Res. 09960-2026 Sala Constitucional — Non-compliance with judgment on Matina coastal plan information requestDesobediencia de sentencia sobre información del plan regulador costero de Matina

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09960 - 2026

Fecha de la Resolución: 20 de Marzo del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-020575-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-020575-0007-CO

Res. Nº 2026009960

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil veintiseis .

Gestión de desobediencia presentada por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE MATINA.               

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 28 de enero de 2026, la parte recurrente acusa por segunda vez la desobediencia de lo ordenado en la sentencia nro. 2025-032461 de las 13:56 horas del 6 de octubre de 2025. Señala que a la fecha persiste la omisión en cuanto al pago de las prestaciones legales que le corresponden.

2.- Por resolución de las 11:25 horas del 30 de enero de 2026, se le dio traslado a la gestión de desobediencia y se le solicitó informe a Walter Céspedes Salazar, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Matina, o a quien ejerza ese cargo, para que se refirieran y aportaran las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se le atribuye.

3.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 30 de enero de 2026, Walter Céspedes Salazar, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Matina, informa bajo juramento que:

“Conforme a la prevención realizada en autos, adjunto la remisión del oficio DA-WCS-033-2026, en la cual se le da respuesta al recurrente. Se procedió a notificar el mismo al correo señalado para dichos efectos según la nota recibida en mi despacho, la cual se puede confirmar con la documentación adjunta”.

4.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 12 de febrero de 2026, el recurrente se apersona y manifiesta que:

“Al día de hoy, no he obtenido los mapas solicitados, ni la información relativa al componente de IFA–Antropoaptitud dentro del proceso de formulación del Plan Regulador Costero de Matina, a pesar de la orden expresa de esta honorable Sala en la sentencia correspondiente (…) 2. Pese a lo anterior, y a las múltiples gestiones realizadas por el suscrito desde la notificación de la sentencia, el recurrido ha incumplido sistemáticamente dicha orden. Como prueba irrefutable de esta omisión, adjunto copia del oficio DA-WCS-033-2026, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Matina, M.Sc. Walter Céspedes Salazar, con fecha 28 de enero de 2026, en respuesta a mi nota del 3 de junio de 2025. En dicho oficio, el recurrido no proporciona los mapas ni la información requerida, limitándose a indicar que se encuentra “a la espera de lineamientos y criterios institucionales” de MIDEPLAN e ICT, sin asumir responsabilidad ni proceder a cumplir con lo ordenado por esta Sala. 3. Esta respuesta evasiva y dilatoria del recurrido constituye un incumplimiento grave y deliberado de la sentencia, ya que no solo ignora la obligación inmediata de entregar los documentos solicitados, sino que traslada indebidamente la responsabilidad a otras instancias, sin evidencia de avances concretos. Tal conducta vulnera el principio de ejecución inmediata de las sentencias constitucionales (artículo 41 de la Constitución Política) y genera un perjuicio directo al suscrito, al prolongar innecesariamente la invisibilización de mis derechos como miembro de la comunidad afrocostarricense, afectada por procesos de planificación costera que impactan nuestro patrimonio cultural y territorial. 4. Es imperativo resaltar que este incumplimiento no es aislado, sino que refleja una patrón de inacción institucional que obliga a los ciudadanos, particularmente a grupos vulnerables como los afrocostarricenses y adultos mayores, a recurrir reiteradamente a esta Sala para hacer valer sus derechos. Esta situación es inaceptable en un Estado de Derecho y merece una respuesta firme y sancionatoria por parte de esta autoridad”.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

 I.- Sobre lo dispuesto por esta Sala. El recurrente planteó el siguiente reclamo:

“I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que el 3 de junio de 2025 planteó una gestión ante el municipio accionado; sin embargo, reclama que el Concejo solamente trasladó su solicitud sin proporcionar una respuesta clara y precisa sobre la existencia del mapa solicitado ni sobre las medidas adoptadas para garantizar el respeto a los derechos territoriales de la población afrocostarricense. Reprocha que el Plan Regulador Costero no contempla la delimitación de los territorios ancestrales de la población afrocostarricense ni se ha garantizado una consulta previa, libre e informada con la población afrocostarricense pese a que es una obligación en todo proyecto que pueda afectar sus territorios o derechos. Solicita la intervención de la Sala”.

Mediante la sentencia nro. 2025-032461 de las 13:56 horas del 6 de octubre de 2025, esta Sala dispuso lo siguiente:

“Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la lesión a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Se ordena a Walter Céspedes Salazar, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Matina, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda como en Derecho corresponda la solicitud de información formulada por el recurrente en el punto 6 de la gestión del 3 de junio de 2025, objeto de este proceso. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Matina al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez pone nota. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes parciales. En lo demás, se desestima el recurso. Notifíquese”.

La sentencia fue notificada a la autoridad recurrida el 29 de octubre de 2025.

Asimismo, mediante la resolución interlocutoria nro. 2025-041922 de las 09:30 horas del 19 de diciembre de 2025, se resolvió:

“Se acoge la gestión de desobediencia formulada. Se reitera a Walter Céspedes Salazar, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Matina, o a quien ejerza ese cargo, que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia nro. 2025-032461 de las 13:56 horas del 3 de octubre de 2025, en el sentido de que se atienda como en Derecho corresponda la solicitud de información formulada por el recurrente en el punto 6 de la gestión del 3 de junio de 2025. Lo anterior, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere. No ha lugar a la gestión formulada en cuanto a la solicitud de adición y aclaración formulada. Notifíquese”.

La resolución interlocutoria fue notificada a la autoridad recurrida el 6 de enero de 2026.

II.- Sobre la gestión planteada. En la especie, la parte recurrente acusa por segunda vez la desobediencia de lo ordenado en la sentencia nro. 2025-032461 de las 13:56 horas del 6 de octubre de 2025. Señala que a la fecha persiste la omisión en cuanto al pago de las prestaciones legales que le corresponden.

Al respecto, del análisis del informe rendido por parte del representante del municipio accionado y de la prueba aportada para la resolución de esta gestión se desprende que mediante el oficio nro. DA-WCS-033-2026 del 28 de enero de 2026 se atendió la gestión formulada por el recurrente de la siguiente forma:

“En atención a su nota presentada ante esta Municipalidad con fecha 03 de junio de 2025, y específicamente en lo que respecta al punto 6 de la misma, relativo al componente de IFA–Antropoaptitud dentro del proceso de formulación del Plan Regulador Costero de Matina, se le informa lo siguiente: De conformidad con las gestiones realizadas por esta Municipalidad, a través del señor Malaquías Castillo Díaz, se efectuó consulta a la empresa ECOPLAN, representada por el señor Víctor Hugo Arroyo Calderón, en su condición de empresa encargada de la elaboración de los Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (IFA) del Plan Regulador Costero de Matina, mediante contratación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Al respecto, la empresa consultora indicó que las consultas relacionadas con la aplicación de la metodología vigente del IFA, así como los alcances del componente de antropoaptitud y su eventual obligatoriedad en la etapa actual del proceso de planificación, deben ser canalizadas ante MIDEPLAN, en su calidad de ente rector y gerente del Plan de Desarrollo Turístico del Caribe, así como ante el ICT, como institución coordinadora de los estudios del Plan Regulador Costero de Matina. Lo anterior obedece a que, según lo informado, desde MIDEPLAN se estarían girando instrucciones de carácter general para la atención de esta situación en las distintas municipalidades involucradas, razón por la cual no corresponde a esta Municipalidad ni a la empresa consultora definir de manera unilateral los alcances institucionales del componente de antropoaptitud en esta fase del proceso. En consecuencia, con la información de que se dispone actualmente, esta Municipalidad se encuentra a la espera de los lineamientos y criterios institucionales que emitan las instancias competentes, los cuales serán considerados oportunamente dentro del marco legal y procedimental aplicable. En razón de lo anterior, una vez se tenga información correspondiente a su inquietud, estaremos comunicándolo por medio de nuestros canales de comunicación oficinal para que la población involucrada se vea informada y pueda hacer valer sus derechos”.

Bajo este panorama, se comprueba que la autoridad recurrida dio cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, pues brindó una respuesta al punto 6 de la gestión reclamada y se le notificó lo correspondiente. Nótese que el recurrente formuló lo requerido en los siguientes términos:

“6. Solicitud de información: Con base en los convenios internacionales y el Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, solicito respetuosamente que este honorable Concejo informe si la Municipalidad de Matina cuenta con un mapa oficial que delimite el territorio ancestral de la población afrodescendiente. Dichas áreas, protegidas a nivel internacional, pertenecen a la población tribal afrocostarricense y, por ende, no pueden ser incluidas ni afectadas por ningún plan regulador”.

 Desde este plano, cabe advertir que la autoridad recurrida atendió la consulta realizada por el recurrente, en el sentido de que se le informó sobre los motivos por los cuales no cuentan con la documentación indicada. Por tal razón, se le indicó que una vez que cuenten con ella será puesta en conocimiento de la población a través de los canales de comunicación oficinal. Ahora bien, teniendo claro lo anterior, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la respuesta recibida, constituye un ámbito ajeno a la competencia de esta jurisdicción, razón por la cual, deberán plantear lo correspondiente ante la propia autoridad recurrida.

En consecuencia, lo procedente es declarar no ha lugar a la gestión formulada.

III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 AZLPJPVQV8A61

EXPEDIENTE N° 25-020575-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:14:56.

SCIJ de Hacienda
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Constitutional Chamber

Resolution No. 09960 - 2026

Date of Resolution: March 20, 2026 at 09:20

Expediente: 25-020575-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 25-020575-0007-CO

Res. No. 2026009960

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twentieth of March of two thousand twenty-six.

Disobedience proceeding filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF MATINA.

Resultando:

1.- By brief incorporated into the electronic case file on January 28, 2026, the appellant alleges for the second time the disobedience of what was ordered in judgment no. 2025-032461 of 13:56 hours on October 6, 2025. It indicates that to date the omission persists regarding the payment of the legal benefits to which he is entitled.

2.- By resolution of 11:25 hours on January 30, 2026, the disobedience proceeding was transferred and a report was requested from Walter Céspedes Salazar, in his capacity as mayor of the Municipality of Matina, or whoever holds that office, so that they may comment on and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to him.

3.- By brief incorporated into the electronic case file on January 30, 2026, Walter Céspedes Salazar, in his capacity as mayor of the Municipality of Matina, reports under oath that:

“In accordance with the prevention made in the proceedings, I attach the referral of official letter DA-WCS-033-2026, in which a response is given to the appellant. It was notified to the email address indicated for such purposes according to the note received in my office, which can be confirmed with the attached documentation.”

4.- By brief incorporated into the electronic case file on February 12, 2026, the appellant appears and states that:

“To date, I have not obtained the requested maps, nor the information related to the IFA–Anthropo-aptitude component within the formulation process of the Matina Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero de Matina), despite the express order of this honorable Chamber in the corresponding judgment (…) 2. Despite the foregoing, and the multiple steps taken by the undersigned since the notification of the judgment, the respondent has systematically breached said order. As irrefutable proof of this omission, I attach a copy of official letter DA-WCS-033-2026, signed by the Mayor of the Municipality of Matina, M.Sc. Walter Céspedes Salazar, dated January 28, 2026, in response to my note of June 3, 2025. In said official letter, the respondent does not provide the maps or the required information, limiting himself to indicating that he is “awaiting institutional guidelines and criteria” from MIDEPLAN and ICT, without assuming responsibility or proceeding to comply with what was ordered by this Chamber. 3. This evasive and dilatory response from the respondent constitutes a serious and deliberate breach of the judgment, since it not only ignores the immediate obligation to deliver the requested documents, but also unduly transfers responsibility to other instances, without evidence of concrete progress. Such conduct violates the principle of immediate execution of constitutional judgments (Article 41 of the Political Constitution) and causes direct harm to the undersigned, by unnecessarily prolonging the invisibility of my rights as a member of the Afro-Costa Rican community, affected by coastal planning processes that impact our cultural and territorial heritage. 4. It is imperative to highlight that this breach is not isolated, but reflects a pattern of institutional inaction that forces citizens, particularly vulnerable groups such as Afro-Costa Ricans and older adults, to repeatedly resort to this Chamber to enforce their rights. This situation is unacceptable in a Rule of Law State and deserves a firm and sanctioning response from this authority.”

5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considerando:

I.- Regarding what was ordered by this Chamber. The appellant raised the following claim:

“I.- Object of the appeal. The appellant states that on June 3, 2025, he filed a request before the respondent municipality; however, he claims that the Council merely forwarded his request without providing a clear and precise response regarding the existence of the requested map or the measures adopted to guarantee respect for the territorial rights of the Afro-Costa Rican population. He reproaches that the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) does not contemplate the delimitation of the ancestral territories of the Afro-Costa Rican population, nor has a prior, free, and informed consultation been guaranteed with the Afro-Costa Rican population, despite it being an obligation in any project that may affect their territories or rights. He requests the intervention of the Chamber.”

Through judgment no. 2025-032461 of 13:56 hours on October 6, 2025, this Chamber ordered the following:

“Por tanto:

The appeal is partially granted, solely for the violation of Articles 27 and 30 of the Political Constitution. Walter Céspedes Salazar, in his capacity as mayor of the Municipality of Matina, or whoever holds that office, is ordered to coordinate what is pertinent and to order what is appropriate within the scope of his powers so that, within a maximum period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the information request made by the appellant in point 6 of the filing of June 3, 2025, the object of this process, is addressed as legally appropriate. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Matina is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Garro Vargas gives different partial reasons. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify.”

The judgment was notified to the respondent authority on October 29, 2025.

Likewise, through interlocutory resolution no. 2025-041922 of 09:30 hours on December 19, 2025, it was resolved:

“The disobedience proceeding filed is accepted. Walter Céspedes Salazar, in his capacity as mayor of the Municipality of Matina, or whoever holds that office, is reiterated to proceed to comply with what was ordered by this Chamber in judgment no. 2025-032461 of 13:56 hours on October 3, 2025, in the sense that the information request made by the appellant in point 6 of the filing of June 3, 2025, be addressed as legally appropriate. The foregoing, under the warning that the opening of an administrative procedure against him will be ordered if he does not do so. The motion filed regarding the request for addition and clarification is dismissed. Notify.”

The interlocutory resolution was notified to the respondent authority on January 6, 2026.

II.- Regarding the proceeding filed. In this case, the appellant alleges for the second time the disobedience of what was ordered in judgment no. 2025-032461 of 13:56 hours on October 6, 2025. He indicates that to date the omission persists regarding the payment of the legal benefits to which he is entitled.

In this regard, from the analysis of the report rendered by the representative of the respondent municipality and the evidence provided for the resolution of this proceeding, it is evident that through official letter no. DA-WCS-033-2026 of January 28, 2026, the filing made by the appellant was addressed as follows:

“In response to your note submitted to this Municipality on June 3, 2025, and specifically regarding point 6 thereof, concerning the IFA–Anthropo-aptitude component within the formulation process of the Matina Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero de Matina), you are informed of the following: In accordance with the steps taken by this Municipality, through Mr. Malaquías Castillo Díaz, a consultation was made to the company ECOPLAN, represented by Mr. Víctor Hugo Arroyo Calderón, in its capacity as the company responsible for preparing the Environmental Impact Assessment Instruments (Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, IFA) of the Matina Coastal Regulatory Plan, through a contract with the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo, ICT). In this regard, the consulting company indicated that queries related to the application of the current IFA methodology, as well as the scope of the anthropo-aptitude component and its potential mandatory nature at the current stage of the planning process, must be channeled to MIDEPLAN, in its capacity as the governing entity and manager of the Caribbean Tourism Development Plan (Plan de Desarrollo Turístico del Caribe), as well as to the ICT, as the institution coordinating the studies for the Matina Coastal Regulatory Plan. The foregoing is due to the fact that, according to what was reported, MIDEPLAN would be issuing general instructions for addressing this situation in the various municipalities involved, a reason why it is not for this Municipality or the consulting company to unilaterally define the institutional scope of the anthropo-aptitude component at this phase of the process. Consequently, with the information currently available, this Municipality is awaiting the institutional guidelines and criteria issued by the competent bodies, which will be considered in due course within the applicable legal and procedural framework. For this reason, once the information corresponding to your inquiry is available, we will communicate it through our official communication channels so that the population involved is informed and can assert their rights.”

Under this scenario, it is verified that the respondent authority complied with what was ordered by this Court, since it provided a response to point 6 of the claimed filing and the corresponding notification was made. Note that the appellant formulated the request in the following terms:

“6. Request for information: Based on international conventions and Executive Decree No. 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, I respectfully request that this honorable Council inform whether the Municipality of Matina has an official map delimiting the ancestral territory of the Afro-descendant population. These areas, protected at the international level, belong to the tribal Afro-Costa Rican population and, therefore, cannot be included or affected by any regulatory plan.”

From this perspective, it is worth noting that the respondent authority addressed the query made by the appellant, in the sense that he was informed of the reasons why they do not have the indicated documentation. For this reason, he was told that once they have it, it will be made known to the population through official communication channels. Now, bearing the above in mind, if the appellant is dissatisfied with the response received, this constitutes a sphere outside the competence of this jurisdiction, which is why he must raise what is appropriate before the respondent authority itself.

Consequently, the appropriate action is to dismiss the proceeding filed.

III.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The proceeding filed is dismissed.-

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.

Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document
-- Verification code --
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AZLPJPVQV8A61
EXPEDIENTE No. 25-020575-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:14:56.

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