE, y no de este Ministerio. Por consiguiente, exigir a la Presidencia de la República que evalúe o se pronuncie sobre el fondo de una respuesta emitida por otro ministerio especializado constituiría una invasión de competencias, lo que, a su vez, podría generar un acto administrativo viciado de nulidad por incompetencia absoluta, al usurparse facultades que la ley reserva en forma exclusiva a una autoridad técnica. Ahora bien, debe quedar claro que la inconformidad del recurrente representa, precisamente, una percepción subjetiva sobre el contenido de una respuesta que, no obstante, fue brindada por la instancia legal y técnicamente facultada para ello. En este sentido, el ordenamiento jurídico no consagra un derecho a recibir una respuesta que el administrado considere “satisfactoria” según su propio criterio, sino el derecho a obtener una respuesta de la autoridad competente, la cual en el presente caso ha sido debidamente emitida por el MINAE. Por lo tanto, en estricta relación con la actuación de este Ministerio, resulta jurídicamente insostenible la afirmación del recurrente acerca de una supuesta “violación continuada de principios de prevención, precaución e in dubio pro-natura, con daños irreversibles a derechos difusos de la colectividad”. Dicha aseveración desconoce la naturaleza del acto realizado. La función cumplida por esta autoridad se limitó a un acto de mero trámite y canalización competencial, que constituye el cumplimiento exacto de su deber legal. La eventual salvaguarda de los principios ambientales invocados corresponde, en todo caso, al órgano especializado y competente para materializarlos el MINAE, que fue debidamente requerido y ya emitió su respuesta fundada. CUARTO. -PETITORIA: Con fundamento en la normativa constitucional y legal que informa la materia, este Despacho Ministerial respetuosamente solicita a los Honorables Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se declare SIN LUGAR el presente recurso de amparo o en su defecto sin especial condenatoria de costas, daños y perjuicios”.

 4.- Manifiesta el recurrente: “Asunto: Réplica rigurosa y exhaustiva al informe omiso y tangencial del Ministro a.i. de la Presidencia de la República (oficio MP-DMP-OF-0069- 2026), con reiteración de manifestaciones iniciales y refutación detallada, en defensa de derechos ambientales fundamentales Señores Magistrados: Yo, Nombre01, mayor de edad, cédula de identidad CED01, vecino de Barrio Roosevelt, Limón, en mi condición de recurrente en el presente recurso de amparo, comparezco respetuosamente ante esta Honorable Sala para replicar de manera formal, profesional, crítica, rigurosa, detallada y exhaustiva al informe rendido por el señor Jorge Rodríguez Bogle, en su calidad de Ministro a.i. de la Presidencia de la República, mediante oficio MP-DMP-OF-0069-2026 del 28 de enero de 2026. Este informe, lejos de abordar el fondo del asunto con el rigor técnico y jurídico requerido, se limita a un enfoque procedimental evasivo y omiso, escudándose en formalidades administrativas para eludir la responsabilidad estatal frente a una violación flagrante y continuada de derechos humanos ambientales. Reitero mis manifestaciones iniciales, tal como constan en el recurso de amparo interpuesto, para contextualizar esta réplica y enfatizar la gravedad del caso. El 1° de diciembre de 2025, mediante oficio MLV00143-2025 dirigido al Presidente de la República en su condición de Presidente del Consejo Nacional Ambiental, solicité la intervención urgente para coordinar la elaboración de un protocolo nacional de prevención de mortandad masiva por agroquímicos. Esta petición se fundamenta en evidencia técnica irrefutable, aportada por el suscrito, que documenta la contaminación crónica de ríos, lagunas y barras en la región de Madre de Dios (Limón), con impactos irreversibles en ecosistemas vulnerables, incluyendo especies en peligro como el manatí antillano (Trichechus manatus) y diversas poblaciones de peces. Dicha contaminación deriva del uso desregulado de biocidas y productos químicos por empresas agroindustriales, en franco desacato al artículo 50 de la Constitución Política, que consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es imperativo aclarar, como aparenta interpretar el recurrido, que mi gestión inicial no constituye una demanda judicial ni una pretensión de resolución inmediata de fondo, sino una simple petición de información y acción coordinada, amparada en el artículo 27 de la Constitución Política (derecho de petición) y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública (principio de eficacia). No obstante, el informe del Ministro a.i. reduce el asunto a un mero trámite de traslado competencial, omitiendo cualquier análisis substantivo de la prueba técnica aportada por el recurrente. Esta omisión es inaceptable y viola los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura, consagrados en la jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo, sentencia N° 2005-01509) y en instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley N° 7416). Procederé a refutar punto por punto el informe, demostrando su insuficiencia y la necesidad de una intervención rigurosa por parte de esta Sala. 1. Refutación al “Segundo: Actuación de este Ministerio: Cumplimiento del Principio de Competencia” El informe alega que el traslado de mi petición al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante oficio PR-DP-0773-2025 del 2 de diciembre de 2025 fue un acto “estricto de procedimiento administrativo, ajustado a derecho”. Si bien reconozco la delimitación competencial establecida en el artículo 2 de la Ley Orgánica del MINAE (Ley N° 7152), esta justificación es tangencial y omisa, ya que ignora la responsabilidad superior del Presidente de la República como Presidente del Consejo Nacional Ambiental (artículo 3 de la Ley de Biodiversidad N° 7788). El Consejo no es un ente pasivo; tiene la obligación de coordinar políticas ambientales interinstitucionales, especialmente ante emergencias ecológicas documentadas. Más grave aún, el informe no realiza ningún análisis de la prueba técnica aportada por el suscrito, incluyendo informes de la Universidad Nacional (UNA) que detectan niveles de agroquímicos (como glifosato y clorpirifos) que exceden en mucho los estándares nacionales (Resolución MS-DM-014-2018 del Ministerio de Salud) e internacionales (límites de la OMS y la EPA). Esta prueba demuestra una afectación flagrante por décadas de ecosistemas acuáticos, con mortandad masiva de peces y manatíes, violando derechos de tercera generación (derechos ambientales colectivos, sentencia N° 1995-05735 de esta Sala). El recurrido se escuda en “formalidades” para justificar su inercia, omitiendo que la falta de voluntad política ha impedido la emisión de un reglamento sustentado en la Ley de Aguas (Ley N° 276 de 1942, reformada), necesario para regular la aplicación de biocidas por empresas agroindustriales. Esto constituye un desacato sistemático al artículo 50 constitucional, ya que el Estado tiene el deber positivo de proteger el ambiente, no solo de trasladar peticiones. 2. Refutación al “Segundo: Respuesta del MINAE y su Carácter Vinculante” El informe califica la respuesta del MINAE (oficio DVA-0165-2025 del 18 de diciembre de 2025) como “posición oficial y procedente de la Administración Pública”, enfatizando su carácter vinculante. Esta afirmación es evasiva, ya que no evalúa el contenido de dicha respuesta, la cual —como denuncié— es tangencial, burocrática y carente de investigación previa. El MINAE, pese a tener a su alcance expertos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), no coordinó ninguna acción concreta ni analizó los antecedentes documentados. El recurrido tuvo oportunidad de verificar la aplicación excesiva de químicos detectados por la UNA, que superan estándares como los 0.1 µg/L para plaguicidas en agua potable (Directiva Europea 98/83/CE, incorporada vía jurisprudencia ambiental costarricense). Aun así, emite un informe omiso sin señales de esfuerzo técnico o legal para corregir la mortalidad recurrente de peces, que hemos documentado con fotografías, videos y testimonios de pobladores durante 23 años. Esto no es mero “trámite”; es una omisión que perpetúa daños irreversibles a derechos difusos, violando el principio de no regresividad ambiental (sentencia N° 2012-01457 de esta Sala). 3. Refutación al “Tercero: Réplica a la Percepción de Insuficiencia de la Respuesta” El informe invoca el artículo 27 constitucional y jurisprudencia (como sentencia N° 18603-2022) para argumentar que el derecho de petición garantiza una respuesta “pronta”, pero no “favorable”. Esta interpretación es reduccionista y omite que la respuesta debe ser substantiva y motivada (artículo 124 de la Ley General de la Administración Pública), no evasiva. Mi “percepción subjetiva” no es caprichosa; se basa en evidencia técnica ignorada por el recurrido, quien no propone soluciones viables ni reconoce riesgos para especies vulnerables. Exigir a la Presidencia una evaluación de fondo no es “invasión de competencias”, sino cumplimiento de su rol coordinador (artículo 140 inciso 3 de la Constitución). La afirmación de que no hay violación porque se “cumplió el deber legal” ignora la afectación real: cientos de pobladores de las barras y lagunas de Madre de Dios han soportado por 23 años contaminaciones que afectan su salud, sustento y derechos fundamentales (artículos 21, 50 y 73 constitucionales). 4. Refutación al “Cuarto: Petitoria” y “Quinto: Prueba” La petitoria de declarar el recurso sin lugar ignora la gravedad ambiental. La prueba aportada (oficios de traslado) es insuficiente; no incluye análisis técnico ni refuta mi evidencia. Ruego a esta Sala rechazar esta petitoria y declarar con lugar el amparo, ordenando acciones inmediatas. Señalo : Copia de prueba técnica (informes UNA, documentación de mortandad), oficios MLV-00143-2025 y DVA-0165-2025. En conclusión, señores Magistrados, ruego sean lo más rigurosos en la defensa de los derechos humanos ambientales de los pobladores afectados. La inacción estatal no puede perpetuarse bajo pretextos formales; exijo una resolución que obligue al Consejo Nacional Ambiental a elaborar el protocolo solicitado, con base en la prueba técnica aportada y en resguardo del artículo 50 constitucional”. 

 5.- Manifiesta el recurrente: “PRIMERO: Que, según constancia extendida a las trece horas cincuenta y siete minutos del treinta de enero de dos mil veintiséis por la Técnica Judicial 3, señora Paola Castro Pérez, y la Secretaria a.i., señora Mariane Castro Villalobos, de esta Sala Constitucional, revisado el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, no aparece que del 26 al 28 de enero de 2026 el señor Ministro de Ambiente y Energía haya presentado escrito o documento alguno para rendir el informe que le fue expresamente solicitado en la resolución dictada a las dieciocho horas treinta y seis minutos del veintiuno de enero de dos mil veintiséis en este expediente. SEGUNDO: Que dicha omisión se agrava por la inasistencia del señor Ministro a la audiencia que este Alto Tribunal le confirió, pese a tratarse de un asunto íntimamente vinculado con las responsabilidades que le impone la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, como máxima autoridad en materia de protección, defensa, preservación y restauración del ambiente (artículos 32, 34, 35, 42, 59 y siguientes). Esta conducta revela una grave indiferencia frente a una crisis ambiental documentada durante 23 años en la Laguna Madre de Dios y zonas adyacentes. TERCERO: Que en el expediente obran pruebas técnicas irrefutables producidas por la Universidad Nacional y el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET), que acreditan los graves y continuos daños ambientales causados por la aplicación indiscriminada y sin control preventivo de productos agroquímicos por parte de empresas bananeras: contaminación de aguas, mortandad de fauna acuática y destrucción del hábitat del manatí antillano (Trichechus manatus manatus) y otras especies protegidas. Estos hechos violan flagrantemente el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política). CUARTO: Que la omisión del informe y la inasistencia configuran la hipótesis del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver sin más trámite”), norma aplicada reiteradamente por esta Sala (sentencias 12817-2009, 10030-2017, 10681-2018, entre otras). QUINTO: Que la inacción del Ministerio vulnera además el principio precautorio y el indubio pro natura, ampliamente desarrollado por esta Sala Constitucional. Por todo lo expuesto, y con fundamento en los artículos 43, 44, 45, 46, 49 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, respetuosamente solicito a este Alto Tribunal: 1. Tener por presentado este escrito y por incorporados al expediente los hechos y argumentos aquí vertidos. 2. Proceder de inmediato a dictar resolución de fondo en el expediente 26-001145-0007-CO, declarando con lugar el recurso de amparo, por la violación al artículo 50 constitucional, teniendo por ciertos los hechos alegados conforme al artículo 45 de la Ley 7135. 3. Condenar al Ministerio de Ambiente y Energía por su incumplimiento reiterado, imponiendo las responsabilidades que correspondan (artículos 8, 53 y 71 de la Ley 7135). 4. Ordenar, como medida de protección inmediata y efectiva, la prohibición absoluta de la aplicación, fumigación o uso de cualquier tipo de agroquímicos y nematicidas dentro de los doscientos (200) metros de las fuentes de agua, canales que discurren hacia quebradas, lagunas y cauces de dominio público que drenan o alimentan la Laguna Madre de Dios y zonas adyacentes, conforme a la legislación ambiental y de recursos hídricos vigente (Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Ley de Aguas, Ley Forestal y reglamentos técnicos sobre franjas de protección). 5. Ordenar al Ministerio de Ambiente y Energía que, en un plazo máximo de treinta (30) días, implemente un protocolo específico, técnico y vinculante de prevención, control, monitoreo y mitigación de la contaminación por agroquímicos en la Laguna Madre de Dios y zonas aledañas, el cual deberá incluir, entre otras medidas: • Restricciones estrictas al uso de sustancias tóxicas en actividades bananeras, incorporando expresamente la prohibición establecida en el numeral anterior. • Monitoreo permanente de calidad de agua y sedimentos (en coordinación con UNA e IRET). • Medidas de restauración del hábitat del manatí y demás especies afectadas. • Mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas pública. Reitero en su totalidad mis pretensiones iniciales contenidas en el recurso de amparo y solicito que se dicte la resolución que en derecho corresponda con la urgencia que el caso amerita, a fin de evitar la continuación de la degradación irreversible de uno de los ecosistemas más valiosos del país y de seguir violentando los derechos de las presentes y futuras generaciones”.

6.- Según constancia del 30 de enero de 2026 de este Tribunal: “…en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 26 al 28 de enero de 2026, el ministro de Ambiente y Energía haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó…”.

 7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- Cuestiones previas. En vista de que ministro de Ambiente y Energía omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.

Además, vista la pretensión de la parte, tendente al dictado de una medida cautelar, el Tribunal estima que tal solicitud carece de interés, toda vez que se entrará a conocer por el fondo este recurso.

II.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que presentó una solicitud ante la autoridad accionada, a los efectos de que se coordinara la elaboración de un Protocolo Nacional de Prevención. Acusa que la respuesta recibida fue tangencial, evasiva y burocrática. Solicita que se ordene al recurrido la elaboración e implementación de un Protocolo Nacional de Prevención de Mortandad Masiva por Agroquímico y que convoque a sesión extraordinaria del Consejo Nacional Ambiental.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)      Por memorial MLV-00143-2025 del 1 de diciembre de 2025, el recurrente solicitó al presidente de la República: “Asunto: Solicitud urgente de intervención presidencial y del Consejo Nacional Ambiental para que se ordene la elaboración inmediata de un Protocolo Nacional de Prevención de Mortandad Masiva de Peces en la Laguna Madre de Dios, canales y cuerpos de agua de la cuenca bananera de Limón-Matina (23 años de desastre ambiental recurrente sin solución estructural) y reclamo formal de respuesta al oficio AEL-00215-2025 del 13 de mayo de 2025 (…) Desde hace 23 años (primer evento masivo documentado en 2002) se repiten, con triste periodicidad, episodios de mortandad masiva de peces, aves, reptiles y mamíferos en la Laguna Madre de Dios, río Matina, canal Bataan y demás cuerpos de agua de la zona bananera de Limón. Estos eventos han sido vinculados científicamente al uso intensivo de nematicidas altamente tóxicos (terbufós, carbofurano, etoprofos y oxamil) y a la ausencia absoluta de zonas de protección de cauces (menos de 15 m en muchos casos) y de controles reales de aplicación. A pesar de la gravedad y la recurrencia, el Estado costarricense, a través de los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía, y Salud, no ha sido capaz, en más de dos décadas, de: • Diseñar e implementar un protocolo nacional obligatorio de prevención, • Prohibir la aplicación aérea y terrestre de nematicidas a menos de 200 metros de cauces, quebradas y humedales, • Exigir bitácoras electrónicas georreferenciadas en tiempo real, • Establecer un sistema permanente de monitoreo toxicológico de agua y sedimento. Esta inacción constituye una violación continuada de los principios in dubio pro natura, preventivo y precautorio, así como del artículo 50 constitucional , y nos coloca en riesgo real de sanciones comerciales internacionales por incumplimiento de estándares socio-ambientales en la cadena de exportación del banano. Peor aún: el pasado 13 de mayo de 2025 envié el oficio AEL-00215-2025 al Área Rectora de Salud de Matina (copia adjunta) solicitando precisamente acciones estructurales y técnicas. A la fecha, han transcurrido más de seis meses sin que exista respuesta de fondo, ni acuse de recibo formal, ni prórroga motivada, violándose flagrantemente el artículo 13 de la Ley N° 10554 (plazo máximo de 10 días hábiles). En consecuencia, y con el mayor respeto institucional, le solicito a usted, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional Ambiental, gire de inmediato las siguientes instrucciones vinculantes a los señores Ministros de Agricultura y Ganadería, de Ambiente y Energía, y de Salud: 1. Ordenar, en un plazo improrrogable de 30 días naturales, la elaboración conjunta de un Protocolo Nacional de Prevención de Mortandad de Peces por Agroquímicos en Zonas Bananeras que incluya obligatoriamente: • Prohibición absoluta de aplicación de nematicidas organofosforados y carbamatos a menos de 200 metros de cauces, quebradas y humedales de dominio público. • Bitácoras electrónicas georreferenciadas obligatorias con acceso público en tiempo real. • Monitoreo toxicológico permanente de agua y sedimento en puntos críticos de la cuenca. • Mecanismo de respuesta rápida ante eventos de mortandad (máximo 24 horas). 2. Instruir la respuesta inmediata y completa al oficio AEL-00215-2025 del 13 de mayo de 2025, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la presente. 3. Convocar, en un plazo no mayor de 45 días, a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional Ambiental con participación de comunidades afrodescendientes, operadores turísticos, académicos y organizaciones ambientales para validar y aprobar dicho protocolo. Adjunto: Copia oficio AEL-00215-2025 del 13 de mayo de 2025 y documentación fotográfica de eventos de mortandad 2002-2025 Hago constar que, de no atenderse esta petición presidencial en los plazos indicados, me veré en la obligación de presentar un recurso de amparo ambiental colectivo y denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación continuada de los derechos a la vida, salud, ambiente sano y participación de las comunidades afrodescendientes de Limón”. (Hecho incontrovertido).

b)      Mediante oficio PR-DP.0773-2025 del 2 de diciembre de 2025, el director del Despacho del presidente de la República trasladó la nota del amparado al ministro de Ambiente y Energía para su atención. (Hecho incontrovertido).

c)      Por oficio DVA-0165-2025 del 18 de diciembre de 2025, el Viceministro de Ambiente respondió al amparado: “En atención a su nota MLV-00143-2025 de fecha 1 de diciembre del 2025, sobre muerte de peces, me permito indicarle lo siguiente en relación a nuestras competencias: “Prohibición absoluta de aplicación de nematicidas organofosforados y carbamatos a menos de 200 metros de cauces, quebradas y humedales de dominio público”. En atención a la solicitud planteada respecto a la eventual elaboración de un protocolo nacional relacionado con eventos de mortalidad de peces asociados a posibles contaminaciones de cuerpos de agua, así como a la solicitud de prohibiciones absolutas en el uso de nematicidas en cercanías de cauces, quebradas y humedales, resulta necesario realizar una serie de aclaraciones de carácter legal, técnico e institucional. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), y en particular el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), forman parte del Poder Ejecutivo y actúan estrictamente dentro del marco de competencias que el ordenamiento jurídico costarricense les asigna. En ese sentido, el SINAC no cuenta con potestades legales para prohibir el uso de plaguicidas, regular directamente su aplicación, modificar distancias de protección ambiental ni establecer nuevas restricciones de carácter general sobre actividades productivas, como las agrícolas. Las áreas de protección de los cuerpos de agua se encuentran expresamente reguladas en el artículo 33 de la Ley Forestal N.° 7575, normativa de rango legal cuya modificación únicamente puede realizarse mediante una reforma legislativa aprobada por la Asamblea Legislativa. En consecuencia, el SINAC carece de facultad para ampliar, reducir o redefinir dichas franjas de protección por vía administrativa, directriz interna o criterio técnico, aun cuando existan preocupaciones ambientales legítimas y recurrentes en determinados territorios. De igual forma, la creación de nuevos reglamentos, decretos ejecutivos, directrices nacionales o prohibiciones absolutas en materia de uso de agroquímicos no corresponde al ámbito competencial del SINAC-ACLAC. Estas atribuciones recaen, según corresponda, en el Poder Legislativo o en instancias específicas del Poder Ejecutivo con competencia directa en la materia, tales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía a nivel central, siempre dentro del marco legal vigente. “Bitácoras electrónicas georreferenciadas obligatorias con acceso público en tiempo real”. Respecto a la solicitud de implementación de bitácoras electrónicas de uso de agroquímicos con acceso público o individual, se aclara que el SINAC no tiene competencia legal para exigir, administrar ni fiscalizar sistemas de registro agrícola, ni para autorizar el acceso de terceros a información operativa interna de empresas privadas. La eventual creación de este tipo de instrumentos debe realizarse mediante normativa específica emitida por las autoridades competentes, en apego a la legislación vigente en materia de protección de datos, debido proceso y seguridad jurídica. No obstante, el SINAC reconoce que los eventos de mortalidad de fauna acuática y las posibles contaminaciones hídricas constituyen una problemática ambiental sensible y de alto interés público, particularmente en regiones con intensa actividad agrícola. En ese contexto, su actuación se orienta al ejercicio de sus competencias técnicas, de coordinación y de verificación ambiental, sin sustituir ni invadir las potestades normativas, regulatorias o sancionatorias que la ley asigna a otras instancias del Estado. “Monitoreo toxicológico permanente de agua y sedimento en puntos críticos de la cuenca”. En relación con la solicitud de establecer un sistema permanente de monitoreo toxicológico de aguas y sedimentos en puntos críticos de la cuenca, es importante aclarar que el SINAC no tiene asignadas por ley competencias para ejecutar programas continuos de monitoreo químico o toxicológico de carácter nacional o regional, ni para definir redes permanentes de muestreo de contaminantes en cuerpos de agua. “Mecanismo de respuesta rápida ante eventos de mortandad (máximo 24 horas)”. Sin perjuicio de lo anterior, el SINAC sí cuenta con un protocolo de atención interinstitucional para la respuesta ante eventuales episodios de contaminación de cuerpos de agua, el cual se activa cuando se presentan denuncias formales, alertas comunitarias o evidencias de afectación a la biodiversidad, tales como eventos de mortalidad de peces u otros organismos acuáticos. Este protocolo contempla la coordinación con las instituciones que poseen competencia directa en la materia, entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía a nivel central y, cuando corresponde, el Ministerio Público, a fin de que se realicen las evaluaciones técnicas especializadas, incluyendo los análisis fisicoquímicos y toxicológicos que resulten pertinentes. En este esquema, el rol del SINAC-ACLAC se orienta a la verificación de afectaciones ambientales, la documentación técnica del impacto sobre los ecosistemas, la recopilación de información de campo y la canalización oportuna de los hallazgos hacia las autoridades con competencia directa en materia de salud pública, uso de agroquímicos y fiscalización ambiental, garantizando así una atención integral y coordinada de los eventos, sin duplicidad de funciones ni extralimitación de competencias. Para esto el SINAC dispone del “Manual de procedimientos para atender eventos de Daño Ambiental sobre el Recurso Hídrico”, para la atención oportuna y correcta de los eventos de daño ambiental sobre el recurso hídrico, y brindar un efectivo respaldo de las actuaciones”. (Hecho incontrovertido).

IV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente indica que presentó una solicitud ante la autoridad accionada, a los efectos de que se coordinara la elaboración de un Protocolo Nacional de Prevención. Acusa que la respuesta recibida fue tangencial, evasiva y burocrática. Solicita que se ordene al recurrido la elaboración e implementación de un Protocolo Nacional de Prevención de Mortandad Masiva por Agroquímico y que convoque a sesión extraordinaria del Consejo Nacional Ambiental.

Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, por memorial MLV-00143-2025 del 1 de diciembre de 2025, el recurrente solicitó al presidente de la República: “Asunto: Solicitud urgente de intervención presidencial y del Consejo Nacional Ambiental para que se ordene la elaboración inmediata de un Protocolo Nacional de Prevención de Mortandad Masiva de Peces en la Laguna Madre de Dios, canales y cuerpos de agua de la cuenca bananera de Limón-Matina (23 años de desastre ambiental recurrente sin solución estructural) y reclamo formal de respuesta al oficio AEL-00215-2025 del 13 de mayo de 2025 (…) Desde hace 23 años (primer evento masivo documentado en 2002) se repiten, con triste periodicidad, episodios de mortandad masiva de peces, aves, reptiles y mamíferos en la Laguna Madre de Dios, río Matina, canal Bataan y demás cuerpos de agua de la zona bananera de Limón. Estos eventos han sido vinculados científicamente al uso intensivo de nematicidas altamente tóxicos (terbufós, carbofurano, etoprofos y oxamil) y a la ausencia absoluta de zonas de protección de cauces (menos de 15 m en muchos casos) y de controles reales de aplicación. A pesar de la gravedad y la recurrencia, el Estado costarricense, a través de los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía, y Salud, no ha sido capaz, en más de dos décadas, de: • Diseñar e implementar un protocolo nacional obligatorio de prevención, • Prohibir la aplicación aérea y terrestre de nematicidas a menos de 200 metros de cauces, quebradas y humedales, • Exigir bitácoras electrónicas georreferenciadas en tiempo real, • Establecer un sistema permanente de monitoreo toxicológico de agua y sedimento. Esta inacción constituye una violación continuada de los principios in dubio pro natura, preventivo y precautorio, así como del artículo 50 constitucional , y nos coloca en riesgo real de sanciones comerciales internacionales por incumplimiento de estándares socio-ambientales en la cadena de exportación del banano. Peor aún: el pasado 13 de mayo de 2025 envié el oficio AEL-00215-2025 al Área Rectora de Salud de Matina (copia adjunta) solicitando precisamente acciones estructurales y técnicas. A la fecha, han transcurrido más de seis meses sin que exista respuesta de fondo, ni acuse de recibo formal, ni prórroga motivada, violándose flagrantemente el artículo 13 de la Ley N° 10554 (plazo máximo de 10 días hábiles). En consecuencia, y con el mayor respeto institucional, le solicito a usted, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional Ambiental, gire de inmediato las siguientes instrucciones vinculantes a los señores Ministros de Agricultura y Ganadería, de Ambiente y Energía, y de Salud: 1. Ordenar, en un plazo improrrogable de 30 días naturales, la elaboración conjunta de un Protocolo Nacional de Prevención de Mortandad de Peces por Agroquímicos en Zonas Bananeras que incluya obligatoriamente: • Prohibición absoluta de aplicación de nematicidas organofosforados y carbamatos a menos de 200 metros de cauces, quebradas y humedales de dominio público. • Bitácoras electrónicas georreferenciadas obligatorias con acceso público en tiempo real. • Monitoreo toxicológico permanente de agua y sedimento en puntos críticos de la cuenca. • Mecanismo de respuesta rápida ante eventos de mortandad (máximo 24 horas). 2. Instruir la respuesta inmediata y completa al oficio AEL-00215-2025 del 13 de mayo de 2025, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la presente. 3. Convocar, en un plazo no mayor de 45 días, a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional Ambiental con participación de comunidades afrodescendientes, operadores turísticos, académicos y organizaciones ambientales para validar y aprobar dicho protocolo. Adjunto: Copia oficio AEL-00215-2025 del 13 de mayo de 2025 y documentación fotográfica de eventos de mortandad 2002-2025 Hago constar que, de no atenderse esta petición presidencial en los plazos indicados, me veré en la obligación de presentar un recurso de amparo ambiental colectivo y denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación continuada de los derechos a la vida, salud, ambiente sano y participación de las comunidades afrodescendientes de Limón”. Mediante oficio PR-DP.0773-2025 del 2 de diciembre de 2025, el director del Despacho del presidente de la República trasladó la nota del amparado al ministro de Ambiente y Energía para su atención. Por oficio DVA-0165-2025 del 18 de diciembre de 2025, el Viceministro de Ambiente respondió al amparado: “En atención a su nota MLV-00143-2025 de fecha 1 de diciembre del 2025, sobre muerte de peces, me permito indicarle lo siguiente en relación a nuestras competencias: “Prohibición absoluta de aplicación de nematicidas organofosforados y carbamatos a menos de 200 metros de cauces, quebradas y humedales de dominio público”. En atención a la solicitud planteada respecto a la eventual elaboración de un protocolo nacional relacionado con eventos de mortalidad de peces asociados a posibles contaminaciones de cuerpos de agua, así como a la solicitud de prohibiciones absolutas en el uso de nematicidas en cercanías de cauces, quebradas y humedales, resulta necesario realizar una serie de aclaraciones de carácter legal, técnico e institucional. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), y en particular el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), forman parte del Poder Ejecutivo y actúan estrictamente dentro del marco de competencias que el ordenamiento jurídico costarricense les asigna. En ese sentido, el SINAC no cuenta con potestades legales para prohibir el uso de plaguicidas, regular directamente su aplicación, modificar distancias de protección ambiental ni establecer nuevas restricciones de carácter general sobre actividades productivas, como las agrícolas. Las áreas de protección de los cuerpos de agua se encuentran expresamente reguladas en el artículo 33 de la Ley Forestal N.° 7575, normativa de rango legal cuya modificación únicamente puede realizarse mediante una reforma legislativa aprobada por la Asamblea Legislativa. En consecuencia, el SINAC carece de facultad para ampliar, reducir o redefinir dichas franjas de protección por vía administrativa, directriz interna o criterio técnico, aun cuando existan preocupaciones ambientales legítimas y recurrentes en determinados territorios. De igual forma, la creación de nuevos reglamentos, decretos ejecutivos, directrices nacionales o prohibiciones absolutas en materia de uso de agroquímicos no corresponde al ámbito competencial del SINAC-ACLAC. Estas atribuciones recaen, según corresponda, en el Poder Legislativo o en instancias específicas del Poder Ejecutivo con competencia directa en la materia, tales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía a nivel central, siempre dentro del marco legal vigente. “Bitácoras electrónicas georreferenciadas obligatorias con acceso público en tiempo real”. Respecto a la solicitud de implementación de bitácoras electrónicas de uso de agroquímicos con acceso público o individual, se aclara que el SINAC no tiene competencia legal para exigir, administrar ni fiscalizar sistemas de registro agrícola, ni para autorizar el acceso de terceros a información operativa interna de empresas privadas. La eventual creación de este tipo de instrumentos debe realizarse mediante normativa específica emitida por las autoridades competentes, en apego a la legislación vigente en materia de protección de datos, debido proceso y seguridad jurídica. No obstante, el SINAC reconoce que los eventos de mortalidad de fauna acuática y las posibles contaminaciones hídricas constituyen una problemática ambiental sensible y de alto interés público, particularmente en regiones con intensa actividad agrícola. En ese contexto, su actuación se orienta al ejercicio de sus competencias técnicas, de coordinación y de verificación ambiental, sin sustituir ni invadir las potestades normativas, regulatorias o sancionatorias que la ley asigna a otras instancias del Estado. “Monitoreo toxicológico permanente de agua y sedimento en puntos críticos de la cuenca”. En relación con la solicitud de establecer un sistema permanente de monitoreo toxicológico de aguas y sedimentos en puntos críticos de la cuenca, es importante aclarar que el SINAC no tiene asignadas por ley competencias para ejecutar programas continuos de monitoreo químico o toxicológico de carácter nacional o regional, ni para definir redes permanentes de muestreo de contaminantes en cuerpos de agua. “Mecanismo de respuesta rápida ante eventos de mortandad (máximo 24 horas)”. Sin perjuicio de lo anterior, el SINAC sí cuenta con un protocolo de atención interinstitucional para la respuesta ante eventuales episodios de contaminación de cuerpos de agua, el cual se activa cuando se presentan denuncias formales, alertas comunitarias o evidencias de afectación a la biodiversidad, tales como eventos de mortalidad de peces u otros organismos acuáticos. Este protocolo contempla la coordinación con las instituciones que poseen competencia directa en la materia, entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía a nivel central y, cuando corresponde, el Ministerio Público, a fin de que se realicen las evaluaciones técnicas especializadas, incluyendo los análisis fisicoquímicos y toxicológicos que resulten pertinentes. En este esquema, el rol del SINAC-ACLAC se orienta a la verificación de afectaciones ambientales, la documentación técnica del impacto sobre los ecosistemas, la recopilación de información de campo y la canalización oportuna de los hallazgos hacia las autoridades con competencia directa en materia de salud pública, uso de agroquímicos y fiscalización ambiental, garantizando así una atención integral y coordinada de los eventos, sin duplicidad de funciones ni extralimitación de competencias. Para esto el SINAC dispone del “Manual de procedimientos para atender eventos de Daño Ambiental sobre el Recurso Hídrico”, para la atención oportuna y correcta de los eventos de daño ambiental sobre el recurso hídrico, y brindar un efectivo respaldo de las actuaciones”.

Ahora bien, a partir de tales hechos probados, la Sala descarta una lesión a los derechos fundamentales del justiciable. En efecto, tanto en su memorial MLV-00143-2025 como en este amparo, el justiciable pretende que la autoridad recurrida elabore e implemente un Protocolo Nacional de Prevención de Mortandad Masiva por Agroquímicos y, además, convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional Ambiental en 45 días, con participación distintos sectores de la sociedad. Tal tipo de gestión configura una exhortación, respecto de lo cual la Sala ha determinado que la Administración no tiene obligación de contestar. Así se indicó en la sentencia nro. 705-96 de las 16:12 horas de 7 de febrero de 1996:

“(…) Del análisis del oficio de fecha 29 de noviembre de 1995, enviado por el recurrente al Ministro de Obras Públicas y Transportes (Ver a folio 4) y cuya omisión de dar respuesta es el objeto de los alegatos aquí planteados, no se observa que tal omisión constituya violación al derecho de petición y pronta respuesta tutelado por el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, lo que sí se desprende de ese documento, es que el objetivo que buscaba era hacerle una exitativa (sic) al señor Ministro para que se abocara a promover al interior del Ministerio que tiene a su cargo el proceso ‘concertado, participativo y transparente en la cuestión de la Transformación del Estado’, tal y como lo afirma el recurrente en el libelo de interposición del recurso… En razón de lo anterior, no se podría pretender obligar al Ministro de Obras Públicas y Transportes a rendir una respuesta, pues no se le está solicitando que rinda información alguna sobre el proceso de transformación en su cartera, lo cuál (sic) hace necesario, declarar sin lugar el recurso. (…)”.

Por su parte, en la sentencia nro. 2002-3910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, este Tribunal consideró:

“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora Nombre02”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)”.

 

En este caso, existe una exhortación del recurrente para que se elabore e implemente el protocolo de su interés y, además, sesione el Consejo Nacional Ambiental, lo que no halla cobijo en el artículo 27 constitucional, según lo explicado.

Por otro lado, la disconformidad con la respuesta obtenida -por ser supuestamente tangencial, evasiva y burocrática- tampoco es materia de esta jurisdicción según lo ha establecido la Sala, como por ejemplo se advierte en la sentencia nro. 2025035222 de las 13:24 horas del 24 de octubre de 2025: “… la inconformidad del recurrente con la respuesta que le brindó la autoridad recurrida, es un extremo de legalidad, que excede el ámbito de competencia de ésta jurisdicción, motivo por el cual en cuando a dicho extremo el recurso debe ser desestimado, como en efecto se ordena …”).

Atinente a las distintas manifestaciones posteriores del accionante, que se refieren a situaciones diversas o genéricas, la Sala recuerda que el numeral 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige que el recurrente exprese en su escrito de interposición “…con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo…” (El subrayado es agregado). Así, vistos los múltiples escritos del justiciable y, en caso de que a bien lo tenga, podrá el interesado plantear los agravios que estime ante esta jurisdicción, en cuyo caso deberá cumplir los requisitos de ley mencionados, o en la vía administrativa o de legalidad que estime pertinente. En ese sentido, se explica que el proceso de amparo, por tratarse de una vía sumaria, es incompatible con actividad probatoria compleja, pues un amplio debate probatorio y análisis exhaustivo desnaturaliza la rapidez y protección directa de los derechos fundamentales. Igualmente, se apunta que el artículo 35 de esa ley dispone:

“Artículo 35. El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.

Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso”. (El subrayado es agregado).

En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.

V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el recurso.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 IBW6K1VHHVS61

EXPEDIENTE N° 26-001145-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:16:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**File No. 26-001145-0007-CO**

**Res. No. 2026006259**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine thirty hours on the twentieth of February, two thousand twenty-six.

A recurso de amparo processed in file no. 26-001145-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, against the NATIONAL ENVIRONMENTAL COUNCIL AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE).

**Whereas:**

1.- By a document received in the Chamber on January 13, 2026, the claimant files a recurso de amparo. They state that for many years there has been persistent contamination by pesticides—originating from intensive agricultural activities such as banana and pineapple crops—in the Madre de Dios basin and lagoon (cuenca y laguna Madre de Dios), located in Matina de Limón, which directly affects local communities, aquatic fauna, and protected ecosystems, generating an imminent risk to human health and ecological balance. They detail that "for more than 23 years (first massive event documented in 2002, with serious recurrences in 2003, 2015-2019, 2024, and 2025), episodes of massive mortality of fish, crustaceans, reptiles, birds, and aquatic mammals have recurred in the Madre de Dios Lagoon, Matina River, Bataán Canal, Pacuare River, and other water bodies of the Limón banana basin. These events have been widely covered by national media (...) through renowned journalistic reports documenting the magnitude of the disaster and its scientific link to agrochemicals. (...) Studies by the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (IRET-UNA) confirm permanent contamination with more than 20 highly toxic pesticides (including organophosphate nematicides such as terbufos, carbofuran, ethoprophos, and oxamyl), transported by runoff (escorrentía) from agro-industrial plantations, without adequate protection zones or effective controls. The Madre de Dios Lagoon is a critical habitat for the Antillean manatee, a vulnerable species whose presence is documented and which acts as an indicator of ecosystem health; chronic exposure to toxins threatens its survival." They specify that the environmental problem has been exposed and corroborated in official letter UNA-IRET-OFIC-572-2017 issued by the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (IRET) of the National University, in official letter SINACACLAC-PCB-075-2021 of August 30, 2022, issued by the Pesticide Residue Analysis Laboratory (LAREP) of IRET, as well as in the technical document called "Contamination by Pesticides in the Madre de Dios Basin and Lagoon, Matina (Limón)" of June 3, 2025, prepared by the Ecotoxicological Studies Laboratory (ECOTOX) and LAREP of IRET of the National University. They claim that, in this context, on December 1, 2025, they submitted official letter MLV-00143-2025 addressed to the President of the Republic—in his capacity as President of the National Environmental Council (Consejo Nacional Ambiental)—, through which they requested urgent intervention so that the elaboration of a national protocol for the prevention of massive mortality from agrochemicals be coordinated. They argue that the response was delegated to the Vice Minister of Environment who, on December 18, 2025, issued official letter DVA-0165-2025, which contained what, in their view, was a "tangential, evasive, and bureaucratic response, issued without prior investigation of background information in bodies such as SINAC, central MINAE, Ministry of Health, or MAG. It shields itself behind jurisdictional limitations without proposing viable technical solutions, without promoting coordination, and without recognizing risks for vulnerable species such as the manatee, unforgivably trivializing a historical and widely documented problem." They argue that the foregoing constitutes a continuous violation of the principles of prevention, precaution, and in dubio pro natura, with irreversible damages to the diffuse rights of the community. They reiterate that the situation for which the intervention of the National Environmental Council was requested "puts ecosystem integrity and the survival of vulnerable species such as the Antillean manatee at irreversible risk."

2.- By ruling at 18:36 hours on January 21, 2026, the recurso de amparo was admitted (se dio curso).

3.- Jorge Rodríguez Bogle, in his capacity as acting Minister of the Presidency of the Republic, reports under oath, the following: "…The initial factual core of this matter consists of the request addressed by the appellant to the Presidency of the Republic on December 1, 2025, received in this Ministry the following day. Strictly adhering to the principle of delimitation of jurisdictional powers and applying the principle of subsidiarity, this Ministry carried out the transfer required by law. By official letter PR-DP-0773-2025 dated December 2, 2025, the petition of Mr. Nombre01 was forwarded to Mr. Franz Tattenbach Capra, Minister of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), for his direct and exclusive attention; wherein it stated: "(...) By this means, we forward to you a note from Nombre01, received in this Office on December 2, 2025. Therefore, for the corresponding attention (...)". This decision was not discretionary, but derived from the specific legal jurisdiction held by MINAE. Pursuant to Article 2 of its Organic Law, MINAE has jurisdiction over the stewardship, formulation, planning, and execution of national policy on environmental matters, natural resources, and energy, being the technically and administratively competent body to hear, evaluate, and resolve a request for a national protocol for the prevention of massive mortality from agrochemicals. The transfer made by this Presidency was, therefore, an act of strict administrative procedure, legally compliant, and oriented towards guaranteeing efficient administration, ensuring that the petition was heard by the body with the substantive powers to do so. SECOND. - MINAE'S RESPONSE AND ITS BINDING NATURE. Derived from the previous transfer, MINAE, in the exercise of its exclusive jurisdictional powers, issued a response to the appellant through official letter DVA-0165-2025 of December 18, 2025. It is essential to highlight that, once the request was channeled to the competent body, the response issued by MINAE constitutes the official and appropriate position of the Public Administration on the matter. The powers conferred by law on MINAE empower it to analyze the technical background, coordinate with other institutions in the sector such as SINAC, the Ministry of Health, or the MAG if deemed pertinent, and formulate the response it considers technically and legally adequate. THIRD. - REPLY TO THE PERCEPTION OF INSUFFICIENCY OF THE RESPONSE. The appellant expresses their disagreement, describing MINAE's response as 'tangential, evasive, and bureaucratic, issued without prior investigation of background information.' First, the nature of the right to petition established in Article 27 of the Political Constitution guarantees the right to a prompt response, but not the right to obtain a favorable resolution or one that conforms to the subjective expectations of the petitioner. In this sense, the jurisprudence of the Constitutional Chamber has been clear. In its Resolution No. 18603-2022, at 09 hours and 05 minutes on August 12, 2022, it established the following: '(...) III.- ON THE RIGHT TO PETITION. Article 27 of the Political Constitution protects the right to petition, which is defined as the right of every person to address in writing any public official or entity in order to present a matter of their interest and, in this regard, to receive a prompt response, without this meaning that the Administration is obligated to provide a favorable response. Thus, the right to petition means the power to request, but not necessarily to obtain a satisfactory response. In this way, the Administration cannot restrict the right of individuals to address public bodies (see in that regard, among others, judgment no. 2016003337 at 11:23 hours on March 4, 2016). (...).' This criterion leads to a clear conclusion: the Administration fulfills its constitutional obligation by responding to the request, without this necessarily implying accepting what the petitioner requested. Second, it is worth noting that the assessment of the sufficiency of the prior investigation or the technical content of the response emanates exclusively from the competent body in the matter that issued it—in this case, MINAE, and not from this Ministry. Consequently, demanding that the Presidency of the Republic evaluate or rule on the substance of a response issued by another specialized ministry would constitute an invasion of jurisdictional powers, which, in turn, could generate an administrative act vitiated by nullity due to absolute lack of jurisdiction, by usurping powers that the law exclusively reserves to a technical authority. That said, it must be clear that the appellant's disagreement precisely represents a subjective perception of the content of a response that, nonetheless, was provided by the legally and technically empowered body. In this sense, the legal system does not enshrine a right to receive a response that the citizen considers 'satisfactory' according to their own criteria, but rather the right to obtain a response from the competent authority, which in this case has been duly issued by MINAE. Therefore, strictly in relation to the action of this Ministry, the appellant's assertion regarding an alleged 'continued violation of the principles of prevention, precaution, and in dubio pro-natura, with irreversible damages to the diffuse rights of the community' is legally untenable. This assertion disregards the nature of the act performed. The function fulfilled by this authority was limited to an act of mere procedure and jurisdictional channeling, which constitutes the exact fulfillment of its legal duty. The eventual safeguarding of the invoked environmental principles corresponds, in any case, to the specialized and competent body to materialize them: MINAE, which was duly required and has already issued its reasoned response. FOURTH. - PRAYER: Based on the constitutional and legal provisions that inform the matter, this Ministerial Office respectfully requests the Honorable Magistrates of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice to DECLARE WITHOUT MERIT the present recurso de amparo or, failing that, without special award of costs, damages, and losses."

4.- The appellant states: "Subject: Rigorous and exhaustive reply to the evasive and omissive report of the acting Minister of the Presidency of the Republic (official letter MP-DMP-OF-0069-2026), with reiteration of initial manifestations and detailed refutation, in defense of fundamental environmental rights. Gentlemen Magistrates: I, Nombre01, of legal age, identity card CED01, resident of Barrio Roosevelt, Limón, in my capacity as appellant in the present recurso de amparo, respectfully appear before this Honorable Chamber to reply formally, professionally, critically, rigorously, in detail, and exhaustively to the report rendered by Mr. Jorge Rodríguez Bogle, in his capacity as acting Minister of the Presidency of the Republic, through official letter MP-DMP-OF-0069-2026 of January 28, 2026. This report, far from addressing the substance of the matter with the required technical and legal rigor, is limited to an evasive and omissive procedural approach, hiding behind administrative formalities to evade state responsibility in the face of a flagrant and continuous violation of environmental human rights. I reiterate my initial manifestations, as recorded in the filed recurso de amparo, to contextualize this reply and emphasize the seriousness of the case. On December 1, 2025, through official letter MLV00143-2025 addressed to the President of the Republic in his capacity as President of the National Environmental Council, I requested urgent intervention to coordinate the elaboration of a national protocol for the prevention of massive mortality from agrochemicals. This petition is based on irrefutable technical evidence, provided by the undersigned, which documents the chronic contamination of rivers, lagoons, and coastal bars in the Madre de Dios region (Limón), with irreversible impacts on vulnerable ecosystems, including endangered species such as the Antillean manatee (Trichechus manatus) and various fish populations. Said contamination derives from the unregulated use of biocides and chemical products by agro-industrial companies, in flagrant disregard for Article 50 of the Political Constitution, which enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado). It is imperative to clarify, as the respondent appears to interpret, that my initial petition does not constitute a judicial claim or a request for an immediate resolution on the merits, but rather a simple request for information and coordinated action, protected under Article 27 of the Political Constitution (right to petition) and Article 11 of the General Public Administration Law (principle of effectiveness). However, the acting Minister's report reduces the matter to a mere procedure of jurisdictional transfer, omitting any substantive analysis of the technical evidence provided by the appellant. This omission is unacceptable and violates the principles of prevention, precaution, and in dubio pro natura, enshrined in the jurisprudence of this Chamber (for example, judgment No. 2005-01509) and in international instruments such as the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416). I will proceed to refute the report point by point, demonstrating its inadequacy and the need for rigorous intervention by this Chamber. 1. Refutation of the 'Second: Action of this Ministry: Compliance with the Principle of Jurisdiction' The report alleges that the transfer of my petition to the Ministry of Environment and Energy (MINAE) through official letter PR-DP-0773-2025 of December 2, 2025, was an act 'strictly of administrative procedure, legally compliant.' While I acknowledge the jurisdictional delimitation established in Article 2 of the Organic Law of MINAE (Law No. 7152), this justification is tangential and omissive, as it ignores the superior responsibility of the President of the Republic as President of the National Environmental Council (Article 3 of the Biodiversity Law No. 7788). The Council is not a passive entity; it has the obligation to coordinate inter-institutional environmental policies, especially in the face of documented ecological emergencies. Even more serious, the report performs no analysis of the technical evidence provided by the undersigned, including reports from the National University (UNA) that detect levels of agrochemicals (such as glyphosate and chlorpyrifos) that far exceed national standards (Resolution MS-DM-014-2018 of the Ministry of Health) and international standards (limits of the WHO and EPA). This evidence demonstrates a flagrant, decades-long impact on aquatic ecosystems, with massive death of fish and manatees, violating third-generation rights (collective environmental rights, judgment No. 1995-05735 of this Chamber). The respondent hides behind 'formalities' to justify their inertia, omitting that the lack of political will has prevented the issuance of a regulation supported by the Water Law (Ley de Aguas, Law No. 276 of 1942, reformed), necessary to regulate the application of biocides by agro-industrial companies. This constitutes a systematic disregard for Article 50 of the Constitution, since the State has the positive duty to protect the environment, not just to transfer petitions. 2. Refutation of the 'Second: MINAE's Response and its Binding Nature' The report describes MINAE's response (official letter DVA-0165-2025 of December 18, 2025) as the 'official and appropriate position of the Public Administration,' emphasizing its binding nature. This assertion is evasive, as it does not evaluate the content of that response, which—as I denounced—is tangential, bureaucratic, and lacking in prior investigation. MINAE, despite having at its disposal experts from the National System of Conservation Areas (SINAC), the Ministry of Health, and the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), did not coordinate any concrete action nor analyze the documented background. The respondent had the opportunity to verify the excessive application of chemicals detected by UNA, which exceed standards such as the 0.1 µg/L for pesticides in drinking water (European Directive 98/83/EC, incorporated via Costa Rican environmental jurisprudence). Even so, it issues an omissive report without signs of technical or legal effort to correct the recurrent fish mortality, which we have documented with photographs, videos, and testimonies from residents over 23 years. This is not a mere 'procedure'; it is an omission that perpetuates irreversible damages to diffuse rights, violating the principle of environmental non-regression (judgment No. 2012-01457 of this Chamber). 3. Refutation of the 'Third: Reply to the Perception of Insufficiency of the Response' The report invokes Article 27 of the Constitution and jurisprudence (such as judgment No. 18603-2022) to argue that the right to petition guarantees a 'prompt' response, but not a 'favorable' one. This interpretation is reductionist and omits that the response must be substantive and reasoned (Article 124 of the General Public Administration Law), not evasive. My 'subjective perception' is not capricious; it is based on technical evidence ignored by the respondent, who proposes no viable solutions nor recognizes risks to vulnerable species. Demanding a substantive evaluation from the Presidency is not an 'invasion of jurisdictional powers,' but rather the fulfillment of its coordinating role (Article 140, subsection 3 of the Constitution). The assertion that there is no violation because the 'legal duty was fulfilled' ignores the real impact: hundreds of residents of the bars and lagoons of Madre de Dios have endured contaminations for 23 years that affect their health, livelihood, and fundamental rights (Articles 21, 50, and 73 of the Constitution). 4. Refutation of the 'Fourth: Prayer' and 'Fifth: Evidence' The prayer to declare the recurso without merit ignores the environmental gravity. The evidence provided (transfer official letters) is insufficient; it includes no technical analysis nor refutes my evidence. I implore this Chamber to reject this prayer and declare the recurso de amparo with merit, ordering immediate actions. I indicate: Copy of technical evidence (UNA reports, documentation of mortality), official letters MLV-00143-2025 and DVA-0165-2025. In conclusion, gentlemen Magistrates, I implore you to be as rigorous as possible in the defense of the environmental human rights of the affected residents. State inaction cannot be perpetuated under formal pretexts; I demand a resolution that obliges the National Environmental Council to elaborate the requested protocol, based on the technical evidence provided and in protection of Article 50 of the Constitution."

5.- The appellant states: "FIRST: That, according to a record issued at thirteen hundred fifty-seven hours on January thirtieth, two thousand twenty-six, by Judicial Technician 3, Ms. Paola Castro Pérez, and the Acting Secretary, Ms. Mariane Castro Villalobos, of this Constitutional Chamber, having reviewed the Costa Rican Judicial Office Management System, it does not appear that from January 26 to 28, 2026, the Minister of Environment and Energy submitted any document to render the report expressly requested of him in the resolution issued at eighteen hundred thirty-six hours on January twenty-first, two thousand twenty-six, in this file. SECOND: That this omission is aggravated by the Minister's failure to attend the hearing (audiencia) granted to him by this High Court, despite this being a matter intimately linked to the responsibilities imposed on him by the Organic Law of the Environment, Law No. 7554, as the highest authority in matters of protection, defense, preservation, and restoration of the environment (Articles 32, 34, 35, 42, 59, and following). This conduct reveals a serious indifference to an environmental crisis documented for 23 years in the Madre de Dios Lagoon and adjacent areas. THIRD: That the file contains irrefutable technical evidence produced by the National University and the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (IRET), which certifies the grave and continuous environmental damages caused by the indiscriminate application, without preventive control, of agrochemical products by banana companies: contamination of waters, death of aquatic fauna, and destruction of the habitat of the Antillean manatee (Trichechus manatus manatus) and other protected species. These facts flagrantly violate the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution). FOURTH: That the omission of the report and the non-attendance constitute the hypothesis of Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law ('the facts shall be taken as true, and the matter shall be resolved without further procedure'), a rule repeatedly applied by this Chamber (judgments 12817-2009, 10030-2017, 10681-2018, among others). FIFTH: That the Ministry's inaction also violates the precautionary principle and the in dubio pro natura principle, widely developed by this Constitutional Chamber. For all the foregoing, and based on Articles 43, 44, 45, 46, 49, and 53 of the Constitutional Jurisdiction Law, I respectfully request of this High Court: 1. To deem this document submitted and the facts and arguments set forth herein incorporated into the file. 2. To proceed immediately to issue a final ruling in file 26-001145-0007-CO, declaring the recurso de amparo with merit, due to the violation of Article 50 of the Constitution, taking the alleged facts as true pursuant to Article 45 of Law 7135. 3. To sanction the Ministry of Environment and Energy for its repeated non-compliance, imposing the corresponding responsibilities (Articles 8, 53, and 71 of Law 7135). 4. To order, as an immediate and effective protective measure, the absolute prohibition of the application, spraying, or use of any type of agrochemicals and nematicides within two hundred (200) meters of water sources (fuentes de agua), canals that flow towards streams (quebradas), lagoons, and public watercourses that drain or feed the Madre de Dios Lagoon and adjacent areas, in accordance with current environmental and water resource legislation (Organic Law of the Environment No. 7554, Water Law, Forestry Law, and technical regulations on protection strips). 5. To order the Ministry of Environment and Energy, within a maximum period of thirty (30) days, to implement a specific, technical, and binding protocol for the prevention, control, monitoring, and mitigation of contamination by agrochemicals in the Madre de Dios Lagoon and surrounding areas, which must include, among other measures: • Strict restrictions on the use of toxic substances in banana activities, expressly incorporating the prohibition established in the preceding paragraph. • Permanent monitoring of water and sediment quality (in coordination with UNA and IRET). • Measures for the restoration of the habitat of the manatee and other affected species. • Mechanisms for citizen participation and public accountability. I reiterate in their entirety my initial claims contained in the recurso de amparo and request that the legally corresponding resolution be issued with the urgency that the case merits, in order to prevent the continuation of the irreversible degradation of one of the most valuable ecosystems in the country and to stop continuing to violate the rights of present and future generations."

6.- According to a record of January 30, 2026, from this Court: "…in the COSTA RICAN JUDICIAL OFFICE MANAGEMENT SYSTEM the RECEIVED DOCUMENTS CONTROL AND THIS FILE, it did not appear that from January 26 to 28, 2026, the Minister of Environment and Energy submitted any document, in order to render the report that was requested of him…".

7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

**Considering:**

I.- Preliminary issues. Given that the Minister of Environment and Energy failed to respond to the hearing within the period set by this Court in the resolution admitting the sub lite case, the recurso is resolved in accordance with Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law and taking into consideration the evidentiary elements found in the case file.

Furthermore, in view of the party's claim, aimed at the issuance of a precautionary measure, the Court considers that such a request is moot, since this recurso will be examined on its merits (por el fondo).

II.- Object of the recurso. The appellant indicates that they submitted a request to the respondent authority, for the purpose of coordinating the elaboration of a National Prevention Protocol. They claim that the response received was tangential, evasive, and bureaucratic. They request that the respondent be ordered to elaborate and implement a National Protocol for the Prevention of Massive Mortality from Agrochemicals and to convene an extraordinary session of the National Environmental Council.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a) By memorial MLV-00143-2025 of December 1, 2025, the appellant requested the President of the Republic: "Subject: Urgent request for presidential and National Environmental Council intervention to order the immediate elaboration of a National Protocol for the Prevention of Massive Fish Mortality in the Madre de Dios Lagoon, canals, and water bodies of the Limón-Matina banana basin (23 years of a recurring environmental disaster without a structural solution) and formal complaint regarding the response to official letter AEL-00215-2025 of May 13, 2025 (…) For 23 years (first massive event documented in 2002), episodes of massive mortality of fish, birds, reptiles, and mammals in the Madre de Dios Lagoon, Matina River, Bataan Canal, and other water bodies of the Limón banana zone have recurred with sad periodicity. These events have been scientifically linked to the intensive use of highly toxic nematicides (terbufos, carbofuran, ethoprophos, and oxamyl) and to the absolute absence of watercourse protection zones (less than 15 m in many cases) and real application controls. Despite the gravity and recurrence, the Costa Rican State, through the Ministries of Agriculture and Livestock, Environment and Energy, and Health, has not been able, in more than two decades, to: • Design and implement a mandatory national prevention protocol, • Prohibit the aerial and terrestrial application of nematicides within less than 200 meters of watercourses, streams (quebradas), and wetlands, • Require geo-referenced electronic logbooks in real-time, • Establish a permanent system for toxicological monitoring of water and sediment. This inaction constitutes a continuous violation of the principles in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as well as of Article 50 of the Constitution, and places us at real risk of international trade sanctions for non-compliance with socio-environmental standards in the banana export chain. Worse yet: on May 13, 2025, I sent official letter AEL-00215-2025 to the Governing Health Area of Matina (copy attached) precisely requesting structural and technical actions. To date, more than six months have passed without a substantive response, nor formal acknowledgment of receipt, nor reasoned extension, flagrantly violating Article 13 of Law No. 10554 (maximum period of 10 business days). Consequently, and with the greatest institutional respect, I request you, in your capacity as President of the National Environmental Council, immediately issue the following binding instructions to the Ministers of Agriculture and Livestock, Environment and Energy, and Health: 1. Order, within a non-extendable period of 30 calendar days, the joint elaboration of a National Protocol for the Prevention of Fish Mortality from Agrochemicals in Banana Zones, which must mandatorily include: • Absolute prohibition of the application of organophosphate and carbamate nematicides within less than 200 meters of public watercourses (cauces), streams (quebradas), and wetlands. • Mandatory geo-referenced electronic logbooks with public access in real-time. • Permanent toxicological monitoring of water and sediment at critical points in the basin. • Rapid response mechanism for mortality events (maximum 24 hours). 2. Instruct an immediate and complete response to official letter AEL-00215-2025 of May 13, 2025, within a maximum period of five business days from the receipt of this request. 3. Convene, within a period of no more than 45 days, an extraordinary session of the National Environmental Council with the participation of Afro-descendant communities, tour operators, academics, and environmental organizations to validate and approve said protocol."

Attachment: Copy of official communication AEL-00215-2025 of May 13, 2025, and photographic documentation of mortality events 2002-2025. I hereby state that, should this presidential request not be addressed within the indicated timeframes, I will be compelled to file a collective environmental amparo action and a complaint before the Inter-American Court of Human Rights for the continued violation of the rights to life, health, a healthy environment, and participation of the Afro-descendant communities of Limón.” (Undisputed fact).

b)      Through official communication PR-DP.0773-2025 of December 2, 2025, the Director of the Office of the President of the Republic forwarded the petitioner’s note to the Minister of Environment and Energy for its attention. (Undisputed fact).

c)      By official communication DVA-0165-2025 of December 18, 2025, the Vice Minister of Environment responded to the petitioner: “In response to your note MLV-00143-2025 dated December 1, 2025, regarding fish kills, I am pleased to indicate the following in relation to our competencies: “Absolute prohibition of the application of organophosphate and carbamate nematicides within 200 meters of watercourses, streams, and wetlands of public domain”. In response to the request made regarding the possible development of a national protocol related to fish mortality events associated with potential contamination of bodies of water, as well as the request for absolute prohibitions on the use of nematicides near watercourses, streams, and wetlands, it is necessary to make a series of legal, technical, and institutional clarifications. The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), and in particular the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe, ACLAC), are part of the Executive Branch and act strictly within the framework of competencies assigned to them by the Costa Rican legal system. In this regard, SINAC does not have legal authority to prohibit the use of pesticides, directly regulate their application, modify environmental protection distances, or establish new restrictions of a general nature on productive activities, such as agriculture. The protection areas for bodies of water are expressly regulated in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, a regulation of legal rank whose amendment can only be made through a legislative reform approved by the Legislative Assembly. Consequently, SINAC lacks the authority to expand, reduce, or redefine said protection buffer strips through administrative means, internal directives, or technical criteria, even when legitimate and recurring environmental concerns exist in certain territories. Likewise, the creation of new regulations, executive decrees, national directives, or absolute prohibitions regarding the use of agrochemicals does not fall within the scope of competence of SINAC-ACLAC. These powers correspond, as appropriate, to the Legislative Branch or to specific instances of the Executive Branch with direct competence in the matter, such as the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy at the central level, always within the current legal framework. “Mandatory georeferenced electronic logs with real-time public access.” Regarding the request for the implementation of electronic logs for agrochemical use with public or individual access, it is clarified that SINAC has no legal authority to demand, administer, or supervise agricultural registration systems, nor to authorize third-party access to internal operational information of private companies. The eventual creation of such instruments must be carried out through specific regulations issued by the competent authorities, in compliance with current legislation on data protection, due process, and legal certainty. However, SINAC recognizes that aquatic fauna mortality events and potential water contamination constitute a sensitive environmental problem of high public interest, particularly in regions with intense agricultural activity. In this context, its actions are oriented toward the exercise of its technical, coordination, and environmental verification competencies, without replacing or invading the regulatory, rule-making, or sanctioning powers that the law assigns to other State entities. “Permanent toxicological monitoring of water and sediment at critical points in the watershed.” In relation to the request to establish a permanent toxicological monitoring system for water and sediment at critical points in the watershed, it is important to clarify that SINAC is not legally assigned the competencies to execute continuous chemical or toxicological monitoring programs of a national or regional nature, nor to define permanent networks for sampling contaminants in bodies of water. “Rapid response mechanism for mortality events (maximum 24 hours).” Notwithstanding the foregoing, SINAC does have an inter-institutional response protocol for addressing potential contamination incidents in bodies of water, which is activated when formal complaints, community alerts, or evidence of harm to biodiversity are presented, such as fish kill events or other aquatic organisms. This protocol includes coordination with the institutions that have direct competence in the matter, including the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the State Phytosanitary Service, the Ministry of Public Security, the Ministry of Environment and Energy at the central level, and, when appropriate, the Public Prosecutor's Office, in order for specialized technical evaluations to be carried out, including the physicochemical and toxicological analyses that are relevant. Under this scheme, the role of SINAC-ACLAC is oriented toward the verification of environmental impacts, the technical documentation of the impact on ecosystems, the collection of field information, and the timely channeling of findings to the authorities with direct competence in public health, agrochemical use, and environmental oversight, thus ensuring a comprehensive and coordinated response to the events, without duplication of functions or exceeding of competencies. For this purpose, SINAC has the “Manual of Procedures for Attending Environmental Damage Events to Water Resources” (Manual de procedimientos para atender eventos de Daño Ambiental sobre el Recurso Hídrico), for the timely and correct response to environmental damage events to water resources, and to provide effective backing for the actions taken.” (Undisputed fact).

IV.- On the specific case. In the case at hand (sub examine), the petitioner states that he filed a request before the respondent authority for the purpose of coordinating the development of a National Prevention Protocol. He alleges that the response received was tangential, evasive, and bureaucratic. He requests that the respondent be ordered to develop and implement a National Protocol for the Prevention of Mass Fish Mortality from Agrochemicals and to convene an extraordinary session of the National Environmental Council.

Having analyzed the case file, this Chamber has deemed it proven that, through brief MLV-00143-2025 of December 1, 2025, the petitioner requested the President of the Republic: “Subject: Urgent request for presidential intervention and from the National Environmental Council to order the immediate development of a National Protocol for the Prevention of Mass Fish Mortality in the Madre de Dios Lagoon, canals, and bodies of water of the Limón-Matina banana watershed (23 years of recurring environmental disaster without a structural solution) and formal claim for a response to official communication AEL-00215-2025 of May 13, 2025 (…) For 23 years (the first massive event documented in 2002), episodes of mass mortality of fish, birds, reptiles, and mammals have been repeated with lamentable regularity in the Madre de Dios Lagoon, Matina River, Bataan Canal, and other bodies of water in the Limón banana zone. These events have been scientifically linked to the intensive use of highly toxic nematicides (terbufos, carbofuran, ethoprophos, and oxamyl) and the absolute absence of watercourse protection zones (less than 15 m in many cases) and of real application controls. Despite the severity and recurrence, the Costa Rican State, through the Ministries of Agriculture and Livestock, Environment and Energy, and Health, has not been able, in more than two decades, to: • Design and implement a mandatory national prevention protocol, • Prohibit the aerial and terrestrial application of nematicides within 200 meters of watercourses, streams, and wetlands, • Require real-time georeferenced electronic logs, • Establish a permanent toxicological water and sediment monitoring system. This inaction constitutes a continued violation of the principles of in dubio pro natura (in doubt for nature), the preventive principle, and the precautionary principle, as well as Article 50 of the Constitution, and places us at real risk of international trade sanctions for non-compliance with socio-environmental standards in the banana export chain. Worse still: on May 13, 2025, I sent official communication AEL-00215-2025 to the Matina Rector Health Area (Área Rectora de Salud de Matina) (copy attached), specifically requesting structural and technical actions. As of today, more than six months have passed without a substantive response, formal acknowledgment of receipt, or justified extension, flagrantly violating Article 13 of Law No. 10554 (maximum term of 10 business days). Consequently, and with the greatest institutional respect, I request that you, in your capacity as President of the National Environmental Council, immediately issue the following binding instructions to the Ministers of Agriculture and Livestock, Environment and Energy, and Health: 1. Order, within a non-extendable period of 30 calendar days, the joint development of a National Protocol for the Prevention of Fish Mortality from Agrochemicals in Banana Zones that must obligatorily include: • Absolute prohibition of the application of organophosphate and carbamate nematicides within 200 meters of watercourses, streams, and wetlands of public domain. • Mandatory georeferenced electronic logs with real-time public access. • Permanent toxicological monitoring of water and sediment at critical points in the watershed. • Rapid response mechanism for mortality events (maximum 24 hours). 2. Instruct an immediate and complete response to official communication AEL-00215-2025 of May 13, 2025, within a maximum period of five business days from receipt of this document. 3. Convene, within a period not exceeding 45 days, an extraordinary session of the National Environmental Council with the participation of Afro-descendant communities, tourism operators, academics, and environmental organizations to validate and approve said protocol. Attachment: Copy of official communication AEL-00215-2025 of May 13, 2025, and photographic documentation of mortality events 2002-2025. I hereby state that, should this presidential request not be addressed within the indicated timeframes, I will be compelled to file a collective environmental amparo action and a complaint before the Inter-American Court of Human Rights for the continued violation of the rights to life, health, a healthy environment, and participation of the Afro-descendant communities of Limón.” Through official communication PR-DP.0773-2025 of December 2, 2025, the Director of the Office of the President of the Republic forwarded the petitioner’s note to the Minister of Environment and Energy for its attention. By official communication DVA-0165-2025 of December 18, 2025, the Vice Minister of Environment responded to the petitioner: “In response to your note MLV-00143-2025 dated December 1, 2025, regarding fish kills, I am pleased to indicate the following in relation to our competencies: “Absolute prohibition of the application of organophosphate and carbamate nematicides within 200 meters of watercourses, streams, and wetlands of public domain.” In response to the request made regarding the possible development of a national protocol related to fish mortality events associated with potential contamination of bodies of water, as well as the request for absolute prohibitions on the use of nematicides near watercourses, streams, and wetlands, it is necessary to make a series of legal, technical, and institutional clarifications. The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), and in particular the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe, ACLAC), are part of the Executive Branch and act strictly within the framework of competencies assigned to them by the Costa Rican legal system. In this regard, SINAC does not have legal authority to prohibit the use of pesticides, directly regulate their application, modify environmental protection distances, or establish new restrictions of a general nature on productive activities, such as agriculture. The protection areas for bodies of water are expressly regulated in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, a regulation of legal rank whose amendment can only be made through a legislative reform approved by the Legislative Assembly. Consequently, SINAC lacks the authority to expand, reduce, or redefine said protection buffer strips through administrative means, internal directives, or technical criteria, even when legitimate and recurring environmental concerns exist in certain territories. Likewise, the creation of new regulations, executive decrees, national directives, or absolute prohibitions regarding the use of agrochemicals does not fall within the scope of competence of SINAC-ACLAC. These powers correspond, as appropriate, to the Legislative Branch or to specific instances of the Executive Branch with direct competence in the matter, such as the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy at the central level, always within the current legal framework. “Mandatory georeferenced electronic logs with real-time public access.” Regarding the request for the implementation of electronic logs for agrochemical use with public or individual access, it is clarified that SINAC has no legal authority to demand, administer, or supervise agricultural registration systems, nor to authorize third-party access to internal operational information of private companies. The eventual creation of such instruments must be carried out through specific regulations issued by the competent authorities, in compliance with current legislation on data protection, due process, and legal certainty. However, SINAC recognizes that aquatic fauna mortality events and potential water contamination constitute a sensitive environmental problem of high public interest, particularly in regions with intense agricultural activity. In this context, its actions are oriented toward the exercise of its technical, coordination, and environmental verification competencies, without replacing or invading the regulatory, rule-making, or sanctioning powers that the law assigns to other State entities. “Permanent toxicological monitoring of water and sediment at critical points in the watershed.” In relation to the request to establish a permanent toxicological monitoring system for water and sediment at critical points in the watershed, it is important to clarify that SINAC is not legally assigned the competencies to execute continuous chemical or toxicological monitoring programs of a national or regional nature, nor to define permanent networks for sampling contaminants in bodies of water. “Rapid response mechanism for mortality events (maximum 24 hours).” Notwithstanding the foregoing, SINAC does have an inter-institutional response protocol for addressing potential contamination incidents in bodies of water, which is activated when formal complaints, community alerts, or evidence of harm to biodiversity are presented, such as fish kill events or other aquatic organisms. This protocol includes coordination with the institutions that have direct competence in the matter, including the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the State Phytosanitary Service, the Ministry of Public Security, the Ministry of Environment and Energy at the central level, and, when appropriate, the Public Prosecutor's Office, in order for specialized technical evaluations to be carried out, including the physicochemical and toxicological analyses that are relevant. Under this scheme, the role of SINAC-ACLAC is oriented toward the verification of environmental impacts, the technical documentation of the impact on ecosystems, the collection of field information, and the timely channeling of findings to the authorities with direct competence in public health, agrochemical use, and environmental oversight, thus ensuring a comprehensive and coordinated response to the events, without duplication of functions or exceeding of competencies. For this purpose, SINAC has the “Manual of Procedures for Attending Environmental Damage Events to Water Resources” (Manual de procedimientos para atender eventos de Daño Ambiental sobre el Recurso Hídrico), for the timely and correct response to environmental damage events to water resources, and to provide effective backing for the actions taken.”

Now, based on these proven facts, this Chamber dismisses any violation of the fundamental rights of the claimant. Indeed, both in his brief MLV-00143-2025 and in this amparo action, the claimant seeks that the respondent authority develop and implement a National Protocol for the Prevention of Mass Fish Mortality from Agrochemicals and, further, convene an extraordinary session of the National Environmental Council within 45 days, with the participation of various sectors of society. Such a type of petition constitutes an exhortation, regarding which this Chamber has determined that the Administration has no obligation to respond. As was stated in ruling No. 705-96 of 4:12 p.m. on February 7, 1996:

“(…) From the analysis of official communication dated November 29, 1995, sent by the petitioner to the Minister of Public Works and Transport (See folio 4), whose failure to respond is the subject of the arguments raised here, it is not observed that such omission constitutes a violation of the right of petition and prompt response protected by Article 27 of the Constitution. Indeed, what emerges from that document is that the objective sought was to make an exhortation (exitación) to the Minister to commit himself to promoting, within the Ministry under his charge, the ‘concerted, participatory, and transparent process on the issue of State Transformation,’ as stated by the petitioner in the petition filing brief… By reason of the foregoing, the Minister of Public Works and Transport cannot be compelled to issue a response, as he is not being asked to provide any information about the transformation process in his portfolio, which makes it necessary to declare the appeal without merit. (…)”.

For its part, in ruling No. 2002-3910 of 3:55 p.m. on April 30, 2002, this Court considered:

“(…) II.- The petitioner alleges – in addition – that Article 27 of the Constitution has been violated, since to date no response has been received to the note sent by the Legal Advisor of the Union of Public Education Janitors to the Personnel Director of the Ministry of Public Education, on February twenty-sixth of last year. Indeed, the cited constitutional article refers to the right of every person to address in writing any public official or official entity, so that they may inform them or resolve matters of their interest, a guarantee complemented by the right to obtain prompt resolution. However, from reading the writing in question, whose failure to resolve is alleged (see copy at folio 6 of the case file), this Chamber deduces that such a petition does not fit within the precepts of Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as it properly corresponds to an exhortation or support effort (exhortativa o gestión de apoyo), which seeks to incite the respondent to use his ‘good offices to appoint Ms. Nombre02 to a permanent position.’ Hence, if the intention of said Legal Advisor was to ensure that the respondent acted in the manner he desired and he has not yet done so, this does not constitute an omission that could harm his right of petition in the terms he raises in the initial brief (see, in a similar sense, rulings number 1481-96 of 6:15 p.m. on March 27, 1996, number 2000-8491 of 3:01 p.m. on September 26, 2000, and 2001-118 of 9:26 a.m. on January 5, 2001). (…)”.

In this case, there is an exhortation by the petitioner for the protocol of his interest to be developed and implemented, and further, for the National Environmental Council to convene, which does not find protection under Article 27 of the Constitution, as explained.

On the other hand, disagreement with the response obtained – for being supposedly tangential, evasive, and bureaucratic – is also not a matter for this jurisdiction, as this Chamber has established, as noted, for example, in ruling No. 2025035222 of 1:24 p.m. on October 24, 2025: “… the petitioner's disagreement with the response provided by the respondent authority is a matter of legality that exceeds the scope of competence of this jurisdiction, which is why regarding that point the appeal must be dismissed, as is hereby ordered …”).

Regarding the various subsequent submissions by the petitioner, which refer to diverse or generic situations, this Chamber recalls that Article 38 of the Law of Constitutional Jurisdiction requires that the petitioner express in their filing brief “…with the greatest possible clarity, the fact or omission that motivates it, the right that is considered violated or threatened, the name of the public servant or body that is the author of the threat or grievance, and the incriminating evidence…” (Emphasis added). Thus, having seen the multiple writings from the claimant, and should he deem it appropriate, the interested party may raise the grievances he considers before this jurisdiction, in which case he must comply with the aforementioned legal requirements, or through the administrative or legality channels he deems pertinent. In this sense, it is explained that the amparo process, being a summary proceeding, is incompatible with complex evidentiary activity, since an extensive evidentiary debate and exhaustive analysis distort the speed and direct protection of fundamental rights. Likewise, it is noted that Article 35 of that law provides:

“Article 35. The amparo appeal may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction persists, and up to two months after its direct effects regarding the injured party have entirely ceased.

However, when dealing with purely proprietary rights or others whose violation may be validly consented to, the appeal must be filed within two months following the date on which the injured party had reliable knowledge of the violation and was legally able to file the appeal.” (Emphasis added).

By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit.

V.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if any document on paper or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies has been provided, these must be removed within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this ruling. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the “Regulation on Electronic Court Records before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial) (approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012) and Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch No. 43-12 of May 3, 2012.

Therefore:

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

-- Verification code --

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IBW6K1VHHVS61

FILE No. 26-001145-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-07-2026 14:16:49.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República