Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el presente asunto, se constata que la parte recurrente dirige su inconformidad de manera directa contra la reforma introducida al Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, publicada en La Gaceta N.° 25 del 6 de febrero de 2026, al estimar que dicha modificación normativa reduce el nivel de protección ambiental previamente existente. En efecto, el agravio expuesto no se vincula con un acto concreto de aplicación individual, sino con el contenido mismo de la disposición reglamentaria y sus eventuales consecuencias generales. En ese sentido, el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone lo siguiente: No procede el recurso de amparo: a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas o cuando se alegue que dichas normas lesionan directamente derechos fundamentales. [...] Por consiguiente, al pretenderse el control directo de una disposición reglamentaria de alcance general, sin acto de aplicación individual que la materialice, la vía del amparo no resulta idónea. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso deviene inadmisible y procede su rechazo de plano.
English (translation)In this matter, it is found that the claimant directs his challenge directly against the amendment introduced to the INVU's Subdivision and Urbanization Regulation, published in Official Gazette No. 25 on February 6, 2026, considering that such regulatory modification reduces the previously existing level of environmental protection. Indeed, the alleged harm is not linked to a concrete act of individual application, but rather to the very content of the regulatory provision and its eventual general consequences. In this regard, Article 30(a) of the Constitutional Jurisdiction Law provides as follows: The amparo remedy shall not be admissible: a) Against laws or other normative provisions, except when they are challenged jointly with acts of individual application thereof or when it is alleged that such norms directly violate fundamental rights. [...] Consequently, since what is sought is the direct control of a regulatory provision of general scope, without an individual act of application that materializes it, the amparo proceeding is not suitable. Therefore, in accordance with Article 30(a) of the Constitutional Jurisdiction Law, the remedy becomes inadmissible and must be summarily dismissed.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 07441 - 2026 Fecha de la Resolución: 27 de Febrero del 2026 a las 09:30 Expediente: 26-004648-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 26-004648-0007-CO Res. Nº 2026007441 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis . Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 26-004648-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO -INVU-. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 10 de febrero de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra del INVU. Expone que interpone el recurso en su condición de ciudadano costarricense y profesional en ciencias agronómicas, directamente vinculado al estudio, uso, manejo y conservación del recurso suelo, así como en ejercicio de la legitimación amplia reconocida por la Sala Constitucional en materia ambiental. Señala que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho al ambiente sano posee naturaleza difusa y colectiva, por lo que cualquier persona se encuentra legitimada para acudir en su defensa aun sin afectación individual directa, en virtud del interés público que reviste la protección ambiental. Relata que el 6 de febrero de 2026 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N.° 25 una reforma al Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (RFU) del INVU, mediante la cual se modificó el artículo 30 y se eliminó el requisito de utilizar la “METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS DE COSTA RICA” (DECRETO EJECUTIVO N° 41960-MAG-MINAE, La Gaceta N° 251, del 12 de noviembre de 2019) para clasificar la capacidad de uso de las tierras en los sitios donde se tramitan fraccionamientos de parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, en las que se permite cobertura de caminos, construcciones y/o infraestructura hasta en un 25 % del área de cada parcela. Indica que el artículo 30 del RFU de 2020 excluía las tierras de clases VII y VIII para la segregación de este tipo de parcelas, por ser ambientalmente vulnerables y en las cuales debía promoverse la regeneración natural conforme a la metodología oficial y al Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Sostiene que el reglamento vigente desde 2020 establecía requisitos técnicos obligatorios para el fraccionamiento de parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, entre ellos la presentación de estudios de suelos y la determinación de la capacidad de uso de las tierras conforme a la metodología oficial nacional, particularmente en los incisos 3 y 6 del artículo 36 del RFU de 2020. Argumenta que dichos estudios reportaban el uso actual de los terrenos, incluyendo el uso de bosque, permitían determinar la conformidad de los usos con la metodología oficial y aportaban delimitaciones cartográficas precisas de áreas boscosas, basadas en inspecciones de campo realizadas por profesionales capacitados y acreditados. Añade que, al eliminar tales requerimientos en la reforma publicada en La Gaceta N.° 25 del 6 de febrero de 2026, se impide una sectorización precisa de áreas de bosque en el territorio nacional, la cual no puede sustituirse con tecnologías de interpretación de imágenes aéreas u ortofotos, ni con controles y fiscalizaciones de gobiernos locales, del SINAC o del MINAE, debido a la escasez de recursos humanos y presupuestarios en estas instituciones. Señala que esa delimitación precisa prevenía la fragmentación de ecosistemas boscosos cuando se constituyen parcelas agrícolas en sitios de bosque no delimitados. Manifiesta que los estudios referidos en los incisos 3 y 6 del artículo 36 del reglamento de 2020 también identificaban cursos de agua superficial no registrados previamente en planos catastrados ni en cartografías publicadas, lo que permitía identificar afectaciones conforme al artículo 33 de la Ley Forestal N.° 7575 y a la Ley de Aguas N.° 276 y sus reformas. Indica que el RFU de 2020 exigía la delimitación técnica de áreas de bosque y de tierras ambientalmente vulnerables no aptas para fraccionamientos, con el fin de evitar la degradación de los recursos suelo y agua y la afectación de ecosistemas sensibles. Aduce que la reforma al RFU publicada en febrero de 2026 elimina la utilización obligatoria de la clasificación de capacidad de uso de las tierras y suprime requisitos documentales técnicos esenciales, destinados a impedir que los fraccionamientos se realicen en terrenos con clasificación VII y VIII, ambientalmente frágiles, dentro de los cuales existen humedales y zonas con topografías pronunciadas susceptibles a deslizamientos y otras amenazas. Sostiene que, como consecuencia, se permite el fraccionamiento de terrenos sin evaluación científica de su aptitud, sin delimitación precisa de áreas boscosas y sin identificación de espacios de alta fragilidad ambiental, lo cual constituye una disminución sustancial del nivel de protección ambiental previamente existente en el ordenamiento jurídico nacional. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente señala que el 6 de febrero de 2026 se publicó en La Gaceta N.° 25 una reforma al Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, mediante la cual se modificó el artículo 30 y se eliminó la obligatoriedad de aplicar la metodología oficial para determinar la capacidad de uso de las tierras en fraccionamientos de parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas. Indica que el reglamento vigente desde 2020 exigía estudios técnicos de suelos, delimitación cartográfica de áreas boscosas y exclusión de tierras clasificadas como VII y VIII, por su fragilidad ambiental. Sostiene que tales requisitos permitían identificar bosques, cursos de agua y zonas vulnerables, evitando la fragmentación de ecosistemas y la degradación del recurso suelo y agua. Alega que la reforma suprime esos requerimientos técnicos y la clasificación obligatoria de capacidad de uso, lo que permite fraccionamientos sin evaluación científica de la aptitud del terreno ni delimitación precisa de áreas ambientalmente frágiles, constituyendo una disminución del nivel de protección ambiental previamente existente. II.- Inadmisibilidad del recurso. En el presente asunto, se constata que la parte recurrente dirige su inconformidad de manera directa contra la reforma introducida al Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, publicada en La Gaceta N.° 25 del 6 de febrero de 2026, al estimar que dicha modificación normativa reduce el nivel de protección ambiental previamente existente. En efecto, el agravio expuesto no se vincula con un acto concreto de aplicación individual, sino con el contenido mismo de la disposición reglamentaria y sus eventuales consecuencias generales. En ese sentido, el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone lo siguiente: No procede el recurso de amparo: a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas o cuando se alegue que dichas normas lesionan directamente derechos fundamentales. En ese contexto, si bien el recurrente invoca la legitimación amplia en materia ambiental, lo cierto es que su planteamiento no identifica un acto específico mediante el cual la reforma reglamentaria haya sido aplicada en su contra o haya generado una afectación concreta y actual, sino que cuestiona en abstracto la constitucionalidad de la modificación normativa. Por consiguiente, al pretenderse el control directo de una disposición reglamentaria de alcance general, sin acto de aplicación individual que la materialice, la vía del amparo no resulta idónea. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso deviene inadmisible y procede su rechazo de plano. III.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 8VP7HQVA7JK61 EXPEDIENTE N° 26-004648-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:16:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 07441 - 2026 Date of Resolution: February 27, 2026, at 09:30 Expediente: 26-004648-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Recourse of amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 26-004648-0007-CO Res. No. 2026007441 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on February twenty-seventh, two thousand twenty-six. Recourse of amparo processed in expediente number 26-004648-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBANISM -INVU-. Whereas: 1.- By document received at the Secretariat of the Chamber on February 10, 2026, the petitioner files a recourse of amparo against the INVU. He states that he files the recourse in his capacity as a Costa Rican citizen and professional in agronomic sciences, directly linked to the study, use, management, and conservation of the soil resource, as well as in exercise of the broad standing recognized by the Constitutional Chamber in environmental matters. He points out that constitutional jurisprudence has established that the right to a healthy environment possesses a diffuse and collective nature, and therefore, any person has standing to come forward in its defense even without direct individual harm, by virtue of the public interest involved in environmental protection. He relates that on February 6, 2026, a reform to the INVU's Subdivision and Urbanization Regulations (Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, RFU) was published in the Official Gazette La Gaceta No. 25, by which Article 30 was modified and the requirement to use the "METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS DE COSTA RICA" (Decreto Ejecutivo No. 41960-MAG-MINAE, La Gaceta No. 251, of November 12, 2019) to classify the land-use capacity in sites where subdivisions (fraccionamientos) of agricultural, livestock, forest, or mixed parcels are processed, in which road coverage, constructions, and/or infrastructure is allowed up to 25% of the area of each parcel, was eliminated. He indicates that Article 30 of the 2020 RFU excluded Class VII and VIII lands for the segregation of this type of parcel, as they are environmentally vulnerable and in which natural regeneration should be promoted in accordance with the official methodology and the Regulation to the Law on Use, Management, and Conservation of Soils. He maintains that the regulation in force since 2020 established mandatory technical requirements for the subdivision (fraccionamiento) of agricultural, livestock, forest, or mixed parcels, among them the submission of soil studies and the determination of land-use capacity in accordance with the official national methodology, particularly in subsections 3 and 6 of Article 36 of the 2020 RFU. He argues that these studies reported the current land use, including forest use, allowed for the determination of the conformity of uses with the official methodology, and provided precise cartographic delimitations of forested areas, based on field inspections carried out by trained and accredited professionals. He adds that, by eliminating such requirements in the reform published in La Gaceta No. 25 of February 6, 2026, a precise sectorization of forest areas in the national territory is impeded, which cannot be substituted by aerial image or orthophoto interpretation technologies, nor by controls and oversight from local governments, SINAC, or MINAE, due to the scarcity of human and budgetary resources in these institutions. He points out that this precise delimitation prevented the fragmentation of forest ecosystems when agricultural parcels are established in undelimited forest sites. He states that the studies referenced in subsections 3 and 6 of Article 36 of the 2020 regulation also identified surface watercourses not previously recorded in cadastral plans or published cartographies, which allowed for identifying impacts in accordance with Article 33 of the Ley Forestal No. 7575 and the Water Law No. 276 and its reforms. He indicates that the 2020 RFU required the technical delimitation of forest areas and environmentally vulnerable lands not suitable for subdivisions (fraccionamientos), in order to avoid the degradation of soil and water resources and the impact on sensitive ecosystems. He alleges that the reform to the RFU published in February 2026 eliminates the mandatory use of the land-use capacity classification and suppresses essential technical documentary requirements, intended to prevent subdivisions (fraccionamientos) from being carried out on lands with Class VII and VIII classification, environmentally fragile, within which there are wetlands and areas with steep topographies susceptible to landslides and other hazards. He maintains that, as a consequence, the subdivision (fraccionamiento) of lands is allowed without a scientific assessment of their suitability, without precise delimitation of forest areas, and without identification of spaces of high environmental fragility, which constitutes a substantial reduction in the level of environmental protection previously existing in the national legal order. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to dismiss outright or on the merits, at any time, even from its submission, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a previously rejected equal or similar petition. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering: I.- Object of the recourse. The petitioner points out that on February 6, 2026, a reform to the INVU's Subdivision and Urbanization Regulations (Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones) was published in La Gaceta No. 25, by which Article 30 was modified and the mandatory application of the official methodology to determine the land-use capacity in subdivisions (fraccionamientos) of agricultural, livestock, forest, or mixed parcels was eliminated. He indicates that the regulation in force since 2020 required technical soil studies, cartographic delimitation of forest areas, and the exclusion of lands classified as VII and VIII, due to their environmental fragility. He maintains that such requirements allowed for the identification of forests, watercourses, and vulnerable zones, avoiding the fragmentation of ecosystems and the degradation of soil and water resources. He alleges that the reform eliminates these technical requirements and the mandatory classification of land-use capacity, which allows subdivisions (fraccionamientos) without scientific assessment of the land's suitability or precise delimitation of environmentally fragile areas, constituting a reduction of the previously existing level of environmental protection. II.- Inadmissibility of the recourse. In the present matter, it is confirmed that the petitioner directs his disagreement directly against the reform introduced to the INVU's Subdivision and Urbanization Regulations (Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones), published in La Gaceta No. 25 of February 6, 2026, considering that this regulatory modification reduces the previously existing level of environmental protection. Indeed, the grievance set forth is not linked to a concrete act of individual application, but to the very content of the regulatory provision and its eventual general consequences. In that sense, Article 30, subsection a) of the Law of Constitutional Jurisdiction provides the following: The writ of amparo does not proceed: a) Against laws or other regulatory provisions, except when they are challenged jointly with acts of individual application thereof or when it is alleged that said norms directly harm fundamental rights. In this context, although the petitioner invokes broad standing in environmental matters, the fact is that his approach does not identify a specific act through which the regulatory reform has been applied against him or has generated concrete and current harm, but rather questions in the abstract the constitutionality of the regulatory modification. Consequently, since what is sought is the direct control of a regulatory provision of general scope, without an act of individual application that materializes it, the amparo route is not suitable. Therefore, in accordance with the provisions of Article 30, subsection a) of the Law of Constitutional Jurisdiction, the recourse becomes inadmissible and its out-of-hand dismissal proceeds. III.- Documentation provided to the expediente. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The recourse is dismissed out of hand. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- 8VP7HQVA7JK61 EXPEDIENTE No. 26-004648-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:16:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República