Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el ad litem, se ha invocado la inconstitucionalidad de los artículos 109 de la Ley de Biodiversidad, como también el artículo 9 inciso l) del Reglamento al Código de Minería, en un escrito en el que se pide que la carga de la prueba se traslade al Estado, todo lo anterior antes de que se celebre la audiencia oral y privada que señaló el Tribunal Ambiental Administrativo. Si bien, esto se peticiona dentro del procedimiento administrativo que se tramita por una denuncia planteada por contaminación ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo contra la actividad comercial que desarrolla el señor Hong Acón (Quebrador de Piedra), se evidencia del expediente que la última actuación presentada dentro de él, se refiere a la audiencia oral y privada del 19 de abril de 2002 (folio 19). Es decir, en el presente estadio procedimental, se está en la instrucción del mismo, sin que se haya dictado el acto final, motivo por el cual, aplica la jurisprudencia de esta Sala, que señala que antes del dictado de la resolución final, la acción de inconstitucionalidad resulta prematura, lo que es motivo suficiente para rechazar de plano la presente gestión.
English (translation)In the case at hand, the unconstitutionality of Article 109 of the Biodiversity Law and Article 9(l) of the Mining Code Regulations has been invoked in a brief requesting that the burden of proof be shifted to the State, all before the oral and private hearing scheduled by the Environmental Administrative Tribunal. Although this is petitioned within the administrative proceeding initiated by an environmental pollution complaint before the Environmental Administrative Tribunal against the business activity carried out by Mr. Hong Acón (Stone Crusher), the record shows that the latest action presented refers to the oral and private hearing on April 19, 2002 (page 19). In other words, at this procedural stage the proceeding is still in the investigatory phase, without a final act having been issued, which is why the Chamber's case law applies, holding that before a final ruling is issued the unconstitutionality claim is premature, and this is sufficient grounds to dismiss the claim outright.
Outright dismissal
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 06380 - 2002 Fecha de la Resolución: 26 de Junio del 2002 a las 15:23 Expediente: 02-003124-0007-CO Redactado por: Luis Fernando Solano Carrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Rechazo de plano En el ad litem, se ha invocado la inconstitucionalidad de los artículos 109 de la Ley de Biodiversidad, como también el artículo 9 inciso l) del Reglamento al Código de Minería, en un escrito en el que se pide que la carga de la prueba se traslade al Estado, todo lo anterior antes de que se celebre la audiencia oral y privada que señaló el Tribunal Ambiental Administrativo. Si bien, esto se peticiona dentro del procedimiento administrativo que se tramita por una denuncia planteada por contaminación ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo contra la actividad comercial que desarrolla el señor Hong Acón (Quebrador de Piedra), se evidencia del expediente que la última actuación presentada dentro de él, se refiere a la audiencia oral y privada del 19 de abril de 2002 (folio 19). Es decir, en el presente estadio procedimental, se está en la instrucción del mismo, sin que se haya dictado el acto final, motivo por el cual, aplica la jurisprudencia de esta Sala, que señala que antes del dictado de la resolución final, la acción de inconstitucionalidad resulta prematura, lo que es motivo suficiente para rechazar de plano la presente gestión. ... Ver más Texto de la resolución Exp: Telf5055 Res: 2002-06380 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con veintitrés minutos del veintiséis de junio del dos mil dos.- Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Nombre70888, portador de la cédula de identidad número CED38385, contra el artículo 109 de la Ley 7788, Ley de Biodiversidad y el artículo 9 inciso l) del Decreto Ejecutivo No. 29300-MINAE. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las nueve horas del quince de abril de dos mil dos, el accionante interpone la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 109 de la Ley 7788, Ley de Biodiversidad y el artículo 9 inciso l) del Decreto Ejecutivo No. 29300-MINAE y manifiesta que fue denunciado ante el Tribunal Ambiental Administrativo, siendo éste el órgano competente para conocer de las denuncias y de agotar la vía administrativa. Que el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad invierte la carga de la prueba en perjuicio del denunciado, pues es a él al que le corresponde demostrar su inocencia, mediante la evacuación de pruebas, la elaboración de peritajes, la asesoría de técnicos, expertos en el tema, etc., lo que considera contrario al artículo 39 de la Constitución Política, que contiene el principio de inocencia, por lo que la demostración de culpabilidad la debe hacer el Estado a través de los órganos administrativos o judiciales. Que dado lo costoso que puede resultar los peritajes, mediciones y otras formas probatorias, deja en imposibilidad de defensa a quien tenga que demostrar la inocencia, contra denuncias mal intencionadas, poco fundadas, imprecisas, etc. es a él al que le corresponde demostrar su inocencia, mediante la evacuación de pruebas, la elaboración de peritajes, la asesoría de técnicos, expertos en el tema, etc. Sin embargo, no habría forma para recobrar los gastos procesales que mas bien debe asumir el Estado, según lo establece el artículo 108 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. En lo que se refiere al artículo 9 inciso l) del Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo No. 29300-MINAE, establece un requisito adicional que la Ley minera No. 6797 no estableció, como es el deber de un sujeto privado de quebrar piedra proveniente de una concesión de cantera autorizada. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el magistrado Solano Carrera; y, Considerando: I.- Objeto de la acción de inconstitucionalidad. Como lo ha establecido la Sala, la acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con determinadas formalidades, que si no se reúnen, imposibilitan a la Sala conocer de la impugnación que se hace. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad, y se regulan tres situaciones distintas. En el párrafo primero, se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas corpus o de amparo-, o en la administrativa, únicamente en el procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. A su vez, en los párrafos segundo y tercero, se regula la acción directa, es decir, las situaciones en las que no se requiere del asunto base, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto; y b) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. Asimismo, requiere de ciertas formalidades importantes, como la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, autenticación por abogado del escrito de interposición de la gestión, las copias necesarias para los magistrados integrantes de la Sala, la Procuraduría y las partes que intervienen en el asunto principal, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), y certificación literal del libelo de impugnación, los cuales, en caso de no ser aportadas por los accionantes, deben ser prevenidos para su cumplimiento por el Presidente de la Sala. En el caso concreto, no se aportaron todas las copias de ley, pero, no obstante lo anterior, no resulta pertinente su prevención por razones de economía procesal, ya que si bien el accionante omite presentar el juego de copias adicional para la parte contraria en el procedimiento administrativo, que es el asunto base de esta acción, la Sala entrará a conocer la admisibilidad directamente, pues del expediente administrativo se evidencia que la fase en que se encuentra el procedimiento no es el de agotamiento de la vía administrativa. II.- Sobre la Jurisprudencia relacionada con el Agotamiento de la Vía Administrativa. De conformidad con lo que dispone el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, uno de los presupuestos de admisibilidad de la acción, se encuentra en la oportunidad en que la inconstitucionalidad es invocada en el asunto base y es presentada la acción ante la Sala. Así, se ha dispuesto: "La Jurisprudencia de esta Sala ha sido conteste en el sentido de que el procedimiento para agotar la vía administrativa a que alude el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es aquel que se inicia con y a partir del recurso de reposición o alzada, interpuestos contra el acto final (en este mismo sentido véanse las resoluciones números 5974-94 de las dieciséis horas dieciocho minutos, 5975-94 de las dieciséis horas veintiún minutos, ambas del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y 6700-94 de las quince horas seis minutos del quince de noviembre de ese año). Como el procedimiento administrativo en que se invocó la inconstitucionalidad no se encuentra en la fase de agotamiento de la vía administrativa, porque no se ha dictado el acto final ni, en consecuencia, se han interpuesto los recursos correspondientes, lo cual la Sala ha constatado teniendo a la vista el expediente #11990 del Tribunal de Servicio Civil, procede rechazar de plano la acción." (Sentencia 2001-07612 de las catorce horas treinta y nueve minutos del ocho de agosto del dos mil uno) De este modo, es reiterada la jurisprudencia de la Sala que sostiene que para la interposición de la acción de inconstitucionalidad se inicia con el dictado del acto final, y la interposición de los recursos que quepan contra éste. III.- Sobre el caso concreto. En el ad litem, se ha invocado la inconstitucionalidad de los artículos 109 de la Ley de Biodiversidad, como también el artículo 9 inciso l) del Reglamento al Código de Minería, en un escrito en el que se pide que la carga de la prueba se traslade al Estado, todo lo anterior antes de que se celebre la audiencia oral y privada que señaló el Tribunal Ambiental Administrativo. Si bien, esto se peticiona dentro del procedimiento administrativo que se tramita por una denuncia planteada por contaminación ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo contra la actividad comercial que desarrolla el señor Nombre70888 (Quebrador de Piedra), se evidencia del expediente que la última actuación presentada dentro de él, se refiere a la audiencia oral y privada del 19 de abril de 2002 (folio 19). Es decir, en el presente estadio procedimental, se está en la instrucción del mismo, sin que se haya dictado el acto final, motivo por el cual, aplica la jurisprudencia de esta Sala, que señala que antes del dictado de la resolución final, la acción de inconstitucionalidad resulta prematura, lo que es motivo suficiente para rechazar de plano la presente gestión. Por lo expuesto, según lo dicho supra, procede rechazar de plano la acción, como en efecto se hace. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Luis Fernando Solano C. Presidente Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B. José Luis Molina Q. Teresita Rodríguez A. Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 06:59:19. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 06380 - 2002 Resolution Date: June 26, 2002 at 15:23 Case File (Expediente): 02-003124-0007-CO Drafted by: Luis Fernando Solano Carrera Type of Matter: Amparo Appeal (Recurso de amparo) Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Content of Interest: Content Type: Majority Vote (Voto de mayoría) Branch of Law: PREVIOUS TOPICS Topic: Summary Rejection (Rechazo de plano) In the ad litem proceeding, the unconstitutionality of Article 109 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), as well as Article 9, subsection l) of the Regulation to the Mining Code (Reglamento al Código de Minería), has been invoked, in a brief requesting that the burden of proof be shifted to the State, all of the foregoing before the oral and private hearing scheduled by the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) is held. Although this is petitioned within the administrative proceeding being processed based on a complaint filed for environmental contamination before the Administrative Environmental Tribunal against the commercial activity carried out by Mr. Hong Acón (Stone Crusher/Quebrador de Piedra), it is evident from the case file that the last action filed within it refers to the oral and private hearing of April 19, 2002 (folio 19). That is, at the present procedural stage, it is in the investigation phase (instrucción) thereof, without the final act (acto final) having been issued, which is why the jurisprudence of this Chamber applies, which indicates that before the issuance of the final resolution, the action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) is premature, which is sufficient grounds to summarily reject (rechazar de plano) this petition. ... See more Text of the resolution Case File: Telf5055 Res: 2002-06380 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fifteen hours and twenty-three minutes on the twenty-sixth of June, two thousand two.- Action of unconstitutionality (Acción de inconstitucionalidad) filed by Nombre70888, holder of identity card number CED38385, against Article 109 of Law 7788, Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) and Article 9, subsection l) of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 29300-MINAE. Whereas (Resultando): 1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber at nine o'clock on the fifteenth of April, two thousand two, the petitioner files the action of unconstitutionality against Article 109 of Law 7788, Biodiversity Law, and Article 9, subsection l) of Executive Decree No. 29300-MINAE and states that he was reported to the Administrative Environmental Tribunal, this being the competent body to hear complaints and to exhaust the administrative channel (agotar la vía administrativa). That Article 109 of the Biodiversity Law reverses the burden of proof to the detriment of the accused, since it is he who must demonstrate his innocence, through the production of evidence, the preparation of expert reports (peritajes), the advice of technicians, experts on the subject, etc., which he considers contrary to Article 39 of the Political Constitution, which contains the principle of innocence, and therefore the demonstration of guilt must be made by the State through the administrative or judicial bodies. That given how costly expert reports, measurements and other forms of evidence can be, it leaves anyone who has to demonstrate their innocence without the possibility of defense, against malicious, poorly founded, imprecise complaints, etc. It is he who must demonstrate his innocence, through the production of evidence, the preparation of expert reports, the advice of technicians, experts on the subject, etc. However, there would be no way to recover the procedural costs that the State must instead assume, as established in Article 108, second paragraph of the Organic Law of the Environment. Regarding Article 9, subsection l) of the Regulation to the Mining Code, Executive Decree No. 29300-MINAE, it establishes an additional requirement that Mining Law No. 6797 did not establish, such as the duty of a private subject to crush stone from an authorized quarry concession. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) grants the Chamber the authority to summarily reject (rechazar de plano) or reject on the merits, at any time, including from its submission, any petition filed before it that turns out to be manifestly improper, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition that was rejected. Drafted by Magistrate Solano Carrera; and, Considering (Considerando): I.- Object of the action of unconstitutionality. As the Chamber has established, the action of unconstitutionality is a procedure with certain formalities, which, if not met, make it impossible for the Chamber to hear the challenge made. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the admissibility requirements (presupuestos de admisibilidad) for actions of unconstitutionality, and three different situations are regulated. In the first paragraph, the existence of a pending matter to be resolved is required, whether in judicial proceedings (sede judicial) - which includes habeas corpus or amparo appeals (recursos de hábeas corpus o de amparo) -, or in administrative proceedings, solely in the procedure for exhaustion of this channel, in which the unconstitutionality of the challenged norm is invoked as a reasonable means of protecting the right that is considered injured in the main matter. In turn, in the second and third paragraphs, the direct action is regulated, that is, situations in which the underlying matter is not required, in the following cases: a) when by the nature of the matter there is no individual and direct injury, or it concerns the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole; and b) when the action is brought by the Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), the Comptroller General of the Republic (Contralor General de la República), the Prosecutor General of the Republic (Fiscal General de la República) and the Ombudsman (Defensor de los Habitantes). Likewise, it requires certain important formalities, such as the explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the constitutional norms and principles considered to have been infringed, authentication by a lawyer of the filing brief, the necessary copies for the magistrates of the Chamber, the Attorney General's Office (Procuraduría) and the parties involved in the main matter, the accreditation of standing requirements (legitimación) (powers of attorney and certifications), and a literal certification of the challenge brief, which, if not provided by the petitioners, must be ordered to be fulfilled by the President of the Chamber. In the specific case, not all the legally required copies were provided, but, notwithstanding the foregoing, ordering their fulfillment is not pertinent for reasons of procedural economy, since even though the petitioner omits to submit the set of additional copies for the opposing party in the administrative proceeding, which is the underlying matter of this action, the Chamber shall directly address the admissibility, because it is evident from the administrative case file that the phase the proceeding is in is not that of the exhaustion of the administrative channel. II.- Regarding the Jurisprudence related to the Exhaustion of the Administrative Channel. In accordance with the provisions of Article 75, first paragraph of the Law of Constitutional Jurisdiction, one of the admissibility requirements of the action lies in the opportunity at which the unconstitutionality is invoked in the underlying matter and the action is filed before the Chamber. Thus, it has been provided: "The Jurisprudence of this Chamber has been consistent in the sense that the procedure for exhausting the administrative channel referred to in Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction is that which begins with and from the motion for reversal (recurso de reposición) or appeal (alzada), filed against the final act (acto final) (in this same sense see resolutions number 5974-94 of sixteen hours and eighteen minutes, 5975-94 of sixteen hours and twenty-one minutes, both of October eleventh, nineteen ninety-four, and 6700-94 of fifteen hours and six minutes of November fifteenth of that year). Since the administrative proceeding in which the unconstitutionality was invoked is not in the exhaustion of the administrative channel phase, because the final act has not been issued nor, consequently, have the corresponding appeals (recursos) been filed, which the Chamber has verified having before it case file #11990 of the Civil Service Tribunal, it is appropriate to summarily reject the action." (Judgment 2001-07612 of fourteen hours thirty-nine minutes on August eighth, two thousand one) Thus, it is the reiterated jurisprudence of the Chamber that the filing of the action of unconstitutionality commences with the issuance of the final act, and the filing of the appeals that may lie against it. III.- Regarding the specific case. In the ad litem proceeding, the unconstitutionality of Article 109 of the Biodiversity Law, as well as Article 9, subsection l) of the Regulation to the Mining Code, has been invoked, in a brief requesting that the burden of proof be shifted to the State, all of the foregoing before the oral and private hearing scheduled by the Administrative Environmental Tribunal is held. Although this is petitioned within the administrative proceeding being processed based on a complaint filed for environmental contamination before the Administrative Environmental Tribunal against the commercial activity carried out by Mr. Nombre70888 (Stone Crusher/Quebrador de Piedra), it is evident from the case file that the last action filed within it refers to the oral and private hearing of April 19, 2002 (folio 19). That is, at the present procedural stage, it is in the investigation phase (instrucción) thereof, without the final act having been issued, which is why the jurisprudence of this Chamber applies, which indicates that before the issuance of the final resolution, the action of unconstitutionality is premature, which is sufficient grounds to summarily reject this petition. For the reasons stated, as said above, it is appropriate to summarily reject the action, as is hereby done. Therefore (Por tanto): The appeal (recurso) is summarily rejected (se rechaza de plano). Luis Fernando Solano C. President Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B. José Luis Molina Q. Teresita Rodríguez A. Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 03-22-2026 06:59:19. 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