Res. 09050-2026 Sala Constitucional — Amparo for Denial of Drinking Water Availability in Valle VerdeAmparo por disponibilidad de agua potable denegada en Valle Verde

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09050 - 2026

Fecha de la Resolución: 13 de Marzo del 2026 a las 09:30

Expediente: 25-039981-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-039981-0007-CO

Res. Nº 2026009050

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de marzo de dos mil veintiseis .

 

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED07, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED08, contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 25 de diciembre de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y manifiesta que el Nombre03 compró unos lotes en Guápiles, en la calle llamada “Valle Verde”. Manifiesta que se solicitó la constancia de disponibilidad de agua potable y el servicio de agua potable para los siguientes inmuebles: finca 7-188975, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 5000 metros y plano L-0031060-2022 y finca 7-188976, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 5000 metros y plano L-0031061-2022. Sin embargo, aduce que desde entonces han transcurrido 3 años y no se ha logrado el objetivo de contar con agua en las propiedades. Menciona que se han presentado “cantidades de solicitudes” y se constituyó la ASADA Buenos Aires Sur, pero el instituto recurrido restringió el servicio “sin fundamentación técnica que respalde la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua”. Señala que adjunta un documento en el que la autoridad accionada únicamente autorizó el líquido a las 40 casas pertenecientes al “grupo Comunidad de VALLE VERDE”. Agrega que el Nombre03 ha solicitado formalmente el acceso al servicio en la ASADA Buenos Aires Sur y esta, en todas sus administraciones, se ha mostrado anuente a colaborar siempre y cuando reciban la autorización del ICAA. No obstante, ese instituto ha rechazado la petición sin ningún fundamento técnico que respalde su decisión. Detalla que las justificaciones del rechazo han sido las siguientes: “1. Que las propiedades no contaban con los permiso municipales y visados de los planos, cuando los planos están perfectamente visados, y se realizan los pagos puntualmente a los impuestos municipales y cada declaración que corresponde. 2. Que supuestamente los terrenos que le vendieron le pertenecían a personas no gratas para la institución del AYA, excusa totalmente ilógica, tratándose de una discriminación a título personal. 3. Que no había suficiente líquido para brindar el servicio, cuando los informes de la ASADA Buenos Aires Sur, es que tiene suficiente líquido para brindarnos el servicio. 4. Que no tenían presupuesto para crear la tubería que nos diera el servicio hasta nuestras casas, cuando hace varios años ya los vecinos de Dirección01 pagamos por esas tuberías y que ya están instaladas listas para brindar el servicio, pero según un oficio de AYA le prohíbe a la ASADA liberar el líquido hace donde está la propiedad del amparado. 5. Que existe un gran tanque del AYA (fotos que se adjuntan) a escasos metros de distancia de una de las propiedades del Nombre03 y según el AYA el agua no va a llegar hasta la propiedad.” Alega que la falta de fundamentos y transparencia constituye una violación a los derechos fundamentales y afecta la calidad de vida de las personas que habitan esos bienes. Reitera que, como propietario, el Nombre03 tiene derecho de contar con el suministro de agua potable para satisfacer las necesidades básicas de su hogar y garantizar una vida digna a los habitantes de los inmuebles. Añade que en diferentes oportunidades el instituto recurrido ha ofrecido el servicio si los vecinos asumen determinados gastos, pero, tras realizar grandes esfuerzos económicos, esto no ha sucedido, específicamente, refiere como ejemplo “la constitución de la asada y para movilizar el líquido de la Asada Buenos Aires de Jiménez a Buenos Aires Sur”. Concluye que el Nombre03 lleva años soportando esa discriminación sin fundamento jurídico o estudio técnico alguno y aunque sus lotes están a solo unos metros de un tanque del ICAA y a metros de la tubería de la ASADA Buenos Aires Sur no recibe el líquido y para sobrevivir ha tenido que invertir grandes cantidades de dinero en pozos y tanques para recolectar agua de lluvia. En consecuencia, solicita la intervención de esta Sala.

2.- Mediante resolución de las 14:12 horas del 09 de enero de 2026, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.

3.- Informan bajo juramento Rafael Barboza Topping, en su condición de director de la UEN Gestión de Asadas, y Randy Madrigal Rodríguez, en su condición de encargado de la Oficina Cantonal de Pococí, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 22 de enero de 2026), en los siguientes términos: “PRIMERO: No nos consta, es un hecho propio del recurrente; No obstante, según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “Sobre la compra del inmueble y las expectativas del recurrente, no le consta a esta Institución, por tratarse de actos de naturaleza privada entre particulares. El AyA no interviene ni participa en transacciones inmobiliarias, ni puede garantizar, por sí sola, la disponibilidad de servicios públicos esenciales sin que se cumplan previamente los requisitos técnicos, legales y ambientales establecidos en la normativa vigente.” SEGUNDO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “En los registros de la UEN Gestión de ASADAS del AyA no consta el ingreso de una solicitud de disponibilidad de agua potable para el sector norte de la comunidad, específicamente donde se ubica el inmueble del recurrente. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico específico (estudios para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la factibilidad de abastecimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA.” De la normativa citada en este hecho, cabe indicar que no corresponde al articulado vigente del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, las constancias de disponibilidad de servicios se encuentran en los artículos 7 inc. 31, 15, 29, 30 y concordantes. TERCERO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “No es cierto que la ASADA Buenos Aires Sur se haya constituido específicamente para abastecer al sector donde se ubica el inmueble. Consta que la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ, cédula jurídica CED01, inició funciones el 08/09/2007, cumpliendo los requisitos para la conformación de asociaciones establecidos en la Ley 218 y su Reglamento y cuenta con Convenio de Delegación vigente desde el 04/02/2009, para una zona de competencia definida, distinta al sector norte cercano al Colegio Green Valley. Sobre la prueba que adjuntan indicando “… el personero del AyA fue tajante en restringir el servicio sin fundamentación técnica que respalde la negatoria del otorgamiento de disponibilidad de agua …” En la prueba adjunta, documento No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 con fecha 5 de marzo del 2021 se indica “Hacemos la aclaración de que de acuerdo con la información registral suministrada se trata de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto. No omitimos manifestar que la gestión para el posible abastecimiento será proyectada solamente para el sector de las viviendas indicadas en la documentación aportada y que no se considera la posibilidad de extensión del proyecto hacia sectores hacia el norte de la comunidad, específicamente sobre la calle hacia el sector donde se ubica el Colegio Green Valley.” Al respecto, es fundamental precisar que la gestión señalada corresponde exclusivamente a una solicitud presentada por el comité de vecinos de Valle Verde, caserío conformado por aproximadamente 40 viviendas existentes, ubicado en el extremo sur de la zona. Dicha gestión no guarda relación alguna con el sector cercano al Colegio Green Valley, donde se localiza la propiedad del recurrente. En relación con este último sector, se deja constancia de que no se ha recibido, por parte de la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí, ningún estudio técnico específico orientado a urbanizaciones, lotificaciones o procesos de segregación ante la UEN Gestión de ASADAS del AyA. En consecuencia, resulta improcedente atribuir validez técnica al documento aportado, toda vez que no constituye un análisis de disponibilidad hídrica aplicable al sector norte de la comunidad, donde se ubican las propiedades del recurrente. Actualmente, el AyA se encuentra desarrollando los estudios técnicos correspondientes con el fin de atender la solicitud formal presentada por la ASADA de Buenos Aires, mediante la cual se solicita la intervención institucional del AyA para que la ASADA Buenos Aires Sur de Pococí asuma la administración del sistema de abastecimiento de agua que actualmente es operado por un gestor no autorizado en la comunidad de Valle Verde – Dirección02. En este contexto, se cuenta con criterios ambientales vinculantes, los cuales resultan determinantes para la toma de decisiones. En particular, el documento UEN-GA-2025-03793, debidamente adjunto, emitido por la UEN Ambiental, señala expresamente lo siguiente: “De igual manera, considerando que el área de la ‘Zona del Comité de agua Valle Verde – Calle Vargas’ coincide con el área de la solicitud de un proyecto urbanístico de exoneración de alcantarillado sanitario denominado ‘Nuevo Guápiles’, tramitado como expediente N.° 640 en el año 2014, en el plano catastrado L-239023-95, el cual fue denegado por la UEN Gestión Ambiental debido a inconsistencias técnicas de carácter hidrogeológico que nunca fueron subsanadas por el interesado…” Asimismo, en el documento SUB-AID-GA-2015-432, de fecha 28 de abril de 2015, la Dirección Ambiental emitió un criterio técnico categórico en los siguientes términos: “… esta Dirección del Área Funcional de Hidrogeología, desde el punto de vista hidrogeológico, geológico, de protección del acuífero y de las Fuentes Numancia del AyA, y con base en la totalidad de los estudios técnicos existentes en la zona, así como en el Diagnóstico del Plan Regulador de Pococí – Tomo I, no recomienda la exoneración del Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, ubicado en Barrio Emilia, Guápiles, Pococí, Limón, plano catastrado L-239023- 95, por tratarse de un acuífero altamente vulnerable a la contaminación.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00068 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “… tal como se ha indicado en el oficio GSP-RHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P2019-00843 (adjuntos), el sector de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos administrados por AyA directamente. Específicamente los sistemas HC-A-13 Cariari - Anita Grande y HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (ver imagen número 2). Dado lo anterior, por estar ubicado fuera de las competencias del AyA – Región Huetar Caribe, no se ha emitido criterio sobre disponibilidades de agua para los terrenos ubicados en ese sector. Todavía a un más siendo que, ambas fincas en cuestión presentan naturaleza “Terreno de potrero” ante el Registro Nacional de la Propiedad, resulta importante mencionar que el artículo 31 del Reglamento Ilustrado de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, cita lo siguiente: “Los predios que enfrenten una vía pública pueden fraccionarse para actividades agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, siempre que el área de cada uno de los predios resultantes no sea inferior a 900,00 m2. Este fraccionamiento debe indicar en planos que su uso es exclusivo para actividad agrícola, pecuaria, forestal o mixta. No requiere de lo dispuesto en el Artículo 13. Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos, hasta que se tramite el permiso de construcción. Al considerar que estos lotes no interesan para fines urbanos por su naturaleza y dimensiones, deben contar únicamente con el visado de la Municipalidad.” Bajo este escenario, nótese que no es necesario contar con la garantía del recurso hídrico en este tipo de fraccionamientos (disponibilidad de agua potable) ya que no interesan para fines urbanos por su naturaleza y dimensiones. Ahora bien, si el Nombre03 tiene otros fines en ambas fincas, deberá cumplir con lo estipulado en la normativa.” CUARTO: No nos consta sobre la respuesta dada por la ASADA, ya que no se aporta prueba al respecto, en los demás aspectos No son ciertos. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “El recurrente enumera cinco supuestas justificaciones del rechazo: permisos municipales, discriminación personal, falta de agua, inexistencia de presupuesto, y cercanía de infraestructura del AyA. (…) 1. Permisos municipales y planos: No le consta al AyA la totalidad de gestiones municipales alegadas. En todo caso, el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA (Ley N.º 2726) establece que todo proyecto de urbanización o lotificación requiere aprobación previa del AyA, sin la cual cualquier permiso municipal carece de eficacia jurídica. 2. Alegato sobre discriminación personal: No le consta a esta Institución tal afirmación, las decisiones del AyA se basan exclusivamente en criterios técnicos, legales y ambientales, nunca en consideraciones subjetivas sobre personas. 3. Disponibilidad hídrica: En la UEN Gestión de ASADAS, no consta el ingreso de ninguna gestión formal de solicitud de disponibilidad de agua, ni saneamiento para el sector donde el recurrente posee sus propiedades. En consecuencia, no se ha realizado análisis técnico (Estudios técnico específico para urbanizaciones, lotificaciones o segregaciones) que permita valorar la viabilidad o factibilidad del abastecimiento de agua potable y saneamiento para dicho sector por parte de la ASADA Buenos Aires Sur. 4. Infraestructura y presupuesto: No consta infraestructura de la ASADA Buenos Aires Sur en el sector donde se ubica el inmueble del recurrente, ni estudios aprobados para su extensión. 5. Cercanía del Tanque Numancia: La sola proximidad física a infraestructura del AyA no genera derecho automático a la conexión. El criterio ambiental UEN-GA-2025-03793 establece que el área se encuentra parcialmente dentro de la zona de protección absoluta del Pozo Numancia, lo cual impone severas restricciones para desarrollos habitacionales y nuevas conexiones.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00068 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…no se realizan mayores observaciones, siendo que el Nombre03 indica la intención de acceder al servicio de agua potable de la ASADA de Buenos Aires Sur. AyA Región Huetar Caribe, ostenta competencia sólo para los sistemas administrados por AyA. En el caso específico el acueducto de AyA más cercano es el HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, que como ya se ha indi-cado no alcanza a cubrir el sector de Valle Verde. Tal como lo indica el amparado, el tanque de Numancia que forma parte del acueducto del AyA se ubica cercano al sector de Valle Verde, y que de acuerdo con lo indicado en los oficios GSPRHC-P-2017-00781 y GSP-RA-P-2019-00843, este tanque se encuentra a una elevación menor en relación con Valle Verde, razón por la cual no resulta técnicamente viable ampliar la cobertura. Esta condición es conocida por el recurrente, al punto de gestionar que el abastecimiento se otorgue por la ASADA de Buenos Aires Sur, que se ubica a una elevación mayor.” QUINTO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSDUEN-GAR-2026-00239 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “El recurrente sostiene que cumple condiciones para recibir el servicio y que la negativa vulnera derechos fundamentales. (…) No se cuenta con diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica presentados conforme a la Definición N.º 12 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, que exige verificar capacidad hídrica, hidráulica, ambiental y legal. Sin dicho análisis, no es jurídicamente posible otorgar disponibilidad de agua potable. “12. Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00068 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…efectivamente el Nombre03 tiene su derecho a gestionar el abastecimiento de agua, siempre y cuando cumpla con los procedimientos establecidos. Se reitera que la Región Huetar Caribe, no ha emitido constancias de disponibilidad de servicios, puesto que no se encuentra dentro de su área de cobertura.” En ese sentido, cabe citar además lo establecido en el artículo 7 inciso 134 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA que indica: “…134. Zona de restricción ambiental: Superficie territorial delimitada por condiciones geomorfológicas o zonas de riesgo, zonas de protección y áreas protegidas o reservas patrimonio del Estado donde por disposiciones legales o de planificación territorial de orden local, regional o nacional no deben aprobarse disponibilidades de servicios o conexiones para la prestación de los servicios de acueducto o alcantarillado sanitario o ambos por parte de un prestador de servicio público.” Además, tal como se ha manifestado por parte del recurrente no se han cumplido los requisitos establecidos para generar una constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva, ya que, no se ha cumplido por parte de los interesados con los estudios técnicos y obras de mejora necesarios para optar por un servicio. SEXTO: No es cierto. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSDUEN-GAR-2026-00239 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00068 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…tampoco se emiten mayores comentarios, siendo que la Región Huetar Caribe no ha realizado gestión alguna en el sector de Valle Verde. Debe indicarse que dentro de la normativa y procedimientos de AyA nunca se solicitan contribuciones económicas a los interesados.” SÉTIMO: No nos consta. Según el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “…No le consta al AyA actuación arbitraria alguna. La situación del recurrente no es comparable con la de las 40 viviendas del sector sur, las cuales fueron objeto de un proyecto técnico específico y delimitado, debidamente evaluado.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00068 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “…se reitera que AyA – Región Huetar Caribe, no ha realizado gestión alguna que apruebe o desapruebe el abastecimiento con agua en el sector de Valle Verde, puesto que se ubica fuera del área de cobertura.” OCTAVO: Este acápite no es un hecho. Sin embargo, cabe citar lo expuesto en el informe técnico remitido mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 del 21 de enero del 2026 de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA se indica que: “La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho al agua no implica obligación de otorgar el servicio cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o ambiental debidamente acreditada. En el presente caso, la negativa se sustenta en criterios técnicos y ambientales objetivos, particularmente en la protección de fuentes estratégicas de abastecimiento. CONCLUSIÓN De lo expuesto se concluye que no existe actuación arbitraria, discriminatoria ni carente de fundamento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Las decisiones adoptadas responden a criterios técnicos, ambientales y normativos, orientados a la protección del recurso hídrico y al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.” De igual forma, según el informe técnico remitido mediante memorando N° GSP-RHC-P2026-00068 del 21 de enero del 2026 por parte de la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA indica que: “… si bien se trata sobre jurisprudencias de la Sala Constitucional, se puede observar de los extractos, que ambas resoluciones (2016-006027 y 2017- 005245) la Sala indica que no se acredita omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, siendo que los actos no fueron antojadizos, sino que se sustentan en aspectos técnicos como lo es la inexistencia de disponibilidad de agua potable en los sectores. De forma adicional, es importante indicar que el sector de Valle Verde y alrededores se encuentra sobre un acuífero vulnerable a la contaminación, según se desprende de los informes SUB-AID-GA-2015-432 y UEN-GA-2025- 03793 elaborados por la Dirección de Gestión Ambiental de AyA (adjuntos). Tal y como se observa en la imagen número 2 de este documento, AyA mantiene sus principales fuentes de agua para el sistema HC-A-14 Guápiles-La RitaRoxana-Jiménez en la zona aledaña a Valle Verde (Nacientes Numancia, Dirección03 y Dirección04), por lo que al realizar el estudio para abastecer con agua potable al sector, debe valorarse cuál será el sistema de recolección y tratamiento de las aguas residuales que se generen de manera que se garantice la protección de la cantidad y calidad del acuífero que subyace este terreno y que es utilizado para brindar el servicio a más de 60 mil personas del cantón de Pococí. En estos casos, la recomendación es que se aplique lo dispuesto en la Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Matriz de SENARA) siendo que no existe una específica para el sector. Dado lo anterior, se considera que lo expuesto por el recurrente no tiene relación con las actuaciones de AyA Región Huetar Caribe, siendo que la comunidad de Valle Verde se encuentra fuera del área de cobertura de los sistemas de acueductos que administra AyA y que lo pretendido es que la ASADA de Buenos Aires le otorgue la disponibilidad de agua potable, siempre y cuando se cumpla con la normativa urbanística y en especial el resguardo del recurso hídrico que subyace estos terrenos y que es utilizado para el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población del cantón de Pococí.” Se reitera para que el operador por delegación del AyA, en el caso que nos ocupa, la ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, para que pueda brindar una constancia de disponibilidad de servicios positiva a favor de los interesados, estos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos al efecto, y en los casos como el presente en los que no existe red, deberán realizar los estudios técnicos y obras de mejoras para generar dicha constancia de disponibilidad de servicios en la zona, según lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento para la Prestación de los Servicios y artículo 46 del Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE) (…) En este caso concreto, tal y como se expone en los informes de referencia, existe una imposibilidad técnica de otorgar la constancia de disponibilidad de servicios de forma positiva dado que en la zona no existe un sistema de acueducto, siendo que, para realizar una ampliación se deberá cumplir por los interesados con los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestación de Servicios de AyA (…) Cabe mencionar que, en respuesta a solicitud de servicio de agua potable por parte de los vecinos de la comunidad de Valle Verde, la Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, por medio del funcionario Miguel Badilla Ugalde, mediante oficio N° GSP-RHC-P-2017-00781 de fecha 20 de julio del 2017 informa a la señora Maria Cecilia Bonilla Gómez representante de la Comunidad de Valle Verde que: “En este sector no existe red de agua potable del sistema de Guápiles, además el tanque Numancia se encuentra a una altura menor con relación a su comunidad, esto lo que indica es que en el sector donde se ubica su comunidad, está más alto, que el tanque Numancia que abastece Guápiles. Además, posteriormente en el año 2021, ante solicitud recibida por parte del comité de Valle verde para ver la posibilidad de que el suministro de agua potable en el sector de Valle Verde fuese asumido por la ASADA Buenos Aires, mediante oficio N° GSD-UEN-GAR2021-00953 del 5 de marzo del 2021, elaborado por el Ing. José Antonio Arias Arias, de la UEN Gestión de Acueductos Rurales- AyA, se les respondió que la ASADA Buenos Aires tiene la disposición de asumir el suministro de agua de la comunidad de sector de Valle Verde. Sin embargo, de acuerdo con las valoraciones técnicas, éstas arrojaron que una posible tubería para abastecer el sector debería atravesar una propiedad privada, que se indicó que es propiedad de la empresa El Colono; por los cual se debería realizar los trámites correspondientes para la debida constitución de una servidumbre de acueducto que se ubique en dicho terreno (de El Colono) a favor de la ASADA Buenos Aires, para que el proyecto sea técnicamente viable. Se hizo la aclaración de que sin esta servidumbre el proyecto no sería procedente, indicándose que los costos de extensión de ramales de tubería de acuerdo con el estudio técnico deberán ser asumidos por los interesados, en este caso el Comité Pro-Mejoras Valle Verde, en representación de los propietarios de inmuebles de la localidad que resultasen beneficiaros del proyecto, y que además, de acuerdo con la información suministrada por el comité Pro-Mejoras Valle Verde se trataba únicamente de 40 propiedades las que estarían siendo incluidas en el proyecto que se menciona. Debido a lo anterior, no es técnica ni legalmente posible la emisión de una disponibilidad de servicios de forma positiva de agua potable, sin que, por parte de los interesados se cumplan los requisitos establecidos Por el Reglamento de Prestación de Servicios y el Reglamento de ASADAS para brindarles el servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario, lo cual, en el caso concreto no ha sido cumplido por parte del recurrente y sus vecinos de Valle Verde”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso planteado.

4.- Informa bajo juramento Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 23 de enero de 2026), en términos similares al director de la UEN Gestión de Asadas y al encargado de la Oficina Cantonal de Pococí, ambos de ese instituto.

5.- Audiencia contestada por Juan Carlos Barquero López, en su condición de representante legal de la Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez (audiencia contestada el 29 de enero de 2026), en los siguientes términos: “Es cierto que la comunidad recurrente ha enfrentado dificultades en el acceso continuo y suficiente al servicio de agua potable, situación que ha sido de pleno conocimiento de esta ASADA. Sin embargo, es importante aclarar ciertos puntos. 1. La comunidad se encuentra dividida en tres sectores, el cuadrante sur en la parte final de la Dirección05, la cual cuenta con el abastecimiento de agua potable, sector central ausente de un ente operador que brinde el servicio de agua (donde se ubican las propiedades en cuestión). Y sector norte que esta abastecido por el AyA. 2. El acueducto de Buenos Aires únicamente brinda el servicio de agua en el cuadrante ubicado en el sector sur de la comunidad por una disposición de AyA del cual se adjunta copia. 3. El sector central es un sector donde no se encuentra ningún ente operador y tampoco cuenta con tuberías del acueducto para brindar el servicio de agua. En dado caso que esta honorable sala, solicite la intervención de dicho sector por parte de la ASADA, los interesados deberán de asumir los costes económicos de la extensión del ramal del acueducto hasta el sector donde se encuentran las propiedades en cuestión. 4. La ASADA de Buenos Aires, no ha recibido ni solicitado dineros a los vecinos con la promesa de brindar disponibilidades a cambio. 5. La extensión de las tuberías en el sector sur de la comunidad fue asumida por los vecinos de la comunidad Valle verde quienes aportaron para la extensión de la tubería hasta el sector delimitado por el AyA. Este acueducto reitera, que si bien, cuenta con todas las intenciones de asumir el sector central de Valle verde, esta es una decisión que no compete únicamente a este Acueducto”.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Tratándose de acciones de amparo dirigidas contra sujetos privados, como es aquí el caso, la Sala ha sido clara al decir: "Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para –posteriormente y en caso afirmativo– dilucidar si es estimable o no" (ver Sentencia N° 151-97). Establece el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de la misma Ley. En el caso bajo examen, considera la Sala que la Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez actúa realizando un ejercicio de funciones o potestades públicas, motivo por el cual se estima que el recurso que nos ocupa sí es admisible, procediendo de inmediato a resolver el fondo del asunto.

II.- Objeto del recurso. La recurrente reclama violación a los derechos fundamentales del amparado, pues señala es propietario de varios lotes en Guápiles en la calle llamada “Valle Verde”. Por ende, le ha solicitado al Instituto recurrido la disponibilidad de agua, pero la misma le ha sido denegada de forma arbitraria. Añade que la ASADA Buenos Aires Sur está anuente a ayudarlo, pero no recibe la autorización del instituto.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)      El Nombre03 es el dueño de los siguientes inmuebles: finca 7-188975, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 5000 metros y plano L-0031060-2022 y finca 7-188976, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 5000 metros y plano L-0031061-2022, ubicados en Guápiles, en la calle llamada “Valle Verde” (ver el informe rendido y la prueba aportada).

b)      El Nombre03 no ha realizado solicitudes de disponibilidad de agua potable, para las propiedades que posee, ante las autoridades del ICAA, por lo que no existen diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica con el fin de proporcionar dicho servicio (ver el informe rendido y la prueba aportada).

c)      El sector en el que se ubican las propiedades del Nombre03 no cuenta con un operador autorizado en cuanto al servicio del agua potable (ver el informe rendido y la prueba aportada).

d)      La Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez, cédula de persona jurídica número CED01, está a cargo de llevar a cabo la función de abastecimiento de agua potable en el sector sur de la zona conocida como Green Valley (ver el informe rendido y la prueba aportada).

IV.- Antecedente. Para el análisis del presente asunto, es importante indicar que este Tribunal recientemente conoció un recurso de amparo prácticamente igual al aquí planteado, asunto que fue presentado por la misma recurrente, a favor de otro amparado, pero por la misma situación aquí reclamada. Así, mediante sentencia no. 2026-005307 de las 09:34 horas del 13 de febrero de 2026, dictada dentro del expediente no. 25-039982-0007-CO, se resolvió lo siguiente:

“II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que el Nombre03 es dueño de las propiedades bajo número de finca 7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190-000 y 7-195932-000. Acusa que, desde hace 20 años, el tutelado solicitó el servicio de agua potable para dichos terrenos a la recurrida; no obstante, esto le fue negado sin fundamentación técnica. Indica que la ASADA Buenos Aires Sur ha estado anuente a colaborarles, pero que el ICAA no ha otorgado la autorización. Considera que esto lesiona los derechos fundamentales del Nombre03 y que consiste en un trato discriminatorio. Solicita que se ordene a la accionada dar la indicación a la ASADA de que otorgue el servicio de agua a las propiedades del tutelado.

(…) V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. La recurrente manifiesta que el Nombre03 es dueño de las propiedades bajo número de finca 7-130335-000, 7- 156188-000, 7-156190-000 y 7-195932-000. Acusa que, desde hace 20 años, el tutelado solicitó el servicio de agua potable para dichos terrenos a la recurrida; no obstante, esto le fue negado sin fundamentación técnica. Indica que la ASADA Buenos Aires Sur ha estado anuente a colaborarles, pero que el ICAA no ha otorgado la autorización. Considera que esto lesiona los derechos fundamentales del Nombre03 y que consiste en un trato discriminatorio. Solicita que se ordene a la accionada dar la indicación a la ASADA de que otorgue el servicio de agua a las propiedades del tutelado. Del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, del elenco probatorio y de la contestación por parte de la ASADA recurrida, se tiene por demostrado que el Nombre03 Nombre04, cédula de identidad CED02, es dueño de las propiedades bajo número de folio real CED03, CED04, CED05 y CED06, las cuales están ubicadas en la provincia de Limón, cantón de Pococí, distrito de Guápiles, en el sector norte de la zona conocida como Green Valley. Asimismo, se verifica que el Nombre03 no ha realizado solicitudes de disponibilidad de agua potable, para las propiedades que posee, ante las autoridades del ICAA, por lo que no existen diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica con el fin de proporcionar dicho servicio. Además, se comprueba que el sector en el que se ubican las propiedades del Nombre03 no cuenta con un operador autorizado en cuanto al servicio del agua potable. Por último, se constata que la Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez, cédula de persona jurídica número CED01, está a cargo de llevar a cabo la función de abastecimiento de agua potable en el sector sur de la zona conocida como Green Valley. Así las cosas, se descarta una lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada. Según se observa de la documentación remitida a esta Cámara, el motivo por el cual, a la fecha de interposición del amparo, las autoridades recurridas no han proporcionado el servicio que es objeto del presente recurso, obedece a que: a) el Nombre03 no ha cumplido con los requerimientos jurídicos, pues no ha realizado la solicitud, a título personal, para el abastecimiento de agua de sus propiedades; y b) existe una imposibilidad material, por cuanto el sector en el que se ubican las fincas del Nombre03 no cuenta con un operador autorizado. En ese sentido, lo actuado no resulta arbitrario y así lo ha señalado este Tribunal: “III.- Sobre las imposibilidades técnicas que obstaculizan el abastecimiento de agua potable. Esta Sala en sentencia número 2010- 001516 de las 18:36 horas del 26 de enero de 2010, se refirió a lo relativo a las imposibilidades técnicas o legales para brindar el servicio de agua potable. En esa oportunidad estableció lo siguiente: “IV.- Sobre como la imposibilidad jurídica o formal para dotar del servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales.- Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos –sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargado de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (véase las resoluciones Nº 2006-014218 de las quince horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y Nº 2007-11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de agosto del dos mil siete). En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales” (ver sentencia No. 2017-6701 de las 9:15 horas del 12 de mayo de 2017). En virtud de lo anterior, lo que corresponde es que la parte amparada realice la solicitud correspondiente ante las autoridades del ICAA con el fin de que lleven a cabo los estudios de factibilidad técnica pertinentes y determinen si es posible materialmente proporcionar el servicio de agua potable, en virtud de que no existe un operador autorizado en el sector donde se ubican las propiedades del tutelado. En lo que concierne a la ASADA recurrida, se observa que la misma fue constituida para brindar el acceso al agua a un sector distinto del lugar en el que están las fincas del amparado, por lo que no les es exigible que le brinden dicho servicio. En todo caso, las inquietudes que plantea el tutelado en el amparo, deberán ser dilucidadas en la institución accionada, por lo que le corresponderá gestionar sus propios intereses, inconformidades, o reclamos, ante la autoridad recurrida a través de los mecanismos establecidos para ello, o bien, en la jurisdicción ordinaria competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Así las cosas, el presente recurso es improcedente.

(…) Por tanto: Se declara sin lugar el recurso”.

V.- Sobre el caso concreto. Tomando en cuenta el precedente citado y después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación a los derechos fundamentales del amparado. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el Nombre03 es el dueño de los siguientes inmuebles: finca 7-188975, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 5000 metros y plano L-0031060-2022 y finca 7-188976, derecho 000, ubicación Guápiles, medida 5000 metros y plano L-0031061-2022, ubicados en Guápiles, en la calle llamada “Dirección06”. Asimismo, el Nombre03 no ha realizado solicitudes de disponibilidad de agua potable, para las propiedades que posee, ante las autoridades del ICAA, por lo que no existen diagnósticos ni estudios de factibilidad técnica con el fin de proporcionar dicho servicio. Igualmente, el sector en el que se ubican las propiedades del Nombre03 no cuenta con un operador autorizado en cuanto al servicio del agua potable. Por último, la Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez, cédula de persona jurídica número CED01, está a cargo de llevar a cabo la función de abastecimiento de agua potable en el sector sur de la zona conocida como Green Valley.

En este sentido, se reitera lo indicado en el precedente citado respecto a que el motivo por el cual, a la fecha de interposición del amparo, las autoridades recurridas no han proporcionado el servicio que es objeto del presente recurso, obedece a que: a) el Nombre03 no ha cumplido con los requerimientos jurídicos, pues no ha realizado la solicitud, a título personal, para el abastecimiento de agua de sus propiedades; y b) existe una imposibilidad material, por cuanto el sector en el que se ubican las fincas del Nombre03 no cuenta con un operador autorizado. Por consiguiente, lo actuado no resulta arbitrario.

Así lo que corresponde es que la parte amparada realice la solicitud correspondiente ante las autoridades del ICAA con el fin de que lleven a cabo los estudios de factibilidad técnica pertinentes y determinen si es posible materialmente proporcionar el servicio de agua potable, en virtud de que no existe un operador autorizado en el sector donde se ubican las propiedades del tutelado. En lo que concierne a la ASADA recurrida, se observa que la misma fue constituida para brindar el acceso al agua a un sector distinto del lugar en el que están las fincas del amparado, por lo que no les es exigible que le brinden dicho servicio.

En todo caso, las inquietudes que plantea el tutelado en el amparo, deberán ser dilucidadas en la institución accionada, por lo que le corresponderá gestionar sus propios intereses, inconformidades, o reclamos, ante la autoridad recurrida a través de los mecanismos establecidos para ello, o bien, en la jurisdicción ordinaria competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

En síntesis, este Tribunal estima que las consideraciones esgrimidas en el precedente citado resultan aplicables al caso de estudio. Por ende, no se encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.

En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 25-039981-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección07, Dirección08, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:55:56.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

1.- By a written submission received at the Secretariat of the Chamber on December 25, 2025, the petitioner files an amparo action against the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS and states that Nombre03 purchased some lots in Guápiles, on the street called “Valle Verde”. She states that a certificate of drinking water availability (constancia de disponibilidad de agua potable) and drinking water service were requested for the following immovable properties: farm 7-188975, right 000, location Guápiles, area 5000 meters and plan L-0031060-2022 and farm 7-188976, right 000, location Guápiles, area 5000 meters and plan L-0031061-2022. However, she argues that 3 years have passed since then and the objective of having water on the properties has not been achieved. She mentions that “quantities of requests” have been submitted and the ASADA Buenos Aires Sur was constituted, but the respondent institute restricted the service “without technical grounds to support the denial of the granting of water availability.” She points out that she attaches a document in which the respondent authority only authorized the liquid to the 40 houses belonging to the “Comunidad de VALLE VERDE group.” She adds that Nombre03 has formally requested access to the service from the ASADA Buenos Aires Sur and the latter, in all its administrations, has been willing to collaborate provided it receives authorization from the ICAA. However, that institute has rejected the request without any technical grounds to support its decision. She details that the justifications for the rejection have been the following: “1. That the properties did not have the municipal permits and approvals of the plans, when the plans are perfectly approved, and payments of municipal taxes and each corresponding declaration are made punctually. 2. That supposedly the lands that were sold to him belonged to people not welcome at the AYA institution, a totally illogical excuse, amounting to personal discrimination. 3. That there was not enough liquid to provide the service, when the reports of the ASADA Buenos Aires Sur state that it has enough liquid to provide the service to us. 4. That they did not have a budget to create the piping to give us service to our homes, when several years ago the residents of Dirección01 already paid for those pipes and they are already installed and ready to provide the service, but according to an official letter from AYA, it prohibits the ASADA from releasing the liquid to where the amparo beneficiary’s property is located. 5. That there is a large AYA tank (photos attached) a few meters away from one of Nombre03’s properties and according to AYA the water will not reach the property.” She alleges that the lack of grounds and transparency constitutes a violation of fundamental rights and affects the quality of life of the people who inhabit those properties. She reiterates that, as owner, Nombre03 has the right to have drinking water supply to meet the basic needs of his home and guarantee a dignified life for the inhabitants of the immovable properties. She adds that on different occasions the respondent institute has offered the service if the residents assume certain expenses, but, after making great economic efforts, this has not happened, specifically, she refers as an example “the constitution of the asada and to move the liquid from the Asada Buenos Aires de Jiménez to Buenos Aires Sur”. She concludes that Nombre03 has been enduring this discrimination for years without any legal basis or any technical study, and although his lots are only a few meters from an ICAA tank and meters from the pipeline of the ASADA Buenos Aires Sur, he does not receive the liquid and to survive he has had to invest large amounts of money in wells and tanks to collect rainwater. Consequently, she requests the intervention of this Chamber.

2.- By means of a resolution at 14:12 hours on January 09, 2026, this Court issued the resolution on the course of this matter.

3.- Rafael Barboza Topping, in his capacity as director of the UEN Gestión de Asadas, and Randy Madrigal Rodríguez, in his capacity as head of the Cantonal Office of Pococí, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath (report rendered on January 22, 2026), in the following terms: “FIRST: It is not within our knowledge, it is an act proper to the petitioner; However, according to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “Regarding the purchase of the immovable property and the petitioner’s expectations, this Institution has no knowledge, as these are acts of a private nature between individuals. The AyA does not intervene or participate in real estate transactions, nor can it guarantee, by itself, the availability of essential public services without the technical, legal, and environmental requirements established in the current regulations being previously fulfilled.” SECOND: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “In the records of the UEN Gestión de ASADAS of the AyA, there is no record of the receipt of a request for drinking water availability for the northern sector of the community, specifically where the petitioner’s immovable property is located. Consequently, no specific technical analysis (studies for urbanizations, lotifications, or segregations) has been carried out that would allow the feasibility of supply to be assessed, in accordance with the provisions of the Reglamento de Prestación de Servicios of the AyA.” Regarding the regulations cited in this fact, it should be noted that the article currently in force in the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA that deals with certificates of service availability is not the one cited; these are found in Articles 7, paragraph 31, 15, 29, 30, and concordant ones. THIRD: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “It is not true that the ASADA Buenos Aires Sur was constituted specifically to supply the sector where the immovable property is located. It is on record that the ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL BUENOS AIRES SUR JIMÉNEZ, legal ID number CED01, began operations on 09/08/2007, fulfilling the requirements for the formation of associations established in Law 218 and its Regulation, and has a current Delegation Agreement in force since 02/04/2009, for a defined area of competence, distinct from the northern sector near the Green Valley School. Regarding the evidence they attach indicating ‘… the AyA representative was emphatic in restricting the service without technical grounds to support the denial of the granting of water availability …’ In the attached evidence, document No. GSD-UEN-GAR-2021-00953 dated March 5, 2021, it is indicated: ‘We clarify that according to the registry information provided, it involves 40 properties that would be included in the project. We do not omit to state that the management for possible supply will be projected only for the sector of the homes indicated in the documentation provided and that the possibility of extending the project to sectors north of the community, specifically on the road towards the sector where the Green Valley School is located, is not considered.’ In this regard, it is essential to specify that the management indicated corresponds exclusively to a request presented by the neighborhood committee of Valle Verde, a hamlet made up of approximately 40 existing homes, located in the extreme south of the zone. Said management bears no relation whatsoever to the sector near the Green Valley School, where the petitioner’s property is located. In relation to this latter sector, it is placed on record that no specific technical study aimed at urbanizations, lotifications, or segregation processes has been received by the UEN Gestión de ASADAS of the AyA from the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí. Consequently, it is improper to attribute technical validity to the document provided, since it does not constitute an analysis of water availability applicable to the northern sector of the community, where the petitioner’s properties are located. Currently, the AyA is developing the corresponding technical studies in order to address the formal request submitted by the ASADA de Buenos Aires, through which the institutional intervention of the AyA is requested so that the ASADA Buenos Aires Sur de Pococí takes over the administration of the water supply system that is currently operated by an unauthorized manager in the community of Valle Verde – Dirección02. In this context, there are binding environmental criteria, which are decisive for decision-making. In particular, document UEN-GA-2025-03793, duly attached, issued by the UEN Ambiental, expressly states the following: ‘Likewise, considering that the area of the ‘Zona del Comité de agua Valle Verde – Calle Vargas’ coincides with the area of the request for an urban development project for sanitary sewer exemption called ‘Nuevo Guápiles’, processed as case file No. 640 in 2014, on cadastral plan L-239023-95, which was denied by the UEN Gestión Ambiental due to technical inconsistencies of a hydrogeological nature that were never corrected by the interested party…’ Also, in document SUB-AID-GA-2015-432, dated April 28, 2015, the Environmental Department issued a categorical technical opinion in the following terms: ‘… this Department of the Hidrogeología Functional Area, from a hydrogeological, geological, aquifer protection, and AyA Numancia Sources standpoint, and based on all the technical studies existing in the area, as well as the Pococí Regulatory Plan Diagnosis – Volume I, does not recommend the exemption of the Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, located in Barrio Emilia, Guápiles, Pococí, Limón, cadastral plan L-239023- 95, as it is a highly vulnerable aquifer to contamination.’ Likewise, according to the technical report sent via memorandum N° GSP-RHC-P2026-00068 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘… as has been indicated in official letters GSP-RHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P2019-00843 (attached), the Valle Verde sector is located outside the coverage area of the aqueducts administered directly by AyA. Specifically, the systems HC-A-13 Cariari - Anita Grande and HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez (see image number 2). Given the above, because it is located outside the competences of the AyA – Región Huetar Caribe, no opinion has been issued on water availabilities for the lands located in that sector. Even more so given that both farms in question have a nature of ‘Pasture Land’ before the National Property Registry, it is important to mention that Article 31 of the Reglamento Ilustrado de Fraccionamiento y Urbanizaciones of the INVU, cites the following: ‘Predios that face a public road may be subdivided (fraccionarse) for agricultural, livestock, forestry, or mixed activities, provided that the area of each of the resulting predios is not less than 900.00 m2. This subdivision (fraccionamiento) must indicate on plans that its use is exclusively for agricultural, livestock, forestry, or mixed activity. It does not require the provisions of Article 13. Guarantee of the water resource in subdivisions, until the construction permit is processed. Considering that these lots are not of interest for urban purposes due to their nature and dimensions, they only need the approval of the Municipality.’ Under this scenario, note that it is not necessary to have the guarantee of the water resource in this type of subdivision (fraccionamientos) (drinking water availability) since they are not of interest for urban purposes due to their nature and dimensions. However, if Nombre03 has other purposes for both farms, he must comply with what is stipulated in the regulations.” FOURTH: We have no knowledge of the response given by the ASADA, since no evidence is provided in this regard; in the other aspects, they are not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “The petitioner lists five alleged justifications for the rejection: municipal permits, personal discrimination, lack of water, lack of budget, and proximity of AyA infrastructure. (…) 1. Municipal permits and plans: The AyA has no knowledge of the totality of the alleged municipal procedures. In any case, Article 21 of the Ley Constitutiva del AyA (Law N.º 2726) establishes that every urbanization or lotification project requires the prior approval of the AyA, without which any municipal permit lacks legal efficacy. 2. Allegation regarding personal discrimination: This Institution has no knowledge of such an assertion; the AyA's decisions are based exclusively on technical, legal, and environmental criteria, never on subjective considerations about persons. 3. Water availability: In the UEN Gestión de ASADAS, there is no record of the receipt of any formal management requesting water availability or sanitation for the sector where the petitioner owns his properties. Consequently, no technical analysis (specific technical studies for urbanizations, lotifications, or segregations) has been carried out that would allow the viability or feasibility of the drinking water supply and sanitation for said sector by the ASADA Buenos Aires Sur to be assessed. 4. Infrastructure and budget: There is no record of infrastructure belonging to the ASADA Buenos Aires Sur in the sector where the petitioner’s immovable property is located, nor of approved studies for its extension. 5. Proximity of the Numancia Tank: The mere physical proximity to AyA infrastructure does not generate an automatic right to connection. The environmental criterion UEN-GA-2025-03793 establishes that the area is partially within the absolute protection zone (zona de protección absoluta) of the Numancia Well, which imposes severe restrictions for housing developments and new connections.” Likewise, according to the technical report sent via memorandum N° GSP-RHC-P2026-00068 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: “…no further observations are made, given that Nombre03 indicates the intention to access the drinking water service of the ASADA de Buenos Aires Sur. AyA Región Huetar Caribe holds competence only for the systems administered by AyA. In the specific case, the closest AyA aqueduct is HC-A-14 Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez, which, as already indicated, does not cover the Valle Verde sector. As indicated by the amparo beneficiary, the Numancia tank, which is part of the AyA aqueduct, is located close to the Valle Verde sector, and according to what was indicated in official letters GSPRHC-P-2017-00781 and GSP-RA-P-2019-00843, this tank is at a lower elevation relative to Valle Verde, which is why it is not technically viable to expand the coverage. This condition is known to the petitioner, to the extent that he manages that the supply be granted by the ASADA de Buenos Aires Sur, which is at a higher elevation.” FIFTH: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSDUEN-GAR-2026-00239 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: “The petitioner maintains that he meets conditions to receive the service and that the refusal violates fundamental rights. (…) There are no diagnoses or technical feasibility studies submitted in accordance with Definition No. 12 of the Reglamento de Prestación de Servicios of the AyA, which requires verifying water, hydraulic, environmental, and legal capacity. Without such analysis, it is not legally possible to grant drinking water availability. ‘12. Technical feasibility analysis for the granting of services: Process of verifying the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For such purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the boundaries (linderos) of the immovable property or have direct access via public road or right-of-way easement (servidumbre de paso) for the immovable property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, treatment, and purification capacity to grant new services. c. That the system meets the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations.’ Likewise, according to the technical report sent via memorandum N° GSP-RHC-P2026-00068 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘… indeed Nombre03 has his right to manage the water supply, provided he complies with the established procedures. It is reiterated that the Región Huetar Caribe has not issued certificates of service availability, given that it is not within its coverage area.’ In that sense, it is also worth citing the provisions of Article 7, paragraph 134, of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, which indicates: ‘…134. Environmental restriction zone: Territorial surface delimited by geomorphological conditions or risk zones, protection zones (zonas de protección), and protected areas or state heritage reserves where, due to legal provisions or local, regional, or national territorial planning, service availabilities or connections for the provision of aqueduct or sanitary sewer services, or both, must not be approved by a public service provider.’ Furthermore, as has been stated by the petitioner, the requirements established to generate a positive certificate of service availability have not been met, given that the interested parties have not completed the technical studies and necessary improvement works required to qualify for a service. SIXTH: It is not true. According to the technical report sent via memorandum No. GSDUEN-GAR-2026-00239 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: ‘…The AyA has no knowledge of any arbitrary action. The petitioner’s situation is not comparable to that of the 40 homes in the southern sector, which were the subject of a specific and delimited technical project, duly evaluated.’ Likewise, according to the technical report sent via memorandum N° GSP-RHC-P2026-00068 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘… no further comments are made, given that the Región Huetar Caribe has not carried out any action in the Valle Verde sector. It must be indicated that within the AyA's regulations and procedures, economic contributions are never requested from interested parties.’ SEVENTH: It is not within our knowledge. According to the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, it is indicated that: ‘…The AyA has no knowledge of any arbitrary action. The petitioner’s situation is not comparable to that of the 40 homes in the southern sector, which were the subject of a specific and delimited technical project, duly evaluated.’ Likewise, according to the technical report sent via memorandum N° GSP-RHC-P2026-00068 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘… it is reiterated that AyA – Región Huetar Caribe has not carried out any action that approves or disapproves the water supply in the Valle Verde sector, since it is located outside the coverage area.’ EIGHTH: This section is not a fact. However, it is worth citing what is stated in the technical report sent via memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-00239 of January 21, 2026, from the Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados-AyA, which indicates that: ‘Constitutional jurisprudence has been consistent in indicating that the right to water does not imply an obligation to provide the service when there exists a duly accredited technical, legal, or environmental impossibility. In the present case, the refusal is based on objective technical and environmental criteria, particularly on the protection of strategic supply sources. CONCLUSION From the foregoing, it is concluded that there is no arbitrary, discriminatory, or unfounded action on the part of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The decisions adopted respond to technical, environmental, and regulatory criteria, aimed at protecting the water resource and complying with the current legal framework.’ Likewise, according to the technical report sent via memorandum N° GSP-RHC-P2026-00068 of January 21, 2026, by the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, it indicates that: ‘… although it concerns jurisprudence of the Constitutional Chamber, it can be observed from the excerpts that in both resolutions (2016-006027 and 2017- 005245) the Chamber indicates that no omission or arbitrary action on the part of the respondent authority is accredited, given that the acts were not capricious, but rather are supported by technical aspects such as the lack of drinking water availability in the sectors. Additionally, it is important to indicate that the Valle Verde sector and surrounding areas are located over a vulnerable aquifer to contamination, as derived from reports SUB-AID-GA-2015-432 and UEN-GA-2025- 03793 prepared by the Dirección de Gestión Ambiental of the AyA (attached). As can be observed in image number 2 of this document, the AyA maintains its main water sources for the system HC-A-14 Guápiles-La RitaRoxana-Jiménez in the area surrounding Valle Verde (Numancia Springs (Nacientes Numancia), Dirección03 and Dirección04), so when carrying out the study to supply the sector with drinking water, it must be evaluated what will be the collection and treatment system for the wastewater generated, in order to guarantee the protection of the quantity and quality of the aquifer underlying this land and that is used to provide the service to more than 60 thousand people of the canton of Pococí. In these cases, the recommendation is to apply what is provided in the Land Use Criteria Matrix According to Aquifer Contamination Vulnerability for Water Resource Protection (Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, Matriz de SENARA), given that a specific one does not exist for the sector. Given the above, it is considered that what was stated by the petitioner bears no relation to the actions of AyA Región Huetar Caribe, given that the Valle Verde community is located outside the coverage area of the aqueduct systems administered by AyA and that what is sought is for the ASADA de Buenos Aires to grant the drinking water availability, provided that urban planning regulations are complied with and especially the safeguarding of the water resource that underlies these lands and is used for the drinking water supply to a large part of the population of the canton of Pococí.’ It is reiterated so that the operator by delegation of the AyA, in the case at hand, the ASADA Buenos Aires Sur de Jiménez, in order to be able to provide a positive certificate of service availability (constancia de disponibilidad de servicios) in favor of the interested parties, these must fulfill all the requirements established for that purpose, and in cases like the present one where there is no network, they must carry out the technical studies and improvement works to generate said certificate of service availability in the zone, in accordance with the provisions of Article 14 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios and Article 46 of the Reglamento de ASADAS (Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE) (…) In this specific case, as set forth in the referenced reports, there exists a technical impossibility to issue the certificate of service availability positively given that there is no aqueduct system in the area, and that, to carry out an expansion, the interested parties must fulfill the requirements established in the Reglamento de Prestación de Servicios of the AyA (…) It is worth mentioning that, in response to a request for drinking water service by the residents of the Valle Verde community, the Unidad Cantonal RHC-Pococí-AyA, through official Mr. Miguel Badilla Ugalde, by official letter N° GSP-RHC-P-2017-00781 dated July 20, 2017, informed Ms. Maria Cecilia Bonilla Gómez, representative of the Valle Verde Community, that: “In this sector there is no drinking water network for the Guápiles system, additionally the Numancia tank is at a lower height relative to your community, which indicates that the sector where your community is located is higher than the Numancia tank that supplies Guápiles. Furthermore, later, in 2021, upon a request received from the Valle Verde committee to see about the possibility that the drinking water supply in the Valle Verde sector be assumed by the ASADA Buenos Aires, by official letter N° GSD-UEN-GAR2021-00953 of March 5, 2021, prepared by Eng. José Antonio Arias Arias, of the UEN Gestión de Acueductos Rurales- AyA, they were responded that the ASADA Buenos Aires is willing to assume the water supply for the Valle Verde sector community. However, according to the technical evaluations, these revealed that a possible pipeline to supply the sector would have to cross a private property, which was indicated to be property of the company El Colono; therefore, the corresponding procedures should be carried out for the proper constitution of an aqueduct easement (servidumbre de acueducto) to be located on said land (of El Colono) in favor of the ASADA Buenos Aires, so that the project is technically viable. It was clarified that without this easement (servidumbre) the project would not be feasible, indicating that the costs of extending pipeline branches according to the technical study must be assumed by the interested parties, in this case the Comité Pro-Mejoras Valle Verde, representing the property owners of the locality who would be beneficiaries of the project, and that furthermore, according to the information provided by the Comité Pro-Mejoras Valle Verde, it involved only 40 properties that would be included in the project mentioned. Due to the above, it is not technically nor legally possible to issue a positive service availability for drinking water, without the interested parties fulfilling the requirements established by the Reglamento de Prestación de Servicios and the Reglamento de ASADAS to provide them with the public drinking water and sanitary sewer service, which, in the specific case, has not been fulfilled by the petitioner and his neighbors of Valle Verde.” They request that the action filed be dismissed.

4.- Lourdes María Sáurez Barboza reports under oath, in her capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (report rendered on January 23, 2026), in terms similar to the director of the UEN Gestión de Asadas and the head of the Cantonal Office of Pococí, both of that institute.

5.- Audiencia answered by Juan Carlos Barquero López, in his capacity as legal representative of the Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez (audiencia answered on January 29, 2026), in the following terms: “It is true that the petitioning community has faced difficulties in continuous and sufficient access to the drinking water service, a situation that has been fully known to this ASADA. However, it is important to clarify certain points. 1. The community is divided into three sectors, the southern quadrant at the end of Dirección05, which has drinking water supply, the central sector lacking an operating entity to provide the water service (where the properties in question are located). And the northern sector, which is supplied by the AyA. 2. The Buenos Aires aqueduct only provides water service in the quadrant located in the southern sector of the community by an AyA disposition of which a copy is attached. 3.

The central sector is a sector where there is no operator and it also lacks aqueduct pipes to provide water service. Should this honorable chamber request the intervention in said sector by the ASADA, the interested parties must bear the economic costs of extending the aqueduct branch to the sector where the properties in question are located. 4. The ASADA of Buenos Aires has neither received nor requested money from residents with the promise of providing availabilities in exchange. 5. The extension of the pipes in the southern sector of the community was assumed by the residents of the Valle Verde community, who contributed to the extension of the pipe to the sector delimited by AyA. This aqueduct reiterates that, while it has every intention of taking on the central sector of Valle Verde, this is a decision that does not rest solely with this Aqueduct."

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- ADMISSIBILITY OF THE APPEAL. In the case of amparo actions brought against private subjects, as is the case here, the Chamber has been clear in stating: "Due to its exceptional nature, the ordinary processing of amparo appeals against subjects of private law requires beginning by examining whether, in the specific case, we are or are not facing one of the assumptions that make it admissible, to – subsequently and if affirmative – elucidate whether it is estimable or not" (see Judgment No. 151-97). Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that this class of claims are granted against actions or omissions of subjects of private law when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a), of the same Law. In the case under examination, the Chamber considers that the Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez acts by performing an exercise of public functions or powers, which is why it is deemed that the appeal before us is indeed admissible, proceeding immediately to resolve the merits of the matter.

II.- Object of the appeal. The appellant claims a violation of the fundamental rights of the protected party, stating that he is the owner of several lots in Guápiles on the street called “Valle Verde”. Therefore, he has requested water availability from the respondent Institute, but it has been arbitrarily denied. He adds that the ASADA Buenos Aires Sur is willing to help him, but does not receive authorization from the institute.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) Nombre03 is the owner of the following properties: farm 7-188975, right 000, location Guápiles, measurement 5000 meters and plan L-0031060-2022 and farm 7-188976, right 000, location Guápiles, measurement 5000 meters and plan L-0031061-2022, located in Guápiles, on the street called “Valle Verde” (see the report rendered and the evidence provided).

b) Nombre03 has not made requests for potable water availability for the properties he owns before the authorities of the ICAA, therefore there are no diagnostics or technical feasibility studies for the purpose of providing said service (see the report rendered and the evidence provided).

c) The sector in which Nombre03's properties are located does not have an authorized operator for potable water service (see the report rendered and the evidence provided).

d) The Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez, legal entity identification number CED01, is in charge of carrying out the potable water supply function in the southern sector of the area known as Green Valley (see the report rendered and the evidence provided).

IV.- Background. For the analysis of this matter, it is important to indicate that this Court recently heard an amparo appeal practically identical to the one raised here, a matter that was filed by the same appellant, on behalf of another protected party, but for the same situation claimed here. Thus, through judgment No. 2026-005307 of 09:34 hours on February 13, 2026, issued within file no. 25-039982-0007-CO, the following was resolved:

“II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that Nombre03 is the owner of the properties under farm number 7-130335-000, 7-156188-000, 7-156190-000 and 7-195932-000. She accuses that, for 20 years, the ward has requested potable water service for said lands from the respondent; however, this was denied without technical basis. She indicates that the ASADA Buenos Aires Sur has been willing to assist them, but that the ICAA has not granted authorization. She considers that this injures the fundamental rights of Nombre03 and constitutes discriminatory treatment. She requests that the respondent be ordered to give the indication to the ASADA to grant water service to the ward’s properties.

(…) V.- ON THE SPECIFIC CASE. The appellant states that Nombre03 is the owner of the properties under farm number 7-130335-000, 7- 156188-000, 7-156190-000 and 7-195932-000. She accuses that, for 20 years, the ward has requested potable water service for said lands from the respondent; however, this was denied without technical basis. She indicates that the ASADA Buenos Aires Sur has been willing to assist them, but that the ICAA has not granted authorization. She considers that this injures the fundamental rights of Nombre03 and constitutes discriminatory treatment. She requests that the respondent be ordered to give the indication to the ASADA to grant water service to the ward’s properties. From the report rendered by the representative of the respondent authority – which is taken as given under oath with the consequences, even criminal, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction –, from the body of evidence and from the response by the respondent ASADA, it is demonstrated that Nombre03 Nombre04, identity card CED02, is the owner of the properties under real folio number CED03, CED04, CED05 and CED06, which are located in the province of Limón, canton of Pococí, district of Guápiles, in the northern sector of the area known as Green Valley. Likewise, it is verified that Nombre03 has not made requests for potable water availability for the properties he owns before the authorities of the ICAA, therefore there are no diagnostics or technical feasibility studies for the purpose of providing said service. Furthermore, it is proven that the sector in which Nombre03's properties are located does not have an authorized operator for potable water service. Finally, it is confirmed that the Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez, legal entity identification number CED01, is in charge of carrying out the potable water supply function in the southern sector of the area known as Green Valley. Thus, an injury to the fundamental rights of the protected party is ruled out. As observed from the documentation sent to this Chamber, the reason why, on the date of filing the amparo, the respondent authorities have not provided the service that is the object of this appeal, is due to: a) Nombre03 has not complied with the legal requirements, as he has not made the request, personally, for the water supply of his properties; and b) there is a material impossibility, because the sector in which Nombre03's farms are located does not have an authorized operator. In that sense, the actions taken are not arbitrary, as this Court has indicated: “III.- On technical impossibilities that hinder the supply of potable water. This Chamber, in judgment number 2010- 001516 of 18:36 hours on January 26, 2010, referred to matters relating to technical or legal impossibilities to provide potable water service. On that occasion it established the following: “IV.- On how legal or formal impossibility to provide potable water service is not a violation of fundamental rights.- Repeated jurisprudence of this Chamber has indicated that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and as such, every public service provider – whether a public or private subject – is obliged to provide the service in a continuous, efficient manner, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). In this sense, it is clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for the provision of the public service of potable water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, despite everything just established, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, faced with a legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulation) or faced with a formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and infrastructure construction is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a denial of access to potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. Of course, AyA, as a state entity mainly responsible for the provision of potable water service, has the obligation to expand its infrastructure so that more and more people have access to this precious liquid, but while gaps remain, the collaboration of the interested parties is essential (see resolutions No. 2006-014218 of fifteen hours and four minutes on September twenty-six, two thousand six and No. 2007-11190 of fourteen hours and thirty-six minutes on August seven, two thousand seven). In other words, whenever the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights” (see judgment No. 2017-6701 of 9:15 hours on May 12, 2017). By virtue of the foregoing, what is appropriate is for the protected party to make the corresponding request before the authorities of the ICAA so that they carry out the pertinent technical feasibility studies and determine if it is materially possible to provide potable water service, given that there is no authorized operator in the sector where the ward's properties are located. Regarding the respondent ASADA, it is observed that it was constituted to provide access to water to a sector different from the place where the protected party's farms are, so it is not required of them to provide said service. In any case, the concerns raised by the ward in the amparo must be elucidated in the respondent institution, so it will be up to him to manage his own interests, disagreements, or claims before the respondent authority through the mechanisms established for this, or, alternatively, in the competent ordinary jurisdiction, venues where he may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert his claims. Thus, the present appeal is inadmissible.

(…) Therefore: The appeal is declared without merit.”

V.- On the specific case. Taking into account the cited precedent and after analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies that there has been no violation of the fundamental rights of the protected party. The foregoing, because in the report rendered by the representative of the respondent authority – which is taken as given under oath with the consequences, even criminal, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that Nombre03 is the owner of the following properties: farm 7-188975, right 000, location Guápiles, measurement 5000 meters and plan L-0031060-2022 and farm 7-188976, right 000, location Guápiles, measurement 5000 meters and plan L-0031061-2022, located in Guápiles, on the street called “Dirección06”. Likewise, Nombre03 has not made requests for potable water availability for the properties he owns before the authorities of the ICAA, therefore there are no diagnostics or technical feasibility studies for the purpose of providing said service. Equally, the sector in which Nombre03's properties are located does not have an authorized operator for potable water service. Finally, the Asociación de Acueducto Rural Buenos Aires Sur Jiménez, legal entity identification number CED01, is in charge of carrying out the potable water supply function in the southern sector of the area known as Green Valley.

In this sense, it is reiterated what was indicated in the cited precedent regarding the reason why, on the date of filing the amparo, the respondent authorities have not provided the service that is the object of this appeal, is due to: a) Nombre03 has not complied with the legal requirements, as he has not made the request, personally, for the water supply of his properties; and b) there is a material impossibility, because the sector in which Nombre03's farms are located does not have an authorized operator. Consequently, the actions taken are not arbitrary.

Thus, what is appropriate is for the protected party to make the corresponding request before the authorities of the ICAA so that they carry out the pertinent technical feasibility studies and determine if it is materially possible to provide potable water service, given that there is no authorized operator in the sector where the ward's properties are located. Regarding the respondent ASADA, it is observed that it was constituted to provide access to water to a sector different from the place where the protected party's farms are, so it is not required of them to provide said service.

In any case, the concerns raised by the ward in the amparo must be elucidated in the respondent institution, so it will be up to him to manage his own interests, disagreements, or claims before the respondent authority through the mechanisms established for this, or, alternatively, in the competent ordinary jurisdiction, venues where he may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert his claims.

In summary, this Court considers that the considerations put forward in the cited precedent are applicable to the case under study. Therefore, no reasons are found to vary the criterion expressed in said judgment, nor motives that would lead to a different assessment of the situation raised.

By virtue of the foregoing, what is appropriate is to declare the appeal without merit.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer-related, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

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EQGJBUD3LNI61

EXPEDIENTE N° 25-039981-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección07, Dirección08, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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