Res. 09076-2026 Sala Constitucional — Right to petition by environmental protection associationDerecho de petición en asociación protectora ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09076 - 2026

Fecha de la Resolución: 13 de Marzo del 2026 a las 09:30

Expediente: 26-002293-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 26-002293-0007-CO

Res. Nº 2026009076

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de marzo de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 26-002293-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], contra la MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 11:31 hrs. del 22 de enero de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 13 de octubre de 2025, solicitó a la autoridad recurrida lo siguiente: “Favor señalar expresamente qué gestiones concretas usted Sra. Yamileth Quesada Zúñiga, como Alcaldesa ha realizado para que se cumplan las sentencias de la Sala Constitucional”. La sentencia es la número 2025-014024". Pese a lo anterior, acusa que al momento de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su gestión, por lo que, estima se han vulnerado derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante auto de las 10:35 hrs. del 22 de enero de 2026 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 28 de enero de 2026.

3.- Por escrito presentado el 29 de enero de 2026, informa bajo juramento YAMILET QUESADA ZÚÑIGA, en condición de Alcaldesa de la Municipalidad Vázquez de Coronado que: “(…) Esta Municipalidad refuta categóricamente la violación al derecho de petición y pronta respuesta, por cuanto la gestión del recurrente fue atendida y notificada dentro del plazo legal y reglamentario establecido, tal como se demuestra con la siguiente relación de hechos y pruebas que se adjuntan: PRIMERO: El Lic. [Nombre 001], en representación de la Asociación de Protección [Nombre 002], presentó ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, el 13 de octubre de 2025, el trámite municipal N.° 146025, mediante el cual solicitó información relacionada con las gestiones concretas realizadas por esta Administración para el cumplimiento de la Sentencia N.° 2025-014024 de la Sala Constitucional. Véase el comprobante de recepción del aportado por el recurrente, en el cual la propia Municipalidad dejó constancia expresa de que el plazo de atención del trámite era de diez (10) días hábiles, conforme a la normativa aplicable al derecho de petición. SEGUNDO: En estricto apego a dicho plazo, (10 días hábiles) la suscrita alcaldesa procedió a dar respuesta formal a la gestión presentada, mediante el oficio N.° AL-200-01378-2025, el cual fue emitido y firmado digitalmente por esta Alcaldía el 22 de octubre de 2025, es decir, al octavo día hábil contado a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud (14 de octubre de 2025), antes incluso del vencimiento del plazo máximo informado al gestionante. El referido oficio fue debidamente notificado el mismo 22 de octubre de 2025, a las 18:20 horas, al correo electrónico [email protected], dirección que fue expresamente señalada por el propio recurrente como medio oficial para recibir notificaciones dentro de su escrito. En consecuencia, se acredita de forma objetiva y documentada que la Municipalidad sí atendió, resolvió y notificó la gestión presentada dentro del plazo legal y reglamentario, y que, al momento de interponerse el recurso de amparo, el recurrente ya había recibido respuesta formal a su solicitud, lo cual desvirtúa por completo la supuesta violación al derecho fundamental de petición y pronta respuesta.”

 4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 13 de octubre de 2025, solicitó a la autoridad recurrida lo siguiente: “Favor señalar expresamente qué gestiones concretas usted Sra. Yamileth Quesada Zúñiga, como Alcaldesa ha realizado para que se cumplan las sentencias de la Sala Constitucional”. La sentencia es la número 2025-014024". Pese a lo anterior, acusa que al momento de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su gestión, por lo que, estima se han vulnerado derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

El 13 de octubre de 2025, el recurrente, en condición de representante de la Asociación de Protección [Nombre 002] presentó ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Vázquez de Coronado el trámite municipal N.° 146025, mediante el cual solicitó información sobre las gestiones realizadas para el cumplimiento de la Sentencia N.° 2025-014024 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 22 de octubre de 2025, la Alcaldía emitió y firmó digitalmente el oficio N.° AL-200-01378-2025, mediante el cual brindó respuesta formal a la solicitud presentada, dentro del plazo legal establecido (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
El 22 de octubre de 2025, a las 18:20 horas, la Municipalidad notificó dicho oficio al correo electrónico señalado por el gestionante para recibir notificaciones (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

 

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, la gestión formulada por la parte recurrente fue atendida en tiempo y forma por la autoridad recurrida. En efecto, se tuvo por demostrado que la solicitud fue presentada el 13 de octubre de 2025 y que la Municipalidad fijó un plazo de diez días hábiles para su resolución. Así las cosas, el 22 de octubre de 2025 y antes del vencimiento del plazo, la Alcaldía emitió el oficio correspondiente mediante el cual dio respuesta formal a lo requerido, procediendo además a su notificación el mismo día al medio electrónico señalado por el propio gestionante.

En ese sentido, la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha establecido que el derecho de petición y pronta respuesta, reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se satisface cuando la Administración brinda una respuesta oportuna, expresa y debidamente notificada al interesado, sin que sea exigible que dicha respuesta sea favorable a las pretensiones del gestionante. Bajo esa inteligencia, en el presente caso no se acredita omisión alguna por parte de la autoridad recurrida, sino, por el contrario, un actuar diligente que culminó con la emisión y notificación de la respuesta dentro del plazo legal previamente informado. El eventual desacuerdo del recurrente con el contenido de lo resuelto constituye un aspecto de mera legalidad o de fondo que excede el ámbito de tutela del recurso de amparo. Por consiguiente, al haberse demostrado que la Administración atendió y notificó oportunamente la gestión planteada, este Tribunal concluye que no se produjo la vulneración alegada al derecho de petición y pronta respuesta, razón por la cual el presente proceso debe ser declarado sin lugar.

 IV.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Considero pertinente advertir que, desde la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

En la especie, de los autos se colige que el asunto fue planteado a favor de la Asociación de Protección [Nombre 002]. Así, advierto que, por su naturaleza jurídica, existe una relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica amparada debido a que guarda relación con un tema de protección ambiental. Ergo, corresponde entrar a conocer por el fondo la transgresión acusada.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara SIN LUGAR el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna nota.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 TJG7CYSX4QO61

EXPEDIENTE N° 26-002293-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:33:28.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the thirteenth of March, two thousand twenty-six.

Amparo proceeding processed under expediente number 26-002293-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], against the MUNICIPALITY OF VÁZQUEZ DE CORONADO.

WHEREAS:

1.- By a brief received in this Chamber at 11:31 hrs. on January 22, 2026, the petitioner files an amparo action and states that, on October 13, 2025, it requested the respondent authority the following: "Please expressly indicate what concrete actions you, Mrs. Yamileth Quesada Zúñiga, as Mayor, have undertaken to ensure compliance with the judgments of the Constitutional Chamber. The judgment is number 2025-014024". Despite the foregoing, it claims that at the time of filing this action, it has not received a response to its request, and therefore, it considers that fundamental rights have been violated. It asks that the action be granted.

2.- By means of an order at 10:35 hrs. on January 22, 2026, this action was processed and the respondent authorities were notified on January 28, 2026.

3.- By a brief filed on January 29, 2026, YAMILET QUESADA ZÚÑIGA, in her capacity as Mayor of the Municipality of Vázquez de Coronado, reports under oath that: "(…) This Municipality categorically refutes the violation of the right to petition and timely response, given that the petitioner's request was attended to and notified within the established legal and regulatory period, as demonstrated by the following account of facts and attached evidence: FIRST: [Name 001], representing the Protection Association [Name 002], submitted before the Service Platform of the Municipality of Vázquez de Coronado, on October 13, 2025, municipal procedure No. 146025, through which he requested information related to the concrete actions undertaken by this Administration to comply with Judgment No. 2025-014024 of the Constitutional Chamber. See the receipt of submission provided by the petitioner, in which the Municipality itself expressly recorded that the response period for the procedure was ten (10) business days, in accordance with the regulations applicable to the right to petition. SECOND: In strict compliance with said period (10 business days), the undersigned mayor proceeded to provide a formal response to the submitted request, through official letter No. AL-200-01378-2025, which was issued and digitally signed by this Mayor's Office on October 22, 2025, that is, on the eighth business day counted from the day following the receipt of the request (October 14, 2025), even before the expiration of the maximum period informed to the applicant. The referenced official letter was duly notified on that same October 22, 2025, at 18:20 hours, to the email address [email protected], an address expressly indicated by the petitioner himself as the official means for receiving notifications within his brief. Consequently, it is objectively and documentarily proven that the Municipality did attend to, resolve, and notify the submitted request within the legal and regulatory period, and that, at the time the amparo action was filed, the petitioner had already received a formal response to his request, which completely disproves the alleged violation of the fundamental right to petition and timely response."

4.- In the substantiation of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.

Authored by Judge Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner files an amparo action and states that, on October 13, 2025, it requested the respondent authority the following: "Please expressly indicate what concrete actions you, Mrs. Yamileth Quesada Zúñiga, as Mayor, have undertaken to ensure compliance with the judgments of the Constitutional Chamber. The judgment is number 2025-014024". Despite the foregoing, it claims that at the time of filing this action, it has not received a response to its request, and therefore, it considers that fundamental rights have been violated. It asks that the action be granted.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:

On October 13, 2025, the petitioner, in his capacity as representative of the Protection Association [Name 002], submitted before the Service Platform of the Municipality of Vázquez de Coronado municipal procedure No. 146025, through which he requested information on the actions undertaken to comply with Judgment No. 2025-014024 (see report rendered by the respondent authorities).
On October 22, 2025, the Mayor's Office issued and digitally signed official letter No. AL-200-01378-2025, through which it provided a formal response to the submitted request, within the established legal period (see report rendered by the respondent authorities).
On October 22, 2025, at 18:20 hours, the Municipality notified said official letter to the email address indicated by the applicant for receiving notifications (see report rendered by the respondent authorities).

III.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses any injury to the fundamental rights of the amparo beneficiary. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the request formulated by the petitioner was attended to in a timely manner by the respondent authority. Indeed, it was proven that the request was submitted on October 13, 2025, and that the Municipality set a period of ten business days for its resolution. Thus, on October 22, 2025, and before the expiration of the period, the Mayor's Office issued the corresponding official letter through which it provided a formal response to what was requested, also proceeding to notify it on the same day to the electronic means indicated by the applicant himself.

In this regard, the reiterated jurisprudence of this Chamber has established that the right to petition and timely response, recognized in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, is satisfied when the Administration provides a timely, express, and duly notified response to the interested party, without it being required that said response be favorable to the applicant's claims. Under that understanding, in the present case, no omission whatsoever is proven on the part of the respondent authority, but rather, a diligent action that culminated in the issuance and notification of the response within the previously informed legal period. The petitioner's eventual disagreement with the content of the resolution constitutes an aspect of mere legality or substance that exceeds the scope of protection of the amparo action. Consequently, having proven that the Administration attended to and timely notified the submitted request, this Court concludes that the alleged violation of the right to petition and timely response did not occur, and therefore, this proceeding must be dismissed.

IV.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL. I consider it pertinent to note that, since judgment No. 2019-2355 of 9:30 on February 12, 2019, my position has been the following regarding amparo actions when these have been filed on behalf of a legal person:

"In Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right to petition for legal persons under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court ruled that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal persons (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal person through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not those of legal persons, are effectively being protected. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal person, such that said participation relates substantially to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)."

In the instant case, it is inferred from the record that the matter was filed on behalf of the Protection Association [Name 002]. Thus, I note that, given its legal nature, an essential relationship exists between the natural person and the protected legal person because it relates to an environmental protection issue. Ergo, it is appropriate to address the merits of the alleged violation.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The action is DISMISSED. Judge Rueda Leal notes his separate opinion.