Res. 12238-2026 Sala Constitucional — Municipality's failure to resolve environmental complaints in Dominical and DominicalitoFalta de respuesta municipal a denuncias ambientales en Playa Dominical y Dominicalito

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12238 - 2026

Fecha de la Resolución: 10 de Abril del 2026 a las 09:20

Expediente: 25-039634-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

DAÑO AMBIENTAL.

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

DENUNCIA.

Tema: PETICIÓN

Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

012238-26. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. PETICIÓN. ACUSA QUE HA PLANTEADO DENUNCIAS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES ILÍCITAS EN PLAYA DOMINICAL Y DOMINICALITO. SE DECLARA CON LUGAR  Y SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE OSA, EN EL PLAZO DE TRES MESES RESOLVER Y COMUNICAR FORMALMENTE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LOS PROBLEMAS DENUNCIADOS. VCG04/2026

“(…) V.- PRECEDENTE.-   En el presente asunto, esta Sala observa que los hechos reclamados por la tutelada ya habían sido objeto de conocimiento de esta Sala en el expediente nro. 25-014993-0007-CO. Al respecto, mediante la sentencia número 2025018948 de las 9:20 horas del 20 de junio de 2025, esta Sala dispuso lo siguiente:

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-014993-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.

Resultando:

1.- Por escrito agregado en la Secretaría de la Sala a las 17:24 horas del 26 de mayo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo. Señala que por medio de denuncia planteada en la municipalidad recurrida el 18 y 25 de febrero de 2025, acusó las violaciones al medio ambiente que se producen en Dominical y Dominicalito, denuncias que no han sido abordadas por los inspectores municipales ni por el alcalde, a quien se le solicitó intervenir directamente en protección de las zonas protegidas y del medio ambiente.

(…)

Considerando:

(…)

“IV.- CASO CONCRETO. En la especie, la recurrente reclama que las denuncias planteadas los días 18 y 25 ambos del mes de febrero de 2025 por las violaciones al medio ambiente que se producen en Playa Dominical y Dominicalito, no han sido abordadas por los inspectores municipales ni por el alcalde, a quien se le solicitó intervenir directamente en protección de las zonas protegidas.

De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en el presente asunto en relación con el informe rendido por la autoridad municipal recurrida, se tiene que, efectivamente en el 18 de febrero de 2025 la tutelada planteó la denuncia ambiental por actividades ilícitas en las playas de Dominical y Dominicalito. Reiteró la denuncia el 25 del mismo mes. Al respecto, del informe dado a esta Sala por parte de la autoridad recurrida, consta que la Municipalidad recurrida sí ha adoptado algunas distintas acciones en los meses de marzo, abril y mayo todos de 2025, con tal de atender la denuncia planteada por la tutelada y verificar actividades irregulares. En ese sentido, se desprende que el 11 de marzo en la zona costera indicada, la Municipalidad de Osa realizó una inspección en la que constata hay actividades ilícitas que afectan al ambiente en la zona afectada. Ahora bien, se desprende también que la tutelada ha sido convocada por la Municipalidad para atender su queja los días 10 y 14 de marzo de 2025, mas esta no se presentó pese haber sido debidamente convocada el 25 de febrero de 2025. Consta además que, el 21 de abril de 2025, a las 10:00 am, se atendió a la señora Aguilar en el departamento de ZMT de la Municipalidad de Osa, por el Licenciado Diego Arias Morales. En dicha reunión se sugiere proponer la creación de una comisión interinstitucional. El 28 de abril del 2025, a las 10:00 am la encargada de Patentes de la Municipalidad, funcionarios del Ministerio de Salud, el fiscal ambiental de Osa y la alcaldía Municipal, entre varios temas discutieron la posibilidad de crear una comisión interinstitucional para atender varios asuntos de Dominicalito y Dominical. Posteriormente, el 21 de mayo del 2025, mediante trámite de ingreso 812-2025, según lo acordado en la reunión con la recurrente, se recibe nota firmada por esta, en la que retoma la referencia de la audiencia del 21 de abril de 2025, y propone la creación de una comisión de recuperación de zona pública y patrimonio, proponiendo integrar la comisión por: la Municipalidad de Osa (Concejo Municipal, Alcalde, Dpto. Legal y Dpto. ZMT), el Área de conservación Osa (SINAC), la Fuerza Pública, la Fiscalía Ambiental de Osa y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por último, el 26 de mayo de 2025, por correo electrónico, se remite a la recurrente información y solicitud de anuencia en cuanto a los distintos entes involucrados para conformar una agenda común para dar respuesta a la solicitud planteada por Doña Estela (ver recorte del correo).

Del cuadro fáctico descrito, esta Sala estima que la Municipalidad de Osa recurrida, si bien no ha dado una solución al problema planteado por la recurrente, lo cierto es que sí ha dado seguimiento a la denuncia planteada el 18 de febrero de 2025. Desde tal fecha, ha realizado inspecciones, ha levantado informes y ha coordinado con las distintas autoridades, para conformar una comisión interinstitucional y lograr la recuperación de la zona pública y patrimonio, de lo cual ha mantenido informada a la tutelada. En cuanto a esta, pese a que fue llamada. en distintas ocasiones para presentarse ante la autoridad recurrida y aclarar los aspectos de su denuncia, los días 10 y 14 de marzo de 2025, no fue sino hasta el 21 de abril que se presentó a la Municipalidad recurrida y se puso al tanto de los avances de la estrategia para evitar que se den los actos denunciados de ventas ilícitas, aparcamiento de carros en zonas protegidas, entre otros.

Como consecuencia, al no haber acudido la tutelada a las citas a las que fue convocada en el mes de marzo de 2025, no ha pasado un tiempo irrazonable, y este proceso resulta prematuro. Sin embargo, se advierte a la Municipalidad de Osa recurrida su obligación de dar una solución oportuna a la denuncia planteada por la tutelada.

V.- Otras consideraciones. En relación con la denuncia que plantea la recurrente en escrito posterior, de 10 de junio de 2025, en cuanto pide: “se paralice tanta persecución en mi contra y de mi familia. Solo pedimos derechos constitucionales” se le aclara que tal pretensión va más allá de las competencias que le corresponden a este Tribunal Constitucional, en el tanto no es procedente en esta jurisdicción seguir un procedimiento que exceda la sumariedad que caracteriza al recurso de amparo para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que manifiesta le persiguen. Para ello puede plantear su queja ante la propia administración o bien puede acudir a la vía penal a plantear su reclamo. Así las cosas procede desestimar el recurso, como en efecto se dispone.

(…).

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la autoridad recurrida de la Municipalidad de Osa, de lo indicado en el último párrafo del Considerando III de esta sentencia. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.”

De la sentencia parcialmente transcrita destaca que esta Sala se pronunció declarando sin lugar el recurso por prematuro, y advirtió a la Municipalidad de Osa su obligación de dar una solución oportuna a la denuncia planteada por la tutelada.

VI.- DEL CASO PARTICULAR.  De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en el presente asunto, al 19 de marzo de 2026, que la autoridad recurrida presenta la ampliación del informe pedido por esta Sala, han pasados 9 meses después del dictado de la sentencia 2025018948 de las 9:20 horas del 20 de junio de 2025, relacionada con la misma denuncia planteada por la recurrente por presuntas actividades ilícitas en Playa Dominical y Dominicalito.

Después del dictado de la sentencia, consta que la autoridad recurrida ha realizado diversas actuaciones, tales como inspecciones de campo entre mayo de 2025 y febrero de 2026. Asimismo, se constata que, con ocasión de este proceso, cuya resolución de curso fue notificada a las autoridades recurridas, el 19 de enero de 2026;  los días 4 y 5 de marzo de 2026, se llevó a cabo una intervención en la zona pública de Playa Dominical, con apoyo de la Fuerza Pública, que incluyó el retiro voluntario de personas que realizaban actividades irregulares, el desmontaje de estructuras improvisadas, la colocación de rótulos informativos sobre prohibiciones en el uso del espacio público y labores de limpieza; actuaciones que se complementaron con verificaciones posteriores y operativos similares en otros sectores. Tales medidas evidencian una actuación material por parte de la Municipalidad orientada a la protección del ambiente y del dominio público. No obstante lo anterior, se tiene como hecho no demostrado que la denuncia planteada por la recurrente en febrero de 2025 haya sido formalmente resuelta y comunicada a esta.

Así las cosas, esta Sala concluye que si bien mediante la sentencia 2025018948 de las 9:20 horas del 20 de junio de 2025 citada, esta Sala desestimó el recurso por prematuro, lo cierto es que ha transcurrido un lapso considerable de más de un año, desde la interposición inicial de la denuncia de febrero de 2025, sin que conste una respuesta expresa, completa y debidamente notificada a la gestionante. Aun cuando las actuaciones recientes de la autoridad recurrida —muchas de ellas adoptadas con ocasión del presente recurso— resultan pertinentes y, en principio, eficaces para atender la problemática denunciada, no se desprende que constituya una solución definitiva al problema denunciado y además, esta Sala evidencia la ausencia de una comunicación formal a la recurrente sobre el estado y resultado de su gestión, lo que configura una vulneración al derecho de petición y pronta respuesta.

En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, a efectos de ordenar a la Municipalidad de Osa que, dentro del plazo que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia, resuelva y comunique de manera formal a la recurrente las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas en relación con la denuncia planteada, así como la solución definitiva a la situación denunciada en las zonas de Playa Dominical y Dominicalito. (…)”


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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una queja planteada ante la Municipalidad de Osa, por razones ambientales por actividades ilícitas en Playa Dominical y Dominicalito. Y, presuntamente no han sido resueltas en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG04/2026

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG04/2026

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

DAÑO AMBIENTAL.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia por actividades ilícitas en las playas Dominical y Dominicalito, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG04/2026

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, la Municipalidad del Cantón de Paraíso resuelva en forma definitiva el problema denunciado por la parte amparada en la gestión presentada el 07 de agosto de 2025, la cual afecta su propiedad ubicada en la Ciudadela Barrio La Laguna. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG04/2026

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Texto de la resolución

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Exp: 25-039634-0007-CO

Res. Nº 2026012238

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de abril de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-039634-0007-CO, interpuesto por, [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.

Resultando:

1.- Por escrito agregado en la Secretaría de la Sala a las horas del de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo. Señala que el 18 de febrero de 2025 planteó denuncia ambiental por actividades ilícitas en Playa Dominical y Dominicalito, la cual reiteró el 25 de febrero de 2025 ante la Municipalidad de Osa. Indica que, a pesar de los requerimientos realizados, no se han emitido respuestas certificadas, ni se ha ejecutado la audiencia pública correspondiente. Señala que fue convocada los días 10 y 14 de marzo de 2025, y finalmente se apersonó el 21 de abril de 2025 ante el Departamento ZMT y el Lic. Diego Arias Morales. Indica que propuso la creación de una comisión interinstitucional para la protección de zonas públicas y patrimonio, integrada por la Municipalidad de Osa, el Área de Conservación Osa (SINAC), Fuerza Pública, Fiscalía Ambiental de Osa y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Refiere que, aunque se han realizado algunas inspecciones y levantamientos de informes por parte de la Municipalidad, no se ha dado solución efectiva ni respuesta formal a su denuncia. (ver antecedente N° 25-014993-0007-CO). Pide se declare con lugar el recurso.

2.-Mediante resolución de las 8:51 horas del 19 de enero de 2026 se dio curso al proceso y se solicitó informe al Alcalde de la Municipal de Osa.

3.-Informa Mainor Anchia Angulo, en su condición de Alcalde de la Municipal de Osa. Expresa que: “… en relación con lo alegado por la recurrente respecto de las fechas 18 y 25 de febrero de 2025, esta municipalidad, mediante el oficio N.° AIZ-0017-2025, de fecha 10 de abril de 2025 (se adjunta documento), comunicó formalmente a la señora Aguilar Corella las actuaciones realizadas, informándole sobre las inspecciones efectuadas en el sector costero de Dominicalito, en atención a la denuncia planteada.

SEGUNDO: Con respecto a la audiencia a la cual fue convocada la recurrente, efectivamente el día 21 de abril del 2025 la señora Aguilar se presentó en esta municipalidad y donde sostuvo una reunión con el Lic. Diego Arias. En dicho encuentro se atendieron sus denuncias y sugerencias, y ella acudió acompañada por la señora Grace Jiménez Artavia y el señor Max Tatembach. Durante esta reunión, la señora Aguilar planteó la creación de una comisión interinstitucional con el fin de abordar integralmente las problemáticas expuestas desde todas sus aristas. Se sugirió que dicha comisión estuviera conformada por un representante de cada institución involucrada y una persona de la comunidad. Lo anterior, considerando que existen áreas donde la Municipalidad de Osa carece de competencia directa, ya sea por la aplicación de la Ley 6043, por las clasificaciones de Patrimonio Natural del Estado establecidas por el MINAE, o por tratarse de zonas ubicadas dentro del derecho de vía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Posteriormente, el día 26 de mayo del 2025 se dio trámite a la solicitud presentada por la señora Aguilar Corella, se remitió la información pertinente y se solicitó la anuencia de las instituciones involucradas para coordinar una agenda común que permitiera dar seguimiento a su solicitud. Como se evidencia en los puntos expuestos, la municipalidad ha venido atendiendo de manera continua las gestiones presentadas por la señora Aguilar Corella, tramitando sus solicitudes y avanzando en los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo la atención de posibles infracciones ya notificadas, siempre respetando el debido proceso. No obstante, a la fecha únicamente se ha recibido respuesta por parte de la Fiscalía de Protección de Osa. Pese a ello, esta municipalidad seguirá realizando gestiones orientadas a articular y sumar a la mayor cantidad de actores institucionales posibles, con el propósito de conformar una comisión interinstitucional que permita velar de manera efectiva por el resguardo, protección y adecuada gestión de las zonas costeras del cantón, evidenciando así el compromiso firme de la administración municipal con la tutela del interés público y el cumplimiento de sus deberes legales. TERCERO: Ahora bien, en relación con las actividades irregulares que se presentan en el sector de Dominical, se informa que la Municipalidad de Osa, por medio del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ha programado para el día 05 de febrero de 2026 la realización de una inspección integral en sitio, con el objetivo de verificar de manera exhaustiva la existencia de ocupaciones ilegales dentro de la Zona Marítimo Terrestre. Durante dicha diligencia se constatará la presencia de construcciones no autorizadas, actividades comerciales irregulares, ventas ilegales y cualquier otra forma de ocupación indebida del dominio público. Con fundamento en los hallazgos que se determinen, esta municipalidad procederá a ejecutar, de forma oportuna y conforme a derecho, las acciones administrativas y legales que resulten procedentes en estricto apego a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, incluyendo, de ser necesario, los procedimientos de desalojo, demolición y restauración correspondientes, garantizando así la protección efectiva de la franja costera y el cumplimiento de la normativa vigente. Todo lo anterior se llevará a cabo dentro del plazo establecido, previo al 14 de marzo de 2026, evidenciando una actuación diligente, planificada y comprometida con la tutela del interés público.

CUARTO: Que resulta necesario señalar que los hechos alegados por la parte recurrente no son novedosos, sino que corresponden sustancialmente a los mismos hechos, gestiones y pretensiones que ya fueron planteados y resueltos por la Sala Constitucional en el marco del expediente N.° 25-014993-0007-CO, promovido igualmente por la señora [Nombre 001] en contra de la Municipalidad de Osa. En dicho antecedente, la recurrente denunció presuntas omisiones de esta municipalidad relacionadas con actividades irregulares en la Zona Marítimo Terrestre de Dominical y Dominicalito, solicitando inspecciones, actuaciones administrativas, coordinación interinstitucional y la conformación de una comisión para la protección de las zonas costeras.

Tales hechos fueron debidamente analizados por ese Alto Tribunal, el cual tuvo por demostrado que la Municipalidad de Osa sí atendió la denuncia ambiental, realizó inspecciones en campo, levantó informes técnicos, convocó audiencias, sostuvo reuniones con la recurrente y coordinó acciones con diversas instituciones competentes, concluyendo que no existió inactividad administrativa ni violación a derechos fundamentales, razón por la cual el recurso fue declarado sin lugar mediante la sentencia N.° 2025018948. Ahora bien, en el presente recurso expediente N.° 25-039634-0007-CO la parte recurrente reitera los mismos señalamientos fácticos, alegando nuevamente supuestas omisiones municipales frente a ocupaciones ilegales, actividades comerciales irregulares y falta de acciones en la Zona Marítimo Terrestre de Dominical, sin aportar hechos nuevos, distintos o sobrevinientes que permitan diferenciar este proceso del ya resuelto por la Sala Constitucional.

En consecuencia, se evidencia que el objeto del presente recurso coincide plenamente con el ya examinado y resuelto en el expediente antes citado, lo que revela una reiteración improcedente de pretensiones constitucionales, pretendiendo reabrir un debate que ya fue zanjado por este Tribunal mediante resolución firme, en la cual se reconoció la actuación diligente y progresiva de la Municipalidad de Osa dentro de sus competencias legales. Piden se declare sin lugar el recurso.

4.- Mediante la resolución de las 15:46 horas del 12 de marzo de 2026 se pide a la autoridad recurrida detallar de manera clara,  precisa  y  documentada  las  actuaciones realizadas por la Municipalidad de Osa, posteriores a junio de 2025, en relación con la denuncia planteada por la señora [Nombre 001], así como acreditar la diligencia administrativa desplegada por esta corporación municipal.

5.- Informa Mainor Anchia Angulo   en su condición de                                                               Alcalde Municipal de Osa.   Expresa que: “Que  la  recurrente ha  formulado denuncias  vinculadas  con  el uso  indebido de  zonas  públicas en el cantón de Osa, especialmente en sectores costeros bajo administración municipal. Tales denuncias se relacionan con ocupaciones irregulares, instalación de vendedores informales y el desarrollo de actividades sin la debida autorización, circunstancias que, por su propia naturaleza, no solo involucran competencias municipales, sino también la intervención concurrente de otras autoridades públicas encargadas del orden público, la salud, la tutela ambiental y la persecución de eventuales conductas ilícitas, que la naturaleza de los  hechos denunciados impide una solución instantánea, unilateral o aislada por parte de la municipalidad,  siendo  que  la  recuperación de espacios públicos, especialmente en zonas costeras, exige planificación, presencia institucional, coordinación interadministrativa y ejecución gradual de medidas en distintos puntos del cantón. 

Por ello, la actuación municipal se ha orientado no a emitir respuestas aparentes o meramente formales, sino a desplegar acciones reales, materialmente idóneas y sostenidas, dirigidas a atender el problema denunciado dentro de las posibilidades operativas y del marco competencial correspondiente. 

Que es importante precisar que la obligación de esta municipalidad frente  a  una  denuncia como la planteada por la recurrente no puede entenderse, jurídicamente, como una obligación de resultado inmediato y absoluto, sino como una obligación de actuación diligente, razonable y efectiva dentro del ámbito de sus competencias.

Eso significa que la municipalidad está obligada a: 

1.  Recibir y valorar la denuncia.

2.  Coordinar con las dependencias e instituciones competentes.

3.  Ejecutar acciones administrativas y operativas razonables.

4.  Dar seguimiento al problema denunciado.

5.  Procurar soluciones progresivas y sostenibles.

 

Y precisamente eso  es  lo  que  se  ha  venido  haciendo  y además, señalar que la Administración no puede garantizar, de un solo acto, la erradicación definitiva e inmediata de todas las ocupaciones irregulares o ventas informales existentes en las distintas zonas costeras  del cantón, porque ello depende de múltiples factores operativos, presupuestarios, logísticos y de coordinación institucional. Lo que sí puede y debe hacer y eso es lo que aquí se acredita es  activar sus mecanismos de intervención y mantener un seguimiento real de la situación. ATENCIÓN DENUNCIA DE LA RECURRENTE AGUILAR CORELLA:

 

Que entre  las acciones se encuentra lo realizado en Playa Dominical los días 5 y 6 de marzo del presente año, donde se llevó a cabo el desalojo de vendedores informales instalados  en la zona pública, diligencia de la cual consta en el informe PZM-0071-2026 y que si bien es  cierto  estas  acciones  se  realizan  como  parte  del  cumplimiento  a  la  sentencia  de  la  Sala  Constitucional  expediente  25-026160-0007-CO, también forman parte de las acciones requeridas para atender las denuncias de la señora Aguilar Corella.  Que lo siguiente corresponde a una secuencia fotográfica que documenta de manera detallada las acciones señaladas en el oficio N.° PZM-0071-2026: (fotografías).

Asimismo,  deseo  comunicarle  que  el  día  12  de  marzo  de  2026  se celebró en las instalaciones de la municipalidad una reunión interinstitucional promovida por esta alcaldía con  la participación de funcionarios municipales, así como representantes del Ministerio de Salud,  Fuerza Pública, SINAC, OIJ y Ministerio Público, con el propósito de abordar de manera integral  problemáticas  como  las  planteadas  por  la  señora  Aguilar  Corella,  especialmente  aquellas  relacionadas con el uso indebido de zonas públicas y las afectaciones derivadas de actividades  irregulares. Esta instancia de coordinación interinstitucional, además de atender situaciones de carácter general en el cantón, también constituye una respuesta directa orientada a dar trámite y seguimiento a las inquietudes y denuncias formuladas por la recurrente Aguilar Corella.

Es relevante indicar que en el oficio AIZ-0017-2025 de fecha del día 10 de abril del 2025 se indica el resultado de la diligencias realizadas en el sector de Dominicalito, en las cuales de (sic) evidencio el uso irregular de las zona públicas de la ZMT, pero con motivo de la carga laboral  del departamento de la ZMT es complicado dar una continuidad de las diferentes situaciones  irregulares  que  se  presentan  en  dicho  sector  costero,  no  obstante,  se  tiene  programado  acciones para el día 8 de abril de 2026, en el marco de la estrategia integral de recuperación de  las zonas públicas del cantón.  

Que lo siguiente corresponde a una secuencia fotográfica que documenta de manera detallada las acciones señaladas en el oficio N.° AIZ-0017-2025, evidenciando su ejecución y desarrollo conforme a lo indicado. Según se desprende del oficio PZM-0076-2026, la señora Aguilar ha recibido atención

y seguimiento en reiteradas ocasiones, habiéndose gestionado oportunamente sus solicitudes y canalizado las acciones correspondientes dentro del marco de las competencias municipales.

Ese elemento es importante, porque revela que  la denuncia no  fue  ignorada ni archivada de  hecho, sino incorporada dentro del accionar administrativo de la institución.  

Esta afirmación no debe leerse como una frase defensiva vacía. Tiene una consecuencia jurídica clara: excluye la existencia de una inercia absoluta o de una negativa de atención. En otras palabras, aunque la recurrente estime insuficiente la respuesta recibida o considere que  las actuaciones debieron ser más rápidas o más intensas, ello no equivale automáticamente a afirmar que hubo omisión total. 

  Finalmente,  con  base  en  lo  anterior,  se  deja  constancia  de  que  la municipalidad  ha  brindado  seguimiento  continuo  a  los  planteamientos  de  la  recurrente  y  ha  ejecutado  o  gestionado  acciones  concretas  tanto de manera directa e  indirecta  como  además mediante  coordinación interinstitucional, siendo que estas intervenciones deben desarrollarse de forma  gradual, ajustadas a  las competencias  legales,  la disponibilidad de recursos y  las prioridades  establecidas para la atención integral de todas las zonas afectadas del cantón.

En conclusión, la Municipalidad  de  Osa  ha  actuado  dentro  del  marco  de  sus  competencias, cumpliendo con su deber de atención diligente frente a la denuncia interpuesta por la señora [Nombre 001].  

Asimismo, queda acreditado que la administración municipal  no  ha  incurrido  en  inactividad ni omisión absoluta, sino que ha implementado medidas reales, progresivas y razonables, orientadas a la recuperación del uso adecuado de las zonas públicas, particularmente en sectores costeros del cantón.  

Estas acciones, por su naturaleza compleja, requieren planificación, recursos y articulación con diversas instituciones, lo que justifica que sus resultados no sean inmediatos ni definitivos en un solo acto. 

En ese sentido, debe entenderse que la obligación municipal no es de resultado inmediato, sino de gestión diligente y continua, la cual ha sido debidamente cumplida, tal como se desprende de los informes, actuaciones y coordinaciones realizadas. Por tanto, no se configura una vulneración a derechos fundamentales atribuible a una falta de actuación por parte de la municipalidad, sino que, por el contrario,  se evidencia un  ejercicio responsable de la función administrativa, ajustado a los principios de legalidad, razonabilidad y eficacia en la gestión pública. ”

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una queja planteada ante la Municipalidad de Osa, por razones ambientales por actividades ilícitas en Playa Dominical y Dominicalito. Y, presuntamente no han sido resueltas en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

 

II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente expone que el 18 y 25 de febrero de 2025 planteó denuncia ambiental por actividades ilícitas en Playa Dominical y Dominicalito, la que no ha sido abordada por la autoridad municipal, a quien se le solicitó intervenir directamente en protección de las zonas protegidas y del medio ambiente. Indica que, a pesar de los requerimientos realizados, no se han emitido respuestas certificadas, ni se ha ejecutado la audiencia pública correspondiente. Señala que fue convocada los días 10 y 14 de marzo de 2025, y finalmente se apersonó el 21 de abril de 2025 ante el Departamento ZMT. Indica que propuso la creación de una comisión interinstitucional para la protección de zonas públicas y patrimonio, y, aunque se han realizado algunas inspecciones y levantamientos de informes por parte de la Municipalidad, no se ha dado solución efectiva ni respuesta formal a su denuncia. Pide se declare con lugar el recurso.

III.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)    El 18 de febrero de 2025, la recurrente planteó denuncia ambiental por actividades ilícitas en Playa Dominical y Dominicalito, la cual reiteró el 25 de febrero de 2025 ante la Municipalidad de Osa (hecho no controvertido).

b)    El 25 de febrero de 2025, la Municipalidad de Osa informa a la dirección electrónica de la tutelada fecha y hora para tratar el tema de la denuncia ambiental en Dominical y Dominicalito. Se le convoca formalmente a reunión con el jefe de la Zona Marítimo Terrestre el 10 de marzo a las 10:00 am en la sala de la Municipalidad de Osa, prorrogable al 14 del mismo mes (ver informe prueba).

c)     El 25 de febrero de 2025, la recurrente reitera lo denunciando ante la autoridad recurrida (ver informe).

d)    El 11 de marzo de 2025, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de la Municipalidad de Osa atiende la denuncia por falta protección de las zonas protegidas y el medio ambiente y realiza una inspección de campo para verificar actividades irregulares, generando oficio AIZ-0017-2025 de 10 de abril de 2025. En este se detectan anomalías por lo que se recomienda una visita al sitio en compañía de la Municipalidad de Patentes, Gestión Ambiental y otras instituciones como SINAC-ACOSA, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Policía Turística, con el fin de realizar un trabajo conjunto que elimine las

actividades ilícitas en el sector de Playa Dominicalito (ver informe y prueba en expediente 25-014993-0007-CO). 

e)     Según registros, consta que la tutelada en ambos días (10 y 14 de marzo de 2025) no se presentó a las audiencias señaladas por la Municipalidad (ver informe y prueba en expediente 25-014993-0007-CO).

f)      El 11 de marzo la Municipalidad de Osa vuelve a enviar correo a la Señora Estela Aguilar, otorgando audiencia para el día 7 de abril, a las 10:00 am en la Municipalidad (ver informe y prueba en expediente 25-014993-0007-CO).

g)    El 14 de marzo de 2025, la recurrente vía telefónica, justifica no asistir el día 14 de marzo, ya que ese día ella asiste a una feria en Dominical, como parte de la organización, por lo que no podría asistir a la Municipalidad, continuando por parte de la Municipalidad la coordinación de la reunión vía telefónica (ver informe en expediente 25-014993-0007-CO).

h)    Según registros de la Municipalidad de Osa, no consta que la tutelada haya atendido la audiencia

conferida en la fecha a la que fue convocada (ver informe en expediente 25-014993-0007-CO).

i)      El 21 de abril de 2025, a las 10:00 am, en seguimiento a las audiencias solicitadas, se recibe a la señora Aguilar en el departamento de ZMT de la Municipalidad de Osa, por el Licenciado Diego Arias Morales, quien se presentó en compañía de la señora Grace Jiménez Artavia y el señor Max Tatembach. En dicha reunión se sugiere proponer la creación de una comisión interinstitucional para atender y abarcar los temas desde todas las aristas, proponiendo por parte de la administración municipal la participación de 1 persona por institución y 1 persona por la Comunidad, ya que existen sectores donde la Municipalidad de Osa no posee competencia por aplicación de ley 6043, por las clasificaciones del Patrimonio Natural del Estado según MINAE y por las zonas dentro del derecho de vía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) (ver informe y prueba en expediente 25-014993-0007-CO).

j)      El 28 de abril del 2025, a las 10:00 am la encargada de Patentes de la Municipalidad, funcionarios del Ministerio de Salud, el fiscal ambiental de Osa y la alcaldía Municipal, entre varios temas discutieron la posibilidad de crear una comisión interinstitucional para atender varios asuntos de Dominicalito y Dominical (ver informe en expediente 25-014993-0007-CO).

k)    El 21 de mayo del 2025, mediante trámite de ingreso 812-2025, en

solicitud de correspondencia y según lo acordado en la reunión con la recurrente, la Municipalidad recurrida recibe nota firmada por esta, en la que retoma la referencia de la audiencia del 21 de abril de 2025, y propone la creación de una comisión de recuperación de zona pública y patrimonio, proponiendo integrar la comisión por: la Municipalidad de Osa (Concejo Municipal, Alcalde, Dpto. Legal y Dpto. ZMT), el Área de conservación Osa (SINAC), la Fuerza Pública, la Fiscalía Ambiental de Osa y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (ver informe en expediente 25-014993-0007-CO).

l)      El 26 de mayo de 2025, por correo electrónico, se da trámite a la

correspondencia de la amparada Aguilar Corella, y se remite

información y solicitud de anuencia a los distintos entes involucrados para conformar una agenda común para dar respuesta a la solicitud planteada por Doña Estela (ver recorte del correo en expediente 25-014993-0007-CO).

m)  El 20 de febrero de 2026, personal municipal realizó una inspección de campo en la zona pública de Playa Dominical, en el distrito de Bahía Ballena, con el propósito de levantar un inventario detallado y analizar la situación en la que se encontraba dicho sector. A partir de  esta inspección se elaboró el oficio AIZ-0014-2026, donde se  Alcalde, Dpto. Legal y Dpto. ZMT), el Área de conservación Osa

(SINAC), la Fuerza Pública, la Fiscalía Ambiental de Osa y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (ver informe y prueba).

n)    Los días 4 y 5 de marzo de 2026, en la zona pública de Playa Dominical, en el distrito de Bahía Ballena, se realizó la intervención a cargo del personal municipal, con el apoyo de cuatro funcionarios de Fuerza Pública, quienes participaron como equipo de seguridad y protección para garantizar la integridad de todas las personas involucradas. Como resultado de la intervención, las personas presentes en la zona pública procedieron a retirarse voluntariamente y  a  recoger  los  materiales  utilizados  para  sus  actividades  comerciales.  Paralelamente, el personal municipal desmontó estructuras improvisadas, principalmente amarres con mecates y estructuras tipo rancho elaboradas con bambú y madera. Estos elementos fueron cortados y retirados para liberar completamente el espacio público, conforme a lo establecido en la normativa.  Con  estas  acciones,  la  zona de playa quedó nuevamente despejada de ocupaciones irregulares (ver informe y prueba).

o)    Los días 4 y 5 de marzo de 2026 como medida preventiva y de   información al público, se instalaron 19 rótulos informativos a lo largo de aproximadamente 300 metros lineales de playa. La señalización comunica: • La prohibición de realizar actividades comerciales en la zona pública de playa.  •  La prohibición de ocupar el área con estructuras o puestos de venta.  Los rótulos fueron fijados utilizando palmeras y árboles del sitio, lo que permitió asegurar su adecuada visibilidad a lo largo del sector intervenido. El modelo del rótulo se adjunta en la sección de anexos (ver informe y prueba).

p)    El 5 de marzo de 2026, el inspector de Zona Marítimo Terrestre Jeffry Ruiz González efectuó una visita de verificación en el área intervenida. En esta ocasión también participó personal de limpieza de sitios públicos de la Municipalidad de Osa, quienes recolectaron y retiraron los residuos y materiales resultantes del desmonte, utilizando el vehículo placa SM8212.  Durante el recorrido se confirmó que no había vendedores ilegales en el sitio ni señales de reinstalación de estructuras o puestos de venta (ver informe y prueba).

q)    Los días 5 y 6 de marzo del 2026, la Municipalidad de Osa llevó a cabo el desalojo de vendedores informales instalados en la zona pública, en el sector Dominical, diligencia de la cual consta el o informe PZM-0071-2026, como parte del cumplimiento a la sentencia de la Sala Constitucional    expediente 25-026160-0007-CO, y forma parte de las acciones requeridas para atender las denuncias planteadas por la recurrente Aguilar (ver informe y prueba).

r)      El 16 de marzo de 2026, la Municipalidad de Osa recurrida efectuó intervenciones similares en Playa Ventanas, donde la Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Departamento de Patentes notificaron a los vendedores irregulares que operaban sin la debida autorización en el área pública, diligencia de la cual consta el o informe PZM-0079-2026 (ver informe y prueba).

s)     El 12 de marzo de 2026 se celebró en las instalaciones de la Municipalidad una reunión interinstitucional promovida por la Alcaldía Municipal (ver informe y prueba).

 

IV.- HECHO NO DEMOSTRADO: No se tiene por demostrado el siguiente hecho de importancia para la resolución del presente asunto:

Único: Que el problema ambiental denunciado por la recurrente haya sido resuelto de manera definitiva, así como  respondido a la recurrente.

 

V.- PRECEDENTE.-   En el presente asunto, esta Sala observa que los hechos reclamados por la tutelada ya habían sido objeto de conocimiento de esta Sala en el expediente nro. 25-014993-0007-CO. Al respecto, mediante la sentencia número 2025018948 de las 9:20 horas del 20 de junio de 2025, esta Sala dispuso lo siguiente:

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-014993-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.

Resultando:

1.- Por escrito agregado en la Secretaría de la Sala a las 17:24 horas del 26 de mayo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo. Señala que por medio de denuncia planteada en la municipalidad recurrida el 18 y 25 de febrero de 2025, acusó las violaciones al medio ambiente que se producen en Dominical y Dominicalito, denuncias que no han sido abordadas por los inspectores municipales ni por el alcalde, a quien se le solicitó intervenir directamente en protección de las zonas protegidas y del medio ambiente.

(…)

Considerando:

(…)

“IV.- CASO CONCRETO. En la especie, la recurrente reclama que las denuncias planteadas los días 18 y 25 ambos del mes de febrero de 2025 por las violaciones al medio ambiente que se producen en Playa Dominical y Dominicalito, no han sido abordadas por los inspectores municipales ni por el alcalde, a quien se le solicitó intervenir directamente en protección de las zonas protegidas.

De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en el presente asunto en relación con el informe rendido por la autoridad municipal recurrida, se tiene que, efectivamente en el 18 de febrero de 2025 la tutelada planteó la denuncia ambiental por actividades ilícitas en las playas de Dominical y Dominicalito. Reiteró la denuncia el 25 del mismo mes. Al respecto, del informe dado a esta Sala por parte de la autoridad recurrida, consta que la Municipalidad recurrida sí ha adoptado algunas distintas acciones en los meses de marzo, abril y mayo todos de 2025, con tal de atender la denuncia planteada por la tutelada y verificar actividades irregulares. En ese sentido, se desprende que el 11 de marzo en la zona costera indicada, la Municipalidad de Osa realizó una inspección en la que constata hay actividades ilícitas que afectan al ambiente en la zona afectada. Ahora bien, se desprende también que la tutelada ha sido convocada por la Municipalidad para atender su queja los días 10 y 14 de marzo de 2025, mas esta no se presentó pese haber sido debidamente convocada el 25 de febrero de 2025. Consta además que, el 21 de abril de 2025, a las 10:00 am, se atendió a la señora Aguilar en el departamento de ZMT de la Municipalidad de Osa, por el Licenciado Diego Arias Morales. En dicha reunión se sugiere proponer la creación de una comisión interinstitucional. El 28 de abril del 2025, a las 10:00 am la encargada de Patentes de la Municipalidad, funcionarios del Ministerio de Salud, el fiscal ambiental de Osa y la alcaldía Municipal, entre varios temas discutieron la posibilidad de crear una comisión interinstitucional para atender varios asuntos de Dominicalito y Dominical. Posteriormente, el 21 de mayo del 2025, mediante trámite de ingreso 812-2025, según lo acordado en la reunión con la recurrente, se recibe nota firmada por esta, en la que retoma la referencia de la audiencia del 21 de abril de 2025, y propone la creación de una comisión de recuperación de zona pública y patrimonio, proponiendo integrar la comisión por: la Municipalidad de Osa (Concejo Municipal, Alcalde, Dpto. Legal y Dpto. ZMT), el Área de conservación Osa (SINAC), la Fuerza Pública, la Fiscalía Ambiental de Osa y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por último, el 26 de mayo de 2025, por correo electrónico, se remite a la recurrente información y solicitud de anuencia en cuanto a los distintos entes involucrados para conformar una agenda común para dar respuesta a la solicitud planteada por Doña Estela (ver recorte del correo).

Del cuadro fáctico descrito, esta Sala estima que la Municipalidad de Osa recurrida, si bien no ha dado una solución al problema planteado por la recurrente, lo cierto es que sí ha dado seguimiento a la denuncia planteada el 18 de febrero de 2025. Desde tal fecha, ha realizado inspecciones, ha levantado informes y ha coordinado con las distintas autoridades, para conformar una comisión interinstitucional y lograr la recuperación de la zona pública y patrimonio, de lo cual ha mantenido informada a la tutelada. En cuanto a esta, pese a que fue llamada. en distintas ocasiones para presentarse ante la autoridad recurrida y aclarar los aspectos de su denuncia, los días 10 y 14 de marzo de 2025, no fue sino hasta el 21 de abril que se presentó a la Municipalidad recurrida y se puso al tanto de los avances de la estrategia para evitar que se den los actos denunciados de ventas ilícitas, aparcamiento de carros en zonas protegidas, entre otros.

Como consecuencia, al no haber acudido la tutelada a las citas a las que fue convocada en el mes de marzo de 2025, no ha pasado un tiempo irrazonable, y este proceso resulta prematuro. Sin embargo, se advierte a la Municipalidad de Osa recurrida su obligación de dar una solución oportuna a la denuncia planteada por la tutelada.

V.- Otras consideraciones. En relación con la denuncia que plantea la recurrente en escrito posterior, de 10 de junio de 2025, en cuanto pide: “se paralice tanta persecución en mi contra y de mi familia. Solo pedimos derechos constitucionales” se le aclara que tal pretensión va más allá de las competencias que le corresponden a este Tribunal Constitucional, en el tanto no es procedente en esta jurisdicción seguir un procedimiento que exceda la sumariedad que caracteriza al recurso de amparo para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que manifiesta le persiguen. Para ello puede plantear su queja ante la propia administración o bien puede acudir a la vía penal a plantear su reclamo. Así las cosas procede desestimar el recurso, como en efecto se dispone.

(…).

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la autoridad recurrida de la Municipalidad de Osa, de lo indicado en el último párrafo del Considerando III de esta sentencia. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.”

 

De la sentencia parcialmente transcrita destaca que esta Sala se pronunció declarando sin lugar el recurso por prematuro, y advirtió a la Municipalidad de Osa su obligación de dar una solución oportuna a la denuncia planteada por la tutelada.

VI.- DEL CASO PARTICULAR.  De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en el presente asunto, al 19 de marzo de 2026, que la autoridad recurrida presenta la ampliación del informe pedido por esta Sala, han pasados 9 meses después del dictado de la sentencia 2025018948 de las 9:20 horas del 20 de junio de 2025, relacionada con la misma denuncia planteada por la recurrente por presuntas actividades ilícitas en Playa Dominical y Dominicalito.

Después del dictado de la sentencia, consta que la autoridad recurrida ha realizado diversas actuaciones, tales como inspecciones de campo entre mayo de 2025 y febrero de 2026. Asimismo, se constata que, con ocasión de este proceso, cuya resolución de curso fue notificada a las autoridades recurridas, el 19 de enero de 2026;  los días 4 y 5 de marzo de 2026, se llevó a cabo una intervención en la zona pública de Playa Dominical, con apoyo de la Fuerza Pública, que incluyó el retiro voluntario de personas que realizaban actividades irregulares, el desmontaje de estructuras improvisadas, la colocación de rótulos informativos sobre prohibiciones en el uso del espacio público y labores de limpieza; actuaciones que se complementaron con verificaciones posteriores y operativos similares en otros sectores. Tales medidas evidencian una actuación material por parte de la Municipalidad orientada a la protección del ambiente y del dominio público. No obstante lo anterior, se tiene como hecho no demostrado que la denuncia planteada por la recurrente en febrero de 2025 haya sido formalmente resuelta y comunicada a esta.

Así las cosas, esta Sala concluye que si bien mediante la sentencia 2025018948 de las 9:20 horas del 20 de junio de 2025 citada, esta Sala desestimó el recurso por prematuro, lo cierto es que ha transcurrido un lapso considerable de más de un año, desde la interposición inicial de la denuncia de febrero de 2025, sin que conste una respuesta expresa, completa y debidamente notificada a la gestionante. Aun cuando las actuaciones recientes de la autoridad recurrida —muchas de ellas adoptadas con ocasión del presente recurso— resultan pertinentes y, en principio, eficaces para atender la problemática denunciada, no se desprende que constituya una solución definitiva al problema denunciado y además, esta Sala evidencia la ausencia de una comunicación formal a la recurrente sobre el estado y resultado de su gestión, lo que configura una vulneración al derecho de petición y pronta respuesta.

En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, a efectos de ordenar a la Municipalidad de Osa que, dentro del plazo que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia, resuelva y comunique de manera formal a la recurrente las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas en relación con la denuncia planteada, así como la solución definitiva a la situación denunciada en las zonas de Playa Dominical y Dominicalito.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia por actividades ilícitas en las playas Dominical y Dominicalito, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

 

 

IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, la Municipalidad del Cantón de Paraíso resuelva en forma definitiva el problema denunciado por la parte amparada en la gestión presentada el 07 de agosto de 2025, la cual afecta su propiedad ubicada en la Ciudadela Barrio La Laguna. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. 

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

 

POR TANTO:

 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mainor Anchia Angulo   en su condición de Alcalde Municipal de Osa o a quien en su lugar ejerza el cargo, dentro del ámbito de sus competencias adoptar las medidas para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a resolver y comunicar formalmente a la tutelada la solución definitiva a los problemas denunciados los días 18 y 25 de febrero de 2025. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.  El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto respecto a la ejecución de la orden impartida en la parte dispositiva de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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 DBP16KFHN8U61

EXPEDIENTE N° 25-039634-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 19:59:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande  
Normal  
Pequeña  

Constitutional Chamber  

Resolution No. 12238 - 2026  

Resolution Date: April 10, 2026, at 09:20  

Case File: 25-039634-0007-CO  

Drafted by: Fernando Cruz Castro  

Type of Matter: Amparo remedy  

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  



Judgment with Dissenting Vote  

Judgment with Separate Note  

Relevance Indicators  

Relevant Judgment  

Judgment with protected data, in accordance with current regulations  



Content of Interest:  

Strategic Topics: Environment, Economic Social Cultural and Environmental Rights  

Content Type: Majority vote  

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS  

Topic: ENVIRONMENT  

Subtopics:  

ENVIRONMENTAL DAMAGE.  

Topic: MUNICIPALITY  

Subtopics:  

COMPLAINT.  

Topic: PETITION  

Subtopics:  

LACK OF RESPONSE.  

012238-26. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. PETITION. ACCUSES THAT SHE HAS FILED ENVIRONMENTAL COMPLAINTS FOR ILLICIT ACTIVITIES IN PLAYA DOMINICAL AND DOMINICALITO. THE REMEDY IS GRANTED AND THE MUNICIPALITY OF OSA IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, TO RESOLVE AND FORMALLY COMMUNICATE THE DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEMS DENOUNCED. VCG04/2026  

“(…) V.- PRECEDENT.- In the present matter, this Chamber observes that the facts claimed by the protected party had already been the subject of this Chamber's knowledge in case file no. 25-014993-0007-CO. In that regard, by means of judgment number 2025018948 of 9:20 hours on June 20, 2025, this Chamber ordered the following:  

Amparo remedy processed in case file no. 25-014993-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF OSA.  

Resultando:  

1.- By brief added to the Chamber's Secretariat at 17:24 hours on May 26, 2025, the petitioner files an amparo remedy. She indicates that by means of a complaint filed with the respondent municipality on February 18 and 25, 2025, she reported violations of the environment occurring in Dominical and Dominicalito, complaints that have not been addressed by the municipal inspectors or by the mayor, who was asked to intervene directly in protection of the protected areas and the environment.  

(…)  

Considerando:  

(…)  

“IV.- SPECIFIC CASE. In this case, the petitioner claims that the complaints filed on the 18th and 25th of February 2025 regarding violations of the environment occurring in Playa Dominical and Dominicalito have not been addressed by the municipal inspectors or by the mayor, who was asked to intervene directly in protection of the protected areas.  

From the facts that are deemed duly proven in this matter in relation to the report provided by the respondent municipal authority, it is established that, indeed, on February 18, 2025, the protected party filed the environmental complaint for illicit activities on the beaches of Dominical and Dominicalito. She reiterated the complaint on the 25th of the same month. In this regard, from the report given to this Chamber by the respondent authority, it is recorded that the respondent Municipality has indeed adopted some distinct actions in the months of March, April, and May of 2025, in order to address the complaint filed by the protected party and verify irregular activities. In that sense, it is evident that on March 11 in the indicated coastal zone, the Municipality of Osa conducted an inspection in which it verified there are illicit activities that affect the environment in the affected zone. Now, it is also evident that the protected party was summoned by the Municipality to address her complaint on March 10 and 14, 2025, but she did not appear despite having been duly summoned on February 25, 2025. It is also recorded that, on April 21, 2025, at 10:00 a.m., Ms. Aguilar was attended to in the ZMT department of the Municipality of Osa, by Licentiate Diego Arias Morales. In said meeting, it was suggested to propose the creation of an inter-institutional commission. On April 28, 2025, at 10:00 a.m., the person in charge of Patents of the Municipality, officials from the Ministry of Health, the environmental prosecutor of Osa, and the Municipal Mayor's Office, among various topics, discussed the possibility of creating an inter-institutional commission to address several matters in Dominicalito and Dominical. Subsequently, on May 21, 2025, through entry procedure 812-2025, as agreed in the meeting with the petitioner, a note signed by her was received, in which she returns to the reference of the hearing of April 21, 2025, and proposes the creation of a commission for the recovery of the public zone and patrimony, proposing that the commission be composed of: the Municipality of Osa (Municipal Council, Mayor, Legal Dept., and ZMT Dept.), the Osa Conservation Area (SINAC), the Fuerza Pública, the Environmental Prosecutor's Office of Osa, and the Ministry of Public Works and Transport. Finally, on May 26, 2025, by email, information and a request for consent were sent to the petitioner regarding the different entities involved to form a common agenda to respond to the request made by Doña Estela (see email excerpt).  

From the described factual picture, this Chamber deems that the respondent Municipality of Osa, although it has not provided a solution to the problem raised by the petitioner, the truth is that it has followed up on the complaint filed on February 18, 2025. Since that date, it has conducted inspections, prepared reports, and coordinated with various authorities to form an inter-institutional commission and achieve the recovery of the public zone and patrimony, about which it has kept the protected party informed. Regarding the latter, despite being called on different occasions to appear before the respondent authority and clarify the aspects of her complaint, on March 10 and 14, 2025, it was not until April 21 that she appeared before the respondent Municipality and was informed of the progress of the strategy to prevent the denounced acts of illicit sales, parking of cars in protected areas, among others.  

As a consequence, since the protected party did not attend the appointments to which she was summoned in March 2025, an unreasonable amount of time has not passed, and this process is premature. However, the respondent Municipality of Osa is warned of its obligation to provide a timely solution to the complaint filed by the protected party.  

V.- Other considerations. In relation to the complaint made by the petitioner in a subsequent brief, dated June 10, 2025, wherein she requests: “so much persecution against me and my family be stopped. We only ask for constitutional rights,” it is clarified that such a claim goes beyond the competencies that correspond to this Constitutional Court, insofar as it is not appropriate in this jurisdiction to follow a procedure that exceeds the summary nature that characterizes the amparo remedy to determine the eventual responsibilities of the officials she claims are persecuting her. For this, she may file her complaint before the administration itself or she may resort to the criminal jurisdiction to file her claim. Thus, it is appropriate to dismiss the remedy, as is hereby ordered.  

(…).  

POR TANTO:  

The remedy is declared without merit. The respondent authority of the Municipality of Osa is to take note of what is indicated in the last paragraph of Considerando III of this judgment. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records different reasons, deeming that it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Let it be notified.”  

From the partially transcribed judgment, it is highlighted that this Chamber ruled, declaring the remedy without merit for being premature, and warned the Municipality of Osa of its obligation to provide a timely solution to the complaint filed by the protected party.  

VI.- OF THE SPECIFIC CASE. From the facts that are deemed duly proven in this matter, as of March 19, 2026, when the respondent authority submitted the amplification of the report requested by this Chamber, 9 months have passed since the issuance of judgment 2025018948 of 9:20 hours on June 20, 2025, related to the same complaint filed by the petitioner for alleged illicit activities in Playa Dominical and Dominicalito.  

After the issuance of the judgment, it is recorded that the respondent authority has carried out various actions, such as field inspections between May 2025 and February 2026. Likewise, it is verified that, on the occasion of this process, whose admission resolution was notified to the respondent authorities on January 19, 2026; on March 4 and 5, 2026, an intervention was carried out in the public zone of Playa Dominical, with support from the Fuerza Pública, which included the voluntary withdrawal of persons conducting irregular activities, the dismantling of improvised structures, the placement of informational signs about prohibitions on the use of public space, and cleaning tasks; actions that were complemented with subsequent verifications and similar operations in other sectors. Such measures demonstrate material action by the Municipality aimed at protecting the environment and the public domain. Notwithstanding the foregoing, it is deemed an unproven fact that the complaint filed by the petitioner in February 2025 has been formally resolved and communicated to her.  

Thus, this Chamber concludes that although through the cited judgment 2025018948 of 9:20 hours on June 20, 2025, this Chamber dismissed the remedy as premature, the truth is that a considerable period of more than one year has elapsed since the initial filing of the complaint in February 2025, without an express, complete, and duly notified response to the petitioner being recorded. Even though the recent actions of the respondent authority—many of them adopted on the occasion of this remedy—are pertinent and, in principle, effective for addressing the denounced problem, it is not apparent that they constitute a definitive solution to the denounced problem, and furthermore, this Chamber evidences the absence of a formal communication to the petitioner on the status and result of her petition, which constitutes a violation of the right to petition and prompt response.  

Consequently, it is appropriate to grant the remedy, for the purpose of ordering the Municipality of Osa to, within the period indicated in the operative part of this judgment, resolve and formally communicate to the petitioner the actions taken and the measures adopted in relation to the complaint filed, as well as the definitive solution to the situation denounced in the areas of Playa Dominical and Dominicalito. (…)”  


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Related Judgments  
Content of Interest:  

Content Type: Majority vote  

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE  

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice  

Subtopics:  

NOT APPLICABLE.  

ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION  

“(…) I.- Preliminary question. Prior to analyzing the merits of the matter regarding the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario is raised, as we are faced with a complaint filed before the Municipality of Osa, for environmental reasons due to illicit activities in Playa Dominical and Dominicalito. And, they have allegedly not been resolved within a reasonable period. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” VCG04/2026  

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Content of Interest:  

Content Type: Separate note  

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE  

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice  

Subtopics:  

NOT APPLICABLE.  

VII.- NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.  

VCG04/2026  

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Content of Interest:  

Content Type: Separate note  

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS  

Topic: ENVIRONMENT  

Subtopics:  

ENVIRONMENTAL DAMAGE.  

VIII.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner filed a complaint for illegal activities on Dominical and Dominicalito beaches, which involves the right to a healthy environment and the right to health, which the petitioner alleges has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.  

VCG04/2026  

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Content of Interest:  

Content Type: Dissenting vote  

Branch of Law: 6. ANNOTATED LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION WITH JURISPRUDENCE  

Topic: 056- Enforcement of judgments  

Subtopics:  

NOT APPLICABLE.  

IX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the remedy should be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here so that within a period of six months, counted from the notification of this judgment, the Municipality of the Canton of Paraíso definitively resolve the problem denounced by the protected party in the petition filed on August 7, 2025, which affects her property located in Ciudadela Barrio La Laguna. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding enforcement (Article 155 et seq.) have obvious advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring compliance stages, etc. For this reason, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment enforcement rules of said Code.  

VCG04/2026  

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Text of the resolution  

  

Exp: 25-039634-0007-CO  

Res. Nº 2026012238  

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the tenth of April of two thousand twenty-six.  

 Amparo remedy processed in case file no. 25-039634-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF OSA.  

Resultando:  

1.- By brief added to the Secretariat of the Chamber at hours on of 2024, the petitioner files an amparo remedy. She indicates that on February 18, 2025, she filed an environmental complaint for illegal activities in Playa Dominical and Dominicalito, which she reiterated on February 25, 2025, before the Municipality of Osa. She indicates that, despite the requests made, no certified responses have been issued, nor has the corresponding public hearing been held. She indicates that she was summoned on March 10 and 14, 2025, and finally appeared on April 21, 2025, before the ZMT Department and Lic. Diego Arias Morales. She indicates that she proposed the creation of an inter-institutional commission for the protection of public zones and patrimony, composed of the Municipality of Osa, the Osa Conservation Area (SINAC), Fuerza Pública, the Environmental Prosecutor's Office of Osa, and the Ministry of Public Works and Transport. She states that, although some inspections and report preparations have been carried out by the Municipality, no effective solution or formal response to her complaint has been provided. (see background No. 25-014993-0007-CO). She requests that the remedy be granted.  

2.- By resolution of 8:51 hours on January 19, 2026, the process was admitted and a report was requested from the Mayor of the Municipality of Osa.  

3.- Mainor Anchia Angulo reports, in his capacity as Mayor of the Municipality of Osa. He states that: “… in relation to what was alleged by the petitioner regarding the dates of February 18 and 25, 2025, this municipality, through official letter No. AIZ-0017-2025, dated April 10, 2025 (document attached), formally communicated to Ms. Aguilar Corella the actions taken, informing her about the inspections carried out in the coastal sector of Dominicalito, in response to the complaint filed.  

SECOND: With respect to the hearing to which the petitioner was summoned, indeed on April 21, 2025, Ms. Aguilar appeared at this municipality and held a meeting with Lic. Diego Arias. In said meeting, her complaints and suggestions were addressed, and she attended accompanied by Ms. Grace Jiménez Artavia and Mr. Max Tatembach. During this meeting, Ms. Aguilar proposed the creation of an inter-institutional commission in order to comprehensively address the problems raised from all their angles. It was suggested that said commission be composed of a representative from each institution involved and a person from the community. The foregoing, considering that there are areas where the Municipality of Osa lacks direct competence, either due to the application of Law 6043, the classifications of State Natural Heritage established by MINAE, or because they are areas located within the right-of-way of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT).  

Subsequently, on May 26, 2025, the request submitted by Ms. Aguilar Corella was processed, the pertinent information was sent, and the consent of the institutions involved was requested to coordinate a common agenda that would allow follow-up to her request. As evidenced in the points raised, the municipality has been continuously attending to the petitions filed by Ms. Aguilar Corella, processing her requests and advancing in the corresponding administrative procedures, including addressing possible infractions already notified, always respecting due process. However, to date, a response has only been received from the Protection Prosecutor's Office of Osa. Despite this, this municipality will continue to carry out efforts aimed at articulating and adding as many institutional actors as possible, with the purpose of forming an inter-institutional commission that allows for the effective safeguarding, protection, and adequate management of the coastal zones of the canton, thus evidencing the firm commitment of the municipal administration to the protection of the public interest and the fulfillment of its legal duties. THIRD: Now, in relation to the irregular activities occurring in the Dominical sector, it is reported that the Municipality of Osa, through the Maritime-Terrestrial Zone Department, has scheduled for February 5, 2026, an integral on-site inspection, with the objective of exhaustively verifying the existence of illegal occupations within the Maritime-Terrestrial Zone. During said diligence, the presence of unauthorized constructions, irregular commercial activities, illegal sales, and any other form of undue occupation of the public domain will be verified. Based on the findings determined, this municipality will proceed to execute, in a timely manner and in accordance with the law, the administrative and legal actions that are appropriate in strict adherence to Law No. 6043 on the Maritime-Terrestrial Zone, including, if necessary, the corresponding eviction, demolition, and restoration procedures, thus guaranteeing the effective protection of the coastal strip and compliance with current regulations. All of the above will be carried out within the established period, prior to March 14, 2026, evidencing diligent, planned, and committed action with the protection of the public interest.  

FOURTH: It is necessary to point out that the facts alleged by the petitioner are not novel, but substantially correspond to the same facts, petitions, and claims that were already raised and resolved by the Constitutional Chamber within the framework of case file No. 25-014993-0007-CO, equally brought by Ms. [Name 001] against the Municipality of Osa. In said precedent, the petitioner denounced alleged omissions by this municipality related to irregular activities in the Maritime-Terrestrial Zone of Dominical and Dominicalito, requesting inspections, administrative actions, inter-institutional coordination, and the formation of a commission for the protection of the coastal zones.  

Such facts were duly analyzed by that High Court, which considered it proven that the Municipality of Osa did address the environmental complaint, conducted field inspections, prepared technical reports, summoned to hearings, held meetings with the petitioner, and coordinated actions with various competent institutions, concluding that there was no administrative inactivity or violation of fundamental rights, which is why the remedy was declared without merit through judgment No. 2025018948. Now, in the present remedy, case file No. 25-039634-0007-CO, the petitioner reiterates the same factual allegations, alleging again supposed municipal omissions in the face of illegal occupations, irregular commercial activities, and lack of actions in the Maritime-Terrestrial Zone of Dominical, without providing new, different, or supervening facts that allow differentiating this process from the one already resolved by the Constitutional Chamber.  

Consequently, it is evident that the object of this remedy fully coincides with that already examined and resolved in the aforementioned case file, which reveals an improper reiteration of constitutional claims, seeking to reopen a debate that was already settled by this Court through a final judgment, in which the diligent and progressive action of the Municipality of Osa within its legal competencies was recognized. They request that the remedy be declared without merit.  

4.- By means of the resolution of 15:46 hours on March 12, 2026, the respondent authority is asked to detail in a clear, precise, and documented manner the actions carried out by the Municipality of Osa, subsequent to June 2025, in relation to the complaint filed by Ms. [Name 001], as well as to accredit the administrative diligence deployed by this municipal corporation.  

5.- Mainor Anchia Angulo reports in his capacity as Municipal Mayor of Osa. He states that: “That the petitioner has formulated complaints related to the improper use of public zones in the canton of Osa, especially in coastal sectors under municipal administration. Such complaints are related to irregular occupations, the installation of informal vendors, and the development of activities without due authorization, circumstances that, by their very nature, involve not only municipal competencies but also the concurrent intervention of other public authorities responsible for public order, health, environmental protection, and the prosecution of eventual illicit conduct, and that the nature of the denounced facts prevents an instantaneous, unilateral, or isolated solution by the municipality, given that the recovery of public spaces, especially in coastal zones, requires planning, institutional presence, inter-administrative coordination, and gradual execution of measures in different points of the canton.  

Therefore, the municipal action has been oriented not to issue apparent or merely formal responses, but to deploy real, materially suitable, and sustained actions, aimed at addressing the denounced problem within the operational possibilities and the corresponding competency framework.  

It is important to specify that this municipality's obligation in the face of a complaint such as the one filed by the petitioner cannot be legally understood as an obligation for an immediate and absolute result, but rather as an obligation of diligent, reasonable, and effective action within the scope of its competencies.  

This means that the municipality is obliged to:  

1. Receive and assess the complaint.  

2. Coordinate with the competent departments and institutions.  

3. Execute reasonable administrative and operational actions.  

4. Follow up on the denounced problem.  

5. Seek progressive and sustainable solutions.  


And that is precisely what has been done and, furthermore, to point out that the Administration cannot guarantee, in a single act, the definitive and immediate eradication of all irregular occupations or informal sales existing in the different coastal zones of the canton, because this depends on multiple operational, budgetary, logistical, and institutional coordination factors. What it can and must do, and that is what is accredited here, is to activate its intervention mechanisms and maintain real follow-up of the situation. ATTENTION TO THE COMPLAINT OF PETITIONER AGUILAR CORELLA:  


That among the actions is what was carried out in Playa Dominical on March 5 and 6 of this year, where the eviction of informal vendors installed in the public zone took place, a diligence of which there is a record in report PZM-0071-2026 and that although it is true these actions are carried out as part of compliance with the judgment of the Constitutional Chamber case file 25-026160-0007-CO, they are also part of the actions required to address the complaints of Ms. Aguilar Corella.

That the following is a photographic sequence documenting in detail the actions indicated in official letter No. PZM-0071-2026: (photographs).

Likewise, I wish to inform you that on March 12, 2026, an inter-institutional meeting was held at the municipal offices, promoted by this mayor's office, with the participation of municipal officials, as well as representatives from the Ministry of Health, Fuerza Pública, SINAC, OIJ, and the Public Ministry, for the purpose of comprehensively addressing problems such as those raised by Mrs. Aguilar Corella, especially those related to the improper use of public zones and the impacts derived from irregular activities. This instance of inter-institutional coordination, in addition to addressing situations of a general nature in the canton, also constitutes a direct response aimed at processing and following up on the concerns and complaints made by the appellant Aguilar Corella.

It is relevant to indicate that official letter AIZ-0017-2025, dated April 10, 2025, indicates the result of the efforts carried out in the Dominicalito sector, in which the irregular use of the public zones of the ZMT was evidenced, but due to the workload of the ZMT department, it is difficult to provide continuity for the different irregular situations that occur in said coastal sector; however, actions are scheduled for April 8, 2026, within the framework of the comprehensive strategy for the recovery of the public zones of the canton.

That the following is a photographic sequence documenting in detail the actions indicated in official letter No. AIZ-0017-2025, evidencing their execution and development as indicated. As is evident from official letter PZM-0076-2026, Mrs. Aguilar has received attention

and follow-up on repeated occasions, her requests having been promptly managed and the corresponding actions channeled within the framework of municipal competencies.

This element is important because it reveals that the complaint was neither ignored nor summarily archived, but rather incorporated into the administrative actions of the institution.

This statement should not be read as an empty defensive phrase. It has a clear legal consequence: it excludes the existence of absolute inertia or a refusal to provide attention. In other words, even if the appellant considers the response received insufficient or believes that the actions should have been quicker or more intensive, this does not automatically equate to affirming that there was total omission.

Finally, based on the foregoing, it is placed on record that the municipality has provided continuous follow-up to the appellant's submissions and has executed or managed concrete actions, both directly and indirectly as well as through inter-institutional coordination, it being the case that these interventions must be developed gradually, adjusted to legal competencies, resource availability, and the priorities established for the comprehensive attention of all affected zones in the canton.

In conclusion, the Municipality of Osa has acted within the framework of its competencies, fulfilling its duty of diligent attention in response to the complaint filed by Mrs. [Name 001].

Likewise, it is accredited that the municipal administration has not incurred in inactivity or absolute omission, but rather has implemented real, progressive, and reasonable measures, aimed at recovering the appropriate use of the public zones, particularly in coastal sectors of the canton.

These actions, due to their complex nature, require planning, resources, and coordination with various institutions, which justifies the fact that their results are neither immediate nor definitive in a single act.

In that sense, it must be understood that the municipal obligation is not one of immediate result, but rather of diligent and continuous management, which has been duly fulfilled, as is evident from the reports, actions, and coordination carried out. Therefore, a violation of fundamental rights attributable to a lack of action on the part of the municipality is not established; on the contrary, a responsible exercise of the administrative function is evidenced, adjusted to the principles of legality, reasonableness, and effectiveness in public management."

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- Preliminary matter. Prior to analyzing the merits of the matter for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception scenario is raised, as this involves a complaint filed before the Municipality of Osa, for environmental reasons due to illicit activities in Playa Dominical and Dominicalito. And, they have allegedly not been resolved within a reasonable period. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that on February 18 and 25, 2025, she filed an environmental complaint for illicit activities in Playa Dominical and Dominicalito, which has not been addressed by the municipal authority, who was asked to intervene directly in protection of the protected zones and the environment. She indicates that, despite the requests made, certified responses have not been issued, nor has the corresponding public hearing been held. She notes that she was summoned on March 10 and 14, 2025, and finally appeared on April 21, 2025, before the ZMT Department. She indicates that she proposed the creation of an inter-institutional commission for the protection of public zones and patrimony, and, although some inspections and report preparations have been carried out by the Municipality, no effective solution or formal response has been given to her complaint. She requests that the appeal be granted.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:

a) On February 18, 2025, the appellant filed an environmental complaint for illicit activities in Playa Dominical and Dominicalito, which she reiterated on February 25, 2025, before the Municipality of Osa (uncontested fact).

b) On February 25, 2025, the Municipality of Osa informs the protected party's email address of the date and time to address the issue of the environmental complaint in Dominical and Dominicalito. She is formally summoned to a meeting with the head of the Zona Marítimo Terrestre on March 10 at 10:00 am in the Municipality of Osa's hall, extendable to the 14th of the same month (see proof report).

c) On February 25, 2025, the appellant reiterates her complaint before the respondent authority (see report).

d) On March 11, 2025, the Zona Marítimo Terrestre (ZMT) Department of the Municipality of Osa addresses the complaint for lack of protection of the protected zones and the environment and conducts a field inspection to verify irregular activities, generating official letter AIZ-0017-2025 of April 10, 2025. In this, anomalies are detected, so a site visit is recommended in the company of the Municipality's Patents Department, Environmental Management, and other institutions such as SINAC-ACOSA, the Ministry of Health, Fuerza Pública, Tourist Police, in order to carry out joint work to eliminate the

illicit activities in the Playa Dominicalito sector (see report and evidence in case file 25-014993-0007-CO).

e) According to records, it is established that the protected party, on both days (March 10 and 14, 2025), did not appear at the hearings scheduled by the Municipality (see report and evidence in case file 25-014993-0007-CO).

f) On March 11, the Municipality of Osa again sends an email to Mrs. Estela Aguilar, scheduling a hearing for April 7, at 10:00 am at the Municipality (see report and evidence in case file 25-014993-0007-CO).

g) On March 14, 2025, the appellant, via telephone, justified not attending on March 14, since that day she was attending a fair in Dominical as part of the organization, so she could not attend the Municipality, with the Municipality continuing the meeting coordination via telephone (see report in case file 25-014993-0007-CO).

h) According to the records of the Municipality of Osa, there is no record that the protected party attended the hearing

granted on the date for which she was summoned (see report in case file 25-014993-0007-CO).

i) On April 21, 2025, at 10:00 am, in follow-up to the requested hearings, Mrs. Aguilar is received at the ZMT department of the Municipality of Osa by Licenciado Diego Arias Morales, who appeared in the company of Mrs. Grace Jiménez Artavia and Mr. Max Tatembach. At said meeting, it is suggested to propose the creation of an inter-institutional commission to address and cover the issues from all angles, with the municipal administration proposing the participation of 1 person per institution and 1 person from the Community, since there are sectors where the Municipality of Osa lacks competence due to the application of Law 6043, due to the classifications of the Natural Patrimony of the State according to MINAE, and due to the zones within the right-of-way of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) (see report and evidence in case file 25-014993-0007-CO).

j) On April 28, 2025, at 10:00 am, the head of Patents of the Municipality, officials from the Ministry of Health, the environmental prosecutor of Osa, and the municipal mayor's office, among various topics, discussed the possibility of creating an inter-institutional commission to address several matters in Dominicalito and Dominical (see report in case file 25-014993-0007-CO).

k) On May 21, 2025, through entry procedure 812-2025, in

a request for correspondence and as agreed in the meeting with the appellant, the respondent Municipality receives a note signed by her, in which she takes up the reference from the hearing of April 21, 2025, and proposes the creation of a commission for the recovery of the public zone and patrimony, proposing that the commission be composed of: the Municipality of Osa (Municipal Council, Mayor, Legal Dept., and ZMT Dept.), the Osa Conservation Area (SINAC), the Fuerza Pública, the Environmental Prosecutor's Office of Osa, and the Ministry of Public Works and Transport (see report in case file 25-014993-0007-CO).

l) On May 26, 2025, by email, the correspondence of the amparo claimant, Aguilar Corella, is processed, and

information and a request for consent are sent to the various entities involved to form a common agenda to respond to the request made by Doña Estela (see email excerpt in case file 25-014993-0007-CO).

m) On February 20, 2026, municipal personnel conducted a field inspection in the public zone of Playa Dominical, in the district of Bahía Ballena, for the purpose of creating a detailed inventory and analyzing the situation in which said sector was found. As a result of this inspection, official letter AIZ-0014-2026 was prepared, where the Mayor, Legal Dept., and ZMT Dept.), the Osa Conservation Area

(SINAC), the Fuerza Pública, the Environmental Prosecutor's Office of Osa, and the Ministry of Public Works and Transport (see report and evidence).

n) On March 4 and 5, 2026, in the public zone of Playa Dominical, in the district of Bahía Ballena, an intervention was carried out by municipal personnel, with the support of four Fuerza Pública officials, who participated as a security and protection team to guarantee the integrity of all persons involved. As a result of the intervention, the persons present in the public zone proceeded to withdraw voluntarily and to collect the materials used for their commercial activities. In parallel, municipal personnel dismantled improvised structures, mainly rope ties and rancho-type structures made of bamboo and wood. These elements were cut and removed to completely clear the public space, in accordance with the regulations. With these actions, the beach zone was once again clear of irregular occupations (see report and evidence).

o) On March 4 and 5, 2026, as a preventive measure and to inform the public, 19 informational signs were installed along approximately 300 linear meters of beach. The signage communicates: • The prohibition of conducting commercial activities in the public beach zone. • The prohibition of occupying the area with structures or sales stands. The signs were affixed using palm trees and trees on the site, which ensured their adequate visibility along the intervened sector. The sign model is attached in the annexes section (see report and evidence).

p) On March 5, 2026, the Zona Marítimo Terrestre inspector Jeffry Ruiz González conducted a verification visit in the intervened area. On this occasion, public site cleaning personnel from the Municipality of Osa also participated, who collected and removed the waste and materials resulting from the dismantling, using the vehicle with license plate SM8212. During the inspection, it was confirmed that there were no illegal vendors on the site nor signs of reinstallation of structures or sales stands (see report and evidence).

q) On March 5 and 6, 2026, the Municipality of Osa carried out the eviction of informal vendors installed in the public zone, in the Dominical sector, an action which is recorded in report PZM-0071-2026, as part of compliance with the judgment of the Constitutional Chamber, case file 25-026160-0007-CO, and forms part of the actions required to address the complaints filed by the appellant Aguilar (see report and evidence).

r) On March 16, 2026, the respondent Municipality of Osa carried out similar interventions in Playa Ventanas, where the Zona Marítimo Terrestre Unit and the Patents Department notified irregular vendors who were operating without due authorization in the public area, an action which is recorded in report PZM-0079-2026 (see report and evidence).

s) On March 12, 2026, an inter-institutional meeting promoted by the Municipal Mayor's Office was held at the Municipality's facilities (see report and evidence).

IV.- UNPROVEN FACT: The following fact of importance for the resolution of this matter is not deemed proven:

Only: That the environmental problem reported by the appellant has been definitively resolved, nor that a response has been given to the appellant.

V.- PRECEDENT.- In the present matter, this Chamber observes that the facts claimed by the protected party had already been the subject of this Chamber's cognizance in case file no. 25-014993-0007-CO. In this regard, through judgment number 2025018948 of 09:20 hours on June 20, 2025, this Chamber ordered the following:

Amparo appeal processed in case file no. 25-014993-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF OSA.

Whereas:

1.- By brief filed with the Chamber's Secretariat at 17:24 hours on May 26, 2025, the appellant files an amparo appeal. She states that through a complaint filed with the respondent municipality on February 18 and 25, 2025, she denounced the environmental violations occurring in Dominical and Dominicalito, complaints that have not been addressed by the municipal inspectors or by the mayor, who was asked to intervene directly in protection of the protected zones and the environment.

(…)

Considering:

(…)

"IV.- SPECIFIC CASE. In the case at hand, the appellant claims that the complaints filed on the 18th and 25th, both of February 2025, for environmental violations occurring in Playa Dominical and Dominicalito, have not been addressed by the municipal inspectors or by the mayor, who was asked to intervene directly in protection of the protected zones.

From the facts that are deemed duly proven in the present matter in relation to the report provided by the respondent municipal authority, it is established that, indeed, on February 18, 2025, the protected party filed the environmental complaint for illicit activities in the beaches of Dominical and Dominicalito. She reiterated the complaint on the 25th of the same month. In this regard, from the report given to this Chamber by the respondent authority, it is recorded that the respondent Municipality has indeed adopted some distinct actions in the months of March, April, and May, all of 2025, in order to address the complaint filed by the protected party and verify irregular activities. In that sense, it is evident that on March 11, in the indicated coastal zone, the Municipality of Osa conducted an inspection in which it verified that there are illicit activities affecting the environment in the affected zone. Now then, it is also evident that the protected party has been summoned by the Municipality to address her complaint on March 10 and 14, 2025, but she did not appear despite having been duly summoned on February 25, 2025. It is also recorded that, on April 21, 2025, at 10:00 am, Mrs. Aguilar was attended to at the ZMT department of the Municipality of Osa by Licenciado Diego Arias Morales. At said meeting, it was suggested to propose the creation of an inter-institutional commission. On April 28, 2025, at 10:00 am, the head of Patents of the Municipality, officials from the Ministry of Health, the environmental prosecutor of Osa, and the municipal mayor's office, among various topics, discussed the possibility of creating an inter-institutional commission to address several matters in Dominicalito and Dominical. Subsequently, on May 21, 2025, through entry procedure 812-2025, as agreed in the meeting with the appellant, a note signed by her is received, in which she takes up the reference from the hearing of April 21, 2025, and proposes the creation of a commission for the recovery of the public zone and patrimony, proposing that the commission be composed of: the Municipality of Osa (Municipal Council, Mayor, Legal Dept., and ZMT Dept.), the Osa Conservation Area (SINAC), the Fuerza Pública, the Environmental Prosecutor's Office of Osa, and the Ministry of Public Works and Transport. Finally, on May 26, 2025, by email, information and a request for consent are sent to the appellant regarding the various entities involved to form a common agenda to respond to the request made by Doña Estela (see email excerpt).

From the factual framework described, this Chamber considers that the respondent Municipality of Osa, although it has not provided a solution to the problem raised by the appellant, the truth is that it has followed up on the complaint filed on February 18, 2025. Since that date, it has conducted inspections, prepared reports, and coordinated with the different authorities to form an inter-institutional commission and achieve the recovery of the public zone and patrimony, about which it has kept the protected party informed. As for the latter, despite having been called on different occasions to appear before the respondent authority and clarify the aspects of her complaint, on March 10 and 14, 2025, it was not until April 21 that she appeared before the respondent Municipality and was informed of the progress of the strategy to prevent the reported acts of illegal sales, car parking in protected zones, among others.

As a consequence, since the protected party did not attend the appointments to which she was summoned in the month of March 2025, an unreasonable amount of time has not passed, and this process is premature. However, the respondent Municipality of Osa is warned of its obligation to provide a timely solution to the complaint filed by the protected party.

V.- Other considerations. In relation to the complaint filed by the appellant in a subsequent brief, dated June 10, 2025, wherein she requests: 'that so much persecution against me and my family be stopped. We only ask for constitutional rights,' it is clarified that such claim goes beyond the competencies that correspond to this Constitutional Court, insofar as it is not appropriate in this jurisdiction to follow a procedure that exceeds the summary nature that characterizes the amparo appeal to determine the eventual responsibilities of the officials who she claims are persecuting her. For this, she may file her complaint before the administration itself or may resort to the criminal avenue to file her claim. Thus, the appeal must be dismissed, as is hereby ordered.

(…).

THEREFORE:

The appeal is declared without merit. The respondent authority of the Municipality of Osa shall take note of what is indicated in the last paragraph of Considering III of this judgment. Magistrate Castillo Víquez notes a separate opinion. Magistrate Salazar Alvarado notes different reasons, considering that it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to the provisions of the legal system, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify."

From the partially transcribed judgment, it is highlighted that this Chamber ruled declaring the appeal without merit as premature, and warned the Municipality of Osa of its obligation to provide a timely solution to the complaint filed by the protected party.

VI.- THE PARTICULAR CASE. From the facts that are deemed duly proven in the present matter, as of March 19, 2026, when the respondent authority submitted the expanded report requested by this Chamber, 9 months have passed since the issuance of judgment 2025018948 of 09:20 hours on June 20, 2025, related to the same complaint filed by the appellant for alleged illicit activities in Playa Dominical and Dominicalito.

After the judgment was issued, it is recorded that the respondent authority has carried out various actions, such as field inspections between May 2025 and February 2026. Likewise, it is verified that, on the occasion of this process, the resolution to proceed with which was notified to the respondent authorities on January 19, 2026; on March 4 and 5, 2026, an intervention was carried out in the public zone of Playa Dominical, with support from the Fuerza Pública, which included the voluntary removal of persons conducting irregular activities, the dismantling of improvised structures, the placement of informational signs regarding prohibitions on the use of public space, and cleaning tasks; actions that were complemented by subsequent verifications and similar operations in other sectors. Such measures demonstrate material action on the part of the Municipality aimed at protecting the environment and the public domain. Notwithstanding the foregoing, it is deemed an unproven fact that the complaint filed by the appellant in February 2025 has been formally resolved and communicated to her.

Thus, this Chamber concludes that although through the cited judgment 2025018948 of 09:20 hours on June 20, 2025, this Chamber dismissed the appeal as premature, the truth is that a considerable period of more than one year has elapsed since the initial filing of the complaint in February 2025, without there being evidence of an express, complete, and duly notified response to the petitioner. Even though the recent actions of the respondent authority—many of them adopted on the occasion of this appeal—are relevant and, in principle, effective for addressing the reported problem, it is not evident that they constitute a definitive solution to the reported problem, and furthermore, this Chamber notes the absence of formal communication to the appellant regarding the status and outcome of her petition, which constitutes a violation of the right of petition and prompt response.

Consequently, the appropriate course is to grant the appeal, for the purpose of ordering the Municipality of Osa that, within the period indicated in the operative part of this judgment, it resolve and formally communicate to the appellant the actions taken and the measures adopted in relation to the complaint filed, as well as the definitive solution to the situation reported in the zones of Playa Dominical and Dominicalito.

VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a party alleges a violation of the right to prompt and completed justice in the administrative sphere, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, which must hear the legal dispute. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is this Court, based on numeral 7 of its Law, that is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as scenarios of exception, which are appropriately heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo guarantee, in other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its cognizance and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the appellant filed a complaint for illicit activities on Dominical and Dominicalito beaches, which involves the right to a healthy environment and the right to health, which the appellant alleges has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

IX.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, for the Municipality of the Canton of Paraíso to definitively resolve, within six months from the notification of this judgment, the problem reported by the amparo petitioner in the petition filed on August 7, 2025, which affects her property located in Ciudadela Barrio La Laguna. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding enforcement (article 155 et seq.) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising stages of compliance, etc.

Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area of the Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the sentence enforcement rules of said Code.

X.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

 

POR TANTO:

 

The recourse is declared with merit. Mainor Anchia Angulo, in his capacity as Municipal Mayor of Osa, or whoever acts in his stead, is ordered, within the scope of his powers, to adopt measures so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the definitive solution to the problems reported on February 18 and 25, 2025, is resolved and formally communicated to the protected party. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo recourse, and does not comply with it or does not have it enforced, provided the crime is not more severely punished. The Municipalidad de Osa is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the administrative litigation judgment. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Garro Vargas partially dissents regarding the enforcement of the order issued in the operative part of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, it is ordered that a copy of the judgment be sent so that the enforcement proceedings of this ruling may commence. Notify.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\t

Fernando Castillo V.

Presidente

\t

 

Fernando Cruz C.

\t

 

\t

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

\t

 

\t

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

\t

 

\t

Ingrid Hess H.

 

 

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