Res. 01092-2001 Sala Constitucional — Non‑compliance with prior ruling on Tivives Protective ZoneIncumplimiento de sentencia previa sobre Zona Protectora Tivives

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01092 - 2001

Fecha de la Resolución: 07 de Febrero del 2001 a las 16:09

Expediente: 00-009671-0007-CO

Redactado por: Eduardo Sancho González

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES

Tema: Instituto de Desarrollo Rural

Subtemas:

Tenencia ilegal de tierras pertenecientes a la Zona Protectora de Tivives.

Tema: Reiteración de recurso de amparo

Subtemas:

Estése el recurrente a lo resuelto en la sentencia número 1763-94 de las 16:45 hrs del 13 de abril de 1994.

Acusa el recurrente que la Zona Protectora de Tivives se ha visto amenazada, desde su creación, por una serie de actos institucionales tendientes a destruir su patrimonio, que desde mil novecientos noventa y seis quiso desconocer esta reserva otorgando un porcentaje de su territorio en parcelas y lotes para vivienda, acciones detenidas a raíz del recurso de amparo número 178-M-94, declarado con lugar el trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro. No obstante, la actual situación de tenencia no difiere de la de mil novecientos noventa y cuatro; las autoridades recurridas violan la condición de la Zona Protectora Tivives sistemáticamente por medio de una avalancha de medidas administrativas, acciones y omisiones, en concreto, se ha dado una ocupación privada de la tierra perteneciente al área protegida similar a la que dio origen en mil novecientos noventa y cuatro al citado recurso de amparo, pues los parceleros y otros ocupantes introducidos por el Instituto de Desarrollo Agrario se mantienen en el territorio, dándose además, la permanencia de precaristas en la reserva. Acusa además la construcción y funcionamiento de locales comerciales y casas de habitación dentro de los límites de la referida zona protegida, lo que es responsabilidad de todos los recurridos por acción y por omisión, todo los que violenta su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

En cuanto a la tenencia ilegal de tierras pertenecientes a la Zona Protectora de Tivives, como el mismo recurrente señala en el escrito de interposición, dicha situación ya fue examinada en el recurso de amparo tramitado bajo el expediente número 94-000178-007-CO-M, en el que recayó la sentencia número 1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el que se dispuso en lo que interesa:

"IVo.- Si bien es cierto las autoridades recurridas afirman que el proyecto de parcelación de los terrenos de la finca denominada Salinas II -adquiridos por el Instituto de Desarrollo Agrario el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y siete-, que se encuentran comprendidos por el área Protectora de Tivives, de conformidad con los términos del Decreto Ejecutivo número 17023 del seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, está ajustado a derecho, aún después de la entrada en vigencia de esa normativa, puesto que en primer instancia no puede considerarse que aquella heredad haya pasado a formar parte del patrimonio forestal del Estado mientras no se le indemnice a la institución autónoma que representan el monto correspondiente a fin de tener por expropiado ese inmueble, y en segundo término, por cuanto siempre han contado con la autorización de la Dirección General Forestal para llevar a cabo las actividades agrícolas, ganaderas o forestales que establece el artículo 3 del Decreto número 17023 que declara como Zona Protectora los territorios que comprenden los manglares de Mata de Limón y Tivives, así como el reducto de bosque tropical seco ubicado en la Hoja Cartográfica de Barranca; no resulta válido el argumento esbozado por la entidad recurrida, toda vez que de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Forestal, el patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública, por esa razón, ningún organismo de la Administración Pública -central o descentralizada- podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, entregar o dar en arredamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal, en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la aplicación de los términos de aquella normativa así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no esta facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca Salinas II afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y continuar con el proyecto de parcelación, excepto en el supuesto de todas aquellas adjudicaciones que se hubieran acordado con anterioridad a la promulgación del terreno, pues en ese caso los predios de los beneficiarios se deberán comprar o expropiar, salvo que a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo (artículo 37 párrafo 2º de la Ley Forestal); no resultan válidas las adjudicaciones acordadas por la institución recurrida con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de cita sobre los terrenos comprendidos por la zona de conservación natural de Tivives, toda vez que desde esa fecha -seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis-, no está facultada para disponer libremente de esas heredades, puesto que la administración de las mismas compete a la Dirección General Forestal, en coordinación con la Municipalidad de Esparza y los Centros Agrícolas: Regional Pacífico Central y Cantonal de Esparza, por ello los permisos que ésta conceda a fin de desarrollar actividades de índole agrario en esos territorios no implica una autorización para enajenar o rentar aquellos, ni tampoco originan derecho real alguno sobre el inmueble a favor del concesionario (artículo 41 de la Ley Forestal); en otras palabras, la autoridad recurrida no puede abstraerse de acatar obligatoriamente las normas que declaran la incorporación automática al patrimonio forestal del Estado de aquellos inmuebles que se les califique como de aptitud forestal, pues esas disposiciones son de aplicación inmediata por el interés público que reviste su contenido, cual es la conservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenido y racional de los mismos (artículo 1º de la Ley Forestal), por ello toda adjudicación que se haya acordado con posterioridad al seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis hasta la actualidad, son nulas, en virtud de que se ha dispuesto de manera indebida sobre terrenos forestalmente protegidos.

Vo.- Si las autoridades recurridas estiman que lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Forestal es contrario a la Carta Fundamental, pues establece de manera injustificada que los terrenos cuyo titular sea un organismo de la Administración Pública pasan a formar parte automáticamente al patrimonio forestal del Estado, desde el mismo instante en que se declare la aptitud forestal de los mismos y en consecuencia el interés público por conservarlos, sin que medie indemnización alguna a su favor, ello deberá alegarlo a través de la acción de inconstitucionalidad correspondiente, ya que el control de la constitucionalidad de las leyes no se ejerce por la vía de amparo sino por el medio procesal indicado con anterioridad. Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se dejan sin efecto las adjudicaciones de parcelas autorizadas por el Instituto de Desarrollo Agrario sobre los terrenos de la Dirección7090 (comprendidos en el área declarada por el Decreto Ejecutivo número 17023-MAG como Zona Protectora Tivives), que hubiesen sido acordadas en el lapso que se extiende desde el seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, hasta el mes de abril de este año, sin perjuicio de aquellos beneficiarios cuyo terreno haya sido adjudicado con anterioridad a la primera de las fechas señaladas. Se condena a los correcurridos al pago de los daños y perjuicios causados y a las costas del recurso, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de lo contencioso administrativo."

De esta manera, si el recurrente considera que lo allí dispuesto no se ha cumplido, lo procedente es que interponga la desobediencia a dicha sentencia.

Por otra parte, acusa el recurrente un problema referente a la mala administración de la zona que ha llevado al otorgamiento de permisos de suelo y de construcción ilegales y a la proliferación de construcciones habitacionales y comerciales en la zona, responsabilidad que achaca a las autoridades recurridas, "por acción y omisión". No obstante, no lleva el accionante a señalar en concreto cuáles permisos o construcciones son ilegales, ni cuáles instituciones son las responsables. En oportunidades anteriores, esta Sala ha indicado que en esta jurisdicción se tutelan los derechos y libertades fundamentales de las personas, respecto a violaciones o amenazas de violación a los mismos, que provengan de actos u omisiones concretas, por lo que no se pueden entrar a analizar aquellos casos en que se acusen menoscabos a garantías constitucionales de manera general, como sucede en el presente recurso, en que el accionante hace mención a un número indeterminado de incumplimientos, omisiones e infracciones por parte de las autoridades recurridas, sin identificar de manera específica al supuesto infractor o ubicarlas en el contexto temporal, por lo que resulta improcedente que esta Sala entre a analizar dichos extremos, ya que de hacerlo tendría la Sala que ejercer un control en abstracto respecto de los problemas de permisos y construcciones ilegales denunciados por el recurrente, lo que excedería sus competencias así como la misma naturaleza sumaria del recurso del amparado. En virtud de lo expuesto, el recurso es inadmisible y debe rechazarse. Estése el recurrente a lo resuelto en la sentencia número 1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

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Texto de la resolución

Exp: 00-009671-0007-CO

Res: 2001-01092

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con nueve minutos del siete de febrero del dos mil uno.-

Recurso de amparo interpuesto por Nombre17619, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad número CED8170, contra la Municipalidad de Esparza, el Instituto de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía.

Resultando

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas y once minutos del dieciséis de noviembre del dos mil (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Esparza, el Instituto de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía y manifiesta que el seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis fue establecida la Zona Protectora Tivives, mediante Decreto Ejecutivo número 17023-MAG, incorporándose automáticamente el área al patrimonio forestal del Estado. Acusa que dicha zona protectora se ha visto amenazada, desde su creación, por una serie de actos institucionales tendientes a destruir su patrimonio, acciones que han sido posible neutralizar gracias a la conciencia y esfuerzo de personas físicas que desean que se cumpla el derecho establecido a favor de éstos valiosos recursos y escenarios naturales. El Instituto de Desarrollo Agrario desde mil novecientos noventa y seis quiso desconocer esta reserva otorgando un catorce por ciento de su territorio en parcelas y lotes para vivienda, frente a la inercia del Ministerio del Ambiente y Energía. Dichas acciones fueron bloqueadas por la comunidad mediante recurso de amparo número 178-M-94, declarado con lugar el trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Sin embargo, la situación de tenencia que se impugnó permanece en claro desafío a lo dispuesto por la Sala Constitucional. Mediante el artículo 71 de la Ley Forestal número 7575 de trece de febrero de mil novecientos noventa y seis se quiso disminuir el área protegida para evitar el cumplimiento de lo dispuesto judicialmente, lo que fue posible anular mediante acción de inconstitucionalidad número 96-007014-0007-CO-C. A pesar de todo ello y de la sucesiva jurisprudencia emitida por la Sala, a la fecha la realidad de tenencia de la tierra no difiere de mil novecientos noventa y cuatro. En la actualidad la Municipalidad de Esparza, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y el Instituto de Desarrollo Agrario violan la condición de la Zona Protectora Tivives sistemáticamente por medio de una avalancha de medidas administrativas, acciones y omisiones. En concreto, se ha dado una ocupación privada de la tierra perteneciente al área protegida similar a la que dio origen en mil novecientos noventa y cuatro al citado recurso de amparo, pues los parceleros y otros ocupantes introducidos por el Instituto de Desarrollo Agrario se mantienen en el territorio, dándose además, la permanencia de precaristas en la reserva. Es notoria la construcción y funcionamiento de locales comerciales y casas de habitación dentro de los límites de la referida zona protegida, tales como cantinas, restaurantes, patios de contenedores, viviendas particulares, industrias, caminos, rellenos y otras obras civiles, lo que es responsabilidad de todos los recurridos por acción y por omisión. La Municipalidad de Esparza ha otorgado permisos de uso de suelo y administra de hecho el área correspondiente a la zona pública inalienable y la zona de amortiguamiento dentro de la Zona Protectora Tivives. Con los hechos descritos se violenta su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicita que se restablezca el derecho y se resuelva la ocupación y protección, según le asiste a esa reserva del patrimonio del Estado.

2.- Informa bajo juramento Rogelio Pardo Evans, en su calidad de Ministro de Salud (folio 9), que no le consta a ese despacho la aseveración del recurrente en cuanto a que el Instituto de Desarrollo Agrario ha introducido ocupantes en la Zona Protectora Tivives. No obstante aclara que según consta en el oficio número DRMS-1152-00 del primero de diciembre del dos mil, suscrito por el Director de la Región Pacífico Central, Carlos Venegas Porras, efectivamente existen construcciones de diversa índole en la zona y que a nivel local, la Unidad de Protección al Ambiente Humano está facultada para otorgar permisos a construcciones menores a los trescientos metros y a viviendas unifamiliares o individuales de acuerdo al Decreto Ejecutivo número 27967-Ministerio Público-MIVAH-S-MINAE Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción. Agrega que según el artículo 5 del capítulo II de dicha normativa, dichas construcciones se hacen con los planos finales y el Ministerio de Salud únicamente revisa que los planos constructivos cumplan con las disposiciones de sanidad e higiene, es decir únicamente otorga un visado sanitario, de donde no sea su competencia pronunciarse sobre la ubicación de la construcción, sino de la Municipalidad de Esparza, que es la que administra la zona y a quien le corresponde otorgar los permisos de suelo previa presentación del visado referido. Apunta que por su parte el Ministerio del Ambiente y Energía, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley número 7554 del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la delimitación de las zonas protegidas, las cuales se sujetan a planes de ordenamiento y manejo a fin de prevenir y combatir la contaminación o degradación de los ecosistemas. Solicita que se desestime el recurso planteado

3.- Informa bajo juramento, Elizabeth Odio Benito en su calidad de Ministra del Ambiente y Energía (folio 17), que la Zona Protectora Tivives fue creada mediante Decreto Ejecutivo número 17023-MAG del seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis. El cinco de febrero con la promulgación de la Ley Forestal número 7575, el artículo 71 modifica los límites originales de dicha zona, reduciendo el área en unas trescientas hectáreas. Mediante la sentencia de esta Sala número 7294 del trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad presentada, derogando el artículo 71 de la Ley Forestal número 7575 referente a la modificación de límites de la referida zona. Al anularse dicho artículo los efectos se retrotraen a la fecha de la vigencia de la norma objeto de la inconstitucionalidad, por lo que la modificación de los límites que se había hecho queda sin ningún efecto, volviendo por consiguiente el estado en que se encontraban antes de la emisión de la actual Ley Forestal. En este sentido toda el área que había sido segregada mediante la aplicación de dicho artículo vuelve a quedar dentro de los límites de la Zona Protectora Tivives en virtud de la anulación referida. Mediante la sentencia número 1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, esta Sala se pronunció acerca de la nulidad de las adjudicaciones de parcelas realizadas por el Instituto de Desarrollo Agrario sobre los terrenos de la Finca Salinas II comprendidos en el área declarada por el Decreto Ejecutivo número 17023-MAG como la Zona Protectora Tivives, que incluía incluso los terrenos que se habían segregado conforme al artículo 71 declarado inconstitucional, y ordenó al Instituto de Desarrollo Agrario proceder a reubicar a los parceleros, previa indemnización de las mejoras hechas a las parcelas. El Ministerio del Ambiente y Energía ha procurado cumplir las anteriores sentencias; no obstante en mil novecientos noventa y cinco hubo una invasión de treinta y cinco precaristas en el Sector de El Alto de las Mesas, por lo que se tramitó el respectivo desalojo a través del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública y se ejecutó el dos de junio de mil novecientos noventa y ocho. Por otra parte el Instituto de Desarrollo Agrario no cuenta con los recursos económicos para el pago de mejoras y la reubicación de los parceleros ordenada por este Tribunal. Señala que durante el año en curso se practicó un levantamiento de ceras de las parcelas de nueve precaristas ubicadas en Cambalache, contra el cual se presentaron varios amparados que fueron desestimados. A pesar de que resulta claro que la responsabilidad directa sobre la reubicación de los parceleros que aún se encuentran dentro de la Zona Protectora Tivives es del Instituto de Desarrollo Agrario, el Ministerio del Ambiente y Energía ha seguido realizando esfuerzos e instando a dicho instituto a cumplir la orden de esta Sala. No ha existido en ningún momento inercia u omisión por parte del Ministerio del Ambiente y Energía hacia el problema denunciado por los recurrentes, por el contrario, sus actuaciones han sido siempre tendientes a procurar la protección del Área Silvestre Protegida, sin embargo la responsabilidad en la regularización del parcelamiento y en las supuestas construcciones realizadas dentro de la zona corresponden al Instituto de Desarrollo Agrario. Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- Informa bajo juramento, José Joaquín Acuña Mesén en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (folio 33), que el Instituto de Desarrollo Agrario adquirió la finca Salinas II desde mil novecientos setenta y siete, con anterioridad a la promulgación del Decreto Ejecutivo número 17023 que crea la Zona Protectora de Tivives y como propietario adjudicó parcelas para actividades agropecuarias. Mediante la sentencia número 1763-94 de esta Sala se deja sin efecto la adjudicación de las parcelas. Con la creación de la Ley Forestal número 7575 del trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, en su artículo 71 se disminuye el área de la Zona Protectora de Tivives y siendo que el Instituto de Desarrollo Agrario había adjudicado dichos terrenos se presenta una acción de inconstitucionalidad contra dicho artículo que fue resuelta mediante sentencia 7294-98 declarándola con lugar. A fin de resolver la situación, el Instituto de Desarrollo Agrario firmó un convenio con el Ministerio del Ambiente y Energía el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis para el traslado de tierras con vocación forestal, el cual envió a la Contraloría General de la República mediante oficio número DL. 014 del diez de enero de mil novecientos noventa y siete. Dicho órgano objetó dicho convenio aduciendo que la sentencia 1763-94 y el pronunciamiento número C-186-90 de la Procuraduría General de la República no obliga al Instituto de Desarrollo Agrario al traslado de esas tierras sino que se requiere una autorización legal que expresamente obligue al Instituto de Desarrollo Agrario a traspasar los bienes al Ministerio del Ambiente y Energía. Agrega que no compete a ese instituto controlar ese tipo de actividades, ya que la actividad principal de los adjudicatarios es agropecuaria. Solicita desestimar el recurso.

5.- Informa bajo juramento, Dagoberto Venegas Porras en su calidad de Alcalde de Esparza (folio 50), que en lo que refiere a su representación, la misma ha sido respetado el alcance del Decreto Ejecutivo y en los casos en que ha tenido conocimiento de violaciones, se ha procedido administrativamente a paralizar las construcciones y en los casos necesarios se ha acudido a los Tribunales de Justicia. Con anterioridad al decreto anterior, la zona estaba administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y cuando se concedió un permiso se hizo con el visto bueno del Departamento de Administración Portuaria, por lo que no es posible que existan construcciones sin permiso, pero de haberlas no ha sido por falta de diligencia. En la actualidad la Municipalidad es la administradora legal de la zona, por lo que está trabajando en el Plan Regulador precisamente para evitar ilegalidades y proteger el desarrollo de la misma. Respecto de la Zona Protectora de Tivives, ésta por efecto de la excepción que crea la Ley número 6043 y su reglamento, pero igualmente se vela por la aplicación de la ley. Acusa que el recurso es muy general y adolece de ejemplos concretos de violación. No se han otorgado permisos ilegalmente de construcción ni en la zona pública inalienable, ni en la zona de amortiguamiento de la Zona Protectora de Tivives, por el contrario sus inspectores y el departamento respectivo se ha cuidado de que todo esté a derecho.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el magistrado Sancho González; y,

Considerando:

I.- Acusa el recurrente que la Zona Protectora de Tivives se ha visto amenazada, desde su creación, por una serie de actos institucionales tendientes a destruir su patrimonio, que desde mil novecientos noventa y seis quiso desconocer esta reserva otorgando un porcentaje de su territorio en parcelas y lotes para vivienda, acciones detenidas a raíz del recurso de amparo número 178-M-94, declarado con lugar el trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro. No obstante, la actual situación de tenencia no difiere de la de mil novecientos noventa y cuatro; las autoridades recurridas violan la condición de la Zona Protectora Tivives sistemáticamente por medio de una avalancha de medidas administrativas, acciones y omisiones, en concreto, se ha dado una ocupación privada de la tierra perteneciente al área protegida similar a la que dio origen en mil novecientos noventa y cuatro al citado recurso de amparo, pues los parceleros y otros ocupantes introducidos por el Instituto de Desarrollo Agrario se mantienen en el territorio, dándose además, la permanencia de precaristas en la reserva. Acusa además la construcción y funcionamiento de locales comerciales y casas de habitación dentro de los límites de la referida zona protegida, lo que es responsabilidad de todos los recurridos por acción y por omisión, todo los que violenta su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

II.- En cuanto a la tenencia ilegal de tierras pertenecientes a la Zona Protectora de Tivives, como el mismo recurrente señala en el escrito de interposición, dicha situación ya fue examinada en el recurso de amparo tramitado bajo el expediente número 94-000178-007-CO-M, en el que recayó la sentencia número 1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el que se dispuso en lo que interesa:

"IVo.- Si bien es cierto las autoridades recurridas afirman que el proyecto de parcelación de los terrenos de la finca denominada Salinas II -adquiridos por el Instituto de Desarrollo Agrario el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y siete-, que se encuentran comprendidos por el área Protectora de Tivives, de conformidad con los términos del Decreto Ejecutivo número 17023 del seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, está ajustado a derecho, aún después de la entrada en vigencia de esa normativa, puesto que en primer instancia no puede considerarse que aquella heredad haya pasado a formar parte del patrimonio forestal del Estado mientras no se le indemnice a la institución autónoma que representan el monto correspondiente a fin de tener por expropiado ese inmueble, y en segundo término, por cuanto siempre han contado con la autorización de la Dirección General Forestal para llevar a cabo las actividades agrícolas, ganaderas o forestales que establece el artículo 3 del Decreto número 17023 que declara como Zona Protectora los territorios que comprenden los manglares de Mata de Limón y Tivives, así como el reducto de bosque tropical seco ubicado en la Hoja Cartográfica de Barranca; no resulta válido el argumento esbozado por la entidad recurrida, toda vez que de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Forestal, el patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública, por esa razón, ningún organismo de la Administración Pública -central o descentralizada- podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, entregar o dar en arredamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal, en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la aplicación de los términos de aquella normativa así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no esta facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca Salinas II afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y continuar con el proyecto de parcelación, excepto en el supuesto de todas aquellas adjudicaciones que se hubieran acordado con anterioridad a la promulgación del terreno, pues en ese caso los predios de los beneficiarios se deberán comprar o expropiar, salvo que a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo (artículo 37 párrafo 2º de la Ley Forestal); no resultan válidas las adjudicaciones acordadas por la institución recurrida con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de cita sobre los terrenos comprendidos por la zona de conservación natural de Tivives, toda vez que desde esa fecha -seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis-, no está facultada para disponer libremente de esas heredades, puesto que la administración de las mismas compete a la Dirección General Forestal, en coordinación con la Municipalidad de Esparza y los Centros Agrícolas: Regional Pacífico Central y Cantonal de Esparza, por ello los permisos que ésta conceda a fin de desarrollar actividades de índole agrario en esos territorios no implica una autorización para enajenar o rentar aquellos, ni tampoco originan derecho real alguno sobre el inmueble a favor del concesionario (artículo 41 de la Ley Forestal); en otras palabras, la autoridad recurrida no puede abstraerse de acatar obligatoriamente las normas que declaran la incorporación automática al patrimonio forestal del Estado de aquellos inmuebles que se les califique como de aptitud forestal, pues esas disposiciones son de aplicación inmediata por el interés público que reviste su contenido, cual es la conservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenido y racional de los mismos (artículo 1º de la Ley Forestal), por ello toda adjudicación que se haya acordado con posterioridad al seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis hasta la actualidad, son nulas, en virtud de que se ha dispuesto de manera indebida sobre terrenos forestalmente protegidos.

Vo.- Si las autoridades recurridas estiman que lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Forestal es contrario a la Carta Fundamental, pues establece de manera injustificada que los terrenos cuyo titular sea un organismo de la Administración Pública pasan a formar parte automáticamente al patrimonio forestal del Estado, desde el mismo instante en que se declare la aptitud forestal de los mismos y en consecuencia el interés público por conservarlos, sin que medie indemnización alguna a su favor, ello deberá alegarlo a través de la acción de inconstitucionalidad correspondiente, ya que el control de la constitucionalidad de las leyes no se ejerce por la vía de amparo sino por el medio procesal indicado con anterioridad. Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se dejan sin efecto las adjudicaciones de parcelas autorizadas por el Instituto de Desarrollo Agrario sobre los terrenos de la Finca Salinas II (comprendidos en el área declarada por el Decreto Ejecutivo número 17023-MAG como Zona Protectora Tivives), que hubiesen sido acordadas en el lapso que se extiende desde el seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, hasta el mes de abril de este año, sin perjuicio de aquellos beneficiarios cuyo terreno haya sido adjudicado con anterioridad a la primera de las fechas señaladas. Se condena a los correcurridos al pago de los daños y perjuicios causados y a las costas del recurso, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de lo contencioso administrativo."

De esta manera, si el recurrente considera que lo allí dispuesto no se ha cumplido, lo procedente es que interponga la desobediencia a dicha sentencia.

III.- Por otra parte, acusa el recurrente un problema referente a la mala administración de la zona que ha llevado al otorgamiento de permisos de suelo y de construcción ilegales y a la proliferación de construcciones habitacionales y comerciales en la zona, responsabilidad que achaca a las autoridades recurridas, "por acción y omisión". No obstante, no lleva el accionante a señalar en concreto cuáles permisos o construcciones son ilegales, ni cuáles instituciones son las responsables. En oportunidades anteriores, esta Sala ha indicado que en esta jurisdicción se tutelan los derechos y libertades fundamentales de las personas, respecto a violaciones o amenazas de violación a los mismos, que provengan de actos u omisiones concretas, por lo que no se pueden entrar a analizar aquellos casos en que se acusen menoscabos a garantías constitucionales de manera general, como sucede en el presente recurso, en que el accionante hace mención a un número indeterminado de incumplimientos, omisiones e infracciones por parte de las autoridades recurridas, sin identificar de manera específica al supuesto infractor o ubicarlas en el contexto temporal, por lo que resulta improcedente que esta Sala entre a analizar dichos extremos, ya que de hacerlo tendría la Sala que ejercer un control en abstracto respecto de los problemas de permisos y construcciones ilegales denunciados por el recurrente, lo que excedería sus competencias así como la misma naturaleza sumaria del recurso del amparado. En virtud de lo expuesto, el recurso es inadmisible y debe rechazarse. Estése el recurrente a lo resuelto en la sentencia número 1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

Por tanto:

Estése el recurrente a lo resuelto en la sentencia número 1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro. En los demás extremos se rechaza por el fondo el recurso.

 

 

R. E. Piza E.

Presidente

 

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R.

 

 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

 

 

José Luis Molina Q. Susana Castro A.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 08:39:57.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Ruling No. 01092 - 2001**

**Ruling Date:** February 7, 2001 at 4:09 p.m.

**Case File:** 00-009671-0007-CO

**Drafted by:** Eduardo Sancho González

**Type of Matter:** Amparo action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Related Rulings**

**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** PREVIOUS MATTERS

**Topic:** Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural)

**Subtopics:**

Illegal land tenure (tenencia ilegal de tierras) pertaining to the Tivives Protective Zone (Zona Protectora de Tivives).

**Topic:** Reiteration of an amparo action

**Subtopics:**

Let the petitioner abide by what was decided in ruling number 1763-94 of 4:45 p.m. on April 13, 1994.

The petitioner claims that the Tivives Protective Zone has been threatened, since its creation, by a series of institutional acts aimed at destroying its natural heritage (patrimonio), that since nineteen ninety-six an attempt was made to disregard this reserve by granting a percentage of its territory in parcels and lots for housing, actions halted as a result of amparo action number 178-M-94, granted on April thirteen, nineteen ninety-four. However, the current land tenure (tenencia) situation does not differ from that of nineteen ninety-four; the respondent authorities systematically violate the status of the Tivives Protective Zone through an avalanche of administrative measures, actions, and omissions; specifically, there has been a private occupation of land belonging to the protected area similar to that which gave rise to the aforementioned amparo action in nineteen ninety-four, since the parcel holders (parceleros) and other occupants introduced by the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) remain in the territory, and there is also the continued presence of squatters (precaristas) in the reserve. He also alleges the construction and operation of commercial premises and dwelling houses within the boundaries of the aforementioned protected zone, which is the responsibility of all the respondents by action and by omission, all of which violates his right to a healthy and ecologically balanced environment.

Regarding the illegal land tenure of lands belonging to the Tivives Protective Zone, as the petitioner himself states in the filing brief, this situation was already examined in the amparo action processed under case file number 94-000178-007-CO-M, in which ruling number 1763-94 of sixteen hours and forty-five minutes on April thirteen, nineteen ninety-four, was handed down, which provided, in pertinent part:

"IVo.- Even though the respondent authorities affirm that the parceling project (parcelación) for the lands of the farm called Salinas II -acquired by the Institute of Agrarian Development on December twenty-three, nineteen seventy-seven-, which are included within the Tivives Protective Area, in accordance with the terms of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 17023 of May six, nineteen eighty-six, is in compliance with the law, even after the entry into force of that regulation, since in the first instance it cannot be considered that said property has become part of the State's forest patrimony (patrimonio forestal del Estado) as long as the autonomous institution they represent is not compensated the corresponding amount in order to consider that real estate expropriated, and secondly, because they have always had the authorization of the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) to carry out the agricultural, livestock, or forestry activities established by Article 3 of Decree number 17023, which declares the territories comprising the mangroves of Mata de Limón and Tivives, as well as the tract of dry tropical forest located on the Barranca Cartographic Sheet, as a Protective Zone (Zona Protectora); the argument outlined by the respondent entity is not valid, since according to Articles 32 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), the State's forest patrimony consists of all forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies; for that reason, no Public Administration body -central or decentralized- may expropriate, exchange, transfer, or alienate, by any title, deliver or lease rural lands owned by it or under its administration, without them having been previously classified by the General Forestry Directorate, in which case, if it considers them to be of forestry suitability (aptitud forestal), they will be immediately incorporated into the State's forest patrimony; for this reason, if Decree number 17023 affected part of the farm acquired by the Institute of Agrarian Development at the time, the application of the terms of that regulation, as well as the cited articles of the Forestry Law, is immediate, so the respondent entity is not empowered to disregard them under the justification that a purchase process involving the corresponding indemnification has not occurred. Thus, from the moment the oft-cited Decree entered into force, the lands of the Salinas II farm affected by the Tivives Conservation Zone (Zona de Conservación de Tivives) automatically became part of the State's forest patrimony; they are, therefore, rules of immediate application, for which reason, from that moment on, the Institute of Agrarian Development was unable to dispose of those lands and continue with the parceling project, except in the case of all those adjudications that had been agreed upon prior to the promulgation of the regulation, since in that case the beneficiaries' plots must be purchased or expropriated, unless at the request of the General Forestry Directorate, their owners agree to submit to the respective forest regime (Article 37, paragraph 2 of the Forestry Law); the adjudications agreed upon by the respondent institution after the entry into force of the cited Decree on lands included in the Tivives natural conservation zone are not valid, since from that date -May six, nineteen eighty-six-, it is not empowered to freely dispose of those properties, since the administration of the same is the responsibility of the General Forestry Directorate, in coordination with the Municipality of Esparza (Municipalidad de Esparza) and the Agricultural Centers: Central Pacific Regional (Regional Pacífico Central) and Cantonal of Esparza (Cantonal de Esparza); therefore, the permits it grants for the purpose of developing agricultural activities in those territories do not imply authorization to transfer or rent those lands, nor do they originate any real right over the property in favor of the concessionaire (Article 41 of the Forestry Law); in other words, the respondent authority cannot abstain from mandatory compliance with the rules that declare the automatic incorporation into the State's forest patrimony of those properties classified as being of forestry suitability, since those provisions are of immediate application due to the public interest involved in their content, which is the conservation of natural resources through their sustained and rational use (Article 1 of the Forestry Law); therefore, any adjudication agreed upon after May six, nineteen eighty-six to date is null and void, because forest-protected lands have been improperly disposed of.

Vo.- If the respondent authorities consider that the provisions of Article 34 of the Forestry Law are contrary to the Constitution (Carta Fundamental), as it unjustifiably establishes that lands owned by a Public Administration body automatically become part of the State's forest patrimony, from the very moment their forestry suitability is declared, and consequently the public interest in conserving them is established, without any compensation in their favor, this must be alleged through the corresponding unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad), since the review of the constitutionality of laws is not exercised through amparo proceedings but through the procedural means previously indicated. Therefore:

The amparo action is granted. Consequently, the parcel adjudications authorized by the Institute of Agrarian Development on the lands of Finca 7090 (included in the area declared by Executive Decree number 17023-MAG as the Tivives Protective Zone), which were agreed upon in the period extending from May six, nineteen eighty-six, to April of this year, are nullified, without prejudice to those beneficiaries whose land was adjudicated prior to the first of the indicated dates. The co-respondents are ordered to pay the damages caused and the costs of the action, which shall be liquidated, if applicable, in the enforcement proceeding of the contentious-administrative jurisdiction (vía de ejecución de lo contencioso administrativo)."

Thus, if the petitioner considers that what was decided therein has not been complied with, the proper course is for him to file a disobedience action regarding said ruling.

On the other hand, the petitioner alleges a problem concerning the poor administration of the zone, which has led to the granting of illegal land-use (uso de suelo) and construction permits and to the proliferation of housing and commercial constructions in the zone, a responsibility he attributes to the respondent authorities, "by action and omission." However, the plaintiff does not specifically point out which permits or constructions are illegal, nor which institutions are responsible. On prior occasions, this Chamber has indicated that this jurisdiction protects the fundamental rights and freedoms of individuals regarding violations or threats of violation thereof arising from specific acts or omissions; therefore, cases alleging general impairments to constitutional guarantees cannot be analyzed, as occurs in the present amparo action, where the plaintiff mentions an indeterminate number of non-compliances, omissions, and infractions by the respondent authorities, without specifically identifying the alleged infringer or placing them in a temporal context; therefore, it is improper for this Chamber to analyze these points, since to do so the Chamber would have to exercise an abstract review regarding the problems of illegal permits and constructions denounced by the petitioner, which would exceed its competences as well as the very summary nature (naturaleza sumaria) of the amparo action. By virtue of the foregoing, the action is inadmissible and must be rejected. Let the petitioner abide by what was decided in ruling number 1763-94 of sixteen hours and forty-five minutes on April thirteen, nineteen ninety-four.

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**Text of the Ruling**

**Exp:** 00-009671-0007-CO

**Res:** 2001-01092

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at sixteen hours and nine minutes on February seven, two thousand one.-

Amparo action filed by Nombre17619, single, merchant, holder of identity card number CED8170, against the Municipality of Esparza, the Institute of Agrarian Development, the Ministry of Health (Ministerio de Salud), and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía).

**Whereas**

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at ten hours and eleven minutes on November sixteen, two thousand (folio 1), the petitioner files an amparo action against the Municipality of Esparza, the Institute of Agrarian Development, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy, and states that on May six, nineteen eighty-six, the Tivives Protective Zone was established by Executive Decree number 17023-MAG, with the area being automatically incorporated into the State's forest patrimony. He claims that said protective zone has been threatened, since its creation, by a series of institutional acts aimed at destroying its natural heritage, actions that have been possible to neutralize thanks to the awareness and effort of natural persons who wish to see the right established in favor of these valuable natural resources and scenarios fulfilled. Since nineteen ninety-six, the Institute of Agrarian Development sought to disregard this reserve by granting fourteen percent of its territory in parcels and lots for housing, in the face of the inaction of the Ministry of Environment and Energy. Said actions were blocked by the community through amparo action number 178-M-94, granted on April thirteen, nineteen ninety-four. However, the land tenure situation that was challenged remains in clear defiance of what was ordered by the Constitutional Chamber. Through Article 71 of the Forestry Law number 7575 of February thirteen, nineteen ninety-six, an attempt was made to reduce the protected area to avoid compliance with what was judicially ordered, which was possible to annul through unconstitutionality action number 96-007014-0007-CO-C. Despite all of this and the successive jurisprudence issued by the Chamber, to date, the reality of land tenure does not differ from nineteen ninety-four. Currently, the Municipality of Esparza, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Institute of Agrarian Development systematically violate the status of the Tivives Protective Zone through an avalanche of administrative measures, actions, and omissions. Specifically, there has been a private occupation of land belonging to the protected area similar to that which gave rise to the aforementioned amparo action in nineteen ninety-four, since the parcel holders and other occupants introduced by the Institute of Agrarian Development remain in the territory, and there is also the continued presence of squatters in the reserve. The construction and operation of commercial premises and dwelling houses within the boundaries of the aforementioned protected zone, such as cantinas, restaurants, container yards, private residences, industries, roads, fills (rellenos), and other civil works, is notorious, and this is the responsibility of all the respondents by action and by omission. The Municipality of Esparza has granted land-use permits and de facto administers the area corresponding to the inalienable public zone (zona pública inalienable) and the buffer zone (zona de amortiguamiento) within the Tivives Protective Zone. The described facts violate his right to a healthy and ecologically balanced environment. He requests that the right be restored and that the occupation and protection due to this State patrimony reserve be resolved.

2.- Rogelio Pardo Evans, in his capacity as Minister of Health, reports under oath (folio 9) that this office cannot attest to the petitioner's assertion that the Institute of Agrarian Development has introduced occupants into the Tivives Protective Zone. However, he clarifies that according to official letter number DRMS-1152-00 of December one, two thousand, signed by the Director of the Central Pacific Region, Carlos Venegas Porras, there are indeed constructions of various kinds in the zone and that, at the local level, the Human Environment Protection Unit (Unidad de Protección al Ambiente Humano) is empowered to grant permits for constructions under three hundred meters and for single-family or individual dwellings in accordance with Executive Decree number 27967-Ministerio Público-MIVAH-S-MINAE, Regulation for the Plan Approval (Visado) Procedure for Construction. He adds that according to Article 5 of Chapter II of said regulation, such constructions are carried out with the final plans and the Ministry of Health only reviews that the construction plans comply with health and hygiene provisions, that is to say, it only grants a health approval (visado sanitario), and therefore, it is not within its competence to rule on the location of the construction, but rather that of the Municipality of Esparza, which is the body that administers the zone and is responsible for granting land-use permits upon prior presentation of the referred approval. He notes that, for its part, the Ministry of Environment and Energy, in accordance with Article 42 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Law number 7554 of October four, nineteen ninety-five, is responsible for the delimitation of protected zones, which are subject to management and planning plans in order to prevent and combat the contamination or degradation of ecosystems. He requests that the filed action be dismissed.

3.- Elizabeth Odio Benito, in her capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath (folio 17) that the Tivives Protective Zone was created by Executive Decree number 17023-MAG of May six, nineteen eighty-six. On February five, with the promulgation of the Forestry Law number 7575, Article 71 modified the original boundaries of said zone, reducing the area by approximately three hundred hectares. By ruling of this Chamber number 7294 of October thirteen, nineteen ninety-eight, the unconstitutionality action filed was granted, repealing Article 71 of the Forestry Law number 7575 regarding the modification of the boundaries of the referred zone. Upon annulment of said article, the effects are retroactive to the date of entry into force of the norm subject to unconstitutionality, so the modification of the boundaries that had been made is rendered without effect, consequently returning to the state in which they were before the issuance of the current Forestry Law. In this sense, the entire area that had been segregated through the application of said article once again falls within the boundaries of the Tivives Protective Zone by virtue of the referred annulment. By ruling number 1763-94 of sixteen hours and forty-five minutes on April thirteen, nineteen ninety-four, this Chamber ruled on the nullity of the parcel adjudications made by the Institute of Agrarian Development on the lands of Finca Salinas II included in the area declared by Executive Decree number 17023-MAG as the Tivives Protective Zone, which even included the lands that had been segregated pursuant to Article 71 declared unconstitutional, and ordered the Institute of Agrarian Development to proceed to relocate the parcel holders, upon prior compensation for the improvements made to the parcels. The Ministry of Environment and Energy has endeavored to comply with the previous rulings; however, in nineteen ninety-five, there was an invasion of thirty-five squatters in the Sector of El Alto de las Mesas, for which the respective eviction (desalojo) was processed through the Ministry of Governance, Police, and Public Security (Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública) and was executed on June two, nineteen ninety-eight. On the other hand, the Institute of Agrarian Development lacks the financial resources to pay for the improvements and the relocation of the parcel holders ordered by this Court. He points out that during the current year, a boundary survey (levantamiento de ceras) was carried out for the parcels of nine squatters located in Cambalache, against which several amparo actions were filed and were dismissed. Although it is clear that the direct responsibility for the relocation of the parcel holders still within the Tivives Protective Zone lies with the Institute of Agrarian Development, the Ministry of Environment and Energy has continued to make efforts and urge said institute to comply with this Chamber's order. At no time has there been inaction or omission on the part of the Ministry of Environment and Energy regarding the problem denounced by the petitioners; on the contrary, its actions have always been aimed at seeking the protection of the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida); however, the responsibility for the regularization of the parceling and for the alleged constructions carried out within the zone falls to the Institute of Agrarian Development. He requests that the filed action be dismissed.

4.- José Joaquín Acuña Mesén, in his capacity as Executive President of the Institute of Agrarian Development, reports under oath (folio 33) that the Institute of Agrarian Development acquired Finca Salinas II back in nineteen seventy-seven, prior to the promulgation of Executive Decree number 17023 creating the Tivives Protective Zone, and as the owner, adjudicated parcels for agricultural activities. By ruling number 1763-94 of this Chamber, the adjudication of the parcels was nullified. With the creation of the Forestry Law number 7575 of February thirteen, nineteen ninety-six, its Article 71 reduced the area of the Tivives Protective Zone, and since the Institute of Agrarian Development had adjudicated said lands, an unconstitutionality action was filed against said article, which was resolved by ruling 7294-98, granting it. In order to resolve the situation, the Institute of Agrarian Development signed an agreement with the Ministry of Environment and Energy on October thirty-one, nineteen ninety-six, for the transfer of lands with forestry potential, which it sent to the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) through official letter number DL. 014 of January ten, nineteen ninety-seven. Said body objected to said agreement, arguing that ruling 1763-94 and pronouncement number C-186-90 of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) do not obligate the Institute of Agrarian Development to transfer those lands, but rather a legal authorization is required that expressly obligates the Institute of Agrarian Development to transfer the assets to the Ministry of Environment and Energy. He adds that it is not the institute's responsibility to control such activities, since the main activity of the adjudicatees is agricultural. He requests that the action be dismissed.

5.- Dagoberto Venegas Porras, in his capacity as Mayor of Esparza (Alcalde de Esparza), reports under oath (folio 50) that, regarding his representation, the scope of the Executive Decree has been respected, and in cases where it has had knowledge of violations, administrative action has been taken to halt constructions, and in necessary cases, the Courts of Justice have been resorted to. Prior to the aforementioned decree, the zone was administered by the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), and when a permit was granted, it was done with the approval of the Port Administration Department (Departamento de Administración Portuaria); therefore, it is not possible that there are constructions without a permit, but if there are any, it has not been for lack of diligence. Currently, the Municipality is the legal administrator of the zone, which is why it is working on the Regulatory Plan (Plan Regulador) precisely to avoid illegalities and protect its development. Regarding the Tivives Protective Zone, it is subject to the exception created by Law number 6043 and its regulation, but compliance with the law is equally ensured. He claims that the action is very general and lacks specific examples of violation. No construction permits have been illegally granted either in the inalienable public zone or in the buffer zone of the Tivives Protective Zone; on the contrary, its inspectors and the respective department have ensured that everything is in compliance with the law.

6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Sancho González; and,

**Considering:**

I.- The petitioner claims that the Tivives Protective Zone has been threatened, since its creation, by a series of institutional acts aimed at destroying its natural heritage, that since nineteen ninety-six an attempt was made to disregard this reserve by granting a percentage of its territory in parcels and lots for housing, actions halted as a result of amparo action number 178-M-94, granted on April thirteen, nineteen ninety-four. However, the current land tenure situation does not differ from that of nineteen ninety-four; the respondent authorities systematically violate the status of the Tivives Protective Zone through an avalanche of administrative measures, actions, and omissions; specifically, there has been a private occupation of land belonging to the protected area similar to that which gave rise to the aforementioned amparo action in nineteen ninety-four, since the parcel holders and other occupants introduced by the Institute of Agrarian Development remain in the territory, and there is also the continued presence of squatters in the reserve. He also alleges the construction and operation of commercial premises and dwelling houses within the boundaries of the aforementioned protected zone, which is the responsibility of all the respondents by action and by omission, all of which violates his right to a healthy and ecologically balanced environment.

II.- Regarding the illegal land tenure of lands belonging to the Tivives Protective Zone, as the petitioner himself states in the filing brief, this situation was already examined in the amparo action processed under case file number 94-000178-007-CO-M, in which ruling number 1763-94 of sixteen hours and forty-five minutes on April thirteen, nineteen ninety-four, was handed down, which provided, in pertinent part:

"IVo.- Even though the respondent authorities affirm that the parceling project for the lands of the farm called Salinas II -acquired by the Institute of Agrarian Development on December twenty-three, nineteen seventy-seven-, which are included within the Tivives Protective Area, in accordance with the terms of Executive Decree number 17023 of May six, nineteen eighty-six, is in compliance with the law, even after the entry into force of that regulation, since in the first instance it cannot be considered that said property has become part of the State's forest patrimony as long as the autonomous institution they represent is not compensated the corresponding amount in order to consider that real estate expropriated, and secondly, because they have always had the authorization of the General Forestry Directorate to carry out the agricultural, livestock, or forestry activities established by Article 3 of Decree number 17023, which declares the territories comprising the mangroves of Mata de Limón and Tivives, as well as the tract of dry tropical forest located on the Barranca Cartographic Sheet, as a Protective Zone; the argument outlined by the respondent entity is not valid, since according to Articles 32 and 34 of the Forestry Law, the State's forest patrimony consists of all forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies; for that reason, no Public Administration body -central or decentralized- may expropriate, exchange, transfer, or alienate, by any title, deliver or lease rural lands owned by it or under its administration, without them having been previously classified by the General Forestry Directorate, in which case, if it considers them to be of forestry suitability, they will be immediately incorporated into the State's forest patrimony; for this reason, if Decree number 17023 affected part of the farm acquired by the Institute of Agrarian Development at the time, the application of the terms of that regulation, as well as the cited articles of the Forestry Law, is immediate, so the respondent entity is not empowered to disregard them under the justification that a purchase process involving the corresponding indemnification has not occurred.

Thus, from the moment the repeatedly cited Decree entered into force, the lands of the Salinas II farm affected by the Tivives Conservation Zone automatically became part of the forest heritage of the State; they are, therefore, rules of immediate application, which is why from that moment the Instituto de Desarrollo Agrario was unable to dispose of those lands and continue with the subdivision (parcelación) project, except in the case of all those adjudications that had been agreed upon prior to the promulgation of the decree, since in that case the beneficiaries’ plots must be purchased or expropriated, unless, at the request of the Dirección General Forestal, their owners accept to submit to the respective forest regime (article 37, paragraph 2 of the Ley Forestal); the adjudications agreed upon by the respondent institution after the entry into force of the cited Decree over the lands comprised by the Tivives natural conservation zone are not valid, since as of that date—May 6, 1986—it is not empowered to freely dispose of those properties, because their administration falls to the Dirección General Forestal, in coordination with the Municipality of Esparza and the Agricultural Centers: Regional Pacífico Central and Cantonal de Esparza; therefore, permits that the latter grants in order to develop agricultural activities in those territories do not imply an authorization to alienate or lease them, nor do they create any right in rem over the property in favor of the permit holder (article 41 of the Ley Forestal); in other words, the respondent authority cannot avoid obligatorily complying with the rules that declare the automatic incorporation into the forest heritage of the State of those properties that are classified as having forest suitability, since those provisions are of immediate application because of the public interest embodied in their content, which is the conservation of natural resources through their sustained and rational use (article 1 of the Ley Forestal); therefore, any adjudication that has been agreed upon after May 6, 1986, up to the present time, is null and void, by virtue of having improperly disposed of forest-protected lands.

Vo.- If the respondent authorities consider that the provision in article 34 of the Ley Forestal is contrary to the Constitution, since it unjustifiably establishes that lands whose owner is a Public Administration entity automatically become part of the forest heritage of the State, from the very moment that their forest suitability and consequently the public interest in conserving them are declared, without any compensation in its favor, that must be alleged through the corresponding unconstitutionality action, since the control of the constitutionality of laws is not exercised through the amparo proceeding but through the procedural means indicated above. Por tanto:

The appeal is granted. Consequently, the adjudications of parcels authorized by the Instituto de Desarrollo Agrario over the lands of Finca Salinas II (comprised within the area declared by Decreto Ejecutivo number 17023-MAG as Zona Protectora Tivives), which may have been agreed upon in the period extending from May 6, 1986, through the month of April of this year, are set aside, without prejudice to those beneficiaries whose land was adjudicated prior to the first of the indicated dates. The co-respondents are ordered to pay the damages caused and the costs of the appeal, which shall be liquidated, as appropriate, in the execution phase of the administrative contentious proceeding."

In this way, if the claimant considers that what was ordered therein has not been fulfilled, the proper course is to file a disobedience action regarding that judgment.

III.- On the other hand, the claimant alleges a problem concerning the poor administration of the zone that has led to the granting of illegal land-use and construction permits and to the proliferation of residential and commercial constructions in the zone, responsibility he attributes to the respondent authorities, "by action and omission." However, the claimant does not specifically identify which permits or constructions are illegal, nor which institutions are responsible. On prior occasions, this Chamber has indicated that this jurisdiction protects the fundamental rights and freedoms of persons with respect to violations or threats of violation thereof arising from specific acts or omissions, and therefore it cannot proceed to analyze those cases in which infringements of constitutional guarantees are alleged in a general manner, as occurs in the present appeal, in which the claimant refers to an undetermined number of breaches, omissions, and infractions by the respondent authorities, without specifically identifying the alleged violator or placing them in a temporal context, so it is improper for this Chamber to analyze those points, since in doing so the Chamber would have to exercise an abstract control over the problems of illegal permits and constructions reported by the claimant, which would exceed its powers as well as the very summary nature of the amparo appeal. By virtue of the foregoing, the appeal is inadmissible and must be dismissed. Let the claimant abide by what was resolved in judgment number 1763-94 at 4:45 p.m. on April 13, 1994.

Por tanto:

Let the claimant abide by what was resolved in judgment number 1763-94 at 4:45 p.m. on April 13, 1994. On the remaining points the appeal is dismissed on the merits.

 

 

R. E. Piza E.

Presidente

 

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R.

 

 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

 

 

José Luis Molina Q. Susana Castro A.