Res. 12255-2026 Sala Constitucional — Challenge to the transfer of solid waste from the Greater Metropolitan Area to the El Tomatal landfill in LimónCuestionamiento del traslado de residuos sólidos de la GAM al relleno sanitario El Tomatal en Limón

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12255 - 2026

Fecha de la Resolución: 10 de Abril del 2026 a las 09:20

Expediente: 26-001765-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

BASURA.
RELLENO SANITARIO..

012255-26. AMBIENTE. SE CUESTIONA LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL GRAN ÁREA METROPOLITANA AL PARQUE DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL EL TOMATAL (RELLENO SANITARIO DE LIMÓN). SE DECLARA SIN LUGAR, AL NO COMPROBARSE LA LESIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, YA QUE SE LOGRA DEMOSTRAR QUE EL PROYECTO SI CUENTA CON LA REGULACIÓN Y SUPERVICIÓN CORRESPONDIENTES.  EL CONSIDERANDO IV INDICA QUE EL MINISTERIO DE SALUD DEBERÁ COORDINAR CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA MANTENER EN CONSTANTE VIGILANCIA Y CONTROL LA ESTRUCTURA DE DESCARGA PARA EL STAR HACIA EL CUERPO RECEPTOR UTILIZADA POR LA EMPRESA BERTHEIR DE COSTA RICA EBI S.A. VCG04/2026

“(…) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la vida útil del Relleno Sanitario de Limón se estima en aproximadamente 29 años, según el último reporte operacional. Se acreditó que el Ministerio de Salud antes del año 2023 realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024, las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de 2025 la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal. Se demostró que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición y que no se ha identificado un aumento significativo en el volumen de ingreso de residuos que pueda afectar la proyección de la vida útil del relleno. Se afirmó que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición. Se constató que en el oficio MS-DSA-UGSA-385-2025 del  Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas Jefe, Unidad de Gestión en Salud Ambiental y la Ing. Lourdes Sánchez Delgado Ingeniera Civil, DSA-UGSA se indicó: “…CONCLUSIONES: 3) Análisis de vida útil: El cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda…”. Se probó que mediante oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025 al recurrente se le indicó lo siguiente: “…Un cordial saludo. En atención a solicitud se realizó análisis por parte de la Dra. Aura Baltodano Madrigal, del departamento de servicios de salud, mediante informe CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, en el que indica lo siguiente. Con relación al permiso de vertido de la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A en condición de ente generador, cédula jurídica 3-101-215741 y en seguimiento a la resolución DA-1079-2024, del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, donde DENIEGA dicho permiso, se notifica el acto administrativo MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, el cual el administrado cumple y se realiza el levantamiento de la orden sanitaria bajo el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…”. Quedó demostrado que el Área Rectora de Salud de Limón, realiza de forma mensual seguimiento técnico a las condiciones físico-sanitarias y de funcionamiento al Parque Tecnológico, garantizando de esta manera monitoreo constante al establecimiento y aplicando las medidas administrativas correspondientes en caso de identificar incumplimientos a la normativa. Posteriormente mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General de Salud, se informa lo siguiente: “(…) Sendo que la solicitud del recurrente es específicamente sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), informo que esta Dirección General de Salud solicitó información correspondiente a las Direcciones Regionales dentro de la GAM, cuya información de excepciones realizadas se detallan a continuación: • Municipalidad de Paraíso: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Excepción otorgada mediante CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipalidad de Curridabat: Excepción otorgada mediante MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Excepción otorgada mediante RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. Importante señalar, que estas autorizaciones se encuentran dadas hasta el 28 de abril del presente año. (…)”. En cuanto a la SETENA se acreditó que el proyecto en cuestión corresponde al expediente FEAP-0242-2004-SETENA, proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, Nro. de Plano Catastrado: L-689751-87 Descripción del Proyecto: “Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-87). El Relleno ocupará 86 177 m2. Cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprobaron los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorgó mediante la resolución No. 0914-2008-SETENA”. Se constató que la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, el cual se emitió en apego al reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto 43432-S; Ley 8839 y que no otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón. En cuanto a la Municipalidad de Limón se verificó que el 06 de marzo del 2025 la Municipalidad del Cantón Central de Limón presentó una solicitud de medida cautelar, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, así como contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, al cual se le asignó como número de causa 25-001560-1027-CA, por los mismos hechos descritos por el recurrente, esto al Municipio tampoco estar de acuerdo con el traslado de residuos, con la pretensión que a continuación de detalla: “1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paliativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos. Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables”. Ese mismo día en expediente 25-001560-1027-CA , al ser las doce horas diez minutos, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, rechaza la medida cautelar provisionalísima, debido a que a criterio del juez no existían estudios que permitan demostrar el daño grave e irreversible alegado por la municipalidad pese al mismo resultar claramente previsible, sin embargo, pese a no otorgar la medida cautelar le solicitó al Estado y a la empresa en cuestión lo siguiente: “En su lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del CPCA, se otorga audiencia al Estado y a Empresas Berthier EBI de CR, S.A., por un plazo de tres días hábiles, para que se manifiesten de manera escrita en relación con la cautelar solicitada por la parte actora, así como que puedan ofrecer la prueba que estimen pertinente. En ese mismo sentido, se ordena al Estado que, al momento de brindar contestación, indique si en relación con los hechos expuestos por la parte actora, existe o no algún estudio técnico científico que se refiera a los efectos y eventual impacto ambiental de tales hechos, así como aportar el respectivo criterio técnico de las autoridades competentes, sea el MINAE y el Ministerio de Salud. NOTIFÍQUESE. - Alex Rojas Ortega, Juez.”. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía se evidenció que mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66. Posteriormente mediante resolución R-0450-2019-AGUAS-MINAE de las 15:14 horas del 08 de mayo de 2020, se renovó el permiso de vertido a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-101-215741, representada por Patricia Campos Villagra, cédula de identidad 1-0880-0768, por un plazo de 3 años. Se indicó que en fecha 18 de setiembre de 2020 conforme con el plan de monitoreo que llevó a cabo la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía se comprobó que el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco. Se afirmó que al estar el causa del río totalmente seco, una vez vencido el permiso de vertido, dada la condición del cauce, al presentarse nuevamente la renovación del permiso éste fue rechazado, mediante resolución DA-1079-2024 del 29 de abril del  2024. Quedó probado que la situación se puso en conocimiento del Ministerio de Salud quien le apercibió a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA ,la presentación de la solicitud de autorización para el reuso del agua proveniente del sistema de tratamiento para riego; por lo que  mediante el informe técnico del Ministerio de Salud MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 del 2 de octubre del 2022, se resolvió: “como resultado de la revisión y análisis realizado, se define Criterio Físico -Sanitario POSITIVO, para la disposición mediante reuso del efluente tratado del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, UBICADO EN SANTA ROSA, LIMON, LIMON”. Se indicó que según consta en el oficio DA-UHCAROG-0168-2026, el día 29 de abril del 2025 se realizó visita conjunta al sitio del expediente con funcionarios del Ministerio de Salud. Se realizó un recorrido por las instalaciones operativas del Relleno Sanitario y se observó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) aún se mantiene. Quedó probado que mediante oficio DA-UHCAROG-0362- 2025 con fecha 19 de mayo del 2025 remitido a la Ing. Rosibeth Villafuerte Rodríguez de Proceso de Regulación de la Salud de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud, se le solicita ordenar al administrado, mediante Orden Sanitaria, la eliminación de la estructura de descarga de vertido a un cauce de dominio público, según el punto de descarga que estuvo autorizado bajo el expediente 4672-V, ya que actualmente no cuenta con autorización para verter. Se evidenció que mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre. Finalmente se afirmó que a la fecha de rendir el informe la infraestructura ya había sido retirada por lo que la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA.  no se está generando vertido. Partiendo de lo anterior es posible concluir lo siguiente:

 

1.) Que en la SETENA se tramita el  expediente FEAP-0242-2004-SETENA, titulado como “Relleno Sanitario de Limón”, mismo que cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprueban los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorga mediante la Resolución N° 0914-2008-SETENA. Conforme a la resolución la descripción de proyecto es la siguiente: … No. De Plano Catastrado: L-689751-87, Descripción del Proyecto: Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha.

 

2.) Que la SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para trasladar  residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón.

 

3.) Que mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66.

 

4.) En el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA se tramita el expediente 25-001560-1027-CA que es proceso de Medida Cautelar  Ante Causam solicitada por la Municipalidad de Limón contra Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A., cédula jurídica n° 3-101-215741 y el Estado. La solicitud del gobierno local es la siguiente: “"1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paleativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos. Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables." -La medida cautelar fue rechazada-.

 

5.) Que el Área Rectora de Salud de Limón, antes del año 2023 realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno Sanitario, que, a partir del año 2024, las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de los corrientes la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal.

 

6.) Que mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre - infraestructura que fue debidamente retirada por lo que la empresa Berthier de Costa Rica EBI S.A.  no se está generando vertido-.

 

Esta Sala mediante sentencia número 2025-026093 de las doce horas cincuenta minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco resolvió el recurso de amparo número 25-008408-0007-CO presentado por Maribel Morales Céspedes contra la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., MINISTERIO DE SALUD, Y LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL e indicó:

 

“II.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente acude en amparo y alega que desde noviembre de 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, ha trasladado semanalmente cantidades importantes de residuos sólidos provenientes de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal. Expresa que este traslado masivo de residuos se realiza sin que la Municipalidad de Limón ni otras autoridades locales hayan sido previamente notificadas o consultadas, según lo señalado públicamente por la alcaldesa de Limón. Acusa que el traslado descrito pone en peligro directo el derecho constitucional a un ambiente sano, afecta negativamente la imagen turística de la región, fuente esencial de empleo y desarrollo económico para Limón. Asimismo, el deterioro ambiental incrementaría el riesgo sanitario y afectaría la salud pública de los habitantes de la provincia, como impacto directo en la salud pública; la contaminación por lixiviados y gases derivados de la descomposición de residuos afectará la calidad del aire y las fuentes de agua, con el correspondiente incremento del riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales; afectación directa al turismo y la economía. Explica que el manejo de residuos sólidos corresponde por ley a cada gobierno local, por lo que trasladar residuos de otras regiones incumple la obligación legal y constitucional de las municipalidades del Área Metropolitana de gestionar adecuadamente sus propios residuos sólidos. Señala que ante tal problemática, se ha dado falta de supervisión estatal, como es del Ministerio de Salud y SETENA; situación que constituye una violación directa al deber de fiscalización y control que pesa sobre el Estado. Por lo expuesto, solicita la intervención de este Tribunal a fin de que se ordene: a)  al ministerio de salud para que se prohíba manera inmediata y permanente el traslado, almacenamiento o disposición de residuos desde la GAM hacia la provincia de Limón, en cualquiera de sus rellenos sanitarios; b) que se ordene al Ministerio de Salud, a SETENA y a la Municipalidad de Limón la realización de una inspección técnica y sanitaria inmediata en el relleno sanitario de Limón, para determinar el estado actual y los daños ocasionados por el traslado ilegal de residuos desde la GAM o cualquier otra región y se ordene a las autoridades locales implementar de manera inmediata medidas correctivas y remediales para contener los efectos ambientales y sanitarios causados por la acumulación indebida de esos residuos; c) se ordene al Ministerio de Salud y a SETENA presentar ante esta Sala copia certificada de cualquier contrato, autorización administrativa o permiso mediante el cual se haya permitido el traslado de residuos desde la GAM hacia Limón por parte de EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA.

 

(…)

 

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente alega que desde noviembre de 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, ha trasladado semanalmente cantidades importantes de residuos sólidos provenientes de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”. Alega que dicho traslado de residuos se realiza sin que la Municipalidad de Limón ni otras autoridades locales hayan sido previamente notificadas o consultadas. Acusa que el traslado descrito pone en peligro el ambiente sano, afecta negativamente la imagen turística de la región, fuente esencial de empleo y desarrollo económico para Limón. Asimismo, el deterioro ambiental incrementaría el riesgo sanitario y afectaría la salud pública de los habitantes de la provincia, como impacto directo en la salud pública; la contaminación por lixiviados y gases derivados de la descomposición de residuos afectará la calidad del aire y las fuentes de agua, con el correspondiente incremento del riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales; afectación directa al turismo y la economía. Explica que el manejo de residuos sólidos corresponde por ley a cada gobierno local, por lo que trasladar residuos de otras regiones incumple la obligación legal y constitucional de las municipalidades del Área Metropolitana de gestionar adecuadamente sus propios residuos sólidos. Señala que ante tal problemática, se ha dado falta de supervisión estatal, como es del Ministerio de Salud y SETENA; situación que constituye una violación directa al deber de fiscalización y control que pesa sobre el Estado.

 

Al respecto, del análisis de los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades accionadas, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y la documentación aportada al expediente,  se tiene por acreditado que el proyecto en cuestión se tramita bajo el expediente FEAP-0242-2004-SETENA, que corresponde al proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, Nro. de Plano Catastrado: L-689751-87 Descripción del Proyecto: “Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-87). El Relleno ocupará 86 177 m2. Asimismo, que cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprobaron los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorgó mediante la resolución No. 0914-2008-SETENA”. Igualmente, consta que la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, otorgado por el Ministerio de Salud.

 

De igual forma, se tiene por acreditado que debido a las inconsistencias que se estaban presentando en el Parque de Tecnología Ambiental EBI, el Ministerio de Salud dictó la  orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00062-2025-OS, donde se le ordenó a la administración de dicho proyecto, realizar una serie de medidas y un cronograma de actividades, a fin de solucionar la problemática encontrada, para la adecuada compactación y cobertura de residuos sólidos, en cumplimiento con la normativa vigente; la correcta disposición del material o suelo contaminado, garantizando que no se utilice como cobertura, y asegurar su tratamiento y proveer acopio de material de cobertura conforme a la regulación establecida; planteamiento de medidas de control de fauna carroñera, considerando opciones como la optimización de la cobertura de residuos y la implementación de estrategias para evitar su presencia. Por lo anterior, mediante informe técnico MS-DRRSHC-URS-IT-0034-2025 de fecha 01 de abril de 2025, la ingeniera civil de Proceso de Regulación de la Salud de la Unidad de Rectoría de la Salud Región Huetar Caribe, pone en conocimiento al jefe de esa unidad, que fue recibido el plan de intervención requerido en la orden sanitaria N° MS-DRRHSC-ARSL-00062-2025, documento presentado por los representantes de la empresa accionada, donde se describe las acciones metodológicas para atender las observaciones realizadas, mismo que es aprobado por el ente regulador, quien además  recomienda al Área Rectora de Salud de Limón continuar con el seguimiento del cumplimiento y avance del plan de intervención presentado.

 

Así de lo expuesto, la Sala estima que no lleva razón la recurrente en su alegato. Esto por cuanto se demostró que contrario a lo alegado por la misma, dicho proyecto si cuenta con la regulación y la supervisión por parte de las autoridades correspondientes, específicamente por parte del Ministerio de Salud quien se ha mantenido en constante vigilancia tal como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia. En efecto, se logró acreditar que el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”, si cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobado por SETENA, a favor de la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, y con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, otorgado por el Ministerio de Salud. Ahora bien, la representante del ministerio recurrido indicó que dicho proyecto presentó falencias en su funcionamiento, por lo que ese ministerio ha venido realizando las intervenciones correspondientes a fin de que la empresa accionada solucione los problemas encontrados en las inspecciones realizadas in situ; situación que a la fecha en que se rinden los informes, consta que el ministerio recurrido le ha venido dado seguimiento a la problemática y que la empresa accionada ha venido cumpliendo con lo requerido por ese ministerio; siendo que en la última inspección realizada se aprobó el plan de intervención aportado por la empresa en cuestión y se emitieron recomendaciones a fin de que se mantenga a largo plazo acciones para el buen manejo del relleno sanitario.

 

Finalmente, según lo informado bajo fe de juramento por la representante del  Ministerio de Salud, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, antes del año 2023 ese ministerio realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024 las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de los corrientes la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal; es decir, todas estas actuaciones han sido realizadas antes de tener conocimiento del presente recurso. Por lo expuesto, esta Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales y en consecuencia el recurso se declara sin lugar en cuanto a este extremo.

 

V.- Por otra parte, deberá tomar nota la Dra. Mariela de los Ángeles Marín Mena, en calidad de ministra a.i. de Salud, sobre su deber de vigilante en la protección de la salud pública, quien deberá coordinar con las autoridades correspondientes para que se mantenga en constante inspección y control de las condiciones ambientales generadas por el relleno sanitario en cuestión, a fin de proteger la salud de la población de la provincia de Limón, así como, la tutela al derecho a un ambiente sano.

VI.- Por otra parte, la recurrente solicita a la Sala que se ordene a la empresa recurrida que aporte copia certificada de cualquier contrato, autorización administrativa o permiso mediante el cual se haya permitido el traslado de residuos desde la GAM hacia Limón por parte de EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA. Sobre este particular, de la prueba aportada al recurso, no consta que la interesada haya gestionado ante la autoridad competente la información que alega; en consecuencia, en cuanto a este reclamo también se declara sin lugar el recurso.

VII.- En suma, se declara sin lugar el recurso en todos los extremos.

En aplicación al antecedente cita y del elenco de hechos probados el recurso deviene improcedente. En primer lugar tal y como se logró demostrar que proyecto si cuenta con la regulación y la supervisión por parte de las autoridades correspondientes, específicamente por parte del Ministerio de Salud quien se ha mantenido en constante vigilancia. En segundo lugar desde el 18 de febrero del 2025 se notificó la Orden Sanitaria N.°MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 a la empresa Berthier mediante la que se otorgó el plazo de 10 días hábiles a efectos de que entrara en funcionamiento la cámara de aireación principal del sistema de tratamiento de aguas residuales de las instalaciones del PTA El Tomatal y se dispuso no dar ingreso de otras cantidades de residuos sólidos que no estuvieran contemplados en la propuesta inicial planteada ante el Ministerio de Salud, sea se le impidió trasladar los residuos sólidos del GAM, entre otros; en tercer lugar si bien es cierto un tráiler que transportaba basura proveniente de la Gran Área Metropolitana (GAM) intentó ingresar al relleno sanitario de Limón lo cierto es que la Policía Municipal, el Ministerio de Salud y Tránsito detuvieron el tráiler que transportaba basura proveniente de la Gran Área Metropolitana y fue devuelto a su lugar de origen, La Carpio;  en cuarto lugar cuando sea necesario el traslado fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia no podrá exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano; en quinto lugar si bien es cierto el Ministerio de Salud tenía conocimiento que la  estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) tenía que retirarse porque el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco y para el 29 de abril del 2025 se comprobó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor aún se mantenía no menos cierto es que a la fecha de rendir los informes se confirmó que no se está generando vertido por parte de la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. a la quebrada. Así las cosas lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

IV.- Ahora bien, deberán las autoridades del Ministerio de Salud coordinar con las autoridades que correspondan en aras de mantener en constante vigilancia y control la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor utilizada por la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. (…)”


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Texto de la resolución

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Exp: 26-001765-0007-CO

Res. Nº 2026012255

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de abril de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo presentado por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SALUD, y la SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:38 horas del 19 de enero de 2026 el recurrente presenta recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD, y la SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL. Manifiesta que “1. Soy vecino de Barrio Roosevelt en el cantón central de Limón, una zona habitada mayoritariamente por población afrodescendiente, la cual ha sido históricamente marginada y expuesta a desigualdades ambientales y sociales. Esta población depende de un entorno sano para su salud, economía (basada en turismo y actividades ecoturísticas) y preservación cultural. 2. Desde finales de 2025, el Ministerio de Salud ha autorizado el traslado masivo de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin realizar consulta previa, libre e informada a la población afectada, violando el Convenio 169 de la OIT. Este traslado involucra hasta siete camiones diarios, generando olores insoportables que afectan la paz, seguridad y salud de los limonenses, como se denunció en el Semanario Universidad el 9 de diciembre de 2025: “Vecinos de Limón denuncian olores insoportables causados por hasta siete camiones al día que llevan basura de la GAM a relleno sanitario”. 3. El relleno sanitario no cuenta con permiso de vertido vigente. La última solicitud fue denegada mediante resolución DA-1079-2024 de SETENA, de las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del 25 de abril de 2024, por incumplimientos ambientales. A pesar de ello, se han realizado modificaciones al diseño original del proyecto sin una reevaluación adecuada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acelerando su agotamiento y exponiendo a la población a riesgos en una zona de alta precipitación. 4. El 7 de enero de 2026, remití el oficio MLV-005- 2026 a la Alcaldesa de Limón, la Ministra de Salud y el Concejo Municipal, exigiendo un informe técnico sobre la justificación del traslado, invocando la Ley General de Salud N° 5395, la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, y los principios precautorio y preventivo. En respuesta, el Ministerio de Salud emitió el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026 del 13 de enero de 2026, el cual es evasivo: remite a SETENA la viabilidad ambiental, no proporciona proyecciones de vida útil del relleno, y justifica el traslado bajo el Decreto Ejecutivo N° 44974-S (Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos), sin evidencia científica de sostenibilidad ni consulta previa. 5. Esta práctica acelera el colapso del relleno, obligando potencialmente a Limón a trasladar sus propios desechos fuera de la región, lo cual es económicamente inviable y agravaría la pobreza en una provincia marginada. No se han considerado alternativas regionales ni el impacto en acuíferos, salud pública y turismo. 6. La conducta del Ministerio de Salud y SETENA es omisiva y arbitraria, avalando formalidades insostenibles sin evidencia científica, violentando la paz y seguridad de los limonenses.” (sic). Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley. Además, la autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios.

2.- Por resolución de las 20:15 horas del 25 de enero de 2026 se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al MINISTRO Y A LA DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE LIMÓN, AMBOS DEL MINISTERIO DE SALUD; ASÍ COMO EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento Allan Mora Vargas en su calidad de Ministro a.i. y  Guiselle Lucas Bolivar en su calidad de Directora de la Dirección del Área Rectora de Salud de Limón (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Atendemos el presente recurso de amparo, con sustento en el informe CARTA-MS-DRRSHCARSL-00396-2026, de fecha 27 de enero del 2026, emitido por la suscrita Dra. Guiselle Lucas Bolívar, Directora, de la Dirección del Área Rectora de Salud Limón, donde se informa lo siguiente en relación con el presente recurso de amparo: “UNO: Que, no lleva razón el recurrente en indicar que este ministerio ha sido “evasivo” en atender sus solicitudes, por cuanto la información con relación a la vida útil del relleno sanitario le fue atendido mediante oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-1331-2025, en el cual se refirió: “CONCLUSIONES Con base en la información disponible hasta la fecha, la vida útil del Relleno Sanitario de Limón se estima en aproximadamente 29 años, según el último reporte operacional. Actualmente, el Ministerio de Salud está a la espera de los documentos técnicos solicitados a la empresa operadora para realizar una verificación detallada de dicha proyección. No se ha identificado un aumento significativo en el volumen de ingreso de residuos que pueda afectar la proyección de la vida útil del relleno. El monitoreo del sitio se realiza trimestralmente, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición. Se continuará con el seguimiento técnico y regulatorio para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuada gestión del sitio.” Que, tal y como se consignó en el oficio supra, el oficio CARTA-MS-DRRSHCARSL-00158-2026, al cual hace referencia el recurrente se respalda en el Informe técnico de vigilancia estatal de rellenos sanitarios, Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón, MS-DSA-UGSA-385-2025, suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas Jefe, Unidad de Gestión en Salud Ambiental y la Ing. Lourdes Sánchez Delgado Ingeniera Civil, DSA-UGSA, que constituye el informe más actualizado por parte del nivel central y el cual dicta: “…CONCLUSIONES: 3) Análisis de vida útil: El cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda…” Que, es menester indicar, que la información supra ya había sido solicitada al administrado, mediante orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS, en contra de la cual se presentó formal recurso de revocatoria con Apelación en subsidio por parte de la empresa el cual fue resuelto a través de la resolución MSDM-LB-2594-2025, suscrito por la Dra. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud, notificada el 15 de diciembre del 2025, determinando: “…declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Julien Chanbonneau, contra la Orden Sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-0063-2025, MSDRRSHC-ARSL-0063-2025-OS, emitida el 14 de marzo de 2025, por la Licda. Fanny Madrigal Núñez, funcionaria de la Dirección Área Rectora de Salud de Limón, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, al determinarse en las inspecciones realizadas por las autoridades de la citada Área Rectora de Salud, que el relleno sanitario presenta inconsistencias de carácter técnico, que deben ser corregidas, siendo lo procedente mantener en todo el acto administrativo impugnado, el cual se confirma mediante la presente resolución”. Que, en cumplimiento al debido proceso y habiéndose otorgado un plazo prudencial posterior a la notificación de la resolución ministerial sin que conste el cumplimiento de la ordenanza por parte de este ministerio por lo que mediante informe CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0444-2026 se proceden a emitir informe sanitario por el incumplimiento al artículo 378 Bis de la Ley General de Salud, mediante CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0444-2026 y se procedió girar oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0446-2026 según lo indicado en el art.314 del Código Penal referente a la respectiva denuncia a los tribunales, así mismo, desde el punto vista de la sana crítica y la lógica, así como con sustento en los principios de racionabilidad y proporcionalidad se procedió a la aplicación de la regla técnica con el único fin de valorar el grado de incumplimiento de la empresa Berthier EBI de Costa Rica SA en el cual su punto refleja que no se procede a la clausura, todo lo anterior de traslada a nivel superior para indicaciones o consideraciones del caso. Mediante oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0087-2026, elaborado por el Ing. Magdiel Collado Trejos, se cuenta con los datos aportados por parte del operador del Parque Ambiental, el cual remite las proyecciones de vida útil de este en función de la cantidad del promedio de residuos sólidos que ingresan diario al relleno sanitario. Dicha información es suministrada por el operador del parque ambiental trimestralmente tal como lo indica el art. 35 del Reglamento de parques ambientales para la separación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos N° 44421-S y hace una proyección de vida útil estimada de 15 años con un volumen de ingreso promedio diario de 200 Toneladas. No obstante, se reitera lo ya consignado en el informe de Control Estatal y orden sanitaria en cuanto que a la fecha no se ha recibido el reporte operacional del último período del año 2025, por lo que no se cuenta con la proyección más reciente y por ello se emitieron las medidas administrativas supra indicadas. DOS: Que, en atención a consulta con relación a resolución DA-1079-2024, dicha consulta le fue debidamente atendida al recurrente mediante oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, en el cual se le comunicó: “…Un cordial saludo. En atención a solicitud se realizó análisis por parte de la Dra. Aura Baltodano Madrigal, del departamento de servicios de salud, mediante informe CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, en el que indica lo siguiente. Con relación al permiso de vertido de la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A en condición de ente generador, cédula jurídica 3-101-215741 y en seguimiento a la resolución DA-1079-2024, del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, donde DENIEGA dicho permiso, se notifica el acto administrativo MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, el cual el administrado cumple y se realiza el levantamiento de la orden sanitaria bajo el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…” Según consta, dicho oficio fue debidamente notificado, por lo cual el recurrente cuenta con la información.

TRES: Según el Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica No. 44974-S: "Artículo 10: Traslado de Residuos sólidos ordinarios, distancias y casos excepcionales. El traslado de residuos sólidos ordinarios debe cumplir simultáneamente con dos condiciones fundamentales: 1. La gestión de los residuos sólidos ordinarios debe realizarse dentro de la región correspondiente, conforme a las delimitaciones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), según lo dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento, exceptuando aquellos casos que se acojan a lo establecido en el artículo 8 del presente reglamento. 2. Cuando sea necesario trasladar residuos sólidos ordinarios fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia hacia los Parques Ambientales no debe exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano. En los casos en que esta distancia seaexcedida, será obligatorio el uso de Estaciones de Transferencia para optimizar el transporte, garantizando una operación eficiente dentro de la misma región. Las Estaciones de Transferencia: deben ubicarse estratégicamente dentro del territorio de la municipalidad generadora o, en su defecto, dentro de los territorios de las municipalidades que formen parte de un convenio intermunicipal, respetando un radio de influencia de hasta 45 kilómetros. Estas instalaciones deben contar con la infraestructura necesaria para garantizar una operación logística eficiente, asegurando la protección del ambiente y la salud pública, conforme a lo dispuesto en el capítulo XI "De las estaciones de transferencia" del Decreto Ejecutivo N° 36093-S, Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios, publicado el 16 de agosto de 2010. Asimismo, deben implementarse estrategias para prevenir la congestión vial y optimizar el flujo de transporte. Situaciones de excepción: En caso de requerir trasladarse a otra región debido a que las infraestructuras se encuentren en desarrollo, mantenimiento o cuando otra región cuente con tecnologías más avanzadas o eficientes aprobadas, se debe presentar ante la Dirección Regional de Rectoría de la Salud donde se ubique el cantón para su respectiva revisión la siguiente información: a. Presentar un informe técnico detallado que explique las razones de la excepción, especificando si es por: . Desarrollo de infraestructura en la región original. . Labores de mantenimiento que obliguen a detener las operaciones en los sitios de tratamiento o disposición final, . Situación excepcional (por ejemplo, desastres naturales, emergencias sanitarias, mantenimientos). b. Incluir un análisis comparativo de las capacidades tecnológicas entre las regiones involucradas, cuando existan tecnologías más avanzadas o eficientes. c. Destino propuesto para tratamiento, aprovechamiento o disposición final. d. Evidencia de que el sitio receptor cumple las regulaciones nacionales. e. Diseñar un plan que incluya: . Estrategias para la gestión de los residuos sólidos ordinarios durante el periodo de excepción. . Cronograma detallado de las actividades de traslado. . Mecanismos para minimizar impactos ambientales y de salud pública. Estas excepciones tendrán un plazo máximo de 1 año, a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, plazo durante el cual, cada región debe trabajar en el desarrollo de su infraestructura.” (…) Es importante indicar que el Área Rectora de Salud de Limón, realiza de forma mensual seguimiento técnico a las condiciones físico-sanitarias y de funcionamiento al Parque Tecnológico, garantizando de esta manera monitoreo constante al establecimiento y aplicando las medidas administrativas correspondientes en caso de identificar incumplimientos a la normativa según nuestras competencias.” De igual forma, mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General de Salud, se informa lo siguiente: “(…) Sendo que la solicitud del recurrente es específicamente sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), informo que esta Dirección General de Salud solicitó información correspondiente a las Direcciones Regionales dentro de la GAM, cuya información de excepciones realizadas se detallan a continuación: • Municipalidad de Paraíso: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Excepción otorgada mediante CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipalidad de Curridabat: Excepción otorgada mediante MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Excepción otorgada mediante RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. Importante señalar, que estas autorizaciones se encuentran dadas hasta el 28 de abril del presente año. (…)” (sic) CONCLUSIÓN De lo expuesto se determina que la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud se encuentran en todo ajustadas a derecho, ya que se le dio respuesta al administrado a la información solicitada, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-1331-2025, en fecha 24 de marzo del 2025, emitido por la suscrita Dra. Guiselle Lucas Bolívar, además de eso se le brindó información más actualizada a las consultas planteadas por el recurrente, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026, de fecha 13 de enero del 2026, suscrito por la Dra. Aura Baltodano Madrigal, en ese momento Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Limón, en este último oficio, respecto a lo solicitado de: Los fundamentos fácticos, legales (incluyendo cualquier ilegalidad patente) y técnicos que sustentan esta práctica, conforme a la viabilidad ambiental establecida en la Ley N°8839 y los principios precautorio y preventivo. Se le indicó al aquí recurrente: “Referente al traslado de residuos entre regiones, se debe apegar según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°44974-S “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica”, específicamente a los artículos 9 y 10, item “ …. Situaciones de excepción: En caso de requerir trasladarse a otra región debido a que las infraestructuras se encuentren en desarrollo, mantenimiento o cuando otra región cuente con tecnologías más avanzadas o eficientes aprobadas, se debe presentar ante la Dirección Regional de Rectoría de la Salud donde se ubique el cantón para su respectiva revisión…” Por lo que estará trasladando la consulta al nivel superior para ser analizada y atendida junto a los emisores de dichas autorizaciones.” Dicha consulta realizada a nivel superior fue atendida mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, donde se le indica lo siguiente: “(…) En razón de lo expuesto anteriormente, se concluye que la aplicación del artículo 10 del Decreto Ejecutivo N°44974-S, establece un procedimiento de revisión técnica a nivel regional, activado a solicitud del ente responsable del servicio, y no una autorización general emitida de oficio por el nivel central del Ministerio de Salud.” Además de eso, respecto a las solicitudes sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde el GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), se adjuntan las excepciones que se realizaron a algunas municipalidades del GAM junto con la documentación respectiva. Así las cosas, consideramos que este Ministerio, no ha violentado los derechos fundamentales de manera alguna al aquí recurrente. Se informa que la dirección de correo electrónico utilizada por el Despacho Ministerial para la recepción de correspondencia es: [email protected]”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “PRIMERO: Previo a conocer los puntos del recurso de amparo contra SETENA se aclara que; el proyecto en cuestión corresponde al expediente FEAP-0242-2004-SETENA, titulado como “Relleno Sanitario de Limón”, mismo que cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprueban los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorga mediante la Resolución N° 0914-2008-SETENA. Conforme a la resolución la descripción de proyecto es la siguiente: … No. De Plano Catastrado: L-689751-87, Descripción del Proyecto: Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-1987). El Relleno ocupará 86,177.00 m2… Por su parte, dentro de los instrumentos de control y seguimiento ambiental establecidos para el proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, están: ● Depósito de Garantía Ambiental: ₡ 7 300 000,00 y vigente hasta 27/05/2026 ● Bitácora Ambiental: Si se encuentra habilitada, retirada y en el AP. ● Regente ambiental: Nombre: GAPRO, S.A., representada por José Miguel Díaz Miranda; Registro EC-04-02, ACTIVO hasta 17/09/2029. ● Informes de responsabilidad ambiental: periodicidad cada 6 meses en fase operativa, el último Informe de responsabilidad ambiental aportado fue en fecha de 10/01/2026, correspondiente al periodo II Semestre del 2025. Conforme a lo establecido el próximo informe de responsabilidad ambiental debe ser presentado en julio del 2026 (…) TERCERO: Sobre el fondo de los alegatos: Alegato Primero: Corresponde a hechos propios y manifestaciones o apreciaciones del recurrente sobre las cuales no corresponde pronunciarnos. Alegato Segundo: No corresponde a hechos de esta representación estatal, sino propios del Ministerio de Salud. De acuerdo a las afirmaciones emitidas en el amparo, se aclara que SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón; no obstante, esta situación puntual excede las potestades de Ley con que cuenta esta Secretaría, dado que la responsabilidad institucional recae en el cumplimiento de los compromisos ambientales contraídos en la viabilidad ambiental y en la fiscalización de los instrumentos de control y seguimiento ambiental (ICOS). La aplicación directa de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N°8839) es competencia del Ministerio de Salud. Alegato Tercero: Respecto al permiso de vertido que se indica en el recurso de amparo, mismo con número de oficio DA-1079-2024, es un permiso que por competencia institucional le corresponde a la Dirección de Agua de MINAE y no lo otorga SETENA como menciona el señor [Nombre 001]. Por otra parte, la afirmación realizada sobre las modificaciones de proyecto carece de fundamento, dado que toda modificación del diseño original debe pasar por SETENA, siendo que a la fecha no se ha presentado solicitud alguna y el señor [Nombre 001] no puntualiza a que tipo de modificación se refiere con dicha afirmación, ni aporta pruebas que evidencien dichas modificaciones. Alegato Cuarto: Como bien se indica en el punto 4, el oficio es remitido a la Alcaldesa de Limón, la Ministra de Salud y el Concejo Municipal de Limón; por ende, SETENA no conoce los alcances de las consultas e interrogantes planteadas por el señor [Nombre 001], en el oficio MLV-005-2026, dado que el mismo nunca fue dirigido a esta institución. Alegato Sexto: El punto 5, versa sobre manifestaciones o suposiciones que realiza el accionante y conjeturas que no son respaldadas por datos, informes o proyecciones que determinen la realidad del relleno en cuestión, y que corresponde al Ministerio de Salud determinar la capacidad o vida útil del mismo. Alegato Sexto: El señor [Nombre 001], involucra a esta Secretaría en sus conclusiones, cuando ante SETENA no se ha planteado solicitud alguna de interrogantes, denuncias o aclaraciones y el relleno sanitario es objeto de seguimiento y control ambiental por parte de esta Secretaría. Como se ha especificado líneas arriba, esta Secretaría ha cumplido acorde a sus funciones con lo que establece la normativa; siendo que el proyecto paso por el debido proceso de evaluación ambiental inicial y con ello luego de valorar sus condiciones se otorga la viabilidad ambiental en el año 2008, mediante la Resolución N°0914-2008-SETENA. Ahora bien, es importante aclarar que la viabilidad por si misma no es un permiso, sino que la misma constituye un requisito previó para que los desarrolladores de los diferentes TERCERO: Sobre el fondo de los alegatos: Alegato Primero: Corresponde a hechos propios y manifestaciones o apreciaciones del recurrente sobre las cuales no corresponde pronunciarnos. Alegato Segundo: No corresponde a hechos de esta representación estatal, sino propios del Ministerio de Salud. De acuerdo a las afirmaciones emitidas en el amparo, se aclara que SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón; no obstante, esta situación puntual excede las potestades de Ley con que cuenta esta Secretaría, dado que la responsabilidad institucional recae en el cumplimiento de los compromisos ambientales contraídos en la viabilidad ambiental y en la fiscalización de los instrumentos de control y seguimiento ambiental (ICOS). La aplicación directa de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N°8839) es competencia del Ministerio de Salud. Alegato Tercero: Respecto al permiso de vertido que se indica en el recurso de amparo, mismo con número de oficio DA-1079-2024, es un permiso que por competencia institucional le corresponde a la Dirección de Agua de MINAE y no lo otorga SETENA como menciona el señor [Nombre 001]. Por otra parte, la afirmación realizada sobre las modificaciones de proyecto carece de fundamento, dado que toda modificación del diseño original debe pasar por SETENA, siendo que a la fecha no se ha presentado solicitud alguna y el señor [Nombre 001] no puntualiza a que tipo de modificación se refiere con dicha afirmación, ni aporta pruebas que evidencien dichas modificaciones. Alegato Cuarto: Como bien se indica en el punto 4, el oficio es remitido a la Alcaldesa de Limón, la Ministra de Salud y el Concejo Municipal de Limón; por ende, SETENA no conoce los alcances de las consultas e interrogantes planteadas por el señor [Nombre 001], en el oficio MLV-005-2026, dado que el mismo nunca fue dirigido a esta institución. Alegato Sexto: El punto 5, versa sobre manifestaciones o suposiciones que realiza el accionante y conjeturas que no son respaldadas por datos, informes o proyecciones que determinen la realidad del relleno en cuestión, y que corresponde al Ministerio de Salud determinar la capacidad o vida útil del mismo. Alegato Sexto: El señor [Nombre 001], involucra a esta Secretaría en sus conclusiones, cuando ante SETENA no se ha planteado solicitud alguna de interrogantes, denuncias o aclaraciones y el relleno sanitario es objeto de seguimiento y control ambiental por parte de esta Secretaría. Como se ha especificado líneas arriba, esta Secretaría ha cumplido acorde a sus funciones con lo que establece la normativa; siendo que el proyecto paso por el debido proceso de evaluación ambiental inicial y con ello luego de valorar sus condiciones se otorga la viabilidad ambiental en el año 2008, mediante la Resolución N°0914-2008-SETENA. Ahora bien, es importante aclarar que la viabilidad por si misma no es un permiso, sino que la misma constituye un requisito previó para que los desarrolladores de los diferentes proyectos puedan solicitar los permisos ante las autoridades del Estado que si otorgan permisos, llámese Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, Dirección de Aguas y otras más que deben fiscalizar también la operación de dichos proyectos. Como se aprecia en el punto PRIMERO, esta Secretaría a procedido conforme a la normativa, a la fecha el desarrollador se encuentra al día con los instrumentos de control y seguimiento ambiental (ICOS), mismos que son el parámetro de medición para el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el desarrollador en el trámite de la viabilidad ambiental”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Por escrito de fecha 03 de febrero de 2026 el recurrente manifiesta lo siguiente: “En primer lugar, reitero las manifestaciones iniciales expuestas en mi recurso de amparo, las cuales no han sido adecuadamente atendidas ni desvirtuadas por los recurridos. Como vecino de una zona mayoritariamente habitada por población afrodescendiente, históricamente marginada y expuesta a desigualdades ambientales, denuncio que desde finales de 2024 se ha autorizado el traslado masivo de desechos sólidos ordinarios desde el Gran Área Metropolitana (GAM) al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin consulta previa, libre e informada a la población afectada, violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este traslado, que involucra hasta siete camiones diarios, genera olores insoportables que afectan la paz, seguridad y salud de los limonenses, como se documentó en el Semanario Universidad del 9 de diciembre de 2025. Además, el relleno no cuenta con permiso de vertido vigente, denegado por la Direccion de Aguas mediante resolución DA-1079- 2024 del 25 de abril de 2024, por incumplimientos ambientales. A pesar de ello, se han realizado modificaciones al diseño original sin reevaluación adecuada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acelerando su agotamiento en una zona de alta precipitación. Esta práctica omisiva y arbitraria del Ministerio de Salud y SETENA avala formalidades insostenibles sin evidencia científica, violentando la paz y seguridad de los limonenses. Ahora bien, el informe conjunto de los recurridos es tangencial y ambiguo, ya que evade responder directamente a mis alegatos centrales, limitándose a citas normativas generales y referencias a documentos previos sin aportar evidencia concreta ni análisis profundo. Peor aún, existe una evidente contradicción entre este informe y la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS, emitida el 14 de marzo de 2025, que reconoce inconsistencias técnicas graves en el relleno sanitario, incluyendo la ausencia de información detallada sobre la base de la celda, lo cual restringe el cálculo de su vida útil. Mientras el informe conjunto pretende minimizar el problema aludiendo a proyecciones obsoletas y evasivas (como la estimación de 29 años en el oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-1331-2025, basada en datos no verificados), la orden sanitaria y su resolución confirmatoria (MS-DM-LB-2594-2025 del 25 de noviembre de 2025) confirman incumplimientos que aceleran el colapso del sitio. Esta contradicción interna demuestra la falta de coherencia en la actuación de los recurridos, violando el principio de congruencia administrativa y el deber de motivación de los actos (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, LGAP, N° 6227). Los recurridos tratan de trivializar el presente asunto al argumentar que las respuestas previas son suficientes, cuando en realidad son contradictorias y carentes de sustento. Por ejemplo, en el punto de la vida útil del relleno, se hacen afirmaciones inconsistentes: el informe MS-DSA-UGSA-385-2025 (el más actualizado) concluye que el cálculo está restringido por ausencia de datos sobre la base de la celda, mientras que proyecciones aportadas por el operador (oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0087-2026) estiman 15 años con un ingreso promedio de 200 toneladas diarias, sin considerar el incremento masivo por traslados de la GAM. Estas afirmaciones son carentes de prueba técnica, fundamento fáctico ni legal, ya que no incluyen estudios actualizados de capacidad volumétrica, análisis hidrogeológicos ni proyecciones basadas en datos científicos verificables. Esto viola el principio in dubio pro natura, que exige resolver dudas a favor de la protección ambiental (Sala Constitucional, voto N° 2012-014591), y el artículo 16 de la LGAP, que obliga a motivar los actos administrativos con razones suficientes y no contradictorias. Además, los recurridos consienten el traslado indiscriminado de desechos sólidos de la GAM sin los indispensables estudios técnicos, en contraposición a la viabilidad ambiental emitida específicamente para la población de Limón en 2008 (resolución SETENA N° 914- 2008). El incremento en el volumen de desechos requiere indudablemente una modificación de la viabilidad ambiental, conforme a principios de ciencia y técnica (Ley N° 8839, artículo 8) y la normativa ambiental (Ley de Biodiversidad N° 7788). El menoscabo que representa la masiva llegada de desechos sólidos de la GAM, como mínimo, debió contar con el aval de la población afrodescendiente de Limón, según el deber de control de constitucionalidad (artículo 7 de la Constitución Política) y la normativa vigente en materia de desechos sólidos, derechos de tercera generación (derechos ambientales colectivos) y el artículo 50 de nuestra Constitución, que garantiza un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La omisión de consulta previa viola el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7316, que obliga a consultar a pueblos indígenas y tribales (incluyendo comunidades afrodescendientes) sobre medidas que les afecten directamente. Las afirmaciones de los recurridos no son congruentes con la jurisprudencia constitucional sobre el manejo y disposición de desechos sólidos. La Sala Constitucional ha reiterado que la gestión de residuos debe priorizar la prevención de riesgos y la equidad regional (votos N° 2015-001234 y N° 2020-015678), rechazando prácticas que sobrecarguen regiones marginadas como Limón. Los recurridos ni siquiera emiten una descripción de la clasificación de los desechos sólidos que estamos recibiendo los limonenses de la GAM, limitándose a emitir criterios generales sobre una situación extremadamente compleja. Esto exige una exhaustiva labor de coordinación entre el Ministerio de Salud y la SETENA, violentando por omisión los términos de la viabilidad ambiental otorgada bajo condiciones muy puntuales en el año 2008. Por ello, se impone un riguroso análisis técnico y jurídico del informe conjunto de las autoridades recurridas, en aras de no hacer nugatorios los derechos fundamentales de los limonenses, incluyendo el deber de consulta pública según el Convenio 169 de la OIT. El informe evade estos aspectos, trivializando el impacto en acuíferos, salud pública y turismo, y acelerando el colapso del relleno, lo que obligaría a Limón a trasladar sus propios desechos fuera de la región –una medida económicamente inviable que agravaría la pobreza en nuestra provincia. En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente a esta Honorable Sala que declare con lugar el recurso de amparo, ordene la inmediata suspensión de los traslados de desechos de la GAM al relleno de Limón, exija la realización de estudios técnicos independientes y una consulta previa a la población afectada, y condene en costas a los recurridos por su actuación omisiva y arbitraria. Esta es una cuestión de justicia ambiental y dignidad para Limón; no permitamos que se perpetúe esta violación flagrante” (ver registro electrónico).

6.- Por escrito de fecha 03 de febrero de 2026 el recurrente manifiesta lo siguiente: “Con el debido respeto y en ejercicio del derecho de defensa y contradicción que me asiste en el presente amparo, me dirijo a ustedes para denunciar, de manera formal y fundada, una grave omisión por parte de las autoridades recurridas (Ministerio de Salud y SETENA) que vicia de nulidad absoluta el procedimiento y pone en riesgo inminente el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50 Constitución Política) de los habitantes de la provincia de Limón. 1. Los propios funcionarios recurridos han incorporado al expediente prueba que revela las deficiencias técnicas, sanitarias y ambientales del sitio receptor. Mediante la orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS (14 de marzo de 2025), notificada por el Área Rectora de Salud de Limón y ratificada en todos sus extremos por la Ministra de Salud mediante resolución MS-DM-LB-2594- 2025 (25 de noviembre de 2025), se ordenó a la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. corregir múltiples incumplimientos graves: • Ausencia de cobertura diaria de residuos (incumplimiento del art. 19 del D.E. 44421-S). • Pendientes de taludes entre 30 % y 45 % sin programa de monitoreo estructural anual. • Falta de información sobre la base de las celdas y memoria de cálculo, lo que impide calcular la vida útil real del sitio. • Sistemas incompletos de extracción y control de gases (18 chimeneas instaladas sin cumplir el radio de cobertura de 40 m). • Acumulación superficial de lixiviados en celda activa (informe de seguimiento MS-DRRSHC-ARSL-06912-2025, 8 de diciembre de 2025). • Informe técnico MS-DSA-UGSA-385-2025 (diciembre 2025) confirma que “el cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda”. Todos estos documentos fueron aportados por las propias autoridades recurridas y obran en el expediente. Sin embargo, el Ministerio de Salud y SETENA han autorizado (o tolerado) el traslado masivo de residuos de cantones populosos de la GAM (Escazú, Curridabat, Belén, Alajuelita, Paraíso, Oreamuno, Jiménez, etc.) al sitio El Tomatal mediante autorizaciones de excepción al art. 10 del D.E. 44974-S (Cartas MS-DRRSCE-0518-2025, MSDPRSA-USA-1042-2025, MS-DRRSCS-1848-2025, MS-DRRSCN-URS-IT-1099- 2025, MS-DRRSCS-2979-2025, entre otras), sin realizar el análisis técnico exigido por los principios precautorio y preventivo (arts. 1, 2, 4, 7, 262, 263 y 340 Ley General de Salud; jurisprudencia constante de esta Sala: Votos 07728-2004, 2019- 02019, 2020-01234, entre muchos). 2. El traslado carece del más elemental análisis de conveniencia para la comunidad de Limón. De los documentos aportados por los propios recurridos se desprende que: • La basura proviene mayoritariamente de cantones densamente poblados de la GAM (Escazú, Curridabat, Belén, etc.). • La distancia radial supera los 117 km (punto más lejano San Vicente de Belén → PTA Limón: 122,34 km según Google Earth). • No existe estudio técnico-económico comparativo que demuestre que el traslado a Limón es la opción más viable, eficiente y de menor impacto ambiental (requisito mínimo del art. 9 D.E. 44974-S). • No se ha evaluado el riesgo de agotamiento prematuro del sitio El Tomatal, cuya vida útil real sigue sin poder calcularse por falta de memoria de cálculo de base (Informe MS-DSA-UGSA-385-2025). • Limón es zona de alta visitación turística; un colapso sanitario como el ocurrido antes de 2009 generaría costos exorbitantes y afectaría gravemente la economía local. Esta omisión viola flagrantemente el principio de precaución (Declaración de Río 1992, art. 15; jurisprudencia vinculante de esta Sala) y el deber estatal de proteger intereses difusos (art. 50 Constitución). 3. Solicitud concreta Por las razones expuestas y con fundamento en los arts. 50, 129 Constitución Política; 1, 2, 4, 7, 262, 263, 340, 341, 355, 356 Ley General de Salud; 8, 9 y 10 D.E. 44974-S; 378 y 378 bis LGS; y jurisprudencia de esta Sala (Votos 07728-2004, 2019-02019, 2020-01234, 2022-00123, entre otros), solicito formalmente: 1. Ordenar al Ministerio de Salud y a SETENA que, en el plazo perentorio de 48 horas, realicen y remitan a este expediente un análisis técnico riguroso, exhaustivo e independiente sobre: • La vida útil real del PTA El Tomatal con datos actualizados de memoria de cálculo y viabilidad ambiental SETENA. • Impactos sanitarios, ambientales y económicos del traslado masivo de residuos de la GAM sobre la comunidad limonense. • Cumplimiento efectivo de los requisitos del art. 9 D.E. 44974-S en cada autorización de excepción otorgada. 2. Suspender provisionalmente cualquier traslado adicional de residuos de la GAM al PTA El Tomatal hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. 3. Declarar con lugar el amparo y ordenar la reparación integral del daño causado a los intereses difusos” (ver registro electrónico).

7.- Por resolución de las diecinueve horas diez minutos del ocho de febrero de dos mil veintiséis el magistrado instructor amplió el curso y solicitó informe al ALCALDE Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LIMON (ver registro electrónico).

8.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente remite un escrito rotulado “Traslado formal del oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00645- 2026 de fecha 09 de febrero de 2026, suscrito por la Dra. Guisselle Lucas Bolívar en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Limón. Solicitud de medidas cautelares en resguardo de los derechos fundamentales de la población de la Provincia de Limón, en el expediente 25-036064-0007- CO” por medio del cual manifiesta lo siguiente: “Estimados Señores Magistrados: Me dirijo a esta honorable Sala Constitucional en mi condición de recurrente, [Nombre 001], representante de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, en el marco del expediente 25-036064-0007-CO, con el fin de dar formal traslado del oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00645-2026, de fecha 09 de febrero de 2026, suscrito por la Dra. Guisselle Lucas Bolívar en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Limón. Dicho documento responde a una solicitud previa de información sobre las autorizaciones excepcionales otorgadas para el depósito de desechos sólidos provenientes de siete cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) en el relleno sanitario de la Provincia de Limón. Sin embargo, lejos de constituir una respuesta adecuada y proporcional, el referido oficio revela una actuación administrativa irracional, desproporcionada y carente de fundamento técnico-científico, que vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales de la población limonense, consagrados en la Constitución Política de la República de Costa Rica y en la normativa ambiental y sanitaria vigente. A continuación, expongo de manera detallada los fundamentos de esta crítica, solicitando a esta Sala la adopción inmediata de medidas cautelares para salvaguardar los intereses colectivos en juego. I. Contextualización de los Hechos y Crítica a la Actuación Administrativa El oficio en traslado informa sobre las autorizaciones excepcionales emitidas por diversas direcciones regionales de salud a las municipalidades de Paraíso, Oreamuno, Jiménez, Belén, Escazú, Curridabat y Alajuelita. permitiendo el depósito de sus desechos sólidos en el relleno sanitario de Limón. Estas autorizaciones, detalladas como sigue: • Municipalidad de Paraíso: CARTA-MS-DRRSCE-0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: CARTA-MS-DRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: CARTA-MS-DPRSA-USA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: CARTA-MS-DRRSCN-URS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: CARTA-MS-DRRSCS-1848-2025. • Municipalidad de Curridabat: MS-DRRSCS-0162-2026. • Municipalidad de Alajuelita: RESOLUCIÓN-MS-DRRSCS-2979- 2025. Se extienden hasta el 28 de abril de 2026, sin especificar plazos intermedios, soluciones alternativas a mediano o largo plazo, ni evaluaciones previas sobre la capacidad del relleno sanitario. Esta medida se adopta de manera inconsulta con la comunidad de Limón, autorizando alegremente el arribo indiscriminado de desechos externos, lo cual resulta absolutamente irracional y desproporcionado. En primer lugar, dicha actuación ignora la viabilidad ambiental otorgada al relleno sanitario en el año 2008 mediante resolución administrativa del Ministerio de Salud y el SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), la cual se diseñó para atender exclusivamente las necesidades de una población específica en la Provincia de Limón, sin contemplar el volumen adicional proveniente del GAM. Esta viabilidad, fundamentada en la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554, artículo 17 y siguientes), exige evaluaciones de impacto ambiental (EIA) que consideren la capacidad de carga del sitio, los riesgos sanitarios y la sostenibilidad a largo plazo. Al no prever el incremento exponencial de desechos (estimado en miles de toneladas mensuales provenientes de siete cantones), se violenta el principio de precaución ambiental, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, que obliga al Estado a garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En segundo lugar, la ausencia de consulta previa con la comunidad limonense contraviene el principio de participación ciudadana, establecido en la Ley de Biodiversidad (N° 7788, artículo 6) y en la Convención sobre Acceso a la Información, Participación del Público en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convenio de Aarhus, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 8295). La población local, como principal afectada, no ha sido informada ni consultada sobre una decisión que expone su salud y bienestar, maximizando riesgos como la contaminación de acuíferos, emisiones de gases tóxicos y proliferación de vectores de enfermedades, en violación a la Ley General de Salud (N° 5395, artículos 147 y 148), que prohíbe acciones que pongan en peligro la salud pública sin medidas mitigadoras. Además, la falta de determinación de la vida útil del relleno sanitario —un requisito técnico indispensable según el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Ejecutivo N° 38271-S-MINAE, artículo 22)— expone a la Provincia de Limón a un colapso inminente en el mediano o corto plazo, dejando a sus habitantes sin un sitio adecuado para la disposición y tratamiento de sus propios desechos. Esta omisión es carente de ciencia y técnica, ya que no se basa en estudios hidrogeológicos, de capacidad volumétrica ni de proyecciones demográficas, contraviniendo el principio de racionalidad administrativa (Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, N° 8508, artículo 11). La Directora del Área Rectora de Salud de Limón, al consignar estas autorizaciones sin plazos definidos ni soluciones alternativas, actúa en detrimento de los derechos locales, priorizando intereses externos sin justificación proporcional. II. Vulneración de Derechos Fundamentales y Normativa Aplicable La actuación criticada infringe derechos constitucionales fundamentales, tales como: • Derecho a un ambiente sano (artículo 50 de la Constitución Política): Jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo, sentencia 2009- 014567) ha establecido que cualquier medida que incremente riesgos ambientales debe someterse a evaluaciones rigurosas y consulta comunitaria, bajo pena de nulidad. El depósito indiscriminado de desechos externos acelera la saturación del relleno, generando lixiviados tóxicos y contaminantes que amenazan la biodiversidad caribeña y la salud de la población, en contravención al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos (Decreto Ejecutivo N° 36003-S). • Derecho a la salud (artículo 21 de la Constitución Política y Ley General de Salud, N° 5395): La exposición prolongada a desechos sin controles adecuados incrementa incidencias de enfermedades respiratorias, dermatológicas y vectoriales, especialmente en comunidades vulnerables de Limón. Esta Sala ha reconocido en resoluciones como la 2015-002345 que tales riesgos justifican medidas cautelares inmediatas para prevenir daños irreparables. • Principio de proporcionalidad y razonabilidad (artículo 11 de la Constitución Política): La medida es desproporcionada al no equilibrar los beneficios temporales para el GAM con los perjuicios permanentes para Limón, violando el test de proporcionalidad establecido en la jurisprudencia constitucional (sentencia 2018-010234). No existe necesidad imperiosa ni alternativa menos lesiva, como la implementación de rellenos regionales en el GAM. • Derecho a la participación y no discriminación (artículos 9 y 33 de la Constitución Política): La Provincia de Limón, históricamente marginada, se convierte en “vertedero” de desechos metropolitanos sin voz en la decisión, configurando una discriminación territorial prohibida por la Ley contra la Discriminación (N° 9342). III. Solicitud de Medidas Cautelares Dado el riesgo inminente e irreparable para la población de Limón, solicito a esta honorable Sala la adopción inmediata de medidas cautelares, conforme al artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135), consistentes en: 1. La suspensión provisional de las autorizaciones excepcionales detalladas en el oficio trasladado, hasta que se realice una evaluación integral de impacto ambiental y consulta comunitaria. 2. La orden al Ministerio de Salud para que determine la vida útil del relleno sanitario de Limón, con base en estudios técnicos independientes, y proponga soluciones alternativas a mediano y largo plazo para el GAM. 3. La imposición de plazos estrictos y monitoreo continuo para cualquier depósito futuro, asegurando el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales. Estas medidas son procedentes ante la evidencia de vulneración inminente, como lo ha resuelto esta Sala en casos análogos (e.g., sentencia 2020-005678 sobre rellenos sanitarios)”.

8.- Informa bajo juramento ANA JANNIEL MATARRITA MC CALLA,  en su condición de alcaldesa propietaria de la Municipalidad del Cantón Central de Limón (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Según indica el recurrente, él remitió el oficio MLV-005-2026, del 07/01/2026, al correo personal institucional, sin embargo, no aporta prueba de ello. Por lo anterior se indica que el único correo habilitado para recibir consultas es [email protected]. Así las cosas, a criterio de la suscrita, no se ha violado el derecho de respuesta del señor [Nombre 001], por lo que acto seguido de forma respetuosa procedo a brindar respuesta sobre cada una de las preguntas planteadas. Con el propósito de garantizar que la información suministrada al recurrente sea exacta y actualizada al día de hoy, se gestionó ante la empresa EBI de Costa Rica S.A. la certificación del dato relativo a la vida útil del relleno sanitario, el cual será incorporado al expediente una vez remitido, debido a que el plazo para contestar el recurso de amparo es menor al tiempo que por ley tiene la empresa para remitir respuesta al Municipio. ANEXO UNO, AML-0636-2026 con constancia de correo recibido. CONTESTACIÓN PUNTO UNO Y TRES, INFORME DE LABORES A fin de brindar informe sobre lo actuado por este municipio, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, en beneficio de los intereses de la población limonense, debido a la situación de traslado de residuos provenientes de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario conocido como “El Tomatal”, en Santa Rosa de Limón, se realiza mención de los siguientes hechos: PRIMERO: Que el día 06 de marzo del año 2025, al ser las ocho horas y veintiocho minutos, se presentó por parte de la Municipalidad del Cantón Central de Limón una solicitud de medida cautelar, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, así como contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, al cual se le asignó como número de causa 25-001560-1027-CA, por los mismos hechos descritos por el recurrente, esto al Municipio tampoco estar de acuerdo con el traslado de residuos, con la pretensión que a continuación de detalla: “1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paliativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos. Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables.” SEGUNDO: Que el día 06 de marzo del 2025, en expediente 25-001560-1027-CA , al ser las doce horas diez minutos, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, rechaza la medida cautelar provisionalísima, debido a que a criterio del juez no existían estudios que permitan demostrar el daño grave e irreversible alegado por la municipalidad pese al mismo resultar claramente previsible, sin embargo, pese a no otorgar la medida cautelar le solicitó al Estado y a la empresa en cuestión lo siguiente: “En su lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del CPCA, se otorga audiencia al Estado y a Empresas Berthier EBI de CR, S.A., por un plazo de tres días hábiles, para que se manifiesten de manera escrita en relación con la cautelar solicitada por la parte actora, así como que puedan ofrecer la prueba que estimen pertinente. En ese mismo sentido, se ordena al Estado que, al momento de brindar contestación, indique si en relación con los hechos expuestos por la parte actora, existe o no algún estudio técnico científico que se refiera a los efectos y eventual impacto ambiental de tales hechos, así como aportar el respectivo criterio técnico de las autoridades competentes, sea el MINAE y el Ministerio de Salud. NOTIFÍQUESE. - Alex Rojas Ortega, Juez.” (Negrita no corresponde al documento original” TERCERO: En lo que interesa a este proceso, respecto a lo solicitado en el punto anterior, es importante citar lo expuesto por la Procuraduría General de la República el día 12 de mayo del 2025, en expediente 25-001560-1027-CA: “Conforme a lo esbozado en líneas anteriores, el 18 de febrero del 2025 se notificó la Orden Sanitaria N.°MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 a la empresa Berthier mediante la que se otorgó el plazo de 10 días hábiles a efectos de que entrara en funcionamiento la cámara de aireación principal del sistema de tratamiento de aguas residuales de las instalaciones del PTA El Tomatal y se dispuso no dar ingreso de otras cantidades de residuos sólidos que no estuvieran contemplados en la propuesta inicial planteada ante el Ministerio de Salud, sea se le impidió trasladar los residuos sólidos del GAM, entre otros. (Véase prueba n.°2, Tomo 30, folios 4725-4725). En consecuencia, desde ese momento y hasta la fecha existe un impedimento respecto al traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en el Gran Área Metropolitana o de cualquier otra parte del país al PTA de Limón El Tomatal, pues solo tienen ingreso los de dicha zona (Municipalidades de Limón, Matina y Talamanca); mismos que fueron detallados y autorizados cuando se solicitó el permiso de funcionamiento. Es importante indicar que, aun cuando se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto contra dicho acto, ya que el de revocatoria fue rechazado mediante Resolución N.° MS-DRRSHC-0379-2024, éste no tiene efectos suspensivos. (Véase prueba n.°2, Tomo 30, folios 4730-4762,4773-4777, 4794-4797,4853, 4858-4861, 4864, 4865). Bajo el mismo contexto, a través del Oficio N.° CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0849-2025 del 28 de febrero del 2025, suscrito por la Licda. Fanny Madrigal Núñez, Servicios de Salud, Área Rectora de Salud Limón y la Ing. Rosibel Villafuerte Rodríguez, Dirección Regional Huetar Caribe, Rectoría de la Salud, se consignó que: “8. El día 17 febrero del 2025, se realiza visita de inspección, siendo que, se logra identificar que en la cámara de aireación principal persiste la misma condición de la última visita realizada, ya que no había realizado obras para el avance de las mejoras requeridas, razón por la cual, la ingeniera Zamora comunica que contarán con el cronograma de actividades para implementar las acciones para el funcionamiento de esta a la brevedad posible, bajo oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00683-2025. En dicha visita informa la Ingeniera Zamora, que, desde hace dos semanas, tomaron la decisión que EBI Limón, no estaría recibiendo residuos, esto debido a que se encontraban realizando obras de ampliación de la Celda 3, y para ello, se requería más capacidad de equipo y personal, oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00683-2025.” (La negrita y el subrayado son propios) (Véase prueba n.°2, Tomo 30, folios 4763-4766). En abono a lo indicado, desde el 28 de abril anterior, entró en vigencia el “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” (Decreto Ejecutivo N.° 44974), cuyo objetivo es establecer un marco de acción en función de sistemas cantonales (modelo regional) que obliga a una colaboración intermunicipal para la optimización del uso de los recursos y reducción del impacto ambiental. (Artículo 1) Bajo ese orden, las municipalidades y demás entidades responsables de la gestión de residuos deberán organizarse dentro las regiones establecidas por el MIDEPLAN, según lo indicado en el Decreto Ejecutivo N.° 37735, siendo que éstas gestionarán de manera autónoma sus residuos sólidos, reduciendo su dependencia de otras regiones y promoviendo la implementación de modelos de economía circular. (Decreto Ejecutivo N.° 44974, artículo 4). Específicamente, los artículos 9 y 10 del reglamento de comentario, fijan la obligación de que la gestión de los residuos sólidos ordinarios debe realizarse dentro de la región correspondiente. No obstante, cuando sea necesario el traslado fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia no podrá exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano. Del mismo modo, en los casos en que la distancia se sobrepase, será obligatorio el uso de Estaciones de Transferencia para optimizar el transporte y garantizar una operación eficiente dentro de la misma región y en los casos de excepción se deberá presentar un informe técnico que respalde la decisión. Por tanto, al haber cesado el traslado de residuos del GAM desde el mes de febrero y al haberse dictado normativa específica que fija las condiciones actuales sobre las que sedeberá trabajar en los traslados de los residuos sólidos para tratamiento o disposición final de un cantón a otro, solicitamos el rechazo de lo peticionado y el archivo inmediato del presente asunto, al haber cesado lo aquí reclamado. CUARTO: Que el 12 de mayo del 2025, en el expediente 25-001560-1027-CA, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, emitió la sentencia número N° 2025004402, de las trece horas con cinco minutos del doce de mayo del dos mil veinticinco, en la que dispuso: “POR TANTO Se rechaza la solicitud de medida cautelar gestionada por la Municipalidad de Limón. Notifíquese.” ***Nota: Se adjunta copia de la respuesta de la PGR, Ministerio de Salud y MINAE, así como de la sentencia. Sin embargo, en caso de requerir copia integra del expediente, al no poder autorizar a su persona para que directamente sea quien realice la diligencia, se pone en conocimiento que se ha autorizado a la funcionaria, Daniela Arantxa Castro Padilla para asistirle con el trámite correspondiente. No obstante, le informamos cordialmente que los costos de las copias deberán ser asumidos directamente por su persona, ya que la municipalidad no cubrirá dicho gasto. Agradecemos además que nos indique la fecha y hora en que le sería posible realizar dicho trámite ante el despacho judicial para proceder con la coordinación. *** QUINTO: Así las cosas, se demuestra: 1.-) que los intereses de los recurrentes no son afectados como consecuencia de omisiones realizadas por la Municipalidad de Limón, 2.-) que se ha ejercido los procedimientos legales existentes a fin de salvaguardar los intereses de la población SEXTO: Que incluso, la Municipalidad, cuando no existía orden sanitaria que permitiera el traslado de basura a más de 80 kilómetros, actuando a favor de los intereses de los administrados , intentó frenar la situación, tómese como referencia la noticia publicada en la página de internet https://elmundo.cr/municipales/limon-frena-ingreso-ilegalde-basura-de-la-gam-al-relleno-sanitario/ del 26 de Mayo del 2025, en la que se indica: “Limón frena ingreso ilegal de basura de la GAM al relleno sanitario Limón, 26 may (elmundo.cr) – La Policía Municipal, el Ministerio de Salud y Tránsito detuvieron un tráiler que transportaba basura proveniente de la Gran Área Metropolitana (GAM) e intentaba ingresar al relleno sanitario de Limón. El vehículo fue interceptado y devuelto a su lugar de origen, La Carpio. El operativo conjunto, que se mantendrá indefinidamente, se llevó a cabo gracias a un sistema de monitoreo constante y acciones coordinadas. El camión transportaba residuos sólidos de la GAM con destino al relleno sanitario limonense. La empresa responsable del transporte deberá responder ante una denuncia formal presentada por la Alcaldía de Limón ante el Ministerio de Salud. Además, se solicitó una investigación a la Sede de La Carpio por presunta violación al nuevo reglamento del Ministerio de Salud. La Municipalidad de Limón reitera su postura: “¡Limón no es un basurero!”. Se hace un llamado a los usuarios de la Ruta 32 para que reporten en tiempo real la detección de traileras sospechosas al número 87-98-81-70. Se solicita no enviar videos cuya procedencia o vigencia no sean verificables. La alcaldesa de Limón, Ana McCalla, “de la Alcaldía vamos a seguir sosteniendo los operativos conjuntos de forma indefinida hasta que esta situación se controle o haya un, se marque un precedente a la empresa con la finalidad de hacer cumplir el nuevo reglamento del Ministerio de Salud y defender la vida útil del relleno”. La alcaldesa hizo un llamado “a los otros gobiernos locales que también utilizan el relleno de Limón y que también les afecta esta situación de que nuestro relleno sanitario pierda vida útil. La verdad es que Limón no puede quedarse solo en esta lucha. Hago un llamado a los demás cantones y gobiernos locales para que se sumen también con operativos articulados, con vigilancia, con monitoreo de esta situación para que nos podamos unir y defender el relleno como es necesario, ya que todos somos usuarios”. “Lamento mucho que tenga que estarse usando el recurso público que está destinado para mejorar la vida de nuestros habitantes y para la protección de los mismos. En el caso, por ejemplo, de la Policía Municipal y que tenga que estarse destinando el recurso público de forma casi extraoficial. O sea, es decir, que aparte del recurso disponible tenemos que hacer un esfuerzo doble o triple para estar prácticamente vigilando una empresa privada que debería de estar apegada a la ley y al marco legal”, sostuvo. McCalla recalcó que “no es posible que estemos usando el recurso público para estas situaciones. Esto ya es el colmo. O sea, realmente hacer un llamado también de conciencia a la empresa para que por favor se apegue al marco legal, a la normativa vigente”. “No podemos estar descubriendo sectores, en el caso de la Policía Municipal, descubriendo sectores y duplicando el recurso que realmente se necesita en las calles de Limón para proteger a los ciudadanos para estas cosas. Verdaderamente esto es una situación muy penosa, muy lamentable y esperamos que no se repita porque vamos a estar muy firmes en el hecho de que se cumple la ley y la normativa vigente y que nuestro relleno sanitario no pierda vida útil por estar acarreando basura de otros territorios”, concluyó. SÉTIMO: Actualmente, por entrar en vigencia el “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” que permite a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud el otorgar permisos como excepción para el traslado de desechos a más de 80 km de distancia, es que no se puede frenar el traslado de residuos. Véase: A. CARTA-MS-DPRSA-USA- 1042-2025. B. CARTA-MS-DRRSCE-0518-2025. C. MS-DPRSA-USA-1018-2025. Dichos documentos, otorgan, de acuerdo al “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” permisos de excepción para el traslado de residuos Permisos que de acuerdo al artículo 10 tienen vigencia de un año, a partir de la entrada en vigencia de dicho reglamento, plazo durante el cual, cada región debe trabajar en el desarrollo de su infraestructura a fin de evitar consecuencias devastadoras para Limón. Por lo expuesto, se solicita respetuosamente que no se imponga sanción alguna a la Municipalidad Central de Limón, toda vez que esta no autorizó el ingreso de residuos provenientes del Gran Área Metropolitana (GAM). Por el contrario, al tener conocimiento de dicha situación, promovió oportunamente la correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el expediente sumario N.º 25-001560-1027-CA. Actualmente, tal como se indicó, existe una orden sanitaria vigente que, conforme al marco reglamentario aplicable, obliga al municipio a permitir que la empresa EBI traslade residuos del GAM para su disposición en Limón. En consecuencia, la reducción de la vida útil del relleno sanitario resulta un efecto inevitable derivado del cumplimiento obligatorio de dicha orden. No obstante, el municipio ha ejercido y continúa ejerciendo las acciones legales pertinentes a fin de evitar que esta situación se prolongue, actuando siempre dentro del marco de legalidad y considerando, además, la fecha de vencimiento de los permisos respectivos. Así las cosas, se demuestra que la Municipalidad de Limón ha ejercido los procedimientos legales existentes a fin de salvaguardar los intereses de la población”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

9.- Informa bajo juramento Juan Pablo Poveda Chinchilla en su calidad de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central de Limón (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “PRIMERO: Sobre los hechos alegados. El recurrente señala que el Ministerio de Salud habría autorizado el traslado masivo de residuos sólidos ordinarios desde la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin consulta previa y generando impactos ambientales y sociales negativos. SEGUNDO: Sobre la competencia del Concejo Municipal. El traslado de residuos interregionales y las autorizaciones sanitarias correspondientes constituyen materias propias del Ministerio de Salud y de las autoridades ambientales nacionales, conforme a la Ley General de Salud N° 5395 y la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839. El Concejo Municipal no tiene competencia para autorizar, aprobar o ejecutar traslados de residuos provenientes de otras regiones del país, ni para otorgar permisos sanitarios o ambientales. TERCERO: Actuación del Concejo Municipal frente a la situación denunciada. Lejos de incurrir en omisión, el Concejo Municipal ha manifestado formal y públicamente su oposición al traslado de residuos sólidos de la GAM a Limón. Mediante acuerdo SM-0591-2025, adoptado en Sesión Ordinaria N° 77 del 21 de octubre de 2025, el Concejo conoció el Informe CAJ-22-2025 y reiteró el acuerdo previo SM-0083-2025, en el cual expresamente se manifestó que este Concejo Municipal está en contra del traslado de desechos sólidos de la Gran Área Metropolitana a los rellenos sanitarios ubicados en Limón. Asimismo, se solicitó criterio técnico al Ministerio de Salud, tanto a nivel nacional como regional, sobre la conveniencia o no del traslado, y se convocó a autoridades del Ministerio de Salud y a representantes de la empresa operadora del relleno para que rindieran cuentas ante el Concejo Municipal Es decir, el órgano deliberativo municipal no solo rechazó la medida, sino que ejerció su función de control político y fiscalización. CUARTO: Inexistencia de omisión atribuible al Concejo. El acto denunciado —la eventual autorización del traslado de residuos— no fue adoptado por el Concejo Municipal ni depende de su voluntad jurídica. Por el contrario: 1. El Concejo se opuso expresamente. 2. Solicitó criterios técnicos a la autoridad competente. 3. Convocó a autoridades nacionales para rendición de cuentas. No existe, por tanto, conducta activa u omisiva del Concejo que pueda considerarse lesiva de derechos fundamentales. QUINTO:.En lo que respecta al Concejo Municipal del Cantón Central de Limón, no existe autorización, aval ni ejecución del traslado denunciado. El órgano colegiado ha manifestado su oposición formal y ha ejercido las acciones que le competen dentro de su ámbito constitucional y legal. Cualquier eventual vulneración alegada deberá analizarse respecto de las autoridades nacionales competentes en materia sanitaria y ambiental”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

10.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el 26 de febrero de 2026 el recurrente manifiesta lo siguiente: “Con el mayor respeto a esta honorable Sala, comparezco en mi calidad de recurrente en el presente recurso de amparo para contestar formalmente la contestación presentada por la señora Alcaldesa de la Municipalidad del Cantón Central de Limón. I. Reiteración de mis manifestaciones iniciales y aclaración previa Reitero íntegramente todas las manifestaciones contenidas en mi escrito de interposición del recurso de amparo. Aclaro enfáticamente, tal como consta en el expediente, que el recurso fue presentado inicialmente contra el Ministerio de Salud, y que fue el señor Magistrado Instructor quien, en uso de sus facultades legales, dispuso darle traslado como recurrida a la señora Alcaldesa Municipal de Limón. Por tanto, resulta improcedente cualquier alegato de la recurrida tendente a cuestionar la recepción o el cauce procesal dado por esta Sala. II. Objetivo principal del recurso de amparo El objeto central y único de este amparo es que la Sala Constitucional ordene, de manera inmediata y efectiva, la prohibición del ingreso de desechos sólidos procedentes de los siete cantones de la Gran Área Metropolitana (Meseta Central) al Relleno Sanitario El Tomatal (Parque de Tratamiento Ambiental operado por Berthier EBI de Costa Rica S.A.), ubicado en Santa Rosa de Limón. Esta pretensión se fundamenta en la grave crisis ambiental y sanitaria que históricamente ha sufrido y sigue sufriendo la provincia de Limón, documentada en abundantes reportajes de prensa nacional desde el año 2000 hasta la fecha (entre otros, publicaciones recientes en Semanario Universidad, UNA Comunica y medios nacionales que dan cuenta del ingreso diario de hasta siete camiones de basura de la GAM, olores insoportables y acelerada reducción de la vida útil del relleno). III. Refutación a la contestación de la recurrida La respuesta de la señora Alcaldesa, si bien describe acciones judiciales y administrativas previas, no desvirtúa ni resuelve la violación constitucional alegada. 1. La Municipalidad reconoce que el relleno recibe (y debe recibir por orden sanitaria) residuos de la GAM, lo cual es precisamente lo que se impugna. Las medidas cautelares interpuestas por la propia Municipalidad en el expediente 25- 001560-1027-CA fueron rechazadas, y las órdenes sanitarias y permisos de excepción invocados (basados en el Decreto Ejecutivo N.º 44974) son actos administrativos cuya constitucionalidad está en entredicho en este amparo. 2. No se ha aportado ningún estudio técnico actualizado que determine: • La vida útil real del Relleno El Tomatal tras las modificaciones realizadas. • Las adecuaciones efectuadas a la viabilidad ambiental otorgada por SETENA en el año 2008. • El impacto acumulado del transporte y disposición de miles de toneladas adicionales procedentes de la GAM. La ausencia de tales estudios viola el principio precautorio consagrado en la jurisprudencia reiterada de esta Sala (ver, entre muchas, sentencias N.º 2004-9927, 2013-09374 y 2025- 026093, entre otras), según el cual, ante riesgo de daño grave o irreversible al ambiente y a la salud pública, la falta de certeza científica plena no puede invocarse para postergar medidas de protección. 3. Tampoco se ha cumplido con el deber de consulta previa, libre e informada a la población afrodescendiente de Limón, conforme al Convenio 169 de la OIT (ratificado por Costa Rica y de jerarquía constitucional según interpretación de esta Sala). Esta Sala ha reconocido recientemente este derecho en casos análogos que afectan comunidades afrodescendientes del Caribe (sentencia N.º 029985-2025, entre otras). La decisión de convertir a Limón en receptor de basura de la GAM incide directamente sobre territorios y comunidades históricamente afrodescendientes, sin que se haya realizado consulta alguna. 4. Las acciones descritas por la recurrida (operativos policiales, intentos de frenar camiones, etc.) son meramente paliativas y no sustituyen el deber constitucional de la Administración de velar por los intereses ambientales y sanitarios del cantón (artículo 50 y 89 de la Constitución Política). La propia Alcaldesa reconoce en declaraciones públicas que “Limón no es un basurero”, pero simultáneamente se ve obligada a permitir el ingreso por órdenes superiores, lo cual evidencia la necesidad de intervención constitucional urgente. IV. Solicitud concreta Por todo lo expuesto, y en aras de tutelar los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 Constitución Política), a la salud, a la igualdad y al principio de razonabilidad y proporcionalidad, solicito muy respetuosamente a esta honorable Sala: a) Declarar con lugar el presente recurso de amparo. b) Ordenar, de manera inmediata, la suspensión y prohibición del traslado e ingreso de desechos sólidos procedentes de los cantones de la Gran Área Metropolitana al Relleno Sanitario El Tomatal de Limón, por resultar lesivo para la comunidad limonense. c) Mantener dicha medida hasta tanto se realicen los estudios técnicos completos sobre vida útil, impacto ambiental y se cumpla con la consulta previa al pueblo afrodescendiente conforme al Convenio 169 de la OIT. Quedo a la orden de esta Sala para cualquier aclaración o diligencia que se estime necesaria” (ver registro electrónico).

11.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el 27 de febrero de 2026 el recurrente manifiesta lo siguiente: “I. Antecedentes y Objeto de la Réplica Como se desprende del informe rendido por la parte recurrida, el Ministerio de Salud ha autorizado el traslado masivo de residuos sólidos ordinarios desde la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin que medie consulta previa ni evaluación ambiental actualizada. Aunque el Concejo Municipal manifiesta su oposición formal mediante acuerdos como el SM-0591-2025 y el SM0083-2025, y ha solicitado criterios técnicos al Ministerio de Salud, tales acciones no subsanan la arbitrariedad de la decisión ministerial, la cual implica una modificación sustancial de las condiciones de viabilidad ambiental original del relleno sanitario, sin el aval previo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Esta réplica se fundamenta en la jurisprudencia consolidada de esta Sala Constitucional, que ha establecido de manera reiterada la obligatoriedad de someter cualquier modificación significativa en actividades con impacto ambiental a una nueva evaluación por parte de SETENA, bajo pena de violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política). Asimismo, se destaca la irracionalidad y desproporcionalidad de la medida, que transgrede principios constitucionales y convencionales, sin que medie decreto de emergencia que justifique tal arbitrariedad. Se enfatiza particularmente la ausencia de consulta pública previa, conforme al Convenio 169 de la OIT, incorporando antecedentes y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que refuerzan esta obligación internacional. Se señala además, con énfasis, que el problema sanitario relacionado con la disposición de desechos sólidos en las municipalidades del Gran Área Metropolitana es un problema de planificación y estrategia nacional que el Ministerio de Salud pretende subsanar poniendo en riesgo la economía local de la provincia de Limón, la cual depende en gran medida del turismo, amenazado por la eventual saturación del relleno sanitario. II. Fundamentación Jurídica A. Modificación de Viabilidad Ambiental sin Aval Previo de SETENA: Irracionalidad y Desproporcionalidad La autorización ministerial para el traslado de siete camiones diarios de residuos sólidos provenientes de siete municipalidades de la GAM representa una alteración sustancial de las condiciones originales bajo las cuales se otorgó la viabilidad ambiental al relleno sanitario de Limón. Este sitio fue diseñado exclusivamente para atender las necesidades de la población local, y el incremento en el volumen de desechos acelera el agotamiento de su vida útil, exponiendo a los habitantes de la provincia a riesgos sanitarios y ambientales inminentes. Esta Sala ha sido enfática en que cualquier cambio en las circunstancias de un proyecto que pueda afectar el ambiente requiere una revaloración por SETENA, aplicando el principio precautorio. En la sentencia Nº 2017-006340 de las nueve horas quince minutos del cinco de mayo de dos mil diecisiete, se resolvió un recurso de amparo donde SETENA había otorgado viabilidad ambiental inicial asumiendo ciertas medidas mitigadoras (como una planta de tratamiento), pero una posterior exoneración por otra entidad sin notificación a SETENA ni evaluación hidrogeológica por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) violó el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano. La Sala anuló la exoneración y ordenó a SETENA verificar si el cambio modificaba la viabilidad ambiental, requiriendo, de ser necesario, una nueva valoración. De igual manera, en la sentencia Nº 2023-011236 de esta Sala, se acogió parcialmente un amparo contra SETENA por otorgar viabilidad ambiental a un relleno sanitario sin convocar a una nueva audiencia pública, a pesar de que la anterior databa de más de diez años. Se argumentó que exonerar tal requisito resulta improcedente, pues la tutela efectiva del artículo 50 constitucional exige que la participación ciudadana se realice en las condiciones actuales del proyecto, no en evaluaciones obsoletas. Esto refuerza que modificaciones o renovaciones en operaciones de rellenos sanitarios demandan procesos actualizados, incluyendo audiencias públicas para garantizar la proporcionalidad y racionalidad de la medida. En el caso sub examine, la decisión del Ministerio de Salud carece de una evaluación técnica actualizada por SETENA, lo cual es irracional y desproporcionado, ya que ignora el principio preventivo y precautorio, consagrados en la jurisprudencia constitucional (por ejemplo, sentencia Nº 2010-005219 de las quince horas del dieciséis de marzo de dos mil diez, donde se enfatiza que actividades como la ampliación de rellenos sanitarios no pueden proceder sin permisos ambientales vigentes). Tal omisión pone en riesgo la salud pública y el equilibrio ecológico, violando el artículo 50 de la Constitución Política, sin que exista un decreto de emergencia que justifique la urgencia (conforme al artículo 140 inciso 8 de la Constitución Política, que reserva tales medidas excepcionales al Poder Ejecutivo en casos de necesidad impostergable). B. Violación al Artículo 169 de la Constitución Política y al Convenio 169 de la OIT La medida adoptada por el Ministerio de Salud es unilateral y contraria a los intereses locales de la provincia de Limón, administrados por el Gobierno Municipal conforme al artículo 169 de la Constitución Política, que encomienda a los cantones la gestión de sus servicios e intereses locales, incluyendo aspectos ambientales y sanitarios. El traslado interregional de residuos sólidos, sin aval municipal efectivo más allá de oposiciones formales, desvirtúa esta autonomía constitucional, convirtiendo a Limón en receptor pasivo de desechos ajenos, lo cual es desproporcionado y atenta contra la planificación local. Adicionalmente, la ausencia de consulta pública previa transgrede el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica mediante Ley Nº 7316 de 1992, que obliga a consultar a los pueblos indígenas y tribales en decisiones que les afecten directamente (artículo 6). Aunque el informe de la recurrida no alude a comunidades indígenas específicas, la provincia de Limón alberga poblaciones con derechos colectivos bajo este convenio, y decisiones ambientales como el traslado de residuos requieren consulta previa, libre e informada. En la sentencia Nº 2025-035746 de esta Sala, se reitera que la omisión de consulta viola el Convenio 169, especialmente en medidas administrativas con impacto ambiental, exigiendo que se busque acuerdo o consentimiento. Similarmente, en la sentencia Nº 2012-018147 de las quince horas del catorce de diciembre de dos mil doce, se declaró inconstitucional normativa que omitía consultas indígenas, aplicando el principio de no regresividad ambiental. La falta de consulta en este caso no solo es arbitraria, sino que agrava la vulnerabilidad de la población limonense, exponiéndola a amenazas sanitarias sin participación efectiva. Antecedentes y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Consulta Pública conforme al Convenio 169 de la OIT La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desarrollado una sólida jurisprudencia sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI) de pueblos indígenas y tribales, derivado del Convenio 169 de la OIT, integrándolo con los derechos a la participación, propiedad y autodeterminación consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Costa Rica, como Estado parte de la Convención Americana (ratificada en 1969), está obligada a acatar esta jurisprudencia, conforme al artículo 62 de dicha Convención y la doctrina de control de convencionalidad adoptada por esta Sala Constitucional en múltiples sentencias (por ejemplo, Nº 2004-013435). Un antecedente clave es el caso Pueblo Saramaka vs. Surinam (Sentencia de 28 de noviembre de 2007), donde la CIDH reconoció por primera vez que los pueblos tribales, como los saramaka (descendientes de esclavos africanos liberados), gozan de derechos similares a los indígenas, incluyendo el derecho a la propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales sin necesidad de título formal (posesión suficiente). La Corte determinó violaciones a los artículos 3 (personalidad jurídica), 21 (propiedad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 (obligaciones de respeto y garantía). En particular, enfatizó que para concesiones mineras y madereras en territorios indígenas/tribales, el Estado debe no solo consultar, sino obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en casos de proyectos a gran escala que afecten significativamente la supervivencia cultural y física del pueblo. Además, ordenó delimitar, demarcar y titular el territorio mediante consultas efectivas, revisar concesiones existentes y asegurar participación en beneficios. Otro hito es el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (Sentencia de 27 de junio de 2012), donde la CIDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por no consultar a la comunidad sarayaku antes de otorgar concesiones petroleras en su territorio, violando los artículos 21 (propiedad) y 23 (participación política) de la Convención Americana. La Corte estableció estándares precisos para la consulta: debe realizarse de buena fe, fomentando diálogo genuino y confianza mutua, con el objetivo de alcanzar consenso; debe ser previa, desde las etapas iniciales de planificación; debe proporcionar información completa y detallada sobre impactos, riesgos y beneficios, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental (EIA); y debe buscar el consentimiento según las costumbres del pueblo, especialmente en proyectos de gran impacto. La CIDH subrayó que la consulta es un principio general del derecho internacional, derivado de la participación efectiva, derechos de propiedad y autodeterminación. Esta jurisprudencia es directamente aplicable al presente caso, ya que el traslado masivo de residuos sólidos constituye una medida administrativa con impactos ambientales y sociales significativos en la provincia de Limón, que alberga comunidades con características indígenas y tribales protegidas por el Convenio 169. La omisión de consulta previa por el Ministerio de Salud viola estos estándares interamericanos, agravando la desproporcionalidad de la decisión y exponiendo a la población a riesgos sin su participación efectiva. C. Ausencia de Justificación por Emergencia y Riesgo a la Salud Pública La Ley General de Salud (Nº 5395) y la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Nº 8839) confieren competencias al Ministerio de Salud en materia sanitaria, pero subordinan las decisiones ambientales a SETENA. El informe confirma que no existe autorización municipal para el traslado, y la oposición del Concejo no ha impedido la ejecución, lo cual evidencia una omisión lesiva. Sin un decreto de emergencia (artículo 140 inciso 8 constitucional), la medida es desproporcionada, poniendo en riesgo la salud de los habitantes al agotar prematuramente un recurso técnico diseñado para uso local. Se enfatiza que el problema sanitario relacionado con la disposición de desechos sólidos que presentan las municipalidades del Gran Área Metropolitana es un problema de planificación y estrategia nacional, que el Ministerio de Salud pretende subsanar mediante esta medida arbitraria, transfiriendo la carga ambiental y sanitaria a la provincia de Limón. Esta aproximación resulta particularmente irracional, ya que pone en grave riesgo la economía local de Limón, la cual depende en gran medida del turismo como uno de sus sectores impulsores principales, junto con la logística y la agroindustria. El turismo representa una fuente vital de ingresos para la provincia, con potencial en áreas extensas que podrían verse amenazadas por la eventual saturación del relleno sanitario, lo que comprometería la imagen ambiental y el atractivo turístico de la región, afectando directamente el desarrollo económico y el empleo local. A nivel nacional, el turismo contribuye significativamente al PIB (alrededor del 6,3% directo), y en Limón, actividades como el turismo de cruceros y el ecoturismo son clave para la reactivación económica, por lo que cualquier degradación ambiental derivada de esta decisión unilateral podría tener impactos regresivos e irreparables en la sostenibilidad provincial. III. Solicitud Por las razones expuestas, solicito respetuosamente a esta honorable Sala: 1. Tener por rendida esta réplica al informe de la parte recurrida. 2. Declarar con lugar el recurso de amparo, anulando la autorización ministerial y ordenando al Ministerio de Salud abstenerse de ejecutar el traslado sin previa modificación de viabilidad ambiental por SETENA, consulta pública conforme al Convenio 169 de la OIT y estándares de la CIDH, y respeto a la autonomía municipal (artículo 169 constitucional). 3. Condenar en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida” (ver registro electrónico).

12.- Por resolución de las diez horas treinta y seis minutos del seis de marzo de dos mil veintiséis el magistrado instructor amplio el curso y solicitó informe al Director de la Dirección de Agua del MINAE (ver registro electrónico).

13.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “La nueva prueba se adjunta al amparo de lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135), en particular en sus disposiciones relativas al trámite sumario y privilegiado del recurso de amparo (artículos 29 y ss.), que permiten la incorporación de elementos probatorios en cualquier momento del proceso mientras subsista la violación o amenaza, con el objetivo de garantizar la efectiva tutela de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a un ambiente sano y la salud pública consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. Esta comunicación se formula de manera formal, reflexiva y crítica, en resguardo de los derechos colectivos de la comunidad afectada, conforme a la normativa ambiental vigente, el principio precautorio, la jurisprudencia de esta Sala y el principio de “quien contamina paga” establecido en las directrices de la OCDE. Como es de conocimiento de esta Sala, el objeto del proceso versa sobre las irregularidades en la operación del relleno sanitario operado por Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-101-215741), ubicado en el Parque Tecnología Ambiental Limón, distrito de Limón, cantón Limón, provincia de Limón. Adjunto a la presente, como prueba para mejor resolver, copia de la Resolución DA-1079-2024, emitida por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) el 29 de abril de 2024 — hace aproximadamente dos años—, mediante la cual se retiró y denegó de manera contundente el permiso de vertido solicitado por la referida empresa, amparada en indicios y pruebas concretas que revelan el incumplimiento de los parámetros técnicos y normativos exigidos, particularmente en relación con la recepción y manejo de volúmenes de desechos sólidos bajo estándares inferiores a los requeridos por la legislación vigente. Esta resolución es un dato relevante y crítico que evidencia las condiciones precarias e ilegales bajo las cuales opera dicho relleno sanitario, agravando la preocupación de la población local. En síntesis, la resolución deniega el permiso de vertido en el cauce de dominio público denominado “quebrada Sin Nombre” (coordenadas latitud 215.472, longitud 636.566), proveniente del tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Los fundamentos clave de esta denegatoria, expuestos en los resultandos y considerandos de la resolución, incluyen: • La obligación estatal de velar por la salud pública y el ambiente, conforme al artículo 50 de la Constitución Política (Considerando Primero). • La exigencia de contar con permiso de vertido para cualquier entidad que introduzca vertidos que modifiquen la calidad del agua, según el Decreto Ejecutivo N° 42128-MINAE-S, artículo 2 (Considerando Segundo). • La competencia exclusiva de la Dirección de Aguas para otorgar tales permisos, per artículo 15 inciso c) del mismo decreto (Considerando Tercero). • El reconocimiento por parte de la solicitante de que el cuerpo receptor es intermitente (no permanente), lo que impide el otorgamiento del permiso, ya que el artículo 3 numeral 22 del Decreto Ejecutivo N° 42128-MINAE-S define el permiso de vertido exclusivamente para cuerpos receptores de caudal permanente (Considerando Sexto y Octavo). • La imposibilidad de emitir actos contra legem, respetando el Principio de Legalidad del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, lo que obliga a denegar la solicitud ante la ausencia de norma expresa que habilite vertidos en cauces intermitentes (Considerando Octavo). A pesar de que la Dirección de Aguas menciona esfuerzos para reformar la normativa (mediante oficio DA-0305-2024 del 24 de enero de 2024, elevado a la Dirección Jurídica del MINAE y en consulta con el Ministerio de Salud), esta reforma no ha prosperado a la fecha, y la denegatoria se mantiene firme. Es notorio que la empresa propuso un sistema multimodal (reúso y vertimiento), pero esto fue rechazado por falta de sustento legal. Esta resolución es especialmente crítica en el contexto del presente expediente, ya que demuestra que el relleno sanitario ha operado y continúa operando sin el permiso de vertido requerido, lo cual constituye una violación flagrante a la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554), el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S), el Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos (Decreto N° 34431-MINAE-S), la Ley General de Salud (N° 5395) y la Ley para la Gestión Integral de Residuos (N° 8839). Los lixiviados generados por el relleno —aguas residuales altamente contaminantes, como es público y notorio— deben ser recolectados, tratados y vertidos de manera autorizada, so pena de sanciones administrativas, civiles y penales, incluyendo el pago retroactivo del canon ambiental. Bajo condiciones normales de disposición de residuos locales, el relleno ya incumplía con las normas sanitarias y ambientales, como se desprende de inspecciones previas citadas en la resolución (informes técnicos DA-UHCAROG-0636-2020 del 2 de noviembre de 2020 y DA-UHCAROG-0204-2022 del 28 de marzo de 2022). Con el incremento actual de desechos provenientes de la meseta central, la situación se agrava exponencialmente. El sitio se ubica en una zona de alta precipitación, donde algunos vecinos del relleno sanitario denuncian constantemente que, durante las noches y sobre todo en épocas de lluvias, se realizan descargas ilegales de lixiviados a los cauces de dominio público cercanos al relleno —precisamente el tipo de descargas que motivaron la denegatoria y suspensión efectiva del permiso de vertido por parte de la Dirección de Aguas—. Estas prácticas irregulares, de ser confirmadas, representan una violación reiterada y flagrante a la normativa ambiental, modificando de forma grave la calidad física, química y biológica del agua, y generando un riesgo inminente y continuo para la salud pública, el ecosistema acuático y los derechos fundamentales de la comunidad. Esta disposición ilegal no solo agrava el daño potencial, sino que invoca de manera imperativa el principio precautorio establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ambiente y reforzado por la jurisprudencia constante de esta Sala (por ejemplo, votos N° 2003- 07769, N° 2010-01335 y posteriores), que obliga al Estado a actuar preventivamente ante incertidumbres científicas o evidencias de riesgo para evitar daños irreversibles al ambiente y a la salud colectiva. Asimismo, invoco el principio de “quien contamina paga” (polluter pays principle) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incorporado en nuestra legislación ambiental, que impone la responsabilidad económica y legal al generador de contaminación. Es materialmente imposible operar un relleno sanitario bajo condiciones normales sin contaminar, y es más que probable que el de Limón opere por debajo de los parámetros técnicos exigidos, exacerbado por la variabilidad climática, la intermitencia de los cauces y las denuncias vecinales persistentes sobre descargas nocturnas e irregulares, como se detalla en la resolución adjunta y en las quejas comunitarias reportadas. Por lo expuesto, ruego a esta honorable Sala que tome nota detallada y exhaustiva del contenido de la Resolución DA-1079-2024 como prueba incorporada al expediente, para una mejor resolución del asunto. Solicito, además, que se proceda a la mayor brevedad posible a dictar la resolución de fondo, con las consecuencias legales correspondientes —incluyendo posibles medidas cautelares, órdenes de clausura temporal o definitiva, investigaciones adicionales sobre las denuncias de descargas ilegales y otras providencias—, en resguardo de los derechos fundamentales de la comunidad de Limón (artículo 50 de la Constitución Política), los derechos colectivos al ambiente sano y a la salud pública” (ver registro electrónico).

14.- Por escrito presentado en la Secretaria de esta Sala el recurrente solicita medidas cautelares de suspensión y manifiesta lo siguiente: “Esta comunicación se presenta como un escrito adicional al recurso de amparo interpuesto, con el fin de señalar mi condición de adulto mayor con discapacidad física, la cual me sitúa en una situación de especial vulnerabilidad y merece una protección reforzada por parte del Estado, conforme al artículo 51 de la Constitución Política (reformado por Ley Nº 9697 de 2019), que establece la protección especial del Estado a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, como grupos expuestos a mayor riesgo de lesión en sus derechos fundamentales. Esta condición agrava el perjuicio que me causa la autorización cuestionada, ya que el traslado masivo de residuos sólidos a Limón acelera el agotamiento del único sitio de disposición final disponible para los limonenses —incluyendo comunidades cercanas a mi lugar de residencia o vinculación—, incrementando riesgos ambientales y sanitarios que afectan de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad como yo: adultos mayores y personas con discapacidad física, quienes dependemos en mayor medida de un ambiente sano, de fuentes de agua no contaminadas y de una salud pública no comprometida por vectores de enfermedades o contaminación por lixiviados. A continuación, reitero y detallo los hechos, los fundamentos legales y las razones que motivan esta solicitud, incorporando la agravante derivada de mi condición de vulnerabilidad: I. Exposición de los Hechos 1. Autorización otorgada por el Ministerio de Salud: Adjunto copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento Nº MSDRRSHC-ARSL-2021-286, emitido por la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe y la Dirección Área Rectora de Salud Limón, en favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima. Dicho permiso autoriza la “Operación de la Celda y Sistema de Tratamiento para el Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos, Recolección y Tratamiento Placa C-161211, C-150213”, con código CAECR 3811, Tipo de Riesgo A, ubicado en Comunidad Santa Rosa, Finca El Tomatal, Limón. El documento presume una operación limitada, con aforo de 21 personas (usuarios más trabajadores), equivalente a un manejo modesto de residuos (presuntamente un camión por operación). 2. Discrepancia entre autorización y práctica real: En la realidad, llegan diariamente hasta 7 tráileres de desechos sólidos desde la Meseta Central, excediendo ampliamente los parámetros autorizados. Esto reduce drásticamente la vida útil del sitio (de más de 27 años estimados originalmente a poco más de 15 años, según reportes oficiales), amenazando el único vertedero disponible para los limonenses y agravando riesgos para grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad. 3. Impactos agravados por mi condición de vulnerabilidad: Como adulto mayor con discapacidad física, dependo en mayor medida de un entorno ambiental sano. La sobrecarga genera riesgos de contaminación de acuíferos, proliferación de vectores y degradación ecosistémica, lo cual me expone a un perjuicio mayor e inmediato en mi salud y calidad de vida, violando la protección especial que me corresponde constitucionalmente. Protesto enérgicamente contra el Ministerio de Salud por su negligencia en supervisar el cumplimiento, permitiendo una operación descontrolada que discrimina regionalmente y vulnera derechos de grupos protegidos. II. Fundamentación Legal y Motivación Crítica (con agravante de vulnerabilidad) 1. Violación al derecho a un ambiente sano (Artículo 50 Constitución Política) y protección especial a adultos mayores y personas con discapacidad (Artículo 51 Constitución Política): El traslado masivo amenaza un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con perjuicio agravado para mí como adulto mayor con discapacidad física. El Estado debe otorgar protección reforzada a estos grupos (Ley Nº 9697 reforma Art. 51), priorizando medidas preventivas. 2. Incumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 (Ley GIR) y Reglamentos: Prioriza disposición final sobre jerarquía de prevención (evitar, reducir, reutilizar), violando regionalización y límites de traslados. El Ministerio, como rector, falla en su deber preventivo, agravando impactos en vulnerables. 3. Violación al derecho a la salud (Artículos 21 y 46 Constitución Política): Incrementa riesgos sanitarios, con efecto desproporcionado en adultos mayores y personas con discapacidad. 4. Procedencia de medidas cautelares (Ley Nº 7135): Existe fumus boni iuris y periculum in mora, agravados por mi vulnerabilidad, justificando suspensión inmediata (incluso inaudita altera pars si procede). III. Petición Solicito a esta honorable Sala: 1. Dictar medidas cautelares de suspensión inmediata de la autorización (Permiso Nº MS-DRRSHC-ARSL-2021-286) y de traslados de residuos desde la Meseta Central a Limón, hasta resolver el fondo. 2. Ordenar al Ministerio de Salud informe detallado sobre volúmenes reales y cumplimiento de la Ley GIR. 3. Declarar con lugar el recurso en sentencia definitiva, anulando la autorización y ordenando correctivos, considerando la protección especial a adultos mayores y personas con discapacidad” (ver registro electrónico).

15.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente aporta como prueba el oficio DIGH-558-09 de fecha 13 de octubre de 2009, emitido por el Ing. Carlos Romero, Director del Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), dirigido a la Lic. Juan Alberto Corrales de la Dirección Jurídica del mismo ente (ver registro electrónico).

16.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “El presente escrito busca sensibilizar a esta honorable Sala sobre el manejo político que realiza la Municipalidad de Limón en un delicado asunto sanitario y ambiental, el cual no admite consideraciones políticas sin generar un menoscabo grave de los derechos fundamentales de la población de Limón (art. 50 Constitución Política). La Sala ha reiterado en su jurisprudencia consolidada que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es prevalente, de aplicación inmediata y obliga a las autoridades a actuar con imparcialidad, coherencia y prioridad absoluta del interés público sobre cualquier interés privado o político (sentencias relevantes incluyen Nº 2009-00733 sobre rellenos sanitarios y contaminación de acuíferos; Nº 2012-10456 sobre obligación de supervisión técnica imparcial; y fallos históricos que exigen viabilidad sanitaria y ambiental oficial, no privada, para evitar riesgos a la salud y al recurso hídrico). Asimismo, la Sala ha sancionado actuaciones que introducen elementos arbitrarios o favorecedores de intereses particulares en procesos constitucionales. Hechos y fundamentos de esta réplica: 1. En el expediente, funcionarios municipales han aportado documentos privados de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (oficio GF-125-2026 del 16 de marzo de 2026 y “Certificación de vida útil del PTA El Tomatal” adjunta), en respuesta al oficio AML-0636-2026 de la Municipalidad (23 de febrero de 2026). Este aporte no es prueba oficial (sin aval de Ministerio de Salud, SETENA o SENARA), sino un estudio subjetivo de la empresa interesada, lo que contraviene la exigencia de imparcialidad y evidencia técnica neutral (jurisprudencia Sala sobre rellenos sanitarios). 2. EBI no se personó formalmente (arts. 29 y ss. Ley de la Jurisdicción Constitucional), pero la Municipalidad asume su defensa indirecta en un sitio sin permiso de vertido actualizado ni aval pleno de SENARA (por proximidad al acuífero costero de Moín, zona sensible). 3. La Alcaldesa ha declarado públicamente oposición al traslado de desechos de la GAM, pero los hechos administrativos contradicen esta posición, generando incoherencia que vulnera principios de confianza legítima y coherencia institucional. 4. El riesgo es inminente: aumento de tonelaje acelera saturación, impactos sanitarios y ambientales, pudiendo repetir la crisis de los años 2000-2008. Para contextualizar el calvario histórico vivido por la población, cito reportajes periodísticos concretos de La Nación: el 5 de junio de 2004 reportó “350 toneladas acumuladas” en calles y vías públicas; el 30 de octubre de 2008 alertó sobre “basura amenazando salud y turismo”; el 8 de enero de 2009 documentó “400 toneladas saturando calles de Limón”; y el 8 de septiembre de 2009 detalló barrios repletos por falta de recolección y bloqueos al sitio de disposición. Este servidor lo vivió directamente y solicita que la Sala considere estos precedentes para evitar su repetición. 5. Adicionalmente, y de manera enfática, conforme al Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) — ratificado por Costa Rica mediante Ley Nº 7316 y reconocido por la Sala Constitucional como aplicable a la comunidad afrodescendiente del Caribe costarricense como pueblo tribal (sentencias recientes que ordenan consulta previa en proyectos que afectan sus territorios, derechos culturales y ambientales)—, la Municipalidad de Limón se arroga la potestad de brindar un cuestionable aval al relleno sanitario privado sin la indispensable consulta previa, libre e informada a la comunidad afrodescendiente de Limón, tal y como exige el artículo 6 y siguientes del Convenio 169 de la OIT para cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar directamente sus derechos. Esta omisión es grave, viola el derecho a la participación y pone en riesgo la integridad ambiental y sanitaria de la población tribal. 6. El aporte de prueba privada por la Municipalidad, con aparente manejo político, es repudiable e inaceptable, priorizando consideraciones ajenas al interés público y exponiendo a la población a menoscabo de derechos fundamentales. 7. De manera enfática y determinante, se debe resaltar que la certificación de vida útil del PTA El Tomatal suministrada por la empresa EBI y aportada por la Municipalidad no constituye una prueba técnica que permita certificar fehacientemente la vida útil del relleno sanitario privado. Se trata de un documento unilateral, elaborado por la propia empresa interesada, con proyecciones subjetivas y variables (asentamientos 45-55 %, densidad 800-860 ton/m³, etc.) que no han sido verificadas ni avaladas por ninguna autoridad competente (Ministerio de Salud, SETENA, SENARA o entidad técnica independiente). En consecuencia, carece de valor probatorio imparcial y fehaciente en un proceso constitucional que protege derechos fundamentales como el ambiente sano y la salud pública, y no puede servir para desvirtuar los riesgos denunciados ni para justificar la continuidad de la operación en detrimento de la población limonense. Alarma ante la agravación diaria del riesgo: Señores Magistrados, cada día que pasa se agravan de forma alarmante las condiciones sanitarias y ambientales del relleno sanitario de Limón. El incremento sostenido de tonelaje proveniente de la GAM acelera la saturación del sitio, multiplica los riesgos de contaminación del acuífero costero de Moín, genera olores insoportables, proliferación de vectores y posibles afectaciones directas a la salud de la población. Con el agravante intolerable de que los habitantes de Limón no tenemos por qué soportar la improvisación, la falta de planificación y las decisiones irresponsables de las municipalidades de la Gran Área Metropolitana ni de la propia empresa EBI. A esto se suma, de manera grave y discriminatoria, que el traslado masivo de desechos sólidos del Gran Área Metropolitana constituye un problema estructural del Poder Ejecutivo, el cual durante cuatro largos años (2022-2025) no buscó ni planificó una solución técnica, viable y sostenible para la crisis de residuos en la GAM. Esta omisión ha generado una discriminación territorial evidente hacia la comunidad de Limón, convirtiendo nuestra provincia en un destino improvisado para los desechos de otras regiones, en violación del principio de igualdad y no discriminación (art. 33 Constitución Política) y del derecho a un ambiente sano sin cargas desproporcionadas. Limón no puede seguir pagando las consecuencias de la inacción estatal centralizada” (ver registro electrónico).

17.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “La presente gestión la formulo expresamente en respuesta a la resolución dictada por esa honorable Sala a las diez horas treinta y seis minutos del seis de marzo de dos mil veintiséis, cuyo texto literal es el siguiente: “Visto el memorial que consta en el expediente electrónico, téngase por ampliadas las partes consignadas en el recurso de amparo que se tramita bajo expediente número 26-001765-0007-CO y en consecuencia, désele audiencia al Director de la Dirección de Agua del MINAE.” En estricto cumplimiento de lo resuelto por esa Sala —que ha tenido por ampliadas las alegaciones del recurso y ha ordenado dar audiencia al Director de la Dirección de Aguas del MINAE—, presento esta reiteración y ampliación de hechos y fundamentos, con el objeto de reforzar la necesidad imperiosa de adoptar medidas cautelares inmediatas mientras se desarrolla el trámite de audiencia ordenado. No se trata de una mera consideración subjetiva ni de una apreciación personal: es una realidad objetiva, documentada, técnica y jurídicamente incontrovertible, emitida por la propia autoridad competente del Estado, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Mediante Resolución DA-1079-2024, dictada a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del 29 de abril de 2024, en el expediente 4672-V, se denegó —y por ende se mantuvo suspendido de facto desde esa fecha— el permiso de vertido solicitado por la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-101-215741) para el vertimiento de efluentes provenientes del tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el Parque Tecnológico Ambiental Limón, ubicado en el distrito y cantón Limón, provincia de Limón (coordenadas aproximadas: latitud 215.472, longitud 636.566), en quebrada sin nombre de dominio público. Esta resolución constituye una prueba irrefutable y demoledora de que, desde hace casi dos años (abril 2024), la empresa opera sin el permiso de vertido indispensable. Pero lo que agrava de manera brutal y profunda la situación es que las irregularidades no son recientes: existen desde septiembre de 2020, fecha en que se inició el control estatal y se detectaron anomalías en el monitoreo de calidad de agua residual, lo que derivó en el informe técnico DAUHCAROG-0636-2020 del 2 de noviembre de 2020. Posteriormente, con fecha 28 de marzo de 2022, se realizó otra visita de control al sitio, emitiéndose el informe técnico DA-UHCAROG-0204-2022 de la misma fecha, que confirmó y profundizó las irregularidades previas. Señoras y señores Magistrados: estamos ante un sitio que, desde septiembre de 2020 —es decir, más de cinco años y medio atrás— , no cumple con las leyes sanitarias y ambientales de Costa Rica. La ausencia prolongada del permiso de vertido, sumada a un historial documentado de irregularidades en el monitoreo de calidad de agua residual desde septiembre de 2020, implica un riesgo grave, inminente, persistente e irreversible de contaminación de cuerpos de agua de dominio público, afectación a la salud pública de los vecinos de Limón y daño ambiental de enorme magnitud en una zona ya vulnerable. Este no es un temor infundado: es la conclusión técnica, científica y jurídica de la Dirección de Aguas del MINAE. La persistencia de operaciones sin el permiso correspondiente viola de forma flagrante el artículo 50 constitucional, la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, la Ley de Aguas, el Decreto 42128-MINAE-S y el principio precautorio que rige en materia ambiental. El patrón crónico de incumplimiento que se remonta a septiembre de 2020 pone en jaque la salud de comunidades enteras y el equilibrio ecológico de la región caribeña. En respuesta a la resolución de esa Sala del 6 de marzo de 2026, y en ejercicio del derecho de petición (artículos 27 y 30 de la Constitución Política), ruego respetuosamente: 1. Tomar en cuenta esta reiteración y ampliación presentada en respuesta directa a la resolución citada, junto con la prueba documental aportada (Resolución DA-1079-2024 y antecedentes desde septiembre de 2020). 2. Establecer medidas cautelares inmediatas y contundentes en favor de los vecinos de la provincia de Limón —como la suspensión provisional de actividades de disposición final de residuos sólidos que impliquen vertidos o riesgos ambientales en el sitio—, mientras se desarrolla la audiencia ordenada al Director de la Dirección de Aguas. 3. Ordenar cualquier otra medida de protección ambiental y sanitaria que esta Sala estime procedente para evitar daños irreparables, considerando el historial de incumplimiento que se remonta a septiembre de 2020. La omisión de actuar con la urgencia que demanda el caso comprometería no solo los derechos de los habitantes de Limón — incluido este adulto mayor afrocostarricense con discapacidad—, sino la obligación indeclinable del Estado de preservar el ambiente para las presentes y futuras generaciones” (ver registro electrónico).

18.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “El oficio DIGH-558-09, emitido por la autoridad técnica especializada en aguas subterráneas, señala textualmente: 1. El sitio del relleno sanitario se localiza entre las coordenadas 215-216 norte y 636-637 este (propiedad catastro L-689751- 87), en los límites externos del Acuífero de Moín, según publicación del AyA en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo de 2007. 2. Aunque el SENARA no cuenta con estudios hidrogeológicos propios validados, la publicación del AyA describe las conclusiones y recomendaciones del estudio hidrogeológico del acuífero de Moín, incluyendo regulaciones al uso del suelo. 3. El estudio del AyA no fue remitido al SENARA para validación, por lo que la institución no puede validar sus resultados, pero no niega la existencia del acuífero ni su vulnerabilidad. Este documento no es una opinión periférica: es el criterio oficial del ente rector en materia de aguas subterráneas (Ley Orgánica del Ambiente y Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas). Su valor probatorio es pleno y vinculante para esta Sala. Fundamentación constitucional y jurisprudencial (Sala Constitucional): Esta Sala ha reconocido de manera reiterada y vinculante que la protección de las aguas subterráneas es un derecho fundamental derivado directamente del artículo 50 de la Constitución Política (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), del artículo 21 (vida), del artículo 25 (salud) y del principio indubio pro natura. En el voto N° 2004-01923 (14:55 horas del 25 de febrero de 2004), la Sala estableció que: • Las aguas subterráneas presentan características especiales de vulnerabilidad: su contaminación es lenta, costosa o irreversible. • El Estado debe aplicar medidas preventivas y precautorias, incluyendo prohibición de actividades contaminantes (rellenos sanitarios, cementerios, urbanizaciones, etc.) en zonas de recarga o vulnerabilidad alta. • Los perímetros y matrices de protección son instrumentos de orden público que limitan el dominio privado en aras del interés social. Posteriormente, en los votos 2008-004790, 2011-014596 y especialmente en el 2012-08892 (27 de junio de 2012), esta Sala elevó a parámetro de obligatorio acatamiento la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos” del SENARA. Dicha matriz clasifica zonas de vulnerabilidad extrema y prohíbe expresamente: • Rellenos sanitarios y cualquier actividad que implique depósito de residuos sólidos. • Movimientos de tierra y coberturas impermeables significativas sin estudios hidrogeológicos exhaustivos. La Sala ordenó que esta matriz es obligatoria en todos los cantones donde existan mapas de vulnerabilidad del SENARA (como el Acuífero de Moín) y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para planes reguladores municipales. En el caso concreto del Acuífero de Moín (Limón), la Sala ha reiterado recientemente (voto N° 2025035761 de 31 de octubre de 2025) que las flexibilizaciones del AyA no pueden prevalecer sobre los criterios del SENARA, bajo pena de violar los artículos 11 y 50 de la Constitución, el principio precautorio y el principio de progresividad ambiental. El Oficio DIGH-558-09 demuestra precisamente que el sitio “El Tomatal” se encuentra en el perímetro del Acuífero de Moín. La ausencia de “validación” por parte del SENARA no autoriza la actividad: al contrario, genera incertidumbre científica que activa el principio precautorio (voto 2011-014596): “cuando exista riesgo serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para postergar medidas eficaces”. Fundamentación interamericana (Corte IDH): La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 (“Medio Ambiente y Derechos Humanos”, 15 de noviembre de 2017), ha establecido estándares vinculantes para Costa Rica (artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana): • El derecho a un medio ambiente sano es autónomo y se conecta directamente con los derechos a la vida (art. 4.1) y a la integridad personal (art. 5.1). • Los Estados tienen la obligación de prevenir daños significativos al medio ambiente, especialmente cuando afecten recursos hídricos vitales como acuíferos. • Debe aplicarse el principio precautorio ante riesgo de daño grave o irreversible (párr. 180 y ss.). • Las actividades potencialmente contaminantes (como rellenos sanitarios) requieren estudios de impacto ambiental exhaustivos, regulación estricta y monitoreo continuo. • La degradación de acuíferos afecta el derecho al agua potable (reconocido como fundamental en el Sistema Interamericano) y genera responsabilidad internacional del Estado. Costa Rica, como Estado parte, está obligada a cumplir estos estándares. Permitir un relleno sanitario en los límites de un acuífero kárstico de alta vulnerabilidad, sin estudios validados por el SENARA, constituye una omisión inconstitucional e internacionalmente reprochable. Conclusión y petición: El Oficio DIGH-558-09 no es un documento neutro: es la voz oficial de la institución técnica competente que ubica “El Tomatal” en zona de protección acuífera. Ignorarlo equivaldría a desconocer la jurisprudencia vinculante de esta Sala (2004-01923, 2012-08892, 2025035761) y los estándares de la Corte IDH (OC-23/17). Por lo expuesto, solicito respetuosamente a los Señores Magistrados: 1. Valorar el Oficio DIGH-558-09 como prueba plena y decisiva de la vulnerabilidad hídrica del sitio. 2. Declarar con lugar el recurso de amparo por violación de los artículos 21, 25 y 50 de la Constitución Política, en conexión con los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana (según OC23/17). 3. Ordenar la suspensión inmediata de operaciones del relleno sanitario “El Tomatal” hasta que se realicen estudios hidrogeológicos validados por el SENARA y se cumpla la Matriz de Criterios de Uso del Suelo. 4. Notificar esta resolución al SENARA, al AyA y a la Municipalidad de Limón para que adopten las medidas de protección del Acuífero de Moín” (ver registro electrónico).

19.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón en su calidad de Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (ver registro electrónico) en los siguientes términos:  “Alega el recurrente que es vecino de Barrio Roosevelt en el cantón Central de Limón, cuya principal actividad es la turística. Manifiesta que, desde finales del 2025, el Ministerio de Salud ha autorizado el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón, denominado El Tomatal, sin realizar consulta previa, libre e informada a la población afectada, violando el Convenio 169 del OIT. Esto provoca olores insoportables que afectan la paz, seguridad y salud de los limonenses. A la fecha el relleno no cuenta con permiso de vertido vigente. La última vez que presentó la solicitud le fue denegado mediante resolución DA-1079-2024. Explica que en el sitio se han realizado modificaciones al diseño original del proyecto sin una evaluación adecuada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acelerando su agotamiento y exponiendo a la población a riesgos en una zona de alta precipitación. El 7 de enero del 2026, remitió una nota la Ministra de Salud y el Concejo Municipal exigiendo un informe técnico sobre la justificación de su traslado, invocando la Ley General de Salud, Ley para la Gestión de Residuos Sólidos y los principios precautorios y preventivo. Señala que la conducta del Ministerio de Salud y de SETENA es omisa y arbitraria, avalando formalidades insostenibles sin evidencia científica, violentando la paz y seguridad de los limonenses. De previo a informar sobre lo solicitado, aclaramos que estaremos atendiendo lo que por competencia le corresponde a esta Dirección. ANTECEDENTES: Mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66 Que mediante resolución R-0450-2019-AGUAS-MINAE de las quince horas catorce minutos del ocho de mayo del dos mil veinte, se renovó el permiso de vertido a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-101-215741, representada por Patricia Campos Villagra, cédula de identidad 1-0880-0768, por un plazo de 3 años. Que no obstante lo anterior, y conforme con el plan de monitoreo que llevó a cabo la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía el 18 de setiembre del 2020, se comprobó que el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco. Importante señalar que el Decreto Ejecutivo 42128-MINAE, Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos, establecía que en el caso de hacerse el vertido en cauce de dominio público, este debía de ser de carácter permanente lo que implica que siempre debía de contar con caudal. Conforme lo señalado y una vez vencido el permiso de vertido, dada la condición del cauce, al presentarse nuevamente la renovación del permiso éste fue rechazado, mediante resolución DA-1079-2024 del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, el Director de Agua resuelve DENEGAR el permiso de vertido en cauce de dominio público en coordenadas Lambert Norte latitud 215472 y longitud 636566, a la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-100-215741, proveniente del tratamiento y disposición final de residuos sólidos, en el parque Tecnología Ambiental Limón, ubicado en el distrito Limón, cantón Limón, provincia Limón, . Ante tal situación, y estando de por medio la salud pública, se puso en conocimiento tal situación al Ministerio de Salud en la persona de Guiselle Lucas Bolivar, Directora del Area Rectora en Salud de Limón. El Ministerio de Salud le apercibe a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA ,la presentación de la solicitud de autorización para el reuso del agua proveniente del sistema de tratamiento para riego. Mediante el informe técnico del Ministerio de Salud MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 del 2 de octubre del 2022, se resolvió: “como resultado de la revisión y análisis realizado, se define Criterio Físico -Sanitario POSITIVO, para la disposición mediante reuso del efluente tratado del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, UBICADO EN SANTA ROSA, LIMON, LIMON.”, lo que a la fecha se está realizando. Conforme lo indicado, en el oficio DA-UHCAROG-0168-2026, el día 29 de abril del 2025 se realizó visita conjunta al sitio del expediente con funcionarios del Ministerio de Salud. Se realizó un recorrido por las instalaciones operativas del Relleno Sanitario y se observó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) aún se mantiene. Por ello, mediante oficio DA-UHCAROG-0362- 2025 con fecha 19 de mayo del 2025 remitido a la Ing. Rosibeth Villafuerte Rodríguez de Proceso de Regulación de la Salud de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud, se le solicita ordenar al administrado, mediante Orden Sanitaria, la eliminación de la estructura de descarga de vertido a un cauce de dominio público, según el punto de descarga que estuvo autorizado bajo el expediente 4672-V, ya que actualmente no cuenta con autorización para verter. Mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre. A la fecha dicha infraestructura ya fue retirada. A la fecha se tiene por verificado que no se está generando vertido por parte de la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. a la quebrada sin nombre” (ver registro electrónico).

20.- Por escrito presentado en la Secretaría el recurrente manifiesta lo siguiente: “I. HECHOS NUEVOS Y PRUEBAS IRREFUTABLES DE INCUMPLIMIENTO Con fecha 20 de marzo de 2026, la propia Unidad Hidrológica Caribe de la Dirección de Aguas del MINAE emitió el oficio DAUHCAROG-0168-2026 (que se adjunta en copia simple), dirigido al Director de Aguas Ing. José Miguel Zeledón Calderón. En dicho documento oficial se reconoce textualmente: • Que mediante resolución DA-1079-2024 (29 de abril de 2024) se DENEGÓ el permiso de vertido en cauce de dominio público a Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-100- 215741) para el Parque Tecnología Ambiental Limón. • Que hasta el 29 de abril de 2025 (¡un año después de la denegatoria!) aún existía la estructura física de descarga de lixiviados hacia la quebrada sin nombre (punto de vertido del viejo expediente 4672-V). • Que solo tras orden sanitaria del Ministerio de Salud (MSDRRSHC-ARSL-00192-2025) y visita del 27 de junio de 2025 se eliminó la estructura ilegal. • Que a la fecha del oficio (marzo 2026) NO EXISTE PERMISO DE VERTIDO VIGENTE, y sin embargo la empresa siguió generando cobro de canon ambiental sin haber solicitado el archivo formal del expediente 4672-V. Este oficio no es una denuncia de un vecino: es la confesión oficial del órgano rector del recurso hídrico. Demuestra vertidos ilegales reiterados y mantenidos durante más de un año después de la denegatoria expresa. A ello se suma el informe oficial del Ministerio de Salud MSDRRSHC-URS-IT 0018-2025 (28 de febrero de 2025), incorporado en sentencias de esta misma Sala (N° 2025026093 y 2025027436): “Se evidenciaron incumplimientos normativos en la gestión de residuos sólidos dentro del Parque de Tecnología Ambiental EBI, específicamente en la compactación, cobertura y disposición del material contaminado […] La acumulación de residuos sin la debida cobertura ha propiciado la proliferación de fauna carroñera, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.” Estos hechos no son aislados: se vienen repitiendo desde 2020 hasta la fecha, detectados solo por inspecciones esporádicas o por gestión de este recurrente. II. VIOLACIONES ESPECÍFICAS Y FLAGRANTES A LA NORMATIVA AMBIENTAL 1. Vertidos sin permiso y sin tratamiento • Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 2007): artículo 4° obliga a tratar las aguas residuales y prohíbe el vertido sin autorización expresa. La empresa operó sin permiso y mantuvo la estructura física de descarga durante más de 12 meses posteriores a la denegatoria. Violación grave y continuada. 2. Mala gestión del relleno sanitario • Reglamento sobre Rellenos Sanitarios (Decreto Ejecutivo N° 38928-S y modificatorios): exige compactación diaria, cobertura intermedia e inmediata, control de lixiviados y vectores. El informe MINSA 0018-2025 acredita que nada de esto se cumplió. 3. Omisión de vigilancia permanente • Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (artículos 50, 51 y 52) y Ley General de Salud: imponen al Estado y al operador la obligación de vigilancia continua. Las autoridades actúan solo “por denuncia” o inspecciones esporádicas. Esto es inaceptable en un sitio que recibe miles de toneladas de residuos de la GAM. III. RIESGO INMINENTE A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN Los lixiviados generados por la falta de cobertura y compactación llegan directamente a los acuíferos de la zona (características volcánicas altamente vulnerables). La Sala Constitucional ha sido categórica: • Las aguas subterráneas son de dominio público y gozan de protección reforzada (votos 1923-2004, 2012-08892, 06340-2012, entre muchos). • Se aplica el principio precautorio ante cualquier riesgo de contaminación: no es necesario demostrar daño actual; basta el riesgo grave e irreversible (jurisprudencia reiterada en protección de acuíferos contra rellenos sanitarios). • Los derechos de tercera generación (ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, incluyendo los no nacidos) obligan a esta Sala a intervenir de forma contundente (artículo 50 Constitución Política y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). La empresa no puede alegar “crisis nacional de residuos” para justificar ilegalidades. La crisis no legitima la contaminación. IV. PETITORIA Por todo lo expuesto, y con fundamento en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, Ley 7554, Decreto 33601, Reglamento de Rellenos Sanitarios y jurisprudencia vinculante de esta Sala, solicito respetuosamente: 1. Tener por recibida esta comparecencia y por aportada la prueba documental (oficio DA-UHCAROG-0168-2026 en copia simple y referencia al informe MS-DRRSHC-URS-IT 0018-2025). 2. Declarar con lugar el recurso de amparo y ordenar: a) La clausura inmediata y provisional del Parque Tecnología Ambiental Limón hasta que se acredite cumplimiento total de la normativa (permiso de vertido vigente, plan de manejo aprobado y vigilancia permanente). b) Ordenar al MINAE y al Ministerio de Salud la implementación de un programa de monitoreo permanente (mensual) de aguas subterráneas y superficiales en un radio de 5 km, con resultados públicos. c) Imponer al operador multas coercitivas diarias por cada día de incumplimiento. d) Proteger preventivamente el acuífero y los derechos de las generaciones futuras. 3. Notificar esta resolución al MINAE, Ministerio de Salud, SETENA y a la Procuraduría Ambiental” (ver registro electrónico).

21.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “I. El informe no desvirtúa los hechos; al contrario, los confirma y agrava la violación constitucional El informe DA-0676-2026 reconoce expresamente: 1. Que mediante resolución DA-1079-2024 del 29 de abril de 2024 se denegó el permiso de vertido a la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. 2. Que, pese a esa denegación, al 29 de abril de 2025 (¡más de un año después!) la estructura de descarga hacia la quebrada sin nombre aún existía y estaba operativa. 3. Que fue necesario requerir al Ministerio de Salud una orden sanitaria (MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS) para obligar a la empresa a retirar dicha estructura. 4. Que solo hasta después de esa orden (y de la visita conjunta del 29 de abril de 2025) se procedió a la eliminación física de la infraestructura. Este reconocimiento no es una defensa; es una autoinculpación institucional. La Dirección de Aguas admite que durante más de doce meses después de haber denegado el permiso, se permitió la existencia de una estructura de vertido ilegal en un cauce de dominio público. Eso no es mera irregularidad administrativa: es transgresión grave y continuada de la normativa ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Gestión de Residuos Sólidos, Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos y el propio principio precautorio consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política). II. Omisión grave y deliberada del Director de Aguas: el relleno sanitario se ubica exactamente en el límite del acuífero de la zona Resulta revelador y condenatorio que el señor José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del MINAE, haya omitido por completo en su informe un hecho de la máxima trascendencia ambiental y sanitaria: el relleno sanitario “El Tomatal” se ubica precisamente en el límite del acuífero de la zona. Esta omisión no es un descuido inocente. Es una maniobra burda para ocultar el riesgo real y catastrófico que representa continuar depositando cientos de toneladas diarias de desechos sólidos del GAM en un sitio que amenaza directamente la calidad y la sostenibilidad del agua subterránea que abastece a miles de limonenses. Colocar un relleno sanitario en el límite de un acuífero sin los estudios hidrogeológicos rigurosos, sin monitoreo permanente y sin permiso de vertido vigente constituye una temeridad ambiental imperdonable y una violación flagrante del deber de protección del recurso hídrico consagrado en la Constitución y en la Ley de Aguas. El Director de Aguas no solo calla este dato esencial: lo ignora a sabiendas, mientras pretende dar por resuelto el problema con la mera eliminación de una tubería. Esa actitud es inaceptable en un funcionario público que tiene la obligación legal de velar por la integridad de los acuíferos nacionales. III. El informe evade deliberadamente el núcleo del amparo: el depósito de desechos sólidos del GAM El recurrente no denunció solo vertidos líquidos. Denuncié —y sigo denunciando— el depósito masivo e ilegal de desechos sólidos ordinarios provenientes de la Gran Área Metropolitana en el relleno sanitario “El Tomatal”, sin: • Permiso de vertido vigente (confirmado por el propio informe). • Evaluación ambiental actualizada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las modificaciones al diseño original. • Consulta previa, libre e informada a la población limonense (violación del Convenio 169 de la OIT). • Cumplimiento de los principios preventivo y precautorio en una zona de alta precipitación y vulnerabilidad sanitaria. El informe de la Dirección de Aguas se limita a decir que “ya no hay vertido líquido a la quebrada”. Eso es irrelevante para el fondo del amparo. El problema no es solo el efluente líquido tratado; es el recibimiento diario de cientos de toneladas de basura que generan lixiviados, olores insoportables, proliferación de vectores y riesgo sanitario directo sobre la población de Santa Rosa y zonas aledañas. El informe no niega que el relleno continúe recibiendo desechos del GAM; simplemente guarda silencio sobre ello. Ese silencio es elocuente y condenatorio. IV. Urgencia inaplazable de la suspensión inmediata del arribo de desechos sólidos desde la Meseta Central hasta Limón Es impostergable, inaplazable e indispensable que esta Sala ordene de inmediato la suspensión total y definitiva del arribo de desechos sólidos desde la Meseta Central hacia el relleno sanitario “El Tomatal” en Limón. Cada día que se permite continuar con este traslado ilegal se agrava el daño irreparable: se acelera el agotamiento del sitio, se multiplican los lixiviados, se intensifican los olores nauseabundos que invaden Santa Rosa y zonas aledañas, y se incrementa exponencialmente el riesgo de contaminación del acuífero que se encuentra exactamente en su límite. No se trata de una molestia menor. Se trata de una amenaza real, actual y creciente contra el derecho a un ambiente sano, a la salud pública y al recurso hídrico de toda la provincia. La omisión y la inacción de las autoridades recurridas han convertido este traslado en una bomba de tiempo ambiental y sanitaria. La Sala Constitucional no puede seguir permitiendo que, bajo excusas técnicas o silencios estratégicos, se continúe vertiendo la basura de la Meseta Central sobre un sitio que carece de los permisos indispensables y que pone en peligro inminente a miles de limonenses. La suspensión inmediata del arribo de desechos es una medida de urgencia constitucional que no admite más dilación. V. Procedencia indiscutible del recurso de amparo y medidas solicitadas Los hechos expuestos configuran una violación manifiesta, grave y actual de derechos fundamentales: • Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50 Constitución). • Derecho a la salud (art. 21 y 46 Constitución). • Derecho a la consulta previa del Convenio 169 OIT (ratificado por Costa Rica y con rango constitucional). • Principios de prevención y precaución (Ley 7554 y jurisprudencia constante de esta Sala). Solicito expresamente a esta Sala: 1. Declarar con lugar el recurso de amparo. 2. Ordenar la suspensión inmediata y total del depósito y arribo de desechos sólidos provenientes de la Meseta Central en “El Tomatal” hasta que se acredite el cumplimiento pleno de todos los permisos ambientales, sanitarios, hidrogeológicos y de consulta. 3. Ordenar al MINAE, Ministerio de Salud y Municipalidad de Limón la realización de una evaluación ambiental integral y actualizada del sitio, con énfasis en el riesgo hidrogeológico sobre el acuífero. 4. Imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para evitar mayor daño. VI. Conclusión El informe rendido por el Director de Aguas no solo no desvirtúa los cargos del amparo: los corrobora y agrava. Confirma la denegación del permiso, la persistencia ilegal de la infraestructura y, sobre todo, revela una omisión deliberada sobre la ubicación crítica del relleno en el límite del acuífero. La Sala no puede permitir que, bajo formalidades técnicas parciales y silencios estratégicos, se continúe exponiendo a la población limonense —y al recurso hídrico mismo— a riesgos ambientales y sanitarios documentados y catastróficos. La suspensión inmediata del arribo de desechos desde la Meseta Central es una exigencia constitucional impostergable. La procedencia del amparo es evidente, urgente e impostergable” (ver registro electrónico).

22.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente -vecino de Barrio Roosevelt en el cantón central de Limón- reclama que desde finales de 2025, el Ministerio de Salud ha autorizado el traslado masivo de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), sin realizar consulta previa, libre e informada a la población afectada, violando el Convenio 169 de la OIT. Afirma que el relleno sanitario no cuenta con permiso de vertido vigente. La última solicitud fue denegada mediante resolución DA-1079-2024 de SETENA, de las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del 25 de abril de 2024, por incumplimientos ambientales. A pesar de ello, se han realizado modificaciones al diseño original del proyecto sin una reevaluación adecuada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), acelerando su agotamiento y exponiendo a la población a riesgos en una zona de alta precipitación. Destaca que el 07 de enero de 2026, remitió el oficio MLV-005- 2026 a la Alcaldesa de Limón, la Ministra de Salud y el Concejo Municipal, exigiendo un informe técnico sobre la justificación del traslado, invocando la Ley General de Salud N° 5395, la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, y los principios precautorio y preventivo. En respuesta, el Ministerio de Salud emitió el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026 del 13 de enero de 2026, el cual es evasivo: remite a SETENA la viabilidad ambiental, no proporciona proyecciones de vida útil del relleno, y justifica el traslado bajo el Decreto Ejecutivo N° 44974-S (Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos), sin evidencia científica de sostenibilidad ni consulta previa. Dice que la conducta del Ministerio de Salud y SETENA es omisiva y arbitraria, avalando formalidades insostenibles sin evidencia científica, violentando la paz y seguridad de los limonenses.

II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos: 

EN CUANTO AL ÁREA RECTORA DE SALUD

a)    Que la vida útil del Relleno Sanitario de Limón se estima en aproximadamente 29 años, según el último reporte operacional (ver informe de la autoridad recurrida).

b)    Que el Ministerio de Salud antes del año 2023 realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024, las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de 2025 la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal (ver informe de la autoridad recurrida).

c)    Que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición (ver informe de la autoridad recurrida).

d)    Que no se ha identificado un aumento significativo en el volumen de ingreso de residuos que pueda afectar la proyección de la vida útil del relleno (ver informe de la autoridad recurrida).

e)    Que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición (ver informe de la autoridad recurrida).

f)      Que en el oficio MS-DSA-UGSA-385-2025 del  Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas Jefe, Unidad de Gestión en Salud Ambiental y la Ing. Lourdes Sánchez Delgado Ingeniera Civil, DSA-UGSA se indicó: “…CONCLUSIONES: 3) Análisis de vida útil: El cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda…” (ver informe de la autoridad recurrida).

g)    Que mediante  oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025 al recurrente se le indicó lo siguiente: “…Un cordial saludo. En atención a solicitud se realizó análisis por parte de la Dra. Aura Baltodano Madrigal, del departamento de servicios de salud, mediante informe CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, en el que indica lo siguiente. Con relación al permiso de vertido de la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A en condición de ente generador, cédula jurídica 3-101-215741 y en seguimiento a la resolución DA-1079-2024, del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, donde DENIEGA dicho permiso, se notifica el acto administrativo MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, el cual el administrado cumple y se realiza el levantamiento de la orden sanitaria bajo el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…”  (ver informe de la autoridad recurrida).

h)    Que el Área Rectora de Salud de Limón, realiza de forma mensual seguimiento técnico a las condiciones físico-sanitarias y de funcionamiento al Parque Tecnológico, garantizando de esta manera monitoreo constante al establecimiento y aplicando las medidas administrativas correspondientes en caso de identificar incumplimientos a la normativa (ver informe de la autoridad recurrida).

i)       Que mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General de Salud, se informa lo siguiente: “(…) Sendo que la solicitud del recurrente es específicamente sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), informo que esta Dirección General de Salud solicitó información correspondiente a las Direcciones Regionales dentro de la GAM, cuya información de excepciones realizadas se detallan a continuación: • Municipalidad de Paraíso: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Excepción otorgada mediante CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipalidad de Curridabat: Excepción otorgada mediante MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Excepción otorgada mediante RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. Importante señalar, que estas autorizaciones se encuentran dadas hasta el 28 de abril del presente año. (…)” (ver informe de la autoridad recurrida).

EN CUANTO A LA SETENA

j)       Que el proyecto en cuestión corresponde al expediente FEAP-0242-2004-SETENA, proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, Nro. de Plano Catastrado: L-689751-87 Descripción del Proyecto: “Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-87). El Relleno ocupará 86 177 m2. Cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprobaron los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorgó mediante la resolución No. 0914-2008-SETENA” (ver informe de la autoridad recurrida).

k)    Que la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, el cual se emitió en apego al reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto 43432-S; Ley 8839 (ver informe de la autoridad recurrida).

l)       Que la SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón (ver informe de la autoridad recurrida).

EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

m) Que el 06 de marzo del 2025 la Municipalidad del Cantón Central de Limón presentó una solicitud de medida cautelar, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, así como contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, al cual se le asignó como número de causa 25-001560-1027-CA, por los mismos hechos descritos por el recurrente, esto al Municipio tampoco estar de acuerdo con el traslado de residuos, con la pretensión que a continuación de detalla: “1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paliativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos. Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables.”  (ver informe de la autoridad recurrida).

n)    Que el 06 de marzo del 2025, en expediente 25-001560-1027-CA , al ser las doce horas diez minutos, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, rechaza la medida cautelar provisionalísima, debido a que a criterio del juez no existían estudios que permitan demostrar el daño grave e irreversible alegado por la municipalidad pese al mismo resultar claramente previsible, sin embargo, pese a no otorgar la medida cautelar le solicitó al Estado y a la empresa en cuestión lo siguiente: “En su lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del CPCA, se otorga audiencia al Estado y a Empresas Berthier EBI de CR, S.A., por un plazo de tres días hábiles, para que se manifiesten de manera escrita en relación con la cautelar solicitada por la parte actora, así como que puedan ofrecer la prueba que estimen pertinente. En ese mismo sentido, se ordena al Estado que, al momento de brindar contestación, indique si en relación con los hechos expuestos por la parte actora, existe o no algún estudio técnico científico que se refiera a los efectos y eventual impacto ambiental de tales hechos, así como aportar el respectivo criterio técnico de las autoridades competentes, sea el MINAE y el Ministerio de Salud. NOTIFÍQUESE. - Alex Rojas Ortega, Juez.” (ver informe de la autoridad recurrida).

EN CUANTO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

o)    Que mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66 (ver informe de la autoridad recurrida).

p)    Que mediante resolución R-0450-2019-AGUAS-MINAE de las 15:14 horas del 08 de mayo de 2020, se renovó el permiso de vertido a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-101-215741, representada por Patricia Campos Villagra, cédula de identidad 1-0880-0768, por un plazo de 3 años (ver informe de la autoridad recurrida).

q)    Que en fecha 18 de setiembre de 2020 conforme con el plan de monitoreo que llevó a cabo la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía se comprobó que el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco (ver informe de la autoridad recurrida).

r)      Que al estar el causa del río totalmente seco, una vez vencido el permiso de vertido, dada la condición del cauce, al presentarse nuevamente la renovación del permiso éste fue rechazado, mediante resolución DA-1079-2024 del 29 de abril del  2024  (ver informe de la autoridad recurrida).

s)    Que la situación se puso en conocimiento del Ministerio de Salud quien le apercibió a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA ,la presentación de la solicitud de autorización para el reuso del agua proveniente del sistema de tratamiento para riego (ver informe de la autoridad recurrida).

t)      Que mediante el informe técnico del Ministerio de Salud MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 del 2 de octubre del 2022, se resolvió: “como resultado de la revisión y análisis realizado, se define Criterio Físico -Sanitario POSITIVO, para la disposición mediante reuso del efluente tratado del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, UBICADO EN SANTA ROSA, LIMON, LIMON” (ver informe de la autoridad recurrida).

u)    Que según consta en el oficio DA-UHCAROG-0168-2026, el día 29 de abril del 2025 se realizó visita conjunta al sitio del expediente con funcionarios del Ministerio de Salud. Se realizó un recorrido por las instalaciones operativas del Relleno Sanitario y se observó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) aún se mantiene (ver informe de la autoridad recurrida).

v)    Que mediante oficio DA-UHCAROG-0362- 2025 con fecha 19 de mayo del 2025 remitido a la Ing. Rosibeth Villafuerte Rodríguez de Proceso de Regulación de la Salud de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud, se le solicita ordenar al administrado, mediante Orden Sanitaria, la eliminación de la estructura de descarga de vertido a un cauce de dominio público, según el punto de descarga que estuvo autorizado bajo el expediente 4672-V, ya que actualmente no cuenta con autorización para verter (ver informe de la autoridad recurrida).

w)  Que mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre (ver informe de la autoridad recurrida).

x)    Que a la fecha de rendir el informe la infraestructura ya había sido retirada por lo que la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA.  no se está generando vertido (ver informe de la autoridad recurrida).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la vida útil del Relleno Sanitario de Limón se estima en aproximadamente 29 años, según el último reporte operacional. Se acreditó que el Ministerio de Salud antes del año 2023 realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024, las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de 2025 la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal. Se demostró que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición y que no se ha identificado un aumento significativo en el volumen de ingreso de residuos que pueda afectar la proyección de la vida útil del relleno. Se afirmó que trimestralmente se realiza un monitoreo del sitio, lo que permite detectar y evaluar posibles cambios en su capacidad de disposición. Se constató que en el oficio MS-DSA-UGSA-385-2025 del  Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas Jefe, Unidad de Gestión en Salud Ambiental y la Ing. Lourdes Sánchez Delgado Ingeniera Civil, DSA-UGSA se indicó: “…CONCLUSIONES: 3) Análisis de vida útil: El cálculo de la vida útil del proyecto está restringido debido a la ausencia de información detallada sobre la base de la celda…”. Se probó que mediante oficio CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025 al recurrente se le indicó lo siguiente: “…Un cordial saludo. En atención a solicitud se realizó análisis por parte de la Dra. Aura Baltodano Madrigal, del departamento de servicios de salud, mediante informe CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, en el que indica lo siguiente. Con relación al permiso de vertido de la sociedad Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A en condición de ente generador, cédula jurídica 3-101-215741 y en seguimiento a la resolución DA-1079-2024, del veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, donde DENIEGA dicho permiso, se notifica el acto administrativo MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, el cual el administrado cumple y se realiza el levantamiento de la orden sanitaria bajo el oficio CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…”. Quedó demostrado que el Área Rectora de Salud de Limón, realiza de forma mensual seguimiento técnico a las condiciones físico-sanitarias y de funcionamiento al Parque Tecnológico, garantizando de esta manera monitoreo constante al establecimiento y aplicando las medidas administrativas correspondientes en caso de identificar incumplimientos a la normativa. Posteriormente mediante el oficio N°CARTA-MS-DGS-0275-2026 de fecha 30 de enero del 2026, suscrito por el Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General de Salud, se informa lo siguiente: “(…) Sendo que la solicitud del recurrente es específicamente sobre el traslado de desechos sólidos ordinarios desde la GAM al relleno sanitario de Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), informo que esta Dirección General de Salud solicitó información correspondiente a las Direcciones Regionales dentro de la GAM, cuya información de excepciones realizadas se detallan a continuación: • Municipalidad de Paraíso: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Excepción otorgada mediante CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Excepción otorgada mediante CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipalidad de Curridabat: Excepción otorgada mediante MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Excepción otorgada mediante RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. Importante señalar, que estas autorizaciones se encuentran dadas hasta el 28 de abril del presente año. (…)”. En cuanto a la SETENA se acreditó que el proyecto en cuestión corresponde al expediente FEAP-0242-2004-SETENA, proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, Nro. de Plano Catastrado: L-689751-87 Descripción del Proyecto: “Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-87). El Relleno ocupará 86 177 m2. Cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprobaron los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorgó mediante la resolución No. 0914-2008-SETENA”. Se constató que la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, el cual se emitió en apego al reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto 43432-S; Ley 8839 y que no otorgado visto bueno alguno para traer residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón. En cuanto a la Municipalidad de Limón se verificó que el 06 de marzo del 2025 la Municipalidad del Cantón Central de Limón presentó una solicitud de medida cautelar, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, en contra de “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, así como contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, al cual se le asignó como número de causa 25-001560-1027-CA, por los mismos hechos descritos por el recurrente, esto al Municipio tampoco estar de acuerdo con el traslado de residuos, con la pretensión que a continuación de detalla: “1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paliativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos. Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables”. Ese mismo día en expediente 25-001560-1027-CA , al ser las doce horas diez minutos, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, rechaza la medida cautelar provisionalísima, debido a que a criterio del juez no existían estudios que permitan demostrar el daño grave e irreversible alegado por la municipalidad pese al mismo resultar claramente previsible, sin embargo, pese a no otorgar la medida cautelar le solicitó al Estado y a la empresa en cuestión lo siguiente: “En su lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del CPCA, se otorga audiencia al Estado y a Empresas Berthier EBI de CR, S.A., por un plazo de tres días hábiles, para que se manifiesten de manera escrita en relación con la cautelar solicitada por la parte actora, así como que puedan ofrecer la prueba que estimen pertinente. En ese mismo sentido, se ordena al Estado que, al momento de brindar contestación, indique si en relación con los hechos expuestos por la parte actora, existe o no algún estudio técnico científico que se refiera a los efectos y eventual impacto ambiental de tales hechos, así como aportar el respectivo criterio técnico de las autoridades competentes, sea el MINAE y el Ministerio de Salud. NOTIFÍQUESE. - Alex Rojas Ortega, Juez.”. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía se evidenció que mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66. Posteriormente mediante resolución R-0450-2019-AGUAS-MINAE de las 15:14 horas del 08 de mayo de 2020, se renovó el permiso de vertido a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-101-215741, representada por Patricia Campos Villagra, cédula de identidad 1-0880-0768, por un plazo de 3 años. Se indicó que en fecha 18 de setiembre de 2020 conforme con el plan de monitoreo que llevó a cabo la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía se comprobó que el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco. Se afirmó que al estar el causa del río totalmente seco, una vez vencido el permiso de vertido, dada la condición del cauce, al presentarse nuevamente la renovación del permiso éste fue rechazado, mediante resolución DA-1079-2024 del 29 de abril del  2024. Quedó probado que la situación se puso en conocimiento del Ministerio de Salud quien le apercibió a la EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA ,la presentación de la solicitud de autorización para el reuso del agua proveniente del sistema de tratamiento para riego; por lo que  mediante el informe técnico del Ministerio de Salud MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 del 2 de octubre del 2022, se resolvió: “como resultado de la revisión y análisis realizado, se define Criterio Físico -Sanitario POSITIVO, para la disposición mediante reuso del efluente tratado del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, UBICADO EN SANTA ROSA, LIMON, LIMON”. Se indicó que según consta en el oficio DA-UHCAROG-0168-2026, el día 29 de abril del 2025 se realizó visita conjunta al sitio del expediente con funcionarios del Ministerio de Salud. Se realizó un recorrido por las instalaciones operativas del Relleno Sanitario y se observó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) aún se mantiene. Quedó probado que mediante oficio DA-UHCAROG-0362- 2025 con fecha 19 de mayo del 2025 remitido a la Ing. Rosibeth Villafuerte Rodríguez de Proceso de Regulación de la Salud de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe del Ministerio de Salud, se le solicita ordenar al administrado, mediante Orden Sanitaria, la eliminación de la estructura de descarga de vertido a un cauce de dominio público, según el punto de descarga que estuvo autorizado bajo el expediente 4672-V, ya que actualmente no cuenta con autorización para verter. Se evidenció que mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre. Finalmente se afirmó que a la fecha de rendir el informe la infraestructura ya había sido retirada por lo que la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA.  no se está generando vertido. Partiendo de lo anterior es posible concluir lo siguiente:

1.) Que en la SETENA se tramita el  expediente FEAP-0242-2004-SETENA, titulado como “Relleno Sanitario de Limón”, mismo que cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprueban los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorga mediante la Resolución N° 0914-2008-SETENA. Conforme a la resolución la descripción de proyecto es la siguiente: … No. De Plano Catastrado: L-689751-87, Descripción del Proyecto: Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha.

2.) Que la SETENA no ha otorgado visto bueno alguno para trasladar  residuos sólidos de otras zonas del país al relleno sanitario de Limón.

3.) Que mediante expediente 4672-V, se otorgó por primera vez, permiso de vertidos mediante resolución R_0984- 2015-AGUAS-MINAE del 25 de setiembre de 2015, basado en el informe de recomendación AT -3240241- 5 del 7 de setiembre de 2015; para verter las aguas residuales del ente generador Parque Tecnología ambiental Limón de la empresa Berthier EBI de Costa Rica en el cauce de la quebrada sin nombre en las coordenadas latitud: 24157. 2 y longitud: 65366.66.

4.) En el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA se tramita el expediente 25-001560-1027-CA que es proceso de Medida Cautelar  Ante Causam solicitada por la Municipalidad de Limón contra Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A., cédula jurídica n° 3-101-215741 y el Estado. La solicitud del gobierno local es la siguiente: “"1) Se acoja la presente MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte para que, de forma Provisionalísima, sin dilación alguna y prima facie, se ordene la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONDUCTA MATERIAL impugnada, sea el traslado de residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana al PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Igualmente, se ordene a la demandada EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA recibir residuos sólidos producidos, recogidos o recuperados en la Gran Área Metropolitana en el PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, en el sector de EL TOMATAL en Santa Rosa de Limón. Asimismo, solicito a su autoridad acoger la misma medida en forma cautelar, hasta tanto no se resuelva el proceso de conocimiento que interpondremos en contra de la conducta controvertida, lo anterior por cumplir con los característicos estructurales de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. 2) Se ordene al ESTADO y a las dependencias competentes del MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, emitir cualquier conducta formal y desplegar todas las actuaciones materiales necesarias para IMPEDIR el traslado o transporte de RESIDUOS SÓLIDOS a través de la SECCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 QUE ATRAVIESA EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DENOMINADA PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, hasta en tanto no se cuente con estudios técnicos que determinen la inocuidad del transporte de residuos en tales condiciones o bien se dicten medidas paleativas del riesgo ambiental. 3) De igual forma, pido al Despacho adoptar todas las MEDIDAS CAUTELARES que este Tribunal estime necesarias y urgentes para la efectiva protección de nuestros derechos subjetivos e intereses legítimos públicos ante los efectos de la conducta administrativa aquí controvertido que será objeto de impugnación en el proceso de conocimiento que oportunamente interpondremos. Lo anterior para efectos de evitar la generación de mayores daños graves inminentes e irreparables." -La medida cautelar fue rechazada-.

5.) Que el Área Rectora de Salud de Limón, antes del año 2023 realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno Sanitario, que, a partir del año 2024, las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de los corrientes la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal.

6.) Que mediante orden sanitaria MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS el Ministerio de Salud ordenó a la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA eliminar la estructura de descarga de vertido a la quebrada sin nombre - infraestructura que fue debidamente retirada por lo que la empresa Berthier de Costa Rica EBI S.A.  no se está generando vertido-.

Esta Sala mediante sentencia número 2025-026093 de las doce horas cincuenta minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco resolvió el recurso de amparo número 25-008408-0007-CO presentado por Maribel Morales Céspedes contra la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., MINISTERIO DE SALUD, Y LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL e indicó:

“II.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente acude en amparo y alega que desde noviembre de 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, ha trasladado semanalmente cantidades importantes de residuos sólidos provenientes de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal. Expresa que este traslado masivo de residuos se realiza sin que la Municipalidad de Limón ni otras autoridades locales hayan sido previamente notificadas o consultadas, según lo señalado públicamente por la alcaldesa de Limón. Acusa que el traslado descrito pone en peligro directo el derecho constitucional a un ambiente sano, afecta negativamente la imagen turística de la región, fuente esencial de empleo y desarrollo económico para Limón. Asimismo, el deterioro ambiental incrementaría el riesgo sanitario y afectaría la salud pública de los habitantes de la provincia, como impacto directo en la salud pública; la contaminación por lixiviados y gases derivados de la descomposición de residuos afectará la calidad del aire y las fuentes de agua, con el correspondiente incremento del riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales; afectación directa al turismo y la economía. Explica que el manejo de residuos sólidos corresponde por ley a cada gobierno local, por lo que trasladar residuos de otras regiones incumple la obligación legal y constitucional de las municipalidades del Área Metropolitana de gestionar adecuadamente sus propios residuos sólidos. Señala que ante tal problemática, se ha dado falta de supervisión estatal, como es del Ministerio de Salud y SETENA; situación que constituye una violación directa al deber de fiscalización y control que pesa sobre el Estado. Por lo expuesto, solicita la intervención de este Tribunal a fin de que se ordene: a)  al ministerio de salud para que se prohíba manera inmediata y permanente el traslado, almacenamiento o disposición de residuos desde la GAM hacia la provincia de Limón, en cualquiera de sus rellenos sanitarios; b) que se ordene al Ministerio de Salud, a SETENA y a la Municipalidad de Limón la realización de una inspección técnica y sanitaria inmediata en el relleno sanitario de Limón, para determinar el estado actual y los daños ocasionados por el traslado ilegal de residuos desde la GAM o cualquier otra región y se ordene a las autoridades locales implementar de manera inmediata medidas correctivas y remediales para contener los efectos ambientales y sanitarios causados por la acumulación indebida de esos residuos; c) se ordene al Ministerio de Salud y a SETENA presentar ante esta Sala copia certificada de cualquier contrato, autorización administrativa o permiso mediante el cual se haya permitido el traslado de residuos desde la GAM hacia Limón por parte de EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA.

(…)

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente alega que desde noviembre de 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, ha trasladado semanalmente cantidades importantes de residuos sólidos provenientes de la Gran Área Metropolitana (GAM) hacia el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”. Alega que dicho traslado de residuos se realiza sin que la Municipalidad de Limón ni otras autoridades locales hayan sido previamente notificadas o consultadas. Acusa que el traslado descrito pone en peligro el ambiente sano, afecta negativamente la imagen turística de la región, fuente esencial de empleo y desarrollo económico para Limón. Asimismo, el deterioro ambiental incrementaría el riesgo sanitario y afectaría la salud pública de los habitantes de la provincia, como impacto directo en la salud pública; la contaminación por lixiviados y gases derivados de la descomposición de residuos afectará la calidad del aire y las fuentes de agua, con el correspondiente incremento del riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales; afectación directa al turismo y la economía. Explica que el manejo de residuos sólidos corresponde por ley a cada gobierno local, por lo que trasladar residuos de otras regiones incumple la obligación legal y constitucional de las municipalidades del Área Metropolitana de gestionar adecuadamente sus propios residuos sólidos. Señala que ante tal problemática, se ha dado falta de supervisión estatal, como es del Ministerio de Salud y SETENA; situación que constituye una violación directa al deber de fiscalización y control que pesa sobre el Estado.

Al respecto, del análisis de los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades accionadas, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y la documentación aportada al expediente,  se tiene por acreditado que el proyecto en cuestión se tramita bajo el expediente FEAP-0242-2004-SETENA, que corresponde al proyecto “Relleno Sanitario de Limón”, Nro. de Plano Catastrado: L-689751-87 Descripción del Proyecto: “Construcción de un relleno sanitario con una capacidad de 80 ton de basura por día, a finca de 45 ha (plano catastrado L-689751-87). El Relleno ocupará 86 177 m2. Asimismo, que cuenta con viabilidad ambiental desde el año 2008, momento en que se aprobaron los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de dicho proyecto; la aprobación de la viabilidad ambiental se otorgó mediante la resolución No. 0914-2008-SETENA”. Igualmente, consta que la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, otorgado por el Ministerio de Salud.

De igual forma, se tiene por acreditado que debido a las inconsistencias que se estaban presentando en el Parque de Tecnología Ambiental EBI, el Ministerio de Salud dictó la  orden sanitaria MS-DRRSHC-ARSL-00062-2025-OS, donde se le ordenó a la administración de dicho proyecto, realizar una serie de medidas y un cronograma de actividades, a fin de solucionar la problemática encontrada, para la adecuada compactación y cobertura de residuos sólidos, en cumplimiento con la normativa vigente; la correcta disposición del material o suelo contaminado, garantizando que no se utilice como cobertura, y asegurar su tratamiento y proveer acopio de material de cobertura conforme a la regulación establecida; planteamiento de medidas de control de fauna carroñera, considerando opciones como la optimización de la cobertura de residuos y la implementación de estrategias para evitar su presencia. Por lo anterior, mediante informe técnico MS-DRRSHC-URS-IT-0034-2025 de fecha 01 de abril de 2025, la ingeniera civil de Proceso de Regulación de la Salud de la Unidad de Rectoría de la Salud Región Huetar Caribe, pone en conocimiento al jefe de esa unidad, que fue recibido el plan de intervención requerido en la orden sanitaria N° MS-DRRHSC-ARSL-00062-2025, documento presentado por los representantes de la empresa accionada, donde se describe las acciones metodológicas para atender las observaciones realizadas, mismo que es aprobado por el ente regulador, quien además  recomienda al Área Rectora de Salud de Limón continuar con el seguimiento del cumplimiento y avance del plan de intervención presentado.

Así de lo expuesto, la Sala estima que no lleva razón la recurrente en su alegato. Esto por cuanto se demostró que contrario a lo alegado por la misma, dicho proyecto si cuenta con la regulación y la supervisión por parte de las autoridades correspondientes, específicamente por parte del Ministerio de Salud quien se ha mantenido en constante vigilancia tal como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia. En efecto, se logró acreditar que el relleno sanitario ubicado en la provincia de Limón, específicamente en el Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”, si cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobado por SETENA, a favor de la Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, y con permiso sanitario de funcionamiento vigente al 28 de abril del 2026, otorgado por el Ministerio de Salud. Ahora bien, la representante del ministerio recurrido indicó que dicho proyecto presentó falencias en su funcionamiento, por lo que ese ministerio ha venido realizando las intervenciones correspondientes a fin de que la empresa accionada solucione los problemas encontrados en las inspecciones realizadas in situ; situación que a la fecha en que se rinden los informes, consta que el ministerio recurrido le ha venido dado seguimiento a la problemática y que la empresa accionada ha venido cumpliendo con lo requerido por ese ministerio; siendo que en la última inspección realizada se aprobó el plan de intervención aportado por la empresa en cuestión y se emitieron recomendaciones a fin de que se mantenga a largo plazo acciones para el buen manejo del relleno sanitario.

Finalmente, según lo informado bajo fe de juramento por la representante del  Ministerio de Salud, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, antes del año 2023 ese ministerio realizaba en promedio de una a tres inspecciones al año al relleno sanitario en cuestión, y a partir del año 2024 las inspecciones pasaron a ser mensuales y durante los meses de febrero y marzo de los corrientes la frecuencia de inspecciones fue de quincenal a semanal; es decir, todas estas actuaciones han sido realizadas antes de tener conocimiento del presente recurso. Por lo expuesto, esta Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales y en consecuencia el recurso se declara sin lugar en cuanto a este extremo.

V.- Por otra parte, deberá tomar nota la Dra. Mariela de los Ángeles Marín Mena, en calidad de ministra a.i. de Salud, sobre su deber de vigilante en la protección de la salud pública, quien deberá coordinar con las autoridades correspondientes para que se mantenga en constante inspección y control de las condiciones ambientales generadas por el relleno sanitario en cuestión, a fin de proteger la salud de la población de la provincia de Limón, así como, la tutela al derecho a un ambiente sano.

VI.- Por otra parte, la recurrente solicita a la Sala que se ordene a la empresa recurrida que aporte copia certificada de cualquier contrato, autorización administrativa o permiso mediante el cual se haya permitido el traslado de residuos desde la GAM hacia Limón por parte de EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA. Sobre este particular, de la prueba aportada al recurso, no consta que la interesada haya gestionado ante la autoridad competente la información que alega; en consecuencia, en cuanto a este reclamo también se declara sin lugar el recurso.

VII.- En suma, se declara sin lugar el recurso en todos los extremos.

En aplicación al antecedente cita y del elenco de hechos probados el recurso deviene improcedente. En primer lugar tal y como se logró demostrar que proyecto si cuenta con la regulación y la supervisión por parte de las autoridades correspondientes, específicamente por parte del Ministerio de Salud quien se ha mantenido en constante vigilancia. En segundo lugar desde el 18 de febrero del 2025 se notificó la Orden Sanitaria N.°MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 a la empresa Berthier mediante la que se otorgó el plazo de 10 días hábiles a efectos de que entrara en funcionamiento la cámara de aireación principal del sistema de tratamiento de aguas residuales de las instalaciones del PTA El Tomatal y se dispuso no dar ingreso de otras cantidades de residuos sólidos que no estuvieran contemplados en la propuesta inicial planteada ante el Ministerio de Salud, sea se le impidió trasladar los residuos sólidos del GAM, entre otros; en tercer lugar si bien es cierto un tráiler que transportaba basura proveniente de la Gran Área Metropolitana (GAM) intentó ingresar al relleno sanitario de Limón lo cierto es que la Policía Municipal, el Ministerio de Salud y Tránsito detuvieron el tráiler que transportaba basura proveniente de la Gran Área Metropolitana y fue devuelto a su lugar de origen, La Carpio;  en cuarto lugar cuando sea necesario el traslado fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia no podrá exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano; en quinto lugar si bien es cierto el Ministerio de Salud tenía conocimiento que la  estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor (quebrada sin nombre) tenía que retirarse porque el cuerpo de agua de dominio público, en donde se estaba vertiendo el efluente de la planta de tratamiento estaba totalmente seco y para el 29 de abril del 2025 se comprobó que la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor aún se mantenía no menos cierto es que a la fecha de rendir los informes se confirmó que no se está generando vertido por parte de la empresa Berthier de Costa Rica EBI SA. a la quebrada. Así las cosas lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

IV.- Ahora bien, deberán las autoridades del Ministerio de Salud coordinar con las autoridades que correspondan en aras de mantener en constante vigilancia y control la estructura de descarga para el STAR hacia el cuerpo receptor utilizada por la Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Ministerio de Salud del penúltimo Considerando de esta sentencia. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 26-001765-0007-CO

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:11:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**III.- ON THE SPECIFIC CASE:** From the reports rendered by the respondent authorities, which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it is clear that the useful life of the Limón Landfill is estimated at approximately 29 years, according to the latest operational report. It was proven that the Ministry of Health, before the year 2023, conducted an average of one to three inspections per year at the landfill in question, and as of the year 2024, inspections became monthly, and during the months of February and March of 2025, the inspection frequency was biweekly to weekly. It was demonstrated that monitoring of the site is carried out quarterly, which makes it possible to detect and evaluate possible changes in its disposal capacity, and that no significant increase in the volume of incoming waste has been identified that could affect the projection of the landfill's useful life. It was affirmed that monitoring of the site is carried out quarterly, which makes it possible to detect and evaluate possible changes in its disposal capacity. It was verified that in official communication MS-DSA-UGSA-385-2025 from the Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón, signed by Ing. Ricardo Morales Vargas, Head of the Environmental Health Management Unit, and Ing. Lourdes Sánchez Delgado, Civil Engineer, DSA-UGSA, it was indicated: “…CONCLUSIONS: 3) Useful life analysis: The calculation of the project's useful life is restricted due to the absence of detailed information on the cell base…”. It was proven that through official communication CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, the appellant was informed of the following: “…A cordial greeting. In response to the request, an analysis was carried out by Dr. Aura Baltodano Madrigal of the health services department, through report CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, which indicates the following. In relation to the discharge permit of the company Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A as a generating entity, legal identification number 3-101-215741, and in follow-up to resolution DA-1079-2024, of April twenty-ninth, two thousand twenty-four, wherein said permit is DENIED, administrative act MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS is notified, which the party complied with, and the sanitary order (orden sanitaria) is lifted under official communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…”. It was demonstrated that the Área Rectora de Salud de Limón carries out monthly technical follow-up on the physical-sanitary and operational conditions of the Parque Tecnológico, thus guaranteeing constant monitoring of the establishment and applying the corresponding administrative measures in cases of identifying non-compliance with regulations. Subsequently, through official communication No. CARTA-MS-DGS-0275-2026 dated January 30, 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General of Health, the following is reported: “(…) Given that the appellant's request is specifically about the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), I inform you that this Dirección General de Salud requested corresponding information from the Regional Directorates within the GAM, whose information on exceptions granted is detailed below: • Municipalidad de Paraíso: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: Exception granted through CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: Exception granted through CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCS1848-2025. • Municipalidad de Curridabat: Exception granted through MS-DRRSCS-0162- 2026. • Municipalidad de Alajuelita: Exception granted through RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. It is important to note that these authorizations are granted until April 28 of this year. (…)”. Regarding SETENA, it was proven that the project in question corresponds to file FEAP-0242-2004-SETENA, project “Relleno Sanitario de Limón”, Cadastral Map Number: L-689751-87, Project Description: “Construction of a landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property (cadastral map L-689751-87). The Landfill will occupy 86,177 m2. It has had environmental viability (viabilidad ambiental) since 2008, at which time the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for the development of said project were approved; the approval of the environmental viability was granted through resolution No. 0914-2008-SETENA”. It was verified that the company BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has a valid sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) until April 28, 2026, which was issued in compliance with the general regulation for sanitary operating permits, enabling permits, and authorization for temporary mass gathering events, granted by the Ministry of Health, Decreto 43432-S; Ley 8839, and that no approval whatsoever has been granted to bring solid waste from other areas of the country to the Limón landfill. Regarding the Municipalidad de Limón, it was verified that on March 6, 2025, the Municipalidad del Cantón Central de Limón filed a request for a precautionary measure (medida cautelar) before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the II Circuito Judicial de San José against “EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A”, as well as against the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, which was assigned case number 25-001560-1027-CA, for the same facts described by the appellant, since the Municipality also does not agree with the waste transfer, with the claim detailed below: “1) That the present PRECAUTIONARY MEASURE ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte be granted so that, in a Provisionalísima manner, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE IMPUGNED MATERIAL CONDUCT is ordered, namely the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana to the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the sector of EL TOMATAL in Santa Rosa de Limón. Likewise, that the defendant EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to receive solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana at the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the sector of EL TOMATAL in Santa Rosa de Limón. Furthermore, I request your authority to grant the same measure as a precautionary measure, until the plenary proceeding we will file against the controverted conduct is resolved, the foregoing because it meets the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE and the competent agencies of the MINISTRY OF HEALTH and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY be ordered to issue any formal conduct and deploy all material actions necessary to PREVENT the transfer or transport of SOLID WASTE through the SECTION OF RUTA NACIONAL 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILD AREA CALLED PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, until such time as there are technical studies that determine the safety of transporting waste under such conditions or palliative measures for the environmental risk are issued. 3) Likewise, I ask the Court to adopt all PRECAUTIONARY MEASURES that this Tribunal deems necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights and legitimate public interests in light of the effects of the administrative conduct controverted here, which will be the subject of challenge in the plenary proceeding we will timely file. The foregoing for the purpose of preventing the generation of further serious, imminent, and irreparable damages”. That same day, in file 25-001560-1027-CA, at twelve hours and ten minutes, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the II Circuito Judicial de San José rejected the provisionalísima precautionary measure, because in the judge's opinion, there were no studies that could demonstrate the serious and irreversible damage alleged by the municipality, even though it was clearly foreseeable; however, despite not granting the precautionary measure, it requested the State and the company in question to do the following: “Instead, in accordance with the provisions of Article 24 of the CPCA, the State and Empresas Berthier EBI de CR, S.A. are granted a hearing, for a period of three business days, to respond in writing regarding the precautionary measure requested by the plaintiff, as well as to offer any evidence they deem pertinent. In that same sense, the State is ordered, when submitting its response, to indicate whether, in relation to the facts set forth by the plaintiff, there is any scientific technical study that refers to the effects and eventual environmental impact of such facts, as well as to provide the respective technical opinion of the competent authorities, namely MINAE and the Ministry of Health. NOTIFÍQUESE. - Alex Rojas Ortega, Judge.” Regarding the Ministry of Environment and Energy, it was evidenced that through file 4672-V, a discharge permit (permiso de vertidos) was granted for the first time through resolution R_0984- 2015-AGUAS-MINAE of September 25, 2015, based on recommendation report AT -3240241- 5 of September 7, 2015; to discharge the wastewater from the generating entity Parque Tecnología ambiental Limón of the company Berthier EBI de Costa Rica into the channel of the unnamed creek (quebrada sin nombre) at the coordinates latitude: 24157.2 and longitude: 65366.66. Subsequently, through resolution R-0450-2019-AGUAS-MINAE at 15:14 hours on May 8, 2020, the discharge permit was renewed for EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, legal identification number 3-101-215741, represented by Patricia Campos Villagra, identification number 1-0880-0768, for a period of 3 years. It was indicated that on September 18, 2020, in accordance with the monitoring plan carried out by the Dirección de Agua of the Ministry of Environment and Energy, it was verified that the public domain water body where the effluent from the treatment plant was being discharged was completely dry. It was affirmed that as the river channel was completely dry, once the discharge permit expired, given the condition of the channel, when the renewal of the permit was submitted again, it was rejected through resolution DA-1079-2024 of April 29, 2024. It was proven that the situation was brought to the attention of the Ministry of Health, which admonished EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA to submit the application for authorization for the reuse of water from the treatment system for irrigation; therefore, through technical report of the Ministry of Health MS-DRRSHC-URS-IT-0 156-2022 of October 2, 2022, it was resolved: “as a result of the review and analysis carried out, a POSITIVE Physical-Sanitary Opinion is defined for the disposal through reuse of the treated effluent from the wastewater treatment system of the project: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, LOCATED IN SANTA ROSA, LIMON, LIMON”. It was indicated that as recorded in official communication DA-UHCAROG-0168-2026, on April 29, 2025, a joint site visit to the file location was conducted with officials from the Ministry of Health. A tour of the operational facilities of the Landfill was carried out, and it was observed that the discharge structure for the STAR (wastewater treatment system) into the receiving body (unnamed creek) was still in place. It was proven that through official communication DA-UHCAROG-0362- 2025 dated May 19, 2025, sent to Ing. Rosibeth Villafuerte Rodríguez of Proceso de Regulación de la Salud of the Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Caribe of the Ministry of Health, she is requested to order the party, through a Sanitary Order, the elimination of the discharge structure discharging into a public domain channel, according to the discharge point that was authorized under file 4672-V, since it currently does not have authorization to discharge. It was evidenced that through sanitary order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministry of Health ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to eliminate the discharge structure into the unnamed creek. Finally, it was affirmed that as of the date of rendering the report, the infrastructure had already been removed, so the company Berthier de Costa Rica EBI SA. is not generating a discharge. Based on the foregoing, it is possible to conclude the following:

1.) That file FEAP-0242-2004-SETENA is processed at SETENA, titled “Relleno Sanitario de Limón”, which has had environmental viability since 2008, at which time the environmental impact studies for the development of said project are approved; the approval of the environmental viability is granted through Resolution No. 0914-2008-SETENA. According to the resolution, the project description is as follows: … Cadastral Map Number: L-689751-87, Project Description: Construction of a landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property.

2.) That SETENA has not granted any approval whatsoever to transfer solid waste from other areas of the country to the Limón landfill.

3.) That through file 4672-V, a discharge permit was granted for the first time through resolution R_0984- 2015-AGUAS-MINAE of September 25, 2015, based on recommendation report AT -3240241- 5 of September 7, 2015; to discharge the wastewater from the generating entity Parque Tecnología ambiental Limón of the company Berthier EBI de Costa Rica into the channel of the unnamed creek at the coordinates latitude: 24157.2 and longitude: 65366.66.

4.) In the TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, file 25-001560-1027-CA is processed, which is a process for a Medida Cautelar Ante Causam requested by the Municipalidad de Limón against Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A., legal identification number 3-101-215741, and the State. The local government's request is as follows: “"1) That the present PRECAUTIONARY MEASURE ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte be granted so that, in a Provisionalísima manner, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE IMPUGNED MATERIAL CONDUCT is ordered, namely the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana to the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the sector of EL TOMATAL in Santa Rosa de Limón. Likewise, that the defendant EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to receive solid waste produced, collected, or recovered in the Gran Área Metropolitana at the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the sector of EL TOMATAL in Santa Rosa de Limón. Furthermore, I request your authority to grant the same measure as a precautionary measure, until the plenary proceeding we will file against the controverted conduct is resolved, the foregoing because it meets the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE and the competent agencies of the MINISTRY OF HEALTH and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY be ordered to issue any formal conduct and deploy all material actions necessary to PREVENT the transfer or transport of SOLID WASTE through the SECTION OF RUTA NACIONAL 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILD AREA CALLED PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, until such time as there are technical studies that determine the safety of transporting waste under such conditions or palliative measures for the environmental risk are issued. 3) Likewise, I ask the Court to adopt all PRECAUTIONARY MEASURES that this Tribunal deems necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights and legitimate public interests in light of the effects of the administrative conduct controverted here, which will be the subject of challenge in the plenary proceeding we will timely file. The foregoing for the purpose of preventing the generation of further serious, imminent, and irreparable damages." -The precautionary measure was rejected-.

5.) That the Área Rectora de Salud de Limón, before the year 2023, conducted an average of one to three inspections per year at the Landfill; that as of the year 2024, inspections became monthly; and during the months of February and March of the current year, the inspection frequency was biweekly to weekly.

6.) That through sanitary order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministry of Health ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to eliminate the discharge structure into the unnamed creek – infrastructure that was duly removed, so the company Berthier de Costa Rica EBI S.A. is not generating a discharge -.

This Chamber, through judgment number 2025-026093 at twelve hours and fifty minutes on August fourteenth, two thousand twenty-five, resolved the amparo action (recurso de amparo) number 25-008408-0007-CO filed by Maribel Morales Céspedes against the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., MINISTRY OF HEALTH, AND SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, and indicated:

“II.- PURPOSE OF THE ACTION: The appellant files an amparo action and alleges that since November 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has weekly transported significant quantities of solid waste from the Gran Área Metropolitana (GAM) to the landfill located in the province of Limón, specifically at the Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal. She states that this massive transfer of waste is carried out without the Municipalidad de Limón or other local authorities having been previously notified or consulted, as stated publicly by the mayor of Limón. She accuses that the described transfer directly endangers the constitutional right to a healthy environment, negatively affects the tourist image of the region, an essential source of employment and economic development for Limón. Likewise, the environmental deterioration would increase the health risk and affect the public health of the province's inhabitants, as a direct impact on public health; contamination by leachate and gases derived from waste decomposition will affect air quality and water sources, with the corresponding increase in the risk of respiratory and gastrointestinal diseases; direct impact on tourism and the economy. She explains that solid waste management corresponds by law to each local government, so transporting waste from other regions breaches the legal and constitutional obligation of the municipalities of the Área Metropolitana to adequately manage their own solid waste. She points out that given this problem, there has been a lack of state supervision, such as from the Ministry of Health and SETENA; a situation that constitutes a direct violation of the duty of oversight and control incumbent upon the State. For the reasons stated, she requests the intervention of this Tribunal so that it orders: a) the Ministry of Health to immediately and permanently prohibit the transfer, storage, or disposal of waste from the GAM to the province of Limón, at any of its landfills; b) that the Ministry of Health, SETENA, and the Municipalidad de Limón be ordered to carry out an immediate technical and sanitary inspection at the Limón landfill, to determine the current state and the damages caused by the illegal transfer of waste from the GAM or any other region, and that local authorities be ordered to immediately implement corrective and remedial measures to contain the environmental and sanitary effects caused by the improper accumulation of these wastes; c) that the Ministry of Health and SETENA be ordered to present to this Chamber a certified copy of any contract, administrative authorization, or permit through which the transfer of waste from the GAM to Limón by EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA was allowed.

(…)

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant alleges that since November 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has weekly transported significant quantities of solid waste from the Gran Área Metropolitana (GAM) to the landfill located in the province of Limón, specifically at the Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”. She alleges that said waste transfer is carried out without the Municipalidad de Limón or other local authorities having been previously notified or consulted. She accuses that the described transfer endangers a healthy environment, negatively affects the tourist image of the region, an essential source of employment and economic development for Limón. Likewise, the environmental deterioration would increase the health risk and affect the public health of the province's inhabitants, as a direct impact on public health; contamination by leachate and gases derived from waste decomposition will affect air quality and water sources, with the corresponding increase in the risk of respiratory and gastrointestinal diseases; direct impact on tourism and the economy. She explains that solid waste management corresponds by law to each local government, so transporting waste from other regions breaches the legal and constitutional obligation of the municipalities of the Área Metropolitana to adequately manage their own solid waste. She points out that given this problem, there has been a lack of state supervision, such as from the Ministry of Health and SETENA; a situation that constitutes a direct violation of the duty of oversight and control incumbent upon the State.

In this regard, from the analysis of the reports rendered under oath by the defendant authorities, under the warnings, including criminal ones, indicated in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and the documentation provided to the file, it is proven that the project in question is processed under file FEAP-0242-2004-SETENA, which corresponds to the project “Relleno Sanitario de Limón”, Cadastral Map Number: L-689751-87, Project Description: “Construction of a landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property (cadastral map L-689751-87). The Landfill will occupy 86,177 m2. Likewise, that it has had environmental viability since 2008, at which time the environmental impact studies for the development of said project were approved; the approval of the environmental viability was granted through resolution No. 0914-2008-SETENA”. Equally, it is recorded that the company BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has a valid sanitary operating permit until April 28, 2026, granted by the Ministry of Health.

Similarly, it is proven that due to the inconsistencies that were occurring at the Parque de Tecnología Ambiental EBI, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSHC-ARSL-00062-2025-OS, where the administration of said project was ordered to carry out a series of measures and a schedule of activities, in order to solve the problems found, for the proper compaction and coverage of solid waste, in compliance with current regulations; the proper disposal of contaminated material or soil, guaranteeing it is not used as cover, and ensuring its treatment; and to provide a stockpile of cover material in accordance with established regulation; the proposal of scavenger fauna control measures, considering options such as optimizing waste coverage and implementing strategies to prevent their presence. Therefore, through technical report MS-DRRSHC-URS-IT-0034-2025 dated April 1, 2025, the civil engineer of Proceso de Regulación de la Salud of the Unidad de Rectoría de la Salud Región Huetar Caribe informed the head of that unit that the intervention plan required in sanitary order No. MS-DRRHSC-ARSL-00062-2025 was received, a document presented by the representatives of the respondent company, which describes the methodological actions to address the observations made, and which is approved by the regulatory body, who also recommends that the Área Rectora de Salud de Limón continue to monitor the compliance and progress of the intervention plan presented.

Thus, from the foregoing, the Chamber considers that the appellant's argument is unfounded. This is because it was demonstrated that, contrary to what she alleged, said project does have regulation and supervision by the corresponding authorities, specifically by the Ministry of Health, which has maintained constant vigilance as seen in the proven facts of this judgment. Indeed, it was possible to prove that the landfill located in the province of Limón, specifically at the Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal”, does have the environmental impact studies approved by SETENA, in favor of the company BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, and a sanitary operating permit valid until April 28, 2026, granted by the Ministry of Health. Now, the representative of the respondent ministry indicated that said project presented shortcomings in its operation, for which reason that ministry has been carrying out the corresponding interventions so that the respondent company resolves the problems found in the on-site inspections carried out; a situation which, as of the date the reports are rendered, shows that the respondent ministry has been following up on the problems and that the respondent company has been complying with what was required by that ministry; with the last inspection having approved the intervention plan provided by the company in question, and recommendations having been issued so that long-term actions for the proper management of the landfill are maintained.

Finally, according to what was reported under oath by the representative of the Ministry of Health, under the warnings, including criminal ones, indicated in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, before the year 2023, that ministry conducted an average of one to three inspections per year at the landfill in question, and as of the year 2024, inspections became monthly, and during the months of February and March of the current year, the inspection frequency was biweekly to weekly; that is, all these actions were carried out before having knowledge of this action. Based on the foregoing, this Chamber dismisses the violation of fundamental rights and consequently the action is declared without merit regarding this point.

V.- On the other hand, Dr. Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as acting minister of Health, must take note of her duty as a guardian in protecting public health, and must coordinate with the corresponding authorities to maintain constant inspection and control of the environmental conditions generated by the landfill in question, in order to protect the health of the population of the province of Limón, as well as the safeguarding of the right to a healthy environment.

VI.- Furthermore, the appellant requests that the Chamber order the respondent company to provide a certified copy of any contract, administrative authorization, or permit through which the transfer of waste from the GAM to Limón by EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA was allowed.

Regarding this particular matter, from the evidence provided with the appeal, it is not proven that the interested party requested the information she alleges from the competent authority; consequently, the appeal is also declared without merit regarding this claim.

VII.- In summary, the appeal is declared without merit on all grounds.

Applying the cited precedent and the list of proven facts, the appeal becomes inadmissible. Firstly, as was successfully demonstrated, the project does indeed have regulation and supervision by the corresponding authorities, specifically by the Ministry of Health, which has maintained constant surveillance. Secondly, since February 18, 2025, the Sanitary Order No. MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 was notified to the company Berthier, by which a period of 10 business days was granted for the main aeration chamber of the wastewater treatment system (sistema de tratamiento de aguas residuales, STAR) of the PTA El Tomatal facilities to become operational, and it was ordered not to allow the entry of other quantities of solid waste (residuos sólidos) not contemplated in the initial proposal submitted to the Ministry of Health, that is, it was prevented from transferring solid waste from the GAM, among others; thirdly, although it is true that a trailer transporting garbage from the Gran Área Metropolitana (GAM) attempted to enter the Limón landfill (relleno sanitario), it is also true that the Municipal Police, the Ministry of Health, and Transit stopped the trailer transporting garbage from the Gran Área Metropolitana and it was returned to its place of origin, La Carpio; fourthly, when transfer outside the municipal territory where it is generated is necessary for treatment or final disposal, the distance may not exceed 80 kilometers from the furthest generation point; fifthly, although it is true that the Ministry of Health was aware that the discharge structure for the STAR to the receiving body (nameless creek) had to be removed because the public-domain water body into which the treatment plant effluent was being discharged was completely dry, and as of April 29, 2025, it was verified that the discharge structure for the STAR to the receiving body was still in place, it is no less true that as of the date of issuing the reports, it was confirmed that no discharge is being generated by the company Berthier de Costa Rica EBI SA. into the creek. Therefore, the appropriate course is to declare the appeal without merit.

IV.- Now, the authorities of the Ministry of Health must coordinate with the corresponding authorities in order to maintain constant surveillance and control over the discharge structure for the STAR to the receiving body used by the Company Berthier de Costa Rica EBI SA. (…)”


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Text of the resolution

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Exp: 26-001765-0007-CO

Res. No. 2026012255

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the tenth of April, two thousand twenty-six.

Amparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF HEALTH, and the NATIONAL TECHNICAL ENVIRONMENTAL SECRETARIAT.

Whereas:

1.- By written submission filed with the Secretariat of this Chamber at 10:38 a.m. on January 19, 2026, the appellant files an amparo appeal against the MINISTRY OF HEALTH, and the NATIONAL TECHNICAL ENVIRONMENTAL SECRETARIAT. He states that “1. I am a resident of Barrio Roosevelt in the central canton of Limón, an area inhabited mostly by an Afro-descendant population, which has been historically marginalized and exposed to environmental and social inequalities. This population depends on a healthy environment for its health, economy (based on tourism and ecotourism activities), and cultural preservation. 2. Since late 2025, the Ministry of Health has authorized the massive transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), without conducting prior, free, and informed consultation with the affected population, violating ILO Convention 169. This transfer involves up to seven trucks daily, generating unbearable odors that affect the peace, security, and health of the residents of Limón, as reported in Semanario Universidad on December 9, 2025: ‘Residents of Limón report unbearable odors caused by up to seven trucks a day bringing garbage from the GAM to the landfill.’ 3. The landfill does not have a valid discharge permit. The last application was denied by resolution DA-1079-2024 of SETENA, at eight hours and forty-eight minutes on April 25, 2024, due to environmental non-compliances. Despite this, modifications have been made to the original project design without an adequate re-evaluation of the Environmental Impact Assessment (EIA) (Estudio de Impacto Ambiental, EIA), accelerating its depletion and exposing the population to risks in a high-rainfall zone. 4. On January 7, 2026, I sent official communication MLV-005-2026 to the Mayoress of Limón, the Minister of Health, and the Municipal Council, demanding a technical report on the justification for the transfer, invoking the General Health Law No. 5395, the Law for Integrated Waste Management No. 8839, and the precautionary and preventive principles. In response, the Ministry of Health issued official communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026 of January 13, 2026, which is evasive: it refers the environmental feasibility (viabilidad ambiental) to SETENA, does not provide projections for the useful life of the landfill, and justifies the transfer under Executive Decree No. 44974-S (Regulation for the regionalized management of solid waste), without scientific evidence of sustainability or prior consultation. 5. This practice accelerates the collapse of the landfill, potentially forcing Limón to transfer its own waste outside the region, which is economically unfeasible and would worsen poverty in a marginalized province. Regional alternatives and the impact on aquifers, public health, and tourism have not been considered. 6. The conduct of the Ministry of Health and SETENA is omissive and arbitrary, endorsing unsustainable formalities without scientific evidence, violating the peace and security of the residents of Limón.” (sic). Based on the arguments presented, he believes that the accused actions are violating fundamental rights. He requests that the appeal be declared with merit with the legal consequences. Furthermore, the appealed authority must report whether the email address to which the appellant sent the information request is established as an official mechanism for receiving user requests.

2.- By resolution at 8:15 p.m. on January 25, 2026, this amparo was processed and a report was requested from the MINISTER AND THE DIRECTOR OF THE GOVERNING HEALTH AREA OF LIMÓN, BOTH OF THE MINISTRY OF HEALTH; AS WELL AS THE GENERAL SECRETARY OF THE NATIONAL TECHNICAL ENVIRONMENTAL SECRETARIAT (SETENA) (see electronic record).

3.- Allan Mora Vargas, in his capacity as Acting Minister, and Guiselle Lucas Bolivar, in her capacity as Director of the Directorate of the Governing Health Area of Limón, report under oath (see electronic record) in the following terms: “We address this amparo appeal, based on report CARTA-MS-DRRSHCARSL-00396-2026, dated January 27, 2026, issued by the undersigned Dr. Guiselle Lucas Bolívar, Director, of the Directorate of the Governing Health Area of Limón, where the following is reported in relation to this amparo appeal: ‘ONE: The appellant is not correct in stating that this ministry has been “evasive” in addressing his requests, as the information regarding the useful life of the landfill was provided to him through official communication CARTA-MSDRRSHC-ARSL-1331-2025, which stated: “CONCLUSIONS Based on the information available to date, the useful life of the Limón Landfill is estimated at approximately 29 years, according to the latest operational report. Currently, the Ministry of Health is awaiting the technical documents requested from the operating company to perform a detailed verification of said projection. No significant increase in the volume of incoming waste has been identified that could affect the projection of the landfill’s useful life. Monitoring of the site is carried out quarterly, which allows for the detection and evaluation of possible changes in its disposal capacity. Technical and regulatory follow-up will continue to guarantee compliance with current regulations and the proper management of the site.” That, as recorded in the aforementioned official communication, official communication CARTA-MS-DRRSHCARSL-00158-2026, which the appellant refers to, is supported by the Technical Report on state surveillance of landfills, Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón, MS-DSA-UGSA-385-2025, signed by Eng. Ricardo Morales Vargas, Head, Environmental Health Management Unit, and Eng. Lourdes Sánchez Delgado, Civil Engineer, DSA-UGSA, which constitutes the most up-to-date report from the central level and which dictates: “…CONCLUSIONS: 3) Useful life analysis: The calculation of the project’s useful life is restricted due to the absence of detailed information on the base of the cell…” It is necessary to indicate that the above information had already been requested from the regulated party, through sanitary order MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS, against which a formal appeal for revocation with subsidiary appeal was filed by the company, which was resolved through resolution MSDM-LB-2594-2025, signed by Dr. Mary Munive Angermüller, Minister of Health, notified on December 15, 2025, determining: “…to declare without merit the Appeal filed by Julien Chanbonneau, against Sanitary Order MS-DRRSHC-ARSL-0063-2025, MSDRRSHC-ARSL-0063-2025-OS, issued on March 14, 2025, by Licda. Fanny Madrigal Núñez, official of the Directorate of the Governing Health Area of Limón, Regional Directorate of Health Governance Huetar Caribe, as it was determined in the inspections carried out by the authorities of the cited Governing Health Area, that the landfill presents technical inconsistencies that must be corrected, it being appropriate to uphold the entire challenged administrative act, which is confirmed by this resolution.” That, in compliance with due process and having granted a prudential period following the notification of the ministerial resolution without proof of compliance with the order by this ministry, consequently, through report CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0444-2026, a sanitary report was issued for non-compliance with Article 378 Bis of the General Health Law, which was processed through CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0444-2026, and official communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0446-2026 was dispatched, as per Art. 314 of the Penal Code regarding the respective complaint to the courts. Likewise, from the standpoint of sound criticism and logic, as well as based on the principles of reasonableness and proportionality, the technical rule was applied with the sole purpose of assessing the degree of non-compliance by the company Berthier EBI de Costa Rica SA, in which its point reflects that closure is not proceeding; all of the above is forwarded to the superior level for indications or considerations of the case. Through official communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0087-2026, prepared by Eng. Magdiel Collado Trejos, the data provided by the operator of the Environmental Park is available, which sends the useful life projections for it based on the average quantity of solid waste entering the landfill daily. Said information is supplied by the environmental park operator quarterly, as indicated in Art. 35 of the Regulation for environmental parks for the separation, treatment, recovery, and final disposal of solid waste No. 44421-S, and it makes an estimated useful life projection of 15 years with an average daily intake volume of 200 Tons. However, what has already been recorded in the State Control report and sanitary order is reiterated, in that to date, the operational report for the last period of the year 2025 has not been received, and therefore, the most recent projection is not available, which is why the aforementioned administrative measures were issued. TWO: Regarding the inquiry related to resolution DA-1079-2024, said inquiry was duly addressed to the appellant through official communication CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, in which he was informed: “…A cordial greeting. In response to the request, an analysis was carried out by Dr. Aura Baltodano Madrigal, from the health services department, through report CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, which indicates the following: Regarding the discharge permit for the company Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. as the generating entity, legal ID 3-101-215741, and in follow-up to resolution DA-1079-2024, of April twenty-ninth, two thousand twenty-four, where said permit is DENIED, administrative act MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS is notified, which the regulated party complies with, and the sanitary order is lifted under official communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…” As recorded, said official communication was duly notified; therefore, the appellant has the information.

THREE: According to the Regulation for the regionalized management of solid, ordinary, and organic waste in Costa Rica No. 44974-S: "Article 10: Transfer of ordinary solid waste, distances, and exceptional cases. The transfer of ordinary solid waste must simultaneously meet two fundamental conditions: 1. The management of ordinary solid waste must be carried out within the corresponding region, according to the delimitations established by the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN), as provided in Article 4 of this regulation, except for those cases that avail themselves of the provisions of Article 8 of this regulation. 2. When it is necessary to transfer ordinary solid waste outside the municipal territory where it is generated for treatment or final disposal, the distance to the Environmental Parks must not exceed 80 kilometers from the furthest generation point. In cases where this distance is exceeded, the use of Transfer Stations to optimize transport will be mandatory, guaranteeing efficient operation within the same region. The Transfer Stations must be strategically located within the territory of the generating municipality or, failing that, within the territories of the municipalities that are part of an inter-municipal agreement, respecting an influence radius of up to 45 kilometers. These facilities must have the necessary infrastructure to guarantee efficient logistical operation, ensuring the protection of the environment and public health, in accordance with the provisions of Chapter XI 'On transfer stations' of Executive Decree No. 36093-S, Regulation on the Management of Ordinary Solid Waste, published on August 16, 2010. Likewise, strategies must be implemented to prevent traffic congestion and optimize the flow of transport. Exception Situations: In case transfer to another region is required due to infrastructure being under development, maintenance, or when another region has more advanced or efficient approved technologies, the following information must be submitted to the Regional Directorate of Health Governance where the canton is located for its respective review: a. Present a detailed technical report explaining the reasons for the exception, specifying if it is due to: . Infrastructure development in the original region. . Maintenance work that forces the cessation of operations at the treatment or final disposal sites. . Exceptional situation (for example, natural disasters, health emergencies, maintenance). b. Include a comparative analysis of the technological capacities between the involved regions, when more advanced or efficient technologies exist. c. Proposed destination for treatment, recovery, or final disposal. d. Evidence that the receiving site complies with national regulations. e. Design a plan that includes: . Strategies for the management of ordinary solid waste during the exception period. . Detailed schedule of transfer activities. . Mechanisms to minimize environmental and public health impacts. These exceptions will have a maximum term of 1 year, from the entry into force of this regulation, a period during which each region must work on the development of its infrastructure.” (…) It is important to note that the Governing Health Area of Limón carries out monthly technical follow-up on the physical-sanitary and operational conditions of the Technological Park, thus guaranteeing constant monitoring of the establishment and applying the corresponding administrative measures in case of identifying non-compliance with the regulations according to our competencies.’” Likewise, through official communication No. CARTA-MS-DGS-0275-2026 dated January 30, 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General of Health, the following is reported: “(…) Considering that the appellant's request is specifically about the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), I report that this General Directorate of Health requested the corresponding information from the Regional Directorates within the GAM, whose exception information granted is detailed below: • Municipality of Paraíso: Exception granted by CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipality of Oreamuno: Exception granted by CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipality of Jiménez: Exception granted by CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipality of Belén: Exception granted by CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipality of Escazú: Exception granted by CARTA-MS-DRRSCS1848-2025. • Municipality of Curridabat: Exception granted by MS-DRRSCS-0162-2026. • Municipality of Alajuelita: Exception granted by RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. It is important to point out that these authorizations are granted until April 28 of the current year. (…)” (sic) CONCLUSION From the foregoing, it is determined that the actions of the Ministry of Health authorities are entirely in accordance with the law, as the regulated party was given a response to the requested information, through official communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-1331-2025, dated March 24, 2025, issued by the undersigned Dr. Guiselle Lucas Bolívar. In addition to that, more updated information was provided to the inquiries raised by the appellant, through official communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026, dated January 13, 2026, signed by Dr. Aura Baltodano Madrigal, at that time Acting Director of the Governing Health Area of Limón. In this last official communication, regarding what was requested: The factual, legal (including any patent illegality), and technical grounds that support this practice, in accordance with the environmental feasibility established in Law No. 8839 and the precautionary and preventive principles. The appellant was informed here: “Regarding the transfer of waste between regions, it must adhere to the provisions of Executive Decree No. 44974-S 'Regulation for the regionalized management of solid, ordinary, and organic waste in Costa Rica', specifically Articles 9 and 10, item '…. Exception Situations: In case transfer to another region is required due to infrastructure being under development, maintenance, or when another region has more advanced or efficient approved technologies, the following information must be submitted to the Regional Directorate of Health Governance where the canton is located for its respective review…' Therefore, the query will be forwarded to the superior level for analysis and addressed together with the issuers of said authorizations.” Said query made to the superior level was addressed through official communication No. CARTA-MS-DGS0275-2026 dated January 30, 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, where the following is stated: “(…) Based on the foregoing, it is concluded that the application of Article 10 of Executive Decree No. 44974-S establishes a technical review procedure at the regional level, activated at the request of the entity responsible for the service, and not a general authorization issued ex officio by the central level of the Ministry of Health.” In addition to that, regarding the requests regarding the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), the exceptions that were granted to some municipalities of the GAM are attached along with the respective documentation. Therefore, we consider that this Ministry has not violated the fundamental rights of the appellant in any way. It is reported that the email address used by the Ministerial Office for receiving correspondence is: [email protected]”. They request that the appeal be declared without merit.

4.- Andrés Cortez Orozco, in his capacity as General Secretary of the National Technical Environmental Secretariat (SETENA), reports under oath (see electronic record) in the following terms: “FIRST: Before addressing the points of the amparo appeal against SETENA, it is clarified that the project in question corresponds to file FEAP-0242-2004-SETENA, titled “Limón Landfill”, which has had environmental feasibility since 2008, the time when the environmental impact studies for the development of said project were approved; the approval of the environmental feasibility was granted by Resolution No. 0914-2008-SETENA. According to the resolution, the project description is as follows: … Cadastral Map No: L-689751-87, Project Description: Construction of a landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45-ha farm (cadastral map L-689751-1987). The Landfill will occupy 86,177.00 m2… In turn, among the environmental control and follow-up instruments (instrumentos de control y seguimiento ambiental, ICOS) established for the “Limón Landfill” project, are: ● Environmental Guarantee Deposit: ₡ 7,300,000.00 and valid until 05/27/2026 ● Environmental Logbook: Is enabled, retired, and in the AP. ● Environmental regent: Name: GAPRO, S.A., represented by José Miguel Díaz Miranda; Registration EC-04-02, ACTIVE until 09/17/2029. ● Environmental responsibility reports: frequency every 6 months in the operational phase, the last Environmental responsibility report was submitted on 01/10/2026, corresponding to the period II Semester of 2025. According to what is established, the next environmental responsibility report must be submitted in July 2026 (…) THIRD: Regarding the merits of the allegations: First Allegation: This corresponds to the appellant's own facts and manifestations or appreciations on which it is not appropriate for us to rule. Second Allegation: This does not correspond to actions of this state representation, but rather to those of the Ministry of Health. According to the statements issued in the amparo, it is clarified that SETENA has not granted any approval to bring solid waste from other areas of the country to the Limón landfill; however, this specific situation exceeds the legal powers of this Secretariat, given that the institutional responsibility lies in the fulfillment of the environmental commitments contracted in the environmental feasibility and in the oversight of the environmental control and follow-up instruments (ICOS). The direct application of the Law for Integrated Waste Management (Ley N°8839) is the competence of the Ministry of Health. Third Allegation: Regarding the discharge permit indicated in the amparo appeal, specifically with official communication number DA-1079-2024, it is a permit that, by institutional competence, corresponds to the Water Directorate of MINAE and is not issued by SETENA as mentioned by Mr. [Name 001]. On the other hand, the affirmation made regarding the project modifications lacks basis, given that any modification to the original design must go through SETENA, and to date, no application has been filed, and Mr. [Name 001] does not specify what type of modification he refers to with said affirmation, nor does he provide evidence demonstrating such modifications. Fourth Allegation: As rightly indicated in point 4, the official communication is sent to the Mayoress of Limón, the Minister of Health, and the Municipal Council of Limón; therefore, SETENA is not aware of the scope of the queries and questions raised by Mr. [Name 001], in official communication MLV-005-2026, since it was never directed to this institution. Sixth Allegation: Point 5 deals with manifestations or assumptions made by the plaintiff and conjectures that are not supported by data, reports, or projections that determine the reality of the landfill in question, and it is the responsibility of the Ministry of Health to determine its capacity or useful life. Sixth Allegation: Mr. [Name 001] involves this Secretariat in his conclusions, when no request for questions, complaints, or clarifications has been filed with SETENA, and the landfill is subject to environmental follow-up and control by this Secretariat. As specified above, this Secretariat has complied, in accordance with its functions, with what the regulations establish; the project went through the due process of initial environmental evaluation (evaluación ambiental inicial), and with that, after assessing its conditions, environmental feasibility was granted in 2008, by means of Resolution No. 0914-2008-SETENA. Now, it is important to clarify that feasibility itself is not a permit; rather, it constitutes a prior requirement so that the developers of the different THIRD: Regarding the merits of the allegations: First Allegation: This corresponds to the appellant's own facts and manifestations or appreciations on which it is not appropriate for us to rule. Second Allegation: This does not correspond to actions of this state representation, but rather to those of the Ministry of Health. According to the statements issued in the amparo, it is clarified that SETENA has not granted any approval to bring solid waste from other areas of the country to the Limón landfill; however, this specific situation exceeds the legal powers of this Secretariat, given that the institutional responsibility lies in the fulfillment of the environmental commitments contracted in the environmental feasibility and in the oversight of the environmental control and follow-up instruments (ICOS). The direct application of the Law for Integrated Waste Management (Ley N°8839) is the competence of the Ministry of Health. Third Allegation: Regarding the discharge permit indicated in the amparo appeal, specifically with official communication number DA-1079-2024, it is a permit that, by institutional competence, corresponds to the Water Directorate of MINAE and is not issued by SETENA as mentioned by Mr. [Name 001]. On the other hand, the affirmation made regarding the project modifications lacks basis, given that any modification to the original design must go through SETENA, and to date, no application has been filed, and Mr. [Name 001] does not specify what type of modification he refers to with said affirmation, nor does he provide evidence demonstrating such modifications. Fourth Allegation: As rightly indicated in point 4, the official communication is sent to the Mayoress of Limón, the Minister of Health, and the Municipal Council of Limón; therefore, SETENA is not aware of the scope of the queries and questions raised by Mr. [Name 001], in official communication MLV-005-2026, since it was never directed to this institution. Sixth Allegation: Point 5 deals with manifestations or assumptions made by the plaintiff and conjectures that are not supported by data, reports, or projections that determine the reality of the landfill in question, and it is the responsibility of the Ministry of Health to determine its capacity or useful life. Sixth Allegation: Mr. [Name 001] involves this Secretariat in his conclusions, when no request for questions, complaints, or clarifications has been filed with SETENA, and the landfill is subject to environmental follow-up and control by this Secretariat. As specified above, this Secretariat has complied, in accordance with its functions, with what the regulations establish; the project went through the due process of initial environmental evaluation, and with that, after assessing its conditions, environmental feasibility was granted in 2008, by means of Resolution No. 0914-2008-SETENA. Now, it is important to clarify that feasibility itself is not a permit; rather, it constitutes a prior requirement so that the developers of the different projects can request the permits from the State authorities that do grant permits, namely the Municipality of Limón, the Ministry of Health, the Water Directorate, and others that must also oversee the operation of said projects.

As noted in point ONE, this Secretariat has proceeded in accordance with the regulations; as of today, the developer is up to date with the environmental control and monitoring instruments (instrumentos de control y seguimiento ambiental, ICOS), which are the measurement parameter for compliance with the environmental commitments acquired by the developer during the environmental feasibility process." It requests that the appeal be declared without merit.

5.- By document dated February 3, 2026, the appellant states the following: "First, I reiterate the initial statements set forth in my amparo appeal, which have not been adequately addressed or refuted by the respondents. As a resident of an area mostly inhabited by Afro-descendant populations, historically marginalized and exposed to environmental inequalities, I denounce that since late 2024, the massive transfer of ordinary solid waste from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM) to the Limón landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal) has been authorized, without prior, free, and informed consultation with the affected population, violating Convention 169 of the International Labour Organization (ILO). This transfer, which involves up to seven trucks daily, generates unbearable odors affecting the peace, security, and health of the people of Limón, as documented in the Semanario Universidad on December 9, 2025. Moreover, the landfill does not have a current discharge permit, which was denied by the Direccion de Aguas through resolution DA-1079-2024 of April 25, 2024, due to environmental non-compliances. Despite this, modifications to the original design have been made without an adequate re-evaluation of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EIA), accelerating its depletion in a high-rainfall zone. This omissive and arbitrary practice by the Ministry of Health and SETENA endorses unsustainable formalities without scientific evidence, violating the peace and security of the people of Limón. Now, the joint report from the respondents is tangential and ambiguous, as it evades directly responding to my central arguments, limiting itself to general regulatory citations and references to previous documents without providing concrete evidence or in-depth analysis. Worse still, there is an evident contradiction between this report and the sanitary order MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS, issued on March 14, 2025, which acknowledges serious technical inconsistencies in the landfill, including the absence of detailed information about the cell base, which restricts the calculation of its useful life. While the joint report attempts to minimize the problem by alluding to obsolete and evasive projections (such as the 29-year estimate in communication CARTA-MSDRRSHC-ARSL-1331-2025, based on unverified data), the sanitary order and its confirmatory resolution (MS-DM-LB-2594-2025 of November 25, 2025) confirm non-compliances that accelerate the site's collapse. This internal contradiction demonstrates a lack of coherence in the respondents' actions, violating the principle of administrative consistency and the duty to state reasons for acts (Article 16 of the General Law of Public Administration, Ley General de la Administración Pública, LGAP, No. 6227). The respondents try to trivialize this matter by arguing that the previous responses are sufficient, when in reality they are contradictory and lack support. For example, on the point of the landfill's useful life, inconsistent statements are made: Report MS-DSA-UGSA-385-2025 (the most updated) concludes that the calculation is restricted due to a lack of data on the cell base, while projections provided by the operator (communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0087-2026) estimate 15 years with an average input of 200 tons per day, without considering the massive increase from GAM transfers. These statements lack technical proof, factual basis, or legal grounds, as they do not include updated volumetric capacity studies, hydrogeological analyses, or projections based on verifiable scientific data. This violates the in dubio pro natura principle, which requires resolving doubts in favor of environmental protection (Constitutional Chamber, vote No. 2012-014591), and Article 16 of the LGAP, which mandates that administrative acts be motivated with sufficient and non-contradictory reasons. Furthermore, the respondents consent to the indiscriminate transfer of solid waste from the GAM without the indispensable technical studies, in contrast to the environmental feasibility specifically issued for the population of Limón in 2008 (SETENA resolution No. 914-2008). The increase in the volume of waste undoubtedly requires a modification of the environmental feasibility, in accordance with principles of science and technique (Law No. 8839, Article 8) and environmental regulations (Biodiversity Law No. 7788). The detriment represented by the massive arrival of solid waste from the GAM, at a minimum, should have had the endorsement of the Afro-descendant population of Limón, according to the duty of constitutionality control (Article 7 of the Political Constitution) and the regulations in force regarding solid waste, third-generation rights (collective environmental rights), and Article 50 of our Constitution, which guarantees a healthy and ecologically balanced environment. The omission of prior consultation violates Convention 169 of the ILO, ratified by Costa Rica through Law No. 7316, which requires consulting indigenous and tribal peoples (including Afro-descendant communities) on measures that directly affect them. The respondents' assertions are not consistent with the constitutional jurisprudence on the management and disposal of solid waste. The Constitutional Chamber has reiterated that waste management must prioritize risk prevention and regional equity (votes No. 2015-001234 and No. 2020-015678), rejecting practices that overburden marginalized regions such as Limón. The respondents do not even issue a description of the classification of the solid waste that we, the people of Limón, are receiving from the GAM, limiting themselves to issuing general criteria on an extremely complex situation. This demands exhaustive coordination between the Ministry of Health and SETENA, violating by omission the terms of the environmental feasibility granted under very specific conditions in 2008. Therefore, a rigorous technical and legal analysis of the joint report from the respondent authorities is required, so as not to render nugatory the fundamental rights of the people of Limón, including the duty of public consultation according to Convention 169 of the ILO. The report evades these aspects, trivializing the impact on aquifers, public health, and tourism, and accelerating the landfill's collapse, which would force Limón to transfer its own waste out of the region – an economically unviable measure that would worsen poverty in our province. By virtue of the foregoing, I respectfully request this Honorable Chamber to declare the amparo appeal with merit, order the immediate suspension of waste transfers from the GAM to the Limón landfill, demand the execution of independent technical studies and a prior consultation with the affected population, and order the respondents to pay costs for their omissive and arbitrary actions. This is a matter of environmental justice and dignity for Limón; let us not allow this flagrant violation to be perpetuated" (see electronic record).

6.- By document dated February 3, 2026, the appellant states the following: "With due respect and in exercise of the right of defense and contradiction that assists me in the present amparo, I address you to formally and with grounds denounce a serious omission on the part of the respondent authorities (Ministry of Health and SETENA) that vitiates the procedure with absolute nullity and places the right to a healthy and ecologically balanced environment (Art. 50 Political Constitution) of the inhabitants of the province of Limón at imminent risk. 1. The respondent officials themselves have incorporated into the file evidence that reveals the technical, sanitary, and environmental deficiencies of the receiving site. Through sanitary order MS-DRRSHC-ARSL-00063-2025-OS (March 14, 2025), notified by the Área Rectora de Salud de Limón and ratified in all its aspects by the Minister of Health through resolution MS-DM-LB-2594-2025 (November 25, 2025), the company Berthier EBI de Costa Rica S.A. was ordered to correct multiple serious non-compliances: • Absence of daily waste cover (non-compliance with Art. 19 of D.E. 44421-S). • Slope gradients between 30% and 45% without an annual structural monitoring program. • Lack of information on the cell base and calculation memory, which prevents calculating the actual useful life of the site. • Incomplete gas extraction and control systems (18 chimneys installed without meeting the 40 m coverage radius). • Surface accumulation of leachate in the active cell (follow-up report MS-DRRSHC-ARSL-06912-2025, December 8, 2025). • Technical report MS-DSA-UGSA-385-2025 (December 2025) confirms that "the calculation of the project's useful life is restricted due to the absence of detailed information on the cell base." All these documents were provided by the respondent authorities themselves and are part of the file. However, the Ministry of Health and SETENA have authorized (or tolerated) the massive transfer of waste from populous cantons of the GAM (Escazú, Curridabat, Belén, Alajuelita, Paraíso, Oreamuno, Jiménez, etc.) to the El Tomatal site through exception authorizations to Art. 10 of D.E. 44974-S (Letters MS-DRRSCE-0518-2025, MSDPRSA-USA-1042-2025, MS-DRRSCS-1848-2025, MS-DRRSCN-URS-IT-1099-2025, MS-DRRSCS-2979-2025, among others), without conducting the technical analysis required by the precautionary and preventive principles (Arts. 1, 2, 4, 7, 262, 263, and 340 General Health Law; constant jurisprudence of this Chamber: Votes 07728-2004, 2019-02019, 2020-01234, among many). 2. The transfer lacks the most basic analysis of convenience for the community of Limón. From the documents provided by the respondents themselves, it is evident that: • The garbage mostly comes from densely populated cantons of the GAM (Escazú, Curridabat, Belén, etc.). • The radial distance exceeds 117 km (farthest point San Vicente de Belén → PTA Limón: 122.34 km according to Google Earth). • There is no comparative technical-economic study demonstrating that the transfer to Limón is the most viable, efficient, and least environmentally impactful option (minimum requirement of Art. 9 D.E. 44974-S). • The risk of premature exhaustion of the El Tomatal site, whose real useful life still cannot be calculated due to a lack of base calculation memory, has not been evaluated (Report MS-DSA-UGSA-385-2025). • Limón is a high tourist visitation area; a sanitary collapse like the one that occurred before 2009 would generate exorbitant costs and severely affect the local economy. This omission flagrantly violates the precautionary principle (Rio Declaration 1992, Art. 15; binding jurisprudence of this Chamber) and the state duty to protect diffuse interests (Art. 50 Constitution). 3. Specific Request For the reasons stated and based on Arts. 50, 129 Political Constitution; 1, 2, 4, 7, 262, 263, 340, 341, 355, 356 General Health Law; 8, 9, and 10 D.E. 44974-S; 378 and 378 bis LGS; and jurisprudence of this Chamber (Votes 07728-2004, 2019-02019, 2020-01234, 2022-00123, among others), I formally request: 1. Order the Ministry of Health and SETENA to, within the peremptory period of 48 hours, conduct and submit to this file a rigorous, exhaustive, and independent technical analysis on: • The actual useful life of PTA El Tomatal with updated data from the calculation memory and SETENA environmental feasibility. • Sanitary, environmental, and economic impacts of the massive transfer of waste from the GAM on the Limón community. • Effective compliance with the requirements of Art. 9 D.E. 44974-S in each exception authorization granted. 2. Provisionally suspend any additional transfer of waste from the GAM to PTA El Tomatal until compliance with the legal and constitutional requirements is proven. 3. Declare the amparo with merit and order comprehensive reparation of the damage caused to diffuse interests" (see electronic record).

7.- By resolution of nineteen hours ten minutes on February eighth, two thousand twenty-six, the instructing magistrate expanded the course and requested a report from the MAYOR AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF LIMÓN (see electronic record).

8.- By document filed with the Secretariat of this Chamber, the appellant submits a document labeled "Formal referral of communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00645-2026 dated February 9, 2026, signed by Dr. Guisselle Lucas Bolívar in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Limón. Request for precautionary measures in protection of the fundamental rights of the population of the Province of Limón, in file 25-036064-0007-CO" through which he states the following: "Esteemed Magistrates: I address this Honorable Constitutional Chamber in my capacity as appellant, [Name 001], representative of the Asociación para el Desarrollo de la Ecología, within the framework of file 25-036064-0007-CO, in order to formally forward communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00645-2026, dated February 9, 2026, signed by Dr. Guisselle Lucas Bolívar in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Limón. Said document responds to a prior request for information on the exceptional authorizations granted for the deposit of solid waste originating from seven cantons of the Greater Metropolitan Area (GAM) in the landfill of the Province of Limón. However, far from constituting an adequate and proportional response, the referenced communication reveals an irrational, disproportionate administrative action lacking technical-scientific basis, which flagrantly violates the fundamental rights of the Limón population, enshrined in the Political Constitution of the Republic of Costa Rica and in the current environmental and sanitary regulations. Below, I set forth in detail the grounds for this criticism, requesting this Chamber to immediately adopt precautionary measures to safeguard the collective interests at stake. I. Contextualization of the Facts and Criticism of the Administrative Action The forwarded communication reports on the exceptional authorizations issued by various regional health directorates to the municipalities of Paraíso, Oreamuno, Jiménez, Belén, Escazú, Curridabat, and Alajuelita, allowing the deposit of their solid waste in the Limón landfill. These authorizations, detailed as follows: • Municipalidad de Paraíso: CARTA-MS-DRRSCE-0518-2025. • Municipalidad de Oreamuno: CARTA-MS-DRRSCE-0761-2025. • Municipalidad de Jiménez: CARTA-MS-DPRSA-USA-1042-2025. • Municipalidad de Belén: CARTA-MS-DRRSCN-URS-IT-1099-2025. • Municipalidad de Escazú: CARTA-MS-DRRSCS-1848-2025. • Municipalidad de Curridabat: MS-DRRSCS-0162-2026. • Municipalidad de Alajuelita: RESOLUCIÓN-MS-DRRSCS-2979-2025. Extend until April 28, 2026, without specifying intermediate timeframes, medium or long-term alternative solutions, or prior evaluations regarding the landfill's capacity. This measure is adopted without consultation with the community of Limón, blithely authorizing the indiscriminate arrival of external waste, which is absolutely irrational and disproportionate. First, said action ignores the environmental feasibility granted to the landfill in 2008 through an administrative resolution by the Ministry of Health and SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), which was designed to exclusively meet the needs of a specific population in the Province of Limón, without contemplating the additional volume from the GAM. This feasibility, based on the Organic Environmental Law (No. 7554, Article 17 and following), requires environmental impact assessments (EIA) that consider the site's carrying capacity, sanitary risks, and long-term sustainability. By failing to foresee the exponential increase in waste (estimated at thousands of tons per month from seven cantons), the precautionary environmental principle, enshrined in Article 50 of the Political Constitution, which obliges the State to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, is violated. Second, the absence of prior consultation with the Limón community contravenes the principle of citizen participation, established in the Biodiversity Law (No. 7788, Article 6) and in the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention, ratified by Costa Rica through Law No. 8295). The local population, as the primary affected party, has not been informed or consulted on a decision that exposes their health and well-being, maximizing risks such as aquifer contamination, toxic gas emissions, and proliferation of disease vectors, in violation of the General Health Law (No. 5395, Articles 147 and 148), which prohibits actions that endanger public health without mitigating measures. Furthermore, the failure to determine the landfill's useful life — an indispensable technical requirement according to the Regulation for Integrated Solid Waste Management (Executive Decree No. 38271-S-MINAE, Article 22) — exposes the Province of Limón to an imminent collapse in the medium or short term, leaving its inhabitants without an adequate site for the disposal and treatment of their own waste. This omission lacks science and technique, as it is not based on hydrogeological studies, volumetric capacity assessments, or demographic projections, contravening the principle of administrative rationality (Law of Contentious-Administrative Jurisdiction, No. 8508, Article 11). The Director of the Área Rectora de Salud de Limón, by recording these authorizations without defined timeframes or alternative solutions, acts to the detriment of local rights, prioritizing external interests without proportional justification. II. Violation of Fundamental Rights and Applicable Regulations The criticized action infringes fundamental constitutional rights, such as: • Right to a healthy environment (Article 50 of the Political Constitution): Jurisprudence of this Chamber (for example, judgment 2009-014567) has established that any measure increasing environmental risks must undergo rigorous evaluations and community consultation, under penalty of nullity. The indiscriminate deposit of external waste accelerates the landfill's saturation, generating toxic leachates and contaminants that threaten Caribbean biodiversity and the population's health, in contravention of the National Integrated Waste Management Plan (Executive Decree No. 36003-S). • Right to health (Article 21 of the Political Constitution and General Health Law, No. 5395): Prolonged exposure to waste without adequate controls increases incidences of respiratory, dermatological, and vector-borne diseases, especially in vulnerable communities of Limón. This Chamber has recognized in resolutions such as 2015-002345 that such risks justify immediate precautionary measures to prevent irreparable damage. • Principle of proportionality and reasonableness (Article 11 of the Political Constitution): The measure is disproportionate as it does not balance the temporary benefits for the GAM with the permanent harms to Limón, violating the proportionality test established in constitutional jurisprudence (judgment 2018-010234). There is no imperative need or less harmful alternative, such as the implementation of regional landfills in the GAM. • Right to participation and non-discrimination (Articles 9 and 33 of the Political Constitution): The Province of Limón, historically marginalized, becomes a "dumping ground" for metropolitan waste without a voice in the decision, constituting territorial discrimination prohibited by the Law against Discrimination (No. 9342). III. Request for Precautionary Measures Given the imminent and irreparable risk to the population of Limón, I request this Honorable Chamber to immediately adopt precautionary measures, in accordance with Article 48 of the Law of Constitutional Jurisdiction (No. 7135), consisting of: 1. The provisional suspension of the exceptional authorizations detailed in the forwarded communication, until a comprehensive environmental impact assessment and community consultation are carried out. 2. The order to the Ministry of Health to determine the useful life of the Limón landfill, based on independent technical studies, and to propose medium and long-term alternative solutions for the GAM. 3. The imposition of strict deadlines and continuous monitoring for any future deposit, ensuring compliance with sanitary and environmental standards. These measures are appropriate given the evidence of imminent violation, as this Chamber has resolved in analogous cases (e.g., judgment 2020-005678 on landfills)."

8.- ANA JANNIEL MATARRITA MC CALLA, in her capacity as proprietary mayor of the Municipalidad del Cantón Central de Limón, reports under oath (see electronic record) in the following terms: "According to the appellant, he sent communication MLV-005-2026, dated 01/07/2026, to the institutional personal email; however, he provides no proof thereof. Therefore, it is stated that the only email enabled to receive inquiries is [email protected]. Thus, in the undersigned's opinion, the right of reply of Mr. [Name 001] has not been violated, so with due respect I proceed to respond to each of the questions raised. For the purpose of guaranteeing that the information provided to the appellant is accurate and updated as of today, a certification of the data relating to the useful life of the landfill was requested from the company EBI de Costa Rica S.A., which will be incorporated into the file once submitted, since the deadline to answer the amparo appeal is shorter than the time the company legally has to send a response to the Municipality. ANNEX ONE, AML-0636-2026 with proof of received email. RESPONSE TO POINT ONE AND THREE, WORK REPORT In order to report on the actions taken by this municipality, against "EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A", for the benefit of the interests of the Limón population, due to the situation of the transfer of waste originating from the Greater Metropolitan Area (GAM) to the landfill known as "El Tomatal", in Santa Rosa de Limón, mention is made of the following facts: FIRST: That on March 6, 2025, at eight hours and twenty-eight minutes, the Municipalidad del Cantón Central de Limón filed a request for a precautionary measure before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the II Circuito Judicial de San José, against "EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A", as well as against the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, which was assigned case number 25-001560-1027-CA, for the same facts described by the appellant, as the Municipality also did not agree with the transfer of waste, with the claim detailed below: "1) That the present IN AUDITA ALTERA PARTE PRECAUTIONARY MEASURE be granted so that, on a provisional and prima facie basis, without any delay whatsoever, the IMMEDIATE SUSPENSION BE ORDERED OF THE CHALLENGED MATERIAL CONDUCT, that is, the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area to the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector in Santa Rosa de Limón. Likewise, that the defendant EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to receive solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area at the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector in Santa Rosa de Limón. Furthermore, I request your authority to grant the same measure in a precautionary manner, until the main proceeding that we will file against the disputed conduct is resolved, due to compliance with the characteristic structural elements of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE and the competent dependencies of the MINISTRY OF HEALTH and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY be ordered to issue any formal conduct and to deploy all material actions necessary to PREVENT the transfer or transport of SOLID WASTE through the SECTION OF NATIONAL ROUTE 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILD AREA CALLED PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, until such time as there are technical studies that determine the safety of transporting waste under such conditions or mitigating measures for the environmental risk are ordered. 3) Similarly, I request the Office to adopt all PRECAUTIONARY MEASURES that this Tribunal deems necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights and legitimate public interests against the effects of the administrative conduct herein disputed, which will be the object of challenge in the main proceeding that we will timely file. The foregoing to avoid the generation of further serious, imminent, and irreparable damages." SECOND: That on March 6, 2025, in file 25-001560-1027-CA, at twelve hours ten minutes, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the II Circuito Judicial de San José rejected the provisional precautionary measure, because in the judge's opinion, there were no studies to demonstrate the serious and irreversible damage alleged by the municipality, despite it being clearly foreseeable; however, despite not granting the precautionary measure, it requested the State and the company in question the following: "In its place, in accordance with the provisions of Article 24 of the CPCA, a hearing is granted to the State and to Empresas Berthier EBI de CR, S.A., for a period of three business days, to state their position in writing regarding the precautionary measure requested by the plaintiff, as well as to be able to offer the evidence they deem pertinent. In the same sense, the State is ordered, at the time of providing its response, to indicate whether, in relation to the facts set forth by the plaintiff, there is or is not any technical-scientific study that refers to the effects and eventual environmental impact of such facts, as well as to provide the respective technical opinion of the competent authorities, namely MINAE and the Ministry of Health. NOTIFY. - Alex Rojas Ortega, Judge." (Bold does not correspond to the original document") THIRD: Regarding what is relevant to this process, concerning what was requested in the previous point, it is important to cite what was stated by the Procuraduría General de la República on May 12, 2025, in file 25-001560-1027-CA: "In accordance with what was outlined in the preceding lines, on February 18, 2025, Sanitary Order No. MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 was notified to the company Berthier, through which a period of 10 business days was granted for the main aeration chamber of the wastewater treatment system at the PTA El Tomatal facilities to become operational, and it was ordered not to allow the entry of other quantities of solid waste that were not contemplated in the initial proposal submitted to the Ministry of Health, that is, the transfer of solid waste from the GAM was prevented, among others. (See evidence No. 2, Volume 30, folios 4725-4725). Consequently, from that moment and to date, there is an impediment regarding the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area or from any other part of the country to the PTA de Limón El Tomatal, since only waste from said zone (Municipalities of Limón, Matina, and Talamanca) is allowed entry; which were detailed and authorized when the operating permit was requested. It is important to note that, even though the appeal filed against said act is pending resolution, since the revocation was rejected via Resolution No. MS-DRRSHC-0379-2024, it does not have suspensive effects. (See evidence No. 2, Volume 30, folios 4730-4762, 4773-4777, 4794-4797, 4853, 4858-4861, 4864, 4865). In the same context, through Official Communication No. CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-0849-2025 of February 28, 2025, signed by Licda. Fanny Madrigal Núñez, Servicios de Salud, Área Rectora de Salud Limón, and Eng. Rosibel Villafuerte Rodríguez, Dirección Regional Huetar Caribe, Rectoría de la Salud, it was recorded that: '8. On February 17, 2025, an inspection visit was conducted, and it was identified that the main aeration chamber persists in the same condition as the last visit conducted, as no work had been done to advance the required improvements, for which reason Engineer Zamora communicated that they will have the schedule of activities to implement the actions for its operation as soon as possible, under communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00683-2025.'

During said visit, Engineer Zamora reported that, two weeks ago, the decision was made that EBI Limón would no longer be receiving waste, due to the fact that they were carrying out expansion works on Cell 3, and for this, greater equipment and personnel capacity was required, per official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00683-2025.” (The bold and underline are original) (See evidence No. 2, Volume 30, folios 4763-4766). In support of the foregoing, since April 28 of the previous year, the “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica” (Decreto Ejecutivo N.° 44974) entered into force, the objective of which is to establish an action framework based on cantonal systems (regional model) that mandates intermunicipal collaboration for optimizing the use of resources and reducing environmental impact. (Article 1) Under that order, the municipalities and other entities responsible for waste management must organize themselves within the regions established by MIDEPLAN, as indicated in Decreto Ejecutivo N.° 37735, and these shall autonomously manage their solid waste, reducing their dependence on other regions and promoting the implementation of circular economy models. (Decreto Ejecutivo N.° 44974, article 4). Specifically, articles 9 and 10 of the regulation under discussion establish the obligation that the management of ordinary solid waste must be carried out within the corresponding region. However, when transfer outside the municipal territory where it is generated is necessary for treatment or final disposal (disposición final), the distance may not exceed 80 kilometers from the farthest point of generation. Likewise, in cases where the distance is exceeded, the use of Transfer Stations (Estaciones de Transferencia) shall be mandatory to optimize transport and guarantee efficient operation within the same region, and in cases of exception, a technical report supporting the decision must be submitted. Therefore, the transfer of waste from the GAM having ceased since the month of February, and specific regulations having been issued that set the current conditions under which work must be done regarding transfers of solid waste for treatment or final disposal (disposición final) from one canton to another, we request the rejection of the petition and the immediate archiving of the present matter, as what was claimed herein has ceased. FOURTH: That on May 12, 2025, in case file 25-001560-1027-CA, the Administrative and Civil Tax Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, issued judgment number N° 2025004402, at thirteen hours and five minutes of May twelve, two thousand twenty-five, in which it ordered: “POR TANTO The request for a precautionary measure (medida cautelar) filed by the Municipality of Limón is denied. Notify.” ***Note: A copy of the response from the PGR, Ministry of Health, and MINAE is attached, as well as the judgment. However, if a complete copy of the case file is required, as we cannot authorize your person to directly carry out the diligence, it is made known that official Daniela Arantxa Castro Padilla has been authorized to assist you with the corresponding proceeding. Nevertheless, we cordially inform you that the costs of the copies must be borne directly by you, as the municipality will not cover said expense. We also appreciate you indicating the date and time when it would be possible for you to carry out said proceeding before the judicial office to proceed with the coordination. *** FIFTH: Thus, the following is demonstrated: 1.-) that the interests of the petitioners are not affected as a consequence of omissions made by the Municipality of Limón, 2.-) that the existing legal procedures have been exercised in order to safeguard the interests of the population. SIXTH: That even the Municipality, when no sanitary order (orden sanitaria) existed permitting the transfer of garbage beyond 80 kilometers, acting in favor of the interests of the administered parties, attempted to stop the situation. Take as reference the news item published on the website https://elmundo.cr/municipales/limon-frena-ingreso-ilegalde-basura-de-la-gam-al-relleno-sanitario/ dated May 26, 2025, which states: “Limón stops illegal entry of garbage from the GAM to the sanitary landfill (relleno sanitario). Limón, May 26 (elmundo.cr) – The Municipal Police, the Ministry of Health, and Traffic Police stopped a trailer transporting garbage from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM) that was attempting to enter the Limón sanitary landfill (relleno sanitario). The vehicle was intercepted and returned to its place of origin, La Carpio. The joint operation, which will be maintained indefinitely, was carried out thanks to a constant monitoring system and coordinated actions. The truck was transporting solid waste from the GAM bound for the Limonense sanitary landfill (relleno sanitario). The company responsible for the transport must respond to a formal complaint filed by the Mayor's Office of Limón before the Ministry of Health. Additionally, an investigation was requested from the La Carpio Office for an alleged violation of the new Ministry of Health regulation. The Municipality of Limón reiterates its position: ‘Limón is not a dump!’. A call is made to users of Route 32 to report the real-time detection of suspicious trailers to the number 87-98-81-70. It is requested not to send videos whose origin or timeliness are not verifiable. The mayor of Limón, Ana McCalla, ‘from the Mayor's Office we are going to continue sustaining the joint operations indefinitely until this situation is controlled or a precedent is set for the company in order to enforce the new Ministry of Health regulation and defend the useful life of the landfill (relleno).' The mayor made a call ‘to the other local governments that also use the Limón landfill (relleno) and are also affected by this situation of our sanitary landfill (relleno sanitario) losing useful life. The truth is that Limón cannot be left alone in this fight. I call on the other cantons and local governments to also join with articulated operations, with surveillance, with monitoring of this situation so that we can unite and defend the landfill (relleno) as is necessary, since we are all users.’ ‘I deeply regret that public resources destined to improve the lives of our inhabitants and for their protection must be used for this. In the case, for example, of the Municipal Police, and that public resources have to be allocated almost unofficially. That is to say, that apart from the available resources, we have to make a double or triple effort to be practically watching a private company that should be adhering to the law and the legal framework,’ she stated. McCalla emphasized that ‘it is not possible that we are using public resources for these situations. This is the last straw. I mean, really to also make a call of conscience to the company to please adhere to the legal framework, to the current regulations.’ ‘We cannot be uncovering sectors, in the case of the Municipal Police, uncovering sectors and duplicating the resource that is really needed in the streets of Limón to protect citizens for these things. Truly this is a very painful, very regrettable situation and we hope it is not repeated because we are going to be very firm in the fact that the law and current regulations are complied with and that our sanitary landfill (relleno sanitario) does not lose useful life by hauling garbage from other territories,’ she concluded. SEVENTH: Currently, due to the entry into force of the “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica,” which allows the Regional Health Directorate (Dirección Regional de Rectoría de la Salud) to grant permits as an exception for the transfer of waste beyond 80 km, it is not possible to stop the transfer of waste. See: A. CARTA-MS-DPRSA-USA- 1042-2025. B. CARTA-MS-DRRSCE-0518-2025. C. MS-DPRSA-USA-1018-2025. These documents grant, in accordance with the “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica,” exception permits for the transfer of waste. Permits that, according to article 10, are valid for one year from the entry into force of said regulation, a period during which each region must work on the development of its infrastructure in order to avoid devastating consequences for Limón. Based on the foregoing, we respectfully request that no sanction be imposed on the Municipality of Central Limón, since it did not authorize the entry of waste from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM). On the contrary, upon learning of said situation, it promptly filed the corresponding precautionary measure (medida cautelar) before the Administrative Civil Tax Court (Tribunal Contencioso Administrativo), under summary case file No. 25-001560-1027-CA. Currently, as stated, there is a sanitary order (orden sanitaria) in force that, in accordance with the applicable regulatory framework, obligates the municipality to allow the company EBI to transfer waste from the GAM for disposal in Limón. Consequently, the reduction of the useful life of the sanitary landfill (relleno sanitario) is an inevitable effect derived from the mandatory compliance with said order. However, the municipality has exercised and continues to exercise the pertinent legal actions in order to prevent this situation from continuing, always acting within the framework of legality and also considering the expiration date of the respective permits. Thus, it is demonstrated that the Municipality of Limón has exercised the existing legal procedures in order to safeguard the interests of the population.” They request that the appeal be dismissed.

9.- Under oath, Juan Pablo Poveda Chinchilla reports in his capacity as President of the Municipal Council (Concejo Municipal) of the Municipality of the Central Canton of Limón (see electronic record) in the following terms: “FIRST: Regarding the alleged facts. The appellant points out that the Ministry of Health would have authorized the massive transfer of ordinary solid waste from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM) to the sanitary landfill (relleno sanitario) located in Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), without prior consultation and generating negative environmental and social impacts. SECOND: Regarding the competence of the Municipal Council (Concejo Municipal). Interregional waste transfers and the corresponding sanitary authorizations are matters proper to the Ministry of Health and the national environmental authorities, in accordance with Ley General de Salud N° 5395 and Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839. The Municipal Council (Concejo Municipal) does not have the competence to authorize, approve, or execute transfers of waste from other regions of the country, nor to grant sanitary or environmental permits. THIRD: Actions of the Municipal Council (Concejo Municipal) regarding the reported situation. Far from incurring in omission, the Municipal Council (Concejo Municipal) has formally and publicly expressed its opposition to the transfer of solid waste from the GAM to Limón. Through agreement SM-0591-2025, adopted in Ordinary Session No. 77 of October 21, 2025, the Council took cognizance of Report CAJ-22-2025 and reiterated the previous agreement SM-0083-2025, in which it was expressly stated that this Municipal Council (Concejo Municipal) is against the transfer of solid waste from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana) to the sanitary landfills (rellenos sanitarios) located in Limón. Likewise, a technical opinion was requested from the Ministry of Health, at both the national and regional levels, on the advisability or not of the transfer, and authorities from the Ministry of Health and representatives of the landfill operating company were summoned to render accounts before the Municipal Council (Concejo Municipal). That is, the municipal deliberative body not only rejected the measure but also exercised its function of political control and oversight. FOURTH: Nonexistence of omission attributable to the Council. The act denounced —the eventual authorization of the transfer of waste— was not adopted by the Municipal Council (Concejo Municipal) nor does it depend on its legal will. On the contrary: 1. The Council expressly opposed it. 2. It requested technical opinions from the competent authority. 3. It summoned national authorities for accountability. Therefore, there is no active or omissive conduct by the Council that can be considered harmful to fundamental rights. FIFTH: With respect to the Municipal Council (Concejo Municipal) of the Central Canton of Limón, there is no authorization, endorsement, or execution of the denounced transfer. The collegial body has expressed its formal opposition and has exercised the actions within its competence within its constitutional and legal scope. Any alleged eventual violation must be analyzed with respect to the competent national authorities in sanitary and environmental matters.” He requests that the appeal be dismissed.

10.- By a brief filed with the Secretariat of this Chamber on February 26, 2026, the appellant states the following: “With the utmost respect to this honorable Chamber, I appear in my capacity as appellant in the present amparo appeal (recurso de amparo) to formally answer the response filed by the Mayor of the Municipality of the Central Canton of Limón. I. Reiteration of my initial statements and preliminary clarification. I fully reiterate all the statements contained in my brief filing the amparo appeal (recurso de amparo). I emphatically clarify, as stated in the case file, that the appeal was initially filed against the Ministry of Health, and that it was the Instructing Judge, in use of his legal faculties, who ordered that it be transferred as respondent to the Municipal Mayor of Limón. Therefore, any allegation by the respondent aimed at questioning the reception or the procedural course given by this Chamber is improper. II. Main objective of the amparo appeal (recurso de amparo). The central and sole purpose of this amparo is for the Constitutional Chamber to order, immediately and effectively, the prohibition of the entry of solid waste from the seven cantons of the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana) (Meseta Central) to the El Tomatal Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) (Parque de Tratamiento Ambiental operated by Berthier EBI de Costa Rica S.A.), located in Santa Rosa de Limón. This claim is based on the serious environmental and sanitary crisis that the province of Limón has historically suffered and continues to suffer, documented in abundant national press reports from the year 2000 to date (among others, recent publications in Semanario Universidad, UNA Comunica, and national media reporting the daily entry of up to seven garbage trucks from the GAM, unbearable odors, and accelerated reduction of the landfill's useful life). III. Refutation of the respondent's response. The response from the Mayor, while describing previous judicial and administrative actions, does not invalidate or resolve the alleged constitutional violation. 1. The Municipality acknowledges that the landfill (relleno) receives (and must receive by sanitary order [orden sanitaria]) waste from the GAM, which is precisely what is being challenged. The precautionary measures (medidas cautelares) filed by the Municipality itself in case file 25-001560-1027-CA were denied, and the sanitary orders (órdenes sanitarias) and exception permits invoked (based on Decreto Ejecutivo N.º 44974) are administrative acts whose constitutionality is at issue in this amparo. 2. No updated technical study has been provided that determines: • The actual useful life of the El Tomatal Landfill (Relleno) after the modifications made. • The adjustments made to the environmental viability (viabilidad ambiental) granted by SETENA in 2008. • The cumulative impact of the transport and disposal of thousands of additional tons from the GAM. The absence of such studies violates the precautionary principle (principio precautorio) enshrined in the reiterated jurisprudence of this Chamber (see, among many, judgments No. 2004-9927, 2013-09374 and 2025-026093, among others), according to which, in the face of risk of serious or irreversible damage to the environment and public health, the lack of full scientific certainty cannot be invoked to postpone protective measures. 3. Nor has the duty of prior, free, and informed consultation with the Afro-descendant population of Limón been fulfilled, in accordance with Convention 169 of the ILO (ratified by Costa Rica and of constitutional hierarchy according to the interpretation of this Chamber). This Chamber has recently recognized this right in analogous cases affecting Afro-descendant communities in the Caribbean (judgment No. 029985-2025, among others). The decision to turn Limón into a recipient of GAM garbage directly affects historically Afro-descendant territories and communities, without any consultation having been carried out. 4. The actions described by the respondent (police operations, attempts to stop trucks, etc.) are merely palliative and do not substitute the constitutional duty of the Administration to safeguard the environmental and sanitary interests of the canton (articles 50 and 89 of the Constitución Política). The Mayor herself acknowledges in public statements that “Limón is not a dump,” but simultaneously is forced to allow entry due to superior orders, which highlights the need for urgent constitutional intervention. IV. Specific request. For all the foregoing, and in order to protect the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 Constitución Política), to health, to equality, and to the principle of reasonableness and proportionality, I very respectfully request this honorable Chamber: a) To grant the present amparo appeal (recurso de amparo). b) To order, immediately, the suspension and prohibition of the transfer and entry of solid waste from the cantons of the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana) to the El Tomatal Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) in Limón, as it is harmful to the Limonense community. c) To maintain said measure until complete technical studies on useful life, environmental impact are carried out, and prior consultation with the Afro-descendant people is fulfilled in accordance with Convention 169 of the ILO. I remain at the disposal of this Chamber for any clarification or diligence deemed necessary.” (see electronic record).

11.- By a brief filed with the Secretariat of this Chamber on February 27, 2026, the appellant states the following: “I. Background and Purpose of the Reply. As is evident from the report rendered by the respondent, the Ministry of Health has authorized the massive transfer of ordinary solid waste from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM) to the sanitary landfill (relleno sanitario) located in Limón (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), without prior consultation or updated environmental assessment (evaluación ambiental). Although the Municipal Council (Concejo Municipal) expresses its formal opposition through agreements such as SM-0591-2025 and SM0083-2025, and has requested technical opinions from the Ministry of Health, such actions do not remedy the arbitrariness of the ministerial decision, which implies a substantial modification of the original environmental viability (viabilidad ambiental) conditions of the sanitary landfill (relleno sanitario), without the prior approval of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA). This reply is based on the consolidated jurisprudence of this Constitutional Chamber, which has repeatedly established the obligation to submit any significant modification in activities with environmental impact to a new assessment by SETENA, under penalty of violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Constitución Política). Likewise, the irrationality and disproportionality of the measure are highlighted, which transgresses constitutional and conventional principles, without an emergency decree justifying such arbitrariness. The absence of prior public consultation is particularly emphasized, in accordance with Convention 169 of the ILO, incorporating antecedents and jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (CIDH) that reinforce this international obligation. It is also pointed out, with emphasis, that the sanitary problem related to the disposal of solid waste in the municipalities of the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana) is a problem of national planning and strategy that the Ministry of Health seeks to remedy by putting the local economy of the province of Limón at risk, which depends heavily on tourism, threatened by the eventual saturation of the sanitary landfill (relleno sanitario). II. Legal Basis. A. Modification of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) without Prior Approval of SETENA: Irrationality and Disproportionality. The ministerial authorization for the transfer of seven daily trucks of solid waste from seven municipalities of the GAM represents a substantial alteration of the original conditions under which environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the Limón sanitary landfill (relleno sanitario). This site was designed exclusively to meet the needs of the local population, and the increase in the volume of waste accelerates the depletion of its useful life, exposing the inhabitants of the province to imminent sanitary and environmental risks. This Chamber has been emphatic that any change in the circumstances of a project that may affect the environment requires a reassessment by SETENA, applying the precautionary principle (principio precautorio). In judgment No. 2017-006340 of nine hours and fifteen minutes of May five, two thousand seventeen, an amparo appeal (recurso de amparo) was resolved where SETENA had granted initial environmental viability (viabilidad ambiental) assuming certain mitigating measures (such as a treatment plant), but a subsequent exemption by another entity without notification to SETENA or a hydrogeological evaluation by the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) violated the precautionary principle (principio precautorio) and the right to a healthy environment. The Chamber annulled the exemption and ordered SETENA to verify if the change modified the environmental viability (viabilidad ambiental), requiring a new assessment, if necessary. Similarly, in judgment No. 2023-011236 of this Chamber, an amparo against SETENA was partially granted for granting environmental viability (viabilidad ambiental) to a sanitary landfill (relleno sanitario) without calling a new public hearing, despite the fact that the previous one dated back more than ten years. It was argued that exempting such a requirement is improper, since effective protection of constitutional article 50 requires that citizen participation be carried out under the current conditions of the project, not on obsolete evaluations. This reinforces that modifications or renewals in sanitary landfill (relleno sanitario) operations demand updated processes, including public hearings to guarantee the proportionality and rationality of the measure. In the case sub examine, the Ministry of Health's decision lacks an updated technical evaluation by SETENA, which is irrational and disproportionate, since it ignores the preventive and precautionary principles, enshrined in constitutional jurisprudence (for example, judgment No. 2010-005219 of fifteen hours of March sixteen, two thousand ten, where it is emphasized that activities such as the expansion of sanitary landfills [rellenos sanitarios] cannot proceed without current environmental permits). Such omission puts public health and ecological balance at risk, violating article 50 of the Constitución Política, without an emergency decree justifying the urgency (pursuant to article 140 subsection 8 of the Constitución Política, which reserves such exceptional measures to the Executive Branch in cases of compelling necessity). B. Violation of Article 169 of the Constitución Política and Convention 169 of the ILO. The measure adopted by the Ministry of Health is unilateral and contrary to the local interests of the province of Limón, administered by the Municipal Government in accordance with article 169 of the Constitución Política, which entrusts the cantons with the management of their local services and interests, including environmental and sanitary aspects. The interregional transfer of solid waste, without effective municipal approval beyond formal oppositions, distorts this constitutional autonomy, turning Limón into a passive recipient of others' waste, which is disproportionate and undermines local planning. Additionally, the absence of prior public consultation transgresses Convention 169 of the International Labor Organization (ILO), ratified by Costa Rica through Law No. 7316 of 1992, which mandates consulting indigenous and tribal peoples on decisions that directly affect them (article 6). Although the respondent's report does not allude to specific indigenous communities, the province of Limón houses populations with collective rights under this convention, and environmental decisions such as the transfer of waste require prior, free, and informed consultation. In judgment No. 2025-035746 of this Chamber, it is reiterated that the omission of consultation violates Convention 169, especially in administrative measures with environmental impact, demanding that agreement or consent be sought. Similarly, in judgment No. 2012-018147 of fifteen hours of December fourteen, two thousand twelve, regulations that omitted indigenous consultations were declared unconstitutional, applying the principle of non-regression in environmental matters. The lack of consultation in this case is not only arbitrary but aggravates the vulnerability of the Limonense population, exposing them to sanitary threats without effective participation. Background and Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights on Public Consultation pursuant to Convention 169 of the ILO. The Inter-American Court of Human Rights (CIDH) has developed solid jurisprudence on the right to prior, free, and informed consultation of indigenous and tribal peoples, derived from Convention 169 of the ILO, integrating it with the rights to participation, property, and self-determination enshrined in the American Convention on Human Rights. Costa Rica, as a State party to the American Convention (ratified in 1969), is obligated to abide by this jurisprudence, in accordance with article 62 of said Convention and the doctrine of conventionality control adopted by this Constitutional Chamber in multiple judgments (for example, No. 2004-013435). A key precedent is the case of the Saramaka People v. Suriname (Judgment of November 28, 2007), where the CIDH recognized for the first time that tribal peoples, such as the Saramaka (descendants of freed African slaves), enjoy rights similar to indigenous peoples, including the right to collective property over their ancestral territories without the need for formal title (sufficient possession). The Court found violations of articles 3 (juridical personality), 21 (property), and 25 (judicial protection) of the American Convention, in relation to articles 1.1 and 2 (obligations to respect and guarantee). In particular, it emphasized that for mining and logging concessions in indigenous/tribal territories, the State must not only consult but obtain free, prior, and informed consent in cases of large-scale projects that significantly affect the cultural and physical survival of the people. Furthermore, it ordered delimiting, demarcating, and titling the territory through effective consultations, reviewing existing concessions, and ensuring participation in benefits. Another milestone is the case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador (Judgment of June 27, 2012), where the CIDH declared the international responsibility of the State for not consulting the Sarayaku community before granting oil concessions in their territory, violating articles 21 (property) and 23 (political participation) of the American Convention. The Court established precise standards for consultation: it must be carried out in good faith, fostering genuine dialogue and mutual trust, with the aim of reaching consensus; it must be prior, from the early stages of planning; it must provide complete and detailed information on impacts, risks, and benefits, including environmental impact assessments (EIA); and it must seek consent according to the people's customs, especially in high-impact projects. The CIDH stressed that consultation is a general principle of international law, derived from effective participation, property rights, and self-determination. This jurisprudence is directly applicable to the present case, since the massive transfer of solid waste constitutes an administrative measure with significant environmental and social impacts in the province of Limón, which houses communities with indigenous and tribal characteristics protected by Convention 169. The omission of prior consultation by the Ministry of Health violates these Inter-American standards, aggravating the disproportionality of the decision and exposing the population to risks without their effective participation. C. Absence of Justification by Emergency and Risk to Public Health. The Ley General de Salud (No. 5395) and the Ley para la Gestión Integral de Residuos (No. 8839) confer competencies to the Ministry of Health in sanitary matters but subordinate environmental decisions to SETENA. The report confirms that there is no municipal authorization for the transfer, and the Council's opposition has not prevented execution, which shows a harmful omission. Without an emergency decree (article 140 subsection 8 constitutional), the measure is disproportionate, jeopardizing the health of the inhabitants by prematurely exhausting a technical resource designed for local use. It is emphasized that the sanitary problem related to the disposal of solid waste presented by the municipalities of the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana) is a problem of national planning and strategy, which the Ministry of Health seeks to remedy through this arbitrary measure, transferring the environmental and sanitary burden to the province of Limón.

This approximation is particularly irrational, as it places the local economy of Limón at serious risk, which depends heavily on tourism as one of its main driving sectors, along with logistics and agribusiness. Tourism represents a vital source of income for the province, with potential in extensive areas that could be threatened by the eventual saturation of the landfill (relleno sanitario), which would compromise the environmental image and tourist appeal of the region, directly affecting economic development and local employment. Nationally, tourism contributes significantly to the GDP (around 6.3% directly), and in Limón, activities such as cruise tourism and ecotourism are key to economic recovery, such that any environmental degradation derived from this unilateral decision could have regressive and irreparable impacts on provincial sustainability. III. Request For the reasons stated, I respectfully request this honorable Chamber: 1. To consider this reply to the report of the respondent party as rendered. 2. To grant the amparo appeal, annulling the ministerial authorization and ordering the Ministry of Health to refrain from executing the transfer without prior modification of environmental feasibility by SETENA, public consultation pursuant to Convention 169 of the ILO and standards of the Inter-American Court of Human Rights, and respect for municipal autonomy (constitutional article 169). 3. To order the respondent party to pay costs, damages, and losses” (see electronic record).

12.- By order issued at ten thirty-six hours on March sixth, two thousand twenty-six, the investigating magistrate broadened the proceedings and requested a report from the Director of the Water Directorate of MINAE (see electronic record).

13.- By submission filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner states the following: “The new evidence is attached pursuant to the provisions of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) (Ley N° 7135), in particular its provisions regarding the summary and privileged procedure of the amparo appeal (articles 29 et seq.), which allow the incorporation of evidentiary elements at any time during the proceeding while the violation or threat persists, with the objective of ensuring the effective protection of fundamental rights, especially the right to a healthy environment and public health enshrined in article 50 of the Political Constitution. This communication is formulated in a formal, reflective, and critical manner, in protection of the collective rights of the affected community, in accordance with current environmental regulations, the precautionary principle, the jurisprudence of this Chamber, and the ‘polluter pays’ principle (principio de ‘quien contamina paga’) established in OECD guidelines. As this Chamber is aware, the subject matter of the proceeding concerns irregularities in the operation of the landfill (relleno sanitario) operated by Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (corporate identification number 3-101-215741), located in the Parque Tecnología Ambiental Limón, district of Limón, canton of Limón, province of Limón. Attached hereto, as evidence for a better resolution, is a copy of Resolution DA-1079-2024, issued by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) on April 29, 2024 —approximately two years ago—, through which the discharge permit requested by the aforementioned company was categorically withdrawn and denied, based on indicia and concrete evidence revealing non-compliance with required technical and normative parameters, particularly in relation to the reception and management of solid waste volumes under standards inferior to those required by current legislation. This resolution is relevant and critical data that demonstrates the precarious and illegal conditions under which said landfill (relleno sanitario) operates, aggravating the concern of the local population. In summary, the resolution denies the discharge permit into the public domain watercourse called ‘quebrada Sin Nombre’ (coordinates latitude 215,472, longitude 636,566), originating from the treatment and final disposal of solid waste. The key grounds for this denial, set out in the recitals and considerations of the resolution, include: • The State's obligation to ensure public health and the environment, in accordance with article 50 of the Political Constitution (Considering I). • The requirement to hold a discharge permit for any entity that introduces discharges that modify water quality, according to Executive Decree N° 42128-MINAE-S, article 2 (Considering II). • The exclusive competence of the Water Directorate to grant such permits, per article 15 subsection c) of the same decree (Considering III). • The acknowledgment by the applicant that the receiving body is intermittent (not permanent), which prevents the granting of the permit, since article 3, numeral 22 of Executive Decree N° 42128-MINAE-S defines the discharge permit exclusively for receiving bodies with permanent flow (Considering VI and VIII). • The impossibility of issuing contra legem acts, respecting the Principle of Legality of article 11 of the General Law of Public Administration, which compels denial of the application in the absence of an express provision that authorizes discharges into intermittent watercourses (Considering VIII). Despite the Water Directorate mentioning efforts to reform the regulations (through official communication DA-0305-2024 of January 24, 2024, elevated to the Legal Directorate of MINAE and in consultation with the Ministry of Health), this reform has not progressed to date, and the denial remains firm. It is notorious that the company proposed a multimodal system (reuse and discharge), but this was rejected for lack of legal basis. This resolution is especially critical in the context of the present file, as it demonstrates that the landfill (relleno sanitario) has operated and continues to operate without the required discharge permit, which constitutes a flagrant violation of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) (N° 7554), the Wastewater Discharge and Reuse Regulation (Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales) (Executive Decree N° 33601-MINAE-S), the Environmental Discharge Tax Regulation (Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos) (Decree N° 34431-MINAE-S), the General Health Law (Ley General de Salud) (N° 5395), and the Integrated Waste Management Law (Ley para la Gestión Integral de Residuos) (N° 8839). The leachate generated by the landfill—highly polluting wastewater, as is public and notorious—must be collected, treated, and discharged in an authorized manner, under penalty of administrative, civil, and criminal sanctions, including the retroactive payment of the environmental tax. Under normal conditions for the disposal of local waste, the landfill already failed to comply with health and environmental standards, as can be inferred from prior inspections cited in the resolution (technical reports DA-UHCAROG-0636-2020 of November 2, 2020, and DA-UHCAROG-0204-2022 of March 28, 2022). With the current increase in waste coming from the central plateau, the situation is exponentially aggravated. The site is located in a high-precipitation zone, where some neighbors of the landfill (relleno sanitario) constantly report that, during the night and especially in rainy seasons, illegal discharges of leachate are made into the public domain watercourses near the landfill—precisely the type of discharges that motivated the denial and effective suspension of the discharge permit by the Water Directorate. These irregular practices, if confirmed, represent a reiterated and flagrant violation of environmental regulations, seriously modifying the physical, chemical, and biological quality of the water, and generating an imminent and continuous risk to public health, the aquatic ecosystem, and the fundamental rights of the community. This illegal disposal not only aggravates the potential damage but also imperatively invokes the precautionary principle (principio precautorio) established in article 11 of the Organic Environmental Law and reinforced by the constant jurisprudence of this Chamber (for example, rulings N° 2003-07769, N° 2010-01335 and subsequent), which obligates the State to act preventively in the face of scientific uncertainty or evidence of risk to avoid irreversible damage to the environment and collective health. Likewise, I invoke the ‘polluter pays’ principle of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), incorporated into our environmental legislation, which imposes economic and legal responsibility on the generator of pollution. It is materially impossible to operate a landfill (relleno sanitario) under normal conditions without polluting, and it is more than probable that the one in Limón operates below the required technical parameters, exacerbated by climatic variability, the intermittent nature of the watercourses, and persistent neighborhood reports of nighttime and irregular discharges, as detailed in the attached resolution and in the reported community complaints. In light of the foregoing, I pray this honorable Chamber to take detailed and exhaustive note of the content of Resolution DA-1079-2024 as evidence incorporated into the file, for a better resolution of the matter. I also request that the final decision be issued as soon as possible, with the corresponding legal consequences—including possible precautionary measures, temporary or permanent closure orders, additional investigations into reports of illegal discharges, and other measures—in protection of the fundamental rights of the community of Limón (article 50 of the Political Constitution), the collective rights to a healthy environment and public health” (see electronic record).

14.- By submission filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner requests precautionary suspension measures and states the following: “This communication is presented as an additional submission to the filed amparo appeal, for the purpose of indicating my status as an older adult with a physical disability, which places me in a situation of special vulnerability and merits reinforced protection from the State, in accordance with article 51 of the Political Constitution (reformed by Ley Nº 9697 of 2019), which establishes the State's special protection for older adults and persons with disabilities, as groups exposed to greater risk of harm to their fundamental rights. This condition aggravates the harm caused to me by the questioned authorization, since the massive transfer of solid waste to Limón accelerates the depletion of the only final disposal site available for the residents of Limón—including communities near my place of residence or connection—increasing environmental and health risks that disproportionately affect persons in a vulnerable situation like myself: older adults and persons with physical disabilities, who depend to a greater extent on a healthy environment, uncontaminated water sources, and public health not compromised by disease vectors or contamination from leachate. Below, I reiterate and detail the facts, the legal grounds, and the reasons motivating this request, incorporating the aggravating factor derived from my vulnerable condition: I. Statement of Facts 1. Authorization granted by the Ministry of Health: I attach a copy of Sanitary Operating Permit Nº MSDRRSHC-ARSL-2021-286, issued by the Regional Health Directorship of Huetar Caribe and the Limón Health Area Directorship, in favor of Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima. Said permit authorizes the ‘Operation of the Cell and Treatment System for the Treatment and Final Disposal of Solid Waste, Collection and Treatment Plot C-161211, C-150213’, with code CAECR 3811, Risk Type A, located in Comunidad Santa Rosa, Finca El Tomatal, Limón. The document presumes a limited operation, with a capacity of 21 persons (users plus workers), equivalent to a modest waste management (presumably one truck per operation). 2. Discrepancy between authorization and actual practice: In reality, up to 7 trailers of solid waste arrive daily from the Central Plateau, far exceeding the authorized parameters. This drastically reduces the useful life of the site (from more than 27 years originally estimated to just over 15 years, according to official reports), threatening the only landfill available for the residents of Limón and aggravating risks for vulnerable groups such as older adults and persons with disabilities. 3. Impacts aggravated by my vulnerable condition: As an older adult with a physical disability, I depend to a greater extent on a healthy environmental setting. The overload generates risks of aquifer contamination, vector proliferation, and ecosystem degradation, which exposes me to greater and immediate harm to my health and quality of life, violating the special protection I am constitutionally entitled to. I vigorously protest against the Ministry of Health for its negligence in supervising compliance, allowing an uncontrolled operation that discriminates regionally and violates the rights of protected groups. II. Legal Basis and Critical Motivation (with the aggravating factor of vulnerability) 1. Violation of the right to a healthy environment (Article 50 Political Constitution) and special protection for older adults and persons with disabilities (Article 51 Political Constitution): The massive transfer threatens a healthy and ecologically balanced environment, with aggravated harm to me as an older adult with a physical disability. The State must grant reinforced protection to these groups (Ley Nº 9697 amendment to Art. 51), prioritizing preventive measures. 2. Non-compliance with the Integrated Waste Management Law Nº 8839 (Ley GIR) and Regulations: It prioritizes final disposal over the prevention hierarchy (avoid, reduce, reuse), violating regionalization and transfer limits. The Ministry, as the governing body, fails in its preventive duty, aggravating impacts on vulnerable persons. 3. Violation of the right to health (Articles 21 and 46 Political Constitution): It increases health risks, with a disproportionate effect on older adults and persons with disabilities. 4. Appropriateness of precautionary measures (Ley Nº 7135): Fumus boni iuris and periculum in mora exist, aggravated by my vulnerability, justifying immediate suspension (even inaudita altera pars if applicable). III. Petition I request this honorable Chamber: 1. To order precautionary measures for the immediate suspension of the authorization (Permit Nº MS-DRRSHC-ARSL-2021-286) and of waste transfers from the Central Plateau to Limón, until the merits are resolved. 2. To order the Ministry of Health to provide a detailed report on actual volumes and compliance with the Ley GIR. 3. To declare the appeal granted in a final judgment, annulling the authorization and ordering corrective measures, considering the special protection for older adults and persons with disabilities” (see electronic record).

15.- By submission filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner provides as evidence official communication DIGH-558-09 dated October 13, 2009, issued by Engineer Carlos Romero, Director of the Groundwater Area of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA), addressed to Attorney Juan Alberto Corrales of the Legal Directorate of the same entity (see electronic record).

16.- By submission filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner states the following: “This submission seeks to sensitize this honorable Chamber regarding the political handling by the Municipality of Limón of a delicate health and environmental matter, which does not admit political considerations without causing serious impairment of the fundamental rights of the population of Limón (art. 50 Political Constitution). The Chamber has reiterated in its consolidated jurisprudence that the right to a healthy and ecologically balanced environment is prevailing, of immediate application, and obligates the authorities to act with impartiality, coherence, and absolute priority of the public interest over any private or political interest (relevant rulings include Nº 2009-00733 on landfills and aquifer contamination; Nº 2012-10456 on the obligation of impartial technical supervision; and historic judgments that require official, not private, health and environmental feasibility to avoid risks to health and water resources). Likewise, the Chamber has sanctioned actions that introduce arbitrary elements or favor private interests in constitutional proceedings. Facts and grounds for this reply: 1. In the file, municipal officials have provided private documents from Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (official communication GF-125-2026 of March 16, 2026, and attached ‘Certification of useful life of PTA El Tomatal’), in response to official communication AML-0636-2026 from the Municipality (February 23, 2026). This submission is not official evidence (lacking endorsement from the Ministry of Health, SETENA, or SENARA), but rather a subjective study by the interested company, which contravenes the requirement for impartiality and neutral technical evidence (Chamber jurisprudence on landfills). 2. EBI did not formally appear as a party (arts. 29 et seq. Constitutional Jurisdiction Law), but the Municipality assumes its indirect defense at a site without an updated discharge permit and without full endorsement from SENARA (due to proximity to the coastal aquifer of Moín, a sensitive zone). 3. The Mayor has publicly declared opposition to the transfer of waste from the GAM, but the administrative facts contradict this position, generating inconsistency that violates the principles of legitimate trust and institutional coherence. 4. The risk is imminent: an increase in tonnage accelerates saturation, leading to health and environmental impacts that could repeat the crisis of 2000-2008. To contextualize the historical ordeal experienced by the population, I cite specific journalistic reports from La Nación: on June 5, 2004, it reported ‘350 tons accumulated’ in streets and public roads; on October 30, 2008, it warned about ‘garbage threatening health and tourism’; on January 8, 2009, it documented ‘400 tons saturating the streets of Limón’; and on September 8, 2009, it detailed neighborhoods overflowing due to lack of collection and blockades at the disposal site. This servant lived through it directly and requests that the Chamber consider these precedents to prevent their repetition. 5. Additionally, and emphatically, pursuant to Convention Nº 169 of the International Labour Organization (ILO)—ratified by Costa Rica through Ley Nº 7316 and recognized by the Constitutional Chamber as applicable to the Afro-descendant community of the Costa Rican Caribbean as a tribal people (recent judgments ordering prior consultation in projects affecting their territories, cultural, and environmental rights)—the Municipality of Limón arrogates the power to provide a questionable endorsement to the private landfill (relleno sanitario) without the indispensable prior, free, and informed consultation with the Afro-descendant community of Limón, as required by article 6 et seq. of Convention 169 of the ILO for any administrative or legislative measure that may directly affect their rights. This omission is serious, violates the right to participation, and jeopardizes the environmental and health integrity of the tribal population. 6. The submission of private evidence by the Municipality, with apparent political handling, is reprehensible and unacceptable, prioritizing considerations alien to the public interest and exposing the population to the impairment of fundamental rights. 7. Emphatically and decisively, it must be highlighted that the certification of the useful life of PTA El Tomatal supplied by the company EBI and submitted by the Municipality does not constitute technical evidence that allows reliably certifying the useful life of the private landfill (relleno sanitario). It is a unilateral document, prepared by the interested company itself, with subjective projections and variables (settlements 45-55 %, density 800-860 tons/m³, etc.) that have not been verified or endorsed by any competent authority (Ministry of Health, SETENA, SENARA, or independent technical entity). Consequently, it lacks impartial and reliable evidentiary value in a constitutional proceeding that protects fundamental rights such as a healthy environment and public health, and cannot serve to refute the reported risks or to justify the continuity of the operation to the detriment of the Limón population. Alarm at the daily aggravation of risk: Honorable Magistrates, every day that passes, the health and environmental conditions of the Limón landfill (relleno sanitario) are alarmingly aggravated. The sustained increase in tonnage from the GAM accelerates the saturation of the site, multiplies the risks of contamination of the coastal aquifer of Moín, generates unbearable odors, vector proliferation, and possible direct effects on the population's health. With the intolerable aggravating factor that the inhabitants of Limón have no reason to bear the improvisation, lack of planning, and irresponsible decisions of the municipalities of the Greater Metropolitan Area or of the company EBI itself. Adding to this, in a serious and discriminatory manner, is the fact that the massive transfer of solid waste from the Greater Metropolitan Area constitutes a structural problem of the Executive Branch, which for four long years (2022-2025) did not seek or plan a technical, viable, and sustainable solution for the waste crisis in the GAM. This omission has generated evident territorial discrimination against the community of Limón, turning our province into an improvised destination for the waste of other regions, in violation of the principle of equality and non-discrimination (art. 33 Political Constitution) and the right to a healthy environment without disproportionate burdens. Limón cannot continue to pay the consequences of centralized state inaction” (see electronic record).

17.- By submission filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner states the following: “I formulate this proceeding expressly in response to the order issued by this honorable Chamber at ten thirty-six hours on March sixth, two thousand twenty-six, the literal text of which is as follows: ‘In view of the brief contained in the electronic file, let the parties identified in the amparo appeal being processed under file number 26-001765-0007-CO be considered as expanded, and consequently, grant a hearing to the Director of the Water Directorate of MINAE.’ In strict compliance with the decision of this Chamber—which has considered the allegations of the appeal expanded and has ordered that a hearing be granted to the Director of the Water Directorate of MINAE—I present this reiteration and expansion of facts and grounds, with the purpose of reinforcing the imperative need to adopt immediate precautionary measures while the ordered hearing process is conducted. This is not a mere subjective consideration or personal assessment: it is an objective reality, documented, technically and legally incontrovertible, issued by the State's own competent authority, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). By means of Resolution DA-1079-2024, issued at eight forty-eight hours on April 29, 2024, in file 4672-V, the discharge permit requested by the company Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (corporate identification number 3-101-215741) was denied—and thus remained de facto suspended since that date—for the discharge of effluents from the treatment and final disposal of solid waste in the Parque Tecnológico Ambiental Limón, located in the district and canton of Limón, province of Limón (approximate coordinates: latitude 215,472, longitude 636,566), into a publicly owned unnamed stream. This resolution constitutes irrefutable and devastating proof that, for almost two years (April 2024), the company has operated without the indispensable discharge permit. But what brutally and profoundly aggravates the situation is that the irregularities are not recent: they have existed since September 2020, the date on which state control began and anomalies were detected in the monitoring of residual water quality, which led to technical report DAUHCAROG-0636-2020 of November 2, 2020. Subsequently, on March 28, 2022, another control visit was made to the site, issuing technical report DA-UHCAROG-0204-2022 of the same date, which confirmed and deepened the prior irregularities. Ladies and gentlemen Magistrates: we are facing a site that, since September 2020—that is, more than five and a half years ago—has not complied with the health and environmental laws of Costa Rica. The prolonged absence of the discharge permit, added to a documented history of irregularities in the monitoring of residual water quality since September 2020, implies a grave, imminent, persistent, and irreversible risk of contamination of public domain water bodies, harm to the public health of the neighbors of Limón, and environmental damage of enormous magnitude in an already vulnerable area. This is not an unfounded fear: it is the technical, scientific, and legal conclusion of the Water Directorate of MINAE. The persistence of operations without the corresponding permit flagrantly violates constitutional article 50, the Organic Environmental Law N° 7554, the Water Law, Decree 42128-MINAE-S, and the precautionary principle that governs environmental matters. The chronic pattern of non-compliance dating back to September 2020 jeopardizes the health of entire communities and the ecological balance of the Caribbean region. In response to this Chamber's order of March 6, 2026, and in exercise of the right of petition (articles 27 and 30 of the Political Constitution), I respectfully pray: 1. To take into account this reiteration and expansion presented in direct response to the cited order, along with the documentary evidence provided (Resolution DA-1079-2024 and background since September 2020). 2. To establish immediate and forceful precautionary measures in favor of the neighbors of the province of Limón—such as the provisional suspension of final solid waste disposal activities that involve discharges or environmental risks at the site—while the hearing ordered for the Director of the Water Directorate is conducted. 3. To order any other environmental and health protection measure that this Chamber deems appropriate to prevent irreparable damage, considering the history of non-compliance dating back to September 2020. The failure to act with the urgency the case demands would compromise not only the rights of the inhabitants of Limón—including this Afro-Costa Rican older adult with a disability—but also the non-delegable obligation of the State to preserve the environment for present and future generations” (see electronic record).

18.- By submission filed with the Secretariat of this Chamber, the petitioner states the following: “Official communication DIGH-558-09, issued by the specialized technical authority on groundwater, literally states: 1. The landfill site (relleno sanitario) is located between coordinates 215-216 north and 636-637 east (cadastre property L-689751-87), on the external boundaries of the Moín Aquifer, according to the AyA publication in La Gaceta N° 83 of May 2, 2007. 2. Although SENARA does not have its own validated hydrogeological studies, the AyA publication describes the conclusions and recommendations of the hydrogeological study of the Moín aquifer, including regulations on land use. 3. The AyA study was not remitted to SENARA for validation, so the institution cannot validate its results, but it does not deny the existence of the aquifer or its vulnerability. This document is not a peripheral opinion: it is the official criterion of the governing entity in matters of groundwater (Organic Environmental Law and Regulation for the Drilling and Exploitation of Groundwater). Its evidentiary value is full and binding for this Chamber. Constitutional and jurisprudential basis (Constitutional Chamber): This Chamber has repeatedly and bindingly recognized that the protection of groundwater is a fundamental right derived directly from article 50 of the Political Constitution (healthy and ecologically balanced environment), from article 21 (life), from article 25 (health), and from the in dubio pro natura principle. In ruling N° 2004-01923 (14:55 hours on February 25, 2004), the Chamber established that: • Groundwaters present special characteristics of vulnerability: their contamination is slow, costly, or irreversible. • The State must apply preventive and precautionary measures, including the prohibition of polluting activities (landfills, cemeteries, urban developments, etc.) in recharge zones or areas of high vulnerability. • Protection perimeters and matrices are public order instruments that limit private property in the interest of social welfare. Subsequently, in rulings 2008-004790, 2011-014596, and especially in 2012-08892 (June 27, 2012), this Chamber elevated the “Matrix of Land Use Criteria according to Aquifer Contamination Vulnerability” of SENARA to a parameter of mandatory compliance. Said matrix classifies zones of extreme vulnerability and expressly prohibits: • Landfills and any activity involving the deposit of solid waste. • Earthworks (movimientos de tierra) and significant impermeable coverings without exhaustive hydrogeological studies.

The Chamber ordered that this matrix is mandatory in all cantons where SENARA vulnerability maps exist (such as the Moín Aquifer) and, in any case, must serve as a guide and technical orientation for municipal regulatory plans. In the specific case of the Moín Aquifer (Limón), the Chamber has recently reiterated (vote No. 2025035761 of October 31, 2025) that flexibilities granted by AyA cannot prevail over SENARA's criteria, under penalty of violating Articles 11 and 50 of the Constitution, the precautionary principle, and the principle of environmental progressivity. Official Communication DIGH-558-09 precisely demonstrates that the "El Tomatal" site is located within the perimeter of the Moín Aquifer. The absence of "validation" by SENARA does not authorize the activity: on the contrary, it generates scientific uncertainty that activates the precautionary principle (vote 2011-014596): "when there is a serious or irreversible risk, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone effective measures." Inter-American Foundation (IACHR Court): The Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 ("Environment and Human Rights," November 15, 2017), has established binding standards for Costa Rica (Articles 1.1 and 2 of the American Convention): • The right to a healthy environment is autonomous and is directly connected to the rights to life (Art. 4.1) and personal integrity (Art. 5.1). • States have the obligation to prevent significant damage to the environment, especially when it affects vital water resources such as aquifers. • The precautionary principle must be applied in the face of risk of serious or irreversible damage (para. 180 et seq.). • Potentially polluting activities (such as sanitary landfills) require exhaustive environmental impact studies, strict regulation, and continuous monitoring. • The degradation of aquifers affects the right to potable water (recognized as fundamental in the Inter-American System) and generates international responsibility of the State. Costa Rica, as a State Party, is obligated to comply with these standards. Allowing a sanitary landfill on the boundaries of a highly vulnerable karstic aquifer, without studies validated by SENARA, constitutes an unconstitutional and internationally reprehensible omission. Conclusion and petition: Official Communication DIGH-558-09 is not a neutral document: it is the official voice of the competent technical institution that places "El Tomatal" in an aquifer protection zone. Ignoring it would be equivalent to disregarding the binding jurisprudence of this Chamber (2004-01923, 2012-08892, 2025035761) and the standards of the IACHR Court (OC-23/17). For the foregoing reasons, I respectfully request the Honorable Magistrates: 1. To assess Official Communication DIGH-558-09 as full and decisive evidence of the site's water vulnerability. 2. To uphold the amparo action for violation of Articles 21, 25, and 50 of the Political Constitution, in connection with Articles 4.1 and 5.1 of the American Convention (according to OC23/17). 3. To order the immediate suspension of operations of the "El Tomatal" sanitary landfill until hydrogeological studies validated by SENARA are conducted and the Land Use Criteria Matrix (Matriz de Criterios de Uso del Suelo) is complied with. 4. To notify this resolution to SENARA, AyA, and the Municipality of Limón so that they adopt protective measures for the Moín Aquifer" (see electronic record).

19.- José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath (see electronic record) in the following terms: "The appellant alleges that he is a resident of Barrio Roosevelt in the Central canton of Limón, whose main activity is tourism. He states that, since late 2025, the Ministry of Health has authorized the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill, called El Tomatal, without conducting prior, free, and informed consultation with the affected population, violating ILO Convention 169. This causes unbearable odors that affect the peace, safety, and health of the people of Limón. To date, the landfill does not have a valid discharge permit. The last time he submitted the application, it was denied by resolution DA-1079-2024. He explains that modifications have been made to the original project design at the site without an adequate assessment of the Environmental Impact Assessment (EIA), accelerating its depletion and exposing the population to risks in a high-rainfall zone. On January 7, 2026, he sent a note to the Minister of Health and the Municipal Council demanding a technical report on the justification for its transfer, invoking the General Health Law, the Law for Solid Waste Management, and the precautionary and preventive principles. He points out that the conduct of the Ministry of Health and SETENA is negligent and arbitrary, endorsing unsustainable formalities without scientific evidence, violating the peace and safety of the people of Limón. Before reporting on what was requested, we clarify that we will be addressing what falls under the jurisdiction of this Directorate. BACKGROUND: Through file 4672-V, a discharge permit was granted for the first time by resolution R_0984-2015-AGUAS-MINAE of September 25, 2015, based on recommendation report AT-3240241-5 of September 7, 2015; to discharge the wastewater from the generating entity Parque Tecnología ambiental Limón of the company Berthier EBI de Costa Rica into the channel of the unnamed stream at coordinates latitude: 24157.2 and longitude: 65366.66. Through resolution R-0450-2019-AGUAS-MINAE of three fourteen p.m. on May eight, two thousand twenty, the discharge permit was renewed to EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, legal ID 3-101-215741, represented by Patricia Campos Villagra, identity card 1-0880-0768, for a period of 3 years. Notwithstanding the foregoing, and in accordance with the monitoring plan carried out by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy on September 18, 2020, it was verified that the public domain body of water, where the effluent from the treatment plant was being discharged, was completely dry. It is important to note that Executive Decree 42128-MINAE, Regulation on the Environmental Discharge Fee (Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos), established that in the case of discharge into a public domain channel, it must be of a permanent nature, which implies that it must always have flow. In accordance with the above and once the discharge permit had expired, given the condition of the channel, when the permit renewal was submitted again, it was rejected by resolution DA-1079-2024 of April twenty-nine, two thousand twenty-four, the Director of Water resolves to DENY the discharge permit into a public domain channel at Lambert North coordinates latitude 215472 and longitude 636566, to the company Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A., legal ID 3-100-215741, originating from the treatment and final disposal of solid waste, in the Parque Tecnología Ambiental Limón, located in the district of Limón, canton of Limón, province of Limón. Given this situation, and with public health being at stake, this situation was brought to the attention of the Ministry of Health in the person of Guiselle Lucas Bolivar, Director of the Governing Health Area of Limón. The Ministry of Health ordered EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA to submit the application for authorization for the reuse of water from the treatment system for irrigation. Through the technical report of the Ministry of Health MS-DRRSHC-URS-IT-0156-2022 of October 2, 2022, it was resolved: 'as a result of the review and analysis carried out, a POSITIVE Physical-Sanitary Criterion is defined for the disposal via reuse of the treated effluent from the wastewater treatment system of the project: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, UBICADO EN SANTA ROSA, LIMON, LIMON.', which to date is being carried out. In accordance with the above, in official communication DA-UHCAROG-0168-2026, on April 29, 2025, a joint visit to the file site was made with officials from the Ministry of Health. A tour of the operational facilities of the Sanitary Landfill was conducted, and it was observed that the discharge structure for the STAR towards the receiving body (unnamed stream) is still maintained. Therefore, through official communication DA-UHCAROG-0362-2025 dated May 19, 2025, sent to Eng. Rosibeth Villafuerte Rodríguez of the Health Regulation Process of the Regional Directorate of the Huetar Caribe Health Rector's Office of the Ministry of Health, she is requested to order the administered party, through a Sanitary Order, the elimination of the discharge structure to a public domain channel, according to the discharge point that was authorized under file 4672-V, since it currently does not have authorization to discharge. By sanitary order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministry of Health ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to eliminate the discharge structure to the unnamed stream. To date, this infrastructure has already been removed. To date, it has been verified that no discharge is being generated by the company Berthier de Costa Rica EBI SA into the unnamed stream" (see electronic record).

20.- By means of a brief filed with the Secretariat, the appellant states the following: "I. NEW FACTS AND IRREFUTABLE EVIDENCE OF NON-COMPLIANCE On March 20, 2026, the Caribbean Hydrological Unit of the Water Directorate of MINAE itself issued official communication DAUHCAROG-0168-2026 (attached in plain copy), addressed to the Director of Water, Eng. José Miguel Zeledón Calderón. In said official document, it is textually acknowledged: • That by resolution DA-1079-2024 (April 29, 2024), the discharge permit into a public domain channel was DENIED to Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A. (legal ID 3-100-215741) for the Parque Tecnología Ambiental Limón. • That until April 29, 2025 (a year after the denial!), the physical structure for discharging leachate towards the unnamed stream (discharge point of the old file 4672-V) still existed. • That only after a sanitary order from the Ministry of Health (MSDRRSHC-ARSL-00192-2025) and a visit on June 27, 2025, was the illegal structure eliminated. • That as of the date of the communication (March 2026), NO VALID DISCHARGE PERMIT EXISTS, and yet the company continued to collect the environmental fee without having requested the formal closure of file 4672-V. This communication is not a complaint from a neighbor: it is the official confession of the governing body of the water resource. It demonstrates illegal discharges repeated and maintained for more than a year after the express denial. Added to this is the official report of the Ministry of Health MSDRRSHC-URS-IT 0018-2025 (February 28, 2025), incorporated in judgments of this same Chamber (No. 2025026093 and 2025027436): 'Regulatory non-compliances were evidenced in the management of solid waste within the Parque de Tecnología Ambiental EBI, specifically in the compaction, coverage, and disposal of contaminated material [...] The accumulation of waste without proper coverage has led to the proliferation of scavenger fauna, which represents a risk to public health and the environment.' These facts are not isolated: they have been recurring from 2020 to date, detected only by sporadic inspections or through this appellant's actions. II. SPECIFIC AND FLAGRANT VIOLATIONS OF ENVIRONMENTAL REGULATIONS 1. Discharges without a permit and without treatment • Executive Decree No. 33601-MINAE-S (Regulation on the Discharge and Reuse of Wastewater (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales), 2007): Article 4 obliges the treatment of wastewater and prohibits discharge without express authorization. The company operated without a permit and maintained the physical discharge structure for more than 12 months after the denial. Grave and continued violation. 2. Poor management of the sanitary landfill • Regulation on Sanitary Landfills (Reglamento sobre Rellenos Sanitarios) (Executive Decree No. 38928-S and amendments): requires daily compaction, intermediate and immediate coverage, control of leachate and vectors. The MINSA report 0018-2025 certifies that none of this was fulfilled. 3. Omission of permanent surveillance • Organic Environmental Law No. 7554 (Articles 50, 51, and 52) and General Health Law: impose on the State and the operator the obligation of continuous surveillance. The authorities act only 'by complaint' or sporadic inspections. This is unacceptable at a site that receives thousands of tons of waste from the GAM. III. IMMINENT RISK TO GROUNDWATER AND THIRD-GENERATION RIGHTS The leachate generated by the lack of coverage and compaction reaches the area's aquifers directly (highly vulnerable volcanic characteristics). The Constitutional Chamber has been categorical: • Groundwater is of public domain and enjoys reinforced protection (votes 1923-2004, 2012-08892, 06340-2012, among many). • The precautionary principle applies in the face of any risk of contamination: it is not necessary to demonstrate actual damage; the grave and irreversible risk is sufficient (reiterated jurisprudence on the protection of aquifers against sanitary landfills). • Third-generation rights (a healthy environment for present and future generations, including the unborn) oblige this Chamber to intervene forcefully (Article 50 Political Constitution and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). The company cannot allege a 'national waste crisis' to justify illegalities. The crisis does not legitimize pollution. IV. PETITION For all the foregoing, and based on Articles 50 and 89 of the Political Constitution, Law 7554, Decree 33601, the Regulation on Sanitary Landfills, and the binding jurisprudence of this Chamber, I respectfully request: 1. To consider this appearance as received and the documentary evidence (official communication DA-UHCAROG-0168-2026 in plain copy and reference to report MS-DRRSHC-URS-IT 0018-2025) as submitted. 2. To uphold the amparo action and order: a) The immediate and provisional closure of the Parque Tecnología Ambiental Limón until full compliance with regulations is proven (valid discharge permit, approved management plan, and permanent surveillance). b) Order MINAE and the Ministry of Health to implement a permanent monitoring program (monthly) of groundwater and surface water within a 5 km radius, with public results. c) Impose daily coercive fines on the operator for each day of non-compliance. d) Preventively protect the aquifer and the rights of future generations. 3. Notify this resolution to MINAE, Ministry of Health, SETENA, and the Environmental Prosecutor's Office" (see electronic record).

21.- By means of a brief filed with the Secretariat of this Chamber, the appellant states the following: "I. The report does not refute the facts; on the contrary, it confirms them and aggravates the constitutional violation Report DA-0676-2026 expressly acknowledges: 1. That by resolution DA-1079-2024 of April 29, 2024, the discharge permit was denied to the company Berthier EBI de Costa Rica S.A. 2. That, despite this denial, as of April 29, 2025 (more than a year later!), the discharge structure towards the unnamed stream still existed and was operational. 3. That it was necessary to request the Ministry of Health for a sanitary order (MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS) to force the company to remove said structure. 4. That only after this order (and the joint visit of April 29, 2025) was the physical elimination of the infrastructure undertaken. This acknowledgment is not a defense; it is an institutional self-incrimination. The Water Directorate admits that for more than twelve months after having denied the permit, the existence of an illegal discharge structure in a public domain channel was permitted. That is not a mere administrative irregularity: it is a grave and continued transgression of environmental regulations (Organic Environmental Law, Law on Solid Waste Management, Regulation on the Environmental Discharge Fee, and the precautionary principle itself enshrined in Article 50 of the Political Constitution). II. Grave and deliberate omission by the Director of Water: the sanitary landfill is located exactly on the boundary of the area's aquifer It is revealing and condemnatory that Mr. José Miguel Zeledón Calderón, Director of Water of MINAE, completely omitted from his report a fact of the utmost environmental and health significance: the 'El Tomatal' sanitary landfill is located precisely on the boundary of the area's aquifer. This omission is not an innocent oversight. It is a crude maneuver to hide the real and catastrophic risk posed by continuing to deposit hundreds of daily tons of solid waste from the GAM in a site that directly threatens the quality and sustainability of the groundwater that supplies thousands of people from Limón. Placing a sanitary landfill on the boundary of an aquifer without rigorous hydrogeological studies, without permanent monitoring, and without a valid discharge permit constitutes an unforgivable environmental recklessness and a flagrant violation of the duty to protect the water resource enshrined in the Constitution and the Water Law. The Director of Water not only remains silent on this essential information: he knowingly ignores it, while attempting to consider the problem resolved with the mere elimination of a pipe. This attitude is unacceptable in a public official who has the legal obligation to ensure the integrity of the national aquifers. III. The report deliberately evades the core of the amparo action: the deposit of solid waste from the GAM The appellant did not only denounce liquid discharges. I denounced —and continue to denounce— the massive and illegal deposit of ordinary solid waste coming from the Greater Metropolitan Area in the 'El Tomatal' sanitary landfill, without: • A valid discharge permit (confirmed by the report itself). • An updated environmental assessment of the Environmental Impact Assessment (EIA) given the modifications to the original design. • Prior, free, and informed consultation with the population of Limón (violation of ILO Convention 169). • Compliance with the preventive and precautionary principles in a zone of high rainfall and health vulnerability. The Water Directorate's report is limited to saying that 'there is no longer a liquid discharge to the stream.' That is irrelevant to the substance of the amparo action. The problem is not just the treated liquid effluent; it is the daily reception of hundreds of tons of garbage that generate leachate, unbearable odors, proliferation of vectors, and direct health risks for the population of Santa Rosa and surrounding areas. The report does not deny that the landfill continues to receive waste from the GAM; it simply remains silent on this matter. That silence is eloquent and condemnatory. IV. Urgent and non-deferrable need for the immediate suspension of the arrival of solid waste from the Central Plateau to Limón It is imperative, non-deferrable, and indispensable that this Chamber immediately order the total and definitive suspension of the arrival of solid waste from the Central Plateau to the 'El Tomatal' sanitary landfill in Limón. Every day that this illegal transfer is allowed to continue, the irreparable damage is aggravated: the depletion of the site accelerates, leachate multiplies, the nauseating odors that invade Santa Rosa and surrounding areas intensify, and the risk of contamination of the aquifer located exactly on its boundary increases exponentially. This is not a minor inconvenience. It is a real, current, and growing threat against the right to a healthy environment, public health, and the water resource of the entire province. The omission and inaction of the respondent authorities have turned this transfer into an environmental and public health time bomb. The Constitutional Chamber can no longer allow the garbage from the Central Plateau to continue being dumped, under technical excuses or strategic silences, onto a site that lacks the indispensable permits and that places thousands of people from Limón in imminent danger. The immediate suspension of the arrival of waste is a measure of constitutional urgency that admits no further delay. V. Indisputable admissibility of the amparo action and requested measures The facts exposed constitute a manifest, grave, and current violation of fundamental rights: • Right to a healthy and ecologically balanced environment (Art. 50 Constitution). • Right to health (Art. 21 and 46 Constitution). • Right to prior consultation under ILO Convention 169 (ratified by Costa Rica and with constitutional rank). • Principles of prevention and precaution (Law 7554 and constant jurisprudence of this Chamber). I expressly request this Chamber: 1. To uphold the amparo action. 2. To order the immediate and total suspension of the deposit and arrival of solid waste coming from the Central Plateau at 'El Tomatal' until full compliance with all environmental, sanitary, hydrogeological, and consultation permits is proven. 3. To order MINAE, Ministry of Health, and the Municipality of Limón to carry out a comprehensive and updated environmental assessment of the site, with emphasis on the hydrogeological risk to the aquifer. 4. To impose any precautionary measures deemed pertinent to prevent further damage. VI. Conclusion The report rendered by the Director of Water not only does not refute the charges of the amparo action: it corroborates and aggravates them. It confirms the denial of the permit, the illegal persistence of the infrastructure, and, above all, reveals a deliberate omission regarding the critical location of the landfill on the boundary of the aquifer. The Chamber cannot permit that, under partial technical formalities and strategic silences, the population of Limón —and the water resource itself— continues to be exposed to documented and catastrophic environmental and health risks. The immediate suspension of the arrival of waste from the Central Plateau is a non-deferrable constitutional requirement. The admissibility of the amparo action is evident, urgent, and non-deferrable" (see electronic record).

22.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed.

Prepared by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE ACTION: The appellant —a resident of Barrio Roosevelt in the central canton of Limón— claims that since late 2025, the Ministry of Health has authorized the massive transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), without conducting prior, free, and informed consultation with the affected population, violating ILO Convention 169. He affirms that the sanitary landfill does not have a valid discharge permit. The last application was denied by resolution DA-1079-2024 of SETENA, at eight forty-eight a.m. on April 25, 2024, due to environmental non-compliances. Despite this, modifications have been made to the original project design without an adequate reassessment of the Environmental Impact Assessment (EIA), accelerating its depletion and exposing the population to risks in a high-rainfall zone. He emphasizes that on January 7, 2026, he sent official communication MLV-005-2026 to the Mayoress of Limón, the Minister of Health, and the Municipal Council, demanding a technical report on the justification for the transfer, invoking General Health Law No. 5395, the Comprehensive Waste Management Law No. 8839, and the precautionary and preventive principles. In response, the Ministry of Health issued communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-00158-2026 of January 13, 2026, which is evasive: it refers the environmental viability to SETENA, does not provide projections of the landfill's useful life, and justifies the transfer under Executive Decree No. 44974-S (Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos), without scientific evidence of sustainability or prior consultation. He says that the conduct of the Ministry of Health and SETENA is negligent and arbitrary, endorsing unsustainable formalities without scientific evidence, violating the peace and safety of the people of Limón.

II.- PROVEN FACTS: For the importance of the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them:

REGARDING THE GOVERNING HEALTH AREA

a) That the useful life of the Limón Sanitary Landfill is estimated at approximately 29 years, according to the latest operational report (see respondent authority's report).

b) That the Ministry of Health, before the year 2023, conducted an average of one to three inspections per year at the sanitary landfill in question, and starting in the year 2024, inspections became monthly, and during the months of February and March 2025, the frequency of inspections was fortnightly to weekly (see respondent authority's report).

c) That quarterly monitoring of the site is carried out, which allows detecting and evaluating possible changes in its disposal capacity (see respondent authority's report).

d) That no significant increase in the volume of incoming waste has been identified that could affect the projected useful life of the landfill (see respondent authority's report).

e) That quarterly monitoring of the site is carried out, which allows detecting and evaluating possible changes in its disposal capacity (see respondent authority's report).

f) That in official communication MS-DSA-UGSA-385-2025 of the Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón, signed by Eng. Ricardo Morales Vargas, Head, Environmental Health Management Unit, and Eng. Lourdes Sánchez Delgado, Civil Engineer, DSA-UGSA, it was indicated: "...CONCLUSIONS: 3) Useful life analysis: The calculation of the project's useful life is restricted due to the absence of detailed information on the base of the cell..." (see respondent authority's report).

g) That by means of communication CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, the appellant was informed of the following: "...A cordial greeting. In response to a request, an analysis was conducted by Dr. Aura Baltodano Madrigal, from the health services department, through report CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, which indicates the following: Regarding the discharge permit of the company Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A as the generating entity, legal ID 3-101-215741, and in follow-up to resolution DA-1079-2024, of April twenty-nine, two thousand twenty-four, where said permit is DENIED, administrative act MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS is notified, which the administered party complies with, and the sanitary order is lifted under communication CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025..." (see respondent authority's report).

h) That the Governing Health Area of Limón carries out monthly technical follow-up on the physical-sanitary and operational conditions of the Parque Tecnológico, thus ensuring constant monitoring of the establishment and applying the corresponding administrative measures in the event of identifying non-compliances with regulations (see respondent authority's report).

i) That by means of communication No. CARTA-MS-DGS-0275-2026 dated January 30, 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, General Director of Health, the following is reported: "(...) Since the appellant's request is specifically regarding the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), I report that this General Directorate of Health requested corresponding information from the Regional Directorates within the GAM, whose information on exceptions granted is detailed below: • Municipality of Paraíso: Exception granted by CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipality of Oreamuno: Exception granted by CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipality of Jiménez: Exception granted by CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipality of Belén: Exception granted by CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipality of Escazú: Exception granted by CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipality of Curridabat: Exception granted by MS-DRRSCS-0162-2026. • Municipality of Alajuelita: Exception granted by RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. It is important to note that these authorizations are granted until April 28 of this year. (...)" (see respondent authority's report).

REGARDING SETENA

j) That the project in question corresponds to file FEAP-0242-2004-SETENA, project "Relleno Sanitario de Limón," Cadastral Plan No.: L-689751-87 Project Description: "Construction of a sanitary landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property (cadastral plan L-689751-87). The landfill will occupy 86 177 m2. It has had environmental viability since 2008, at which time the environmental impact studies for the development of said project were approved; the approval of environmental viability was granted by resolution No.

0914-2008-SETENA" (see the report of the respondent authority).

k) That the company EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA holds a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) valid until April 28, 2026, which was issued in accordance with the general regulation for sanitary operating permits, enabling permits, and authorization for temporary events of mass concentration of people, granted by the Ministry of Health, Decreto 43432-S; Ley 8839 (see the report of the respondent authority).

l) That SETENA has not granted any approval (visto bueno) to bring solid waste from other areas of the country to the Limón sanitary landfill (see the report of the respondent authority).

REGARDING THE MUNICIPALITY OF LIMÓN

m) That on March 6, 2025, the Municipality of the Central Canton of Limón filed a request for a precautionary measure (medida cautelar) before the Administrative and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José, against "EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A," as well as against the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, which was assigned case number 25-001560-1027-CA, for the same facts described by the petitioner, as the Municipality also disagrees with the transfer of waste, with the claim detailed below: "1) That the present PRECAUTIONARY MEASURE ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte be granted so that, in a Provisionalísima manner, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE CHALLENGED MATERIAL CONDUCT be ordered, that is, the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area to the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector in Santa Rosa de Limón. Likewise, that the defendant EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to stop receiving solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area at the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector in Santa Rosa de Limón. Likewise, I request your authority to grant the same measure as a precautionary measure, until the plenary proceeding that we will file against the controverted conduct is resolved, the foregoing for complying with the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE and the competent agencies of the MINISTRY OF HEALTH and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY be ordered to issue any formal conduct and deploy all necessary material actions to PREVENT the transfer or transport of SOLID WASTE through the SECTION OF NATIONAL ROUTE 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILDERNESS AREA CALLED BRAULIO CARRILLO NATIONAL PARK, until technical studies are available that determine the safety of waste transport under such conditions or palliative measures for the environmental risk are issued. 3) Likewise, I ask the Court to adopt all PRECAUTIONARY MEASURES that this Court deems necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights and legitimate public interests against the effects of the administrative conduct controverted here that will be challenged in the plenary proceeding that we will timely file. The foregoing in order to avoid the generation of further serious, imminent, and irreparable damages." (see the report of the respondent authority).

n) That on March 6, 2025, in case file 25-001560-1027-CA, at twelve hours ten minutes, the Administrative and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José rejected the provisionalísima precautionary measure, because in the judge's opinion there were no studies to demonstrate the serious and irreversible damage alleged by the municipality, despite it being clearly foreseeable; however, despite not granting the precautionary measure, it requested the State and the company in question as follows: "Instead, in accordance with the provisions of Article 24 of the CPCA, the State and Empresas Berthier EBI de CR, S.A. are granted a hearing, for a period of three business days, to respond in writing regarding the precautionary measure requested by the plaintiff, as well as to offer any evidence they deem pertinent. In that same vein, the State is ordered, when providing its response, to indicate whether, in relation to the facts set forth by the plaintiff, there is or is not any scientific technical study referring to the effects and eventual environmental impact of such facts, as well as to provide the respective technical opinion of the competent authorities, namely MINAE and the Ministry of Health. NOTIFY. - Alex Rojas Ortega, Judge." (see the report of the respondent authority).

REGARDING THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY

o) That through file 4672-V, a discharge permit (permiso de vertidos) was granted for the first time by resolution R_0984-2015-AGUAS-MINAE of September 25, 2015, based on the recommendation report AT-3240241-5 of September 7, 2015; to discharge wastewater from the generating entity Parque Tecnología ambiental Limón of the company Berthier EBI de Costa Rica into the channel of the unnamed stream at coordinates latitude: 24157.2 and longitude: 65366.66 (see the report of the respondent authority).

p) That by resolution R-0450-2019-AGUAS-MINAE at 15:14 hours on May 8, 2020, the discharge permit for EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, legal identification number 3-101-215741, represented by Patricia Campos Villagra, identity card number 1-0880-0768, was renewed for a period of 3 years (see the report of the respondent authority).

q) That on September 18, 2020, in accordance with the monitoring plan carried out by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, it was verified that the public-domain water body where the effluent from the treatment plant was being discharged was completely dry (see the report of the respondent authority).

r) That since the riverbed was completely dry, once the discharge permit expired, given the condition of the channel, upon the renewal of the permit being submitted again, it was rejected by resolution DA-1079-2024 of April 29, 2024 (see the report of the respondent authority).

s) That the situation was brought to the attention of the Ministry of Health, which warned EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA to submit the application for authorization for the reuse of water from the treatment system for irrigation (see the report of the respondent authority).

t) That through the Ministry of Health's technical report MS-DRRSHC-URS-IT-0156-2022 of October 2, 2022, it was resolved: "as a result of the review and analysis carried out, a POSITIVE Physical-Sanitary Criterion is defined, for the disposal through reuse of the treated effluent from the wastewater treatment system of the project: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, LOCATED IN SANTA ROSA, LIMON, LIMON" (see the report of the respondent authority).

u) That as stated in official letter DA-UHCAROG-0168-2026, on April 29, 2025, a joint visit to the file site was conducted with officials from the Ministry of Health. A tour of the operating facilities of the Sanitary Landfill was carried out and it was observed that the discharge structure for the STAR to the receiving body (unnamed stream) is still maintained (see the report of the respondent authority).

v) That through official letter DA-UHCAROG-0362-2025 dated May 19, 2025, sent to Eng. Rosibeth Villafuerte Rodríguez of the Health Regulation Process of the Regional Directorate of the Health Rectorate Huetar Caribe of the Ministry of Health, she is requested to order the administered party, through a Sanitary Order, the elimination of the discharge structure for release into a public-domain watercourse, according to the discharge point that was authorized under file 4672-V, since it currently does not have authorization to discharge (see the report of the respondent authority).

w) That through sanitary order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministry of Health ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to eliminate the discharge structure releasing into the unnamed stream (see the report of the respondent authority).

x) That as of the date of rendering the report, the infrastructure had already been removed, so the company Berthier de Costa Rica EBI SA. is not generating any discharge (see the report of the respondent authority).

III.- ON THE SPECIFIC CASE: From the reports rendered by the respondent authorities, which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this implies, it is clear that the useful life of the Limón Sanitary Landfill is estimated at approximately 29 years, according to the latest operational report. It was accredited that the Ministry of Health, before 2023, conducted an average of one to three inspections per year at the sanitary landfill in question, and starting in 2024, inspections became monthly, and during the months of February and March 2025, the frequency of inspections was biweekly to weekly. It was demonstrated that site monitoring is carried out quarterly, which allows for detecting and evaluating possible changes in its disposal capacity and that no significant increase in the volume of incoming waste has been identified that could affect the projection of the landfill's useful life. It was stated that site monitoring is carried out quarterly, which allows for detecting and evaluating possible changes in its disposal capacity. It was verified that in official letter MS-DSA-UGSA-385-2025 from the Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal, Limón, signed by Eng. Ricardo Morales Vargas, Chief of the Environmental Health Management Unit, and Eng. Lourdes Sánchez Delgado, Civil Engineer, DSA-UGSA, it was indicated: "…CONCLUSIONS: 3) Useful life analysis: The calculation of the project's useful life is restricted due to the absence of detailed information on the base of the cell…". It was proven that through official letter CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06682-2025, the petitioner was informed as follows: "…A cordial greeting. In response to your request, an analysis was carried out by Dr. Aura Baltodano Madrigal, from the health services department, through report CARTA-MSDRRSHC-ARSL-06591-2025, which indicates the following. In relation to the discharge permit of the company Empresas Berthier EBI Costa Rica S.A in its capacity as generating entity, legal identification number 3-101-215741, and in follow-up to resolution DA-1079-2024, of April twenty-ninth, two thousand twenty-four, where said permit is DENIED, the administrative act MS-DRRSHC-ARSL-00192-2025-OS is notified, which the administered party complies with, and the lifting of the sanitary order is carried out under official letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL03474-2025…". It was demonstrated that the Health Rectorate Area of Limón conducts monthly technical follow-up on the physical-sanitary and operating conditions of the Technological Park, thus guaranteeing constant monitoring of the establishment and applying the corresponding administrative measures in case of identifying non-compliance with regulations. Subsequently, through official letter No. CARTA-MS-DGS-0275-2026 dated January 30, 2026, signed by Dr. Bernny Villareal Cortés, Director General of Health, the following is reported: "(…) Given that the petitioner's request is specifically about the transfer of ordinary solid waste from the GAM to the Limón sanitary landfill (Parque de Tecnología Ambiental El Tomatal), I inform you that this General Directorate of Health requested corresponding information from the Regional Directorates within the GAM, whose information on exceptions granted is detailed below: • Municipality of Paraíso: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCE0518-2025. • Municipality of Oreamuno: Exception granted through CARTA-MSDRRSCE-0761-2025. • Municipality of Jiménez: Exception granted through CARTA-MS-DPRSAUSA-1042-2025. • Municipality of Belén: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCNURS-IT-1099-2025. • Municipality of Escazú: Exception granted through CARTA-MS-DRRSCS1848-2025 • Municipality of Curridabat: Exception granted through MS-DRRSCS-0162-2026. • Municipality of Alajuelita: Exception granted through RESOLUCIÓN-MSDRRSCS-2979-2025. It is important to note that these authorizations are granted until April 28 of this year. (…)". Regarding SETENA, it was accredited that the project in question corresponds to file FEAP-0242-2004-SETENA, project "Limón Sanitary Landfill," Cadastral Plan No.: L-689751-87 Project Description: "Construction of a sanitary landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property (cadastral plan L-689751-87). The Landfill will occupy 86,177 m2." It has had environmental viability (viabilidad ambiental) since 2008, the time when the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for the development of said project were approved; the approval of the environmental viability was granted through Resolution No. 0914-2008-SETENA. It was verified that the company EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA holds a sanitary operating permit valid until April 28, 2026, which was issued in accordance with the general regulation for sanitary operating permits, enabling permits, and authorization for temporary events of mass concentration of people, granted by the Ministry of Health, Decreto 43432-S; Ley 8839, and that no approval has been granted whatsoever to bring solid waste from other areas of the country to the Limón sanitary landfill. Regarding the Municipality of Limón, it was verified that on March 6, 2025, the Municipality of the Central Canton of Limón filed a request for a precautionary measure before the Administrative and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José, against "EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S.A," as well as against the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, which was assigned case number 25-001560-1027-CA, for the same facts described by the petitioner, as the Municipality also disagrees with the transfer of waste, with the claim detailed below: "1) That the present PRECAUTIONARY MEASURE ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte be granted so that, in a Provisionalísima manner, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE CHALLENGED MATERIAL CONDUCT be ordered, that is, the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area to the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector in Santa Rosa de Limón. Likewise, that the defendant EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to stop receiving solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area at the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector in Santa Rosa de Limón. Likewise, I request your authority to grant the same measure as a precautionary measure, until the plenary proceeding that we will file against the controverted conduct is resolved, the foregoing for complying with the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE and the competent agencies of the MINISTRY OF HEALTH and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY be ordered to issue any formal conduct and deploy all necessary material actions to PREVENT the transfer or transport of SOLID WASTE through the SECTION OF NATIONAL ROUTE 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILDERNESS AREA CALLED BRAULIO CARRILLO NATIONAL PARK, until technical studies are available that determine the safety of waste transport under such conditions or palliative measures for the environmental risk are issued. 3) Likewise, I ask the Court to adopt all PRECAUTIONARY MEASURES that this Court deems necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights and legitimate public interests against the effects of the administrative conduct controverted here that will be challenged in the plenary proceeding that we will timely file. The foregoing in order to avoid the generation of further serious, imminent, and irreparable damages." That same day in case file 25-001560-1027-CA, at twelve hours ten minutes, the Administrative and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José rejected the provisionalísima precautionary measure, because in the judge's opinion there were no studies to demonstrate the serious and irreversible damage alleged by the municipality, despite it being clearly foreseeable; however, despite not granting the precautionary measure, it requested the State and the company in question as follows: "Instead, in accordance with the provisions of Article 24 of the CPCA, the State and Empresas Berthier EBI de CR, S.A. are granted a hearing, for a period of three business days, to respond in writing regarding the precautionary measure requested by the plaintiff, as well as to offer any evidence they deem pertinent. In that same vein, the State is ordered, when providing its response, to indicate whether, in relation to the facts set forth by the plaintiff, there is or is not any scientific technical study referring to the effects and eventual environmental impact of such facts, as well as to provide the respective technical opinion of the competent authorities, namely MINAE and the Ministry of Health. NOTIFY. - Alex Rojas Ortega, Judge." Regarding the Ministry of Environment and Energy, it was evidenced that through file 4672-V, a discharge permit was granted for the first time by resolution R_0984-2015-AGUAS-MINAE of September 25, 2015, based on recommendation report AT-3240241-5 of September 7, 2015; to discharge wastewater from the generating entity Parque Tecnología ambiental Limón of the company Berthier EBI de Costa Rica into the channel of the unnamed stream at coordinates latitude: 24157.2 and longitude: 65366.66. Subsequently, by resolution R-0450-2019-AGUAS-MINAE at 15:14 hours on May 8, 2020, the discharge permit for EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, legal identification number 3-101-215741, represented by Patricia Campos Villagra, identity card number 1-0880-0768, was renewed for a period of 3 years. It was indicated that on September 18, 2020, in accordance with the monitoring plan carried out by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, it was verified that the public-domain water body where the effluent from the treatment plant was being discharged was completely dry. It was stated that since the riverbed was completely dry, once the discharge permit expired, given the condition of the channel, upon the renewal of the permit being submitted again, it was rejected by resolution DA-1079-2024 of April 29, 2024. It was proven that the situation was brought to the attention of the Ministry of Health, which warned EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA to submit the application for authorization for the reuse of water from the treatment system for irrigation; therefore, through the Ministry of Health's technical report MS-DRRSHC-URS-IT-0156-2022 of October 2, 2022, it was resolved: "as a result of the review and analysis carried out, a POSITIVE Physical-Sanitary Criterion is defined, for the disposal through reuse of the treated effluent from the wastewater treatment system of the project: PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL EBI, LOCATED IN SANTA ROSA, LIMON, LIMON". It was indicated that as stated in official letter DA-UHCAROG-0168-2026, on April 29, 2025, a joint visit to the file site was conducted with officials from the Ministry of Health. A tour of the operating facilities of the Sanitary Landfill was carried out and it was observed that the discharge structure for the STAR to the receiving body (unnamed stream) is still maintained. It was proven that through official letter DA-UHCAROG-0362-2025 dated May 19, 2025, sent to Eng. Rosibeth Villafuerte Rodríguez of the Health Regulation Process of the Regional Directorate of the Health Rectorate Huetar Caribe of the Ministry of Health, she was requested to order the administered party, through a Sanitary Order, the elimination of the discharge structure for release into a public-domain watercourse, according to the discharge point that was authorized under file 4672-V, since it currently does not have authorization to discharge. It was evidenced that through sanitary order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministry of Health ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to eliminate the discharge structure releasing into the unnamed stream. Finally, it was stated that as of the date of rendering the report, the infrastructure had already been removed, so the company Berthier de Costa Rica EBI SA. is not generating any discharge. Based on the foregoing, it is possible to conclude the following:

1.) That file FEAP-0242-2004-SETENA, titled "Limón Sanitary Landfill," is being processed at SETENA, which has had environmental viability since 2008, the time when the environmental impact studies for the development of said project were approved; the approval of the environmental viability was granted through Resolution No. 0914-2008-SETENA. According to the resolution, the project description is as follows: … Cadastral Plan No.: L-689751-87, Project Description: Construction of a sanitary landfill with a capacity of 80 tons of garbage per day, on a 45 ha property.

2.) That SETENA has not granted any approval whatsoever to transfer solid waste from other areas of the country to the Limón sanitary landfill.

3.) That through file 4672-V, a discharge permit was granted for the first time by resolution R_0984-2015-AGUAS-MINAE of September 25, 2015, based on recommendation report AT-3240241-5 of September 7, 2015; to discharge wastewater from the generating entity Parque Tecnología ambiental Limón of the company Berthier EBI de Costa Rica into the channel of the unnamed stream at coordinates latitude: 24157.2 and longitude: 65366.66.

4.) In the ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, case file 25-001560-1027-CA is being processed, which is a proceeding for a Precautionary Measure Ante Causam requested by the Municipality of Limón against Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A., legal identification number 3-101-215741, and the State. The local government's request is as follows: ""1) That the present PRECAUTIONARY MEASURE ANTE CAUSAM, Inaudita Altera Parte be granted so that, in a Provisionalísima manner, without any delay and prima facie, the IMMEDIATE SUSPENSION OF THE CHALLENGED MATERIAL CONDUCT be ordered, that is, the transfer of solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area to the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector in Santa Rosa de Limón. Likewise, that the defendant EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA be ordered to stop receiving solid waste produced, collected, or recovered in the Greater Metropolitan Area at the PARQUE DE TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LIMÓN, in the EL TOMATAL sector in Santa Rosa de Limón. Likewise, I request your authority to grant the same measure as a precautionary measure, until the plenary proceeding that we will file against the controverted conduct is resolved, the foregoing for complying with the structural characteristics of instrumentality, urgency, and provisionality. 2) That the STATE and the competent agencies of the MINISTRY OF HEALTH and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY be ordered to issue any formal conduct and deploy all necessary material actions to PREVENT the transfer or transport of SOLID WASTE through the SECTION OF NATIONAL ROUTE 32 THAT CROSSES THE PROTECTED WILDERNESS AREA CALLED BRAULIO CARRILLO NATIONAL PARK, until technical studies are available that determine the safety of waste transport under such conditions or palliative measures for the environmental risk are issued. 3) Likewise, I ask the Court to adopt all PRECAUTIONARY MEASURES that this Court deems necessary and urgent for the effective protection of our subjective rights and legitimate public interests against the effects of the administrative conduct controverted here that will be challenged in the plenary proceeding that we will timely file. The foregoing in order to avoid the generation of further serious, imminent, and irreparable damages." -The precautionary measure was rejected-.

5.) That the Health Rectorate Area of Limón, before 2023, conducted an average of one to three inspections per year at the Sanitary Landfill; that, starting in 2024, inspections became monthly, and during the months of February and March of the current year, the frequency of inspections was biweekly to weekly.

6.) That through sanitary order MSDRRSHC-ARSL-00192-2025-OS, the Ministry of Health ordered Empresa Berthier de Costa Rica EBI SA to eliminate the discharge structure releasing into the unnamed stream - infrastructure that was duly removed, so the company Berthier de Costa Rica EBI S.A. is not generating any discharge-.

This Chamber, through judgment number 2025-026093 at twelve hours fifty minutes on August fourteenth, two thousand twenty-five, resolved the amparo appeal number 25-008408-0007-CO filed by Maribel Morales Céspedes against the MUNICIPALITY OF LIMÓN, EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., MINISTRY OF HEALTH, AND THE SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL and indicated:

"II.- PURPOSE OF THE APPEAL: The appellant files for amparo and alleges that since November 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has transferred significant quantities of solid waste weekly from the Greater Metropolitan Area (GAM) to the sanitary landfill located in the province of Limón, specifically at the Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal. She expresses that this massive transfer of waste is carried out without the Municipality of Limón or other local authorities having been previously notified or consulted, as publicly stated by the mayor of Limón. She accuses that the described transfer directly endangers the constitutional right to a healthy environment, negatively affects the tourist image of the region, an essential source of employment and economic development for Limón. Likewise, the environmental deterioration would increase the sanitary risk and affect the public health of the province's inhabitants, as a direct impact on public health; contamination by leachate (lixiviados) and gases derived from waste decomposition will affect air quality and water sources, with a corresponding increase in the risk of respiratory and gastrointestinal diseases; direct impact on tourism and the economy. She explains that the management of solid waste corresponds by law to each local government, so transferring waste from other regions breaches the legal and constitutional obligation of the Metropolitan Area municipalities to properly manage their own solid waste. She points out that given this problem, there has been a lack of state supervision, such as from the Ministry of Health and SETENA; a situation that constitutes a direct violation of the oversight and control duty borne by the State. For the reasons stated, she requests the intervention of this Court so that it be ordered: a) to the Ministry of Health to immediately and permanently prohibit the transfer, storage, or disposal of waste from the GAM to the province of Limón, in any of its sanitary landfills; b) that the Ministry of Health, SETENA, and the Municipality of Limón be ordered to carry out an immediate technical and sanitary inspection at the Limón sanitary landfill, to determine the current state and the damages caused by the illegal transfer of waste from the GAM or any other region, and that the local authorities be ordered to immediately implement corrective and remedial measures to contain the environmental and sanitary effects caused by the improper accumulation of such waste; c) that the Ministry of Health and SETENA be ordered to present to this Chamber a certified copy of any contract, administrative authorization, or permit through which the transfer of waste from the GAM to Limón by EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has been allowed.

(…)

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant alleges that since November 2024, EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA has transferred significant quantities of solid waste weekly from the Greater Metropolitan Area (GAM) to the sanitary landfill located in the province of Limón, specifically at the Parque Tecnológico Ambiental "El Tomatal". She alleges that said waste transfer is carried out without the Municipality of Limón or other local authorities having been previously notified or consulted. She accuses that the described transfer endangers the healthy environment, negatively affects the tourist image of the region, an essential source of employment and economic development for Limón. Likewise, the environmental deterioration would increase the sanitary risk and affect the public health of the province's inhabitants, as a direct impact on public health; contamination by leachate and gases derived from waste decomposition will affect air quality and water sources, with a corresponding increase in the risk of respiratory and gastrointestinal diseases; direct impact on tourism and the economy.

It explains that the management of solid waste (residuos sólidos) is legally the responsibility of each local government, and therefore transferring waste from other regions breaches the legal and constitutional obligation of the municipalities of the Metropolitan Area to properly manage their own solid waste. It points out that in the face of this problem, there has been a lack of state supervision, such as by the Ministry of Health and SETENA; a situation that constitutes a direct violation of the oversight and control duty that rests upon the State.

In this regard, from the analysis of the reports rendered under oath by the respondent authorities, subject to the warnings, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and the documentation provided to the case file, it is deemed accredited that the project in question is being processed under case file FEAP-0242-2004-SETENA, which corresponds to the project “Relleno Sanitario de Limón,” Cadastral Map No.: L-689751-87 Project Description: “Construction of a sanitary landfill (relleno sanitario) with a capacity of 80 tons of waste per day, on a 45 ha property (cadastral map L-689751-87). The landfill will occupy 86,177 m2. Likewise, it has had environmental feasibility (viabilidad ambiental) since 2008, at which time the environmental impact assessment studies for the development of said project were approved; the approval of environmental feasibility was granted through resolution No. 0914-2008-SETENA.” Equally, it is on record that the company BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA holds a valid sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) until April 28, 2026, granted by the Ministry of Health.

Similarly, it is deemed accredited that due to inconsistencies that were occurring at the Parque de Tecnología Ambiental EBI, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSHC-ARSL-00062-2025-OS, wherein the administration of said project was ordered to carry out a series of measures and a schedule of activities in order to solve the problems found, for the proper compaction and covering of solid waste, in compliance with current regulations; the correct disposal of contaminated material or soil, guaranteeing it is not used as cover, and ensuring its treatment and providing a stockpile of cover material in accordance with established regulation; proposing control measures for scavenger fauna, considering options such as optimizing waste coverage and implementing strategies to prevent their presence. Therefore, through technical report MS-DRRSHC-URS-IT-0034-2025 dated April 1, 2025, the civil engineer of the Health Regulation Process of the Health Stewardship Unit of the Huetar Caribe Region informs the head of that unit that the intervention plan required in sanitary order No. MS-DRRHSC-ARSL-00062-2025 was received, a document presented by the representatives of the respondent company, which describes the methodological actions to address the observations made, and which is approved by the regulatory body, which also recommends that the Área Rectora de Salud de Limón continue monitoring the compliance and progress of the submitted intervention plan.

Thus, from the foregoing, the Chamber considers that the appellant's argument lacks merit. This is because it was demonstrated that, contrary to what she alleged, said project does have regulation and supervision by the corresponding authorities, specifically by the Ministry of Health, which has maintained constant vigilance as seen in the proven facts of this judgment. In effect, it was possible to prove that the sanitary landfill located in the province of Limón, specifically in the Parque Tecnológico Ambiental “El Tomatal,” does have the environmental impact assessment approved by SETENA, in favor of the company BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, and a valid sanitary operating permit until April 28, 2026, granted by the Ministry of Health. Now then, the representative of the respondent ministry indicated that said project presented flaws in its operation, for which reason that ministry has been carrying out the corresponding interventions so that the respondent company solves the problems found in the in-situ inspections; a situation that, as of the date the reports are rendered, shows that the respondent ministry has been monitoring the problem and that the respondent company has been complying with what that ministry has required; with the result that in the last inspection carried out, the intervention plan provided by the company in question was approved and recommendations were issued so that long-term actions for the proper management of the sanitary landfill are maintained.

Finally, according to what was reported under oath by the representative of the Ministry of Health, subject to the warnings, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, before the year 2023 that ministry conducted an average of one to three inspections per year of the sanitary landfill in question, and starting in 2024 the inspections became monthly and during the months of February and March of the current year the frequency of inspections was biweekly to weekly; that is to say, all these actions were carried out before having knowledge of this appeal. Due to the foregoing, this Chamber dismisses the violation of fundamental rights and consequently the appeal is declared without merit on this point.

V.- Furthermore, Dra. Mariela de los Ángeles Marín Mena, in her capacity as acting Minister of Health, must take note of her duty as a guardian in the protection of public health, and she must coordinate with the corresponding authorities to maintain constant inspection and control of the environmental conditions generated by the sanitary landfill in question, in order to protect the health of the population of the province of Limón, as well as the protection of the right to a healthy environment.

VI.- Furthermore, the appellant asks the Chamber to order the respondent company to provide a certified copy of any contract, administrative authorization, or permit through which the transfer of waste from the GAM to Limón by EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA was allowed. On this particular point, from the evidence provided to the appeal, there is no proof that the interested party has requested the information she alleges from the competent authority; consequently, regarding this claim, the appeal is also declared without merit.

VII.- In summary, the appeal is declared without merit on all points.

In application of the cited precedent and the list of proven facts, the appeal becomes inadmissible. Firstly, as was shown, the project does have regulation and supervision by the corresponding authorities, specifically by the Ministry of Health, which has maintained constant vigilance. Secondly, since February 18, 2025, Sanitary Order No. MS-DRRSHC-ARSL-00046-2025 was notified to the company Berthier, through which a period of 10 business days was granted for the main aeration chamber of the wastewater treatment system at the PTA El Tomatal facilities to become operational, and it was ordered not to accept entry of other quantities of solid waste that were not contemplated in the initial proposal submitted to the Ministry of Health, meaning it was prevented from transferring solid waste from the GAM, among others; thirdly, although it is true that a trailer transporting waste from the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana, GAM) attempted to enter the Limón sanitary landfill, it is also true that the Municipal Police, the Ministry of Health, and Traffic Police stopped the trailer transporting waste from the Greater Metropolitan Area and it was returned to its place of origin, La Carpio; fourthly, when transfer outside the municipal territory where waste is generated is necessary for treatment or final disposal, the distance may not exceed 80 kilometers from the farthest point of generation; fifthly, while it is true the Ministry of Health was aware that the discharge structure for the STAR to the receiving body (an unnamed stream) had to be removed because the public domain water body where the treatment plant effluent was being discharged was completely dry, and by April 29, 2025, it was verified that the discharge structure for the STAR to the receiving body was still in place, it is no less true that as of the date the reports were rendered, it was confirmed that no discharge is being generated by the company Berthier de Costa Rica EBI SA into the stream. Such being the case, the appropriate course is to declare the appeal without merit.

IV.- Now then, the authorities of the Ministry of Health must coordinate with the corresponding authorities in order to maintain constant vigilance and control over the discharge structure for the STAR to the receiving body used by the company Berthier de Costa Rica EBI SA.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE: The appellant is warned that, if she has provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, she must remove them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared without merit. The authorities of the Ministry of Health shall take note of the penultimate Considerando of this judgment. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	 





Fernando Cruz C.

	 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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