Res. 02486-2002 Sala Constitucional — Partial annulment of Decree 25663-MINAE for insufficient protection of the great green macaw habitatAnulación parcial del Decreto 25663-MINAE por insuficiente protección del hábitat de la lapa verde

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 02486 - 2002

Fecha de la Resolución: 08 de Marzo del 2002 a las 10:54

Expediente: 01-011865-0007-CO

Redactado por: Gilbert Armijo Sancho

Clase de asunto: Recurso de amparo

Control constitucional: Sentencia estimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia clave

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

(ASUNTO ATIPICO) 002486-02. DECRETO DE RESTRICCION DE LA TALA DE ARBOLES DE ALMENDRO PARA PROTECCION DE LA LAPA VERDE. POR RECURSO DE AMPARO SE ANULA EL DECRETO. Se declara con lugar el recurso. Por violación al artículo 50 constitucional se anulan los incisos 1, 2, 5, y 7 del artículo III del Decreto N.25663-MINAE. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

“V.- (…) En razón de lo dicho, se recomienda a la Ministra de Ambiente y Energía, verificar si las acciones adoptadas son tanto económica como legalmente efectivas para favorecer el mantenimiento y el desarrollo de las áreas destinadas a los árboles de Almendro y en aras de cumplir con las obligaciones que legalmente le han sido impuestas por la ley, deberá implementar las medidas legales y sancionatorias necesarias para procurar un efectivo resguardo de la especie "Ara Ambigua", ello necesariamente deberá de darse concomitantemente con un plan de vigilancia hacia la lapa verde y la tala del árbol de almendro, en todo el país. En virtud de las consideraciones externadas, no procede otra cosa más que la estimación del presente recurso como en efecto se ordena. (…)” VCG05/2020

 

... Ver más

Otras Referencias: Este es un asunto atípico, mediante el cual, por un recurso de ampara se anula un decreto ejecutivo. Este es el caso de la protección a la lapa verde y el árbol de Almendro.Sentencias: 3705-93

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 50 de la Constitución Política

“(…) V.- Así las cosas, a pesar de que existe una obligación del Estado de velar por la supervivencia de las especies en peligro de extinción -y en este caso de la lapa verde- lo cierto del caso es que, las autoridades públicas encargadas de darle vida y sustento a la protección de estas especies, todavía para este momento, no han acreditado elementos que lleven a este Tribunal a concluir que se han dispuesto las medidas pertinentes para evitar la extinción de la especie. De este modo, considera la Sala que se ha desconocido con ello lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y en el artículo 60 del Reglamento a esta Ley, por lo que no cabe duda alguna de que la Administración recurrida, ha permitido que se lesione el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se encuentra tutelado en el artículo 50 constitucional, pues al haber sido la lapa verde declarada como una especie en peligro de extinción, -LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE, No. 7317- el Estado tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger esta especie, lo que conlleva la obligación de impedir el comercio de tal especie y por su relación con el árbol de almendro, también se debe impedir su tala en todo el territorio, claro está que ello debe respetarse principalmente en las zonas donde se encuentra el hábitat óptimo para la sobrevivencia de dicha especie, la cual según Decreto N. 25167-MINAE se ha visto reducida sustancialmente. (…)” VCG05/2020

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 033- Legitimación activa

Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional

“(…) Es clara la sentencia transcrita en el sentido de que entratándose de la protección al ambiente, la legitimación se enmarca dentro de los llamados intereses difusos, pudiendo entonces, cualquier persona, alegar infracciones de esta clase de derechos. Por lo dicho, se concluye que los recurrentes están legitimados para figurar como recurrentes en este asunto. (…)” VCG05/2020

... Ver más
Texto de la resolución

Expediente 01-011865-0007-CO

Exp:

01-011865-0007-CO

Res:

2002-02486

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del ocho de marzo del dos mil dos.-

Recurso de amparo interpuesto por Nombre14137, portador de la cédula de identidad número CED5963, Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Asociación Justicia para la Naturaleza, Nombre14138, portadora de la cédula de identidad CED5964, Nombre14139, con pasaporte número CED5965, Nombre14140, portador de la cédula de identidad número CED5966, Clara Emilia Padilla Gutiérrez, portadora de la cédula de identidad número CED5967, Nombre14141, portador de la cédula de identidad número CED5968 en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Asociación Centro Científico Tropical, Nombre14142, portador de la cédula de identidad número CED5969, en su carácter de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS), y los abajo firmantes, estudiantes del Postgrado de Derecho Agrario y Ambiental de la Universidad de Costa Rica a favor del medio ambiente y la lapa verde; contra el Ministerio del Ambiente y Energía y del Estado costarricense.

Resultando:

1.-

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas y treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil uno (folio 1), los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Ministerio del Ambiente y Energía y del Estado costarricense y manifiestan que dadas las condiciones de extrema dureza de su madera, el almendro se mantuvo fuera de la explotación de los madereros durante años, sin embargo, recientemente la tecnología desarrollada por el sector forestal hizo posible la extracción y el aprovechamiento, lo cual derivó en que la especie fuese muy preciada en la explotación de bosques en la zona. Indican que al aprobar el Ministerio de Ambiente y Energía planes de manejo de bosque donde se permite la extracción selectiva de árboles de almendro, es claro que el Estado ha incumplido con el deber constitucional de velar por un ambiente ecológicamente equilibrado. Señalan que se evidencia el incumplimiento de las disposiciones internacionales que obligan al Estado a realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar la supervivencia de las especies, en especial aquellas que se encuentren en peligro de extinción. Mencionan que existe una gran cantidad de árboles que en la actualidad están siendo cortados en potreros y áreas abiertas, lo cual amenaza más a la especie Lapa Verde. Agregan que la ejemplificación más clara de esta omisión del Estado de cumplir con sus deberes, lo constituye el Decreto Ejecutivo 25167-MINAE, modificado por el Decreto 25663-MINAE, mediante el cual se establece una restricción a la corta del almendro. Que aunque se permite el aprovechamiento de un 50%, según datos aportados, en la práctica ese porcentaje se eleva a un 70% y hasta un 80% de los almendros de la zona. Mencionan que el seguimiento que se le da a los permisos otorgados es muy laxo, aunado a que la ausencia de controles efectivos para paliar la amenaza real y actual al hábitat de la lapa verde, y la captura ilegal para el tráfico internacional, ha conducido a la especie al borde de su desaparición. Alegan que el Estado costarricense ha incumplido con su obligación de actuar para preservar la especie del "Ara ambigua", así como el ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se requiere para que en armonía con la naturaleza el hombre pueda desarrollarse, sin acabar con las especies existentes, tal y como está sucediendo con la Lapa Verde símbolo de la zona de Sarapiquí y San Carlos. Manifiestan que el Estado costarricense ha incumplido las obligaciones derivadas de las leyes en medio ambiente así como ha sido omiso en el acatamiento de la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional en esta materia. Recalcan que el Estado no se ha preocupado por desarrollar políticas integrales para ofrecer soluciones a los problemas socioeconómicos de estas zonas: las relaciones con los habitantes de Nicaragua, el desconocimiento del problema ambiental, la extensión de la actividad ganadera y silvícola, creando el marco de condiciones idóneas para la extinción de especies tan vulnerables a la actividad humana. Enfatizan que hasta la fecha, la Comisión Nacional de la Lapa Verde no ha cumplido con los objetivos propuestos en su decreto de creación y no se han llevado a la práctica algunas de las iniciativas concretas para el manejo integral del área. Consideran que con su actuación el Estado costarricense, a través del Ministerio del Ambiente y Energía, ha incurrido en violación abierta y flagrante de los derechos consagrados en los artículos 7, 11, 50 y 89 de la Constitución Política. Como medidas precautorias solicitan los recurrentes la aplicación del principio precautorio; que el Estado costarricense a través del Ministerio de Ambiente y Energía, emita un decreto para prohibir en forma total y absoluta la corta y aprovechamiento del árbol de almendro (Dipteryx panamensis) en todo el territorio nacional. Que el Estado procure los medios para que las áreas con aptitud forestal sean reforestadas con especies nativas de valor comercial que permitan una actividad extractiva sostenible así como el pago de servicios ambientales prioritarios para la zona. Que el Estado y el Ministerio de Ambiente y Energía establezcan con medidas claras y efectivas un corredor biológico en dicha región. Solicitan los recurrentes que se declare con lugar el presente recurso de amparo, que se proceda a suspender de inmediato la aplicación de los Decretos Ejecutivos N° 25167-MINAE y 25663-MINAE, que permiten el aprovechamiento parcial del árbol de almendro, a efectos de no acelerar la extinción de la Lapa Verde y que se condene al Estado al pago de ambas costas de este recurso, así como al pago de los daños y perjuicios al ambiente causados.

2.-

Informa bajo juramento Iván Vicenti Rojas, en su calidad de Ministro a.i del Ambiente y Energía (folio 237), que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente existen una serie de requisitos para que ese Ministerio proceda a la creación de nuevas áreas silvestres protegidas. Señala que el Estado debe expropiar las fincas de propiedad privada que se encuentren dentro del área que se propone para crear el Parque Nacional Maquenque y en este momento no se cuenta con el dinero para realizarlo, además, el Estado mantiene una gran deuda con los propietarios de la gran cantidad de áreas silvestres protegidas existentes en el país, por lo que resultaría imperdonable emitir decretos de creación de un área silvestre protegida en esas condiciones. Informa que la suma estimada para cumplir con la expropiación de las fincas de propiedad privada dentro de las diferentes categorías de manejo creadas es de trescientos mil millones de colones. Alega que el Estado ha realizado lo que está a su alcance de acuerdo con sus posibilidades económicas y es por eso que mediante Decretos Ejecutivos N°25167-MINAE, 25663-MINAE, estableció una restricción para el aprovechamiento maderable de árboles de almendro en la zona comprendida entre el río San Carlos y el río Sarapiquí, por el norte el río San Juan, por el lado oeste longitud 84.15, por el lado sur latitud 10.33 y por el lado este longitud 83.53. Señala que lo que se busca con las anteriores restricciones no es tanto la preservación de la especie del almendro, sino de dotar de la alimentación necesaria a la Lapa Verde ya que los frutos de este árbol forman parte de su dieta. Agrega que el Estado ha declarado el área indicada como zona prioritaria para el pago de servicios ambientales para aquellas fincas cuyos propietarios quieran someter sus bosques al régimen forestal bajo la modalidad de protección. Recalca que parte del área que se solicita se declare zona protegida, se encuentra en protección desde la creación del Refugio Nacional Corredor Fronterizo Norte, de igual manera se han creado dos humedales Tamborcito y Maquenque. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.-

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el magistrado Armijo Sancho; y,

Considerando:

I.-

En este caso es necesario establecer si los recurrentes cuentan con legitimación para interponer este recurso de amparo. En cuanto a la legitimación en asuntos relacionados con el medio ambiente, esta Sala, en sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres señaló:

"Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran importancia.(...) Esta Sala en Sentencia Número 2233-93 al señalar que la preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, da cabida a la legitimación para acudir a la vía de amparo. En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas por del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos."

Es clara la sentencia transcrita en el sentido de que entratándose de la protección al ambiente, la legitimación se enmarca dentro de los llamados intereses difusos, pudiendo entonces, cualquier persona, alegar infracciones de esta clase de derechos. Por lo dicho, se concluye que los recurrentes están legitimados para figurar como recurrentes en este asunto.

II.- Objeto del recurso.

Los recurrentes alegan que se está lesionando el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado por cuanto el Estado costarricense ha sido negligente en la protección de la lapa verde, especie que se encuentra en peligro de extinción.

III.- Acerca de la Lapa Verde.

Esta Sala ha tenido por demostrado, que la lapa verde (Ara Ambigua), es considerada como una especie en vías de extinción, no solo por la documentación aportada, sino también por el mismo reconocimiento hecho por los decretos impugnados. Por otra parte, la Administración en el informe rendido, ha reconocido la situación de peligro en la cual se encuentra la lapa verde, y la relación de ésta con el árbol de almendro. Según estudios aportados, demuestran como la población de lapas verdes ha ido en constante disminución, y que la razón de la misma, ha sido por un lado la caza ilegal en razón de ser un especie exótica, y por otro lado, la eliminación progresiva de sus fuentes de alimentación y refugio, principalmente el árbol de almendro (Dipteryx panamensis). De autos se desprende que existe una estrecha relación entre la lapa verde y el árbol de almendro. El reconocimiento de ese vínculo esencial, no deviene solo de las investigaciones científicas, sino que también, el mismo Estado lo ha afirmado mediante los Decretos Ejecutivos 25167-MINAE y 25663-MINAE. En este sentido el Decreto 25167-MINAE reza en sus considerandos lo siguiente:

"6º.- Que la Lapa Verde (Ara Ambigua) constituye una de las aves más impresionantes de Costa Rica y que se encuentra en peligro de extinción, en caso de continuar la deforestación en la zona norte del país(…)

8º.- Que según los estudios científicos, la lapa verde anida en hoyos naturales, principalmente en árboles grandes de almendro (Dipteryx panamensis), ubicados en la zona Atlántica del país.

9º.- Que en Costa Rica el hábitat óptimo para la sobrevivencia ha sido reducido en un sustancialmente hábitat que se encuentra entre el río de San Carlos y el río Sarapiquí.

10.- Que según los estudios científicos respectivos, durante la estación de reproducción, las lapas se alimentan casi exclusivamente del fruto del almendro.

11.- Que se estima existen únicamente entre 25 y 35 parejas reproductivas de lapas verdes en Costa Rica. Asimismo los ciclos de reproducción de las mismas frecuentemente son afectados, ya sea por la acción del uso irracional del árbol de anidamiento o debido a los cazadores que sacan los pichones del nido para venderlos como mascotas.

12.- Que de continuar con la extracción irracional del árbol de almendro se perderá el hábitat de la especie y por lo tanto la misma se extinguirá…"

IV.- Ahora bien, c

on base en el marco fáctico y normativo expuesto, en el caso concreto, la Administración mediante los Decretos Ejecutivos 25167-MINAE y 25663-MINAE, determinó una serie de restricciones a la tala del árbol de almendro, en consideración a los argumentos de conservación expuestos, sin embargo tal y como lo alega el recurrente, estas medidas contravienen el espíritu de los convenios ratificados por la administración, ya que otorgan la oportunidad de continuar con la tala del almendro con lo cual se destruye el hábitat de la lora verde. Si bien es cierto, como lo señala la Administración en su informe, las medidas patrocinadas por ambos decretos, en especial el 25167-MINAE son una evidencia del interés estatal en materia de conservación, en este caso de la lapa verde y su hábitat, a criterio de esta Sala y de conformidad con la documentación aportada, las medidas adoptadas a pesar de que tratan de regular el proceso de deforestación, no constituyen las medidas legales apropiadas, por cuanto permiten que el proceso de reducción del hábitat continúe, no sólo facultando la tala, sino también mediante la limitación de la protección a una sola área del país. Aunado a lo anterior, los recurrentes acusan que las autoridades de la Administración, no sólo no han reducido el "portillo" para el uso comercial del almendro, sino que lo han ampliado otorgando un mayor número de permisos para su explotación, además de descuidar la labor de fiscalización de la que es responsable. En el informe presentado, el Ministro a.i. de Ambiente y Energía fue omiso con relación a esos aspectos, por lo que de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos tales actuaciones. Aunado a ello, observa este Tribunal que la parte recurrida no ha demostrado que los alegatos de los recurrentes carezcan de fundamento, más bien se ha limitado a argumentar la ausencia de presupuesto como una excusa para no asumir de forma diligente sus funciones, cuando el eje del asunto está en la aplicación estricta tanto de los convenios internacionales, como de la normativa interna. Por ejemplo, la Ley Forestal número 7575 en su artículo 6 establece:

"Art. 6.- Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes:

e) Establecer vedas de las especies forestales en vías o en peligro de extinción, o que pongan en peligro de extinción otras especies de plantas, animales u otros organismos, de acuerdo con los estudios técnicos respectivos y conforme a otras disposiciones del ordenamiento jurídico vigente."

En el expediente bajo estudio, no se desprende que la promulgación de los Decretos cuestionados hayan sido resultado de un análisis ni de las investigaciones correspondientes en aras de proteger la especie. Tampoco se extrae que hayan tomado en cuenta los Convenios y la legislación que pretende proteger esta especie y muchas otras que se encuentran en peligro de extinción, lo que demuestra, en definitiva, también una lesión de los artículos 7 y 89 de la Constitución Política al no cumplirse con la protección establecida en los Convenios Internacionales, desprotegiéndose en esa forma el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Nombre472.-

Así las cosas, a pesar de que existe una obligación del Estado de velar por la supervivencia de las especies en peligro de extinción -y en este caso de la lapa verde- lo cierto del caso es que, las autoridades públicas encargadas de darle vida y sustento a la protección de estas especies, todavía para este momento, no han acreditado elementos que lleven a este Tribunal a concluir que se han dispuesto las medidas pertinentes para evitar la extinción de la especie. De este modo, considera la Sala que se ha desconocido con ello lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y en el artículo 60 del Reglamento a esta Ley, por lo que no cabe duda alguna de que la Administración recurrida, ha permitido que se lesione el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se encuentra tutelado en el artículo 50 constitucional, pues al haber sido la lapa verde declarada como una especie en peligro de extinción, -LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE, No. 7317- el Estado tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger esta especie, lo que conlleva la obligación de impedir el comercio de tal especie y por su relación con el árbol de almendro, también se debe impedir su tala en todo el territorio, claro está que ello debe respetarse principalmente en las zonas donde se encuentra el hábitat óptimo para la sobrevivencia de dicha especie, la cual según Decreto N. 25167-MINAE se ha visto reducida sustancialmente. En razón de lo dicho, se recomienda a la Ministra de Ambiente y Energía, verificar si las acciones adoptadas son tanto económica como legalmente efectivas para favorecer el mantenimiento y el desarrollo de las áreas destinadas a los árboles de Almendro y en aras de cumplir con las obligaciones que legalmente le han sido impuestas por la ley, deberá implementar las medidas legales y sancionatorias necesarias para procurar un efectivo resguardo de la especie "Ara Ambigua", ello necesariamente deberá de darse concomitantemente con un plan de vigilancia hacia la lapa verde y la tala del árbol de almendro, en todo el país. En virtud de las consideraciones externadas, no procede otra cosa más que la estimación del presente recurso como en efecto se ordena.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Por violación al artículo 50 constitucional se anulan los incisos 1, 2, 5, y 7 del artículo III del Decreto N.25663-MINAE. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

 

 

 

Luis Fernando Solano C.

Presidente

 

 

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R.

 

 

Adrián Vargas B. Susana Castro A.

 

 

Teresita Rodríguez A. Gilbert Armijo S.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 06-02-2026 06:48:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Ruling No. 02486 - 2002

Date of Ruling: March 8, 2002 at 10:54 a.m.

Case File: 01-011865-0007-CO

Drafted by: Gilbert Armijo Sancho

Type of matter: Amparo action

Constitutional review: Granting judgment

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Relevance Indicators

Relevant ruling

Key ruling

Related Rulings

Content of Interest:

Strategic Topics: Environmental

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

PROTECTED AREA.

(ATYPICAL MATTER) 002486-02. DECREE RESTRICTING THE FELLING OF ALMENDRO TREES FOR THE PROTECTION OF THE GREAT GREEN MACAW. THE DECREE IS ANNULLED THROUGH AN AMPARO ACTION. The appeal is granted. For violation of Article 50 of the Constitution, subsections 1, 2, 5, and 7 of Article III of Decree No. 25663-MINAE are annulled. The State is ordered to pay costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated, as applicable, in the judgment enforcement phase of the contentious-administrative jurisdiction.

“V.- (…) For the reasons stated, the Minister of Environment and Energy is recommended to verify whether the actions adopted are both economically and legally effective to favor the maintenance and development of areas designated for Almendro trees, and in order to comply with the obligations legally imposed upon her by law, she must implement the necessary legal and sanctioning measures to seek effective protection of the species 'Ara Ambigua'. This must necessarily occur concomitantly with a monitoring plan for the great green macaw and the felling of the almendro tree, throughout the entire country. By virtue of the considerations expressed, nothing further is appropriate other than the granting of this appeal, as is hereby ordered. (…)” VCG05/2020

 

... See more

Other References: This is an atypical matter, through which an executive decree is annulled by an amparo action. This is the case of the protection of the great green macaw and the Almendro tree. Rulings: 3705-93

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

Article 50 of the Political Constitution

“(…) V.- Thus, despite the existence of an obligation on the State to ensure the survival of species in danger of extinction—and in this case, the great green macaw—the truth of the matter is that the public authorities responsible for giving life and substance to the protection of these species have, even at this moment, not yet demonstrated elements that would lead this Court to conclude that the pertinent measures to prevent the extinction of the species have been ordered. In this way, the Chamber considers that this has disregarded the provisions of Article 25 of the Wildlife Conservation Law and Article 60 of the Regulation to this Law, leaving no doubt that the respondent Administration has allowed the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is protected in Article 50 of the Constitution, to be harmed, because having declared the great green macaw as a species in danger of extinction—WILDLIFE CONSERVATION LAW, No. 7317—the State has the obligation to implement all measures necessary to protect this species, which entails the obligation to prevent trade in said species and, due to its relationship with the almendro tree, its felling must also be prevented throughout the entire territory. Clearly, this must be respected mainly in the areas where the optimal habitat for the survival of this species is located, which according to Decree No. 25167-MINAE has been substantially reduced. (…)” VCG05/2020

... See more
Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 6. CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Topic: 033- Active standing

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

Article 33 of the Constitutional Jurisdiction Law

“(…) The transcribed ruling is clear in the sense that when it comes to environmental protection, standing is framed within so-called diffuse interests, thus allowing any person to allege violations of this class of rights. Therefore, it is concluded that the petitioners have standing to appear as petitioners in this matter. (…)” VCG05/2020

... See more
Text of the ruling

Case File 01-011865-0007-CO

Exp:

01-011865-0007-CO

Res:

2002-02486

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
San José, at ten fifty-four a.m. on March eighth, two thousand two.-

Amparo action filed by [Name14137], holder of identity card number [CED5963], President with powers of General Attorney-in-Fact without limit of amount of the Association Justicia para la Naturaleza, [Name14138], holder of identity card [CED5964], [Name14139], with passport number [CED5965], [Name14140], holder of identity card number [CED5966], Clara Emilia Padilla Gutiérrez, holder of identity card number [CED5967], [Name14141], holder of identity card number [CED5968] in his capacity as General Attorney-in-Fact without limit of amount of the Asociación Centro Científico Tropical, [Name14142], holder of identity card number [CED5969], in his capacity as President with powers of General Attorney-in-Fact without limit of amount of the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS), and the undersigned students of the Postgraduate Program in Agrarian and Environmental Law of the Universidad de Costa Rica in favor of the environment and the great green macaw; against the Ministerio del Ambiente y Energía and the Costa Rican State.

Whereas:

1.-
By written submission received at the Secretariat of the Chamber at two thirty p.m. on November thirtieth, two thousand one (folio 1), the petitioners filed an amparo action against the Ministerio del Ambiente y Energía and the Costa Rican State and state that, given the extreme hardness of its wood, the almendro remained outside the exploitation of loggers for years; however, recently, technology developed by the forestry sector made extraction and utilization possible, which resulted in the species becoming highly prized in the exploitation of forests in the area. They indicate that by the Ministerio de Ambiente y Energía approving forest management plans (planes de manejo de bosque) that allow selective extraction of almendro trees, it is clear that the State has breached the constitutional duty to ensure an ecologically balanced environment. They point out that this demonstrates non-compliance with international provisions that obligate the State to make all possible efforts to ensure the survival of species, especially those in danger of extinction. They mention that a large number of trees are currently being cut in pastures and open areas, which further threatens the Great Green Macaw species. They add that the clearest example of this omission by the State to fulfill its duties is constituted by Decreto Ejecutivo 25167-MINAE, amended by Decreto 25663-MINAE, which establishes a restriction on the cutting of the almendro. That although the utilization of 50% is allowed, according to data provided, in practice this percentage rises to 70% and even 80% of the almendros in the area. They mention that the follow-up given to the granted permits is very lax, coupled with the absence of effective controls to mitigate the real and current threat to the habitat of the great green macaw, and the illegal capture for international traffic, has driven the species to the brink of disappearance. They allege that the Costa Rican State has breached its obligation to act to preserve the species "Ara ambigua", as well as the healthy and ecologically balanced environment required for humankind to develop in harmony with nature, without wiping out existing species, as is happening with the Great Green Macaw, a symbol of the Sarapiquí and San Carlos area. They state that the Costa Rican State has breached the obligations derived from environmental laws and has been negligent in complying with the reiterated jurisprudence of the Constitutional Chamber in this matter. They emphasize that the State has not bothered to develop comprehensive policies to offer solutions to the socioeconomic problems of these areas: relations with the inhabitants of Nicaragua, ignorance of the environmental problem, the expansion of livestock and forestry activity, creating the framework of ideal conditions for the extinction of species so vulnerable to human activity. They stress that to date, the Comisión Nacional de la Lapa Verde has not met the objectives proposed in its decree of creation and some of the concrete initiatives for the comprehensive management of the area have not been put into practice. They consider that through its actions, the Costa Rican State, through the Ministerio del Ambiente y Energía, has incurred in open and flagrant violation of the rights enshrined in Articles 7, 11, 50, and 89 of the Political Constitution. As precautionary measures, the petitioners request the application of the precautionary principle (principio precautorio); that the Costa Rican State, through the Ministerio de Ambiente y Energía, issue a decree to completely and absolutely prohibit the cutting and utilization of the almendro tree (Dipteryx panamensis) throughout the entire national territory. That the State procure the means so that areas with forestry aptitude are reforested with native species of commercial value that allow sustainable extractive activity, as well as priority payment for environmental services (pago de servicios ambientales) for the area. That the State and the Ministerio de Ambiente y Energía establish a biological corridor in said region with clear and effective measures. The petitioners request that this amparo action be granted, that the application of Decretos Ejecutivos No. 25167-MINAE and 25663-MINAE, which allow partial utilization of the almendro tree, be immediately suspended in order to avoid accelerating the extinction of the Great Green Macaw, and that the State be ordered to pay both sets of costs of this action, as well as the damages and losses caused to the environment.

2.-
Iván Vicenti Rojas, in his capacity as Acting Minister of Ambiente y Energía, reports under oath (folio 237) that, in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente, there are a series of requirements for that Ministry to proceed with the creation of new protected wild areas (áreas silvestres protegidas). He indicates that the State must expropriate privately owned farms located within the area proposed to create Maquenque National Park and, at this time, funds are not available to do so; additionally, the State maintains a large debt with the owners of the large number of existing protected wild areas in the country, making it unforgivable to issue decrees creating a protected wild area under these conditions. He reports that the estimated sum to comply with the expropriation of privately owned farms within the different management categories created is three hundred billion colones. He alleges that the State has done what is within its reach according to its economic possibilities, and that is why, through Decretos Ejecutivos No. 25167-MINAE and 25663-MINAE, it established a restriction on the timber utilization (aprovechamiento maderable) of almendro trees in the area between the San Carlos River and the Sarapiquí River, to the north by the San Juan River, to the west by longitude 84.15, to the south by latitude 10.33, and to the east by longitude 83.53. He indicates that what is sought with the previous restrictions is not so much the preservation of the almendro species, but to provide the necessary food for the Great Green Macaw, since the fruits of this tree form part of its diet. He adds that the State has declared the indicated area as a priority zone for the payment for environmental services for those farms whose owners wish to submit their forests to the forestry regime under the protection modality. He emphasizes that part of the area requested to be declared a protected zone has been under protection since the creation of the Refugio Nacional Corredor Fronterizo Norte; likewise, two wetlands, Tamborcito and Maquenque, have been created. He requests that the action filed be dismissed.

3.-
The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Armijo Sancho; and,

Considering:

I.-
In this case, it is necessary to establish whether the petitioners have standing to file this amparo action. Regarding standing in matters related to the environment, this Chamber, in Ruling number 3705-93, of three p.m. on July thirtieth, nineteen ninety-three, stated:

"In the case of the legal protection of the environment, the standing of individuals to act judicially and achieve the application of norms with that purpose, or to request jurisdictional protection to safeguard their violated rights, is of great importance. (...) This Chamber, in Ruling Number 2233-93, by indicating that the preservation and protection of the environment is a fundamental right, allows for standing to resort to the amparo action. In environmental law, the procedural prerequisite of standing tends to extend and broaden in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or concrete actions that they could exercise under the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call diffuse interest (interés difuso), through which the original standing of the legitimate interested party, or even the simply interested party, diffuses among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that empowers the subject to bring an action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, becoming a true 'reactional right,' which, as its name indicates, empowers its holder to 'react' against the violation originating in illegitimate acts or omissions."

The transcribed ruling is clear in the sense that when it comes to environmental protection, standing is framed within so-called diffuse interests, thus allowing any person to allege violations of this class of rights. Therefore, it is concluded that the petitioners have standing to appear as petitioners in this matter.

II.- Object of the amparo action.
The petitioners allege that the right to a healthy and ecologically balanced environment is being harmed because the Costa Rican State has been negligent in the protection of the great green macaw, a species in danger of extinction.

III.- Regarding the Great Green Macaw.
This Chamber has held as proven that the great green macaw (Ara Ambigua) is considered a species on the verge of extinction, not only through the documentation provided, but also by the very acknowledgment made by the challenged decrees. Furthermore, the Administration, in the report rendered, has recognized the dangerous situation in which the great green macaw finds itself, and its relationship with the almendro tree. According to studies provided, they demonstrate how the great green macaw population has been in constant decline, and the reason for this has been, on one hand, illegal hunting due to it being an exotic species, and on the other hand, the progressive elimination of its food sources and refuge, mainly the almendro tree (Dipteryx panamensis). It is clear from the record that there is a close relationship between the great green macaw and the almendro tree. The recognition of this essential link derives not only from scientific investigations, but the State itself has also affirmed it through Decretos Ejecutivos 25167-MINAE and 25663-MINAE. In this regard, Decreto 25167-MINAE reads in its recitals (considerandos) as follows:

"6º.- That the Great Green Macaw (Ara Ambigua) constitutes one of the most impressive birds in Costa Rica and is in danger of extinction should deforestation continue in the northern zone of the country (…)

8º.- That according to scientific studies, the great green macaw nests in natural holes, mainly in large almendro trees (Dipteryx panamensis), located in the Atlantic zone of the country.

9º.- That in Costa Rica, the optimal habitat for survival has been substantially reduced; habitat that is found between the San Carlos River and the Sarapiquí River.

10.- That according to the respective scientific studies, during the breeding season, the macaws feed almost exclusively on the fruit of the almendro.

11.- That it is estimated there are only between 25 and 35 breeding pairs of great green macaws in Costa Rica. Furthermore, their breeding cycles are frequently affected, either by the irrational use of the nesting tree or due to hunters who take chicks from the nest to sell as pets.

12.- That if the irrational extraction of the almendro tree continues, the habitat of the species will be lost and, therefore, the species will become extinct…"

IV.- Now then,
based on the factual and normative framework set forth, in the specific case, the Administration, through Decretos Ejecutivos 25167-MINAE and 25663-MINAE, established a series of restrictions on the felling of the almendro tree, in consideration of the stated conservation arguments. However, as the petitioner alleges, these measures contravene the spirit of the conventions ratified by the administration, since they grant the opportunity to continue felling the almendro, thereby destroying the great green macaw's habitat. While it is true, as the Administration points out in its report, that the measures sponsored by both decrees, especially 25167-MINAE, are evidence of state interest in conservation, in this case, of the great green macaw and its habitat, in the opinion of this Chamber and in accordance with the documentation provided, the measures adopted, despite attempting to regulate the deforestation process, do not constitute the appropriate legal measures, because they allow the habitat reduction process to continue, not only by enabling felling, but also by limiting protection to a single area of the country. Added to the above, the petitioners accuse the Administration authorities not only of failing to reduce the "loophole" for the commercial use of the almendro, but of having broadened it by granting a greater number of permits for its exploitation, in addition to neglecting the oversight function for which it is responsible. In the report presented, the Acting Minister of Ambiente y Energía was silent regarding those aspects, such that, in accordance with Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law, these actions are taken as true. In addition to this, this Court observes that the respondent party has not demonstrated that the petitioners' allegations lack foundation; rather, it has limited itself to arguing the lack of budget as an excuse for not diligently assuming its functions, when the crux of the matter lies in the strict application of both international conventions and internal regulations. For example, Forestry Law No. 7575 in its Article 6 establishes:

"Art. 6.- The powers of the State Forestry Administration are the following:

e) Establish bans (vedas) for forest species that are on the verge of or in danger of extinction, or that endanger the extinction of other species of plants, animals, or other organisms, in accordance with the respective technical studies and pursuant to other provisions of the current legal system."

It is not evident from the case file under study that the promulgation of the challenged Decrees was the result of an analysis or the corresponding investigations in order to protect the species. Nor can it be inferred that they took into account the Conventions and legislation intended to protect this species and many others that are in danger of extinction, which definitively demonstrates also an injury to Articles 7 and 89 of the Political Constitution by failing to comply with the protection established in International Conventions, thereby failing to protect in that manner the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Name472.-
Thus, despite the existence of an obligation on the State to ensure the survival of species in danger of extinction—and in this case, the great green macaw—the truth of the matter is that the public authorities responsible for giving life and substance to the protection of these species have, even at this moment, not yet demonstrated elements that would lead this Court to conclude that the pertinent measures to prevent the extinction of the species have been ordered. In this way, the Chamber considers that this has disregarded the provisions of Article 25 of the LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE and Article 60 of the Regulation to this Law, leaving no doubt that the respondent Administration has allowed the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is protected in Article 50 of the Constitution, to be harmed, because having declared the great green macaw as a species in danger of extinction—LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE, No. 7317—the State has the obligation to implement all measures necessary to protect this species, which entails the obligation to prevent trade in said species and, due to its relationship with the almendro tree, its felling must also be prevented throughout the entire territory. Clearly, this must be respected mainly in the areas where the optimal habitat for the survival of this species is located, which, according to Decreto No. 25167-MINAE, has been substantially reduced. For the reasons stated, the Minister of Environment and Energy is recommended to verify whether the actions adopted are both economically and legally effective to favor the maintenance and development of areas designated for Almendro trees, and in order to comply with the obligations legally imposed upon her by law, she must implement the necessary legal and sanctioning measures to seek effective protection of the species "Ara Ambigua". This must necessarily occur concomitantly with a monitoring plan for the great green macaw and the felling of the almendro tree, throughout the entire country. By virtue of the considerations expressed, nothing further is appropriate other than the granting of this appeal, as is hereby ordered.

Por tanto:
The appeal is granted. For violation of Article 50 of the Constitution, subsections 1, 2, 5, and 7 of Article III of Decreto No. 25663-MINAE are annulled. The State is ordered to pay costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated, as applicable, in the judgment enforcement phase of the contentious-administrative jurisdiction.

 

 

 

Luis Fernando Solano C.
Presidente

 

 

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R.

 

 

Adrián Vargas B. Susana Castro A.

 

 

Teresita Rodríguez A. Gilbert Armijo S.

Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 06-02-2026 06:48:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República