Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Esta Sala concluye, que el retardo en la realización de los análisis técnicos -indispensables para valorar la viabilidad del abastecimiento frente a las restricciones hidrogeológicas de la zona- no es imputable al recurrente, sino a una falta de coordinación y diligencia de las autoridades recurridas. La carencia de red no es una excusa para la inacción perpetua, sino un presupuesto que obliga a la Administración a realizar las obras de mejora y estudios de capacidad hídrica con celeridad. Al no constar acciones conjuntas y efectivas para dotar de agua potable a la comunidad tras años de solicitudes, se tiene por acreditada la infracción a los derechos fundamentales a la salud y al agua potable, así como al principio de eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
English (translation)This Chamber concludes that the delay in carrying out the technical analyses—essential for assessing the feasibility of supply given the hydrogeological restrictions in the area—is not attributable to the petitioner but to a lack of coordination and diligence on the part of the respondent authorities. The absence of a network is not an excuse for perpetual inaction; rather, it is a condition that obliges the Administration to undertake improvement works and water capacity studies with celerity. Since no joint and effective actions to provide potable water to the community after years of requests have been established, the violation of the fundamental rights to health and potable water, as well as the principle of efficiency in the provision of public services, is deemed proven.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 07132 - 2026 Fecha de la Resolución: 27 de Febrero del 2026 a las 09:30 Expediente: 25-039980-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-039980-0007-CO Res. Nº 2026007132 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis . Recurso de amparo promovido por Nombre01, cédula de identidad CED02, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED03, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE BUENOS AIRES SUR DE JIMÉNEZ Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. RESULTANDO: 1.- Mediante memorial presentado a las 17:17 horas de 25 de diciembre de 2025, la recurrente promovió recurso de amparo, contra la Asociación de Acueducto Rural de Buenos Aires Sur de Jiménez y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues, según afirma, en el 2012, adquirió un lote en la calle nombrada Dirección01. Y desde entonces empezó la lucha por obtener los servicios básicos que cualquier costarricense merece. Han sido años de luchar en contra de varias administraciones, promesa tras promesa sin lograr el objetivo de tener acceso al preciado líquido en nuestras propiedades. Se han planteado cantidades de solicitudes. Junto con el grupo de vecinos organizados se logró la constitución de la ASADA de Buenos Aires Sur, de la cual se beneficiarían todos los vecinos; sin embargo, el personero del AyA fue tajante en restringir el servicio, -a su juicio- sin fundamentación técnica que respaldara la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua, y con unas excusas completamente ilógicas. Así solo le autorizó el servicio de agua a 40 casas pertenecientes al grupo Comunidad de Valle Verde. Solicitó formalmente el acceso al servicio de agua a la Asada Buenos Aires Sur, la cual se ha mostrado anuente a colaborar siempre y cuando reciba autorización del AyA y es ahí donde se les niega, dejando al amparado en completa indefensión. Agrega que le han rechazado la gestión sin brindar el servicio, sin ningún fundamento técnico que respalde la decisión. Que como justificación del rechazo indica los siguientes puntos: "(…) 1. Que las propiedades no contaban con los permisos municipales y visados de los planos, cuando los planos están perfectamente visados, y se realizan los pagos puntualmente a los impuestos municipales y cada declaración que corresponde. 2. Que supuestamente los terrenos que le vendieron les pertenecían a personas no gratas para la institución del AyA, excusa totalmente ilógica, tratándose de una discriminación a título personal. 3. Que no había suficiente líquido para brindar el servicio, cuando los informes de la ASADA Buenos Aires Sur indican que tiene suficiente líquido para brindarnos el servicio. 4. Que no tenían presupuesto para crear la tubería que nos diera el servicio hasta nuestras casas, cuando hace varios años ya los vecinos de Dirección02 pagamos por esas tuberías y que ya están instaladas listas para brindar el servicio, pero, según un oficio del AyA le prohíbe a la ASADA liberar el líquido hacia donde está la propiedad del amparado. 5. Que existe un gran tanque del AyA (fotos que se adjuntan) a escasos 700 metros de distancia de la propiedad del amparado y según el AyA el agua no va a llegar hasta la propiedad. (…)". Acusa que en diferentes oportunidades el AyA les ha ofrecido el servicio a los vecinos, pero con la condición de que sean estos quienes costeen algunos gastos, y a pesar que después de hacer un gran esfuerzo económico y dar el dinero que se le solicito el servicio de agua potable continua sin llegar a su propiedad, tal es el ejemplo de la constitución de la ASADA y para movilizar el líquido de la Asada Buenos Aires de Jiménez a Buenos Aires Sur, les pidieron ¢ 100.000 (cien mil colones) a cada familia, con la sorpresa que una vez se construyó el tanque, el AyA generó la orden que sólo se le iba a brindar servicio a 40 casas y dejó al resto de lotes sin el servicio, de forma injusta y arbitraria. De ahí que lleva años soportando esa discriminación sin fundamento jurídico ni estudio técnico alguno, estando su lote entre un tanque del AyA y la tubería de la ASADA Buenos Aires Sur. 2.- Por resolución de las 11:38 horas de 29 de diciembre de 2025 se previno a la parte recurrente que aportara la certificación de personería jurídica vigente de la Asociación de Acueducto Rural de Buenos Aires de Jiménez, así como la dirección exacta del lugar señalado por su representante legal o agente residente para efectos de notificación. 3.- Mediante resolución de las 16:06 horas de 5 de enero de 2026 se tuvo por cumplida esa prevención; se dio curso al recurso y se requirió una contestación a Juan Carlos Barquero López, cédula de identidad: CED04, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto Rural de Buenos Aires Sur de Jiménez y un informe al presidente ejecutivo, al director de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, y al jefe de la Oficina Regional de Pococí, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos acusados. 4.- Informa bajo juramento Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que según el informe técnico remitido mediante memorando No. SG-GSD-2026-00011 de 8 de enero de 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados - AyA, se indica que: “… Sobre la compra del inmueble y las expectativas del recurrente (sic), no le consta a esta Institución, por tratarse de actos de naturaleza privada entre particulares. El AyA no interviene ni participa en transacciones inmobiliarias, ni puede garantizar, por sí sola, la disponibilidad de servicios públicos esenciales sin que se cumplan previamente los requisitos técnicos, legales y ambientales establecidos en la normativa vigente ...” No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. SG-GSD-2026-00011 de 8 de enero de 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados - AyA, señala que: “… En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable para el sector norte de la comunidad, específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente (sic). En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA ...” De la normativa citada en este hecho, cabe indicar que no corresponde al articulado vigente del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. Las constancias de disponibilidad de servicios se encuentran en los artículos 7 inc. 31, 15, 29, 30 y concordantes. De otra parte, no es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. SG-GSD-2026-00011 de 8 de enero de 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados - AyA se indica que: “… No es cierto que la ASADA Buenos Aires Sur se haya constituido específicamente para abastecer al sector donde se ubica el inmueble. Consta que la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ, cédula jurídica CED01, inició funciones el 08/09/2007, cumpliendo los requisitos para la conformación de asociaciones establecidos en la Ley 218 y su Reglamento y cuenta con Convenio de Delegación vigente desde el 04/02/2009, para una zona de competencia definida, distinta al sector norte cercano al Colegio Green Valley. Sobre la prueba que adjuntan indicando “… el personero del AyA fue tajante en restringir el servicio sin fundamentación técnica que respalde la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua …” En la prueba adjunta, el documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 de 5 de marzo de 2021 apunta que: “… Hacemos la aclaración de que de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto. No omitimos manifestar que la gestión para el posible abastecimiento será proyectada solamente para el sector de las viviendas indicadas en la documentación aportada y que no se considera la posibilidad de extensión del proyecto hacia sectores hacia el norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley.” Sobre la prueba que adjuntan indicando “… el personero del AyA fue tajante en restringir el servicio sin fundamentación técnica que respalde la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua …” En la prueba adjunta, documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 con fecha 5 de marzo del 2021 se indica “Hacemos la aclaración de que de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto. No omitimos manifestar que la gestión para el posible abastecimiento será proyectada solamente para el sector de las viviendas indicadas en la documentación aportada y que no se considera la posibilidad de extensión del proyecto hacia sectores hacia el norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley.” Al respecto, es fundamental precisar que la gestión señalada corresponde exclusivamente a una solicitud presentada por el comité de vecinos de Valle Verde, caserío conformado por aproximadamente 40 viviendas existentes, ubicado en el extremo sur de la zona. Dicha gestión no guarda relación alguna con el sector cercano al Colegio Green Valley, donde se localizan las propiedades del denunciante, las cuales se sitúan en el extremo norte del mismo ámbito territorial. En relación con este último sector, se deja constancia de que no se ha recibido, por parte de la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí, ningún estudio técnico específico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación ante la UEN Gestión de ASADAS del AyA. En consecuencia, resulta improcedente atribuir validez técnica al documento aportado, toda vez que no constituye un análisis de disponibilidad hídrica aplicable al sector norte de la comunidad, donde se ubican las propiedades del recurrente. Actualmente, el AyA se encuentra desarrollando los estudios técnicos correspondientes con el fin de atender la solicitud formal presentada por la ASADA de Buenos Aires, mediante la cual se solicita la intervención institucional del AyA para que la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí asuma la administración del sistema de abastecimiento de agua que actualmente es operado por un gestor no autorizado en la comunidad de Valle Verde – Calle Vargas. En este contexto, se cuenta con criterios ambientales vinculantes, los cuales resultan determinantes para la toma de decisiones. En particular, el documento UEN-GA-2025-03793, debidamente adjunto, emitido por la UEN Ambiental, señala expresamente lo siguiente: “De igual manera, considerando que el área de la ‘Zona del Comité de agua Valle Verde – Calle Vargas’ coincide con el área de la solicitud de un proyecto urbanístico de exoneración de alcantarillado sanitario denominado ‘Nuevo Guápiles’, tramitado como expediente N.° 640 en el año 2014, en el plano catastrado L-239023-95, el cual fue denegado por la UEN Gestión Ambiental debido a inconsistencias técnicas de carácter hidrogeológico que nunca fueron subsanadas por el interesado…” Asimismo, en el documento SUB-AID-GA-2015-432, de fecha 28 de abril de 2015, la Dirección Ambiental emitió un criterio técnico categórico en los siguientes términos: “… esta Dirección del Área Funcional de Hidrogeología, desde el punto de vista hidrogeológico, geológico, de protección del acuífero y de las Fuentes Numancia del AyA, y con base en la totalidad de los estudios técnicos existentes en la zona, así como en el Diagnóstico del Plan Regulador de Pococí – Tomo I, no recomienda la exoneración del Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, ubicado en Dirección03, Guápiles, Pococí, Limón, plano catastrado L-239023-95, por tratarse de un acuífero altamente vulnerable a la contaminación ...” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSP-RHC-P-2026-00025 de 8 de enero de 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “… Con respecto al punto tercero, tal como se ha indicado en el oficio GSP-RHCP-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843, el sector de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por AyA directamente. Específicamente los sistemas HC-A-13 Cariari - Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (ver imagen número 2). Dado lo anterior, por estar ubicado fuera de las competencias del AyA – Región Huetar Caribe, no se ha emitido criterio sobre disponibilidades de agua para los terrenos ubicados en ese sector …” No les consta sobre la respuesta dada por la ASADA, ya que no se aporta prueba al respecto, en los demás aspectos, no son ciertos. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. SG-GSD-2026-00011 de 8 de enero de 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados - AyA, se indica que: “… municipales, discriminación personal, falta de agua, inexistencia de presupuesto, y cercanía de infraestructura del AyA. (…) 1. Permisos municipales y planos: No le consta al AyA la totalidad de gestiones municipales alegadas. En todo caso, el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA (Ley N.º 2726) establece que todo proyecto de urbanización o lotificación requiere aprobación previa del AyA, sin la cual cualquier permiso municipal carece de eficacia jurídica. 2. Alegato sobre discriminación personal: No le consta a esta Institución tal afirmación, las decisiones del AyA se basan exclusivamente en criterios técnicos, legales y ambientales, nunca en consideraciones subjetivas sobre personas. 3. Disponibilidad hídrica: En la UEN Gestión de ASADAS, no consta el ingreso de ninguna gestión formal de solicitud de disponibilidad de agua, ni saneamiento para el sector donde el recurrente posee sus propiedades. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico (Estudios técnico específico para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la viabilidad o factibilidad del abastecimiento de agua potable y saneamiento para dicho sector por parte de la ASADA Buenos Aires Sur. 4. Infraestructura y presupuesto: No consta infraestructura de la ASADA Buenos Aires Sur en el sector donde se ubica el inmueble del recurrente (sic), ni estudios aprobados para su extensión. 5. Cercanía del Tanque Numancia: La sola proximidad física a infraestructura del AyA no genera derecho automático a la conexión. El criterio ambiental UEN-GA-2025-03793 establece que el área se encuentra parcialmente dentro de la zona de protección absoluta del Pozo Numancia, lo cual impone severas restricciones para desarrollos habitacionales y nuevas conexiones ...” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSP-RHC-P-2026-00025 de 8 de enero de 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, se indica que: “… no se realizan mayores observaciones, siendo que el amparado indica la intención de acceder al servicio de agua potable de la ASADA de Buenos Aires Sur. AyA Región Huetar Caribe, ostenta competencia sólo para los sistemas administrados por AyA. En el caso específico el acueducto de AyA más cercano es el HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, que como ya se ha indicado no alcanza a cubrir el sector de Valle Verde. Tal como lo indica el amparado, el tanque de Numancia que forma parte del acueducto del AyA se ubica cercano al sector de Valle Verde, y que de acuerdo con lo indicado en los oficios GSP-RHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843, este tanque se encuentra a una elevación menor en relación con Valle Verde, razón por la cual no resulta técnicamente viable ampliar la cobertura. Esta condición es conocida por el recurrente, al punto de gestionar que el abastecimiento se otorgue por la ASADA de Buenos Aires Sur, que se ubica a una elevación mayor ...” No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. SG-GSD-2026-00011 de 8 de enero de 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados - AyA, se indica que: “… El recurrente (sic) sostiene que cumple condiciones para recibir el servicio y que la negativa vulnera derechos fundamentales. (…) No se cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica presentados conforme a la Definición N.º 12 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, que exige verificar capacidad hídrica, hidráulica, ambiental y legal. Sin dicho análisis, no es jurídicamente posible otorgar disponibilidad de agua potable. Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente ...” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSP-RHC-P-2026-00025 de 8 de enero de 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, se indica que: “… efectivamente el amparado tiene su derecho a gestionar el abastecimiento de agua, siempre y cuando cumpla con los procedimientos establecidos. Se reitera que la Región Huetar Caribe, no ha emitido constancias de disponibilidad de servicios, puesto que no se encuentra dentro de su área de cobertura.” En ese sentido, cabe citar además lo establecido en el artículo 7 inciso 134 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA que indica: “…134. Zona de restricción ambiental: Superficie territorial delimitada por condiciones geomorfológicas o zonas de riesgo, zonas de protección y áreas protegidas o reservas patrimonio del Estado donde por disposiciones legales o de planificación territorial de orden local, regional o nacional no deben aprobarse disponibilidades de servicios o conexiones para la prestación de los servicios de acueducto o alcantarillado sanitario o ambos por parte de un prestador de servicio público ...” Además, tal como se ha manifestado por parte del recurrente no se han cumplido los requisitos establecidos para generar una constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, ya que, no se ha cumplido por parte de los interesados con los estudios técnicos y obras de mejora necesarios para optar por un servicio. No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. SG-GSD-2026-00011 de 8 de enero de 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados -AyA se indica que: “… No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente (sic) no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado ...” De igual forma, el informe técnico remitido mediante memorando No. GSP-RHC-P-2026- 00025 de 8 de enero de 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí- AyA indica que: “… tampoco se emiten mayores comentarios, siendo que la Región Huetar Caribe no ha realizado gestión alguna en el sector de Valle Verde. Debe indicarse que dentro de la normativa y procedimientos de AyA nunca se solicitan contribuciones económicas a los interesados ...” No les consta. Según el informe técnico remitido mediante memorando de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados - AyA No. SG-GSD-2026-00011 de 8 de enero de 2026 que indica que: “… no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado ...” De igual forma, el informe técnico remitido mediante memorando No. GSP-RHC-P-2026- 00025 de 8 de enero de 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “… se reitera que AyA – Región Huetar Caribe, no ha realizado gestión alguna que apruebe o desapruebe el abastecimiento con agua en el sector de Valle Verde, puesto que se ubica fuera del área de cobertura ...” Este acápite no es un hecho; sin embargo, cabe citar lo expuesto en el informe técnico remitido mediante memorando No. SG-GSD-2026-00011 de 8 de enero de 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados - AyA se indica que: “… La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho al agua no implica obligación de otorgar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada. En el presente caso, la negativa se sustenta en criterios técnicos y ambientales objetivos, particularmente en la protección de fuentes estratégicas de abastecimiento ...” De igual forma, el informe técnico remitido mediante memorando No. GSP-RHC-P-2026- 00025 de 8 de enero de 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA expresa que: “… si bien se trata sobre jurisprudencias de la Sala Constitucional, se puede observar de los extractos, que ambas resoluciones (2016-006027 y 2017- 005245) la Sala indica que no se acredita omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, siendo que los actos no fueron antojadizos, sino que se sustentan en aspectos técnicos como lo es la inexistencia de disponibilidad de agua potable en los sectores. De forma adicional, es importante indicar que el sector de Valle Verde y alrededores se encuentra sobre un acuífero vulnerable a la contaminación, según se desprende de los informes SUB-AID-GA-2015-432 y UEN-GA-2025- 03793 elaborados por la Dirección de Gestión Ambiental de AyA (adjuntos). Tal y como se observa en la imagen número 2 de este documento, AyA mantiene sus principales fuentes de agua para el sistema HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez en la zona aledaña a Valle Verde (Nacientes Numancia, Dirección04 y Dirección05), por lo que al realizar el estudio para abastecer con agua potable al sector, debe valorarse cuál será el sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales que se generen de manera que se garantice la protección de la cantidad y calidad del acuífero que subyace este terreno y que es utilizado para brindar el servicio a más de 60 mil personas del cantón de Pococí. En estos casos, la recomendación es que se aplique lo dispuesto en la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA) siendo que no existe una específica para el sector. Dado lo anterior, se considera que lo expuesto por el recurrente no tiene relación con las actuaciones de la Región Huetar Caribe, siendo que la comunidad de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas de acueductos que administra AyA y que lo pretendido es que la ASADA de Buenos Aires Sur le otorgue la disponibilidad de agua potable ...” Se reitera para que el operador por delegación del AyA, en el caso que nos ocupa, la ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, pueda brindar una constancia de disponibilidad de servicios positiva a favor de los interesados, estos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos al efecto, y en los casos como el presente en los que no existe red, deberán realizar los estudios técnicos y obras de mejoras para generar dicha constancia de disponibilidad de servicios en la zona, según lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento para la Prestación de los Servicios y artículo 46 del Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo No. 42582-S-MINAE). 5.- Contesta Juan Carlos Barquero López, cédula de identidad CED04, en su condición de presidente de la Asociación de Acueducto Rural de Buenos Aires Sur de Jiménez, que su representada es la entidad encargada de brindar el servicio de agua potable a la comunidad de Buenos Aires Sur y a una parte del sector sur de la comunidad conocida como Green Valley. Actualmente, el acueducto abastece aproximadamente a 650 abonados activos. El acueducto surge como una iniciativa comunal alrededor del año 2000, ante la imposibilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de brindar el servicio en la zona. Posteriormente, en septiembre de 2007, se celebra la asamblea constitutiva que formaliza la organización y, años después, se suscribe el respectivo convenio de delegación con el AyA, mediante el cual se regula su operación. En el año 2020, esta ASADA realizó un estudio técnico integral, con el objetivo de evaluar la condición hídrica e hidráulica del sistema de acueducto. Dicho estudio contempló, como una posible área de desarrollo futuro, una parte de la comunidad de Green Valley, específicamente el sector comprendido desde el cuadrante hasta las cercanías del Colegio Green Valley, zona que históricamente no ha contado con abastecimiento formal de agua potable por parte del AyA. Este estudio fue oportunamente conocido y aprobado por el AyA, y sirvió de base para considerar la eventual ampliación del servicio en una parte de dicha comunidad. Aclara que la ASADA Buenos Aires Sur nunca ha negado de forma arbitraria o injustificada el acceso al servicio de agua potable a los habitantes del sector de Green Valley. Por el contrario, ha manifestado reiteradamente su anuencia y disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar dicho servicio. No obstante, el abastecimiento de agua potable no depende exclusivamente de la voluntad de esta ASADA, sino que requiere la intervención y aprobación de diversas instituciones competentes, como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) En este sentido, aun cuando el acueducto cuenta con capacidad hídrica e hidráulica (no se tiene red hidráulica en el sector central de Green Valley) para atender las propiedades existentes en el área, resulta indispensable articular de forma coordinada el manejo adecuado de aguas residuales y el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental vigente, especialmente frente a nuevas urbanizaciones o desarrollos habitacionales. La comunidad de Green Valley se encuentra claramente dividida en tres sectores diferenciados: 1. Sector sur, actualmente abastecido por esta ASADA. 2. Sector norte, abastecido por el AyA. 3. Sector central, que no cuenta con un ente operador del servicio de agua potable. Esta división evidencia que la situación denunciada no obedece a una omisión arbitraria del acueducto recurrido, sino a una problemática estructural de cobertura institucional, cuya solución requiere una actuación conjunta y planificada de varias entidades públicas. En atención a lo anterior, esa asociación no se opone a las pretensiones de los recurrentes, sino que, por el contrario, se allana a lo solicitado, en el entendido de que se reconozca la necesidad de acompañamiento institucional para hacer efectivo el derecho al agua potable. Por ello, se solicita respetuosamente que se gire la orden correspondiente para que, con el apoyo de las instituciones competentes, se adopten las medidas necesarias que permitan garantizar el servicio de agua potable a las propiedades existentes y se realicen planes de manejo para futuras lotificaciones o desarrollos. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente acota que 12 años después de que el amparado adquirió un inmueble en Valle Verde, Guápiles, continúa sin obtener el servicio de suministro de agua potable, pues, el ente recurrido rechaza la disponibilidad, sin fundamentación técnica y obviando que la asada accionada está anuente a colaborar siempre y cuando reciban la autorización del AYA. Además, acusa que su representado es objeto de un trato diferenciado, pues, ese servicio si se autorizó a 40 casas pertenecientes al grupo Comunidad de Valle Verde, pero a él se le rechazó. Por todo lo expuesto, estima que se vulneró los derechos fundamentales de su representado. II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. Por su naturaleza excepcional, el trámite de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige de previo, examinar si en el caso concreto, se está ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible conforme a los presupuestos del artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para posteriormente, en caso afirmativo, dilucidar si es estimable. Así, el numeral citado anteriormente, establece que se concederá el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren en derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el presente asunto esta Sala estima que la asociación recurrida no solo ejerce potestades públicas, sino que se encuentra en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales ordinarios resultarían insuficientes y tardíos, para tutelar los derechos fundamentales de la parte recurrente. III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 4 de febrero de 2009, se firmó el convenio de delegación y administración de acueducto rural de Buenos Aires de Jiménez entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asociación de Acueducto Rural de esa comunidad (informe rendido bajo juramento). 2) El amparado es propietario de un fundo en el sector norte de la comunidad Valle Verde, Guápiles (informe rendido bajo juramento). 3) La comunidad de Green Valley se encuentra dividida en tres sectores: 1. Sector sur, actualmente abastecido por esta ASADA; 2. Sector norte, abastecido por el AyA; y 3. Sector central, que no cuenta con un ente operador del servicio de agua potable (contestación del representante de la ASADA). 4) El área en la que se ubica ese fundo se encuentra parcialmente dentro de la zona de protección absoluta del Pozo Numancia, lo cual impone severas restricciones para desarrollos habitacionales y nuevas conexiones (informe rendido bajo juramento). 5) En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable, ni saneamiento para ese sector (informe rendido bajo juramento). 6) El sector de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por AyA, específicamente los sistemas HC-A-13 Cariari - Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez. Por ende, por estar ubicado fuera de las competencias del AyA – Región Huetar Caribe, no se ha emitido criterio sobre disponibilidades de agua para los terrenos ubicados en ese sector (informe rendido bajo juramento). 7) El acueducto de AyA más cercano al inmueble del amparado es el HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, pero no alcanza para cubrir el sector de Valle Verde (informe rendido bajo juramento). 8) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA (informe rendido bajo juramento). 9) La ASADA Buenos Aires Sur no abastece el sector donde se ubica el inmueble del recurrente (informe rendido bajo juramento). 10) La UEN Gestión de ASADAS del AyA no ha recibido ningún estudio técnico específico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación, por parte de la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí (informe rendido bajo juramento). 11) La ASADA Buenos Aires Sur no cuenta con infraestructura de en el sector donde se ubica el inmueble del amparado, ni estudios aprobados para su extensión (informe rendido bajo juramento). 12) Actualmente, el AyA se encuentra desarrollando los estudios técnicos correspondientes con el fin de atender la solicitud formal presentada por la ASADA de Buenos Aires, mediante la cual se solicita la intervención institucional para que la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí asuma la administración del sistema de abastecimiento de agua que actualmente es operado por un gestor no autorizado en la comunidad de Dirección06– informe rendido bajo juramento). IV.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. De la relación de los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, se desprenden el derecho de las personas a la vida, la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los cuales se encuentran íntimamente ligados, toda vez, que la vida como valor supremo de la Constitución Política, implica una especial protección, pues sin vida, poca utilidad tendría la protección de los demás derechos fundamentales. Así las cosas, la vida debe ser protegida en todas sus vertientes, desde un aspecto físico, mental y de entorno, y es precisamente ahí donde surge la importancia en proteger el ambiente y los recursos naturales, a fin de procurar el bienestar de las personas. Ahora bien, entre otros aspectos, ese bienestar se logra, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad de los recursos hídricos, para que ésta sea potable para el consumo humano y de esta forma proteger la salud de las personas, ya que al tratarse de un recurso necesario para la higiene, alimento y bebida, su contaminación puede producir graves perjuicios en la salud pública. En ese sentido, la protección y conservación a la que se hace referencia debe ser brindada por el Estado, a través de los órganos que designe al efecto, los cuales deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de ese recurso a todas las personas, así como velar por el cumplimiento de éstas. Bajo esa tesitura, surge el derecho al agua, el cual puede ser protegido por este Tribunal Constitucional mediante la vía de amparo (Sentencia No. 2007-005482 de las 14:39 horas de 24 de abril de 2007, reiterada en la No. 2021-005089 de las 09:15 horas de 12 de marzo de 2021 y recientemente en la No. 2025-002839 de las 09:20 horas de 31 de enero de 2025). V.- CASO CONCRETO. Conviene, en primer término, señalar que, pese a lo alegado por la parte recurrente con respecto a que ha requerido la disponibilidad del servicio reclamado, la autoridad pública recurrida sostiene que en los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable, ni saneamiento para el sector donde se ubica el fundo del amparado. Además, apunta que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, así como que la UEN Gestión de ASADAS tampoco ha recibido nada a esos mismos efectos, por parte de la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí. Dado que los informes que rinden las autoridades, tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se hacen bajo juramento la Sala al no existir más elementos de juicio que el dicho de la recurrente en contradicción con el recurrido, opta por aceptar este, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se derive por datos o afirmaciones falsas o inexactas. Así las cosas, en este punto descarta la Sala que exista el agravio reclamado. Bajo esta inteligencia, se impone desestimar el recurso, como en efecto se dispone. De otra parte, este Tribunal en la sentencia No. 2026004391 de las 9:20 horas de 6 de febrero de 2026 se pronunció sobre el acceso al agua potable y a la discriminación acusada, estimando en lo que interesa, lo siguiente: “… VI.- Sobre el fondo. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido contundente en señalar que, el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, indisociable de la dignidad humana, la salud y la vida (artículos 21, 33 y 50, de la Constitución Política). No obstante, la vigencia real de este derecho depende de la observancia del principio constitucional del buen funcionamiento de los servicios públicos, el cual obliga a la Administración a actuar bajo parámetros de eficiencia, eficacia, continuidad y adaptabilidad. En el caso de los servicios prestados por delegación, como ocurre con las ASADAS, la rectoría técnica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no se agota en la simple fiscalización, sino que exige una tutela activa para evitar que la inercia administrativa de los entes delegados se traduzca en una desprotección del administrado. Del elenco de hechos probados, esta Sala constata con especial preocupación que, los vecinos de la comunidad de Valle Verde – Dirección07 han gestionado el acceso al servicio de agua potable desde el año 2017. Si bien la Administración ha esgrimido razones técnicas y geográficas para justificar la falta de red -específicamente la vulnerabilidad del Pozo Numancia-, lo cierto es que ha transcurrido un lapso de casi nueve años sin que el AyA ni la ASADA de Buenos Aires Sur hayan concretado los estudios técnicos de factibilidad que el propio ordenamiento exige (artículo 14, del Reglamento para la Prestación de los Servicios y 46, del Reglamento de ASADAS). La respuesta negativa brindada en el año 2024, carente de una propuesta de solución o de un cronograma de intervención, resulta insuficiente y lesiva a los derechos fundamentales del recurrente y demás miembros de la comunidad. La Administración no puede limitarse a constatar la inexistencia de infraestructura; su deber constitucional es buscar activamente la solución técnica para garantizar la prestación del servicio. VII.- Sobre la coparticipación de responsabilidad entre el AyA y la ASADA. Conforme a la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados N° 2726 y el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales, Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE, del 04 de setiembre de 2020, el AyA ostenta la rectoría técnica absoluta del sector. El hecho de que la ASADA recurrida no haya presentado ante la UEN Gestión de ASADAS del Instituto las solicitudes de estudios específicos para la comunidad de Valle Verde no exime al Instituto de su responsabilidad. La relación entre ambos entes debe basarse en el principio de cooperación y colaboración; la inacción de la ASADA debió ser detectada y corregida por el AyA mediante sus potestades de supervisión y dirección técnica, ya que es conocedor desde hace muchos años de la problemática. Dicha situación ha provocado que actualmente los vecinos de esa comunidad están expuestos a problemas de contaminación, ya que están supeditados a un gestor no autorizado por falta de estudios oficiales que demuestren que es factible tener disponibilidad de agua potable, lo cual constituye una omisión administrativa grave que fractura los derechos fundamentales de los tutelados. Esta Sala concluye, que el retardo en la realización de los análisis técnicos -indispensables para valorar la viabilidad del abastecimiento frente a las restricciones hidrogeológicas de la zona- no es imputable al recurrente, sino a una falta de coordinación y diligencia de las autoridades recurridas. La carencia de red no es una excusa para la inacción perpetua, sino un presupuesto que obliga a la Administración a realizar las obras de mejora y estudios de capacidad hídrica con celeridad. Al no constar acciones conjuntas y efectivas para dotar de agua potable a la comunidad tras años de solicitudes, se tiene por acreditada la infracción a los derechos fundamentales a la salud y al agua potable, así como al principio de eficiencia en la prestación de los servicios públicos …” IX.- En cuanto a la discriminación: Esta Sala ha reiterado de forma prolija que el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 33, de la Constitución Política, no implica una paridad matemática ni un trato idéntico para todos los administrados en cualquier circunstancia. Por el contrario, la igualdad constitucional exige que se otorgue un trato igual a quienes se hallen en situaciones de hecho sustancialmente idénticas, y desigual a quienes se encuentren en situaciones diversas. En el caso del acceso al agua potable, derecho humano fundamental elevado a rango constitucional en el artículo 50, su exigibilidad está supeditada no solo a la existencia del recurso, sino al cumplimiento de parámetros técnicos, ambientales y legales que garanticen la sostenibilidad del sistema y la salud pública. En el sub lite, el recurrente alega una vulneración al derecho de igualdad, tomando como parámetro de comparación la situación de cuarenta familias en el sector sur de la comunidad de Valle Verde, a quienes sí se les otorgó el servicio. No obstante, del informe técnico rendido bajo gravedad de juramento por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se desprende que no existe una identidad de circunstancias que permita configurar un trato discriminatorio. La Sala constata que: Diferenciación técnica: el grupo de viviendas al que se alude como parámetro fue objeto de un proyecto técnico específico, delimitado y debidamente evaluado, que superó las etapas de factibilidad hídrica e hidráulica. Omisión de requisitos: a diferencia del grupo de referencia, el sector donde se ubican las propiedades del recurrente (sector norte) no cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica presentados conforme al Reglamento de Prestación de Servicios del AyA. La ausencia de verificación de capacidad hídrica y ambiental impide, por imperativo legal, el otorgamiento de la disponibilidad solicitada. Restricciones geográficas y ambientales: se acredita que la zona donde se ubica el inmueble del amparado enfrenta limitaciones técnicas particulares, tales como una elevación superior respecto al tanque de suministro y su ubicación dentro de un área de protección absoluta de acuíferos, factores que no concurren de igual forma en el grupo de las 40 viviendas mencionadas. Nótese que, el trato diferenciado se asienta en criterios objetivos y razonables. La diferenciación aplicada por la autoridad recurrida no es arbitraria ni caprichosa, sino que responde a una imposibilidad técnica y al incumplimiento de requisitos normativos previos por parte de los interesados. Al no existir un término de comparación idóneo, puesto que las situaciones de hecho son técnica y jurídicamente distintas, no se produce la ruptura del principio de igualdad. Para que el recurrente pueda acceder a una disponibilidad de agua en términos similares a sus vecinos del sur, debe someterse al procedimiento de evaluación técnica y subsanar las carencias de infraestructura y estudios ambientales que su ubicación específica demanda, conforme a los artículos 14, del Reglamento de Prestación de Servicios y 46, del Reglamento de ASADAS. Por ende en cuanto este extremo, se declara sin lugar el recurso …” En este orden de ideas, dado que las consideraciones citadas son aplicables al sub lite, pues no existen razones para variar el criterio vertido en esa sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada, se impone acoger el recurso, únicamente en lo que respecta a la violación del principio del buen funcionamiento de los servicios públicos y al derecho al servicio de agua potable. VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, en cuanto a la violación del principio del buen funcionamiento de los servicios públicos y al derecho al servicio de agua potable. Se ordena a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a Juan Carlos Barquero López, en calidad de Representante legal de la Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur de Jiménez, o a quienes ocupen esos cargos, que dentro del plazo de UN MES, a partir de la notificación de la presente sentencia, procedan a coordinar las acciones correspondientes para que se conozca y se busque una solución a la situación reclamada. A su vez, dentro del plazo de doce meses, a partir de la notificación de esta sentencia: a) se realicen y concluyan todos los estudios técnicos de factibilidad hídrica, hidráulica y ambiental necesarios para determinar la viabilidad del suministro de agua potable en el sector de Valle Verde – Calle Vargas. Lo anterior incluye: a) los análisis hidrogeológicos específicos respecto a la zona de protección del Pozo Numancia. b) Una vez concluidos dichos estudios, y dentro del plazo de un MES adicional, deberán emitir una resolución técnica debidamente fundamentada y notificarla al amparado, en la que se establezca la hoja de ruta, el cronograma de infraestructura y los requisitos finales para la formalización del servicio de agua potable, o en su defecto, las alternativas técnicas viables para garantizar el acceso al recurso hídrico de forma segura y permanente. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Buenos Aires Sur de Jiménez, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo y de lo civíl, respectivamente. En los demás extremos se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- EOVGZAN0RNC61 EXPEDIENTE N° 25-039980-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección08, Dirección09, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:52:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Exp: 25-039980-0007-CO Res. No. 2026007132 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-seventh of February, two thousand twenty-six. Amparo action filed by Nombre01, identity card CED02, on behalf of Nombre02, identity card CED03, against the RURAL AQUEDUCT ASSOCIATION OF BUENOS AIRES SUR DE JIMÉNEZ AND THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS. WHEREAS: 1.- By brief filed at 5:17 p.m. on December 25, 2025, the petitioner filed an amparo action against the Rural Aqueduct Association of Buenos Aires Sur de Jiménez and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, because, she claims, in 2012, she acquired a lot on the street named Dirección01. And since then, the struggle began to obtain the basic services that any Costa Rican deserves. They have been years of fighting against various administrations, promise after promise without achieving the objective of having access to the precious liquid on our properties. Countless requests have been filed. Together with the organized group of neighbors, the constitution of the ASADA of Buenos Aires Sur was achieved, from which all neighbors would benefit; however, the AyA's representative was categorical in restricting the service, -in their opinion- without technical basis to support the denial of granting water availability, and with completely illogical excuses. Thus, they only authorized water service for 40 houses belonging to the Valle Verde Community group. They formally requested access to water service from the Asada Buenos Aires Sur, which has shown a willingness to collaborate as long as they receive authorization from the AyA, and that is where they are denied, leaving the amparo petitioner in complete defenselessness. She adds that the request has been rejected without providing the service, with no technical basis to support the decision. That as justification for the rejection, they indicate the following points: "(…) 1. That the properties did not have municipal permits and approved site plans, when the plans are perfectly approved, and municipal taxes and each corresponding declaration are paid punctually. 2. That supposedly the land sold to them belonged to persons not welcome to the AyA institution, a totally illogical excuse, constituting personal discrimination. 3. That there was not enough liquid to provide the service, when the reports from the ASADA Buenos Aires Sur indicate that it has enough liquid to provide us with the service. 4. That they did not have a budget to create the pipeline that would bring the service to our houses, when several years ago the neighbors of Dirección02 already paid for those pipelines and they are already installed, ready to provide the service, but, according to an official letter from the AyA, the ASADA is prohibited from releasing the liquid toward where the amparo petitioner's property is located. 5. That there is a large AyA tank (photos attached) just 700 meters from the amparo petitioner's property and according to the AyA, the water will not reach the property. (…)". She accuses that on different occasions the AyA has offered the service to the neighbors, but on the condition that they cover some expenses, and despite making a great economic effort and giving the money that was requested, the potable water service continues to not reach their property, such is the example of the constitution of the ASADA and to move the liquid from the Asada Buenos Aires de Jiménez to Buenos Aires Sur, they asked each family for ₡ 100,000 (one hundred thousand colones), with the surprise that once the tank was built, the AyA issued the order that service would only be provided to 40 houses and left the rest of the lots without service, in an unjust and arbitrary manner. Hence, she has endured this discrimination for years without any legal basis or any technical study, with her lot located between an AyA tank and the ASADA Buenos Aires Sur pipeline. 2.- By resolution at 11:38 a.m. on December 29, 2025, the petitioner was cautioned to provide the certification of current legal status of the Rural Aqueduct Association of Buenos Aires de Jiménez, as well as the exact address of the place designated by its legal representative or resident agent for notification purposes. 3.- By resolution at 4:06 p.m. on January 5, 2026, that caution was deemed fulfilled; the action was admitted and a response was required from Juan Carlos Barquero López, identity card: CED04, in his capacity as president of the Rural Aqueduct Association of Buenos Aires Sur de Jiménez, and a report from the executive president, the director of the UEN Rural Aqueduct Management, and the head of the Regional Office of Pococí, all of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, regarding the facts alleged. 4.- Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that according to the technical report sent via memorandum No. SG-GSD-2026-00011 of January 8, 2026, from the Sub-Management of Delegated Systems Management - AyA, it is indicated that: “… Regarding the purchase of the property and the expectations of the petitioner (sic), this Institution is not aware of it, as these are acts of a private nature between individuals. The AyA does not intervene or participate in real estate transactions, nor can it guarantee, by itself, the availability of essential public services without the prior fulfillment of the technical, legal, and environmental requirements established in current regulations ...” It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. SG-GSD-2026-00011 of January 8, 2026, from the Sub-Management of Delegated Systems Management - AyA, it states that: “… In the records of the UEN Management of ASADAS of the AyA, there is no record of a request for potable water availability for the northern sector of the community, specifically where the property of the petitioner (sic) is located. Consequently, no specific technical analysis (studies for urbanizations, lotifications, or segregations) has been carried out to allow for an assessment of the feasibility of supply, in accordance with the provisions of the AyA Service Provision Regulation ...” From the regulations cited in this fact, it should be noted that it does not correspond to the current articles of the Regulation for the Provision of Services of the AyA. The service availability certificates are found in articles 7 subsection 31, 15, 29, 30 and concordant articles. On the other hand, it is not true. According to the technical report sent via memorandum No. SG-GSD-2026-00011 of January 8, 2026, from the Sub-Management of Delegated Systems Management - AyA, it is indicated that: “… It is not true that the ASADA Buenos Aires Sur was established specifically to supply the sector where the property is located. It is on record that the RURAL AQUEDUCT ASSOCIATION BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ, legal ID CED01, began operations on 09/08/2007, meeting the requirements for the formation of associations established in Law 218 and its Regulation, and has a valid Delegation Agreement since 02/04/2009, for a defined area of competence, distinct from the northern sector near the Green Valley School. Regarding the evidence they attach indicating ‘… the AyA’s representative was categorical in restricting the service without technical basis to support the denial of granting water availability …’" In the attached evidence, document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 of March 5, 2021, points out that: “… We clarify that according to the registry information provided, there are 40 properties that would be included in the project. We do not fail to state that the procedure for the possible supply will be projected only for the sector of the dwellings indicated in the documentation provided and that the possibility of extending the project towards sectors to the north of the community, specifically along the street towards the sector where the Green Valley School is located, is not considered.” Regarding the evidence they attach indicating ‘… the AyA’s representative was categorical in restricting the service without technical basis to support the denial of granting water availability …’" In the attached evidence, document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 dated March 5, 2021, states "We clarify that according to the registry information provided, there are 40 properties that would be included in the project. We do not fail to state that the procedure for the possible supply will be projected only for the sector of the dwellings indicated in the documentation provided and that the possibility of extending the project towards sectors to the north of the community, specifically along the street towards the sector where the Green Valley School is located, is not considered." In this regard, it is essential to clarify that the referred procedure corresponds exclusively to a request filed by the neighborhood committee of Valle Verde, a hamlet comprised of approximately 40 existing dwellings, located in the extreme south of the zone. This procedure bears no relation whatsoever to the sector near the Green Valley School, where the complainant’s properties are located, which are situated in the extreme north of the same territorial area. In relation to this latter sector, it is placed on record that no specific technical study oriented towards urbanizations, lotifications, or segregation processes has been received by the UEN Management of ASADAS of the AyA from the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí. Consequently, it is inappropriate to attribute technical validity to the attached document, as it does not constitute a water availability (disponibilidad hídrica) analysis applicable to the northern sector of the community, where the petitioner's properties are located. Currently, the AyA is developing the corresponding technical studies in order to address the formal request presented by the ASADA of Buenos Aires, through which the institutional intervention of the AyA is requested so that the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí assumes the administration of the water supply system that is currently operated by an unauthorized administrator in the community of Valle Verde – Calle Vargas. In this context, there are binding environmental criteria, which are decisive for decision-making. In particular, document UEN-GA-2025-03793, duly attached, issued by the UEN Environmental, expressly states the following: "Likewise, considering that the area of the 'Valle Verde – Calle Vargas Water Committee Zone' coincides with the area of the request for an urban development project for sanitary sewer exoneration called 'Nuevo Guápiles,' processed as case file No. 640 in the year 2014, on the surveyed site plan L-239023-95, which was denied by the UEN Environmental Management due to technical inconsistencies of a hydrogeological nature that were never corrected by the interested party…" Furthermore, in document SUB-AID-GA-2015-432, dated April 28, 2015, the Environmental Directorate issued a categorical technical criterion in the following terms: "… this Directorate of the Functional Area of Hydrogeology, from a hydrogeological and geological point of view, for the protection of the aquifer and of the Numancia Sources of the AyA, and based on all of the existing technical studies in the area, as well as the Diagnosis of the Regulatory Plan of Pococí – Volume I, does not recommend the exoneration of the Nuevo Guápiles Urbanization Project, located at Dirección03, Guápiles, Pococí, Limón, surveyed site plan L-239023-95, because it is an aquifer highly vulnerable to contamination ..." Likewise, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00025 of January 8, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it indicates that: "… With respect to the third point, as indicated in official letters GSP-RHCP-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843, the Valle Verde sector is located outside the coverage area of the aqueducts administered directly by AyA. Specifically the systems HC-A-13 Cariari - Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (see image number 2). Given the above, because it is located outside the competencies of the AyA – Huetar Caribe Region, no criterion has been issued on water availability for the land located in that sector ..." They are not aware of the response given by the ASADA, as no evidence is provided in this regard; in the other aspects, they are not true. According to the technical report sent via memorandum No. SG-GSD-2026-00011 of January 8, 2026, from the Sub-Management of Delegated Systems Management - AyA, it is indicated that: "… municipal, personal discrimination, lack of water, inexistence of a budget, and proximity of AyA infrastructure. (…) 1. Municipal permits and plans: The AyA is not aware of the entirety of the alleged municipal procedures. In any case, article 21 of the Constitutive Law of the AyA (Law No. 2726) establishes that any urbanization or lotification project requires prior approval from the AyA, without which any municipal permit lacks legal efficacy. 2. Allegation regarding personal discrimination: This Institution is not aware of such an affirmation; AyA decisions are based exclusively on technical, legal, and environmental criteria, never on subjective considerations about persons. 3. Water availability (Disponibilidad hídrica): In the UEN Management of ASADAS, there is no record of any formal request for water availability or sanitation for the sector where the petitioner owns properties. Consequently, no technical analysis (Specific technical study for urbanizations, lotifications, or segregations) has been carried out to allow for an assessment of the viability or feasibility of potable water supply and sanitation for said sector by the ASADA Buenos Aires Sur. 4. Infrastructure and budget: There is no infrastructure of the ASADA Buenos Aires Sur in the sector where the petitioner's property (sic) is located, nor approved studies for its extension. 5. Proximity of the Numancia Tank: The mere physical proximity to AyA infrastructure does not generate an automatic right to connection. The environmental criterion UEN-GA-2025-03793 establishes that the area is partially within the absolute protection zone of the Numancia Well, which imposes severe restrictions on housing developments and new connections ..." Likewise, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00025 of January 8, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it is indicated that: "… no further observations are made, given that the amparo petitioner indicates the intention to access potable water service from the ASADA of Buenos Aires Sur. The AyA Huetar Caribe Region holds competence only for the systems administered by AyA. In the specific case, the closest AyA aqueduct is HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, which, as has already been indicated, does not reach to cover the Valle Verde sector. As indicated by the amparo petitioner, the Numancia tank that is part of the AyA aqueduct is located near the Valle Verde sector, and according to what is indicated in official letters GSP-RHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843, this tank is at a lower elevation relative to Valle Verde, which is why it is not technically feasible to expand the coverage. This condition is known to the petitioner, to the point of requesting that the supply be granted by the ASADA of Buenos Aires Sur, which is located at a higher elevation ..." It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. SG-GSD-2026-00011 of January 8, 2026, from the Sub-Management of Delegated Systems Management - AyA, it is indicated that: "… The petitioner (sic) maintains that he meets the conditions to receive the service and that the refusal violates fundamental rights. (…) There are no diagnoses or technical feasibility studies submitted in accordance with Definition No. 12 of the AyA Service Provision Regulation, which requires verifying water, hydraulic, environmental, and legal capacity. Without such an analysis, it is not legally possible to grant potable water availability. Process of verification of the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant availability and eventual service connection. For such purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries of the property or have direct access via a public road or easement (servidumbre) of passage from the property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, potabilization, and treatment capacity to grant new services. c. That the system meets the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations ..." Likewise, according to the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00025 of January 8, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA, it is indicated that: "… indeed the amparo petitioner has the right to request water supply, provided that he complies with the established procedures. It is reiterated that the Huetar Caribe Region has not issued service availability certificates, since it is not within its coverage area." In this sense, it is worth citing also what is established in article 7, subsection 134 of the Regulation for the Provision of Services of the AyA, which indicates: "…134. Environmental restriction zone: Territorial surface delimited by geomorphological conditions or risk zones, protection zones, and protected areas or state heritage reserves where, due to legal provisions or territorial planning at the local, regional, or national level, service availabilities or connections for the provision of aqueduct or sanitary sewer services, or both, must not be approved by a public service provider ..." Furthermore, as stated by the petitioner, the established requirements to generate a positive service availability certificate have not been met, since the interested parties have not completed the technical studies and improvement works necessary to apply for a service. It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. SG-GSD-2026-00011 of January 8, 2026, from the Sub-Management of Delegated Systems Management -AyA, it is indicated that: "… The AyA is not aware of any arbitrary action. The situation of the petitioner (sic) is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the subject of a specific and delimited technical project, duly evaluated ..." Likewise, the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00025 of January 8, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA indicates that: "… no further comments are issued, given that the Huetar Caribe Region has not carried out any procedure in the Valle Verde sector. It must be indicated that within the AyA regulations and procedures, economic contributions are never requested from interested parties ..." They are not aware of it. According to the technical report sent via memorandum of the Sub-Management of Delegated Systems Management - AyA No. SG-GSD-2026-00011 of January 8, 2026, which indicates that: "… it is not comparable to that of the 40 dwellings in the southern sector, which were the subject of a specific and delimited technical project, duly evaluated ..." Likewise, the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00025 of January 8, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA indicates that: "… it is reiterated that AyA – Huetar Caribe Region has not carried out any procedure that approves or disapproves water supply in the Valle Verde sector, since it is located outside the coverage area ..." This subsection is not a fact; however, it is worth citing what is set forth in the technical report sent via memorandum No. SG-GSD-2026-00011 of January 8, 2026, from the Sub-Management of Delegated Systems Management - AyA, which indicates that: "… Constitutional jurisprudence has been consistent in pointing out that the right to water does not imply an obligation to grant the service when there is duly accredited technical, legal, or environmental impossibility. In the present case, the refusal is based on objective technical and environmental criteria, particularly on the protection of strategic supply sources ..." Likewise, the technical report sent via memorandum No. GSP-RHC-P-2026-00025 of January 8, 2026, by the Cantonal Unit RHC-Pococí-AyA states that: "… although it concerns jurisprudence of the Constitutional Chamber, it can be observed from the excerpts that in both resolutions (2016-006027 and 2017-005245) the Chamber indicates that no omission or arbitrary action on the part of the appealed authority is accredited, given that the acts were not whimsical but rather are based on technical aspects such as the nonexistence of potable water availability in the sectors. Additionally, it is important to indicate that the Valle Verde sector and its surroundings are located on an aquifer vulnerable to contamination, as is evident from reports SUB-AID-GA-2015-432 and UEN-GA-2025-03793 prepared by the Environmental Management Directorate of AyA (attached). As observed in image number 2 of this document, AyA maintains its main water sources for the system HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez in the area surrounding Valle Verde (Numancia Springs (Nacientes Numancia), Dirección04 and Dirección05), so when conducting the study to supply the sector with potable water, it must be assessed what will be the collection and treatment system for the wastewater that is generated, in order to guarantee the protection of the quantity and quality of the aquifer that underlies this land and that is used to provide service to more than 60 thousand people in the canton of Pococí. In these cases, the recommendation is to apply the provisions of the Matrix of Criteria for Land Use According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources (SENARA Matrix), given that a specific one does not exist for the sector. Given the above, it is considered that what was stated by the petitioner has no relation to the actions of the Huetar Caribe Region, given that the community of Valle Verde is located outside the coverage area of the aqueduct systems administered by AyA and that what is sought is for the ASADA of Buenos Aires Sur to grant the potable water availability ..." It is reiterated so that the operator by delegation of the AyA, in the case at hand, the ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, can provide a positive service availability certificate in favor of the interested parties, these must comply with all the requirements established for that purpose, and in cases like the present one where there is no network, they must conduct the technical studies and improvement works to generate said service availability certificate in the area, in accordance with the provisions of article 14 of the Regulation for the Provision of Services and article 46 of the ASADAS Regulation (Executive Decree No. 42582-S-MINAE). 5.- Juan Carlos Barquero López, identity card CED04, in his capacity as president of the Rural Aqueduct Association of Buenos Aires Sur de Jiménez, responds that his represented entity is the entity in charge of providing potable water service to the community of Buenos Aires Sur and to a part of the southern sector of the community known as Green Valley. Currently, the aqueduct supplies approximately 650 active subscribers. The aqueduct arose as a community initiative around the year 2000, given the impossibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) to provide service in the area. Subsequently, in September 2007, the constituent assembly was held that formalized the organization and, years later, the respective delegation agreement was signed with the AyA, through which its operation is regulated. In the year 2020, this ASADA conducted a comprehensive technical study, with the objective of evaluating the water and hydraulic condition of the aqueduct system. Said study contemplated, as a possible future development area, a part of the Green Valley community, specifically the sector from the quadrant up to the vicinity of the Green Valley School, a zone that historically has not had formal potable water supply from the AyA. This study was duly noted and approved by the AyA, and served as a basis to consider the eventual expansion of the service in a part of said community. He clarifies that the ASADA Buenos Aires Sur has never arbitrarily or unjustifiably denied access to potable water service to the inhabitants of the Green Valley sector. On the contrary, it has repeatedly expressed its consent and willingness to collaborate in the search for solutions that allow for guaranteeing said service. However, the supply of potable water does not depend exclusively on the will of this ASADA, but rather requires the intervention and approval of various competent institutions, such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). In this sense, even though the aqueduct has the water and hydraulic capacity (there is no hydraulic network in the central sector of Green Valley) to serve the existing properties in the area, it is essential to articulate in a coordinated manner the proper management of wastewater and compliance with current sanitary and environmental regulations, especially regarding new urbanizations (urbanizaciones) or housing developments. The Green Valley community is clearly divided into three differentiated sectors: 1. Southern sector, currently supplied by this ASADA. 2. Northern sector, supplied by the AyA. 3. Central sector, which does not have an operator entity for potable water service. This division demonstrates that the reported situation is not due to an arbitrary omission by the appealed aqueduct, but rather to a structural problem of institutional coverage, whose solution requires joint and planned action by various public entities. In light of the above, this association does not oppose the claims of the petitioners, but rather, on the contrary, accedes to what is requested, on the understanding that the need for institutional support is recognized to make the right to potable water effective. Therefore, it is respectfully requested that the corresponding order be issued so that, with the support of the competent institutions, the necessary measures are adopted to guarantee potable water service to the existing properties and that management plans be developed for future lotifications or developments. 5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed. Drafted by Judge Hess Herrera; and, WHEREAS: I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner notes that 12 years after the amparo petitioner acquired a property in Valle Verde, Guápiles, he continues without obtaining the potable water supply service, because the appealed entity rejects the availability, without technical basis and ignoring that the sued asada is willing to collaborate as long as they receive authorization from the AYA. Furthermore, she accuses that her represented party is subject to differential treatment, since that service was authorized for 40 houses belonging to the Valle Verde Community group, but his was rejected. For all the foregoing, she considers that the fundamental rights of her represented party were violated. II.- ON THE ADMISSIBILITY OF AMPARO ACTIONS AGAINST PRIVATE LAW SUBJECTS. Due to its exceptional nature, the processing of amparo actions against private law subjects requires examining beforehand whether, in the specific case, one of the assumptions that make it admissible according to the requirements of article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction is present, and subsequently, if affirmative, to elucidate whether it is admissible. Thus, the aforementioned provision establishes that the amparo remedy shall be granted against actions or omissions of subjects of private law, when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, in law or in fact, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in article 2, subsection a) of the same Law. In the present matter, this Chamber considers that the respondent association not only exercises public powers but is also in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies would be insufficient and tardy to protect the fundamental rights of the petitioner. III.- PROVEN FACTS. The following facts, relevant to the decision in this amparo, are deemed proven: 1) On February 4, 2009, the delegation and administration agreement for the Buenos Aires de Jiménez rural aqueduct was signed between the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Asociación de Acueducto Rural of that community (report rendered under oath). 2) The protected party is the owner of a property in the northern sector of the Valle Verde community, Guápiles (report rendered under oath). 3) The Green Valley community is divided into three sectors: 1. Southern sector, currently supplied by this ASADA; 2. Northern sector, supplied by AyA; and 3. Central sector, which does not have an operator for the drinking water service (response from the ASADA representative). 4) The area where that property is located is partially within the absolute protection zone of the Numancia Well, which imposes severe restrictions for residential developments and new connections (report rendered under oath). 5) There is no record in the registers of the AyA's UEN Gestión de ASADAS of the submission of a request for drinking water availability, or for sanitation for that sector (report rendered under oath). 6) The Valle Verde sector is outside the coverage area of the aqueducts administered by AyA, specifically systems HC-A-13 Cariari - Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez. Therefore, because it is located outside the jurisdiction of AyA – Región Huetar Caribe, no opinion has been issued on water availability for the lands located in that sector (report rendered under oath). 7) The AyA aqueduct closest to the protected party's property is HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, but it does not reach the Valle Verde sector (report rendered under oath). 8) The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not conducted a specific technical analysis (studies for urbanizations, lotifications, or segregations) that would allow for an assessment of supply feasibility, pursuant to the provisions of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA (report rendered under oath). 9) The ASADA Buenos Aires Sur does not supply the sector where the petitioner's property is located (report rendered under oath). 10) The AyA's UEN Gestión de ASADAS has not received any specific technical study aimed at urbanizations, lotifications, or segregation processes from the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí (report rendered under oath). 11) The ASADA Buenos Aires Sur does not have infrastructure in the sector where the protected party's property is located, nor approved studies for its extension (report rendered under oath). 12) Currently, AyA is conducting the corresponding technical studies to address the formal request submitted by the ASADA de Buenos Aires, which requests institutional intervention for the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí to assume administration of the water supply system currently operated by an unauthorized manager in the Dirección06 community – report rendered under oath). IV.- ON THE RIGHT TO DRINKING WATER. From the connection of articles 21 and 50 of the Political Constitution, the rights of individuals to life, health, and a healthy and ecologically balanced environment arise, which are intimately linked, since life as the supreme value of the Political Constitution implies special protection, because without life, the protection of other fundamental rights would be of little use. Thus, life must be protected in all its aspects, including physical, mental, and environmental aspects, and it is precisely there that the importance of protecting the environment and natural resources emerges, in order to ensure the well-being of individuals. Now, among other aspects, that well-being is achieved through the protection and conservation of the quality and quantity of water resources, so that it is potable for human consumption and thus protects people's health, since being a necessary resource for hygiene, food, and drink, its contamination can cause serious harm to public health. In this sense, the protection and conservation referred to must be provided by the State, through the bodies it designates for this purpose, which must adopt the necessary measures to guarantee access to this resource for all persons, as well as ensure compliance with them. Under this reasoning, the right to water arises, which can be protected by this Constitutional Court through the amparo mechanism (Judgment No. 2007-005482 of 2:39 p.m. on April 24, 2007, reiterated in No. 2021-005089 of 9:15 a.m. on March 12, 2021, and recently in No. 2025-002839 of 9:20 a.m. on January 31, 2025). V.- SPECIFIC CASE. It is appropriate, first of all, to point out that, despite the petitioner's claim that they have requested the availability of the claimed service, the respondent public authority maintains that there is no record in the registers of the AyA's UEN Gestión de ASADAS of the submission of a request for drinking water availability, or for sanitation for the sector where the protected party's property is located. Furthermore, it notes that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not conducted a specific technical analysis (studies for urbanizations, lotifications, or segregations) that would allow for an assessment of supply feasibility, pursuant to the provisions of the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, and that the UEN Gestión de ASADAS has also not received anything for those same purposes from the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí. Given that the reports rendered by the authorities, as provided in article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, are made under oath, and in the absence of further evidence beyond the petitioner's statement contradicting the respondent's, the Chamber opts to accept the latter, without prejudice to any criminal liability arising from false or inaccurate data or statements. Thus, on this point, the Chamber dismisses the claimed grievance. Under this understanding, the remedy must be dismissed, as is hereby ordered. On the other hand, this Court, in judgment No. 2026004391 of 9:20 a.m. on February 6, 2026, ruled on access to drinking water and the alleged discrimination, holding, as relevant, the following: “… VI.- On the merits. The jurisprudence of this Court has been emphatic in stating that access to drinking water is a fundamental human right, inseparable from human dignity, health, and life (articles 21, 33, and 50 of the Political Constitution). However, the effective realization of this right depends on observance of the constitutional principle of the proper functioning of public services, which obliges the Administration to act under parameters of efficiency, effectiveness, continuity, and adaptability. In the case of services provided by delegation, as occurs with the ASADAs, the technical guidance of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) is not limited to simple oversight but requires active guardianship to prevent the administrative inertia of the delegated entities from resulting in a lack of protection for the administered party. From the set of proven facts, this Chamber notes with particular concern that the residents of the Valle Verde – Dirección07 community have been seeking access to drinking water service since 2017. Although the Administration has put forward technical and geographic reasons to justify the lack of a network—specifically the vulnerability of the Numancia Well—the fact remains that a period of almost nine years has passed without AyA or the ASADA de Buenos Aires Sur having completed the technical feasibility studies required by the regulations themselves (article 14 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios and 46 of the Reglamento de ASADAS). The negative response given in 2024, lacking a proposed solution or an intervention schedule, is insufficient and harmful to the fundamental rights of the petitioner and other community members. The Administration cannot limit itself to confirming the absence of infrastructure; its constitutional duty is to actively seek the technical solution to guarantee the provision of the service. VII.- On the shared responsibility between AyA and the ASADA. In accordance with the Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados N° 2726 and the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales, Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE, of September 4, 2020, AyA holds absolute technical governance of the sector. The fact that the respondent ASADA has not submitted to the Institute's UEN Gestión de ASADAS the requests for specific studies for the Valle Verde community does not exempt the Institute from its responsibility. The relationship between both entities must be based on the principle of cooperation and collaboration; the ASADA's inaction should have been detected and corrected by AyA through its powers of supervision and technical direction, given that it has been aware of the problem for many years. This situation has resulted in the residents of that community currently being exposed to contamination problems, as they are dependent on an unauthorized manager due to the lack of official studies demonstrating that having drinking water availability is feasible, which constitutes a serious administrative omission that fractures the fundamental rights of those protected. This Chamber concludes that the delay in conducting the technical analyses—essential for assessing the viability of supply given the hydrogeological restrictions of the area—is not attributable to the petitioner, but to a lack of coordination and diligence on the part of the respondent authorities. The lack of a network is not an excuse for perpetual inaction, but a prerequisite that obliges the Administration to carry out improvement works and water capacity studies with dispatch. As there is no evidence of joint and effective actions to provide drinking water to the community after years of requests, the infringement of the fundamental rights to health and drinking water, as well as the principle of efficiency in the provision of public services, is deemed proven …” IX.- Regarding discrimination: This Chamber has extensively reiterated that the right to equality, enshrined in article 33 of the Political Constitution, does not imply mathematical parity or identical treatment for all administered parties in any circumstance. On the contrary, constitutional equality requires that equal treatment be given to those who are in substantially identical factual situations, and unequal treatment to those who are in diverse situations. In the case of access to drinking water, a fundamental human right elevated to constitutional status in article 50, its enforceability is subject not only to the existence of the resource but also to compliance with technical, environmental, and legal parameters that guarantee the sustainability of the system and public health. In the sub lite case, the petitioner alleges a violation of the right to equality, using as a comparison parameter the situation of forty families in the southern sector of the Valle Verde community, who were indeed granted the service. However, from the technical report rendered with the solemnity of an oath by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), it is evident that there is no identity of circumstances that would allow for a finding of discriminatory treatment. The Chamber finds that: Technical differentiation: the group of dwellings referred to as a parameter was the subject of a specific, delimited, and duly evaluated technical project that passed the water and hydraulic feasibility stages. Omission of requirements: unlike the reference group, the sector where the petitioner's properties are located (northern sector) lacks diagnostics or technical feasibility studies submitted in accordance with the Reglamento de Prestación de Servicios del AyA. The absence of verification of water and environmental capacity legally precludes the granting of the requested availability. Geographic and environmental restrictions: it is proven that the area where the protected party's property is located faces particular technical limitations, such as a higher elevation relative to the supply tank and its location within an absolute aquifer protection area, factors that do not apply in the same way to the group of 40 dwellings mentioned. Note that the differentiated treatment is based on objective and reasonable criteria. The differentiation applied by the respondent authority is not arbitrary or capricious but responds to a technical impossibility and the failure to meet prior regulatory requirements by the interested parties. Since there is no suitable term of comparison, given that the factual situations are technically and legally different, no breach of the principle of equality occurs. For the petitioner to be able to access water availability in terms similar to their neighbors to the south, they must undergo the technical evaluation procedure and remedy the infrastructure deficiencies and environmental studies that their specific location demands, in accordance with articles 14 of the Reglamento de Prestación de Servicios and 46 of the Reglamento de ASADAS. Therefore, on this point, the remedy is dismissed on the merits …” In this vein, given that the cited considerations are applicable to the sub lite case, as there are no reasons to vary the criterion expressed in that judgment, or grounds that would lead to a different assessment of the situation presented, the remedy must be granted, solely with respect to the violation of the principle of the proper functioning of public services and the right to drinking water service. VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session number 27-11 on August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. POR TANTO: The remedy is partially granted, regarding the violation of the principle of the proper functioning of public services and the right to drinking water service. Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Juan Carlos Barquero López, in his capacity as legal representative of the Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur de Jiménez, or whoever holds these positions, are ordered, within a period of ONE MONTH from the notification of this judgment, to coordinate the corresponding actions so that the claimed situation is acknowledged and a solution is sought. In turn, within a period of twelve months from the notification of this judgment: a) all necessary water, hydraulic, and environmental feasibility technical studies shall be conducted and concluded to determine the viability of the drinking water supply in the Valle Verde – Calle Vargas sector. The foregoing includes: a) the specific hydrogeological analyses regarding the protection zone of the Numancia Well. b) Once these studies are concluded, and within an additional period of ONE MONTH, they must issue a duly reasoned technical resolution and notify it to the protected party, establishing the roadmap, the infrastructure schedule, and the final requirements for the formalization of the drinking water service, or failing that, the viable technical alternatives to guarantee access to water resources in a safe and permanent manner. The foregoing, under the warning that based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Buenos Aires Sur de Jiménez are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative and civil jurisdictions, respectively. On all other grounds, the remedy is dismissed. Notify. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- EOVGZAN0RNC61 EXPEDIENTE N° 25-039980-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección08, Dirección09, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:52:48.