Res. 13419-2026 Sala Constitucional — Sonic pollution from community alarms and public health dutyContaminación sónica por alarmas comunitarias y deber de salud pública

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Sala Constitucional

Resolución Nº 13419 - 2026

Fecha de la Resolución: 21 de Abril del 2026 a las 09:20

Expediente: 26-006947-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 26-006947-0007-CO

Res. Nº 2026013419

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-006947-0007-CO, interpuesto por, [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SALUD, y la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

Resultando:

1.- Por escrito agregado en la Secretaría de la Sala a las15:00 horas del 26 de febrero de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo. Señala que frente a su casa, a menos de metro y medio, la Municipalidad de San José instaló un altoparlante de vigilancia cuyo ruido es ensordecedor. Explica que, existen cinco dispositivos similares en un radio de 150 metros. Acota que, el ruido afecta su salud, el descanso del vecindario y su sustento económico, pues al realizar teletrabajo, el estruendo impide mantener reuniones laborales, violentando su derecho al trabajo. Aduce que, el 22 de julio de 2025, interpuso denuncia formal ante el Ministerio de Salud por contaminación sónica. Menciona que, el 26 de noviembre de 2025, el Ministerio envió a un gestor ambiental para levantar una minuta. No obstante dicha persona no realizó prueba de sonido alguna, alegando no venir preparado para ello. Alude que, el 13 de febrero de 2026 solicitó seguimiento por correo y el 16 de febrero de 2026, el gestor respondió que ya no trabaja en esa área. Alega que, el 25 de febrero de 2026 envió un nuevo correo [email protected] al Área Rectora el cual ha sido ignorado, dejando su gestión en total indefensión. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales.

2.-Mediante resolución de las 16:37 horas del 13 de marzo de 2026 se dio curso al proceso y se solicitó informe al Director del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud; así como el Alcalde de San José.

3.-Informa Leandra Madrigal Rodríguez, en su condición de directora de Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana. Expresa que: “De la actuación del Área Rectora de Salud  Como antecedente se tiene que bajo consecutivo interno 490-2025 el Sr. [Nombre 001] en el año 2025 interpuso denuncia ante esta Área Rectora en relación con los mismos hechos indicados en el recurso de amparo que se tramita bajo expediente N° 26-006947-0007-CO. Antecedentes denuncia 490-2025:

•                     Con fecha del 22 de julio de 2025, ingresa a la dirección del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana la denuncia, bajo consecutivo interno 490-2025, en la cual se indica “ruidos muy altos y molestos de una corneta altoparlante instalada en el poste de alumbrado público a metro y medio de mi vivienda”.

•                     Con fecha del 21 de noviembre de 2025, como deviene del acta de llamada N° MS-DRRSCS-DARSSEM-5727-2025, funcionario de la unidad de Regulación de la Salud de esta Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, se comunicó con el señor [Nombre 001], al ser las 15 horas con 54 minutos, al número telefónico 8894-5376, con el fin de aclarar los aspectos denunciados

•                     El 24 de noviembre de 2025, al ser las 10 horas con 27 minutos se realiza otra llamada telefónica al señor Olaso, constando en el acta de llamada N° MS-DRRSCS-DARSSEM-5744-2025, en donde se coordina visita de inspección para el miércoles 26 de noviembre del 2025, proporcionando la dirección de su propiedad, siendo esta: del super Burger ubicado en el Parque Okayama de San Francisco, 4 cuadras al este, 1 cuadra al sur, 2 cuadras al este y 90 metros al sur, casa amarilla con veranera y flores amarillas.

•                     El día 26 de noviembre de 2025 al ser las 13 horas con 10 minutos, durante visita de inspección realizada en la ubicación brindada por el señor Olaso; se evidenció la instalación de cornetas/altoparlantes/alarma en poste ubicado frente a la propiedad del denunciante. El señor [Nombre 001], presente en la inspección, indica que, el servicio de dichas cornetas es un servicio proporcionado por la Municipalidad de San José en caso de emergencias, menciona que suena solo cuando la gente la activa, cuando dan mantenimientos y cuando ingresan personas nuevas al servicio, menciona que, la corneta dura aproximadamente de 5 a 7 minutos.

Situación actual según recurso amparo bajo expediente N° 26-006947-0007-CO.

En atención al Recurso de Amparo incoado por el señor [Nombre 001], N° 26-006947-0007-CO, en relación con dispositivo altoparlante de vigilancia que genera ruido, se procedió a lo siguiente:

•                     Con fecha 23 de marzo de 2026, funcionarios de la unidad de Regulación de la Salud de esta Área Rectora se apersonaron al sitio indicado por el señor Olaso en el distrito de San Francisco de Dos Ríos, Residencial el Bosque.

•                     Se realiza llamada telefónica al número 2547-6190 de MSJ Seguridad Electrónica, en donde atiende Maribel Fallas, e indica que las alarmas del Residencial El Bosque se rigen por un servicio de seguridad privada proporcionado por la Municipalidad de San José, y que son los propios vecinos quienes las activan.

•                     Se emite la orden sanitaria MS-DRRSCS-DARSSEM-OS-1637-2026, notificada el 24 de marzo de 2026, a la Municipalidad de San José, quien brindan el servicio, solicitando la desinstalación de las bocinas altoparlantes, ordenando el retiro inmediato y la desinstalación total de los altoparlantes.

•                     Cabe destacar que la emisión de la orden sanitaria descansa cuando esta Autoridad Sanitaria ante la Municipalidad de San José confirmó que son los propios vecinos los que activan la alarma. Contexto que trasgrede los presupuestos normativos del Decreto Ejecutivo 44486-S, de utilizarse excepcionalmente para garantizar un ambiente sano y la tranquilidad de los habitantes, como señal de peligro inminente o en casos de emergencia.

•                     Respecto a si el correo electrónico [email protected] se mantiene previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios, se indica que dicho medio continúa habilitado para tales efectos.

•                     En relación con la solicitud de información de fecha 25 de febrero de 2026, señalada por la parte amparada, es importante aclarar que, con motivo de la finalización de la sustitución de puesto del funcionario responsable del caso, se presentó una variación en la continuidad administrativa; sin embargo, la denuncia interpuesta por el señor Olaso continúa siendo atendida por esta Área Rectora. En ese sentido, se han emitido los actos administrativos correspondientes, incluyendo la respectiva orden sanitaria dirigida contra la Municipalidad de San José.

•                     Asimismo, se le brindó respuesta sobre el caso el día 25 de marzo de 2026 al señor Olaso a través de su correo electrónico.” Pide se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa Yariela Franciny Quirós Álvarez, en su condición de Alcaldesa interina de la Municipalidad de San José. Expresa que: “RESPECTO A LOS HECHOS ALEGADOS:

Una vez que fuese recibido el Recurso de Amparo se procedió a la activación de los protocolos internos a efecto de brindar la debida respuesta en el término de ley, solicitando la documentación a los órganos vinculados y/o competentes, a la luz del asunto planteado en el recurso.

En el presente caso se solicitó a la Sección Seguridad Electrónica mediante el oficio DAJ-515-06-2026 se elaborara un informe detallado de lo señalado por la recurrente, al respecto el área consultada indica mediante el oficio SEE-539-2026 suscrito por el Licenciado Carlos Montero Paniagua Jefe de dicha sección, el cual indico lo siguiente:

“… PRIMERO: Verificación en sitio.  Esta Sección realizó verificación en campo en la ubicación señalada por el recurrente, en el sector de San Francisco de Dos Ríos, alrededores del Parque Okayama, logrando determinar que el dispositivo al que hace referencia corresponde a una alarma comunitaria. Ubicándose varias en el sitio.

SEGUNDO: Naturaleza del dispositivo.  El sistema identificado forma parte de un esquema de seguridad comunitaria promovido en su momento con participación municipal; no obstante, se trata de dispositivos utilizados por la comunidad para fines de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.  Dicho sistema incluye un componente sonoro (megáfono o sirena), el cual:  No opera de forma continua ni permanente,

No emite sonido de manera constante durante las 24 horas,

Únicamente es activado de forma excepcional ante situaciones de emergencia o alerta comunitaria. En ese sentido, su funcionamiento responde a eventos puntuales y no a una fuente continua de emisión sonora.

TERCERO: Sobre la presunta contaminación sónica.  En relación con lo alegado por el recurrente sobre contaminación sónica, debe indicarse que la determinación técnica de niveles de ruido, así como la verificación de posibles afectaciones a la salud o al ambiente, no corresponde a competencias técnicas de esta Sección, sino a la autoridad sanitaria competente.  De conformidad con lo anterior, se estima que corresponde al Ministerio de Salud, en el ejercicio de sus competencias legales en materia de salud pública y control sanitario:

Realizar las mediciones técnicas de presión sonora, Aplicar los protocolos establecidos,  Determinar si existe o no contaminación sónica,  Y, en caso de proceder, emitir las órdenes sanitarias o recomendaciones correspondientes.

CUARTO: Sobre la instalación del sistema.  Se confirma que el sistema de alarma comunitaria fue instalado como parte de acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana en la zona; sin embargo, su activación y uso responde a dinámicas propias de la comunidad beneficiaria.

Se adjuntan al presente informe registros fotográficos del sitio, donde se evidencia los dispositivos indicados. En virtud de lo expuesto, esta Sección considera que no se configura, a partir de la naturaleza y funcionamiento del dispositivo descrito, una fuente continua de emisión sonora atribuible a la Municipalidad; no obstante, será la autoridad sanitaria competente la que, mediante criterio técnico, determine la eventual existencia de afectación por ruido.”

Es importante indicar que el sistema de alarma comunitaria instalado por esta Municipalidad forma parte de un esquema de seguridad comunitaria promovido en su momento con participación municipal, el ruido generado es intermitente y reactivo no existe una emisión constante de sonido, sino una alerta sonora proporcional a la amenaza que se pretende disuadir, es una herramienta tecnológica de auxilio y prevención del delito, su fin es la protección de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la propiedad (artículos 21 y 45 de la Constitución Política). Así lo expuesto, resulta claro que la Municipalidad de San José ha actuado de manera diligente en cuanto a lo que resulta de nuestra competencia ante la situación expuesta por [Nombre 001].” Pide se declare sin lugar el recurso.

5.- Por escritos presentados a las 11:41 horas del 20 de abril de 2026, y a las del 6 de abril de 2026, el recurrente UO se refiere a los informes dado a esta Sala y reitera los argumentos de inconstitucionalidad.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta ante las autoridades del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana  del Ministerio de Salud y  de la Municipalidad de San José por un problema de ruido que afecta el ambiente y la salud de los vecinos. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. En el presente asunto el recurrente reclama que ni el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud ni la Municipalidad de San José, han adoptado las medidas oportunas y eficaces frente a la denuncia por contaminación sónica generada por dispositivos de alarma instalados en las inmediaciones de la vivienda del recurrente, planteada el 22 de julio de 2025. Pide la intervención de esta Sala.

III.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

 El 22 de julio de 2025, el recurrente interpuso denuncia por contaminación sónica ante el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud. (Informe y prueba)
El correo electrónico [email protected] al que el tutelado remitió la denuncia se mantiene previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios (ver informe).
El 21 de noviembre de 2025, el funcionario de la unidad de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, se comunicó con el recurrente [Nombre 001], al ser las 15 horas con 54 minutos, al número telefónico 8894-5376, con el fin de aclarar los aspectos denunciados (ver informe)
El 24 de noviembre de 2025, el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana coordinó la visita de inspección al sitio denunciado. (Informe y prueba)
El 26 de noviembre de 2025, funcionarios del Área Rectora de Salud realizaron inspección en el lugar, constatando la existencia de dispositivos de altoparlante frente a la vivienda del recurrente. (Informe y prueba)
El 13 de febrero de 2026, el recurrente solicitó seguimiento a su denuncia mediante correo electrónico. (Informe y prueba)
El 16 de febrero de 2026, el tutelado recibió respuesta del funcionario que estuvo a cargo, indicando que ya no laboraba en esa área. (Informe y prueba)
El 23 de marzo de 2026, se notificó a las autoridades recurridas, la resolución que dio curso al presente proceso (los autos).
El 23 de marzo de 2026, funcionarios del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana realizaron nueva inspección en el sitio denunciado. (Informe y prueba)
El 24 de marzo de 2026, el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana notificó la orden sanitaria N.° MS-DRRSCS-DARSSEM-OS-1637-2026 a la Municipalidad de San José, ordenando el retiro y desinstalación total de los altoparlantes. (Informe y prueba)
El 25 de marzo de 2026, el Área Rectora de Salud brindó respuesta al recurrente mediante correo electrónico. (Informe y prueba)
La Municipalidad de San José realizó verificación en sitio con ocasión del presente recurso, determinando que los dispositivos corresponden a un sistema de alarma comunitaria de activación intermitente. (Informe y prueba).

 

 IV.- HECHO NO DEMOSTRADO. No se tiene por demostrado el siguiente hecho de importancia para la resolución del presente asunto:

Único. Que el tutelado haya planteado alguna denuncia por contaminación sónica ante la Municipalidad de San José, y no se haya tramitado.

 

V.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

 

VI.- RESPECTO A LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad.

 

VII.- En cuanto al Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud. De los hechos que se tienen por debidamente acreditados en el presente asunto, en relación con la prueba aportada al expediente, se desprende que el recurrente interpuso la denuncia por contaminación sónica el 22 de julio de 2025 ante el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana. Sin embargo, pese a la realización de algunas diligencias preliminares en noviembre de 2025, no fue sino con ocasión del presente recurso, que el 24 de marzo de 2026 la autoridad sanitaria emitió una orden sanitaria concreta dirigida a corregir la situación denunciada.

Conforme al artículo 50 de la Constitución Política, el Estado, a través de sus órganos especializados, debe garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y adoptar medidas de prevención y control ante riesgos a la salud pública. La Ley General de Salud atribuye al Ministerio de Salud potestades de rectoría, vigilancia, inspección, ordenación y sanción frente a vertidos y condiciones insalubres (régimen de aguas residuales y servidas, control de vectores, emisión de órdenes sanitarias y apertura de procedimientos sancionatorios). La jurisprudencia de esta Sala ha precisado que el control y fiscalización ambientales son función esencial del Estado, y que la tutela de la vida y la integridad exige conductas positivas, oportunas y eficaces cuando se verifican riesgos ciertos (ver sentencias n.° 2008-18443 y 2003-11519).

No obstante, este Tribunal observa que las actuaciones de la autoridad sanitaria fueron en gran medida dilatadas, lo cual permitió la continuidad de la afectación a la salud de los vecinos y a su ambiente, pese a que los artículos 21 y 50 constitucionales imponen la obligación de actuar con diligencia y eficacia en la protección de la salud pública y el ambiente. Así las cosas, se constata una omisión administrativa relevante, pues aun cuando existieron gestiones de seguimiento realizadas los días 13 y 25 de febrero de 2026 por parte de las autoridades de salud, estas no resultaron suficientes para dar una solución al problema.  El lapso prolongado, de aproximadamente ocho meses, evidencia una dilación injustificada en el ejercicio de las potestades de control sanitario, especialmente considerando que la contaminación sónica constituye una afectación continua que incide directamente en los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano.

 

VIII.- SOBRE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. En cuanto el recurso se dirige contra   la Municipalidad de San José, se tiene por acreditado que la persona recurrente no presentó una denuncia directa ante dicha entidad con anterioridad a la interposición del presente recurso, sino que acudió al Ministerio de Salud como autoridad competente en materia de contaminación sónica. Lo anterior justifica que la actuación de la Municipalidad se produjera a partir de la notificación del recurso de amparo, realizando una verificación en sitio y determinando que los dispositivos corresponden a un sistema de alarma comunitaria cuya activación es intermitente.  Adicionalmente, la Municipalidad indicó que la determinación técnica sobre la existencia de contaminación sónica corresponde al Ministerio de Salud, lo cual resulta conforme con el marco de competencias vigente.

Del cuadro fáctico expuesto, no se acredita una omisión previa imputable a la Municipalidad de San José en la atención de una gestión concreta del recurrente, ni una conducta arbitraria o ilegítima en el ejercicio de sus competencias. Por lo anterior, procede declarar sin lugar el recurso en cuanto se dirige contra la Municipalidad de San José.

Sin embargo, se advierte a la Municipalidad de San José, su deber de garantizar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como de actuar y  cumplir íntegramente la orden sanitaria que le fue impuesta por el Área de Salud recurrida, adoptando las medidas necesarias y oportunas para asegurar su efectiva ejecución.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA.  He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 X.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante el Ministerio de Salud, la problemática de contaminación sónica generada por dispositivos de alarma instalados en las inmediaciones de su vivienda, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la parte recurrente, pero que no ha sido resuelta de forma definitiva.

 

XI.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI

 

 

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso únicamente en cuanto se dirige contra el  Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud. Se ordena a Leandra Madrigal Rodríguez, en su condición de directora de Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud o a quien ocupe el cargo que en el ejercicio de sus competencias, dé seguimiento efectivo a la orden sanitaria número MS-DRRSCS-DARSSEM-OS-1637-2026 emitida contra la Municipalidad de San José, y adopte las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento pleno, dentro del plazo conferido y conforme a la normativa sanitaria vigente. Se advierte a la directora de Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  En lo demás se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota.   El magistrado Salazar  Alvarado  consigna nota. Tome nota el Alcalde de San José de lo indicado en el último párrafo del Considerando VIII de esta sentencia. Notifíquese

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 Q8ID6437OQJ461

EXPEDIENTE N° 26-006947-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:25:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 13419 - 2026**

**Date of Resolution:** April 21, 2026, at 9:20 a.m.

**Expediente:** 26-006947-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of matter:** Appeal for Constitutional Protection (Recurso de amparo)

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER


**Ruling with protected data, in accordance with current regulations**


**Text of the resolution**



Exp: 26-006947-0007-CO

Res. No. 2026013419

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty on the twenty-first of April, two thousand twenty-six.

Appeal for Constitutional Protection (Recurso de amparo) processed under expediente no. 26-006947-0007-CO, filed by [Name 001], identification card [Value 001], against the MINISTRY OF HEALTH, and the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ.

**Whereas:**

1.- By a written submission filed in the Secretariat of the Chamber at 3:00 p.m. on February 26, 2026, the appellant files an appeal for constitutional protection (recurso de amparo). He states that in front of his house, less than a meter and a half away, the Municipality of San José installed a surveillance loudspeaker whose noise is deafening. He explains that there are five similar devices within a 150-meter radius. He notes that the noise affects his health, the neighbors' rest, and his economic livelihood, since when teleworking, the racket prevents him from holding work meetings, violating his right to work. He argues that on July 22, 2025, he filed a formal complaint with the Ministry of Health for noise pollution. He mentions that on November 26, 2025, the Ministry sent an environmental manager to draw up a minute. However, said person did not perform any sound test, claiming not to be prepared for it. He alludes that on February 13, 2026, he requested follow-up by email, and on February 16, 2026, the manager responded that he no longer works in that area. He alleges that on February 25, 2026, he sent a new email to [email protected] to the Governing Area, which has been ignored, leaving his action in total defenselessness. Based on the arguments presented, he believes that the accused actions are violating fundamental rights.

2.- By resolution at 4:37 p.m. on March 13, 2026, the process was commenced, and a report was requested from the Director of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health; as well as the Mayor of San José.

3.- Leandra Madrigal Rodríguez reports, in her capacity as director of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana). She states that: "Regarding the action of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud). As background, under internal file 490-2025, Mr. [Name 001] in 2025 filed a complaint before this Governing Area in relation to the same facts indicated in the appeal for constitutional protection (recurso de amparo) processed under expediente No. 26-006947-0007-CO. Background of complaint 490-2025:

• On July 22, 2025, the complaint entered the directorate of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana), under internal file 490-2025, stating 'very loud and annoying noises from a loudspeaker horn installed on the public lighting pole a meter and a half from my home.'

• On November 21, 2025, as per call record No. MS-DRRSCS-DARSSEM-5727-2025, an official from the Health Regulation unit of this Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana), contacted Mr. [Name 001] at 3:54 p.m., at telephone number 8894-5376, in order to clarify the denounced aspects.

• On November 24, 2025, at 10:27 a.m., another telephone call was made to Mr. Olaso, recorded in call record No. MS-DRRSCS-DARSSEM-5744-2025, where an inspection visit was coordinated for Wednesday, November 26, 2025, providing the address of his property, which is: from the Super Burger located in Parque Okayama in San Francisco, 4 blocks east, 1 block south, 2 blocks east, and 90 meters south, yellow house with bougainvillea and yellow flowers.

• On November 26, 2025, at 1:10 p.m., during an inspection visit conducted at the location provided by Mr. Olaso, the installation of horns/loudspeakers/alarms on a pole located in front of the complainant's property was evidenced. Mr. [Name 001], present at the inspection, indicates that the service of said horns is a service provided by the Municipality of San José in case of emergencies, mentions that it sounds only when people activate it, when maintenance is performed, and when new people join the service, mentions that the horn lasts approximately 5 to 7 minutes.

Current situation according to appeal for constitutional protection (recurso de amparo) under expediente No. 26-006947-0007-CO.

In response to the Appeal for Constitutional Protection (Recurso de Amparo) filed by Mr. [Name 001], No. 26-006947-0007-CO, regarding the loudspeaker surveillance device that generates noise, the following was carried out:

• On March 23, 2026, officials from the Health Regulation unit of this Governing Area appeared at the site indicated by Mr. Olaso in the San Francisco de Dos Ríos district, Residencial el Bosque.

• A telephone call was made to number 2547-6190 of MSJ Seguridad Electrónica, where Maribel Fallas answered, indicating that the alarms in Residencial El Bosque are governed by a private security service provided by the Municipality of San José, and that it is the residents themselves who activate them.

• Sanitary Order MS-DRRSCS-DARSSEM-OS-1637-2026 was issued, notified on March 24, 2026, to the Municipality of San José, which provides the service, requesting the de-installation of the loudspeaker horns, ordering the immediate removal and total de-installation of the loudspeakers.

• It should be noted that the issuance of the sanitary order rests on the fact that this Health Authority confirmed with the Municipality of San José that it is the residents themselves who activate the alarm. A context that violates the normative principles of Decreto Ejecutivo 44486-S, which are to be used exceptionally to guarantee a healthy environment and the tranquility of the inhabitants, as a signal of imminent danger or in cases of emergency.

• Regarding whether the email address [email protected] remains planned as an official mechanism for receiving user requests, it is indicated that said means continues to be enabled for such purposes.

• In relation to the request for information dated February 25, 2026, noted by the protected party, it is important to clarify that, due to the end of the position substitution of the official responsible for the case, a variation in administrative continuity occurred; however, the complaint filed by Mr. Olaso continues to be handled by this Governing Area. In that sense, the corresponding administrative acts have been issued, including the respective sanitary order directed against the Municipality of San José.

• Likewise, a response regarding the case was provided on March 25, 2026, to Mr. Olaso via his email." She requests that the appeal be dismissed.

4.- Yariela Franciny Quirós Álvarez reports, in her capacity as Acting Mayor of the Municipality of San José. She states that: "REGARDING THE ALLEGED FACTS:

Once the Appeal for Constitutional Protection (Recurso de Amparo) was received, internal protocols were activated in order to provide the due response within the legal term, requesting documentation from the related and/or competent bodies, in light of the matter raised in the appeal.

In the present case, the Electronic Security Section was requested, via official letter DAJ-515-06-2026, to prepare a detailed report on what was indicated by the appellant. In this regard, the consulted area indicates via official letter SEE-539-2026 signed by Licenciado Carlos Montero Paniagua, Head of said section, who stated the following:

'... FIRST: On-site verification. This Section conducted a field verification at the location indicated by the appellant, in the San Francisco de Dos Ríos sector, surroundings of Parque Okayama, determining that the device referred to corresponds to a community alarm. Several were located at the site.

SECOND: Nature of the device. The identified system is part of a community security scheme promoted at the time with municipal participation; however, these are devices used by the community for prevention and response to emergency situations. Said system includes a sound component (megaphone or siren), which: Does not operate continuously or permanently,

Does not emit sound constantly 24 hours a day,

Is only activated exceptionally in emergency or community alert situations. In that sense, its operation responds to specific events and not to a continuous source of sound emission.

THIRD: Regarding the alleged noise pollution. In relation to the appellant's allegations regarding noise pollution, it must be indicated that the technical determination of noise levels, as well as the verification of possible effects on health or the environment, does not correspond to the technical competencies of this Section, but rather to the competent health authority. In accordance with the foregoing, it is estimated that it corresponds to the Ministry of Health, in the exercise of its legal competencies in matters of public health and health control, to:

Conduct technical sound pressure measurements, Apply established protocols, Determine whether or not noise pollution exists, And, if applicable, issue the corresponding sanitary orders or recommendations.

FOURTH: Regarding the installation of the system. It is confirmed that the community alarm system was installed as part of actions aimed at strengthening citizen security in the area; however, its activation and use respond to the dynamics of the beneficiary community.

Attached to this report are photographic records of the site, where the indicated devices are evidenced. By virtue of the foregoing, this Section considers that, based on the nature and operation of the described device, a continuous source of sound emission attributable to the Municipality is not configured; however, it will be the competent health authority that, through technical criteria, determines the eventual existence of a noise impact.'

It is important to indicate that the community alarm system installed by this Municipality is part of a community security scheme promoted at the time with municipal participation, the noise generated is intermittent and reactive, there is no constant emission of sound, but rather a sound alert proportional to the threat to be deterred; it is a technological tool for assistance and crime prevention, its purpose being the protection of the fundamental rights to life, physical integrity, and property (articles 21 and 45 of the Political Constitution). Thus stated, it is clear that the Municipality of San José has acted diligently with regard to what falls within our competence regarding the situation described by [Name 001]." She requests that the appeal be dismissed.

5.- By written submissions presented at 11:41 a.m. on April 20, 2026, and on April 6, 2026, the appellant UO refers to the reports given to this Chamber and reiterates the arguments of unconstitutionality.

6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

**Considering:**

**I.- PRELIMINARY.** Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is debated whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—and to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised, as it involves a complaint filed before the authorities of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health and the Municipality of San José for a noise problem that affects the environment and the health of the residents. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this constitutional protection (amparo).

**II.- SUBJECT OF THE APPEAL.** In the present matter, the appellant claims that neither the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health nor the Municipality of San José have adopted timely and effective measures in response to the complaint for noise pollution generated by alarm devices installed in the vicinity of the appellant's home, filed on July 22, 2025. He requests the intervention of this Chamber.

**III.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

On July 22, 2025, the appellant filed a complaint for noise pollution before the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health. (Report and evidence)
The email [email protected] to which the petitioner sent the complaint remains planned as an official mechanism for receiving user requests (see report).
On November 21, 2025, the official from the Health Regulation unit of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) contacted the appellant [Name 001] at 3:54 p.m., at telephone number 8894-5376, in order to clarify the denounced aspects (see report).
On November 24, 2025, the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) coordinated the inspection visit to the denounced site. (Report and evidence)
On November 26, 2025, officials from the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) conducted an inspection at the site, verifying the existence of loudspeaker devices in front of the appellant's home. (Report and evidence)
On February 13, 2026, the appellant requested follow-up on his complaint via email. (Report and evidence)
On February 16, 2026, the petitioner received a response from the official who was in charge, indicating that he no longer worked in that area. (Report and evidence)
On March 23, 2026, the resolution that commenced the present process was notified to the respondent authorities (the orders).
On March 23, 2026, officials from the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) conducted a new inspection at the denounced site. (Report and evidence)
On March 24, 2026, the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) notified Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARSSEM-OS-1637-2026 to the Municipality of San José, ordering the removal and total de-installation of the loudspeakers. (Report and evidence)
On March 25, 2026, the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) provided a response to the appellant via email. (Report and evidence)
The Municipality of San José conducted an on-site verification on the occasion of this appeal, determining that the devices correspond to a community alarm system with intermittent activation. (Report and evidence).

**IV.- UNPROVEN FACT.** The following fact of importance for the resolution of this matter is not deemed proven:

Sole. That the petitioner filed any complaint for noise pollution before the Municipality of San José, and that it was not processed.

**V.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT.** On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is a suitable mechanism to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of Public Authorities on the factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor of the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities is an essential function of the State, so in the case of environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through the various administrative dependencies.

**VI.- REGARDING CONSTITUTIONAL JURISDICTION IN ENVIRONMENTAL MATTERS.** As has been reiterated in the jurisprudence of this Chamber, constitutional jurisdiction in environmental matters cannot be extended to the point of becoming a verifier of the technical criteria expressed in regulations or by administrative authorities on environmental matters, but is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed by Article 50 of the Political Constitution to undertake responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of the appeal for constitutional protection (recurso de amparo) is conditional on proving the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or in the international human rights instruments signed by the country. This last circumstance highlights the eminently summary nature of the constitutional protection process (amparo), the processing of which does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to first examine—with a declaratory character—whether there are actually infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual context of the appeal for constitutional protection (recurso de amparo) or the legal report, as the case may be, since it is evident that this is a competence that this Chamber lacks. Given this situation, it is not appropriate for the Chamber to issue any pronouncement (positive or negative) in these cases, because to elucidate whether there has been an infringement of fundamental rights or not, said conflict must first be resolved at the legality level.

**VII.- Regarding the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health.** From the facts that are duly proven in this matter, in relation to the evidence provided to the file, it is clear that the appellant filed the complaint for noise pollution on July 22, 2025, before the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana). However, despite conducting some preliminary proceedings in November 2025, it was not until the occasion of this appeal that, on March 24, 2026, the health authority issued a specific sanitary order aimed at correcting the denounced situation.

In accordance with Article 50 of the Political Constitution, the State, through its specialized bodies, must guarantee a healthy and ecologically balanced environment and adopt prevention and control measures against risks to public health. The General Health Law attributes to the Ministry of Health powers of stewardship, surveillance, inspection, ordering, and sanctioning regarding discharges and unhealthy conditions (regime of residual and wastewater, vector control, issuance of sanitary orders, and initiation of sanctioning procedures). The jurisprudence of this Chamber has specified that environmental control and oversight are essential functions of the State, and that the protection of life and integrity requires positive, timely, and effective conduct when certain risks are verified (see rulings No. 2008-18443 and 2003-11519).

However, this Court observes that the actions of the health authority were largely delayed, which allowed the continued impact on the health of the residents and their environment, even though Articles 21 and 50 of the Constitution impose the obligation to act with diligence and effectiveness in protecting public health and the environment. Thus, a relevant administrative omission is noted, because even though there were follow-up actions carried out on February 13 and 25, 2026, by the health authorities, these were not sufficient to provide a solution to the problem. The prolonged period of approximately eight months demonstrates an unjustified delay in the exercise of health control powers, especially considering that noise pollution constitutes a continuous impact that directly affects the fundamental rights to health and a healthy environment.

**VIII.- ON THE FACTS RELATED TO THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ.** Insofar as the appeal is directed against the Municipality of San José, it is proven that the appellant did not file a direct complaint before said entity prior to filing the present appeal, but rather turned to the Ministry of Health as the competent authority on noise pollution matters. This justifies the fact that the Municipality's action occurred starting from the notification of the appeal for constitutional protection (recurso de amparo), conducting an on-site verification and determining that the devices correspond to a community alarm system whose activation is intermittent. Additionally, the Municipality indicated that the technical determination regarding the existence of noise pollution corresponds to the Ministry of Health, which is in accordance with the current competency framework.

From the factual picture presented, a prior omission attributable to the Municipality of San José in attending to a specific request from the appellant is not proven, nor is arbitrary or illegitimate conduct in the exercise of its competencies. Therefore, it is appropriate to dismiss the appeal insofar as it is directed against the Municipality of San José.

However, the Municipality of San José is warned of its duty to guarantee the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to act upon and fully comply with the sanitary order imposed by the respondent Health Area, adopting the necessary and timely measures to ensure its effective execution.

**IX.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE.** I have supported the thesis of this Court that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal controversy. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the appeal for constitutional protection (recurso de amparo) established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, exclusively corresponds to defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this Chamber as exceptional cases, which are indeed admissible for hearing in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Court (ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

**X.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.** I consider that in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, their knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, where the appellant assures having denounced, before the Ministry of Health, the problem of noise pollution generated by alarm devices installed in the vicinity of his home, which affects the appellant's right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a decent level of quality of life, but which has not been definitively resolved.

**XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE.** The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session number 27-11 on August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

**THEREFORE:**

The appeal is granted only insofar as it is directed against the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health. Leandra Madrigal Rodríguez, in her capacity as director of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health, or whoever holds the position, is ordered, in the exercise of her powers, to effectively follow up on sanitary order number MS-DRRSCS-DARSSEM-OS-1637-2026 issued against the Municipality of San José, and to adopt the necessary actions to guarantee its full compliance, within the time period granted and in accordance with current health regulations. The director of the respondent Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an appeal for constitutional protection (recurso de amparo), and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of a contentious-administrative ruling. In all other aspects, the appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez files a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Let the Mayor of San José take note of what is indicated in the last paragraph of Considering VIII of this ruling. Notify.

Fernando Castillo V.
President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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 Q8ID6437OQJ461
EXPEDIENTE No. 26-006947-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.

South of the Perpetuo Socorro church).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:25:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República