Res. 13335-2026 Sala Constitucional — SETENA must comply with sending EIA extracts to municipalitiesSETENA debe cumplir con remitir extractos de EIA a municipalidades

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 13335 - 2026

Fecha de la Resolución: 21 de Abril del 2026 a las 09:20

Expediente: 26-003727-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Acceso a la Justicia,Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

ESTUDIOS AMBIENTALES.

Tema: INFORMACIÓN

Subtemas:

OMISA.

Tema: PETICIÓN

Subtemas:

OMISA.

013335-26. AMBIENTE. INFORMACIÓN. PETICIÓN. SE ORDENA A SETENA, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO AL DEBER DE COMUNICACIÓN OPORTUNA A LAS MUNICIPALIDADES RESPECTIVAS SOBRE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL SOMETIDAS A SU CONOCIMIENTO. VCG05/2026

“(…) III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente indica que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente obliga a la Setena a remitir un extracto de toda evaluación de impacto ambiental a las municipalidades respectivas. Señala que remitió una gestión el 15 de enero de 2026 a la Setena, poniéndole en conocimiento de tal situación, en relación con el gobierno local de Cóbano. Apunta que recibió una respuesta que confirma el incumplimiento de la ley. Considera que se lesiona el derecho de petición, justicia pronta, participación y ambiente sano.

Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, por nota del 15 de enero de 2026, el recurrente solicitó a la Setena: “…me dirijo a esta Secretaría con el fin de poner en su conocimiento y remitir el oficio DGA-004-2026, emitido por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, mediante el cual se expone la inaplicación del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, en particular en lo relativo a la remisión oportuna de extractos de las evaluaciones de impacto ambiental a los gobiernos locales y a la divulgación de los estudios sometidos a evaluación. Con fundamento en lo anterior, consulto formalmente a esta Secretaría cuáles son las razones por las cuales no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en dicho artículo, así como si existe algún criterio, lineamiento o práctica institucional que explique dicha omisión”. Mediante oficio CARTA-SETENA-SG-0100-2026 del 29 de enero de 2026, la Setena respondió al interesado: “En respuesta a su documento sin consecutivo en referencia al oficio DGA-004-2026, donde solicitan las razones por las cuales no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como si existe algún criterio, lineamiento o práctica institucional que explique dicha omisión; al respecto nos complace informarle sobre los avances institucionales para fortalecer la transparencia y el acceso a la información, en total correspondencia con el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. Desde el año 2022, esta Secretaría se encuentra en una etapa activa de modernización tecnológica, impulsada por la Reforma del DE.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Este proceso de transición hacia una Plataforma Digital integral, tiene como objetivo optimizar el cumplimiento de la normativa vigente y facilitar la interacción con los usuarios. Dentro de las mejoras que estamos implementando, destacan: • Desarrollo de un Dashboard de Consulta: Estamos finalizando una herramienta de visualización de datos que permitirá a los usuarios externos filtrar y consultar expedientes por cantón, tipo de instrumento, estado, entre otros, garantizando un acceso ágil y directo. • Sistema Automatizado de Notificaciones: Con el fin de estrechar la comunicación con los gobiernos locales, iniciaremos una gestión para registrar los correos electrónicos oficiales de todas las municipalidades. Esto permitirá que reciban notificaciones automáticas en el momento en que ingrese alguna actividad, obra o proyecto por medio de los formularios D1- EsIA y D1-PPGA, a través de la plataforma digital. • Comunicación Oficial: Esta Secretaría remitirá un oficio formal a cada Municipalidad para coordinar este flujo de información y asegurar que la transición digital sea exitosa y beneficiosa para todas las partes. Lo anterior en aras de cumplir con la disposición normativa supracitada”. Desde 2022, la Setena migró a una plataforma de gestión digital de acceso irrestricto. Tal plataforma tiene una opción de visor de expedientes, donde se observan en un mapa los proyectos por número de expediente ingresados a Evaluación Ambiental. Asimismo, se pueden localizar por cantón. En la página de internet de la Setena hay un listado de los expedientes ingresados para evaluación ambiental, que es de consulta abierta.

Recientemente, la Sala se refirió a los principios ambientales y la coordinación interadministrativa en los siguientes términos:

“En el sub lite, de primero se traen a colación los principios constitucionales en materia ambiental. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 precisó esta Sala:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)”

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente  lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”.

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica. En ese sentido véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”.

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

 

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, en la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre05 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

Una evolución de lo antedicho ha desembocado en la instauración del “principio pro natura”, en la cual se deja de lado la parte de “in dubio”, de manera que su ámbito de aplicación se ensancha y cubre situaciones en las cuales no necesariamente existe incertidumbre jurídica. De este modo, la aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Nombre06 y Nombre07, 2018).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió por primera vez a este principio en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, en la cual determinó que, en el marco de protección de la naturaleza como sujeto de derechos, el principio pro natura debe interpretarse de manera armónica con el principio pro persona -véase párr. 281-. Asimismo, la Corte IDH vinculó el principio pro natura con otros procesales, a saber “los principios de disponibilidad de la prueba, cooperación procesal, pro persona (…) y pro actione” como parte de las reglas probatorias a emplearse en cuanto al derecho de acceso a la justicia -en tal sentido obsérvese el párr. 582-.

En suma, el principio pro natura estatuye que, ante cualquier conflicto jurídico, siempre debe prevalecer aquella interpretación que mejor favorezca la protección de la naturaleza y el pleno disfrute de los derechos ambientales, aun cuando no se esté ante una situación en la que medie incertidumbre. Esta pauta hermenéutica debe seguirse en toda relación entre Estado, sociedad y ambiente, de manera que siempre se elija la solución que mejor proteja a la naturaleza.

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los (sic) estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (sentencias de la Sala Constitucional nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012)”. (Sentencia nro. 2025-038435 de las 9:15 horas del 21 de noviembre de 2025).

“IV.- EN CUANTO AL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser interorgánica –entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía– o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación. En materia ambiental, este principio toma un matiz diferenciado, siendo que resulta de relevancia lo dicho por este Tribunal en Sentencia No. 2012-008892 de las 16:03 horas de 27 de junio de 2012:

“(…) “III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).”

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).”

En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a duda que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación (…)”. (Sentencia nro. 2026007080 de las 9:30 horas del 27 de febrero de 2026).

Ahora bien, al analizar los elementos anteriores, la Sala estima como incontrovertido que la Setena no envía actualmente a las municipalidades el extracto que dispone el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. En criterio de este Tribunal, lo anterior se traduce en una lesión constitucional, con base en la jurisprudencia ut supra transcrita.

En primer lugar, desde la perspectiva ambiental, la omisión debilita la aplicación efectiva de los principios preventivo y precautorio. Es claro que las municipalidades, por su cercanía territorial y conocimiento del contexto local, cumplen un papel esencial en la identificación temprana de riesgos ambientales y en la fiscalización de proyectos dentro de su jurisdicción. Si no reciben el extracto de la evaluación de impacto ambiental, se les priva de información clave para advertir posibles impactos negativos, formular observaciones técnicas o participar oportunamente en el proceso de toma de decisiones.

En segundo, el incumplimiento afecta también el principio de coordinación interadministrativa. En materia ambiental, la jurisprudencia citada resalta que la protección del ambiente es una tarea común del Estado como un todo, lo que incluye a la Setena y las municipalidades. No remitir el extracto de la evaluación a estas últimas rompe los canales de comunicación y coordinación, dificultando la labor municipal de control en materia ambiental.

En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso. (…)”

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: INFORMACIÓN

Subtemas:

OMISA.

 IV.- Voto salvado del magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas, con redacción de la última.

 Respetuosamente, luego de analizar lo que consta en autos, nos separamos de la mayoría, pues estimamos no se advierte una lesión a los derechos fundamentales del tutelado. En lo que respecta a su gestión de información, se verifica que fue atendida en fecha anterior a la interposición del amparo. Tal como este Tribunal lo ha reiterado en innumerables ocasiones el derecho petición conlleva el derecho a obtener una respuesta, pero ella no debe ser necesariamente en el sentido pretendido por el interesado. En lo referente al cumplimiento del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, consideramos que no corresponde a esta jurisdicción velar por el mero cumplimiento normativo de una ley o reglamento, sino salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Ciertamente, muchas veces esto se lleva a cabo mediante el cumplimiento de una norma que desarrolla un derecho fundamental, pero el respeto de este no siempre se logra únicamente a través del cumplimiento de una disposición. En este caso, la pretensión del justiciable busca el cumplimiento del citado ordinal. No obstante, lo anterior no está vinculado con una situación concreta que evidencie alguna amenaza o lesión concreta a derechos fundamentales. Además, y tal como se acreditó y consta en los hechos probados se la sentencia, desde 2022 la Setena migró a una plataforma de gestión digital de acceso irrestricto, que tiene una opción de visor de expedientes, donde se observan en un mapa los proyectos por número de expediente ingresados a evaluación ambiental; asimismo, se pueden localizar por cantón. También en la página de internet de la Setena hay un listado de los expedientes ingresados para evaluación ambiental, que es de consulta abierta. En virtud de lo expuesto, salvamos el voto y declaramos sin lugar el recurso.

VCG05/2026

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

ESTUDIOS AMBIENTALES.

 V.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.

 Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría, que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

 La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VCG05/2026

... Ver más
Texto de la resolución



Exp: 26-003727-0007-CO

Res. Nº 2026013335

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 26-003727-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 2 de febrero de 2026, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente establece un mecanismo de transparencia y coordinación interinstitucional de carácter obligatorio e imperativo. Afirma que, dicha norma dispone que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental debe remitir un extracto de toda evaluación de impacto ambiental a las municipalidades respectivas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recibo, además de asegurar una profusa divulgación de los estudios sometidos a su consideración mediante medios de comunicación colectiva, lo cual no es facultativo, sino que constituye una garantía procedimental básica para asegurar que los gobiernos locales y la ciudadanía puedan ejercer su derecho de participación en cualquier etapa del proceso de evaluación. Acota que, a pesar de la vigencia de la norma citada, SETENA ha omitido de manera recurrente el cumplimiento de este deber de comunicación. Señala que, mediante el oficio DGA-004-2026 del 15 de enero de 2026, la Oficina de Gestión Ambiental del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano confirmó que no recibe por parte de SETENA comunicación alguna sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental dentro de su jurisdicción. Esta omisión obliga a los municipios a enterarse de los proyectos de manera reactiva, ya sea por solicitudes de terceros o mediante búsquedas manuales en plataformas digitales deficientes, lo que les impide ejercer su rol de rectores del desarrollo local y fiscalizadores ambientales de forma oportuna. Ante la evidente omisión del mandato legal, el 15 de enero de 2026, dirigió formal gestión ante la Comisión Plenaria de SETENA. En dicha petición se puso en conocimiento de la autoridad la denuncia emitida por el gobierno local de Cóbano y se consultó formalmente sobre las razones técnicas o jurídicas que sustentan la inaplicación sistemática del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente en lo relativo a la remisión de extractos y la divulgación de estudios. Indica que, mediante el oficio CARTASETENA-SG-0100-2026 del 29 de enero de 2026, la Dirección General de SETENA emitió respuesta que admite la omisión denunciada. En dicha comunicación, la autoridad refiere que “apenas se encuentran en una "etapa activa de modernización tecnológica" para fortalecer la transparencia y el acceso a la información. Señala, además, que están "finalizando una herramienta de consulta" e "iniciarán una gestión" para registrar los correos oficiales de las municipalidades y así poder automatizar las notificaciones.” Esgrime que, dicha respuesta confirma que el flujo de información mandatado por ley no se está realizando de forma efectiva y que el cumplimiento del artículo 22 depende de proyectos tecnológicos aún no finalizados. Arguye que, al omitir la notificación temprana a las municipalidades, SETENA debilita el principio preventivo del Derecho Ambiental, pues se emiten viabilidades ambientales basadas exclusivamente en la información del desarrollador, sin el contraste técnico que pueden aportar los gobiernos locales desde su realidad territorial. Esta inacción es la que motiva la interposición del presente recurso de amparo, sustentado en la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

2.- Por resolución de las 12:58 horas del 10 de marzo de 2026 se dio curso al amparo.

3.- Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo siguiente: “PRIMERO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y LA COMPETENCIA DE SETENA En relación con el marco normativo que rige el presente caso, se deben precisar los siguientes puntos de relevancia jurídica: I. Naturaleza Jurídica de la Viabilidad Ambiental. La Licencia o Viabilidad Ambiental debe entenderse, desde la técnica administrativa, como un acto administrativo de carácter previo y preparatorio. Su finalidad no es la autorización definitiva de ejecución, sino que constituye un presupuesto necesario y vinculante para la obtención de los permisos finales ante las autoridades sectoriales correspondientes. En consecuencia, su otorgamiento no agota la fase autorizatoria, sino que condiciona la búsqueda de concreción del proyecto al cumplimiento de estándares de tutela ambiental compatibles con el desarrollo. II. Delimitación de Competencias y Principio de Legalidad. En virtud del Principio de Legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) está facultada para actuar únicamente dentro de la órbita de sus atribuciones expresas. Sus competencias se hallan estrictamente delimitadas por la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554) y los reglamentos vigentes al momento de la evaluación. III. Función Técnico-Científica de la Secretaría. Bajo este régimen de legalidad, las prerrogativas de la SETENA se restringen a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Su función esencial radica en la aplicación de instrumentos técnicos fundamentados en criterios científicos para determinar la viabilidad de una propuesta. Todo el procedimiento evaluación requiere haberse completado y cumplido antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad, y como un requisito para los permisos finales, esto refleja su naturaleza intermedia o como un acto preparatorio. Por tanto, la institución carece de potestad legal para emitir permisos finales de construcción o funcionamiento, cuya competencia recae exclusivamente en otras instancias del Estado, limitándose SETENA a dictaminar sobre la viabilidad ambiental como presupuesto de aquellos. Así las cosas, se realiza un estudio técnico jurídico detallado del proyecto, según el instrumento de Evaluación que corresponda a la obra o actividad antes de su ejecución u operación; de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental y su fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un daño de imposible reparación al ambiente, se reitera entonces el carácter ex ante de la Evaluación de Impacto Ambiental de conformidad con el artículo 17 de la LOA que establece: Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Una vez otorgada la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) y habiéndose verificado el inicio efectivo de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP), la SETENA ejerce sus facultades de fiscalización y control permanente. Esta fase de Gestión Ambiental tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento riguroso de los compromisos ambientales y condiciones fijadas al desarrollador. Al respecto la Sala Constitucional ha indicado sobre las competencias de esta Secretaría en el Exp: 05-015450-0007-CO Res. Nº 2009002019: (…) Lo indicado por el accionante, no corresponde a la realidad, claramente desde la creación de la SETENA, la misma ha dispuesto los mecanismos de comunicación y difusión de las Evaluaciones Ambientales, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. Es así como desde la promulgación de los reglamentos de Evaluación Ambiental que han sido promulgados se ha procurado en todo momento cursar la debida comunicación con los municipios y demás entes interesados en las evaluaciones ambientales, a cargo de la parte interesada en concordancia como lo establece el artículo 18 de la misma ley. Es así como Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA Nº 25705-MINAE del del 08 de octubre del 1996, establecía en su artículo 18, dentro de los requisitos para la presentación de los Estudios de impacto Ambiental: Artículo 18: Para aquellos proyectos que requieran de la presentación de un EsIA, se deberá presentar ante la SETENA los siguientes documentos: (…) b) Un original y una copia del Resumen Ejecutivo (el proyectista al momento de presentar el EsIA ante la SETENA, deberá entregar el original con el recibido de la o las Municipalidades respectivas) que debe incluir: 1. terminología sencilla a fin de facilitar el entendimiento del proyecto por parte de la comunidad en general, 2. introducción (objetivos, localización, entidad propietaria, justificación), 3. descripción del proyecto (fases, obras complementarias), 4. características ambientales del área de influencia (resumen del diagnóstico ambiental), 5. impactos positivos y negativos del proyecto al ambiente y del ambiente al proyecto, 6. acciones correctivas o de mitigación y prevención, 7. plan de gestión ambiental del proyecto, y 8. conclusiones (compromisos ambientales) Una vez aprobado el EsIA, dentro del plazo de diez días posteriores a la notificación, se debe presentar un original y copia de la Declaración de Cumplimiento de Compromisos Ambientales que deberá ser entregada por el proyectista a la o las Municipalidades en cuya jurisdicción se ubique el área de influencia del proyecto, debiendo consignarse en el original el recibido por parte de la Municipalidad. ( la negrita no es del original) Así mismo dentro de los instrumentos técnicos se establecía la obligación con carga al desarrollador de publicar el ingreso de la Evaluación en un medio de circulación nacional. Por su parte el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que estuvo vigente desde 28 de junio del 2004 y hasta el 19 de agosto del 2023, disponía: Artículo 29.-Trámite ante la SETENA para actividad, obra o proyecto para calificación SIA superior a 1000. El trámite por cumplir será el siguiente: 1. Ingresar por plataforma digital el EsIA, que incluya la Declaratoria de Impacto Ambiental del EsIA con el sello de recibido de la Municipalidad del cantón donde se localiza la actividad, obra o proyecto, y aquellos otros requisitos específicos que le sean solicitados en los términos de referencia. Así mismo el articulo 41 establecía: Artículo 41.-Comunicación sobre el inicio de revisión del EsIA ante la Sociedad Civil . El desarrollador o responsable del proyecto publicará a nombre de la SETENA en un diario de circulación nacional, de conformidad con el formulario dado por la SETENA, el o los estudios de impacto ambiental, que está sometiendo a conocimiento de la SETENA y señalará que tales estudios o la Declaratoria de Impacto Ambiental están disponibles a la consulta pública. En esta Comunicación se indicará los horarios, los locales de consulta, los plazos establecidos para recibir opiniones, así como la forma en que éstas deberán ser presentadas; todo esto de acuerdo al procedimiento establecido por la SETENA. En la medida de lo posible, y como mecanismo complementario, la SETENA utilizará otros medios de comunicación disponibles y autorizados para divulgar a la sociedad en general, la información necesaria sobre los EsIA que se encuentren en proceso de revisión. (el destacado no es del original) Por otra parte, el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte IV. Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), como parte de los requerimientos técnicos, solicitaba expresamente: Resumen técnico del estudio: su vocabulario debe ser de fácil entendimiento para el público en general. Deberá indicar en forma general: introducción (objetivos, localización, entidad propietaria, justificación); descripción del proyecto, obra o actividad (fases, obras complementarias, etc.); características ambientales del área de influencia (resumen del diagnóstico ambiental); impactos del proyecto, obra o actividad, al ambiente; impactos del ambiente al proyecto, obra actividad; acciones correctivas o de mitigación así como Plan de Gestión Ambiental del mismo y resumen de compromisos ambientales. Se deberá entregar una copia a la(s) Municipalidad(es) del cantón(es) donde se localiza el Proyecto, de previo a hacer la entrega del EsIA a la SETENA y presentar el sello original del recibido. En la actualidad el Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental Decreto Nº 43898 - MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, vigente desde el 20 de agosto del 2023, sobre el particular indica: Artículo 23.- Comunicación sobre inicio de revisión del EsIA ante la Sociedad Civil. La SETENA, mediante su página web, pondrá a disposición de la sociedad civil, de las municipalidades y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el listado de los estudios de impacto ambiental que están sometidos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental EsIA y los tendrá a disposición para su consulta pública, apersonamiento y observaciones por parte de cualquier interesado. Desde el año 2022, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) migró a una plataforma de gestión digital, modernizando sus canales de comunicación con la Administración Pública y los administrados. Dicha plataforma es de acceso irrestricto mediante el enlace: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/buscar_expediente (…) En esta misma página existe la opción de Visor de expedientes donde se puede visualizar en un mapa los proyectos por número de expediente ingresados a Evaluación Ambiental, donde se puede localizar los mismo por cantón. (…) Por otro lado, en la página WEB de la SETENA, en la dirección https://www.setena.go.cr/es/Catalogo/Listado-Estudio-Impacto-Ambiental-(EsIA) , se encuentra un listado de los expedientes ingresados a la SETENA para Evaluación Ambiental, el cual es de consulta abierta. (…) En consecuencia, la ratio legis se ve satisfecha plenamente, asegurando la tutela efectiva de los intereses protegidos por el ordenamiento Esta transición tecnológica obliga a interpretar la normativa vigente de manera evolutiva; los mecanismos actuales no solo facilitan la consulta de proyectos, sino que vinculan a las municipalidades a ejercer un papel activo en la búsqueda de información de su interés, aprovechando las herramientas de transparencia digital puestas a su disposición. Es imperativo precisar que la Viabilidad Ambiental (VA) constituye, por su naturaleza, un acto preparatorio carente de efectos propios constitutivos de derechos finales. En virtud de la autonomía municipal y la potestad de planificación territorial, corresponde exclusivamente a cada Gobierno Local la aprobación o denegatoria de los proyectos. Por consiguiente, la emisión de la VA por parte de SETENA no resulta vinculante ni obliga a la Municipalidad a otorgar autorizaciones que contravengan sus regulaciones urbanísticas vigentes Por su parte en lo que respecta por ejemplo a los expedientes mineros, los cuales se deben llevar a cabo por medio del Instrumento de Evaluación Estudio de Impacto Ambiental, D1-EsIA. Además, conforme a la normativa vigente y antes de ingresar a la SETENA, la Dirección de Geología y Minas de este Ministerio, debe consultar a la municipalidad correspondiente, de conformidad con el artículo 36 del Código de Minería, en casos de solicitudes en cauces de dominio público, a efectos de que esta se pronuncie sobre el interés en la explotación, consecuentemente, se colige que el Gobierno Local ostenta un conocimiento previo y pleno de la iniciativa, con antelación a la formalización del expediente ante esta Secretaría. Así mismo, para el caso de expedientes donde es necesario la realización de Audiencia Pública como uno de los instrumentos de participación Ciudadana, los Municipios entre otras instituciones y organización sociales del entorno son convocados a participar. En relación a los medios de participación ciudadana en todo el proceso de Evaluación Ambiental (EIA), se tiene: De conformidad con el artículo 62, 63 y 64 del decreto ejecutivo Nº 43898 -MINAE-S- MOPT-MAGMEIC, vigente, los mecanismos generales de participación ciudadana que aplican tanto en el proceso de evaluación ambiental como de seguimiento son los siguientes Artículo 62.- Participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental y seguimiento ambiental. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán la posibilidad de analizar, opinar, realizar consultas e interponer denuncias, en cualquier etapa del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y de control y seguimiento. En el caso de las denuncias, oposiciones u observaciones interpuestas durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, serán consideradas en el acto final, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. Cuando tengan lugar en la fase de control y seguimiento ambiental, se emitirá la resolución respectiva por parte la SETENA. Artículo 63.- Participación ciudadana en territorios indígenas. En el caso de actividad, obra o proyecto ubicados en territorios indígenas, el desarrollador deberá cumplir con el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, previo a su ingreso y aportarlo al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en SETENA. Artículo 64.- Mecanismos para participación ciudadana Los mecanismos que se utilizarán serán los siguientes: a. Apersonamientos. b. Consultas de expedientes. c. Audiencias ante la SETENA. d. Audiencias públicas. e. Atención de consultas. f. Observaciones escritas fundamentadas. g. Denuncias. h. Recursos administrativos según el artículo 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. Además, particularmente durante el proceso de evaluación ambiental se tiene otros mecanismos, lo cuales están normados de la siguiente forma en el decreto ejecutivo Nº 43898 -MINAE-S- MOPTMAG-MEIC: Artículo 67.- Instrumentos de consulta en participación ciudadana en actividades, obras o proyectos. La SETENA podrá solicitar a los desarrolladores como parte del componente socioeconómico en los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, a efectos de cumplir con el mecanismo de participación ciudadana, la aplicación de una o ambas de las siguientes técnicas: 1. Estudio cualitativo. 2. Estudio cuantitativo. La SETENA analizará los datos surgidos de los instrumentos establecidos, evaluará las observaciones recopiladas y emitirá pronunciamiento positivo o negativo de lo actuado en los mismos, dentro de los plazos establecidos en este reglamento para el análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental. Los términos específicos para la presentación de estos estudios se encuentran en los anexos: Anexo 5-Guía para PGA y Anexo 6-Guía para el EsIA, del decreto ejecutivo Nº 43898-MINAE-S- MOPT-MAGMEIC. Como último mecanismo de participación, se puede citar el llamado -Proceso de comunicación-, el cual se encuentra regulado en el Anexo 6-Guía para el EsIA, decreto ejecutivo Nº 43898 -MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, específicamente se puede ubicar en el componente 5: Ambiente Socioeconómico, aspecto 5.1.4. Proceso de comunicación, el cual consta de 3 fases, Fase informativa, Fase de consulta participativa y Fase devolución. Este proceso siempre debe presentarse para proyectos cuyo AP trascienda más de un cantón. Para proyectos locales aplica si en el punto 3 se identifican aspectos generadores de conflicto social o mayoritaria oposición al proyecto y/o si el equipo consultor considera necesaria su realización previa al estudio de percepción tiene la potestad de realizarlo. Para proyectos de bajo impacto, se debe contemplar al menos la fase informativa. En virtud de lo expuesto, se colige que la interpretación del accionante sobre la participación ciudadana es errónea y restrictiva. Dicho principio no se agota ni se limita a la simple comunicación remitida al municipio; por el contrario, constituye un proceso transversal integrado en los protocolos técnico-sociales de los instrumentos de Evaluación Ambiental, así como en la fase de seguimiento de las actividades, obras o proyectos (AOP). Esta práctica ha sido aplicada de manera ininterrumpida y consistente por esta Secretaría, garantizando el acceso a la justicia ambiental en todas sus etapas En cuanto a lo alegado: (…) Señala que, mediante el oficio DGA-004-2026 del 15 de enero de 2026, la Oficina de Gestión Ambiental del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano confirmó que no recibe por parte de SETENA comunicación alguna sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental dentro de su jurisdicción. Esta omisión obliga a los municipios a enterarse de los proyectos de manera reactiva, ya sea por solicitudes de terceros o mediante búsquedas manuales en plataformas digitales deficientes, lo que les impide ejercer su rol de rectores del desarrollo local y fiscalizadores ambientales de forma oportuna. Ante la evidente omisión del mandato legal, el 15 de enero de 2026, dirigió formal gestión ante la Comisión Plenaria de SETENA. En dicha petición se puso en conocimiento de la autoridad la denuncia emitida por el gobierno local de Cóbano y se consultó formalmente sobre las razones técnicas o jurídicas que sustentan la inaplicación sistemática del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente en lo relativo a la remisión de extractos y la divulgación de estudios. Indica que, mediante el oficio CARTASETENA- SG-0100-2026 del 29 de enero de 2026, la Dirección General de SETENA emitió respuesta que admite la omisión denunciada. En dicha comunicación, la autoridad refiere que “apenas se encuentran en una "etapa activa de modernización tecnológica" para fortalecer la transparencia y el acceso a la información. Señala, además, que están "finalizando una herramienta de consulta" e "iniciarán una gestión" para registrar los correos oficiales de las municipalidades y así poder automatizar las notificaciones.” Esgrime que, dicha respuesta confirma que el flujo de información mandatado por ley no se está realizando de forma efectiva y que el cumplimiento del artículo 22 depende de proyectos Esta inacción es la que motiva la interposición del presente recurso de amparo, sustentado en la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales(...) Resulta improcedente la tesis del accionante al afirmar que una supuesta omisión de comunicación impide al Municipio ejercer su rol de rector y fiscalizador. Dicha interpretación carece de sustento jurídico, toda vez que las potestades de ordenamiento territorial y fiscalización ambientalse ejercen de forma autónoma al momento de resolver sobre los permisos de construcción y licencias finales. La remisión de información señalada en el artículo 22 de la LOA tiene como fin primordial facilitar la participación municipal previa; sin embargo, la verdadera tutela del entorno local se materializa cuando la Municipalidad contrasta el proyecto con sus regulaciones urbanísticas antes de otorgar cualquier permiso de ejecución. Es imperativo precisar que la interpretación otorgada al oficio CARTASETENA-SG-0100-2026 por la contraparte resulta falaz y descontextualizada. El accionante pretende erróneamente derivar de dicho documento un reconocimiento de incumplimiento histórico, cuando en realidad, lo informado por la Dirección General en el mismo, obedece a un proceso de optimización tecnológica en el marco actual del Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Dicha plataforma es sujeta de constantes avances y mejoras, que se ejecutan por etapas, por lo que se indicó en el referido oficio, que esta Secretaría, desde el año 2022, se encuentra en una etapa activa de modernización tecnológica, impulsada por la reforma del citado decreto ejecutivo. En ese sentido, actualmente se desarrolla un proceso de mejora de la Plataforma Digital, cuyo objetivo es optimizar y agilizar la interacción con los usuarios, con el fin de perfeccionar los mecanismos de transparencia, participación y eficacia administrativa. Como parte de estas mejoras, entre otras (que no corresponden al tema de fondo de este recurso de amparo) se destacó el desarrollo en proceso de un “Dashboard de Consulta”, herramienta de visualización de datos que permitirá a los usuarios externos filtrar y consultar expedientes por cantón, tipo de instrumento, estado del mismo, entre otros criterios, garantizando un acceso ágil y directo a la información. Asimismo, se trabaja en la implementación de un sistema automatizado de notificaciones a Municipalidades, en el marco del uso de la Plataforma Digital. En este sentido, la implementación del “Dashboard de Consulta” y del sistema de notificaciones automatizadas son herramientas diseñadas para potenciar el acceso a la información bajo estándares de gobierno digital. Al respecto, se informa que esta Secretaría con el fin de optimizar el proceso de participación, coordinación e información a los municipios, ha venido actuado con debida diligencia, procediendo con el registro de correos electrónicos oficiales y la coordinación formal con los gobiernos locales para asegurar la interoperabilidad del sistema. A la fecha, este esfuerzo de transición digital ha sido debidamente comunicado, contando ya con la respuesta y validación de 54 municipalidades, lo que acredita un avance significativo y efectivo en la optimización del cumplimiento de los fines de la norma. CONCLUSIONES I. Se acredita de forma fehaciente que la supuesta omisión de comunicación alegada por el recurrente es inexistente y carente de sustento fáctico. Desde su génesis, esta Secretaría ha dado cumplimiento irrestricto al artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, integrando el deber de comunicación en todo su bloque de legalidad reglamentaria. A diferencia de lo que sostiene el accionante, la comunicación a los Gobiernos Locales no es un acto discrecional, sino un requisito de admisibilidad impuesto al desarrollador desde el Decreto N° 25705-MINAE (1996) y ratificado en el Decreto N° 31849-MINAE (2004). Como se observa en la evolución normativa citada, la SETENA ha condicionado históricamente el ingreso de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) a la presentación del sello de recibido de la Municipalidad respectiva. Por consiguiente, el derecho a la participación y el flujo de información hacia los municipios han estado garantizado históricamente mediante un sistema de responsabilidad compartida, donde el desarrollador actúa como gestor de la comunicación técnica y la SETENA como órgano de control y fiscalización de dicho requisito. La transición actual hacia una plataforma digital no representa el cumplimiento de una obligación nueva, sino la evolución tecnológica de un mecanismo de transparencia que ha operado de forma ininterrumpida por casi tres décadas. II. Resulta improcedente la tesis del accionante que pretende reducir la participación ciudadana a un acto de comunicación formal. Según el Decreto Ejecutivo N° 43898 (2023), la participación es un proceso transversal y sistémico. El Artículo 23 de dicho cuerpo normativo es taxativo al establecer que la publicidad se garantiza mediante la Plataforma Digital de SETENA, la cual es de acceso público y permanente para las municipalidades y la sociedad civil. Por ende, la información no está oculta ni omitida, sino plenamente disponible en virtud del principio de Gobierno Digital. III. Es un error jurídico del accionante confundir la Viabilidad Ambiental (VA) con un permiso de construcción. La VA es un acto preparatorio que no vincula la decisión final del Municipio. En ejercicio de su Autonomía Constitucional y Planificación Territorial, los Gobiernos Locales conservan la potestad soberana de aprobar o denegar un proyecto. La fiscalización municipal oportuna ocurre al evaluar los permisos finales; pretender que la falta de una comunicación específica de SETENA anula esta potestad es desconocer el ordenamiento jurídico urbanístico. IV. Se acredita que el marco legal vigente (Artículos 62 al 67 del Decreto N° 43898) ofrece un catálogo robusto de mecanismos de participación, tales como: audiencias públicas, procesos de comunicación en tres fases (informativa, consultiva y devolución), y estudios cualitativos/cuantitativos. Asimismo, en casos específicos como la minería, existe una consulta previa obligatoria a los Municipios por parte de la Dirección de Geología y Minas. En consecuencia, el ecosistema de participación ciudadana en la gestión de esta Secretaría es pleno, diversificado y constante, lo que desvirtúa cualquier alegato de indefensión o vulneración de derechos fundamentales. V. Se rechaza de plano la interpretación sesgada que el recurrente pretende dar al oficio CARTASETENA-SG-0100-2026. Es un error jurídico fundamental confundir un proceso de optimización tecnológica con un reconocimiento de incumplimiento. Lo informado por la Dirección General no es la subsanación de una omisión, sino la implementación de mejoras de segundo nivel en el marco del Decreto Ejecutivo N° 43898, destinadas a perfeccionar la interacción digital bajo estándares de Gobierno Abierto. La creación del 'Dashboard de Consulta' y la automatización de notificaciones representan una evolución en la eficiencia administrativa, no una creación de obligaciones ex novo, constituye una mejora, o un cambio en la forma de cumplirlo. Esta Secretaría ha acreditado actuar con debida diligencia al gestionar activamente el registro de enlaces oficiales, logrando a la fecha la coordinación efectiva con 54 municipalidades. Este dato no es indicativo de un cumplimiento tardío, sino de una transición digital exitosa y en curso, que garantiza un acceso a la información más ágil y directo del que ya existía históricamente. Por consiguiente, ante la ausencia de una lesión a un derecho fundamental —toda vez que los mecanismos de comunicación y participación siempre han estado disponibles y hoy solo se ven potenciados por la tecnología”.

 4.- Manifiesta el recurrente: “…por este medio me apersono a manifestar lo siguiente en relación a los informes rendidos por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en fecha del 18 de marzo del 2026. Es imperativo aclarar que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente no traslada a los gobiernos locales la carga de ingresar a un sistema informático a intentar rastrear dónde están ubicados los expedientes nuevos; máxime que en dichas plataformas lo que suele observarse son las viabilidades ambientales ya otorgadas. El espíritu y literalidad de la norma establecen una obligación activa, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental debe enviar directamente la información a la municipalidad respectiva en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que ingresa la solicitud de viabilidad. Este envío debe darse exactamente cuándo inicia el periodo de revisión, y no cuando el proyecto ya ha sido aprobado en ocultamiento del ordenamiento territorial, como pretende la parte recurrida”.

 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente obliga a la Setena a remitir un extracto de toda evaluación de impacto ambiental a las municipalidades respectivas. Señala que remitió una gestión el 15 de enero de 2026 a la Setena, poniéndole en conocimiento de tal situación, en relación con el gobierno local de Cóbano. Apunta que recibió una respuesta que confirma el incumplimiento de la ley. Considera que se lesiona el derecho de petición, justicia pronta, participación y ambiente sano.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)       Por nota del 15 de enero de 2026, el recurrente solicitó a la Setena: “…me dirijo a esta Secretaría con el fin de poner en su conocimiento y remitir el oficio DGA-004-2026, emitido por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, mediante el cual se expone la inaplicación del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, en particular en lo relativo a la remisión oportuna de extractos de las evaluaciones de impacto ambiental a los gobiernos locales y a la divulgación de los estudios sometidos a evaluación. Con fundamento en lo anterior, consulto formalmente a esta Secretaría cuáles son las razones por las cuales no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en dicho artículo, así como si existe algún criterio, lineamiento o práctica institucional que explique dicha omisión”. (Hecho incontrovertido).

b)       Mediante oficio CARTA-SETENA-SG-0100-2026 del 29 de enero de 2026, la Setena respondió al interesado: “En respuesta a su documento sin consecutivo en referencia al oficio DGA-004-2026, donde solicitan las razones por las cuales no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como si existe algún criterio, lineamiento o práctica institucional que explique dicha omisión; al respecto nos complace informarle sobre los avances institucionales para fortalecer la transparencia y el acceso a la información, en total correspondencia con el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. Desde el año 2022, esta Secretaría se encuentra en una etapa activa de modernización tecnológica, impulsada por la Reforma del DE.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Este proceso de transición hacia una Plataforma Digital integral, tiene como objetivo optimizar el cumplimiento de la normativa vigente y facilitar la interacción con los usuarios. Dentro de las mejoras que estamos implementando, destacan: • Desarrollo de un Dashboard de Consulta: Estamos finalizando una herramienta de visualización de datos que permitirá a los usuarios externos filtrar y consultar expedientes por cantón, tipo de instrumento, estado, entre otros, garantizando un acceso ágil y directo. • Sistema Automatizado de Notificaciones: Con el fin de estrechar la comunicación con los gobiernos locales, iniciaremos una gestión para registrar los correos electrónicos oficiales de todas las municipalidades. Esto permitirá que reciban notificaciones automáticas en el momento en que ingrese alguna actividad, obra o proyecto por medio de los formularios D1- EsIA y D1-PPGA, a través de la plataforma digital. • Comunicación Oficial: Esta Secretaría remitirá un oficio formal a cada Municipalidad para coordinar este flujo de información y asegurar que la transición digital sea exitosa y beneficiosa para todas las partes. Lo anterior en aras de cumplir con la disposición normativa supracitada”. (Hecho incontrovertido).

c)       Desde 2022, la Setena migró a una plataforma de gestión digital de acceso irrestricto. Tal plataforma tiene una opción de visor de expedientes, donde se observan en un mapa los proyectos por número de expediente ingresados a Evaluación Ambiental. Asimismo, se pueden localizar por cantón. (Ver informe rendido y prueba aportada).

d)       En la página de internet de la Setena hay un listado de los expedientes ingresados para evaluación ambiental, que es de consulta abierta. (Ver informe rendido y prueba aportada).

III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente indica que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente obliga a la Setena a remitir un extracto de toda evaluación de impacto ambiental a las municipalidades respectivas. Señala que remitió una gestión el 15 de enero de 2026 a la Setena, poniéndole en conocimiento de tal situación, en relación con el gobierno local de Cóbano. Apunta que recibió una respuesta que confirma el incumplimiento de la ley. Considera que se lesiona el derecho de petición, justicia pronta, participación y ambiente sano.

Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, por nota del 15 de enero de 2026, el recurrente solicitó a la Setena: “…me dirijo a esta Secretaría con el fin de poner en su conocimiento y remitir el oficio DGA-004-2026, emitido por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, mediante el cual se expone la inaplicación del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, en particular en lo relativo a la remisión oportuna de extractos de las evaluaciones de impacto ambiental a los gobiernos locales y a la divulgación de los estudios sometidos a evaluación. Con fundamento en lo anterior, consulto formalmente a esta Secretaría cuáles son las razones por las cuales no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en dicho artículo, así como si existe algún criterio, lineamiento o práctica institucional que explique dicha omisión”. Mediante oficio CARTA-SETENA-SG-0100-2026 del 29 de enero de 2026, la Setena respondió al interesado: “En respuesta a su documento sin consecutivo en referencia al oficio DGA-004-2026, donde solicitan las razones por las cuales no se está dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como si existe algún criterio, lineamiento o práctica institucional que explique dicha omisión; al respecto nos complace informarle sobre los avances institucionales para fortalecer la transparencia y el acceso a la información, en total correspondencia con el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. Desde el año 2022, esta Secretaría se encuentra en una etapa activa de modernización tecnológica, impulsada por la Reforma del DE.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Este proceso de transición hacia una Plataforma Digital integral, tiene como objetivo optimizar el cumplimiento de la normativa vigente y facilitar la interacción con los usuarios. Dentro de las mejoras que estamos implementando, destacan: • Desarrollo de un Dashboard de Consulta: Estamos finalizando una herramienta de visualización de datos que permitirá a los usuarios externos filtrar y consultar expedientes por cantón, tipo de instrumento, estado, entre otros, garantizando un acceso ágil y directo. • Sistema Automatizado de Notificaciones: Con el fin de estrechar la comunicación con los gobiernos locales, iniciaremos una gestión para registrar los correos electrónicos oficiales de todas las municipalidades. Esto permitirá que reciban notificaciones automáticas en el momento en que ingrese alguna actividad, obra o proyecto por medio de los formularios D1- EsIA y D1-PPGA, a través de la plataforma digital. • Comunicación Oficial: Esta Secretaría remitirá un oficio formal a cada Municipalidad para coordinar este flujo de información y asegurar que la transición digital sea exitosa y beneficiosa para todas las partes. Lo anterior en aras de cumplir con la disposición normativa supracitada”. Desde 2022, la Setena migró a una plataforma de gestión digital de acceso irrestricto. Tal plataforma tiene una opción de visor de expedientes, donde se observan en un mapa los proyectos por número de expediente ingresados a Evaluación Ambiental. Asimismo, se pueden localizar por cantón. En la página de internet de la Setena hay un listado de los expedientes ingresados para evaluación ambiental, que es de consulta abierta.

Recientemente, la Sala se refirió a los principios ambientales y la coordinación interadministrativa en los siguientes términos:

“En el sub lite, de primero se traen a colación los principios constitucionales en materia ambiental. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 precisó esta Sala:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)”

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente  lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”.

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica. En ese sentido véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”.

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, en la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre05 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

Una evolución de lo antedicho ha desembocado en la instauración del “principio pro natura”, en la cual se deja de lado la parte de “in dubio”, de manera que su ámbito de aplicación se ensancha y cubre situaciones en las cuales no necesariamente existe incertidumbre jurídica. De este modo, la aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Nombre06 y Nombre07, 2018).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió por primera vez a este principio en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, en la cual determinó que, en el marco de protección de la naturaleza como sujeto de derechos, el principio pro natura debe interpretarse de manera armónica con el principio pro persona -véase párr. 281-. Asimismo, la Corte IDH vinculó el principio pro natura con otros procesales, a saber “los principios de disponibilidad de la prueba, cooperación procesal, pro persona (…) y pro actione” como parte de las reglas probatorias a emplearse en cuanto al derecho de acceso a la justicia -en tal sentido obsérvese el párr. 582-.

En suma, el principio pro natura estatuye que, ante cualquier conflicto jurídico, siempre debe prevalecer aquella interpretación que mejor favorezca la protección de la naturaleza y el pleno disfrute de los derechos ambientales, aun cuando no se esté ante una situación en la que medie incertidumbre. Esta pauta hermenéutica debe seguirse en toda relación entre Estado, sociedad y ambiente, de manera que siempre se elija la solución que mejor proteja a la naturaleza.

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los (sic) estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (sentencias de la Sala Constitucional nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012)”. (Sentencia nro. 2025-038435 de las 9:15 horas del 21 de noviembre de 2025).

 

“IV.- EN CUANTO AL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser interorgánica –entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía– o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación. En materia ambiental, este principio toma un matiz diferenciado, siendo que resulta de relevancia lo dicho por este Tribunal en Sentencia No. 2012-008892 de las 16:03 horas de 27 de junio de 2012:

“(…) “III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).”

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).”

En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a duda que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional. Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación (…)”. (Sentencia nro. 2026007080 de las 9:30 horas del 27 de febrero de 2026).

 

Ahora bien, al analizar los elementos anteriores, la Sala estima como incontrovertido que la Setena no envía actualmente a las municipalidades el extracto que dispone el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. En criterio de este Tribunal, lo anterior se traduce en una lesión constitucional, con base en la jurisprudencia ut supra transcrita.

En primer lugar, desde la perspectiva ambiental, la omisión debilita la aplicación efectiva de los principios preventivo y precautorio. Es claro que las municipalidades, por su cercanía territorial y conocimiento del contexto local, cumplen un papel esencial en la identificación temprana de riesgos ambientales y en la fiscalización de proyectos dentro de su jurisdicción. Si no reciben el extracto de la evaluación de impacto ambiental, se les priva de información clave para advertir posibles impactos negativos, formular observaciones técnicas o participar oportunamente en el proceso de toma de decisiones.

En segundo, el incumplimiento afecta también el principio de coordinación interadministrativa. En materia ambiental, la jurisprudencia citada resalta que la protección del ambiente es una tarea común del Estado como un todo, lo que incluye a la Setena y las municipalidades. No remitir el extracto de la evaluación a estas últimas rompe los canales de comunicación y coordinación, dificultando la labor municipal de control en materia ambiental.

En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso.

 IV.- Voto salvado del magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas, con redacción de la última.

 Respetuosamente, luego de analizar lo que consta en autos, nos separamos de la mayoría, pues estimamos no se advierte una lesión a los derechos fundamentales del tutelado. En lo que respecta a su gestión de información, se verifica que fue atendida en fecha anterior a la interposición del amparo. Tal como este Tribunal lo ha reiterado en innumerables ocasiones el derecho petición conlleva el derecho a obtener una respuesta, pero ella no debe ser necesariamente en el sentido pretendido por el interesado. En lo referente al cumplimiento del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, consideramos que no corresponde a esta jurisdicción velar por el mero cumplimiento normativo de una ley o reglamento, sino salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Ciertamente, muchas veces esto se lleva a cabo mediante el cumplimiento de una norma que desarrolla un derecho fundamental, pero el respeto de este no siempre se logra únicamente a través del cumplimiento de una disposición. En este caso, la pretensión del justiciable busca el cumplimiento del citado ordinal. No obstante, lo anterior no está vinculado con una situación concreta que evidencie alguna amenaza o lesión concreta a derechos fundamentales. Además, y tal como se acreditó y consta en los hechos probados se la sentencia, desde 2022 la Setena migró a una plataforma de gestión digital de acceso irrestricto, que tiene una opción de visor de expedientes, donde se observan en un mapa los proyectos por número de expediente ingresados a evaluación ambiental; asimismo, se pueden localizar por cantón. También en la página de internet de la Setena hay un listado de los expedientes ingresados para evaluación ambiental, que es de consulta abierta. En virtud de lo expuesto, salvamos el voto y declaramos sin lugar el recurso.

 V.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.

 Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría, que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

 La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

 Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Andrés Cortez Orozco, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien ejerza ese cargo, que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, de manera inmediata, se cumpla lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, en relación con la remisión de los extractos a las municipalidades. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 PVS47OPXMRC061

EXPEDIENTE N° 26-003727-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 20:00:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Resolución Nº 13335 - 2026

Date of Resolution: April 21, 2026 at 09:20

Case File: 26-003727-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Type of Matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

 Judgment with Dissenting Vote

 Relevance Indicators

 Relevant judgment

 Judgment with protected data, in accordance with current regulations

 Content of Interest:

Strategic Themes: Access to Justice, Environmental, Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

ENVIRONMENTAL STUDIES.

Topic: INFORMATION

Subtopics:

OMISSIVE.

Topic: PETITION

Subtopics:

OMISSIVE.

013335-26. ENVIRONMENT. INFORMATION. PETITION. SETENA IS ORDERED TO ADOPT THE NECESSARY MEASURES TO GUARANTEE EFFECTIVE COMPLIANCE WITH ARTICLE 22 OF THE ORGANIC ENVIRONMENTAL LAW, SPECIFICALLY REGARDING THE DUTY OF TIMELY COMMUNICATION TO THE RESPECTIVE MUNICIPALITIES ABOUT THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS SUBMITTED FOR ITS REVIEW. VCG05/2026

"(...) III.- On the specific case. In the sub examine, the petitioner indicates that Article 22 of the Organic Environmental Law obligates Setena to send an extract of every environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) to the respective municipalities. They point out that they sent a communication on January 15, 2026, to Setena, informing it of this situation, in relation to the local government of Cóbano. They note that they received a response confirming the non-compliance with the law. They consider that the right of petition, prompt justice, participation, and a healthy environment are violated.

Having analyzed the case file, the Chamber has proven that, by note dated January 15, 2026, the petitioner requested from Setena: “...I am addressing this Secretariat in order to bring to your attention and forward official letter DGA-004-2026, issued by the Municipal District Council of Cóbano, through which the non-application of Article 22 of the Organic Environmental Law is set forth, particularly regarding the timely submission of extracts of environmental impact assessments to local governments and the disclosure of studies submitted for evaluation. Based on the foregoing, I formally inquire of this Secretariat what are the reasons why the provisions of said article are not being complied with, and whether there is any criterion, guideline, or institutional practice that explains said omission.” Through official letter CARTA-SETENA-SG-0100-2026 of January 29, 2026, Setena responded to the interested party: “In response to your unnumbered document regarding official letter DGA-004-2026, where you request the reasons why the provisions of Article 22 of the Organic Environmental Law are not being complied with, and whether there is any criterion, guideline, or institutional practice that explains said omission; in this regard, we are pleased to inform you about the institutional progress to strengthen transparency and access to information, in full compliance with Article 22 of the Organic Environmental Law. Since 2022, this Secretariat has been in an active phase of technological modernization, driven by the Reform of DE.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. This transition process toward a comprehensive Digital Platform aims to optimize compliance with current regulations and facilitate interaction with users. Among the improvements we are implementing, the following stand out: • Development of a Query Dashboard: We are finalizing a data visualization tool that will allow external users to filter and query administrative files by canton, type of instrument, status, among others, guaranteeing agile and direct access. • Automated Notification System: In order to strengthen communication with local governments, we will initiate an effort to register the official email addresses of all municipalities. This will allow them to receive automatic notifications at the moment any activity, work, or project is submitted through the D1-EsIA and D1-PPGA forms, via the digital platform. • Official Communication: This Secretariat will send a formal communication to each Municipality to coordinate this information flow and ensure that the digital transition is successful and beneficial for all parties. The foregoing in order to comply with the aforementioned regulatory provision.” Since 2022, Setena migrated to a digital management platform with unrestricted access. This platform has an administrative file viewer option, where projects submitted for Environmental Assessment are displayed on a map by administrative file number. Likewise, they can be located by canton. On the Setena website, there is a list of the administrative files submitted for environmental assessment, which is openly accessible.

Recently, the Chamber referred to environmental principles and inter-administrative coordination in the following terms:

“In the sub lite, first, the constitutional principles in environmental matters are brought up. Thus, for example, in judgment no. 2021024807 at 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber specified:

“In this vein, specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks that are clearly defined and identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are enough elements to foresee potential negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is a threat of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks caused by an activity or work. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (...)”

Precisely, the precautionary principle must be understood as contemplated in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” That is, it is not about the requirement to have scientific studies to arrive at the ‘absolute certainty’ of the innocuousness of an activity for the environment (as a matter of principle, total security is hardly achievable), but rather, that, even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not entirely assured, such uncertainty will never justify or excuse the postponement of the implementation of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on one hand, that this is not just any type of threat, as it must plausibly involve a serious danger, and, on the other, that the measure demands an effective and efficient use of the resources employed. In the stated sense, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate damage to the environment—which would distort its raison d'être—but rather that it is necessary to have a certain degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies according to the specific characteristics of the particular case. Thus, when faced with a situation that requires the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably entails a serious risk; they are even obliged to suspend activities that are being developed. Concurrently, they must adopt with efficiency and effectiveness all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The referred principle is also enshrined in a hard law legal source, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states, stipulates:

“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties.”

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, among them, Costa Rica. In that sense, see Law No. 8538 of August 23, 2006, which reads:

“ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary principle as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (...)”.

Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: “(...) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of reduction or loss of biological diversity at its source, Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (...)”.

In accordance with said regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC 23/17 of November 15, 2017:

“180. (...) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for the protection of the right to life and to personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent potential damage. Indeed, in the context of the protection of the rights to life and to personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, whereby, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are "effective" to prevent serious or irreversible damage."

After said resolution and through a judgment, in Indigenous Communities members of the Association lhaka Honhat (Our Land) vs. Argentina, the Inter-American Court ruled on February 6, 2020, in this manner: “the right to a healthy environment 'must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention', given the obligation of States to achieve the 'integral development' of their peoples, arising from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter”. Of high significance, it must be emphasized that, in this pronouncement, the Inter-American Court refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 in order to develop the content and scope of such right, by virtue of which the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal binding force characteristic of a judgment. In this sense, the international jurisdictional body reiterates “that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity', and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature', not only for its 'utility' or 'effects' regarding human beings, 'but for its importance for the other living organisms with whom the planet is shared'. The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.” Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Inter-American Court very clearly details the state obligations in the face of possible damage to the environment, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In summary, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of certainty or absolute scientific evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Concerning the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law 'confirmed by the relevant practice in many treaties relating to the environment and the major codification projects'.


Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as well stated in the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of Session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to the idea that 'the causes and sources of environmental problems shall be addressed in a priority and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment. The criterion of prevention shall prevail, therefore, over any other in the public and private management of the environment and natural resources'. The foregoing makes perfect sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the reparation of harmful consequences already corroborated, including ordering the cessation of harmful effects.

Such institution is reflected, among other norms, in articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see judgments Nos. 2021024807 at 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 at 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in Advisory Opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subsections a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Nombre05 vs. Chile. Precisely, in the latter, the Inter-American Court expressly states:

“208. Notwithstanding the foregoing, in specific environmental matters, it should be noted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the necessary measures ex ante before the environmental damage occurs, taking into consideration that, due to its particularities, it will frequently not be possible, after such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that 'States are obliged to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the […] environment.' This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage. On the other hand, while a detailed enumeration of all the measures States could take to fulfill this duty is not possible, some can be mentioned, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and oversee; iii) require and approve environmental impact studies; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage”.

For its part, the principle in dubio pro natura means, according to the 'World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters' that 'in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them' (see Principle V).

In this sense, according to the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of Session No. 28-2020 of May 25, 2020), 'Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over individual ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred'.

An evolution of the foregoing has led to the establishment of the “pro natura principle,” in which the “in dubio” part is set aside, so that its scope of application is broadened and covers situations in which legal uncertainty does not necessarily exist. Thus, the application of the pro natura principle does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage -as occurs with the precautionary principle-, but rather implies a “general rule of behavior, for the relationship of the State -and society in general- with the environment, applicable to all areas of decisions where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those conducts that may cause damage to the environment, when other options exist” (Nombre06 and Nombre07, 2018).

The Inter-American Court of Human Rights referred for the first time to this principle in Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, in which it determined that, within the framework of the protection of nature as a subject of rights, the pro natura principle must be interpreted harmoniously with the pro persona principle -see para. 281-. Likewise, the Inter-American Court linked the pro natura principle with other procedural ones, namely “the principles of availability of evidence, procedural cooperation, pro persona (…) and pro actione” as part of the evidentiary rules to be used regarding the right of access to justice -in this sense, see para. 582-.

In summary, the pro natura principle establishes that, in any legal conflict, that interpretation which best favors the protection of nature and the full enjoyment of environmental rights must always prevail, even when not facing a situation involving uncertainty. This hermeneutical guideline must be followed in every relationship between the State, society, and the environment, so that the solution that best protects nature is always chosen.

On the other hand, in judgment No. 2012013367 at 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is included in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, particularly those, such as the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), which require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, included in article 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to nature, that negatively impact the achievements made up to then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination oblige justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has stated in its jurisprudence, regarding the right to health: '...according to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, then, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot -and much less through an International Treaty- reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: “The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment according to the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10)”. (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397)”.

In this way, according to the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, as much as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without a reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, if applicable, the corresponding compensation measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of the objectification of environmental protection in these terms:

“Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta also demands that it be 'healthy'. The requirement of 'healthy' leads us to the 'regenerative capacity' and the 'capacity for succession' to guarantee life. From both requirements: 'healthy' and 'balanced', the need for sustainable and sustained development is derived; the quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of 'environment', 'healthy', 'ecologically balanced', the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, be they legislative or administrative, in such a way that, in the terms of articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Environmental Law, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the univocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, moreover, a 'greater well-being for all the inhabitants of the country'. Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the univocal rules of science and technique, the Chamber has called this the principle of objectification of environmental protection: 'From the objectification of environmental protection (…) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], in that, as derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to accredit with technical studies the decision-making in this matter, both in relation to acts and provisions of a general nature -both legal and regulatory-, from which derives the requirement of linkage to science and technique, which conditions the Administration's discretion in this matter. So that, in attention to the results derived from those technical studies -such as environmental impact studies-, if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it is obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in case of a “reasonable doubt” it is obligatory to make decisions in favor of the environment (pro natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.' (judgments of the Constitutional Chamber Nos. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (the highlighting was added). (Resolution No. 2012-13367 at 11:33 a.m. on September 21, 2012)”. (Judgment No. 2025-038435 at 9:15 a.m. on November 21, 2025).

“IV.- REGARDING THE PRINCIPLE OF INTER-ADMINISTRATIVE COORDINATION. Coordination, in that it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obligates all public entities. This can be inter-organic –between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship– or inter-subjective, that is, between public entities, each with its own legal personality, budget, autonomy, and specific competencies. The administrative autonomy, or another degree thereof, enjoyed by public entities obliges them to coordinate their actions, since they cannot be reciprocally subjected to hierarchical relationships due to their inter-organic nature.

Administrative coordination aims to avoid duplication and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they be carried out in a rational and orderly manner; and it is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information among public entities, all of which can be achieved through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies. In environmental matters, this principle takes on a differentiated nuance, given the relevance of what this Tribunal stated in Judgment No. 2012-008892 of 4:03 p.m. on June 27, 2012:

“(…) “III.- Coordination among public agencies must guarantee the protection of the environment. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that belongs to everyone equally, meaning there is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid levels of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inadequate use of natural resources, that endanger the health of the governed. In this task, the term public institution must be understood to include both the Central Administration –Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which due to subject matter have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies on the subject, such as, for example, the General Directorate of Wildlife, the Forestry Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the National Institute of Housing and Urbanism, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it becomes necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber previously –and quite clearly– referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the achievement of common goals –which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function–, for which it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of two thirty p.m. on July fourteenth, nineteen ninety-nine):

\"So that coordination is the ordering of the relations among these various independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship between the decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, the imposition of determined conducts on these is not possible, with which the indispensable inter-institutional «concert» arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relations of the municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, that would allow subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector).”

On the other hand, omissions of the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of control and supervision in the execution of management plans for protected areas by the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of companies without health permits regarding the treatment of black or residual waters (Aqueducts and Sewers and Ministry of Health), or not verifying sonic controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard judgment number 2006-005159 of one oh four p.m. on April seventh, two thousand six).”

In other words, what matters are the technical cooperation that the different entities can provide each other, the technical elements they can contribute, and respect for the competencies of each one; in order to guarantee without any doubt that the incidence of the projects evaluated is not negative, and thus ensure the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle –which aims to prevent or suspend any activity that may negatively affect said management– obliges the Administration, firstly, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so that they can make the corresponding allegations and present the relevant technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in order to protect and preserve the environment and water resources. And it obliges, secondly, to take into consideration the warnings made by an institution legally empowered to protect water resources about the danger of contamination (…)”. (Judgment No. 2026007080 of 9:30 a.m. on February 27, 2026).

Now, upon analyzing the preceding elements, the Chamber considers it incontrovertible that SETENA does not currently send the extract stipulated in Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente to the municipalities. In the opinion of this Tribunal, this translates into a constitutional injury, based on the jurisprudence transcribed ut supra.

Firstly, from an environmental perspective, the omission weakens the effective application of the preventive and precautionary principles. It is clear that municipalities, due to their territorial proximity and knowledge of the local context, play an essential role in the early identification of environmental risks and in the monitoring of projects within their jurisdiction. If they do not receive the extract of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), they are deprived of key information to warn of possible negative impacts, formulate technical observations, or participate in a timely manner in the decision-making process.

Secondly, the non-compliance also affects the principle of inter-administrative coordination. In environmental matters, the cited jurisprudence highlights that the protection of the environment is a common task of the State as a whole, which includes SETENA and the municipalities. Not sending the extract of the assessment to the latter breaks the channels of communication and coordination, hindering the municipal task of environmental control.

By virtue of the above, the appeal is granted. (…)”

... See more
Quotes from Legislation and Doctrine Related Judgments
Content of Interest:

Content type: Dissenting vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: INFORMATION

Subtopics:

OMITTED.

 IV.- Dissenting vote of Magistrate Castillo Víquez and Magistrate Garro Vargas, drafted by the latter.

 Respectfully, after analyzing what is on record in the case file, we dissent from the majority, as we estimate that no injury to the fundamental rights of the protected party is observed. Regarding their request for information, it is verified that it was addressed prior to the filing of the amparo. As this Tribunal has reiterated on countless occasions, the right of petition entails the right to obtain a response, but it need not necessarily be in the sense desired by the interested party. In reference to compliance with Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente, we consider that it is not for this jurisdiction to ensure the mere normative compliance of a law or regulation, but rather to safeguard the fundamental rights of persons. Certainly, this is often carried out through compliance with a norm that develops a fundamental right, but respect for it is not always achieved solely through compliance with a provision. In this case, the petitioner's claim seeks compliance with the cited article. However, this is not linked to a concrete situation evidencing any specific threat or injury to fundamental rights. Moreover, and as was accredited and recorded in the proven facts of the judgment, since 2022, SETENA migrated to an unrestricted-access digital management platform, which has a file viewer option, where projects by file number entered for environmental assessment are observed on a map; likewise, they can be located by canton. Also, on SETENA's internet page, there is a list of the files entered for environmental assessment, which is openly consultable. By virtue of the above, we dissent and declare the appeal without merit.

VCG05/2026

... See more
Content of Interest:

Content type: Dissenting vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

ENVIRONMENTAL STUDIES.

 V.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.

 With due respect, I dissent from the majority vote, which grants the appeal, on the following grounds:

 The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of valid laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to mention just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutionality control from legality control. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality venue –administrative or jurisdictional–, where, with much greater scope, the alleged non-compliances or omissions may be audited. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and fast process, in such a way that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its knowledge becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria elaborated under the protection of valid legal or regulatory norms or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already on record in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturing it and rendering null the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the above, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality venue. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, as this was not done, the proper course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct alleged adhere or not, in substance, to what precepts in the legal system of legal rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VCG05/2026

... See more
Text of the resolution



Exp: 26-003727-0007-CO

Res. No. 2026013335

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on April twenty-first, two thousand twenty-six.

 Amparo appeal processed in file No. 26-003727-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA).

Whereas:

1.- In a written brief received by the Chamber on February 2, 2026, the petitioner files an amparo appeal. They state that Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente establishes an obligatory and imperative mechanism of transparency and inter-institutional coordination. They affirm that this norm provides that the National Environmental Technical Secretariat must send an extract of every environmental impact assessment to the respective municipalities within five business days following its receipt, in addition to ensuring widespread dissemination of the studies submitted for its consideration through mass media, which is not optional but constitutes a basic procedural guarantee to ensure that local governments and citizens can exercise their right of participation at any stage of the assessment process. They note that, despite the validity of the cited norm, SETENA has recurrently omitted compliance with this duty of communication. They point out that, via official letter DGA-004-2026 of January 15, 2026, the Environmental Management Office of the District Municipal Council of Cóbano confirmed that it does not receive any communication from SETENA about the environmental impact assessment processes within its jurisdiction. This omission forces the municipalities to learn about projects reactively, either through third-party requests or through manual searches on deficient digital platforms, which prevents them from exercising their role as leaders of local development and environmental monitors in a timely manner. Given the evident omission of the legal mandate, on January 15, 2026, they formally directed a request to the Plenary Commission of SETENA. In said request, the authority was informed of the complaint issued by the local government of Cóbano and was formally asked about the technical or legal reasons that support the systematic non-application of Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente regarding the sending of extracts and the dissemination of studies. They indicate that, via official letter CARTASETENA-SG-0100-2026 of January 29, 2026, the General Directorate of SETENA issued a response that admits the reported omission. In said communication, the authority states that “they are just in an \"active stage of technological modernization\" to strengthen transparency and access to information. They also point out that they are \"finalizing a consultation tool\" and \"will initiate a process\" to register the official emails of the municipalities and thus be able to automate notifications.” They argue that this response confirms that the information flow mandated by law is not being carried out effectively and that compliance with Article 22 depends on technological projects not yet finalized. They argue that, by omitting early notification to the municipalities, SETENA weakens the preventive principle of Environmental Law, because environmental viabilities are issued based exclusively on the developer's information, without the technical contrast that local governments can provide from their territorial reality. This inaction is what motivates the filing of this amparo appeal, based on the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Based on the arguments presented, they consider that the alleged actions are violating fundamental rights. They request that the appeal be granted with the consequences provided by law.

2.- By resolution of 12:58 p.m. on March 10, 2026, the amparo was processed.

3.- Andrés Cortez Orozco, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath the following: “FIRST: LEGAL CONSIDERATIONS ON THE NATURE OF THE ENVIRONMENTAL LICENSE AND THE COMPETENCE OF SETENA In relation to the regulatory framework governing this case, the following points of legal relevance must be specified: I. Legal Nature of the Environmental Viability. The Environmental License or Viability must be understood, from an administrative technique perspective, as an administrative act of a prior and preparatory nature. Its purpose is not the definitive authorization of execution, but rather it constitutes a necessary and binding prerequisite for obtaining the final permits from the corresponding sectoral authorities. Consequently, its granting does not exhaust the authorization phase, but conditions the pursuit of the project's realization on compliance with environmental protection standards compatible with development. II. Delimitation of Competencies and Principle of Legality. By virtue of the Principle of Legality (Article 11 of the Political Constitution and 11 of the General Public Administration Act), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) is empowered to act only within the scope of its express attributions. Its competencies are strictly delimited by the Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554) and the regulations in force at the time of the assessment. III. Technical-Scientific Function of the Secretariat. Under this legality regime, SETENA's prerogatives are restricted to the Environmental Impact Assessment. Its essential function lies in the application of technical instruments based on scientific criteria to determine the viability of a proposal. The entire assessment procedure must be completed and fulfilled before starting any project, work, or activity, and as a requirement for final permits, this reflects its intermediate nature or status as a preparatory act. Therefore, the institution lacks the legal power to issue final construction or operation permits, the competence for which falls exclusively to other State bodies, limiting SETENA to ruling on environmental viability as a prerequisite for those. Thus, a detailed technical-legal study of the project is carried out, according to the Assessment instrument that corresponds to the work or activity before its execution or operation; hence the predictive nature of the Environmental License and its purpose is to allow the imposition of all those prevention, mitigation, or compensation measures necessary to not cause irreparable damage to the environment. The ex ante nature of the Environmental Impact Assessment is therefore reiterated in accordance with Article 17 of the LOA, which establishes: Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste or materials will require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body will be an indispensable requirement to start the activities, works, or projects. Laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment. Once the Environmental Viability (License) (VLA) is granted and the effective start of the Activity, Work, or Project (AOP) has been verified, SETENA exercises its permanent oversight and control powers. This Environmental Management phase has as its primary objective to guarantee rigorous compliance with the environmental commitments and conditions set for the developer. In this regard, the Constitutional Chamber has indicated, regarding the competencies of this Secretariat, in Exp: 05-015450-0007-CO Res. No. 2009002019: (…) What the petitioner indicates does not correspond to reality. Clearly, since the creation of SETENA, it has established mechanisms for communication and dissemination of Environmental Assessments, in compliance with Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente. Thus, since the promulgation of the Environmental Assessment regulations that have been enacted, due communication has always been sought with the municipalities and other entities interested in environmental assessments, at the expense of the interested party, in accordance with what is established in Article 18 of the same law. Thus, the Regulation on Procedures of the National Environmental Technical Secretariat SETENA No. 25705-MINAE of October 8, 1996, established in its Article 18, within the requirements for the presentation of Environmental Impact Studies: Article 18: For those projects that require the presentation of an EsIA, the following documents must be submitted to SETENA: (…) b) One original and one copy of the Executive Summary (the project designer, upon submitting the EsIA to SETENA, must deliver the original with the seal of receipt from the respective Municipality or Municipalities) which must include: 1. simple terminology to facilitate understanding of the project by the community in general, 2. introduction (objectives, location, owning entity, justification), 3. description of the project (phases, complementary works), 4. environmental characteristics of the area of influence (summary of the environmental diagnosis), 5. positive and negative impacts of the project on the environment and of the environment on the project, 6. corrective or mitigation and prevention actions, 7. environmental management plan of the project, and 8. conclusions (environmental commitments) Once the EsIA is approved, within a period of ten days after notification, an original and copy of the Declaration of Compliance with Environmental Commitments must be submitted, which must be delivered by the project designer to the Municipality or Municipalities in whose jurisdiction the project's area of influence is located, the seal of receipt by the Municipality must being recorded on the original. (bold text not from the original) Likewise, within the technical instruments, the obligation was established, burdening the developer, to publish the entry of the Assessment in a national circulation medium. For its part, the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which was in force from June 28, 2004, until August 19, 2023, provided: Article 29.-Procedure before SETENA for activity, work, or project for SIA classification greater than 1000. The procedure to follow shall be: 1. Submit via digital platform the EsIA, which includes the Environmental Impact Declaration of the EsIA with the seal of receipt from the Municipality of the canton where the activity, work, or project is located, and those other specific requirements requested in the terms of reference. Likewise, Article 41 established: Article 41.-Communication regarding the start of EsIA review to Civil Society. The developer or project manager shall publish on behalf of SETENA in a newspaper of national circulation, in accordance with the form provided by SETENA, the environmental impact study or studies that they are submitting to SETENA for consideration and shall indicate that such studies or the Environmental Impact Declaration are available for public consultation. This Communication shall indicate the hours, places of consultation, the deadlines established for receiving opinions, as well as the manner in which these must be submitted; all of this according to the procedure established by SETENA. To the extent possible, and as a complementary mechanism, SETENA will use other available and authorized media to disseminate to society in general the necessary information about the EsIAs that are under review. (the highlighting is not from the original) On the other hand, the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (EIA Manual)-Part IV. Environmental Impact Declaration (DIA), as part of the technical requirements, expressly requested: Technical summary of the study: its vocabulary must be easily understandable to the general public. It shall indicate in general: introduction (objectives, location, owning entity, justification); description of the project, work, or activity (phases, complementary works, etc.); environmental characteristics of the area of influence (summary of the environmental diagnosis); impacts of the project, work, or activity on the environment; impacts of the environment on the project, work, or activity; corrective or mitigation actions as well as its Environmental Management Plan and summary of environmental commitments. A copy shall be delivered to the Municipality(ies) of the canton(s) where the Project is located, prior to delivering the EsIA to SETENA, and present the original seal of receipt. Currently, the Regulation on environmental assessment, control, and monitoring Decree No. 43898 - MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, effective since August 20, 2023, indicates on this matter: Article 23.- Communication regarding the start of EsIA review to Civil Society. SETENA, through its website, shall make available to civil society, the municipalities, and the National System of Conservation Areas (SINAC), the list of environmental impact studies that are submitted to the Environmental Impact Assessment EsIA process and shall have them available for public consultation, representation, and observations by any interested party. Since 2022, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) migrated to a digital management platform, modernizing its communication channels with the Public Administration and the governed. Said platform is of unrestricted access via the link: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/buscar_expediente (…) On this same page, there is the option of a File Viewer where projects by file number entered for Environmental Assessment can be viewed on a map, where they can be located by canton. (…) On the other hand, on SETENA's WEB page, at the address https://www.setena.go.cr/es/Catalogo/Listado-Estudio-Impacto-Ambiental-(EsIA), there is a list of the files entered into SETENA for Environmental Assessment, which is openly consultable.

(…) Consequently, the ratio legis is fully satisfied, ensuring the effective protection of the interests safeguarded by the legal system. This technological transition obliges an evolutive interpretation of the current regulations; current mechanisms not only facilitate the consultation of projects but also bind municipalities to play an active role in seeking information of interest to them, taking advantage of the digital transparency tools placed at their disposal. It is imperative to clarify that the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental, VA) constitutes, by its nature, a preparatory act lacking its own effects that create final rights. By virtue of municipal autonomy and the power of territorial planning, the approval or rejection of projects corresponds exclusively to each Local Government. Consequently, the issuance of the VA by SETENA is not binding nor does it obligate the Municipality to grant authorizations that contravene its current urban planning regulations. For its part, regarding, for example, mining case files (expedientes), which must be processed through the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, D1-EsIA) evaluation instrument. Furthermore, in accordance with current regulations and before entering SETENA, the Directorate of Geology and Mines of this Ministry must consult the corresponding municipality, in accordance with Article 36 of the Mining Code, in cases of applications in public domain watercourses, so that it may pronounce on the interest in the exploitation; consequently, it follows that the Local Government holds prior and full knowledge of the initiative, before the formalization of the case file before this Secretariat. Likewise, for the case of files where a Public Hearing (Audiencia Pública) is necessary as one of the instruments of citizen participation, the Municipalities, among other institutions and social organizations in the area, are summoned to participate. Regarding the means of citizen participation throughout the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process, the following applies: In accordance with Articles 62, 63, and 64 of current Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, the general mechanisms for citizen participation that apply both in the environmental impact assessment process and in follow-up are the following: Article 62.- Citizen participation in the Environmental Impact Assessment and environmental follow-up. Physical or legal persons, public or private, shall have the possibility to analyze, opine, make inquiries, and file complaints, at any stage of the Environmental Impact Assessment process, and of control and follow-up. In the case of complaints, oppositions, or observations filed during the Environmental Impact Assessment process, they shall be considered in the final act, according to Article 22 of the Organic Environmental Law. When they take place in the environmental control and follow-up phase, the respective resolution shall be issued by SETENA. Article 63.- Citizen participation in indigenous territories. In the case of an activity, work, or project located in indigenous territories, the developer must comply with the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples, prior to its entry, and provide it to the Environmental Impact Assessment process at SETENA. Article 64.- Mechanisms for citizen participation. The mechanisms to be used shall be the following: a. Appearances (Apersonamientos). b. File consultations (Consultas de expedientes). c. Hearings before SETENA. d. Public hearings (Audiencias públicas). e. Attention to inquiries. f. Substantiated written observations. g. Complaints. h. Administrative remedies according to Article 87 of the Organic Environmental Law. Furthermore, particularly during the environmental impact assessment process, there are other mechanisms, which are regulated as follows in Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: Article 67.- Consultation instruments in citizen participation for activities, works, or projects. SETENA may request developers, as part of the socioeconomic component in the Environmental Impact Assessment instruments, in order to comply with the citizen participation mechanism, the application of one or both of the following techniques: 1. Qualitative study. 2. Quantitative study. SETENA shall analyze the data arising from the established instruments, evaluate the collected observations, and issue a positive or negative pronouncement on what was carried out therein, within the deadlines established in this regulation for the analysis of the Environmental Impact Assessment. The specific terms for the presentation of these studies are found in the annexes: Annex 5-Guide for PGA and Annex 6-Guide for the EsIA, of Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC. As a final participation mechanism, one can cite the so-called "Communication Process (Proceso de comunicación)", which is regulated in Annex 6-Guide for the EsIA, Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; specifically, it can be located in component 5: Socioeconomic Environment, aspect 5.1.4. Communication Process, which consists of 3 phases: Informative Phase, Participatory Consultation Phase, and Feedback Phase. This process must always be presented for projects whose AP transcends more than one canton. For local projects, it applies if, in point 3, aspects generating social conflict or majority opposition to the project are identified and/or if the consulting team considers its completion necessary; prior to the perception study, it has the power to carry it out. For low-impact projects, at least the informative phase must be contemplated. By virtue of the foregoing, it follows that the petitioner's interpretation of citizen participation is erroneous and restrictive. Said principle is not exhausted nor limited to the simple communication sent to the municipality; on the contrary, it constitutes a cross-cutting process integrated into the technical-social protocols of the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) instruments, as well as in the follow-up phase of the activities, works, or projects (AOP). This practice has been applied uninterruptedly and consistently by this Secretariat, guaranteeing access to environmental justice at all its stages. Regarding what was alleged: (…) It points out that, through official communication DGA-004-2026 of January 15, 2026, the Environmental Management Office of the District Municipal Council of Cóbano confirmed that it does not receive from SETENA any communication regarding the environmental impact assessment processes within its jurisdiction. This omission forces municipalities to learn about projects reactively, either through third-party requests or through manual searches on deficient digital platforms, which prevents them from exercising their role as rectors of local development and environmental overseers in a timely manner. Given the evident omission of the legal mandate, on January 15, 2026, a formal petition was directed to the Plenary Commission of SETENA. In said petition, the authority was informed of the complaint issued by the local government of Cóbano, and a formal inquiry was made regarding the technical or legal reasons that support the systematic non-application of Article 22 of the Organic Environmental Law regarding the referral of extracts and the disclosure of studies. It indicates that, through official communication CARTA-SETENA-SG-0100-2026 of January 29, 2026, the General Directorate of SETENA issued a response that admits the reported omission. In said communication, the authority states that "they are just in an 'active stage of technological modernization'" to strengthen transparency and access to information. It further notes that they are "finalizing a consultation tool" and "will initiate a process" to register the official emails of the municipalities in order to automate notifications." It argues that said response confirms that the flow of information mandated by law is not being carried out effectively and that compliance with Article 22 depends on projects This inaction is what motivates the filing of this amparo remedy, supported by the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Based on the arguments presented, it deems that, with the accused actions, fundamental rights are being violated (…) The petitioner's thesis in affirming that an alleged omission of communication prevents the Municipality from exercising its role as rector and overseer is inadmissible. Said interpretation lacks legal support, since the powers of territorial planning and environmental oversight are exercised autonomously at the time of deciding on construction permits and final licenses. The referral of information indicated in Article 22 of the LOA has the primary purpose of facilitating prior municipal participation; however, the true protection of the local environment materializes when the Municipality contrasts the project with its urban regulations before granting any execution permit. It is imperative to clarify that the interpretation given to official communication CARTA-SETENA-SG-0100-2026 by the counterpart is fallacious and decontextualized. The petitioner erroneously attempts to derive from said document an acknowledgment of historical non-compliance, when in reality, what was reported by the General Directorate therein is due to a process of technological optimization within the current framework of Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Said platform is subject to constant advances and improvements, which are executed in stages; therefore, it was indicated in the referenced official communication that this Secretariat, since the year 2022, has been in an active stage of technological modernization, driven by the reform of the cited executive decree. In that sense, an improvement process for the Digital Platform is currently being developed, the objective of which is to optimize and streamline interaction with users, in order to perfect the mechanisms of transparency, participation, and administrative efficiency. As part of these improvements, among others (which do not correspond to the substantive issue of this amparo remedy), the development in process of a "Dashboard de Consulta" was highlighted, a data visualization tool that will allow external users to filter and consult case files by canton, type of instrument, status of the same, among other criteria, guaranteeing agile and direct access to information. Likewise, work is underway on the implementation of an automated notification system for Municipalities, within the framework of the use of the Digital Platform. In this sense, the implementation of the "Dashboard de Consulta" and the automated notification system are tools designed to enhance access to information under digital government standards. In this regard, we inform that this Secretariat, with the aim of optimizing the process of participation, coordination, and information to the municipalities, has been acting with due diligence, proceeding with the registration of official emails and formal coordination with local governments to ensure the interoperability of the system. To date, this digital transition effort has been duly communicated, already having the response and validation of 54 municipalities, which accredits significant and effective progress in optimizing compliance with the purposes of the rule. CONCLUSIONS I. It is conclusively proven that the alleged omission of communication claimed by the petitioner is nonexistent and lacks factual support. Since its inception, this Secretariat has strictly complied with Article 22 of the Organic Environmental Law, integrating the duty of communication into its entire block of regulatory legality. Contrary to what the petitioner maintains, communication to Local Governments is not a discretionary act, but an admissibility requirement imposed on the developer since Decree No. 25705-MINAE (1996) and ratified in Decree No. 31849-MINAE (2004). As observed in the cited regulatory evolution, SETENA has historically conditioned the acceptance of the Environmental Impact Studies (EsIA) upon the presentation of the received stamp from the respective Municipality. Consequently, the right to participation and the flow of information to the municipalities have been historically guaranteed through a system of shared responsibility, where the developer acts as the manager of the technical communication and SETENA as the control and oversight body of said requirement. The current transition towards a digital platform does not represent the fulfillment of a new obligation, but rather the technological evolution of a transparency mechanism that has operated uninterruptedly for almost three decades. II. The petitioner's thesis, which attempts to reduce citizen participation to a formal communication act, is inadmissible. According to Executive Decree No. 43898 (2023), participation is a cross-cutting and systemic process. Article 23 of said regulatory body is exhaustive in establishing that publicity is guaranteed through the SETENA Digital Platform, which is of public and permanent access for municipalities and civil society. Therefore, the information is neither hidden nor omitted, but fully available by virtue of the principle of Digital Government. III. It is a legal error on the part of the petitioner to confuse the Environmental Viability (VA) with a construction permit. The VA is a preparatory act that does not bind the final decision of the Municipality. In exercise of their Constitutional Autonomy and Territorial Planning, Local Governments retain the sovereign power to approve or reject a project. Timely municipal oversight occurs when evaluating the final permits; claiming that the lack of a specific communication from SETENA annuls this power is to disregard the urban planning legal system. IV. It is proven that the current legal framework (Articles 62 through 67 of Decree No. 43898) offers a robust catalog of participation mechanisms, such as: public hearings (audiencias públicas), three-phase communication processes (informative, consultative, and feedback), and qualitative/quantitative studies. Likewise, in specific cases such as mining, there is a mandatory prior consultation with the Municipalities by the Directorate of Geology and Mines. Consequently, the citizen participation ecosystem in the management of this Secretariat is full, diversified, and constant, which disproves any allegation of defenselessness or violation of fundamental rights. V. The biased interpretation that the petitioner attempts to give to official communication CARTA-SETENA-SG-0100-2026 is flatly rejected. It is a fundamental legal error to confuse a technological optimization process with an acknowledgment of non-compliance. What was reported by the General Directorate is not the correction of an omission, but the implementation of second-level improvements within the framework of Executive Decree No. 43898, aimed at perfecting digital interaction under Open Government standards. The creation of the 'Dashboard de Consulta' and the automation of notifications represent an evolution in administrative efficiency, not the creation of obligations ex novo; it constitutes an improvement, or a change in the way of complying with it. This Secretariat has proven to act with due diligence by actively managing the registration of official liaisons, achieving to date effective coordination with 54 municipalities. This data is not indicative of late compliance, but of a successful and ongoing digital transition, which guarantees more agile and direct access to information than historically existed. Therefore, in the absence of an injury to a fundamental right—since the communication and participation mechanisms have always been available and are now only enhanced by technology."

4.- The petitioner states: "… by this means I appear to state the following in relation to the reports rendered by the National Environmental Technical Secretariat on March 18, 2026. It is imperative to clarify that Article 22 of the Organic Environmental Law does not transfer to local governments the burden of entering a computer system to try to trace where the new case files are located; especially since what is usually observed on such platforms are the environmental viabilities already granted. The spirit and literalness of the rule establish an active obligation, the National Environmental Technical Secretariat must send the information directly to the respective municipality within a maximum period of five business days from when the viability application enters. This sending must occur exactly when the review period begins, and not when the project has already been approved in concealment of the territorial planning, as the respondent party intends."

5.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considering:

I.- Purpose of the remedy. The petitioner indicates that Article 22 of the Organic Environmental Law obligates Setena to send an extract of every environmental impact assessment to the respective municipalities. He points out that he sent a petition on January 15, 2026, to Setena, bringing this situation to its attention, in relation to the local government of Cóbano. He notes that he received a response that confirms the non-compliance with the law. He considers that the right of petition, prompt justice, participation, and a healthy environment are injured.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a) By note of January 15, 2026, the petitioner requested of Setena: "… I am addressing this Secretariat in order to bring to its attention and forward official communication DGA-004-2026, issued by the District Municipal Council of Cóbano, through which the non-application of Article 22 of the Organic Environmental Law is exposed, particularly regarding the timely referral of extracts of the environmental impact assessments to local governments and the disclosure of the studies submitted for evaluation. Based on the foregoing, I formally consult this Secretariat regarding the reasons why compliance is not being given to the provisions of said article, as well as whether there is any criterion, guideline, or institutional practice that explains said omission." (Uncontested fact).

b) Through official communication CARTA-SETENA-SG-0100-2026 of January 29, 2026, Setena responded to the interested party: "In response to your document without a consecutive number in reference to official communication DGA-004-2026, where you request the reasons why compliance is not being given to the provisions of Article 22 of the Organic Environmental Law, as well as whether there is any criterion, guideline, or institutional practice that explains said omission; in this regard, we are pleased to inform you about the institutional progress to strengthen transparency and access to information, in total correspondence with Article 22 of the Organic Environmental Law. Since the year 2022, this Secretariat has been in an active stage of technological modernization, driven by the Reform of DE.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. This transition process towards a comprehensive Digital Platform aims to optimize compliance with current regulations and facilitate interaction with users. Among the improvements we are implementing, the following stand out: • Development of a Dashboard de Consulta: We are finalizing a data visualization tool that will allow external users to filter and consult case files by canton, type of instrument, status, among others, guaranteeing agile and direct access. • Automated Notification System: In order to strengthen communication with local governments, we will initiate an effort to register the official emails of all municipalities. This will allow them to receive automatic notifications at the moment any activity, work, or project enters through forms D1-EsIA and D1-PPGA, via the digital platform. • Official Communication: This Secretariat will send a formal communication to each Municipality to coordinate this flow of information and ensure that the digital transition is successful and beneficial for all parties. The foregoing in order to comply with the aforementioned regulatory provision." (Uncontested fact).

c) Since 2022, Setena migrated to a digital management platform with unrestricted access. Said platform has a file viewer option, where projects by file number entered into the Environmental Assessment are shown on a map. Likewise, they can be located by canton. (See rendered report and provided evidence).

d) On Setena's internet page, there is a list of the files entered for environmental assessment, which is openly accessible for consultation. (See rendered report and provided evidence).

III.- On the specific case. In the sub examine, the petitioner indicates that Article 22 of the Organic Environmental Law obligates Setena to send an extract of every environmental impact assessment to the respective municipalities. He points out that he sent a petition on January 15, 2026, to Setena, bringing this situation to its attention, in relation to the local government of Cóbano. He notes that he received a response that confirms the non-compliance with the law. He considers that the right of petition, prompt justice, participation, and a healthy environment are injured.

Having analyzed the case file, the Chamber has deemed it proven that, by note of January 15, 2026, the petitioner requested of Setena: "… I am addressing this Secretariat in order to bring to its attention and forward official communication DGA-004-2026, issued by the District Municipal Council of Cóbano, through which the non-application of Article 22 of the Organic Environmental Law is exposed, particularly regarding the timely referral of extracts of the environmental impact assessments to local governments and the disclosure of the studies submitted for evaluation. Based on the foregoing, I formally consult this Secretariat regarding the reasons why compliance is not being given to the provisions of said article, as well as whether there is any criterion, guideline, or institutional practice that explains said omission." Through official communication CARTA-SETENA-SG-0100-2026 of January 29, 2026, Setena responded to the interested party: "In response to your document without a consecutive number in reference to official communication DGA-004-2026, where you request the reasons why compliance is not being given to the provisions of Article 22 of the Organic Environmental Law, as well as whether there is any criterion, guideline, or institutional practice that explains said omission; in this regard, we are pleased to inform you about the institutional progress to strengthen transparency and access to information, in total correspondence with Article 22 of the Organic Environmental Law. Since the year 2022, this Secretariat has been in an active stage of technological modernization, driven by the Reform of DE.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. This transition process towards a comprehensive Digital Platform aims to optimize compliance with current regulations and facilitate interaction with users. Among the improvements we are implementing, the following stand out: • Development of a Dashboard de Consulta: We are finalizing a data visualization tool that will allow external users to filter and consult case files by canton, type of instrument, status, among others, guaranteeing agile and direct access. • Automated Notification System: In order to strengthen communication with local governments, we will initiate an effort to register the official emails of all municipalities. This will allow them to receive automatic notifications at the moment any activity, work, or project enters through forms D1-EsIA and D1-PPGA, via the digital platform. • Official Communication: This Secretariat will send a formal communication to each Municipality to coordinate this flow of information and ensure that the digital transition is successful and beneficial for all parties. The foregoing in order to comply with the aforementioned regulatory provision." Since 2022, Setena migrated to a digital management platform with unrestricted access. Said platform has a file viewer option, where projects by file number entered into the Environmental Assessment are shown on a map. Likewise, they can be located by canton. On Setena's internet page, there is a list of the files entered for environmental assessment, which is openly accessible for consultation.

Recently, the Chamber referred to environmental principles and inter-administrative coordination in the following terms:

"In the sub lite, the constitutional principles in environmental matters are first brought up. Thus, for example, in ruling no. 2021024807 at 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber specified:

"In this order of ideas, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined and identified risks that are at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is a threat of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle stems from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work causes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)"

Precisely, the precautionary principle must be understood as contemplated in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is, it is not about requiring scientific studies to arrive at the 'absolute certainty' of the innocuousness of an activity for the environment (in principle, total safety is difficult to achieve), but rather that, even if the threat of serious or irreversible damage to the environment is not entirely assured, such uncertainty will never justify or excuse the postponement of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be observed, on the one hand, that this is not about just any type of threat, since it must plausibly involve a serious danger, and, on the other hand, that the measure demands effective and efficient use of the resources employed. In the sense expressed, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate damage to the environment—which would denaturalize its reason for being—but rather, it is necessary to have a certain degree of identification of the threats of serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies according to the particularities of the specific case. Thus, when facing a situation that demands the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or modification that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend activities that are being developed. At the same time, they must adopt with efficiency and effectiveness all the measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The referenced principle is also collected in a legal source of hard law, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states, stipulates:

"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost.

To that end, these policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties."

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica. In that regard, see law no. 8538 of August 23, 2006, which reads:

"ARTICLE 1 Objective Bearing in mind the precautionary principle enshrined in principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)."

Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through law no. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: "(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)."

In accordance with the aforementioned regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion (Opinión Consultiva, OC) 23/17 of November 15, 2017:

"180. (…) Therefore, this Court understands that, States must act in accordance with the precautionary principle, for the purposes of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, whereby, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are 'effective' to prevent serious or irreversible damage."

Subsequent to that decision and through a judgment, in Indigenous Communities members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina, the Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH) ruled on February 6, 2020, in this manner: "the right to a healthy environment 'must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,' given the obligation of States to achieve the 'integral development' of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter." Of high significance, it must be underscored that, in this pronouncement, the Inter-American Court refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of such right, whereby the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal binding force characteristic of a judgment. In this regard, the international jurisdictional body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humankind,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' regarding human beings, 'but for its importance for the other living organisms with whom we share the planet.' The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damages." Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Inter-American Court clearly details State obligations regarding possible environmental damages, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In summary, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Concerning the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law "confirmed by relevant practice in many environmental treaties and major codification projects."

Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as is well recorded in the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of Session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to "the causes and sources of environmental problems being addressed in a prioritized and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment. The criterion of prevention will then prevail over any other in the public and private management of the environment and natural resources." The above makes complete sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the reparation of already corroborated harmful consequences, even ordering the cessation of harmful effects.

Such principle is reflected, among other norms, in ordinals 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through law no. 7291) and 5 and Annex II (Anexo II) of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through law no. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see judgments Nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in Advisory Opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242 and the judgment of November 24, 2022, Nombre05 v. Chile. Precisely, in the latter, the Inter-American Court expressly states:

"208. Without prejudice to the foregoing, in specific environmental matters, it should be noted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the measures necessary ex ante the production of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, frequently it will not be possible, after such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that 'States are obligated to use all means at their disposal to avoid activities carried out under their jurisdiction causing significant damage to the [...] environment.' This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage. On the other hand, although it is not possible to provide a detailed list of all the measures that States could take in order to fulfill this duty, some can be pointed out, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and oversee; iii) require and approve environmental impact studies (estudios de impacto ambiental); iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of the occurrence of environmental damage."

For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the 'World Declaration on the Environmental Rule of Law of the International Union for Conservation of Nature (IUCN),' that "in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived therefrom" (see principle V).

In this regard, according to the document '95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of Session No. 28-2020 of May 25, 2020), "Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks will be avoided, general collective interests will be privileged over particular ones, the preservation of the environment will be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment will be preferred."

An evolution of the foregoing has led to the establishment of the "pro natura principle," in which the "in dubio" part is set aside, so that its scope of application widens and covers situations in which legal uncertainty does not necessarily exist. Thus, the application of the pro natura principle does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage - as occurs with the precautionary principle - but rather implies a "general rule of conduct, for the relationship of the State - and society in general - with the environment, applicable to all areas of decisions where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those behaviors that may cause damage to the environment, when other options exist" (Nombre06 and Nombre07, 2018).

The Inter-American Court of Human Rights referred to this principle for the first time in Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, in which it determined that, within the framework of protecting nature as a subject of rights, the pro natura principle must be interpreted harmoniously with the pro persona principle - see para. 281 -. Likewise, the Inter-American Court linked the pro natura principle with other procedural ones, namely "the principles of availability of evidence, procedural cooperation, pro persona (…) and pro actione" as part of the evidentiary rules to be used regarding the right of access to justice - in this regard, see para. 582 -.

In summary, the pro natura principle establishes that, in the face of any legal conflict, the interpretation that best favors the protection of nature and the full enjoyment of environmental rights must always prevail, even when not facing a situation involving uncertainty. This hermeneutical guideline must be followed in every relationship between State, society, and environment, so that the solution that best protects nature is always chosen.

On the other hand, in judgment No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

"V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under the protection of these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those which, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, nor approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved until then. This principle does not imply an absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to nature, that negatively impact the achievements attained until then and force a downward reassessment of the new level of protection. In such cases, Constitutional Law and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of the levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: '…pursuant to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in the interest of protecting the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot - and much less through an International Treaty - reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: "The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with Constitutional Law, which does not admit a regression to its detriment." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).' (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).'"

Thus, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection to fundamental rights already achieved, and that, where appropriate, the corresponding compensatory measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in these terms:

"Regarding the environment, the object of the fundamental right presented, our Magna Carta also requires it to be 'healthy'. The requirement 'healthy' leads us to the 'regenerative capacity' and to the 'succession capacity' to guarantee life. From both requirements: 'healthy' and 'balanced', the need for sustainable and lasting development emerges; quality of life and environmental quality depend on this. Now, with the concepts of 'environment', 'healthy', 'ecologically balanced', the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, in the terms of ordinals 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a 'greater well-being for all the inhabitants of the country'. Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, the Chamber has termed it the principle of objectification of environmental protection: 'The objectification of environmental protection (…) is a principle that can in no way be confused with the previous one [precautionary principle or "principle of prudent avoidance"], as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts as well as provisions of a general nature –both legal and regulatory–, from which derives the requirement of linkage to science and technique, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter. So that, in consideration of the results derived from those technical studies –such as environmental impact studies–, if an objective technical criterion is evidenced denoting the probability of evident damage to the environment, natural resources, or human health, it then becomes mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the event of a "reasonable doubt", it becomes mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.' (judgments of the Constitutional Chamber Nos. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)" (the highlighting was added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012)." (Judgment No. 2025-038435 of 9:15 a.m. on November 21, 2025).

 

"IV.- REGARDING THE PRINCIPLE OF INTER-ADMINISTRATIVE COORDINATION. Coordination, inasmuch as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal order and obliges all public entities. This can be inter-organic –between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship– or inter-subjective, that is, between public entities, each with legal personality, its own budget, autonomy, and specific competencies. The administrative autonomy, or other degree thereof, held by public entities obliges them to coordinate their actions, since they cannot be reciprocally subjected to hierarchical relationships due to their inter-organic nature. Administrative coordination aims to avoid duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they be performed in a rational and orderly manner; and is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information among public entities, all of which can be achieved through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies. In environmental matters, this principle takes on a differentiated nuance, given that what was said by this Court in Judgment No. 2012-008892 of 4:03 p.m. on June 27, 2012, is relevant:

"(…) "III.- Coordination between public agencies must guarantee environmental protection. On several occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally, that is, there is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, by public institution, must be understood to include both the Central Administration –Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) and the Ministry of Health (Ministerio de Salud), which by reason of subject matter have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the General Directorate of Wildlife (Dirección General de Vida Silvestre), the Forestry Directorate (Dirección Forestal), and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, case of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); a task in which, of course, municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason, that one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it becomes necessary to establish a series of coordination relationships between the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber previously –and quite clearly– referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the pursuit of common purposes -which, obviously, must be extended to the relationship that institutions of the Central Administration and decentralized ones carry out in this important function-, for which it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of two thirty in the afternoon on July fourteenth, nineteen ninety-nine):

"So that coordination is the ordering of relations between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conduct upon them is not possible, whereupon the indispensable inter-institutional 'concert', in the strict sense, arises, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector)."

On the other hand, omissions in the duty to protect the environment and to comply with environmental regulations are of constitutional relevance, in that as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and to natural resources can be caused, sometimes, with similar or greater consequences than those derived from the actions of the Administration; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact study by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of businesses without health permits regarding the treatment of black or residual waters (Aqueducts and Sewers and Ministry of Health), or not verifying sonic controls in bars, karaokes and discotheques (municipalities and Ministry of Health), among others (see in this regard judgment number 2006-005159 of thirteen hours four minutes on April seventh, two thousand six)."

In other words, of interest are the technical cooperation that various entities can provide each other, the technical elements that they can contribute, and respect for the competencies of each one; in order to guarantee without a doubt that the impact of the projects being evaluated is not negative, and thus ensure the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm. Thus, the precautionary principle - which seeks to prevent or suspend any activity that may negatively affect said management - obliges the Administration, first of all, to summon the affected and interested parties, and the institutions that may be involved. This is so that they can make the corresponding allegations and present the corresponding technical criteria, and ensure effective participation of the competent bodies in the matter in the interest of protecting and preserving the environment and water resources. And it obliges, secondly, to take into consideration the warnings made by an institution empowered by law to protect water resources about the danger of contamination (…)." (Judgment No. 2026007080 of 9:30 a.m. on February 27, 2026).

 

Now, having analyzed the foregoing elements, this Chamber considers it uncontroverted that SETENA does not currently send to municipalities the summary (extracto) ordered by Article 22 of the Organic Law of the Environment. In this Court's opinion, the foregoing constitutes a constitutional violation, based on the jurisprudence transcribed ut supra.

In the first place, from an environmental perspective, the omission weakens the effective application of the preventive and precautionary principles. It is clear that municipalities, due to their territorial proximity and knowledge of the local context, play an essential role in the early identification of environmental risks and in the oversight of projects within their jurisdiction. If they do not receive the summary of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), they are deprived of key information to warn of possible negative impacts, formulate technical observations, or participate in a timely manner in the decision-making process.

Second, the non-compliance also affects the principle of inter-administrative coordination. In environmental matters, the cited jurisprudence highlights that environmental protection is a common task of the State as a whole, which includes SETENA and the municipalities. Not sending the assessment summary to the latter breaks the communication and coordination channels, hindering the municipal work of environmental control.

By virtue of the foregoing, the appeal is granted.

. IV.- Dissenting vote of Magistrate Castillo Víquez and Magistrate Garro Vargas, with wording by the latter.

 Respectfully, after analyzing what is contained in the case file, we dissent from the majority, as we consider that no violation of the fundamental rights of the protected party is observed. With respect to his request for information, it is verified that it was attended to prior to the filing of the amparo. As this Court has reiterated on countless occasions, the right to petition entails the right to obtain a response, but it need not necessarily be in the sense desired by the interested party. Regarding compliance with Article 22 of the Organic Law of the Environment, we consider that it is not for this jurisdiction to ensure mere regulatory compliance with a law or regulation, but rather to safeguard the fundamental rights of persons. Certainly, many times this is carried out through compliance with a norm that develops a fundamental right, but respect for the latter is not always achieved solely through compliance with a provision. In this case, the petitioner's claim seeks compliance with the cited ordinal. However, the foregoing is not linked to a concrete situation evidencing any concrete threat or violation of fundamental rights.

Furthermore, and as was accredited and appears in the proven facts of the judgment, since 2022 SETENA migrated to a digital management platform with unrestricted access, which has an expediente viewer option, where the projects submitted for environmental assessment are displayed on a map by expediente number; likewise, they can be located by canton. Also on SETENA's internet page there is a list of expedientes submitted for environmental assessment, which is open for consultation. By virtue of the foregoing, we dissent and declare the recurso without merit.

V.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.

With due respect, I dissent from the majority vote, which declares the recurso with merit, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (reglamentos) in force, such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality review process. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard in the legality review process –administrative or jurisdictional–, where, with much greater breadth, the non-compliance or omissions alleged can be scrutinized. It must be borne in mind that the recurso de amparo is a summary, informal, simple, and rapid proceeding, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and initiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its hearing becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its correct assessment, a full evidentiary proceeding, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo proceeding is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms or with the gathering of new and additional evidentiary elements necessary for the contrasting or review of the criteria already appearing in the administrative expediente of the case. To do otherwise would imply transforming the amparo into an ordinary full evidentiary proceeding, thus denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, causing it to lose its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its hearing and scrutiny corresponds to the jurisdiction of the contencioso-administrativo. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality review process. Consequently, this recurso should have been rejected outright, since its subject is a matter properly discussed, analyzed, and resolved in the legality review process. However, since this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contencioso-administrativo jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct complained of conform or not, in substance, to what is mandated in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VI.- Documentation provided to the expediente. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.

Por tanto:

The recurso is declared with merit. It is ordered that Andrés Cortez Orozco, in his capacity as secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or whoever holds that position, coordinate what is pertinent and order what is corresponding within the scope of their powers so that, immediately, what is provided in article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente is complied with, regarding the remittance of extracts to the municipalities. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued within a recurso de amparo, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contencioso-administrativo jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez and Magistrate Garro Vargas dissent and declare the recurso without merit. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the recurso without merit, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contencioso-administrativo jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct complained of conform or not, in substance, to what is mandated in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.





	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 



Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 


Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



PVS47OPXMRC061

EXPEDIENTE N° 26-003727-0007-CO


Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 20:00:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República