Res. 09949-2026 Sala Constitucional — Non-compliance with order to provide drinking water to Corredores communitiesIncumplimiento de orden de dotación de agua potable a comunidades de Corredores

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09949 - 2026

Fecha de la Resolución: 20 de Marzo del 2026 a las 09:20

Expediente: 20-010189-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 20-010189-0007-CO

Res. Nº 2026009949

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil veintiseis .

Gestión posterior interpuesta por [Nombre 001], cédula de identidad no. [Valor 001], y otros.               

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:54 horas del 17 de febrero de 2026, los recurrentes acusan desobediencia a lo dispuesto en el voto no. 2020012887 de las 9:15 horas de 10 de julio de 2020. Alegan que no se ha garantizado el suministro de agua potable en las comunidades de Coto 44, Central Campesina y Los Castaños. Agregan que, si bien se les brinda agua dos veces a la semana por medio de camiones cisterna, esto se hace “cualquier día”, ocasionando un descontrol en los habitantes. Mencionan que lo que pretenden es que se instalen finalmente las tuberías para que se les suministre en sus casas el agua potable.

 2.- Por resolución de las 10:01 horas del 19 de febrero de 2026, se le dio traslado a la gestión de desobediencia y se le concedió audiencia a Manuel Antonio Salas Pereira, o quien en su lugar ocupe el cargo de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que se refiriera y aportara las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se le atribuyen.

3.- Por escrito recibido mediante el correo electrónico de la Sala a las 15:33 horas del 26 de febrero de 2026, informa bajo juramento José Darío Guzmán Álvarez, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifiesta lo siguiente: “I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE RECURRENTE. Mediante informe técnico No. GSP-RB-N-2026-00113 de fecha 23 de febrero del 2026, la funcionaria Daisy Castro Navarro Jefatura Cantona Neilly informa bajo fe de juramento sobre las gestiones realizadas por parte de AyA en relación con lo reclamado por el recurrente, los cuales se adjuntan como prueba integral de este informe de respuesta. PRIMERO: Informe No. GSP-RB-N-2026-00113 en resumen indica: Informa que actualmente se realiza distribución de agua potable semanalmente mediante camión cisterna, dos veces a la semana (jueves y domingo) por medio del personal de Maquinaria y Equipo de la sede central, según horario suministrado por ese mismo departamento, como evidencia en la siguiente imagen: (…) Adicionalmente informa que ha dado seguimiento a la ejecución de un proyecto que viene a resolver el problema de potabilidad a las comunidades de Central Campesina, Coto 44 y Castaños. Como parte de las gestiones adicionales informa que el 1 de abril del 2024 emitió el documento GG-2024-01055 al señor [Nombre 001] con información relevante del proyecto. Posteriormente en documento GSP-RB-N-2026-00023 de fecha 19 de enero del 2026, donde informó a un residente de la comunidad, sobre el estado actual del proyecto para lo cual adjunta un informe detallado del mismo. Como parte de la gestión propia de lo sentenciado, señala que el último informe ejecutivo de fecha 15 de enero de 2026 denominada “Avance de proyecto BPIP001612 “Mejoras al sistema BR-A-13- Coto 44, Puntarenas” resalta: De acuerdo con la programación del proyecto se espera que los diseños y permisos se encuentran finalizados el cuarto trimestre del presente año. Las actividades de licitación están previstas para concluir en el cuarto trimestre de 2027 y la ejecución para tercer trimestre de 2028. El cumplimiento de esta programación se puede ver afectado por la priorización de proyectos a lo interno de la institución” (…) Resalta que además se está dando seguimiento a la regularización del terreno con la empresa Palma Tica S.A., mismo donde se ubica el actual tanque. Es por ello, que se considera que esa cantonal ha realizado el seguimiento debido. No obstante, el proyecto tiene un avance significativo como se evidencia en el informe adjunto. (ver anexo No. GSP-RB-N-2025-00624 de fecha 9 de septiembre del 2025). SEGUNDO: SOBRE LAS ACTUACIONES DE AYA. Realizado la lectura y análisis de lo alegado por el recurrente se concluye que AyA, como Institución Pública ha realizado las gestiones pertinentes de acuerdo la sentencia No. 2020012887, como se evidencia en el informe No. GSPRB-N-2026-00113 de fecha 23 de febrero del 2026, AyA a suministrado el preciado líquido dos veces por semana específicamente (jueves y domingo), lo cual es concordante con lo ordenado en dicha sentencia donde dictó “continuar suministrando agua potable a las referidas comunidades a través de los camiones cisterna, hasta tanto las supra citadas órdenes no sean cumplidas”. Es importante resaltar que, de acuerdo con lo sentenciado, donde se indicó: que, de forma inmediata, coordinen entre sí lo pertinente para buscar una solución a la situación que viven actualmente los pobladores de la zona conocida como Los Castaños de Corredores. Dicha solución deberá ser efectivamente ejecutada dentro del plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia; AyA gestiono los estudio pertinentes para dar una solución definitiva, comenzando con el estudio hidrogeológico y la delimitación del área especial de protección para el pozo AYA Coto 44 (BRA13AP001) a la solicitud por efectuada por parte de la Dirección Región Brunca mediante oficio N°GSP-RBOMSAP-2023-00437 de fecha 26 de mayo del 2023 (Anexo 1), hacia la Dirección de la UEN de Gestión Ambiental, con el fin de realizar un estudio hidrogeológico que determine la zona de protección del pozo AyA Coto 44, el cual abastece el sistema BRA13AP001. El mismo tiene el objetivo de levantar la información de campo necesaria para la ejecución del estudio respectivo, entre ellos: Objetivos específicos: • Realizar un reconocimiento geológico del sitio. • Realizar pruebas de infiltración alrededor del pozo, en dirección aguas arriba, para determinar la conductividad hidráulica de la zona no saturada. • Elaborar un modelo hidrogeológico del entorno en el que se ubica el pozo AyA Coto 44 (BRA13AP001). • Determinar el tiempo de tránsito de contaminantes patógenos en el medio acuífero captado por el pozo en mención. • Definir el área especial de protección correspondiente al pozo, aplicando las metodologías vigentes. • Determinar el índice de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación correspondiente al pozo AyA Coto 44 (BRA13AP001), mediante la aplicación del método GOD. (ver prueba 2 Informe UEN-GA-2023-01379). Dicho informe en sus conclusiones indica principalmente que, la zona de protección absoluta bacteriológica para el pozo AyA Coto 44 se extenderá una longitud de 49 m, medidos horizontalmente en dirección aguas arriba del pozo y de forma lateral a este, esta longitud corresponde con la distancia requerida para la degradación natural de un contaminante patógeno en el medio, determinado a partir de la metodología de radio fijo. Esta zona de protección absoluta consiste en no autorizar perforaciones cercanas o proyectos que utilicen sistemas de tanque séptico. De igual manera no se recomiendan el desarrollo de actividades con potencial de contaminación, tales como ganadería o cultivos que involucren el uso de plaguicidas o fertilizantes, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y/o compuestos potencialmente contaminantes. Además la calidad del agua del pozo AyA Coto 44, se tiene que, mediante reporte del LNA AYAID-2203783-01 se determina que las concentraciones de amonio (8.40 mg/L, VMA 0.5 mg/L), aluminio (312.2 mg/L, VMA 200 mg/L), hierro (1666 mg/L, VMA 300 mg/L) y color aparente (65 U-Pt/Co, 15 U-Pt/Co), superan los valores máximos admisibles establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto ejecutivo 38924-S), por lo que se recomienda el monitoreo constante y tratamiento del agua captada en el pozo. Es por ello el “retraso” en el uso del pozo no es una omisión administrativa, sino una imposibilidad técnica y legal derivada de la composición química del agua (hierro y amonio), la cual requiere de una planta de tratamiento compleja que ya está en fase de diseño. Suministrar el agua en el estado actual expondría a la institución a responsabilidades mayores por daños a la salud. Adicionalmente AYA a dado seguimiento al documento PR-DP-OFSA-0061-2024 de fecha 18 de marzo de 2024 (Resolución 20-01011189-0007-CO agua potable a las Comunidades de Castaños, Coto 44 y Central Campesina) donde enfatiza que según el análisis realizado, se informa que la solución a la problemática planteada, la cual es brindar el servicio de agua potable a las comunidades supra citadas, corresponde a la construcción de un ramal de 8.2 kilómetros aproximadamente, desde la red de distribución que abastece la comunidad de Ciudad Neily hasta Coto 44, en tubería de 150mm, esta iniciativa ya está presentada ante la UEN de Programación y Control, y actualmente según información brindada por el ingeniero regional Jeffrey Quintero Aguilar el 04 de marzo, el proyecto está con una prioridad alta en la Administración Superior. (ver prueba 3). Con el análisis realizado se concluye que efectivamente el agua que actualmente se está suministrando no cumple con las condiciones químicas (hierro y manganeso) según el Reglamento de Calidad de Agua, ante esa situación se distribuye agua dos días a la semana para el consumo humano, además, se tiene conocimiento que el pozo como fuente de abastecimiento no es rescatable debido a las condiciones que presenta (altos niveles de hierro y manganeso) y a los altos costos de operación en caso de potabilizarla. La solución propuesta es construir la extensión de ramal de 8.2 km para llegar hasta la comunidad de Coto 44 y posteriormente canalizar la expansión al sistema hacia la comunidad de Los Castaños. Finalmente mediate informe de fecha 15 de enero de 2026 elaborado por la UEN Programación y Control rotulado “Avance de proyecto BPIP001612 “Mejoras al sistema BR-A-13- Coto 44, Puntarenas” señala: Sic. “El proyecto BPIP 001612 “Mejoras al sistema BR-A-13 Coto 44, Puntarenas” tiene como objetivo garantizar el abastecimiento continuo y seguro de agua potable para las comunidades de Coto 44, Central Campesina y Los Castaños, en el cantón de Corredores, Puntarenas. Actualmente, el suministro se realiza mediante camiones cisterna debido a la contaminación por hierro y manganeso en la fuente anterior, situación que motivó una orden de la Sala Constitucional (Resolución N°12887-2020) para implementar una solución definitiva. El proyecto se desarrolla bajo el Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario y plantea abastecer a las comunidades mediante el Sistema Integrado de Corredores. A la fecha, se cuenta con el perfil aprobado y se han ejecutado estudios básicos. Además, como parte del diseño se verificó la capacidad del Acueducto Integrado de Corredores para garantizar sostenibilidad a 50 años y se trabaja en el informe de diseño conceptual, cuya aprobación se prevé para febrero 2026. El proyecto avanza conforme a la programación, sin atrasos significativos, y se encuentra diseños y permisos en el cuarto trimestre de 2026, licitación en 2027 y ejecución en 2028, fechas que están sujetas a la priorización institucional. (…) (ver prueba 4). Debido a lo expuesto se informa que el proyecto se desarrolla de acuerdo con la programación y no se han presentado atrasos significativos a la fecha. Se están desarrollando las actividades de estudios básicos requeridas para los diseños finales de las obras que forman parte del proyecto y una vez que se concluya con los estudios básicos se procederá con el diseño detallado del proyecto y con la obtención de permisos requeridos. En conclusión; de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se considera oportuno comunicar a la Honorable Sala que no se han vulnerado los derechos fundamentales del recurrente, ni este instituto ha caído en la desobediencia , debido que AyA, como se indica en líneas anteriores, está en ejecución del proyecto definitivo para solventar el problema de abastecimiento en las comunidades de Coto 44 y Central Campesina, y queda acreditado en este informe que mi representada, mediante una solución alternativa, realiza distribución de agua potable mediante camión cisterna, dos veces a la semana específicamente (jueves y domingo)”.

4.- Por resolución de las 18:25 horas del 5 de marzo de 2026, se le dio traslado a la gestión de desobediencia y se le concedió audiencia a Carlos Viales Fallas, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Alcalde de Corredores, para que se refiriera y aportara las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se le atribuyen.

5.- Por escrito recibido mediante el correo electrónico de la Sala a las 16:22 horas del 11 de marzo de 2026, informa bajo juramento Yeison Hay Villalobos, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Corredores. Manifiesta lo siguiente: “I. ANTECEDENTES. Primero: Dentro del expediente constitucional de referencia, mediante sentencia no. 2020-012887, dictada a las 09:15 horas del 10 de julio de 2020, esa honorable Sala declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo interpuesto por la recurrente, ordenando al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizar las gestiones necesarias para garantizar el suministro de agua potable a diversas comunidades del cantón de Corredores. Segundo: En la misma resolución se dispuso, además, que el Gerente General del AyA y el alcalde de la Municipalidad de Corredores coordinaran entre sí lo pertinente, con el propósito de procurar una solución a la situación que enfrentaban los pobladores de la comunidad conocida como Los Castaños de Corredores. Tercero: Mediante resolución de las 18:25 horas del 5 de marzo de 2026, esa Sala confirió audiencia a esta autoridad recurrida a efectos de que se refiera a los hechos y omisiones que se le atribuyen, así como para que informe cuál solución se ha encontrado respecto de la situación de dicha comunidad. II. CONSIDERACIONES. i. SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD. En cumplimiento de lo ordenado por esa Sala, esta corporación municipal ha realizado gestiones de coordinación interinstitucional con la institución competente en materia de abastecimiento de agua potable. En ese sentido, mediante oficio AM-00354-2020, de fecha 22 de setiembre de 2020, el entonces alcalde municipal, señor Carlos Viales Fallas, se dirigió al señor Manuel Antonio Salas Pereira, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, solicitando información acerca de las gestiones que dicha institución venía realizando para atender la problemática relacionada con el abastecimiento de agua en las comunidades involucradas. Con dicha actuación, esta Municipalidad dio inicio a las gestiones de coordinación interinstitucional ordenadas por esa Sala, procurando dar seguimiento a las acciones que correspondía desarrollar a la institución legalmente competente en la materia. ii. SOBRE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Resulta necesario señalar, con la mayor claridad, que la Municipalidad de Corredores no ostenta competencia legal para la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en el sitio de interés, por cuanto no es propietaria, administradora ni operadora del acueducto que atiende o debe atender a dicha población. En efecto, la prestación del servicio público de agua potable corresponde legalmente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o bien a entes operadores autorizados en el marco del sistema nacional de acueductos. Por consiguiente, las actuaciones materiales y técnicas dirigidas a la construcción, ampliación, operación o mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable no dependen directamente de esta corporación municipal, sino de la institución que ostenta competencia legal en la materia. En ese contexto, el rol de la Municipalidad, conforme a lo ordenado por esa Sala, se circunscribe razonablemente al ámbito de coordinación institucional, dentro de los límites de su competencia. iii. SOBRE LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS CASTAÑOS. Conforme a lo indicado, la Municipalidad de Corredores ha mantenido seguimiento respecto de las acciones desarrolladas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en relación con la situación de abastecimiento de agua potable en las comunidades referidas. No obstante, debe indicarse que la ejecución material de soluciones estructurales para el suministro de agua potable, tales como la construcción o ampliación de infraestructura hidráulica, corresponde exclusivamente a la institución competente en la materia. Asimismo, se ha valorado que eventuales alternativas como la reubicación de poblaciones o la adopción de soluciones habitacionales integrales exceden las competencias legales, capacidades económicas y posibilidades logísticas de la Municipalidad de Corredores, tratándose de situaciones que necesariamente requieren la participación articulada de diversas instituciones del Estado con competencias en materia de vivienda, asistencia social, ordenamiento territorial y atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad. iv. SOBRE LA INEXISTENCIA DE DESOBEDIENCIA. A la luz de lo expuesto, respetuosamente se hace ver a esa honorable Sala que la Municipalidad de Corredores no ha incurrido en una conducta omisiva deliberada ni en resistencia al cumplimiento de lo ordenado por la jurisdicción constitucional. Por el contrario, esta corporación municipal ha actuado de buena fe y dentro del marco de sus competencias, promoviendo las coordinaciones interinstitucionales que razonablemente le correspondían conforme a lo dispuesto en la sentencia de mérito. Las limitaciones que persisten respecto de la solución definitiva a la problemática planteada no obedecen a una negativa o desobediencia por parte de esta Municipalidad, sino a factores objetivos vinculados con el ámbito competencial de otras instituciones públicas y con la naturaleza técnica y estructural de las soluciones requeridas”.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

 Considerando:

I.- Sobre lo dispuesto por esta Sala. Mediante la sentencia no. 2020012887 de las 9:15 horas del 10 de julio de 2020, este Tribunal dispuso lo siguiente respecto a las comunidades de Coto 44, Central Campesina y Los Castaños de Corredores de Puntarenas:

“VI.- TOCANTE A LA CALIDAD DEL AGUA BRINDADA A LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DE COTO 44 Y CENTRAL CAMPESINA DE CORREDORES. De otra parte, los tutelados aducen que si bien los pobladores de las zonas conocidas como Coto 44 y Central Campesina, ambas de Corredores de Puntarenas, reciben el servicio de agua por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, esta es de mala calidad, ya que, "tiene sabor a barro o a herrumbre".

Conforme se logra desprender con meridiana claridad del elenco de hechos probados, los recurrentes llevan razón en lo tocante a este alegato. Lo anterior, por cuanto consta efectivamente que pese a que dicho servicio es provisto por el mencionado Instituto a los pobladores de tales lugares, el agua no es considerada potable, ya que es alta en hierro y magnesio, lo cual claramente afecta directamente su salud.

Dicho estado de cosas resulta absolutamente reprochable para este Tribunal Constitucional, pues si bien se tiene por demostrado que las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentran realizando gestiones para solventar el mencionado problema y que, adicionalmente, han dispuesto el suministro de agua potable a los habitantes de dichas zonas mediante un camión cisterna dos veces por semana, lo cierto del caso es que la situación en cuestión persiste a la fecha, lo cual, a su vez, sin duda alguna, lesiona gravemente los derechos fundamentales de estos últimos. Además, es importante señalar que no se observa que tal problemática llegue a ser solventada de forma pronta, pues el proyecto referido para atenderla -según se informó-, no se encuentra siquiera en fase de diseño, no se cuenta con el contenido presupuestario que se requiere para tal efecto y todo depende, a su vez, de la construcción de una planta potabilizadora que apenas se encuentra en proceso de contratación.

Bajo tal estado de cosas, este órgano constitucional estima que, en la especie, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han vulnerado los derechos fundamentales de los pobladores de las mencionadas zonas, en especial, sus derechos a la salud y al suministro de agua potable.

VII.- SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LOS CASTAÑOS DE CORREDORES. Los recurrentes también acusan que en el sector de Los Castaños de Corredores de Puntarenas, el servicio de agua es proporcionado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pero que esta igualmente no es potable.

Con respecto a dicha zona en particular, es importante primeramente señalar que del estudio del expediente se tiene por demostrado que esta sí tiene acceso a agua, pero no es suministrada propiamente por el Instituto recurrido, sino a través de otro proveedor desconocido para este Tribunal. Más bien, consta que la referida comunidad le planteó al mencionado Instituto, aproximadamente en el año 2017, una solicitud para que fuera este el que les proveyera de dicho líquido.

Asimismo se tiene por demostrado que el agua que reciben los pobladores de dicho sitio no es considerada potable, por lo que el referido Instituto les provee (al igual que a los habitantes de Coto 44 y Central Campesina), de dicho líquido mediante un camión cisterna dos veces por semana.

Igualmente, se tiene por acreditado que esta zona (tal y como sucede con el sector llamado Las Pangas), es considerada de riesgo por estar propensa a sufrir inundaciones durante la época lluviosa, Motivo último por el cual un funcionario del Área de Agua Potable del AyA en la Región Brunca recomendó no brindar el servicio público en dicho lugar, ya que esto provocaría que más personas construyeran viviendas en el sitio, aumentando el crecimiento exponencial y la problemática año con año. Incluso, se demostró que la Jefatura de la Región Brunca-Cantonal de Corredores del referido Instituto, en fecha no precisa, solicitó a las autoridades de la Municipalidad de Corredores valorar la posibilidad de reubicar a los pobladores de Los Castaños. Asimismo, consta que, en virtud de todas las circunstancias antes expuestas, el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados señaló a esta Sala, de forma categórica, que técnicamente no resulta viable dotar a las personas que habitan dicho sector del líquido potable.

Así las cosas, tenemos entonces un sitio donde habita población que recibe agua no potable a través de un medio o proveedor desconocido (diferente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); que pese a lo anterior se abastece dos veces por semana de agua potable suministrada por dicho Instituto a través de un camión cisterna y en donde, a su vez, no se recomienda, por razones técnicas, proveer dicho líquido de forma regular por parte de tal autoridad. Dicho lo anterior, este Tribunal Constitucional estima que el amparo debe ser acogido en lo tocante a este extremo en particular y por las siguientes razones.

Nótese que esta Sala entiende los motivos brindados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para no proveer de dicho servicio de agua potable a los habitantes de la zona denominada Los Castaños, los cuales, incluso, coindicen parcialmente con aquellos expuestos para el sector de Las Pangas. Esta jurisdicción constitucional no puede oponerse, al mediar razones técnicas, al criterio externado categóricamente por dichas autoridades para no proceder de la manera en que pretenden los recurrentes.

No obstante, es importante tomar en cuenta también dos aspectos de interés que median en este caso en particular, que hacen que este Tribunal observe una violación a los derechos fundamentales: 1) Que no consta que tales autoridades hayan hecho saber las razones para no prestar el servicio en cuestión a los pobladores de la referida zona, por lo que esta Sala entiende que estos se mantienen, a la fecha, en un estado de incertidumbre con respecto a este tema, pese a haber planteado su solicitud desde aproximadamente el año 2017 y 2) que tampoco se acreditó en autos que tales autoridades del Instituto recurrido, en conjunto con la Municipalidad de Corredores, hayan coordinado y gestionado lo pertinente para hallarle una solución efectiva a la mencionada problemática que viven actualmente los habitantes de dicha zona. Esta Sala tuvo por demostrado que las autoridades del AyA le solicitaron, en una fecha no precisa, a las autoridades de la citada corporación municipal, proceder con la reubicación de tales pobladores, sin embargo, no se acreditó concomitantemente que esta actuación efectivamente se haya llevado a cabo o bien, que se haya efectuado alguna otra tendente a solventar la situación bajo estudio. En suma, si bien se demostró que técnicamente no se puede brindar agua potable en el sector de Los Castaños, lo cierto es que nos encontramos también en presencia de una población que actualmente carece de dicho líquido vital y, con respecto a la cual las autoridades recurridas conjuntamente y, de forma ineludible, deben hacer algo.

Bajo dicha inteligencia, esta jurisdicción estima que, en la especie, se han quebrantado los derechos fundamentales de los habitantes de la zona conocida como Los Castaños de Corredores de Puntarenas. (…)

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Manuel Antonio Salas Pereira, o quien en su lugar ocupe el cargo de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que gire las órdenes necesarias y realice todas aquellas gestiones correspondientes, para que dentro del plazo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, a los pobladores de las zonas denominadas Coto 44 y Central Campesina de Corredores de Puntarenas, se les suministre agua potable. Asimismo, se le ordena a Manuel Antonio Salas Pereira, o quien en su lugar ocupe el cargo de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a Carlos Viales Fallas, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Alcalde de Corredores que, de forma inmediata, coordinen entre sí lo pertinente para buscar una solución a la situación que viven actualmente los pobladores de la zona conocida como Los Castaños de Corredores. Dicha solución deberá ser efectivamente ejecutada dentro del plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia. Asimismo, se le ordena al citado Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, continuar suministrando agua potable a las referidas comunidades a través de los camiones cisterna, hasta tanto las supra citadas órdenes no sean cumplidas. Lo anterior se dicta con la advertencia que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Corredores, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese”.-

 

 La anterior sentencia le fue notificada a las partes recurridas el 14 de julio de 2020.

II.- En cuanto a la gestión de desobediencia. Los recurrentes acusan desobediencia a lo dispuesto en el voto no. 2020012887 de las 9:15 horas de 10 de julio de 2020. Alegan que no se ha garantizado el suministro de agua potable en las comunidades de Coto 44, Central Campesina y Los Castaños. Agregan que, si bien se les brinda agua dos veces a la semana por medio de camiones cisterna, esto se hace “cualquier día”, ocasionando un descontrol en los habitantes. Mencionan que lo que pretenden es que se instalen finalmente las tuberías para que se les suministre en sus casas el agua potable.

Revisados los autos, esta Sala considera que esta gestión debe ser acogida parcialmente, conforme los siguientes motivos puntuales:

Se debe desestimar, en el tanto se ha demostrado que los pobladores sí reciben agua potable de forma regular mediante camiones cisternas. Según informó bajo la solemnidad de juramento el Gerente General del ICAA, “se realiza distribución de agua potable semanalmente mediante camión cisterna, dos veces a la semana (jueves y domingo) por medio del personal de Maquinaria y Equipo de la sede central, según horario suministrado por ese mismo departamento”. Incluso, nótese que los propios recurrentes reconocieron en su escrito posterior que dicho servicio sí se ha estado brindando. Ahora, si están disconformes con los días y horas establecidas para el suministro de agua, esto es algo que debe plantearse ante las vías ordinarias de legalidad, al no ser competencia propiamente de esta jurisdicción constitucional

Se debe acoger en lo que respecta a las poblaciones de Coto 44 y Central Campesina. En su caso, la Sala, en la sentencia no. 2020012887, ordenó a las autoridades del ICAA proveerles de agua potable en el plazo de doce meses. Sin embargo, de una lectura realizada al informe rendido por el Gerente General de esa institución y al resto de pruebas aportadas, se desprende que dicha orden no ha sido cumplida a la fecha a cabalidad (luego de trascurrido sobradamente el plazo dispuesto); es decir, que estas comunidades aún no reciben de forma regular y continua dicho líquido vital, pese a los varios años trascurridos. Si bien el Gerente General del ICAA hizo referencia a varias actuaciones realizadas tendentes a cumplir la orden, lo cierto es que también se ha reconocido que el proyecto no ha concluido. Expresamente, tal autoridad sostuvo que “De acuerdo con la programación del proyecto se espera que los diseños y permisos se encuentran finalizados el cuarto trimestre del presente año. Las actividades de licitación están previstas para concluir en el cuarto trimestre de 2027 y la ejecución para tercer trimestre de 2028. El cumplimiento de esta programación se puede ver afectado por la priorización de proyectos a lo interno de la institución” y además, se indicó que “el proyecto se desarrolla de acuerdo con la programación y no se han presentado atrasos significativos a la fecha. Se están desarrollando las actividades de estudios básicos requeridas para los diseños finales de las obras que forman parte del proyecto y una vez que se concluya con los estudios básicos se procederá con el diseño detallado del proyecto y con la obtención de permisos requeridos”. De esta manera es claro el incumplimiento, a la fecha, de la orden girada al ICAA desde el año 2020, respecto a las citadas comunidades.

Se debe acoger también, en lo tocante al sector de Los Castaños. Nótese que, pese a lo resuelto por esta jurisdicción constitucional en el voto no. 2020012887, el Alcalde de Corredores sostuvo en su informe que la ejecución material de soluciones estructurales para el suministro de agua potable, tales como la construcción o ampliación de infraestructura hidráulica, corresponde exclusivamente al ICAA. Asimismo, señaló que “se ha valorado que eventuales alternativas como la reubicación de poblaciones o la adopción de soluciones habitacionales integrales exceden las competencias legales, capacidades económicas y posibilidades logísticas de la Municipalidad de Corredores, tratándose de situaciones que necesariamente requieren la participación articulada de diversas instituciones del Estado con competencias en materia de vivienda, asistencia social, ordenamiento territorial y atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad”.

Concomitantemente, cabe destacar que del informe rendido por el Gerente General del ICAA se infiere que, desde esa institución, se ha dispuesto dotar de agua potable a esta comunidad. Según aseveró dicha autoridad, “El proyecto BPIP 001612 “Mejoras al sistema BR-A-13 Coto 44, Puntarenas” tiene como objetivo garantizar el abastecimiento continuo y seguro de agua potable para las comunidades de Coto 44, Central Campesina y Los Castaños, en el cantón de Corredores, Puntarenas”; sin embargo, como se explicó supra, este proyecto aún no se ha concluido.

De esta manera, se tiene que, independientemente de la solución que finalmente se haya acordado para atender la problemática de la población de Los Castaños (reubicación o dotación de agua potable), ninguna de estas se ha ejecutado finalmente a la fecha, en claro detrimento de sus derechos fundamentales. Como se dijo, a la fecha (superado ampliamente el plazo otorgado por esta Sala en sentencia) no se les ha dotado de agua potable. Tampoco, el municipio ha realizado ni una sola gestión (coordinando con las instancias que sean pertinentes) en aras de reubicar a sus pobladores en otro sitio.

III.- Corolario. En mérito de lo expuesto, se impone acoger parcialmente la gestión de desobediencia formulada.

IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión no. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial no. 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión no. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se acoge parcialmente la gestión formulada. Se reitera a José Darío Guzmán Álvarez, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe el cargo, que gire las órdenes necesarias y realice todas aquellas gestiones correspondientes, para que a los pobladores de las zonas denominadas Coto 44 y Central Campesina de Corredores de Puntarenas, se les suministre agua potable. Asimismo, se le reitera a José Darío Guzmán Álvarez, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a Yeison Hay Villalobos, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Corredores, que coordinen entre sí lo pertinente para buscar una solución a la situación que viven actualmente los pobladores de la zona conocida como Los Castaños de Corredores. Lo anterior, bajo la advertencia que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional). En lo tocante a la dotación de agua mediante camiones cisterna se declara no ha lugar la gestión. Notifíquese en forma personal a José Darío Guzmán Álvarez, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a Yeison Hay Villalobos, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Corredores, o a quienes ocupen los cargos.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 QFF88RTUA9461

EXPEDIENTE N° 20-010189-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:09:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

**1.-** By brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:54 a.m. on February 17, 2026, the petitioners allege disobedience of the provisions set forth in ruling no. 2020012887 of 9:15 a.m. on July 10, 2020. They claim that the supply of potable water in the communities of Coto 44, Central Campesina, and Los Castaños has not been guaranteed. They add that, although they are provided with water twice a week by means of tanker trucks, this is done “any day,” causing a lack of control among the inhabitants. They mention that what they seek is for the pipes to finally be installed so that potable water is supplied to their homes.

**2.-** By resolution of 10:01 a.m. on February 19, 2026, the disobedience proceeding was served, and a hearing was granted to Manuel Antonio Salas Pereira, or whoever holds the position of General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, so that he could address and provide the corresponding evidence regarding the acts and omissions attributed to him.

**3.-** By brief received via the Chamber's email at 3:33 p.m. on February 26, 2026, José Darío Guzmán Álvarez, in his capacity as General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath. He states the following: “I. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONING PARTY. By means of technical report No. GSP-RB-N-2026-00113 dated February 23, 2026, official Daisy Castro Navarro, Neilly Canton Head, reports under oath on the steps taken by AyA in relation to the claims made by the petitioner, which are attached as integral evidence to this response report. FIRST: Report No. GSP-RB-N-2026-00113 indicates in summary: It reports that currently, distribution of potable water is carried out weekly by means of a tanker truck, twice a week (Thursdays and Sundays) through the personnel of the Machinery and Equipment Unit of the central headquarters, according to the schedule provided by that same department, as evidenced in the following image: (…) Additionally, it reports that it has followed up on the execution of a project that will solve the potability problem for the communities of Central Campesina, Coto 44, and Castaños. As part of the additional steps, it reports that on April 1, 2024, it issued document GG-2024-01055 to Mr. [Nombre 001] with relevant information about the project. Subsequently, in document GSP-RB-N-2026-00023 dated January 19, 2026, it informed a community resident about the current status of the project, for which it attaches a detailed report on the same. As part of its own management of the ruling, it points out that the last executive report dated January 15, 2026, entitled ‘Progress of project BPIP001612 “Improvements to the BR-A-13- Coto 44, Puntarenas system”’ highlights: According to the project schedule, it is expected that the designs and permits will be finalized in the fourth quarter of this year. Bidding activities are planned to conclude in the fourth quarter of 2027, and execution by the third quarter of 2028. Compliance with this schedule may be affected by the prioritization of projects internally within the institution” (…) It highlights that, in addition, follow-up is being given to the regularization of the land with the company Palma Tica S.A., the same land where the current tank is located. For this reason, it is considered that this cantonal office has carried out the due follow-up. However, the project has made significant progress as evidenced in the attached report. (see annex No. GSP-RB-N-2025-00624 dated September 9, 2025). SECOND: ON THE ACTIONS OF AYA. Having read and analyzed the allegations of the petitioner, it is concluded that AyA, as a Public Institution, has taken the pertinent steps in accordance with judgment No. 2020012887, as evidenced in report No. GSPRB-N-2026-00113 dated February 23, 2026. AyA has supplied the precious liquid twice a week specifically (Thursdays and Sundays), which is consistent with what was ordered in said judgment where it dictated ‘to continue supplying potable water to the referred communities through the tanker trucks, until such time as the aforementioned orders have been fulfilled.’ It is important to highlight that, in accordance with the ruling, which indicated: that, immediately, they coordinate among themselves the pertinent actions to seek a solution to the situation currently experienced by the inhabitants of the zone known as Los Castaños de Corredores. Said solution must be effectively executed within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment; AyA managed the pertinent studies to provide a definitive solution, beginning with the hydrogeological study and the delimitation of the special protection area for the AyA Coto 44 well (BRA13AP001) at the request made by the Brunca Regional Directorate through official note No. GSP-RBOMSAP-2023-00437 dated May 26, 2023 (Annex 1), to the Directorate of the Environmental Management UEN, in order to carry out a hydrogeological study to determine the protection zone for the AyA Coto 44 well, which supplies the BRA13AP001 system. Its objective is to gather the field information necessary for the execution of the respective study, including: Specific objectives: • Conduct a geological reconnaissance of the site. • Carry out infiltration tests around the well, in the upstream direction, to determine the hydraulic conductivity of the unsaturated zone. • Develop a hydrogeological model of the environment in which the AyA Coto 44 well (BRA13AP001) is located. • Determine the transit time of pathogenic contaminants in the aquifer medium captured by the well in question. • Define the special protection area corresponding to the well, applying current methodologies. • Determine the intrinsic vulnerability index to contamination corresponding to the AyA Coto 44 well (BRA13AP001), by applying the GOD method. (see evidence 2 Report UEN-GA-2023-01379). Said report in its conclusions indicates mainly that the absolute bacteriological protection zone for the AyA Coto 44 well will extend a length of 49 m, measured horizontally in an upstream direction from the well and laterally to it; this length corresponds to the distance required for the natural degradation of a pathogenic contaminant in the medium, determined from the fixed radius methodology. This absolute protection zone entails not authorizing nearby drilling or projects that use septic tank systems. Similarly, the development of activities with contamination potential is not recommended, such as livestock farming or crops involving the use of pesticides or fertilizers, storage and commercialization of hydrocarbons and/or potentially contaminating compounds. In addition, regarding the water quality of the AyA Coto 44 well, it is determined through LNA AyA report AYAID-2203783-01 that the concentrations of ammonium (8.40 mg/L, VMA 0.5 mg/L), aluminum (312.2 mg/L, VMA 200 mg/L), iron (1666 mg/L, VMA 300 mg/L) and apparent color (65 U-Pt/Co, 15 U-Pt/Co), exceed the maximum permissible values established in the Regulations for the Quality of Potable Water (Decreto ejecutivo 38924-S), for which constant monitoring and treatment of the water captured in the well is recommended. For this reason, the ‘delay’ in the use of the well is not an administrative omission, but rather a technical and legal impossibility derived from the chemical composition of the water (iron and ammonium), which requires a complex treatment plant that is already in the design phase. Supplying the water in its current state would expose the institution to greater liabilities for health damages. Additionally, AyA has followed up on document PR-DP-OFSA-0061-2024 dated March 18, 2024 (Resolution 20-01011189-0007-CO potable water for the Communities of Castaños, Coto 44 and Central Campesina) where it emphasizes that according to the analysis performed, it is reported that the solution to the problem raised, which is to provide potable water service to the aforementioned communities, corresponds to the construction of a branch line of approximately 8.2 kilometers, from the distribution network that supplies the community of Ciudad Neily to Coto 44, in 150mm piping; this initiative has already been presented to the Programming and Control UEN, and currently, according to information provided by regional engineer Jeffrey Quintero Aguilar on March 4, the project has a high priority within the Senior Administration. (see evidence 3). With the analysis performed, it is concluded that indeed the water currently being supplied does not meet the chemical conditions (iron and manganese) according to the Regulations on Water Quality; given this situation, water is distributed two days a week for human consumption. Furthermore, it is known that the well as a supply source is not salvageable due to the conditions it presents (high levels of iron and manganese) and the high operating costs if it were to be made potable. The proposed solution is to build the 8.2 km branch line extension to reach the community of Coto 44 and subsequently channel the expansion of the system towards the community of Los Castaños. Finally, by report dated January 15, 2026, prepared by the Programming and Control UEN labeled ‘Progress of project BPIP001612 “Improvements to the BR-A-13- Coto 44, Puntarenas system”’ it notes: Sic. “Project BPIP 001612 ‘Improvements to the BR-A-13 Coto 44, Puntarenas system’ aims to guarantee the continuous and safe supply of potable water for the communities of Coto 44, Central Campesina, and Los Castaños, in the canton of Corredores, Puntarenas. Currently, supply is carried out by means of tanker trucks due to iron and manganese contamination in the previous source, a situation that prompted an order from the Constitutional Chamber (Resolution No. 12887-2020) to implement a definitive solution. The project is being developed under the Program for Small Communities at Sanitary Risk and proposes to supply the communities through the Integrated System of Corredores. To date, the approved profile is available, and basic studies have been executed. In addition, as part of the design, the capacity of the Integrated Aqueduct of Corredores was verified to guarantee 50-year sustainability, and work is ongoing on the conceptual design report, whose approval is expected for February 2026. The project is progressing according to schedule, without significant delays, and designs and permits are scheduled for the fourth quarter of 2026, bidding in 2027, and execution in 2028, dates that are subject to institutional prioritization. (…) (see evidence 4). Due to the foregoing, it is reported that the project is being developed according to schedule, and no significant delays have occurred to date. The basic study activities required for the final designs of the works that form part of the project are being developed, and once the basic studies are concluded, the detailed design of the project and the procurement of required permits will proceed. In conclusion; in accordance with the foregoing, it is considered appropriate to inform the Honorable Chamber that the fundamental rights of the petitioner have not been violated, nor has this institute fallen into disobedience, since AyA, as indicated above, is in the execution phase of the definitive project to solve the supply problem in the communities of Coto 44 and Central Campesina, and it is accredited in this report that my represented party, through an alternative solution, carries out distribution of potable water via tanker truck, twice a week specifically (Thursdays and Sundays)”.

**4.-** By resolution of 6:25 p.m. on March 5, 2026, the disobedience proceeding was served, and a hearing was granted to Carlos Viales Fallas, or whoever holds the position of Mayor of Corredores, so that he could address and provide the corresponding evidence regarding the acts and omissions attributed to him.

**5.-** By brief received via the Chamber's email at 4:22 p.m. on March 11, 2026, Yeison Hay Villalobos, in his capacity as Mayor of the Municipality of Corredores, reports under oath. He states the following: “I. BACKGROUND. First: Within the referenced constitutional case file, through judgment no. 2020-012887, issued at 9:15 a.m. on July 10, 2020, this honorable Chamber partially granted the amparo action (recurso de amparo) filed by the petitioner, ordering the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) to take the necessary steps to guarantee the supply of potable water to various communities in the canton of Corredores. Second: The same resolution also ordered that the General Manager of AyA and the mayor of the Municipality of Corredores coordinate among themselves the pertinent actions, with the purpose of seeking a solution to the situation faced by the inhabitants of the community known as Los Castaños de Corredores. Third: By resolution of 6:25 p.m. on March 5, 2026, this Chamber granted a hearing to this respondent authority so that it could address the acts and omissions attributed to it, as well as to report what solution has been found regarding the situation of said community. II. CONSIDERATIONS. i. ON THE STEPS TAKEN BY THE MUNICIPALITY. In compliance with what was ordered by this Chamber, this municipal corporation has carried out inter-institutional coordination steps with the institution competent in the matter of potable water supply. In that regard, through official note AM-00354-2020, dated September 22, 2020, the then municipal mayor, Mr. Carlos Viales Fallas, addressed Mr. Manuel Antonio Salas Pereira, in his capacity as General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, requesting information on the steps that said institution had been taking to address the problem related to water supply in the involved communities. With this action, this Municipality initiated the inter-institutional coordination steps ordered by this Chamber, seeking to follow up on the actions that the institution legally competent in the matter was to develop. ii. ON COMPETENCE IN THE MATTER OF WATER SUPPLY. It is necessary to point out, with the greatest clarity, that the Municipality of Corredores does not possess legal competence for the provision of the public service of potable water supply at the site of interest, as it is not the owner, administrator, or operator of the aqueduct that serves or should serve said population. Indeed, the provision of the public potable water service legally corresponds to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or to operator entities authorized within the framework of the national aqueduct system. Consequently, the material and technical actions directed at the construction, expansion, operation, or improvement of potable water supply systems do not depend directly on this municipal corporation, but rather on the institution that possesses legal competence in the matter. In that context, the role of the Municipality, as ordered by this Chamber, is reasonably limited to the area of institutional coordination, within the limits of its competence. iii. ON THE SITUATION OF THE COMMUNITY OF LOS CASTAÑOS. In accordance with the foregoing, the Municipality of Corredores has maintained follow-up on the actions developed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in relation to the potable water supply situation in the referred communities. However, it must be noted that the material execution of structural solutions for the supply of potable water, such as the construction or expansion of hydraulic infrastructure, corresponds exclusively to the institution competent in the matter. Likewise, it has been assessed that possible alternatives such as the relocation of populations or the adoption of comprehensive housing solutions exceed the legal competencies, economic capacities, and logistical possibilities of the Municipality of Corredores, these being situations that necessarily require the articulated participation of various State institutions with competencies in matters of housing, social assistance, territorial planning (ordenamiento territorial), and attention to populations in conditions of vulnerability. iv. ON THE NONEXISTENCE OF DISOBEDIENCE. In light of the foregoing, it is respectfully brought to the attention of this honorable Chamber that the Municipality of Corredores has not incurred in deliberate omission nor in resistance to compliance with what was ordered by the constitutional jurisdiction. On the contrary, this municipal corporation has acted in good faith and within the framework of its competencies, promoting the inter-institutional coordination that reasonably corresponded to it according to the provisions of the judgment on the merits. The limitations that persist regarding the definitive solution to the problem raised do not stem from a refusal or disobedience by this Municipality, but from objective factors linked to the scope of competence of other public institutions and to the technical and structural nature of the required solutions.”

**6.-** In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

**CONSIDERANDO:**

**I.- Regarding what was ordered by this Chamber.** Through judgment no. 2020012887 of 9:15 a.m. on July 10, 2020, this Court ordered the following regarding the communities of Coto 44, Central Campesina, and Los Castaños de Corredores de Puntarenas:

“VI.- CONCERNING THE QUALITY OF THE WATER PROVIDED TO THE INHABITANTS OF THE COMMUNITIES OF COTO 44 AND CENTRAL CAMPESINA DE CORREDORES. On the other hand, the protected parties argue that although the inhabitants of the zones known as Coto 44 and Central Campesina, both in Corredores de Puntarenas, receive water service from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, it is of poor quality, since it 'tastes like mud or rust.'

As can be clearly deduced from the list of proven facts, the petitioners are correct regarding this claim. The foregoing, because it is effectively recorded that despite said service being provided by the mentioned Institute to the inhabitants of such places, the water is not considered potable, as it is high in iron and magnesium, which clearly directly affects their health.

This state of affairs is absolutely reprehensible to this Constitutional Tribunal, because although it has been proven that the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are taking steps to solve the mentioned problem and that, additionally, they have arranged for the supply of potable water to the inhabitants of said zones by means of a tanker truck twice a week, the fact of the matter is that the situation in question persists to date, which, in turn, without a doubt, seriously injures the fundamental rights of the latter. Furthermore, it is important to note that it is not observed that this problem will be resolved promptly, since the project referred to for addressing it—as reported—is not even in the design phase, the necessary budgetary content for such purpose is not available, and everything depends, in turn, on the construction of a water treatment plant that is barely in the procurement process.

Under this state of affairs, this constitutional body considers that, in the species, the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers have violated the fundamental rights of the inhabitants of the mentioned zones, especially, their rights to health and to the supply of potable water.

VII.- ON THE SUPPLY OF POTABLE WATER IN THE LOS CASTAÑOS DE CORREDORES SECTOR. The petitioners also allege that in the Los Castaños de Corredores de Puntarenas sector, water service is provided by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, but that this is equally not potable.

Regarding this zone in particular, it is important first to point out that from the study of the case file it has been proven that this zone does have access to water, but it is not supplied properly by the respondent Institute, but rather through another provider unknown to this Tribunal. Rather, it is recorded that the referred community made a request to the mentioned Institute, approximately in the year 2017, for it to provide them with said liquid.

It has likewise been proven that the water received by the inhabitants of said site is not considered potable, so that the referred Institute provides them (as well as the inhabitants of Coto 44 and Central Campesina) with said liquid by means of a tanker truck twice a week.

Similarly, it has been accredited that this zone (as happens with the sector called Las Pangas), is considered a risk area because it is prone to suffering floods during the rainy season. This last reason is why an official of the AyA Potable Water Area in the Brunca Region recommended not providing the public service in said place, as this would cause more people to build dwellings at the site, increasing exponential growth and the problem year after year. It was even proven that the Head of the Brunca Region-Cantonal Office of Corredores of the referred Institute, on an unspecified date, requested the authorities of the Municipality of Corredores to assess the possibility of relocating (reubicar) the inhabitants of Los Castaños. Likewise, it is recorded that, by virtue of all the circumstances set forth above, the General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers stated to this Chamber, categorically, that technically it is not viable to provide potable liquid to the people who inhabit said sector.

Thus, we have a site inhabited by a population that receives non-potable water through an unknown means or provider (different from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers); that despite the foregoing, it is supplied twice a week with potable water supplied by said Institute through a tanker truck; and where, in turn, it is not recommended, for technical reasons, to provide said liquid on a regular basis by such authority. Having said this, this Constitutional Tribunal considers that the amparo must be granted regarding this particular point and for the following reasons.

Note that this Chamber understands the reasons provided by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for not providing said potable water service to the inhabitants of the zone called Los Castaños, which, even, partially coincide with those set forth for the Las Pangas sector. This constitutional jurisdiction cannot oppose, when technical reasons mediate, the categorically expressed criterion of said authorities for not proceeding in the manner that the petitioners intend.

However, it is also important to take into account two aspects of interest that mediate in this particular case, which cause this Tribunal to observe a violation of fundamental rights: 1) That it is not recorded that such authorities have made known the reasons for not providing the service in question to the inhabitants of the referred zone, so this Chamber understands that they remain, to date, in a state of uncertainty regarding this issue, despite having made their request since approximately the year 2017, and 2) that it was also not accredited in the case file that such authorities of the respondent Institute, jointly with the Municipality of Corredores, have coordinated and managed the pertinent actions to find an effective solution to the mentioned problem that the inhabitants of said zone currently experience. This Chamber found it proven that the AyA authorities requested, on an unspecified date, the authorities of the cited municipal corporation to proceed with the relocation (reubicación) of such inhabitants; however, it was not concomitantly accredited that this action was effectively carried out or, alternatively, that any other action aimed at solving the situation under study was carried out. In summary, although it was proven that technically potable water cannot be provided in the Los Castaños sector, the fact is that we are also in the presence of a population that currently lacks said vital liquid and, with respect to which the respondent authorities jointly and, inevitably, must do something.

Under this understanding, this jurisdiction considers that, in the species, the fundamental rights of the inhabitants of the zone known as Los Castaños de Corredores de Puntarenas have been violated. (…)

POR TANTO:

The appeal is partially granted. Consequently, Manuel Antonio Salas Pereira, or whoever holds the position of General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, is ordered to issue the necessary orders and carry out all corresponding steps, so that within a period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the inhabitants of the zones called Coto 44 and Central Campesina de Corredores de Puntarenas are supplied with potable water. Likewise, Manuel Antonio Salas Pereira, or whoever holds the position of General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Carlos Viales Fallas, or whoever holds the position of Mayor of Corredores, are ordered to immediately coordinate among themselves the pertinent actions to seek a solution to the situation currently experienced by the inhabitants of the zone known as Los Castaños de Corredores. Said solution must be effectively executed within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment. Likewise, the cited General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is ordered to continue supplying potable water to the referred communities through the tanker trucks, until such time as the aforementioned orders have been fulfilled. The foregoing is issued with the warning that, in accordance with Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order from this Chamber that they must comply with or enforce and disregards it, provided that the offense is not more severely penalized. In all other respects, the appeal is declared without merit. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipality of Corredores are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence of the contentious-administrative jurisdiction. Notifíquese”.-

The above judgment was notified to the respondent parties on July 14, 2020.

**II.- Regarding the disobedience proceeding.** The petitioners allege disobedience to the provisions set forth in ruling no. 2020012887 of 9:15 a.m. on July 10, 2020. They claim that the supply of potable water in the communities of Coto 44, Central Campesina, and Los Castaños has not been guaranteed. They add that, although they are provided with water twice a week by means of tanker trucks, this is done “any day,” causing a lack of control among the inhabitants. They mention that what they seek is for the pipes to finally be installed so that potable water is supplied to their homes.

Having reviewed the case file, this Chamber considers that this proceeding must be partially granted, for the following specific reasons:

It must be dismissed, insofar as it has been proven that the inhabitants do receive potable water regularly by means of tanker trucks. As reported under the solemnity of oath by the General Manager of the ICAA, “distribution of potable water is carried out weekly by means of a tanker truck, twice a week (Thursdays and Sundays) through the personnel of the Machinery and Equipment Unit of the central headquarters, according to the schedule provided by that same department.”

Indeed, note that the petitioners themselves acknowledged in their subsequent filing that said service has indeed been provided. Now, if they disagree with the days and hours established for the water supply, this is something that must be raised before the ordinary channels of legality, as it does not properly fall within the competence of this constitutional jurisdiction.

The petition must be granted with respect to the communities of Coto 44 and Central Campesina. In their case, this Chamber, in judgment no. 2020012887, ordered the authorities of the ICAA to provide them with potable water within twelve months. However, from a reading of the report provided by the General Manager of that institution and the rest of the evidence submitted, it can be inferred that said order has not been fully complied with to date (the established period having been amply exceeded); that is, these communities still do not receive this vital liquid regularly and continuously, despite the several years that have passed. While the General Manager of the ICAA referred to several actions taken to comply with the order, the fact is that it has also been acknowledged that the project has not been completed. Expressly, said authority stated that "According to the project schedule, it is expected that the designs and permits will be finalized in the fourth quarter of this year. The tendering activities are scheduled to conclude in the fourth quarter of 2027, and execution in the third quarter of 2028. Compliance with this schedule may be affected by the prioritization of projects within the institution" and furthermore, it was indicated that "the project is being developed according to schedule and no significant delays have occurred to date. The basic study activities required for the final designs of the works that are part of the project are being developed, and once the basic studies are concluded, the detailed design of the project and the obtaining of required permits will proceed." In this way, the non-compliance, to date, with the order issued to the ICAA since 2020, regarding the aforementioned communities, is clear.

The petition must also be granted regarding the Los Castaños sector. Note that, despite what was resolved by this constitutional jurisdiction in vote no. 2020012887, the Mayor of Corredores stated in his report that the material execution of structural solutions for the supply of potable water, such as the construction or expansion of hydraulic infrastructure, corresponds exclusively to the ICAA. Likewise, he pointed out that "it has been assessed that potential alternatives such as the relocation of populations or the adoption of comprehensive housing solutions exceed the legal competencies, economic capacities, and logistical possibilities of the Municipality of Corredores, these being situations that necessarily require the articulated participation of various State institutions with competencies in matters of housing, social assistance, land-use planning (ordenamiento territorial), and care for populations in vulnerable conditions."

Concomitantly, it should be noted that from the report provided by the General Manager of the ICAA, it is inferred that this institution has arranged to provide potable water to this community. As stated by this authority, "Project BPIP 001612 'Improvements to the BR-A-13 Coto 44 System, Puntarenas' aims to guarantee the continuous and safe supply of potable water for the communities of Coto 44, Central Campesina, and Los Castaños, in the canton of Corredores, Puntarenas"; however, as explained supra, this project has not yet been completed.

Thus, it is understood that, regardless of the solution that may have finally been agreed upon to address the problem of the population of Los Castaños (relocation or provision of potable water), none of these have been finally executed to date, to the clear detriment of their fundamental rights. As stated, to date (the deadline granted by this Chamber in the judgment having been amply exceeded), they have not been provided with potable water. Nor has the municipality carried out a single procedure (coordinating with the relevant instances) to relocate its inhabitants to another site.

III.- Corollary. By virtue of the foregoing, the petition for disobedience filed must be partially granted.

IV.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session no. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session no. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The petition filed is partially granted. José Darío Guzmán Álvarez, in his capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds the position, is hereby reiterated to issue the necessary orders and carry out all corresponding procedures so that potable water is supplied to the inhabitants of the areas called Coto 44 and Central Campesina in Corredores de Puntarenas. Likewise, José Darío Guzmán Álvarez, in his capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Yeison Hay Villalobos, in his capacity as Mayor of the Municipality of Corredores, are hereby reiterated to coordinate with each other what is pertinent to seek a solution to the situation currently experienced by the inhabitants of the area known as Los Castaños de Corredores. The foregoing, under the warning that, if disobedience is proven, the opening of an administrative procedure may be ordered against the official who fails to comply with what has been resolved by this Chamber, and also, pieces may be ordered to be sent to the Ministerio Público for the possible commission of the crime of disobedience (articles 53 and 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction). Regarding the provision of water by tanker trucks, the petition is declared without merit. Notify personally José Darío Guzmán Álvarez, in his capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Yeison Hay Villalobos, in his capacity as Mayor of the Municipality of Corredores, or whoever holds the positions.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.





Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.





Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-010189-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:09:40.

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