Res. 01250-1999 Sala Constitucional — Green turtle hunting decree declared unconstitutionalInconstitucionalidad del decreto de caza de tortuga verde

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01250 - 1999

Fecha de la Resolución: 19 de Febrero del 1999 a las 11:24

Expediente: 98-003684-0007-CO

Redactado por: Susana Castro Alpízar

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias Relacionadas


Texto de la resolución

Expediente 98-003684-0007-CO

Exp:

98-003684-0007-CO

Res:

1999-01250

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, a las once horas con veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve.-

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por CARIBBEAN CONSERVATION CORPORATION, representada por Nombre179547   , casado, ingeniero agrónomo, con cédula de identidad número CED137624, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma ASOCIACION PROGRAMA DE RESTAURACION DE TORTUGAS MARINAS representada por Nombre179548  , de unión libre, biólogo, vecino de Tibás, con cédula de identidad número CED115563 en su carácter de apoderado generalísimo sin límite de suma ASOCIACION CENTRO DE DERECHO AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES (CEDARENA) representada por Nombre179549   , mayor, casada, abogada, costarricense, con cédula de identidad número CED137625, vecina de San Ramón de Alajuela, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma FUNDACION NEOTROPICA representada por Nombre179550   , soltera, administradora de negocios, vecina de San Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad número CED137626 en su carácter de apoderada general Nombre179610  , divorciada, empresaria, vecina de Tortuguero, cédula de identidad número CED137627, propietaria del Hotel Pachira Lodge de Tortuguero, Nombre179551  , casado, empresario, vecino de Escazú, cédula de identidad número CED32314 propietario del Hotel Mawamba de Tortuguero, KAYE MICHAEL, de único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, casado, empresario, vecino de Escazú, cédula de residencia CED137628, propietario del Hotel Tortuga Lodge Nombre179552  , casado, vecino de San José, cédula de residencia número CED137629, en su condición de gerente del Hotel Jungla, Nombre179553  , casado, biólogo, vecino de San Rafael de Heredia, cédula de identidad número CED137630, en su carácter personal y como Director Regional para Latinoamérica de la SOCIEDAD MUNDIAL PARA LA PROTECCION DE LOS ANIMALES, Nombre179554  , soltera, bióloga, vecina de Pavas, cédula CED137631, Nombre179555  , divorciada, administradora, vecina de Moravia, cédula CED137632 y Nombre179556   , soltero, estudiante, vecino de Tibás, cédula CED137633, contra el DECRETO EJECUTIVO NUMERO 14524-A del 26 de mayo de 1983. Intervinieron también en el proceso Nombre2819, DEFENSORIA DE LOS HABITANTES y la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas y dieciséis minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho (folio 1), el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto que faculta la caza de la tortuga verde en Costa Rica, cuyo texto se ha mantenido por más de quince años y por la abstención de Nombre2819 de realizar acciones regulatorias coherentes con la realidad del recurso marino tortuga verde, entre otras razones, ha puesto en peligro el equilibrio ecológico de la especie y la ha colocado dentro de la lista o apéndice de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre -CITES-(Ley 5605 de veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cuatro). Por ello, el texto del decreto impugnado no es coherente con el artículo 50 de la Constitución y con convenciones como la Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de América (Ley 3763 de octubre de mil novecientos setenta y seis) Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en América Central (Ley 7433 de once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro), que pretenden la protección de la biodiversidad y la articulación de políticas y acciones estatales prioritarias definidas en torno a los recursos naturales. Tampoco es coherente el Decreto impugnado con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley 7416 de junio de mil novecientos noventa y cuatro), resultado de la Cumbre de Río de Janeiro de mil novecientos noventa y dos, que parte de la consideración de la importancia del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes. Sin base científica alguna respecto del número de tortugas que son susceptibles de aprovecharse, sin alterar el frágil equilibrio ecológico que las sostiene, el decreto cuestionado permite anualmente la caza de hasta mil ochocientas tortugas, matanza que representa un índice muy alto y que se agrava dado que el número capturado es superado en mucho cada año, principalmente por el escaso control y seguimiento que se le da a las licencias otorgadas. Que el decreto lo que hace es regular los requisitos para tener parte en la cuota de matanza de tortugas. No incluye posibilidades de veda total o parcial por temporada a fin de hacer ajustes que sean más coherentes con la realidad del recurso, no sanciona administrativamente el incumplimiento de normas y en general no solventa problemas de control sobre el sitio de la captura, determinación de situaciones en cuanto a si la tortuga ya ha cumplido con el proceso de desove que la trae a las costas nacionales, todo lo cual lleva a concluir que únicamente se traduce en una norma de explotación, pero no en una norma de tutela del equilibrio ecológico de la especie a que va dirigida. De manera incongruente Costa Rica se encuentra dentro de las primeras naciones en firmar la Convención de las Tortugas Marinas. Esta iniciativa hemisférica pretende promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, basándose en los datos científicos más fidedignos disponibles y considerando las características ambientales, socioeconómicas y culturales de las partes, siendo una respuesta a la explotación irracional de que ha sido objeto la tortuga verde. INCOPESCA, a partir de la legislación que la crea, mantiene competencias que la facultan para, de manera activa, tutelar, proteger y contribuir a la preservación de las tortugas marinas, que van mucho más allá de "administrar" el decreto impugnado, cuya competencia heredaron del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En ejercicio de sus funciones pueden normar de mejor manera el tema, establecer vedas, concertar estudios científicos y alianzas con organizaciones para suplir datos y de esta manera regular con mejores bases el tema. La Sala Constitucional expresó en la resolución del expediente 2565-C-97, la obligación de Nombre2819 de realizar nuevos estudios científicos sobre el tema de las tortugas verdes. La defensoría de los Habitantes, inició de oficio una investigación sobre el tema y en el informe rendido recalca la carencia de fundamentación científica por parte de Nombre2819 para continuar otorgando permisos a la luz de un decreto que está superado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). A juicio de la Defensoría, Nombre2819 se encuentra obligado a suspender el otorgamiento de tales permisos, actuando en consecuencia con la protección internacional existente para la especie. (expediente 101575-23-96 de la Defensoría).

 

2.- Por resolución de las once horas cinco minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho (visible a folio 83 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, y al Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura.

3.-

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA- rindió su informe visible a folios 90 a 96, manifestando que la Ley de Creación del INCOPESCA, número 7384 de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, le otorga a la Institución, la potestad de promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuacultura y la investigación. Asimismo, fomentar sobre la base de criterios técnicos y científicos la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recurso vivos del mar. Antes de promulgarse el Decreto Ejecutivo número 14524-A en el año de mil novecientos noventa y tres, mismo que fue reformado o modificado por el Decreto Ejecutivo número 18289-MAG, la Dirección de Recursos Pesqueros, realizó las consultas pertinentes a la Universidad de Costa Rica, sobre la viabilidad de otorgar dichos permisos para la captura y comercialización de la carne de tortuga, en aguas del Caribe Costarricense. En esa oportunidad los técnicos de la Universidad, estuvieron de acuerdo en que se reglamentara y se tratara de poner a derecho, una situación que por muchos años no se había regulado y que por la idiosincracia del pueblo limonense hacía que el consumo de la carne de tortuga fuese una práctica generalizada dentro de la provincia, y la captura y matanza de esos quelonios se diera de manera ilegal sin ninguna restricción al respecto. Lo que se hizo con el Decreto cuestionado, fue más bien, ordenar y regular la caza y captura de ese recurso marino.- En realidad sí existen vedas parciales por temporadas para la captura de la tortugas, dado que únicamente se permite la captura en los meses de junio,julio y agosto de cada año, vedándose su captura en forma total en los otros meses del año. En el litoral Atlántico, es bien conocido que existen áreas protegidas de parques nacionales, en donde es absolutamente prohibido la pesca y la caza marinas, este argumento demuestra que las aseveraciones formuladas por los accionantes no se apeguen a la verdad, por cuanto, estas áreas están totalmente vedadas para la captura. En síntesis, el decreto más bien vino a regular la actividad que se venía realizando al margen de la ley.

4.-

Por su parte la Procuraduría General de la República rindió su informe visible de folios 119 a 132. Señala que el Decreto Ejecutivo número 14524 de cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y tres, autoriza la captura de la tortuga verde (chelonio mydas) con fines comerciales en aguas jurisdiccionales del Mar Caribe durante el período del primero de junio al treinta y uno de agosto. De acuerdo con el texto original del artículo 6 ibídem, se podía autorizar un máximo de treinta permisos por año, pudiendo cada permisionario capturar como máximo veinte ejemplares por mes, con lo cual sólo se podrían cazar al año mil ochocientas tortugas verdes. No obstante, dicho numeral 6 fue reformado por el Decreto Ejecutivo número 18289 de treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, para permitir el otorgamiento de hasta treinta permisos vigentes entre el período del primero de junio y el treinta y uno de agosto. Si el número de peticionarios resulta superior al número de permisos, se podrá fraccionar la vigencia de los mismos, a condición de que el número de permisos vigentes no sobrepase los treinta.- Asimismo, agrega el citado numeral que cada permisionario podrá capturar un máximo de veinte ejemplares por mes, o un número proporcional a la fracción de éste, que comprenda cada permiso. Con la citada reforma que introduce la variable de "vigencia", es claro que el decreto cuestionado establece la posibilidad de autorizar la caza de más de las mil ochocientas tortugas verdes, lo que sin duda resulta preocupante, pues la tortuga es una especie en peligro de extinción (Reglamento a la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, Decreto 26435 de primero de octubre de mil novecientos noventa y siete, artículo 60), categorización mayor a la prevista por el anterior Reglamento (Decreto Ejecutivo 22545 de treinta de agosto de mil novecientos treinta y tres) que elencaba a la tortuga verde como una especie de población reducida o amenazada. Refiere la Procuraduría en su informe que solicita a la Sala Constitucional adoptar una decisión ejemplarizante que salvaguarde a las tortugas verdes del peligro de extinción. La caza de mil ochocientas tortugas verdes, la mayoría de hembras adultas que llegan a desovar, o ni siquiera logran hacerlo, no constituye parte de una política de aprovechamiento integrante del desarrollo sostenido. El Decreto número 14524 de veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y tres, fue dictado precisamente en un momento en que la población caribeña del país requería de fuentes de trabajo. Las especies en peligro de extinción no pueden ser cazadas con el propósito de salvaguardar el principio de conservación, conforme al cual, las condiciones de una especie serán favorables cuando la tendencia de su población es estable o creciente, siendo probable que esta situación se mantenga en su previsible futuro, así como cuando el éxito reproductivo indica que se mantendrá a largo plazo como componente viable de su ecosistema, cuando dichos presupuestos no se dan, el estado de conservación de la especie debe considerarse como desfavorable.- Con base en ello, solicitan que se declare inconstitucional el Decreto impugnado por ser contrario a los artículos 50 y 89 de la Constitución y a los Convenios referidos por los accionantes.

5.-

La Defensoría de los Habitantes presenta escrito con el objeto de coadyuvar en la alegación de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo número 14524-A (visible a folios 133 a 139), manifestando que el Convenio sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre conocido como CITES y ratificado por Ley de la República número 5605 de veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, resulta de acatamiento obligatorio por sobre el Decreto 14524-A. Al clasificar ese Convenio a la tortuga verde, como especie en vía de extinción, ello implica la necesidad de proteger una especie cuya población ha sido reducida a tal grado que existe riesgo de que se pierda. El artículo 2 del Convenio establece que el comercio con especímenes de especies en peligro de extinción, deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor, su supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. De ahí que es claro que el comercio de estas especies deberá tratarse con una reglamentación particularmente estricta y únicamente bajo excepcionales circunstancias podrá autorizarse el aprovechamiento de estas especies. Al estar la especie tratada dentro del apéndice I del Convenio citado, la misma reúne los elementos necesarios para proteger el recurso y hacer respetar la normativa existente, como son las disposiciones contenidas en el artículo 11, inciso 2) de la Ley de Biodiversidad, Ley número 7788 de reciente publicación, de conformidad con la cual la falta de certeza sobre el peligro o amenaza de daños graves no excusa a la Administración de tomar las medidas necesarias para evitarlos, criterio recogido además por el principio 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Además de las normas supracitadas, se cuenta con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley número 7317 de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y dos, una de las primeras regulaciones en el ámbito nacional tendientes a proteger la flora y la fauna silvestre, a partir de una visión que los integra como elementos irremplazables de los sistemas naturales que soportan la vida en el planeta. Las posibilidades de aprovechamiento de los recursos protegidos, deberán ser limitadas por una reglamentación estricta y en casos excepcionales, requisitos que no se cumplen en el decreto aludido, pues el mismo es sumamente amplio en cuanto al aprovechamiento, sin mayores limitaciones, ni estudios técnicos que justifiquen la autorización del aprovechamiento. En el momento en que se emitió el decreto del veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y tres, las especies ya estaban dentro de la lista de CITES, lo que da margen para pensar que la especie sigue en condiciones tales que requieren de mayor protección, razón de más para exigir que los requisitos de excepcionalidad y reglamentación estricta se cumplan a cabalidad, situación que sólo podría darse si existieran los estudios técnicos que justifiquen y determinen el tipo de aprovechamiento, de lo contrario, la norma recurrida atenta contra las normas citadas. La Administración no debería mantener los actos emitidos mediante el decreto ejecutivo impugnado por clara violación al Convenio de CITES. El decreto no justifica técnicamente la viabilidad del aprovechamiento, ya que sólo indica como razón para su existencia el alto contenido proteínico de la tortuga, como razón suficiente para justificar su comercialización, dejando de lado la importancia de los elementos técnicos que son el fundamento para tomar medidas contrarias a lo dispuesto en la Convención. El artículo 50 de la Constitución Política consagra el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente y los recursos naturales, todo lo cual requiere de una serie de actuaciones por parte de la Administración, a efecto de concretar esa protección y garantizar el disfrute de los derechos tutelados. El quebranto de las normas ambientales puede ser provocado por actuación tanto como por omisión, por sujetos privados y públicos.

6.-

Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fue publicado en el número 131 del Boletín Judicial, del día 8 de julio de mil novecientos noventa y ocho (folio 146).

7.-

Se prescinde de la vista oral prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que el párrafo segundo del artículo 9 ibídem, faculta a la Sala para resolver por el fondo cualquier gestión, aún desde su presentación, cuando se considere suficientemente fundada en principios o normas indirectas o en sus propios precedentes o jurisprudencia.

8.-

En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Castro Alpízar; y,

Considerando:

I.- Sobre la admisibilidad. La acción resulta admisible puesto que los recurrentes están legitimados en los términos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En efecto, como en reiteradas ocasiones lo ha manifestado esta Sala, por tratarse de la defensa de un interés difuso, sea, la protección del ambiente, no es necesaria la existencia de un asunto previo donde se hubiese alegado la inconstitucionalidad que ahora se reclama. Es aplicable, entonces, la excepción prevista en el párrafo segundo del artículo 75 citado y, por ende, la acción es admisible.

 

II.- Objeto de la impugnación. El decreto que se impugna es el No. 14524-A del 26 de mayo de 1983, donde se otorga permiso con fines comerciales la captura de la tortuga verde en el mar Caribe. Entre los artículos más relevantes para estudio está el artículo 3 que establece que la captura de la especie debe realizarse bajo las siguientes condiciones:

a) Por personas debidamente autorizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

b) Durante el período comprendido entre el primero de junio y el treinta y uno de agosto.

c) Después de los primeros cinco kilómetros mar adentro, contados a partir de la línea de base, desde donde se mide la extensión del mar territorial, exceptuando aquellas áreas comprendidas por los Parques Nacionales de Tortuguero y Cahuita.

Y en el artículo 6 dice: "El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá otorgar hasta 30 permisos vigentes, entre el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de agosto de cada año. Cuando el número de peticionarios sea superior al número de los permisos antes señalados, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, podrá fraccionar la vigencia de esos permisos, a condición de que el número de permisos vigentes no sobrepase los 30.

Cada permisionario podrá capturar un máximo de 20 ejemplares por mes, o un número proporcional a la fracción de éste, que comprenda cada permisionario.

Las tortugas capturadas, deben sacrificarse en un lapso no mayor de 12:00 horas después del desembarque. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, solamente concederá permiso de captura a aquellas personas que garanticen que el destace se hará en un centro debidamente autorizado por el Ministerio de Salud."

 

III.- Por su parte la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, ratificada por nuestro país el 2 de octubre de 1974 establece que la tortuga de la cual se autorizó la captura mediante el decreto impugnado se encuentra en el Apéndice I como Cheloniidae y al respecto indica en lo que interesa:

Artículo II. 1.El Apéndice I incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio...

4.Las Partes no permitirán el comercio en especímenes de especies incluidas en los apéndices I ,II y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.

Artículo III 1.Todo comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice I se realizará de conformidad con las disposiciones del presente artículo.

2.La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos:

a)que una autoridad científica del Estado de exportación haya manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de dicha especie;...(lo mismo se exige para la importación de ésta)

5.La introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá la previa concesión de un certificado expedido por una Autoridad Administrativa del Estado de introducción. Unicamente se concederá un certificado una vez satisfechos los siguientes requisitos:

a)que una autoridad científica del Estado de introducción haya manifestado que la introducción no perjudicará la supervivencia de dicha especie;

b)que una Autoridad Administrativa del Estado de introducción haya verificado que quien se propone recibir un espécimen vivo lo podría albergar y cuidar adecuadamente; y

c)que una Autoridad Administrativa de Estado de introducción haya verificado que el espécimen no será utilizado para fines primordialmente comerciales.

Artículo VIII. 1. Las Partes adoptarán las medidas apropiadas para velar por el cumplimiento de sus disposiciones y para prohibir el comercio de especímenes en violación de las mismas. Estas medidas incluirán:

a) sancionar el comercio o la posesión de tales especímenes, o ambos; y

b) prever la confiscación o devolución al Estado de exportación de dichos especímenes.

IV.-

En sentencia No.5893-95 de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, esta Sala consideró: "De todo lo anterior, es claro que es obligación del Estado la protección de la belleza natural y del medio ambiente (artículos 50 y 89 de la Constitución Política), pues en ello hay un evidente interés particular y social, fin que para poderlo alcanzar es necesario la promulgación de leyes que regulen en forma adecuada la materia. Ciertamente, el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el correlativo deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones presentes y futuras. Así por ejemplo, en la Conferencia de Estocolmo se afirma que "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras." No debe perderse de vista que el suelo, el agua, el aire, los recursos marinos, costeros y minerales, los bosques, la diversidad biológica y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes inversiones e infraestructuras dependen, en última instancia, de la conservación de aquéllos. Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macroambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental.", y en sentencia No.3705-93 afirmó:

"Resulta importante para la Sala elaborar, de previo a las consideraciones estrictamente de fondo, un análisis general que establezca el marco constitucional y las condiciones e intereses que hoy en día despierta la conservación del ambiente, pues su estudio se constituye en una novedad de esta última centuria. Es primordial recordar que durante muchos siglos el hombre creyó que debía dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que los recursos naturales eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable, sin que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfacción al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente...El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo..."

V.-

La normativa impugnada viene a permitir la captura de la tortuga verde -conocida como tortuga Lora y Chelonia mydas- en el Mar Caribe para fines comerciales (artículo 2), únicamente entre el período comprendido entre el primero de junio y el treinta y uno de agosto. Dicho decreto surgió para regular en 1983 la captura desmedida que se estaba realizando en la región Atlántica, por lo que la administración pública pretendió regularla estableciendo requisitos para poder acceder a los permisos correspondientes para poder capturarlas y sólo dentro del periodo indicado, prohibiéndose además la captura de éstas en las áreas protegidas de parques nacionales y autorizándose la captura de aproximadamente 1.800 tortugas al año.

VI.- Análisis de inconstitucionalidad.

El decreto impugnado, consideran los accionantes, violenta el artículo 50 de la Constitución Política, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países de América, Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en América Central y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

VII.-

Para realizar el presente estudio es preciso indicar lo que protegen las normas señaladas por los accionantes como infringidas con excepción de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres que ya fue indicado. El artículo 50 constitucional establece: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado..." Por su parte la Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países de América -Ley No. 3763 del 19 de octubre de 1976- indica en el artículo 5, punto "1. Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos competentes, la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección y conservación de la flora y la fauna dentro de sus respectivos territorios y fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos naturales y de las reservas de regiones vírgenes mencionadas en el artículo 2..." y en el artículo 8: "La protección de las especies mencionadas en el Anexo a esta Convención es de urgencia e importancia especial. Las especies allí incluidas serán protegidas tanto como sea posible y sólo las autoridades competentes del país podrán autorizar la caza, matanza, captura o recolección de ejemplares de dichas especies. Estos permisos podrán concederse solamente en circunstancias especiales cuando sean necesarios para la realización de estudios científicos o cuando sean indispensables en la administración de la región en que dicho animal o planta se encuentre." El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en América Central -Ley No. 7433 publicada el 11 de octubre de 1994- dice en el artículo 1: "El objetivo de este Convenio es conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones", en el artículo 2: "Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de conservar y aprovechar sus propios recursos biológicos de acuerdo a sus propias políticas y reglamentaciones en función de: a) Conservar y usar sosteniblemente, en función social, sus recursos biológicos; y b) Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción nacional.", el artículo 13 dice: "Con el propósito de cumplir a cabalidad con el presente Convenio, se deberá:...c) Asegurar el establecimiento de medidas que contribuyan a conservar los hábitats naturales y sus poblaciones de especies naturales..." , artículo 27: "Cada país de la región hará los esfuerzos más apropiados para completar las acciones de conservación in situ a través de:...c) Regular con su propia legislación, la comercialización nacional de recursos biológicos." Finalmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica -Ley No. 7416 de junio de mil novecientos noventa y cuatro-, resultado de la Cumbre de Río de Janeiro de mil novecientos noventa y dos, en el principio 15 alude a un principio precautorio, según el cual,"con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."

VIII

.- Es claro que el decreto impugnado nació como una forma de proteger de alguna manera esta especie de quelonio marino, teniéndose como fundamento que los mismos venían siendo afectados por la explotación que el hombre les estaba dando y de que esta especie constituye para los pobladores de la provincia de Limón una importante fuente de proteína, autorizándose una determinada cantidad de especies que podían ser capturadas sin contar con un estudio científico previo que demostrara el riesgo de supervivencia de la especie, pues esta si para entonces era una especie de población reducida o amenazada (Decreto Ejecutivo 22545 del 30 de agosto de 1933), ahora es considerada una especie en peligro de extinción en el Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre del 1 de octubre de 1997, en el artículo 60: "Para los efectos del artículo 25 de la LCVS se declaran especies de fauna en peligro de extinción las incluidas en los siguientes taxones, Así como todas aquellas otras que puedan declararse como tales:...Chelonia mydas..." , para lo cual siguiendo lo establecido en este artículo, el numeral 25 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre indica: "Se prohibe la tenencia, la caza, la pesca y la extracción de la fauna y de la flora silvestres, de sus productos o subproductos, con cualquier fin, cuando estos animales o plantas sean declarados, por la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, como poblaciones reducidas o en peligro de extinción, excepto en los casos en que, con base en los estudios técnicos científicos, esa tenencia se requiera para la supervivencia de las especies; en tal caso se establecerán, zoocriaderos o viveros nacionales. Las especies en vías de extinción sólo deben manipularse científicamente, cuando esto conlleve al mejoramiento de la condición de la especie.", normativa prohibitiva que resulta posterior al decreto impugnado y que si bien es cierto, es clasificada así en el Reglamento, es la Ley misma la que establece la prohibición y que hace referencia a la lista del reglamento, por lo que no sólo desde el año 1997 el decreto debió dejarse de aplicar por contrariar una norma de rango superior posterior, sino desde el 16 de febrero de 1995, fecha en la que se incluyó en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres a toda la especie "Cheloniidae spp.", abreviatura que denota la protección de todas las especies de un taxón superior y que incluye a la tortuga verde Chelonia mydas.

IX.-

Todo lo anteriormente transcrito deja entrever que desde la aplicación del decreto impugnado no se han realizado las investigaciones correspondientes en aras de proteger la especie, ni siquiera se mantienen al tanto de los Convenios y legislación que viene a protegerla, todo lo que demuestra que se han violentado los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política al no cumplirse con la protección establecida en los Convenios Internacionales, desprotegiéndose en esa forma el derecho a un ambiente sano y sobretodo ecológicamente equilibrado, para el cual deben establecerse mecanismos preventivos para evitar la extinción de las especies, lo que requiere de una actitud cierta y responsable de las autoridades administrativas competentes, que no ha sucedido en la actualidad sino que se ha venido aplicando un decreto que si se hubiese interpretado correctamente el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y toda la demás legislación aplicable se actualizaría a la realidad del momento, por cuanto la cantidad de tortugas que se están capturando realmente supera el monto autorizado y si sólo con el autorizado se están extinguiendo, con mucho más razón si se aumenta. Además, la caza de ellas no les está permitiendo llegar a tiempo a reproducirse y todo ello conlleva a la exterminación total de esta especie en nuestros litorales, especies que ni siquiera son nuestras, sino que llegan a desovar a estas playas, lo cual como ya se dijo violenta los derechos constitucionales que protegen al medio ambiente, en razón de que es un derecho también para las generaciones futuras la posibilidad de conocerlas y de gozar del mismo ecosistema del que gozamos actualmente. Así también, es innegable la violación al artículo 7 constitucional al contrariarse los Convenios Internacionales, pues este decreto autoriza la caza de la tortuga verde para su consumo y su captura para el comercio sin bases científicas suficientes para acertar que eso es posible y en qué medida, desprotegiéndolas irresponsablemente con la sola existencia de la duda que gira en torno a la sobrevivencia de éstas, lo que hace a esta normativa inconstitucional según el principio "indubio pro natura", donde sólo la duda del perjuicio que se le pueda causar al equilibrio ecológico es suficiente para protegerlo y con mucho más razón cuando existen estudios científicos que exigen su máxima protección. No sobra mencionar, que inclusive actualmente en la Asamblea Legislativa en el expediente No. 13.137 está en trámite la ratificación de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas que fue firmada por el representante de nuestro país el 31 de enero de 1997, el cual tuvo dictamen de mayoría el día 18 de agosto de 1998 por la Comisión Permanente de Estudios Agropecuarios y Recursos Naturales. Hoy día no es posible admitir el argumento de que se permita la caza para proteger la especie, ya que el Estado como se pudo comprobar, se comprometió en diferentes Tratados a la protección de ésta, lo que es su deber realizar a través del poder de policía.

X.- Conclusión.

En razón de todo lo expuesto, el decreto No.14524-A resulta violatorio de los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política al afectarse el equilibrio ecológico del medio ambiente, los artículos 5.1 y 8 de la Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países de América, artículos 1, 2, 13 y 27 del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en América Central, artículos II, III y IV del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y el principio 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, instrumentos todos que giran en torno a la protección del equilibrio ecológico del cual dependen estas especies.

Por tanto:

Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 14524-A del veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y tres por ser contrario a los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política, 5.1 y 8 de la Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países de América, artículos 1, 2, 13 y 27 del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias en América Central, los artículos II, III y IV del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y el principio 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento al Poder Legislativo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese

.

Luis Paulino Mora M.Presidente\R. E. Piza E. \Luis Fernando Solano C.\

Eduardo Sancho G.\Carlos M. Arguedas R.\Susana Castro A.\ Gilbert Armijo S.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:41:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 01250 - 1999

Resolution Date: February 19, 1999, at 11:24 a.m.

Case File: 98-003684-0007-CO

Drafted by: Susana Castro Alpízar

Type of Matter: Unconstitutionality action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



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Text of the resolution

Case File 98-003684-0007-CO

Exp:

98-003684-0007-CO

Res:

1999-01250

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, at eleven hours and twenty-four minutes on the nineteenth of February, nineteen ninety-nine.-

Unconstitutionality Action filed by CARIBBEAN CONSERVATION CORPORATION, represented by Nombre179547, married, agricultural engineer, identity card number CED137624, resident of San José, in his capacity as unlimited general proxy; ASOCIACION PROGRAMA DE RESTAURACION DE TORTUGAS MARINAS represented by Nombre179548, common-law marriage, biologist, resident of Tibás, identity card number CED115563, in his capacity as unlimited general proxy; ASOCIACION CENTRO DE DERECHO AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES (CEDARENA) represented by Nombre179549, of legal age, married, attorney, Costa Rican, identity card number CED137625, resident of San Ramón de Alajuela, in her capacity as President of the Board of Directors with powers of unlimited general proxy; FUNDACION NEOTROPICA represented by Nombre179550, single, business administrator, resident of San Pedro de Montes de Oca, identity card number CED137626, in her capacity as general proxy; Nombre179610, divorced, businesswoman, resident of Tortuguero, identity card number CED137627, owner of the Hotel Pachira Lodge in Tortuguero; Nombre179551, married, businessman, resident of Escazú, identity card number CED32314, owner of the Hotel Mawamba in Tortuguero; KAYE MICHAEL, with a single surname due to his U.S. nationality, married, businessman, resident of Escazú, residence card number CED137628, owner of the Hotel Tortuga Lodge; Nombre179552, married, resident of San José, residence card number CED137629, in his capacity as manager of the Hotel Jungla; Nombre179553, married, biologist, resident of San Rafael de Heredia, identity card number CED137630, in his personal capacity and as Regional Director for Latin America of the SOCIEDAD MUNDIAL PARA LA PROTECCION DE LOS ANIMALES; Nombre179554, single, biologist, resident of Pavas, identity card number CED137631; Nombre179555, divorced, administrator, resident of Moravia, identity card number CED137632; and Nombre179556, single, student, resident of Tibás, identity card number CED137633; against Executive Decree Number 14524-A of May 26, 1983. Also intervening in the proceedings were Nombre2819, the DEFENSORIA DE LOS HABITANTES, and the PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Whereas:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at sixteen hours and sixteen minutes on the twentieth of May, nineteen ninety-eight (folio 1), the plaintiff requests that the unconstitutionality be declared of the decree authorizing the hunting of the green turtle in Costa Rica, the text of which has been maintained for more than fifteen years, and due to the abstention of Nombre2819 from carrying out regulatory actions consistent with the reality of the green turtle marine resource, has, among other reasons, endangered the ecological balance of the species and placed it on the list or appendix of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora -CITES- (Ley 5605 of October twenty-second, nineteen seventy-four). Therefore, the text of the challenged decree is not consistent with Article 50 of the Constitution and with conventions such as the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere (Ley 3763 of October, nineteen seventy-six) and the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wildlands in Central America (Ley 7433 of October eleventh, nineteen ninety-four), which aim for the protection of biodiversity and the articulation of priority state policies and actions defined around natural resources. Nor is the challenged Decree consistent with the Convention on Biological Diversity (Ley 7416 of June, nineteen ninety-four), a result of the 1992 Rio de Janeiro Summit, which is based on the consideration of the importance of the intrinsic value of biological diversity and the ecological, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational, and aesthetic values of biological diversity and its components. Without any scientific basis regarding the number of turtles that are susceptible to harvesting, without altering the fragile ecological balance that sustains them, the questioned decree annually allows the hunting of up to eighteen hundred turtles, a slaughter that represents a very high index and which is aggravated given that the number captured far exceeds this each year, mainly due to the scarce control and monitoring given to the licenses granted. That what the decree does is regulate the requirements to have a share in the turtle slaughter quota. It does not include possibilities for total or partial seasonal closures in order to make adjustments that are more consistent with the reality of the resource, it does not administratively sanction non-compliance with rules, and generally does not solve control problems regarding the capture site, or determine situations as to whether the turtle has already completed the spawning process that brings it to the national coasts, all of which leads to the conclusion that it only translates into a norm of exploitation, but not into a norm of protection of the ecological balance of the species it addresses. Incongruously, Costa Rica is among the first nations to sign the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles. This hemispheric initiative aims to promote the protection, conservation, and recovery of sea turtle populations and the habitats on which they depend, based on the most reliable available scientific data and considering the environmental, socioeconomic, and cultural characteristics of the parties, being a response to the irrational exploitation to which the green turtle has been subjected. INCOPESCA, based on the legislation that created it, maintains competencies that empower it to actively protect, safeguard, and contribute to the preservation of sea turtles, which go far beyond "administering" the challenged decree, a competence inherited from the Ministry of Agriculture and Livestock. In exercising its functions, it can better regulate the matter, establish closures, arrange scientific studies and alliances with organizations to supply data, and thereby regulate the matter on better grounds. The Sala Constitucional expressed in the resolution of case file 2565-C-97, the obligation of Nombre2819 to carry out new scientific studies on the subject of green turtles. The Defensoría de los Habitantes, initiated an ex officio investigation on the matter, and in the report rendered, it emphasizes the lack of scientific substantiation by Nombre2819 to continue granting permits in light of a decree that is superseded by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). In the opinion of the Defensoría, Nombre2819 is obliged to suspend the granting of such permits, acting in accordance with the existing international protection for the species. (case file 101575-23-96 of the Defensoría).

2.- By resolution at eleven hours and five minutes on the twelfth of June, nineteen ninety-eight (visible on folio 83 of the case file), proceedings were initiated on the action, granting a hearing to the Procuraduría General de la República, and to the Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura.

3.- The Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA- submitted its report, visible on folios 90 to 96, stating that the Law Creating INCOPESCA, number 7384 of March sixteenth, nineteen ninety-four, grants the Institution the power to promote and regulate the development of fishing, marine hunting, aquaculture, and research. Likewise, to promote, based on technical and scientific criteria, the conservation, harvesting, and sustainable use of the living resources of the sea. Before Executive Decree number 14524-A was enacted in nineteen ninety-three, the same that was reformed or modified by Executive Decree number 18289-MAG, the Directorate of Fisheries Resources conducted the pertinent consultations with the University of Costa Rica, regarding the viability of granting said permits for the capture and commercialization of turtle meat, in the waters of the Costa Rican Caribbean. On that occasion, the University's technicians agreed that the activity should be regulated and an attempt made to bring within the law a situation that for many years had not been regulated and that, due to the idiosyncrasy of the Limón people, meant that the consumption of turtle meat was a generalized practice within the province, and the capture and slaughter of these chelonians occurred illegally without any restriction whatsoever. What was done with the questioned Decree was, rather, to organize and regulate the hunting and capture of this marine resource.- In reality, there are partial seasonal closures for the capture of turtles, given that capture is only permitted in the months of June, July, and August of each year, with its capture being totally prohibited in the other months of the year. On the Atlantic coast, it is well known that there are protected areas of national parks, where marine fishing and hunting are absolutely prohibited; this argument demonstrates that the assertions made by the plaintiffs do not conform to the truth, since these areas are totally closed to capture. In summary, the decree actually came to regulate the activity that was being conducted outside the law.

4.- For its part, the Procuraduría General de la República submitted its report, visible on folios 119 to 132. It points out that Executive Decree number 14524 of May fourth, nineteen eighty-three, authorizes the capture of the green turtle (chelonio mydas) for commercial purposes in the jurisdictional waters of the Caribbean Sea during the period from June first to August thirty-first. According to the original text of Article 6 ibidem, a maximum of thirty permits per year could be authorized, with each permit holder allowed to capture a maximum of twenty specimens per month, meaning only eighteen hundred green turtles could be hunted per year. However, said numeral 6 was reformed by Executive Decree number 18289 of May thirty-first, nineteen eighty-eight, to allow the granting of up to thirty valid permits between the period of June first and August thirty-first. If the number of applicants exceeds the number of permits, the validity of the same may be divided, on the condition that the number of valid permits does not exceed thirty.- Likewise, the cited numeral adds that each permit holder may capture a maximum of twenty specimens per month, or a number proportional to the fraction thereof comprised by each permit. With the cited reform that introduces the variable of "validity," it is clear that the questioned decree establishes the possibility of authorizing the hunting of more than eighteen hundred green turtles, which is undoubtedly worrying, as the turtle is an endangered species (Regulation to the Wildlife Conservation Law, Decree 26435 of October first, nineteen ninety-seven, Article 60), a higher categorization than that provided for by the previous Regulation (Executive Decree 22545 of August thirtieth, nineteen thirty-three) which listed the green turtle as a species with reduced or threatened populations. The Procuraduría states in its report that it requests the Sala Constitucional to adopt an exemplary decision that safeguards green turtles from the danger of extinction. The hunting of eighteen hundred green turtles, the majority adult females that arrive to spawn, or do not even manage to do so, does not constitute part of a policy of harvesting integral to sustained development. Decree number 14524 of May twenty-sixth, nineteen eighty-three, was enacted precisely at a time when the country's Caribbean population required sources of employment. Endangered species cannot be hunted for the purpose of safeguarding the principle of conservation, according to which, the conditions of a species will be favorable when the trend of its population is stable or growing, and it is likely that this situation will be maintained in the foreseeable future, as well as when reproductive success indicates that it will be maintained in the long term as a viable component of its ecosystem; when such conditions are not met, the conservation status of the species must be considered unfavorable.- Based on this, they request that the challenged Decree be declared unconstitutional for being contrary to Articles 50 and 89 of the Constitution and to the Conventions referred to by the plaintiffs.

5.- The Defensoría de los Habitantes presents a brief with the purpose of coadjuvating in the allegation of unconstitutionality against Executive Decree number 14524-A (visible on folios 133 to 139), stating that the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, known as CITES and ratified by Law of the Republic number 5605 of October twenty-second, nineteen seventy-four, is of mandatory compliance over Decree 14524-A. By classifying the green turtle under that Convention as an endangered species, it implies the need to protect a species whose population has been reduced to such a degree that there is a risk of it being lost. Article 2 of the Convention establishes that trade in specimens of endangered species must be subject to particularly strict regulation in order not to further endanger their survival and shall be authorized only under exceptional circumstances. Hence, it is clear that trade in these species must be handled with particularly strict regulation and that the harvesting of these species may only be authorized under exceptional circumstances. As the species treated is within Appendix I of the cited Convention, it meets the necessary elements to protect the resource and enforce existing regulations, such as the provisions contained in Article 11, subsection 2) of the Biodiversity Law, Law number 7788, recently published, according to which the lack of certainty regarding the danger or threat of serious harm does not excuse the Administration from taking the necessary measures to avoid it, a criterion also encompassed by Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development. In addition to the aforementioned norms, there is the Wildlife Conservation Law, Law number 7317 of October twenty-first, nineteen ninety-two, one of the first national regulations aimed at protecting wild flora and fauna, based on a vision that integrates them as irreplaceable elements of the natural systems that support life on the planet. The possibilities of harvesting protected resources must be limited by strict regulation and in exceptional cases, requirements that are not met in the aforementioned decree, as it is extremely broad regarding harvesting, without major limitations, nor technical studies that justify the authorization of harvesting. At the time the decree of May twenty-sixth, nineteen eighty-three was issued, the species were already on the CITES list, which suggests that the species continues in conditions requiring greater protection, all the more reason to demand that the requirements of exceptionality and strict regulation be fully met, a situation that could only occur if there were technical studies that justify and determine the type of harvesting; otherwise, the challenged norm violates the cited norms. The Administration should not maintain the acts issued through the challenged executive decree due to a clear violation of the CITES Convention. The decree does not technically justify the viability of harvesting, as it only indicates as a reason for its existence the high protein content of the turtle, as a sufficient reason to justify its commercialization, leaving aside the importance of the technical elements that are the basis for taking measures contrary to the provisions of the Convention. Article 50 of the Political Constitution enshrines the State's commitment to the protection of the environment and natural resources, all of which requires a series of actions by the Administration, in order to concretize that protection and guarantee the enjoyment of the protected rights. The violation of environmental norms can be caused by action as well as omission, by private and public subjects.

6.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in number 131 of the Boletín Judicial, on the 8th of July, nineteen ninety-eight (folio 146).

7.- The oral hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with, given that the second paragraph of Article 9 ibidem empowers the Chamber to resolve any petition on the merits, even from its presentation, when it is considered sufficiently founded on indirect principles or norms or on its own precedents or jurisprudence.

8.- The requirements of law have been complied with in the proceedings.

Drafted by Magistrate Castro Alpízar; and,

Considering:

I.- On admissibility. The action is admissible since the petitioners have standing in the terms of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Indeed, as this Chamber has repeatedly stated, when dealing with the defense of a diffuse interest, that is, the protection of the environment, the existence of a prior matter where the unconstitutionality now claimed was alleged is not necessary. Therefore, the exception provided for in the second paragraph of the aforementioned Article 75 is applicable, and thus, the action is admissible.

II.- Object of the challenge. The decree being challenged is No. 14524-A of May 26, 1983, which grants permission for the capture of the green turtle in the Caribbean Sea for commercial purposes. Among the most relevant articles for study is Article 3, which establishes that the capture of the species must be carried out under the following conditions:

a) By persons duly authorized by the Ministry of Agriculture and Livestock.

b) During the period between June first and August thirty-first.

c) Beyond the first five kilometers out to sea, counted from the baseline from which the extent of the territorial sea is measured, except for those areas comprised by the Tortuguero and Cahuita National Parks.

And Article 6 states: "The Ministry of Agriculture and Livestock may grant up to 30 valid permits, within the period from June 1 to August 31 of each year. When the number of applicants exceeds the number of permits indicated above, the Ministry of Agriculture and Livestock may divide the validity of those permits, provided that the number of valid permits does not exceed 30.

Each permit holder may capture a maximum of 20 specimens per month, or a number proportional to the fraction thereof, comprised by each permit holder.

Captured turtles must be slaughtered within a period of no more than 12:00 hours after landing. The Ministry of Agriculture and Livestock shall only grant capture permits to those persons who guarantee that slaughtering will be carried out in a center duly authorized by the Ministry of Health."

III.- For its part, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, ratified by our country on October 2, 1974, establishes that the turtle whose capture was authorized by the challenged decree is found in Appendix I as Cheloniidae and indicates, in what is relevant:

Article II. 1. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade...

4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except in accordance with the provisions of the present Convention.

Article III 1. All trade in specimens of species included in Appendix I shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species;... (the same is required for its importation)

5. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Scientific Authority of the State of introduction has advised that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved;

b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and

c) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

Article VIII. 1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These shall include measures:

a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and

b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens.

IV.- In ruling No. 5893-95 at nine hours and forty-eight minutes on October twenty-seventh, nineteen ninety-five, this Chamber considered: "From all of the above, it is clear that the State has the obligation to protect natural beauty and the environment (Articles 50 and 89 of the Political Constitution), as there is an evident particular and social interest in doing so, a goal which, in order to achieve, requires the enactment of laws that adequately regulate the matter. Certainly, man has the right to make use of the environment for his own development, but he also has the correlative duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. Thus, for example, at the Stockholm Conference it was affirmed that 'man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations.' It must not be lost sight of that soil, water, air, marine, coastal, and mineral resources, forests, biological diversity, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands such as living space, food, energy, housing, health, and recreation would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign currency through agriculture and tourism, as well as the success of important investments and infrastructures depend, ultimately, on their conservation. Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, as the latter is only one part of the environment. The policy of protecting nature also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is a matter, then, of a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts aside and thus manage to unify the legal framework we call Environmental Law.", and in ruling No. 3705-93 it affirmed:

"It is important for the Chamber to elaborate, prior to the strictly substantive considerations, a general analysis that establishes the constitutional framework and the conditions and interests that the conservation of the environment arouses today, as its study constitutes a novelty of this last century. It is essential to remember that for many centuries man believed he had to dominate the forces of nature and put them at his service, since it was considered, to some extent, that natural resources were inexhaustible and that industrialization was per se a desirable objective, without evaluating what the impact of economic activity on the environment would be. In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, as even economic science, which is concerned with the administration of the environment to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently... The environment, therefore, must be understood as a development potential to be used appropriately, and actions must be integrated in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modalities of natural resource exploitation lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which results in harm to broad sectors of the population and generates a high environmental and social cost that translates into a deterioration of the quality of life; precisely because the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to human beings. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than this is to understand that while man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself..."

V.- The challenged regulations allow the capture of the green turtle -known as the Lora turtle and Chelonia mydas- in the Caribbean Sea for commercial purposes (Article 2), only during the period between June first and August thirty-first.

That decree was issued in 1983 to regulate the excessive capture that was taking place in the Atlantic region, so the public administration sought to regulate it by establishing requirements to obtain the corresponding permits to capture them and only within the indicated period, further prohibiting their capture in protected areas of national parks and authorizing the capture of approximately 1,800 turtles per year.

VI.- Unconstitutionality analysis.

The challenged decree, the petitioners consider, violates Article 50 of the Political Constitution, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America, and the Convention on Biological Diversity.

VII.-

To carry out the present study, it is necessary to indicate what is protected by the norms identified by the petitioners as infringed, with the exception of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which has already been indicated. Constitutional Article 50 establishes: "The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment..." For its part, the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere - Ley No. 3763 of October 19, 1976 - states in Article 5, point "1. The Contracting Governments agree to adopt, or to recommend to their respective competent legislative bodies, the adoption of laws and regulations that ensure the protection and conservation of flora and fauna within their respective territories and outside the national parks and reserves, natural monuments, and wilderness reserves mentioned in Article 2..." and in Article 8: "The protection of the species mentioned in the Annex to this Convention is of special urgency and importance. The species included therein shall be protected as much as possible, and only the competent authorities of the country may authorize the hunting, killing, capture, or collection of specimens of said species. These permits may be granted only under special circumstances when necessary for carrying out scientific studies or when indispensable in the administration of the region where such animal or plant is found." The Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America - Ley No. 7433 published on October 11, 1994 - states in Article 1: "The objective of this Convention is to conserve to the maximum extent possible the terrestrial and coastal-marine biological diversity of the Central American region, for the benefit of present and future generations," in Article 2: "The States signatory to this Convention reaffirm their sovereign right to conserve and utilize their own biological resources in accordance with their own policies and regulations in order to: a) Conserve and sustainably use their biological resources for social purposes; and b) Ensure that activities within their jurisdictions or control do not cause damage to the biological diversity of their States or areas beyond the limits of their national jurisdiction.", Article 13 states: "For the purpose of fully complying with this Convention, it shall be necessary to:...c) Ensure the establishment of measures that contribute to conserving natural habitats and their populations of natural species..." , Article 27: "Each country in the region shall make the most appropriate efforts to complete in situ conservation actions through:...c) Regulating, through its own legislation, the domestic commercialization of biological resources." Finally, the Convention on Biological Diversity - Ley No. 7416 of June nineteen ninety-four -, resulting from the Rio de Janeiro Summit of nineteen ninety-two, in principle 15 alludes to a precautionary principle, according to which, "in order to protect the environment, States shall widely apply the precautionary approach according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."

VIII

.- It is clear that the challenged decree was born as a way to somehow protect this species of marine chelonian, based on the fact that they were being affected by the exploitation that humans were giving them and that this species constitutes an important source of protein for the inhabitants of the province of Limón, authorizing a certain number of species that could be captured without a prior scientific study demonstrating the survival risk of the species, for if it was then a species of reduced or threatened population (Decreto Ejecutivo 22545 of August 30, 1933), it is now considered an endangered species in the Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre of October 1, 1997, in Article 60: "For the purposes of Article 25 of the LCVS, the following fauna species included in the following taxa are declared endangered, as well as all others that may be declared as such:...Chelonia mydas..." , for which, following what is established in this article, number 25 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre states: "The possession, hunting, fishing, and extraction of wild fauna and flora, their products or subproducts, for any purpose, is prohibited when these animals or plants are declared, by the Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, as reduced or endangered populations, except in cases where, based on technical-scientific studies, such possession is required for the survival of the species; in such case, national breeding farms or nurseries shall be established. Endangered species shall only be manipulated scientifically when this leads to the improvement of the species' condition.", a prohibitive regulation that is subsequent to the challenged decree and that, although it is true it is classified as such in the Reglamento, it is the Law itself that establishes the prohibition and refers to the list in the reglamento, so not only since 1997 should the decree have ceased to be applied for contravening a higher-ranking later norm, but since February 16, 1995, the date on which the entire species "Cheloniidae spp." was included in Appendix I of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, an abbreviation denoting the protection of all species of a higher taxon and which includes the green turtle Chelonia mydas.

IX.-

All of the foregoing transcribed makes it clear that since the application of the challenged decree, the corresponding investigations have not been carried out in order to protect the species, nor are they even aware of the Conventions and legislation that come to protect it, all of which demonstrates that Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution have been violated by failing to comply with the protection established in the International Conventions, thus leaving unprotected the right to a healthy and, above all, ecologically balanced environment, for which preventive mechanisms must be established to avoid the extinction of species, which requires a certain and responsible attitude from the competent administrative authorities, which has not happened at present, but rather a decree has been applied which, if the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and all other applicable legislation had been correctly interpreted, would be updated to the reality of the moment, because the number of turtles actually being captured exceeds the authorized amount, and if they are becoming extinct with just the authorized amount, with much more reason if it increases. Moreover, hunting them is not allowing them to arrive in time to reproduce, and all this leads to the total extermination of this species on our coastlines, species that are not even ours, but arrive to spawn on these beaches, which, as already stated, violates the constitutional rights that protect the environment, because it is also a right for future generations to be able to know them and enjoy the same ecosystem we currently enjoy. Likewise, the violation of constitutional Article 7 is undeniable by contravening the International Conventions, since this decree authorizes the hunting of the green turtle for consumption and its capture for trade without sufficient scientific basis to ascertain that this is possible and to what extent, irresponsibly leaving them unprotected with the mere existence of doubt surrounding their survival, which makes this regulation unconstitutional according to the principle "in dubio pro natura," where the mere doubt of harm that may be caused to the ecological balance is sufficient to protect it, and with much more reason when there are scientific studies demanding its maximum protection. It is not superfluous to mention that even currently in the Legislative Assembly in expediente No. 13.137, the ratification of the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, which was signed by our country's representative on January 31, 1997, is in process, and received a majority report on August 18, 1998 from the Comisión Permanente de Estudios Agropecuarios y Recursos Naturales. Nowadays, it is not possible to admit the argument that hunting is permitted to protect the species, since the State, as could be verified, committed itself in different Treaties to its protection, which it is its duty to carry out through its police power.

X.- Conclusion.

By reason of all the foregoing, decree No.14524-A is in violation of Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution by affecting the ecological balance of the environment, Articles 5.1 and 8 of the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, Articles 1, 2, 13, and 27 of the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America, Articles II, III, and IV of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, and principle 15 of the Convention on Biological Diversity, all instruments that revolve around the protection of the ecological balance on which these species depend.

Por tanto:

The action is declared with merit. Consequently, Decreto Ejecutivo No. 14524-A of May twenty-six, nineteen eighty-three, is declared unconstitutional for being contrary to Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution, 5.1 and 8 of the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, Articles 1, 2, 13, and 27 of the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America, Articles II, III, and IV of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, and principle 15 of the Convention on Biological Diversity. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norm, without prejudice to rights acquired in good faith. This ruling shall be communicated to the Legislative Branch. This ruling shall be noted in the Diario Oficial La Gaceta and published in full in the Boletín Judicial. Notifíquese

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Luis Paulino Mora M.Presidente\R. E. Piza E. \Luis Fernando Solano C.\

Eduardo Sancho G.\Carlos M. Arguedas R.\Susana Castro A.\ Gilbert Armijo S.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:41:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República