Res. 13379-2026 Sala Constitucional — Noise Pollution from Neighborhood Siren: Ministry of Health DutiesContaminación sónica por sirena vecinal: deberes del Ministerio de Salud

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Sala Constitucional

Resolución Nº 13379 - 2026

Fecha de la Resolución: 21 de Abril del 2026 a las 09:20

Expediente: 26-005863-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONTAMINACION SONICA.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

ORDEN SANITARIA..

013379-26. AMBIENTE. PODER EJECUTIVO. VECINA DENUNCIA CONTAMINACIÓN SÓNICA POR SIRENA INSTALADA EN RESIDENCIAL HACIENDA REAL Y, ACUSA FALTA DE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD. SE DECLARA SIN LUGAR AL ACREDITARSE INSPECCIONES, ORDEN SANITARIA Y DESACTIVACIÓN DEL DISPOSITIVO. VCG05/2026

“(…) IV.- CASO CONCRETO. La recurrente acude a esta Sala y expone que una vecina (cuya casa colinda con la suya en el Residencial Hacienda Real en Agua Caliente de Cartago), tiene instalada una sirena para comunicar a los vecinos que hay personas sospechosas dentro del residencial. Sin embargo, aduce que dicho dispositivo se activa a cualquier hora del día, produciendo contaminación sónica e irrumpiendo sus horas de descanso. Menciona que, luego de agotar las vías para solucionar dicha situación a lo interno del residencial, optó en junio de 2024 por formular una denuncia ante el Ministerio de Salud.

Refiere a ciertas actuaciones realizadas, en su criterio, de forma irregular, por dicho ministerio. Indica que el caso fue retomado en una reunión celebrada el 6 de enero de 2026, ocasión en la cual se acordó su reapertura y finalmente se realizó una inspección en el sitio el 9 de enero de 2026, mediante la cual se comprobaron los hechos denunciados y la afectación que se genera. No obstante acusa que la determinación tomada por el Ministerio de Salud no se ha podido finalmente notificar a la denunciada y, por ende, la situación persiste a la fecha, en detrimento de sus derechos fundamentales.

Solicita, entonces, que se le ordene al Ministerio de Salud atender y resolver la denuncia y se disponga, finalmente, la remoción de la sirena que le afecta.

 

Ahora bien, luego de revisar los argumentos expuestos por la accionante, el informe rendido bajo la solemnidad de juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de Cartago del Ministerio de Salud, así como todas las pruebas aportadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este proceso de amparo. Esto, por los siguientes motivos que se explicarán a continuación.

Primero, por cuanto consta que la primera denuncia que formuló la tutelada en el año 2024 fue en su momento tramitada y atendida por los recurridos. Según se acreditó, con motivo de dicha denuncia, se analizó el marco normativo vigente, se confeccionaron informes especializados, se formularon consultas legales, se ejecutaron inspecciones y se celebraron reuniones. Además, la recurrente fue atendida vía correo electrónico y vía telefónica. Consta que se le notificó a la denunciada la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0321-2024, mediante la cual el Área Rectora de Salud de Cartago ordenó lo siguiente: “Utilizar la alarma únicamente como señal de peligro inminente o casos de emergencia, para lo cual no debe superar los 5 minutos de uso”. Igualmente, consta que el 30 de abril de 2025 la parte recurrida emitió el oficio No. MS-DRRSCE-DARSC-IT-0699-2025, mediante el cual se consignó que “la existencia de una sirena se puede identificar como artefacto que queda excluido de la aplicación de la normativa”, siendo que, consecuentemente, el 21 de agosto de 2025 se emitió el oficio técnico No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-1462-2025, mediante el cual la parte recurrida recomendó archivar el caso denunciado y así se le hizo saber a la tutelada.

Segundo, dado que se demostró que el caso en cuestión fue reabierto formalmente por los recurridos el 6 de enero de 2026 (con motivo de una reunión sostenida entre la recurrente y la Directora del Área Rectora de Salud de Cartago), siendo que este proceso de amparo se formuló menos de dos meses después, tan solo el 19 de febrero de 2026, cuando, para entonces, no había trascurrido un plazo que se pueda tildar de excesivo o irrazonable a efecto que los recurridos volvieran a tramitar y resolver finalmente la denuncia. De esta forma, no se estima quebrantado lo dispuesto en el ordinal 41 constitucional.

Tercero, habida cuenta que se verificó que, con motivo de la reapertura del caso, las autoridades recurridas actuaron diligentemente y, pocos días después, concretamente, el 9 de enero de 2026, se ejecutó una inspección tanto en la casa de la recurrente como en la vivienda de la parte denunciada. Inspección que además hizo que se determinara que la bocina en cuestión se encuentra en el lindero entre ambas propiedades, que proyecta el sonido directamente hacia la vivienda de la denunciante, que no cuenta con apagado automático, que no dispone de protocolo formal ni responsable legal claramente definido y que es activada por múltiples usuarios mediante aplicación digital. Adicionalmente, se constató que el 15 de enero de 2026 (semanas antes de formulado este amparo) se emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026, mediante la cual se le ordenó a la parte denunciada (Verónica Campos Ríos), en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación, lo siguiente: la presentación de la lista de personas con acceso al sistema de alarmas de la organización vecinal, la elaboración de un protocolo formal de activación y registro documental, así como un plan de acciones correctivas (con el fin de ejecutar la reubicación o reorientación del dispositivo, garantizando distancia mínima y no proyección directa). Asimismo, expresamente se dispuso lo siguiente: “Se prohíbe el uso de la bocina del sistema de alarmas objeto de la denuncia hasta tanto el sistema técnicamente se apegue a la legislación vigente, a las ordenanzas de este documento y no represente una afectación a la salud, su uso sea si solo sí, como señal de peligro inminente o en casos de emergencia y cese su operación dentro de los cinco (5) minutos luego de ser activada, evitando usos disuasivos no justificados”. Esta última prohibición se ordenó de forma inmediata. También cabe resaltar que, contrario a lo alegado por la recurrente, consta que la citada orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 finalmente se le notificó a la denunciada el día 12 de febrero de 2026 (días antes de interpuesto este amparo).

Cuarto, por cuanto, según informó un vecino del residencial al Ministerio de Salud, para el día 16 de febrero de 2026 (antes de interpuesto el amparo), la sirena en cuestión ya había sido desconectada, con motivo de la orden sanitaria que les fue notificada. Situación anterior que, además, fue corroborada por una funcionaria del ministerio recurrido el 9 de marzo de 2026 mediante oficio No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0436-2026 (emitido varios días antes de notificado este amparo a los recurridos). Consta que la sirena denunciada, en este momento, no está activada, en virtud de todas las gestiones realizadas por el Ministerio de Salud y, debido a que la parte denunciada no ha podido cumplir el resto de aspectos exigidos en la orden sanitaria para poder ponerla en funcionamiento de manera correcta.

***

En mérito de lo expuesto, no es posible tener por quebrantado el derecho a un procedimiento pronto y cumplido ni, tampoco, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ende, lo que procede es desestimar el presente amparo, advirtiéndoles a los recurridos que es su deber notificar a la tutelada un oficio formal donde se hagan constar las últimas actuaciones realizadas y resultados obtenidos, con motivo de la denuncia planteada. (…)”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) II.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONOCER ESTE AMPARO CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una denuncia relacionada con contaminación ambiental, la cual presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG05/2026

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

V.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG05/2026

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONTAMINACION SONICA.

Vi.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia ambiental que no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG05/2026

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Texto de la resolución

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Exp: 26-005863-0007-CO

Res. Nº 2026013379

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .

 

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 19 de febrero de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo. Expone hace más de cuatro años construyó su casa en el Residencial Hacienda Real en Agua Caliente de Cartago. Indica que en este lugar colinda con la propiedad de la Sra. Verónica Campos Ríos, quien tiene instalada una sirena para comunicar a los vecinos que hay personas sospechosas dentro del residencial. Explica que hay dos sirenas en otros puntos de lugar. Indica que la sirena señalada está ubicada directamente hacia su casa y es activada a cualquier hora del día (incluidas las madrugadas) condicionando el sueño de su familia y provocando con esto contaminación sónica. Indica que trató de gestionar a lo interno del residencial el cambio de ubicación de la sirena, pero dicha actuación finalmente no se llevó a cabo. Menciona que, por lo anterior, presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud, vía correo electrónico, el 18 de junio de 2024 (dirigida a la cuenta ars.cartago), por contaminación sónica en horas de la madrugada. Apunta que el señor Julio González Butrago, colaborador del ministerio recurrido, no le comunicó de su visita a su casa previamente, tal y como lo indica el formulario de la denuncia (donde se debe poner la disponibilidad para atender al inspector). En su caso, afirma que había señalado los días martes y viernes. Señala que el miércoles 28 de agosto de 2024 de casualidad llegó a su casa más temprano y se llevó la sorpresa de que dicho inspector estaba en el jardín de la casa de la denunciada. Indica que esa persona solamente atendió a la denunciada y no a ella (no revisó la parte de su casa done podría haber tomado fotos y verificar la afectación denunciada). Tampoco, realizó la respectiva medición sónica (decibeles de la onda de la sirena). Apunta que por lo anterior solicitó una reunión el 31 de agosto de 2024 con el Director del Ministerio de Salud de Cartago (señor Carlos Granados Siles), la cual finalmente se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2024. Se le dijo que se revisaría el expediente y se le mantendría informada. Agrega que el 2 de noviembre de 2024 la denunciada activó la alarma a las 4:00 am y a las 7:00 am sin que hubiera existido una emergencia, por lo cual puso en conocimiento de estos hechos al señor Carlos Granados. Señala que la parte denunciada incumplió la recomendación girada por el ministerio recurrido y no fue amonestada. Se refiere a un oficio emitido por la parte recurrida y señala que este contiene fallas técnicas y no se tomó en cuenta el lugar donde está instalada la sirena. Indica que presentó disconformidad en contra del contenido de dicho oficio el 23 de enero de 2024. Manifiesta que el 20 de octubre de 2025 reportó el incumplimiento a la orden sanitaria girada a la denunciada bajo expediente No. 0255-2024. El 20 de noviembre de 2025 realizó manifestaciones sobre reunión e inspección. El 9 de diciembre de 2025 se le indicó que una reunión se reprogramaría el 6 de enero de 2026. Explica que ese último día efectivamente se realizó una reunión con la Dra. Andrea Morales, Directora de la Oficina del Ministerio de Salud y conversaron sobre el caso denunciado. En tal ocasión se acordó la reapertura del caso (expediente No. 0255-2024) con el fin de resolver la situación y la realización de una nueva inspección. Esa inspección la realizó la ingeniera Lorena Gómez Valverde el 9 de enero de 2026. Cuando se llevó a cabo la denunciada no quiso recibirla y se debió llamar a otra persona del residencial (señor Samuel Vega Sánchez). Ese señor tiene una sirena similar, por lo cual se hizo la medición sónica con esta y se comprobó que sobrepasa los decibeles permitidos y no contaban con el aval del Ministerio de Salud. Luego, la funcionaria se apersonó en casa de la denunciada y tomó las fotografías necesarias y comprobó que la sirena estaba mal ubicada en medio perímetro, mirando hacia su propiedad privada y no tenía tres metros de distancia, según lo normado. Aluce a correos de seguimiento enviados. El 4 de febrero de 2026 reportó a la señora Andrea Morales la activación de la referida sirena. El 5 de febrero de 2026 se le informó sobre intento de notificación a la parte denunciada que no pudo concretar. Acusa que la situación se ha estado tramitando desde hace mucho tiempo y no se ha podido concluir. Reitera que la activación de la alarma les afecta el sueño y produce contaminación sónica.  Expone que no se ha podido notificar a la fecha a la denunciada porque está evadiendo la situación. Solicita que el Ministerio de Salud atienda el caso y lo resuelva, ordenándose la remoción de la sirena que le afecta.

2.- Por resolución de las 21:23 hrs. de 17 de marzo de 2026, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 30 de marzo de 2026, Andrea Anelisse Morales Fiesler, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Cartago, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) PRIMERO: Que el 14 de julio de 2024, se recibió denuncia de carácter confidencial, por contaminación sónica, registrada bajo el expediente administrativo N°0255-2024. Dentro de las gestiones iniciales y análisis técnico-legal, se realizaron inspecciones, análisis del marco normativo aplicable y consultas legales internas del Ministerio de Salud. Dentro de ellas, se evaluó la aplicabilidad del Reglamento para el Control del Ruido Ambiental, Decreto Ejecutivo N°44486- S, particularmente las excepciones para alarmas y sirenas de duración inferior a cinco minutos y uso en emergencias. SEGUNDO: Que se realizaron reuniones y se dio atención a la usuaria. La recurrente fue atendida mediante comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y reunión presencial, dentro de todo, el caso se cerró por falta de pruebas que determinaran que en el sitio se diera la activación de la sirena en el momento de las inspecciones realizadas, dentro de ellas se encuentra reunión celebrada el 06 de enero de 2026, en la que se acordó reforzar actuaciones administrativas y reasignar el caso nuevamente. TERCERO: Que se realizó inspección técnica en fecha 09 de enero del 2026, en el lugar denunciado, detallado en el informe N°CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0018-2026, suscrito por la Ing. Lorena Gómez Valverde, funcionaria del equipo de regulación de la salud del Ministerio de Salud, donde se practicó inspección tanto en la propiedad denunciada como en la vivienda de la recurrente, ahí se determinó que la bocina se encuentra en el lindero entre ambas propiedades, que proyecta el sonido directamente hacia la vivienda de la denunciante, que no cuenta con apagado automático, no dispone de protocolo formal ni responsable legal claramente definido y es activada por múltiples usuarios mediante aplicación digital. CUARTO: Que de conformidad con los hallazgos encontrados en el lugar denunciado, se notificó en fecha 12 de febrero del 2026, la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 emitida por la suscrita, donde se le ordenó que en el plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación, entre otros extremos: la prohibición inmediata del uso de la bocina denunciada, la presentación de lista de personas con acceso al sistema, la elaboración de protocolo formal de activación, la reubicación o reorientación del dispositivo, garantizando distancia mínima y no proyección directa, indicando el apercibimiento legal de las medidas a las que se expone, en caso de incumplimiento. QUINTO: Que mediante informe técnico N°CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0436-2026 de fecha 09 de marzo del 2026, suscrito por la Ing. Lorena Gómez Valverde, funcionaria del equipo de regulación de la salud del Ministerio de Salud, verificó que el dispositivo permanece fuera de funcionamiento, recomendándose continuar el procedimiento sancionatorio ante incumplimientos pendientes. CONCLUSIÓN De lo anteriormente expuesto, se determina que la actuación del Ministerio de Salud se encuentra en todo ajustada a derecho, ya que el Área Rectora de Salud de Cartago ha actuado de forma diligente, razonable y proporcional, dentro de sus competencias legales, atendiendo la denuncia, valorando el riesgo sanitario y adoptando medidas efectivas para mitigar la afectación denunciada, dentro de las cuales se recibió, tramitó y analizó la misma conforme al marco normativo vigente, se realizaron inspecciones técnicas, informes especializados y consultas legales, se emitió orden sanitaria formal, con medidas correctivas, preventivas y coercitivas, se realizaron reiterados intentos de notificación y se utilizó un medio legal alternativo ante la imposibilidad material, concluyendo que actualmente la fuente generadora de ruido se encuentra fuera de operación, garantizando la tutela del derecho a la salud de la parte aquí recurrente. Así las cosas, considero que este Ministerio, no ha violentado los derechos fundamentales de manera alguna a la parte aquí recurrente. Asimismo, informo a esta Honorable Sala, que el medio oficial para recepción de gestiones de usuarios del Área Rectora de Salud de Cartago es el correo electrónico [email protected] (…)”.

4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente aduce que las autoridades del Ministerio de Salud no han resuelto, de manera definitiva, una denuncia que presentó desde el año 2024 en contra de una vecina, quien instaló –en la colindancia con su vivienda–, una sirena que se activa a cualquier hora del día o de la noche, provocando con esto contaminación sónica.

II.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONOCER ESTE AMPARO CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una denuncia relacionada con contaminación ambiental, la cual presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1)    El 14 de julio de 2024 el Área Rectora de Salud de Cartago del Ministerio de Salud recibió denuncia de carácter confidencial por la instalación y activación de sirena (tipo alarma) en la casa de la señora Verónica Campos Ríos, ubicada en el Residencial Hacienda Real en Agua Caliente de Cartago, contiguo a la vivienda de la recurrente. Concretamente, se denunció que dicho dispositivo se activaba a cualquier hora del día o de la noche y producía contaminación sónica. A esta denuncia se le asignó el expediente No. 0255-2024 (ver informe y prueba).

2)    Con motivo de dicha denuncia, se analizó el marco normativo, se confeccionaron informes especializados, se formularon consultas legales, se ejecutaron inspecciones y se celebraron reuniones. Además, la recurrente fue atendida vía correo electrónico y vía telefónica (ver informe).

3)    El 13 de enero de 2025 se notificó la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0321-2024 a la denunciada Verónica Campos Ríos, mediante la cual el Área Rectora de Salud de Cartago dispuso lo siguiente: “Utilizar la alarma únicamente como señal de peligro inminente o casos de emergencia, para lo cual no debe superar los 5 minutos de uso” (ver prueba).

4)    El 30 de abril de 2025 la parte recurrida emitió el oficio No. MS-DRRSCE-DARSC-IT-0699-2025, mediante el cual se consignó lo siguiente: “De acuerdo con la inspección inicial realizada en la atención del caso, la existencia de una sirena se puede identificar como artefacto que queda excluido de la aplicación de la normativa” (ver prueba).

5)    El 21 de agosto de 2025 se emitió el oficio técnico No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-1462-2025, mediante el cual la parte recurrida recomendó archivar el caso denunciado (ver prueba).

6)    El 10 de noviembre de 2025 se le notificó a la recurrente el oficio No. MS-DRRSCE-DARSC-IT-0699-2025 (ver prueba).

7)    En fecha no precisa (antes de 6 de enero de 2026) la recurrente tuvo conocimiento que el caso había sido archivado (los autos).

8)    El 6 de enero de 2026 se realizó una reunión entre la Directora del Área Rectora de Salud de Cartago y la accionante, quien solicitó nuevamente el traslado definitivo del dispositivo que colinda con su casa, pues, según denunció, este le generaba graves afectaciones. En tal ocasión se acordó reforzar actuaciones administrativas y reasignar el caso nuevamente a otro funcionario del ministerio recurrido para su atención. Se acordó la reapertura del expediente administrativo No. 0255-2024 (ver escrito de interposición, informe y prueba).

9)    El 9 de enero de 2026, la Ing. Lorena Gómez Valverde, funcionaria del equipo de regulación de la salud del ministerio recurrido, realizó nueva inspección técnica en el sitio denunciado y en la vivienda de la recurrente. Producto de esa inspección se determinó que la bocina en cuestión se encuentra en el lindero entre ambas propiedades, que proyecta el sonido directamente hacia la vivienda de la denunciante, que no cuenta con apagado automático, que no dispone de protocolo formal ni responsable legal claramente definido y que es activada por múltiples usuarios mediante aplicación digital (ver informe y prueba).

10)  El 15 de enero de 2026 se emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026, mediante la cual el Área Rectora de Salud de Cartago ordenó a la parte denunciada (Verónica Campos Ríos), en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación, lo siguiente: la presentación de la lista de personas con acceso al sistema de alarmas de la organización vecinal, la elaboración de un protocolo formal de activación y registro documental, así como un plan de acciones correctivas (con el fin de ejecutar la reubicación o reorientación del dispositivo, garantizando distancia mínima y no proyección directa). Asimismo, expresamente se dispuso lo siguiente: “Se prohíbe el uso de la bocina del sistema de alarmas objeto de la denuncia hasta tanto el sistema técnicamente se apegue a la legislación vigente, a las ordenanzas de este documento y no represente una afectación a la salud, su uso sea si solo sí, como señal de peligro inminente o en casos de emergencia y cese su operación dentro de los cinco (5) minutos luego de ser activada, evitando usos disuasivos no justificados”. Esta última prohibición se ordenó de forma inmediata (ver informe y prueba).

11)  Después de varios intentos fallidos, la citada orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 se le notificó finalmente a la denunciada Verónica Campos Ríos el día 12 de febrero de 2026 (ver informe y prueba).

12)  El 19 de febrero de 2026, la recurrente formuló el presente amparo (ver escrito de interposición).

13)  El 16 de febrero de 2026, un vecino del Residencial Hacienda Real informó al Área Rectora de Salud de Cartago que la sirena había sido desconectada (ver prueba).

14)  El 3 de marzo de 2026, la denunciante solicitó ante los recurridos retroalimentación del caso (ver prueba).

15)  Mediante informe técnico No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0436-2026 de fecha 9 de marzo del 2026, la Ing. Lorena Gómez Valverde, funcionaria del equipo de regulación de la salud del Ministerio de Salud, concluyó que el sistema de alarma y bocina instalada en el Residencial Hacienda Real no estaba funcionando y había sido deshabilitado temporalmente por parte del grupo de vecinos en cumplimiento del cuarto punto de la orden sanitaria. Asimismo, se anotó que las otras acciones señaladas en la orden sanitaria no constaban como realizadas. Adicionalmente, como parte de las recomendaciones giradas,  se señaló notificar a las partes dicho informe técnico “a fin de que sea de su conocimiento para lo que corresponda” (ver informe y prueba).

16)  El 25 de marzo de 2026, la autoridad recurrida fue notificada de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).

IV.- CASO CONCRETO. La recurrente acude a esta Sala y expone que una vecina (cuya casa colinda con la suya en el Residencial Hacienda Real en Agua Caliente de Cartago), tiene instalada una sirena para comunicar a los vecinos que hay personas sospechosas dentro del residencial. Sin embargo, aduce que dicho dispositivo se activa a cualquier hora del día, produciendo contaminación sónica e irrumpiendo sus horas de descanso. Menciona que, luego de agotar las vías para solucionar dicha situación a lo interno del residencial, optó en junio de 2024 por formular una denuncia ante el Ministerio de Salud.

Refiere a ciertas actuaciones realizadas, en su criterio, de forma irregular, por dicho ministerio. Indica que el caso fue retomado en una reunión celebrada el 6 de enero de 2026, ocasión en la cual se acordó su reapertura y finalmente se realizó una inspección en el sitio el 9 de enero de 2026, mediante la cual se comprobaron los hechos denunciados y la afectación que se genera. No obstante acusa que la determinación tomada por el Ministerio de Salud no se ha podido finalmente notificar a la denunciada y, por ende, la situación persiste a la fecha, en detrimento de sus derechos fundamentales.

Solicita, entonces, que se le ordene al Ministerio de Salud atender y resolver la denuncia y se disponga, finalmente, la remoción de la sirena que le afecta.

Ahora bien, luego de revisar los argumentos expuestos por la accionante, el informe rendido bajo la solemnidad de juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de Cartago del Ministerio de Salud, así como todas las pruebas aportadas a los autos, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este proceso de amparo. Esto, por los siguientes motivos que se explicarán a continuación.

Primero, por cuanto consta que la primera denuncia que formuló la tutelada en el año 2024 fue en su momento tramitada y atendida por los recurridos. Según se acreditó, con motivo de dicha denuncia, se analizó el marco normativo vigente, se confeccionaron informes especializados, se formularon consultas legales, se ejecutaron inspecciones y se celebraron reuniones. Además, la recurrente fue atendida vía correo electrónico y vía telefónica. Consta que se le notificó a la denunciada la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0321-2024, mediante la cual el Área Rectora de Salud de Cartago ordenó lo siguiente: “Utilizar la alarma únicamente como señal de peligro inminente o casos de emergencia, para lo cual no debe superar los 5 minutos de uso”. Igualmente, consta que el 30 de abril de 2025 la parte recurrida emitió el oficio No. MS-DRRSCE-DARSC-IT-0699-2025, mediante el cual se consignó que “la existencia de una sirena se puede identificar como artefacto que queda excluido de la aplicación de la normativa”, siendo que, consecuentemente, el 21 de agosto de 2025 se emitió el oficio técnico No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-1462-2025, mediante el cual la parte recurrida recomendó archivar el caso denunciado y así se le hizo saber a la tutelada.

Segundo, dado que se demostró que el caso en cuestión fue reabierto formalmente por los recurridos el 6 de enero de 2026 (con motivo de una reunión sostenida entre la recurrente y la Directora del Área Rectora de Salud de Cartago), siendo que este proceso de amparo se formuló menos de dos meses después, tan solo el 19 de febrero de 2026, cuando, para entonces, no había trascurrido un plazo que se pueda tildar de excesivo o irrazonable a efecto que los recurridos volvieran a tramitar y resolver finalmente la denuncia. De esta forma, no se estima quebrantado lo dispuesto en el ordinal 41 constitucional.

Tercero, habida cuenta que se verificó que, con motivo de la reapertura del caso, las autoridades recurridas actuaron diligentemente y, pocos días después, concretamente, el 9 de enero de 2026, se ejecutó una inspección tanto en la casa de la recurrente como en la vivienda de la parte denunciada. Inspección que además hizo que se determinara que la bocina en cuestión se encuentra en el lindero entre ambas propiedades, que proyecta el sonido directamente hacia la vivienda de la denunciante, que no cuenta con apagado automático, que no dispone de protocolo formal ni responsable legal claramente definido y que es activada por múltiples usuarios mediante aplicación digital. Adicionalmente, se constató que el 15 de enero de 2026 (semanas antes de formulado este amparo) se emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026, mediante la cual se le ordenó a la parte denunciada (Verónica Campos Ríos), en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación, lo siguiente: la presentación de la lista de personas con acceso al sistema de alarmas de la organización vecinal, la elaboración de un protocolo formal de activación y registro documental, así como un plan de acciones correctivas (con el fin de ejecutar la reubicación o reorientación del dispositivo, garantizando distancia mínima y no proyección directa). Asimismo, expresamente se dispuso lo siguiente: “Se prohíbe el uso de la bocina del sistema de alarmas objeto de la denuncia hasta tanto el sistema técnicamente se apegue a la legislación vigente, a las ordenanzas de este documento y no represente una afectación a la salud, su uso sea si solo sí, como señal de peligro inminente o en casos de emergencia y cese su operación dentro de los cinco (5) minutos luego de ser activada, evitando usos disuasivos no justificados”. Esta última prohibición se ordenó de forma inmediata. También cabe resaltar que, contrario a lo alegado por la recurrente, consta que la citada orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 finalmente se le notificó a la denunciada el día 12 de febrero de 2026 (días antes de interpuesto este amparo).

Cuarto, por cuanto, según informó un vecino del residencial al Ministerio de Salud, para el día 16 de febrero de 2026 (antes de interpuesto el amparo), la sirena en cuestión ya había sido desconectada, con motivo de la orden sanitaria que les fue notificada. Situación anterior que, además, fue corroborada por una funcionaria del ministerio recurrido el 9 de marzo de 2026 mediante oficio No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0436-2026 (emitido varios días antes de notificado este amparo a los recurridos). Consta que la sirena denunciada, en este momento, no está activada, en virtud de todas las gestiones realizadas por el Ministerio de Salud y, debido a que la parte denunciada no ha podido cumplir el resto de aspectos exigidos en la orden sanitaria para poder ponerla en funcionamiento de manera correcta.

***

En mérito de lo expuesto, no es posible tener por quebrantado el derecho a un procedimiento pronto y cumplido ni, tampoco, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ende, lo que procede es desestimar el presente amparo, advirtiéndoles a los recurridos que es su deber notificar a la tutelada un oficio formal donde se hagan constar las últimas actuaciones realizadas y resultados obtenidos, con motivo de la denuncia planteada.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia ambiental que no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la parte recurrida de lo dispuesto en la parte final del considerando IV de la presente sentencia. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 JYSFX43QPGNI61

EXPEDIENTE N° 26-005863-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 19:59:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Constitutional Chamber

Resolution No. 13379 - 2026

Date of Resolution: April 21, 2026 at 09:20

Case File: 26-005863-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of Matter: Amparo remedy

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Ruling with separate note

Relevance Indicators

Relevant ruling

Ruling with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

NOISE POLLUTION.

Topic: EXECUTIVE BRANCH

Subtopics:

SANITARY ORDER..

013379-26. ENVIRONMENT. EXECUTIVE BRANCH. NEIGHBOR REPORTS NOISE POLLUTION FROM A SIREN INSTALLED IN HACIENDA REAL RESIDENTIAL AREA AND ALLEGES LACK OF RESOLUTION FROM THE MINISTRY OF HEALTH. DECLARED WITHOUT MERIT AS INSPECTIONS, A SANITARY ORDER, AND DEACTIVATION OF THE DEVICE WERE PROVEN. VCG05/2026

"(...) IV.- SPECIFIC CASE. The petitioner comes before this Chamber and states that a neighbor (whose house is adjacent to hers in the Hacienda Real Residential Area in Agua Caliente de Cartago), has installed a siren to notify neighbors that there are suspicious persons within the residential area. However, she argues that this device is activated at any time of the day, producing noise pollution and disrupting her rest hours. She mentions that, after exhausting the channels to resolve this situation internally within the residential area, in June 2024 she opted to file a complaint before the Ministry of Health.

She refers to certain actions carried out, in her opinion, irregularly by said ministry. She indicates that the case was resumed in a meeting held on January 6, 2026, on which occasion its reopening was agreed upon and an on-site inspection was finally carried out on January 9, 2026, through which the reported facts and the affectation generated were verified. However, she alleges that the determination made by the Ministry of Health has ultimately not been able to be notified to the respondent and, therefore, the situation persists to date, to the detriment of her fundamental rights.

She requests, then, that the Ministry of Health be ordered to address and resolve the complaint and that the removal of the siren that affects her finally be ordered.

Now then, after reviewing the arguments presented by the petitioner, the report rendered under oath by the Director of the Cartago Health Governing Area of the Ministry of Health, as well as all the evidence provided to the record, this Constitutional Court does not consider that there is any merit to grant this amparo proceeding. This, for the following reasons that will be explained below.

First, because it is evident that the first complaint formulated by the protected party in 2024 was duly processed and addressed by the respondents. As was proven, on the occasion of said complaint, the current regulatory framework was analyzed, specialized reports were prepared, legal inquiries were made, inspections were executed, and meetings were held. Additionally, the petitioner was assisted via email and telephone. It is evident that the sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0321-2024 was notified to the respondent, through which the Cartago Health Governing Area ordered the following: "Use the alarm only as a signal of imminent danger or in emergency cases, for which it must not exceed 5 minutes of use". Likewise, it is evident that on April 30, 2025, the respondent party issued official letter No. MS-DRRSCE-DARSC-IT-0699-2025, through which it was recorded that "the existence of a siren can be identified as an artifact that is excluded from the application of the regulations," and consequently, on August 21, 2025, technical official letter No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-1462-2025 was issued, through which the respondent party recommended archiving the reported case, and the protected party was informed of this.

Second, given that it was demonstrated that the case in question was formally reopened by the respondents on January 6, 2026 (on the occasion of a meeting held between the petitioner and the Director of the Cartago Health Governing Area), and this amparo proceeding was filed less than two months later, solely on February 19, 2026, when, by then, a period that could be deemed excessive or unreasonable had not elapsed for the respondents to process and finally resolve the complaint again. Thus, a violation of the provisions of constitutional article 41 is not considered to have occurred.

Third, considering that it was verified that, on the occasion of the reopening of the case, the respondent authorities acted diligently and, a few days later, specifically, on January 9, 2026, an inspection was executed both at the petitioner's house and at the respondent's dwelling. An inspection that also led to the determination that the speaker in question is located on the boundary line between both properties, projects the sound directly towards the petitioner's dwelling, lacks an automatic shut-off, does not have a formal protocol or a clearly defined legal responsible party, and is activated by multiple users via a digital application. Additionally, it was verified that on January 15, 2026 (weeks before this amparo was filed), sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 was issued, through which the respondent (Verónica Campos Ríos) was ordered, within a period of ten business days from notification, the following: the presentation of the list of persons with access to the neighborhood organization's alarm system, the elaboration of a formal activation protocol and documentary record, as well as a corrective action plan (in order to carry out the relocation or reorientation of the device, guaranteeing a minimum distance and no direct projection). Likewise, the following was expressly ordered: "The use of the speaker of the alarm system subject to the complaint is prohibited until the system technically complies with current legislation, with the ordinances of this document, and does not represent a health affectation, its use shall be solely, and only, as a signal of imminent danger or in cases of emergency and its operation must cease within five (5) minutes after being activated, avoiding unjustified dissuasive uses". This last prohibition was ordered immediately. It is also worth highlighting that, contrary to what was alleged by the petitioner, it is evident that the cited sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 was finally notified to the respondent on February 12, 2026 (days before this amparo was filed).

Fourth, because, as reported by a neighbor of the residential area to the Ministry of Health, by February 16, 2026 (before the amparo was filed), the siren in question had already been disconnected, due to the sanitary order that was notified to them. A situation that, furthermore, was corroborated by an official of the respondent ministry on March 9, 2026, through official letter No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0436-2026 (issued several days before this amparo was notified to the respondents). It is evident that the reported siren, at this moment, is not activated, by virtue of all the actions taken by the Ministry of Health and, because the respondent party has not been able to comply with the rest of the aspects required in the sanitary order to be able to put it into correct operation.

***

Based on the foregoing, it is not possible to deem the right to a prompt and fulfilled procedure violated, nor the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, it is appropriate to dismiss this amparo, warning the respondents that it is their duty to notify the protected party of a formal official letter recording the latest actions taken and results obtained, on the occasion of the complaint filed. (...)"

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Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

"(…) II.- ON THE POSSIBILITY OF HEARING THIS AMPARO PURSUANT TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 41 OF THE CONSTITUTION. Prior to analyzing the merits of the matter –for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure– it must be clarified that, as of ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has remitted to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented –endorsed by the majority of this Constitutional Court– as it involves a complaint related to environmental contamination, which allegedly has not been resolved within a reasonable period. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (...)" VCG05/2026

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Content of Interest:

Type of content: Separate note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

V.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exception scenarios, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG05/2026

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Content of Interest:

Type of content: Separate note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

NOISE POLLUTION.

Vi.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and contamination-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the petitioner filed an environmental complaint that has not been resolved definitively, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VCG05/2026

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Text of the resolution

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Exp: 26-005863-0007-CO

Res. No. 2026013379

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes of April twenty-first, two thousand twenty-six.

Amparo remedy filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF HEALTH.

WHEREAS:

1.- By brief submitted to the Chamber on February 19, 2026, the petitioner files an amparo remedy. She states that more than four years ago she built her house in the Hacienda Real Residential Area in Agua Caliente de Cartago. She indicates that in this place, she is adjacent to the property of Mrs. Verónica Campos Ríos, who has installed a siren to notify neighbors that there are suspicious persons within the residential area. She explains that there are two sirens at other points in the area. She indicates that the identified siren is located directly facing her house and is activated at any time of the day (including early mornings), conditioning her family's sleep and causing noise pollution thereby. She indicates that she tried to negotiate within the residential area the relocation of the siren, but such action was ultimately not carried out. She mentions that, due to the above, she filed a complaint before the Ministry of Health, via email, on June 18, 2024 (addressed to the account ars.cartago), for noise pollution during early morning hours. She points out that Mr. Julio González Butrago, an employee of the respondent ministry, did not notify her of his visit to her house beforehand, as indicated on the complaint form (where availability to assist the inspector must be stated). In her case, she affirms that she had indicated Tuesdays and Fridays. She states that on Wednesday, August 28, 2024, she happened to arrive home earlier and was surprised that said inspector was in the garden of the respondent's house. She indicates that this person only assisted the respondent and not her (did not inspect the part of her house where he could have taken photos and verified the reported affectation). Nor did he perform the respective sound measurement (decibels of the siren's wave). She points out that due to the above, she requested a meeting on August 31, 2024, with the Director of the Cartago Ministry of Health (Mr. Carlos Granados Siles), which finally took place on September 19, 2024. She was told that the case file would be reviewed and she would be kept informed. She adds that on November 2, 2024, the respondent activated the alarm at 4:00 am and 7:00 am without there having been an emergency, which is why she informed Mr. Carlos Granados of these facts. She states that the respondent party failed to comply with the recommendation issued by the respondent ministry and was not admonished. She refers to an official letter issued by the respondent party and indicates that it contains technical flaws and did not take into account the location where the siren is installed. She indicates that she filed a disagreement against the content of said official letter on January 23, 2024. She states that on October 20, 2025, she reported non-compliance with the sanitary order issued to the respondent under case file No. 0255-2024. On November 20, 2025, she made statements regarding a meeting and inspection. On December 9, 2025, she was informed that a meeting would be rescheduled for January 6, 2026. She explains that on that last day, a meeting was indeed held with Dr. Andrea Morales, Director of the Ministry of Health Office, and they discussed the reported case. On that occasion, the reopening of the case (case file No. 0255-2024) was agreed upon in order to resolve the situation, and a new inspection was arranged. Engineer Lorena Gómez Valverde carried out this inspection on January 9, 2026. When it was conducted, the respondent did not want to receive her, and another person from the residential area had to be called (Mr. Samuel Vega Sánchez). That gentleman has a similar siren, so the sound measurement was taken with it, and it was confirmed that it exceeds the permitted decibels and they did not have the Ministry of Health's approval. Later, the official appeared at the respondent's house, took the necessary photographs, and confirmed that the siren was poorly located on the mid-perimeter, facing her private property, and did not maintain the three-meter distance, as regulated. She refers to follow-up emails sent. On February 4, 2026, she reported the activation of the referred siren to Mrs. Andrea Morales. On February 5, 2026, she was informed about an attempted notification to the respondent that could not be completed. She alleges that the situation has been handled for a long time and has not been able to be concluded. She reiterates that the activation of the alarm affects their sleep and produces noise pollution. She states that the respondent has not been able to be notified to date because she is evading the situation. She requests that the Ministry of Health address the case and resolve it, ordering the removal of the siren that affects her.

2.- By resolution issued at 21:23 hrs. on March 17, 2026, the proceeding is admitted, and reports are requested from the respondent authorities.

3.- Through a brief submitted to the Chamber on March 30, 2026, Andrea Anelisse Morales Fiesler, in her capacity as Director of the Cartago Health Governing Area, renders a report and expressly states the following: "(…) FIRST: That on July 14, 2024, a confidential complaint was received, for noise pollution, registered under administrative case file No. 0255-2024. Within the initial steps and technical-legal analysis, inspections, analysis of the applicable regulatory framework, and internal legal inquiries of the Ministry of Health were carried out. Among them, the applicability of the Regulation for the Control of Environmental Noise, Executive Decree No. 44486-S, was evaluated, particularly the exceptions for alarms and sirens of duration less than five minutes and use in emergencies. SECOND: That meetings were held, and assistance was provided to the user. The petitioner was assisted through telephone communications, emails, and an in-person meeting. Overall, the case was closed due to a lack of evidence determining that the activation of the siren occurred at the site at the time of the inspections carried out. Among these actions is a meeting held on January 6, 2026, in which it was agreed to reinforce administrative actions and reassign the case again. THIRD: That a technical inspection was carried out on January 9, 2026, at the reported location, detailed in report No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0018-2026, signed by Ing. Lorena Gómez Valverde, an official of the Ministry of Health's health regulation team, where an inspection was carried out both on the reported property and at the petitioner's dwelling. There, it was determined that the speaker is located on the boundary line between both properties, projects the sound directly towards the petitioner's dwelling, lacks an automatic shut-off, does not have a formal protocol or a clearly defined legal responsible party, and is activated by multiple users via a digital application. FOURTH: That in accordance with the findings discovered at the reported location, on February 12, 2026, Sanitary Order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026, issued by the undersigned, was notified, wherein it was ordered that within a period of 10 business days from its notification, among other requirements: the immediate prohibition of the use of the reported speaker, the presentation of a list of persons with access to the system, the elaboration of a formal activation protocol, the relocation or reorientation of the device, guaranteeing a minimum distance and no direct projection, indicating the legal warning of the measures to which they are exposed in case of non-compliance. FIFTH: That through technical report No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0436-2026 dated March 9, 2026, signed by Ing. Lorena Gómez Valverde, an official of the Ministry of Health's health regulation team, it was verified that the device remains out of operation, recommending the continuation of the sanctioning procedure for pending non-compliances. CONCLUSION From the foregoing, it is determined that the Ministry of Health's action is in all respects in accordance with the law, as the Cartago Health Governing Area has acted diligently, reasonably, and proportionally, within its legal powers, addressing the complaint, assessing the sanitary risk, and adopting effective measures to mitigate the reported affectation. Within these, the same was received, processed, and analyzed in accordance with the current regulatory framework; technical inspections, specialized reports, and legal inquiries were carried out; a formal sanitary order was issued, with corrective, preventive, and coercive measures; repeated notification attempts were made, and an alternative legal means was used in the face of material impossibility, concluding that the noise-generating source is currently out of operation, guaranteeing the protection of the right to health of the petitioner herein. Thus, I consider that this Ministry has not violated the fundamental rights of the petitioner herein in any way. Likewise, I inform this Honorable Chamber that the official means for receiving inquiries from users of the Cartago Health Governing Area is the email address [email protected] (…)".

4.- In the substantiation of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

WHEREAS:

I.- SUBJECT OF THE REMEDY. The petitioner argues that the authorities of the Ministry of Health have not definitively resolved a complaint she filed back in 2024 against a neighbor, who installed –on the boundary line with her dwelling– a siren that is activated at any time of the day or night, causing noise pollution thereby.

II.- ON THE POSSIBILITY OF HEARING THIS AMPARO PURSUANT TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 41 OF THE CONSTITUTION. Prior to analyzing the merits of the matter –for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure– it must be clarified that, as of ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has remitted to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented –endorsed by the majority of this Constitutional Court– as it involves a complaint related to environmental contamination, which allegedly has not been resolved within a reasonable period. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

III.- PROVEN FACTS. The following are deemed proven as relevant to settle this amparo remedy:

1)    On July 14, 2024, the Cartago Health Governing Area of the Ministry of Health received a confidential complaint regarding the installation and activation of a siren (alarm type) at the house of Mrs. Verónica Campos Ríos, located in the Hacienda Real Residential Area in Agua Caliente de Cartago, adjacent to the petitioner's dwelling. Specifically, it was reported that said device was activated at any time of the day or night and produced noise pollution. This complaint was assigned case file No. 0255-2024 (see report and evidence).

2)    On the occasion of said complaint, the regulatory framework was analyzed, specialized reports were prepared, legal inquiries were made, inspections were executed, and meetings were held. Additionally, the petitioner was assisted via email and telephone (see report).

3)    On January 13, 2025, sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0321-2024 was notified to the respondent Verónica Campos Ríos, through which the Cartago Health Governing Area ordered the following: "Use the alarm only as a signal of imminent danger or in emergency cases, for which it must not exceed 5 minutes of use" (see evidence).

4)    On April 30, 2025, the respondent party issued official letter No. MS-DRRSCE-DARSC-IT-0699-2025, through which the following was recorded: "In accordance with the initial inspection carried out in the handling of the case, the existence of a siren can be identified as an artifact that is excluded from the application of the regulations" (see evidence).

5)    On August 21, 2025, technical official letter No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-1462-2025 was issued, through which the respondent party recommended archiving the reported case (see evidence).

6)    On November 10, 2025, official letter No. MS-DRRSCE-DARSC-IT-0699-2025 was notified to the petitioner (see evidence).

7)    On an unspecified date (before January 6, 2026), the petitioner became aware that the case had been archived (the record).

8)    On January 6, 2026, a meeting was held between the Director of the Cartago Health Governing Area and the petitioner, who again requested the definitive relocation of the device adjacent to her house, since, as she reported, this caused her serious disturbances. On that occasion, it was agreed to reinforce administrative actions and reassign the case again to another official of the respondent ministry for its handling. The reopening of administrative case file No. 0255-2024 was agreed upon (see filing brief, report, and evidence).

9)    On January 9, 2026, Ing. Lorena Gómez Valverde, an official of the health regulation team of the respondent ministry, carried out a new technical inspection at the reported site and at the petitioner's dwelling. As a result of this inspection, it was determined that the speaker in question is located on the boundary line between both properties, projects the sound directly towards the petitioner's dwelling, lacks an automatic shut-off, does not have a formal protocol or a clearly defined legal responsible party, and is activated by multiple users via a digital application (see report and evidence).

10)  On January 15, 2026, sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 was issued, through which the Cartago Health Governing Area ordered the respondent (Verónica Campos Ríos), within a period of ten business days from notification, the following: the presentation of the list of persons with access to the neighborhood organization's alarm system, the elaboration of a formal activation protocol and documentary record, as well as a corrective action plan (in order to carry out the relocation or reorientation of the device, guaranteeing a minimum distance and no direct projection). Likewise, the following was expressly ordered: "The use of the speaker of the alarm system subject to the complaint is prohibited until the system technically complies with current legislation, with the ordinances of this document, and does not represent a health affectation, its use shall be solely, and only, as a signal of imminent danger or in cases of emergency and its operation must cease within five (5) minutes after being activated, avoiding unjustified dissuasive uses". This last prohibition was ordered immediately (see report and evidence).

11)  After several failed attempts, the cited sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 was finally notified to the respondent Verónica Campos Ríos on February 12, 2026 (see report and evidence).

12)  On February 19, 2026, the petitioner filed this amparo (see filing brief).

13)  On February 16, 2026, a neighbor of the Hacienda Real Residential Area informed the Cartago Health Governing Area that the siren had been disconnected (see evidence).

14)  On March 3, 2026, the petitioner requested feedback on the case from the respondents (see evidence).

15)  Through technical report No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0436-2026 dated March 9, 2026, Ing. Lorena Gómez Valverde, an official of the Ministry of Health's health regulation team, concluded that the alarm and speaker system installed in the Hacienda Real Residential Area was not functioning and had been temporarily disabled by the group of neighbors in compliance with the fourth point of the sanitary order. Likewise, it was noted that the other actions indicated in the sanitary order were not evidenced as carried out.

Additionally, as part of the recommendations issued, it was noted to notify the parties of said technical report “so that it may be to their knowledge for whatever is appropriate” (see report and evidence).

16) On March 25, 2026, the respondent authority was notified of the filing of this amparo (see notification record).

IV.- SPECIFIC CASE. The petitioner comes to this Chamber and explains that a neighbor (whose house is adjacent to hers in the Residencial Hacienda Real in Agua Caliente de Cartago) has installed a siren to notify neighbors that there are suspicious individuals inside the residential community. However, she argues that said device is activated at any hour of the day, producing noise pollution (contaminación sónica) and disrupting her rest hours. She mentions that, after exhausting the internal avenues to resolve said situation within the residential community, she opted in June 2024 to file a complaint before the Ministry of Health.

She refers to certain actions carried out, in her view, irregularly, by said ministry. She indicates that the case was taken up again at a meeting held on January 6, 2026, an occasion on which its reopening was agreed and an on-site inspection was finally conducted on January 9, 2026, through which the reported facts and the impact being generated were verified. However, she accuses that the determination made by the Ministry of Health has not yet been finally notified to the respondent and, therefore, the situation persists to date, to the detriment of her fundamental rights.

She requests, then, that the Ministry of Health be ordered to address and resolve the complaint and that, finally, the removal of the siren affecting her be ordered.

That being so, after reviewing the arguments presented by the petitioner, the report rendered under the solemnity of oath by the Director of the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Cartago) of the Ministry of Health, as well as all the evidence provided to the record, this Constitutional Court does not consider that there is any merit to grant this amparo proceeding. This, for the following reasons to be explained below.

First, because it is evident that the initial complaint filed by the petitioner in 2024 was, at the time, processed and addressed by the respondents. As was accredited, on the occasion of said complaint, the current regulatory framework was analyzed, specialized reports were prepared, legal consultations were made, inspections were carried out, and meetings were held. Additionally, the petitioner was attended to via email and telephone. It is evident that the sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0321-2024 was notified to the respondent, whereby the Cartago Health Governing Area ordered the following: “Use the alarm solely as a signal of imminent danger or in emergency cases, for which its use shall not exceed 5 minutes”. Equally, it is evident that on April 30, 2025, the respondent party issued official communication No. MS-DRRSCE-DARSC-IT-0699-2025, whereby it was recorded that “the existence of a siren can be identified as an artifact that is excluded from the application of the regulations,” with the result that, on August 21, 2025, technical official communication No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-1462-2025 was issued, whereby the respondent party recommended archiving the reported case, and the petitioner was informed of this.

Second, given that it was demonstrated that the case in question was formally reopened by the respondents on January 6, 2026 (on the occasion of a meeting held between the petitioner and the Director of the Cartago Health Governing Area), with this amparo proceeding being filed less than two months later, merely on February 19, 2026, when, by then, a period that could be branded as excessive or unreasonable for the respondents to once again process and finally resolve the complaint had not elapsed. Thus, a breach of the provisions of constitutional article 41 is not deemed to have occurred.

Third, taking into account that it was verified that, on the occasion of the case's reopening, the respondent authorities acted diligently and, a few days later, specifically, on January 9, 2026, an inspection was carried out at both the petitioner's house and the dwelling of the respondent party. An inspection that further led to the determination that the speaker in question is located on the boundary (lindero) between both properties, that it projects sound directly towards the complainant's dwelling, that it does not have an automatic shut-off, that it lacks a formal protocol or clearly defined legal responsible party, and that it is activated by multiple users through a digital application. Additionally, it was verified that on January 15, 2026 (weeks before this amparo was filed), sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 was issued, whereby the respondent party (Verónica Campos Ríos) was ordered, within a period of ten business days counted from notification, the following: submission of the list of persons with access to the neighborhood organization's alarm system, development of a formal protocol for activation and documentary record, as well as a corrective action plan (in order to execute the relocation or reorientation of the device, guaranteeing minimum distance and no direct projection). Likewise, the following was expressly ordered: “The use of the speaker of the alarm system that is the subject of the complaint is prohibited until such time as the system technically complies with current legislation, the ordinances of this document, and does not represent a health impact, its use shall be, only and solely, as a signal of imminent danger or in emergency cases, and its operation shall cease within five (5) minutes after being activated, avoiding unjustified dissuasive uses.” This last prohibition was ordered immediately. It is also noteworthy that, contrary to what the petitioner alleged, it is evident that the cited sanitary order No. MS-DRRSCE-DARSC-OS-0006-2026 was finally notified to the respondent on February 12, 2026 (days before this amparo was filed).

Fourth, because, according to what a resident of the residential community reported to the Ministry of Health, by February 16, 2026 (before the amparo was filed), the siren in question had already been disconnected, by reason of the sanitary order notified to them. A previous situation that, additionally, was corroborated by an official of the respondent ministry on March 9, 2026, through official communication No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-IT-0436-2026 (issued several days before this amparo was notified to the respondents). It is evident that the reported siren is, at this moment, not activated, by virtue of all the actions carried out by the Ministry of Health and, because the respondent party has not been able to comply with the rest of the aspects required in the sanitary order in order to operate it correctly.

***

On the merits of the foregoing, it is not possible to deem the right to a prompt and complete procedure breached, nor the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, it is appropriate to dismiss the present amparo, warning the respondents that it is their duty to notify the petitioner of a formal official communication stating the latest actions taken and results obtained, on the occasion of the filed complaint.

V.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Tribunal, that when the party seeking justice alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Administrative-Contentious Tribunals and not this Chamber. That being so, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on article 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this Chamber itself as exceptional cases, which may appropriately be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, in the remaining cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the Administrative-Contentious jurisdiction, all of which is consistent with article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned, that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution correspond to the Administrative-Contentious jurisdiction. However, I do enter into the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (article 50 of the Political Constitution), just as happens in this case, in which the petitioner filed an environmental complaint that has not been resolved definitively, with a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is dismissed. Let the respondent party take note of the provisions in the final part of recital (considerando) IV of this judgment. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note.








    

Fernando Castillo V.

Presidente

    




Fernando Cruz C.

    

    

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

    

    

Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

    

    

Ingrid Hess H.



Digitally Signed Document

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 JYSFX43QPGNI61

EXPEDIENTE N° 26-005863-0007-CO


Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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