Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Es claro que el principio precautorio obliga al Estado a adoptar todas aquellas medidas necesarias para no sólo sancionar la lesión de los bienes ambientales, mas también para evitar que tales daños se produzcan. Sin embargo, al imponer una determinada limitación, no puede esta Sala basarse en datos inciertos como los constantes en el expediente, los cuales a través de la realización de las pesquisas correspondientes, podrían fácilmente demostrar que en la especie no existe el traslape acusado. Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente. En el presente caso, es claro que nos encontramos ante el primero de los supuestos, es decir, no existe certeza acerca de la existencia de la transposición entre el Plan Regulador y el Refugio de Vida Silvestre. Contrario sería el caso en que se tuviera certeza del hecho, pero duda acerca de su peligrosidad para el ambiente. Así las cosas, debe la Sala declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad, en vista de que no se comprueba que haya lesión efectiva ni riesgo inminente de violación, de las normas contenidas en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Debe sin embargo, ordenarse al Ministerio de Ambiente y Energía la inmediata realización de la prueba de campo que le permita determinar con toda certeza si el traslape acusado efectivamente se da, para entonces tomar de inmediato todas las medidas que el ordenamiento le permite a efecto de recuperar la franja que se alega invadida.
English (translation)It is clear that the precautionary principle obliges the State to adopt all necessary measures not only to punish harm to environmental goods but also to prevent such damage from occurring. However, in imposing a particular limitation, this Chamber cannot rely on uncertain data such as those in the record, which, through appropriate inquiries, could easily demonstrate that the alleged overlap does not exist. Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the absence of knowledge of risk-generating facts, but in the absence of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment. In the present case, it is clear that we are in the first scenario, i.e., there is no certainty about the existence of overlap between the Regulatory Plan and the Wildlife Refuge. The opposite would be a case where there is certainty of the fact but doubt about its dangerousness to the environment. Consequently, the Chamber must dismiss this unconstitutionality claim, given that no effective harm or imminent risk of violation of the norms contained in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution is proven. However, the Ministry of Environment and Energy must be ordered to immediately carry out the field test that allows it to determine with full certainty whether the alleged overlap actually occurs, in order to then immediately take all measures that the legal order permits to recover the strip alleged to be invaded.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 03480 - 2003 Fecha de la Resolución: 02 de Mayo del 2003 a las 14:02 Expediente: 00-003058-0007-CO Redactado por: Adrián Vargas Benavides Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: MUNICIPALIDAD. Subtemas: NO APLICA. 3480-03. PLAN REGULADOR DE PLAYA PLATANARES EN GOLFITO.Plan Regulador Sector Costero Turístico Playa Platanares. Adoptado mediante acuerdo del Consejo Municipal de Golfito en sesión ordinaria celebrada el trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve. . Texto de la resolución Exp: 00-003058-0007-CO Exp: 00-003058-0007-CO Res: 2003-03480 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con dos minutos del dos de mayo del dos mil tres.- Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre37248, cédula de identidad número CED17449; contra el Plan Regulador Sector Costero Turístico Playa Platanares, adoptado mediante acuerdo del Consejo Municipal de Golfito en sesión ordinaria celebrada el trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Intervienen en el proceso el Procurador General Adjunto de la República, la Ministra de Ambiente y Energía, el Ministro a.i. del mismo ministerio, la Gerente del Instituto Costarricense de Turismo y Marco Durante Calvo, en su condición de apoderado general judicial de la Municipalidad de Golfito. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el doce de abril de dos mil, la accionante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del Plan Regulador Sector Costero Turístico Playa Platanares, adoptado mediante acuerdo del Consejo Municipal de Golfito en sesión ordinaria del trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve, alegando que su regulación se extiende sobre los mismos inmuebles que conforman el Refugio Nacional de Vida Silvestre Preciosa-Platanares, las propiedades de la familia Nombre116584, y de las sociedades anónimas "Playa Luz de Luna, Sociedad Anónima", "Playa Arrecife del Pelícano, Sociedad Anónima", "Los Delfines de Playa Platanares, Sociedad Anónima", "El Trópico de Gerbuck, Sociedad Anónima" y "Laguna Luna, Sociedad Anónima". Indica que a través de ese Plan Regulador se aprobaron dos zonas específicas de aprovechamiento sobre dicho Refugio, la de las cooperativas, en las que se permite la construcción de edificios para facilitar el hospedaje y recreación de los asociados de las organizaciones gremiales sin fines de lucro, y la de facilidades turísticas, que constituye un área destinada al comercio de bienes y servicios del consumo local y turístico, la provisión de servicios al visitante, de modo que se autoriza la construcción de sodas y restaurantes, minisupermercados, farmacias, teléfonos públicos, información, panaderías, pulperías y heladerías, alquileres de automóviles y agencias de viajes. En virtud de lo anterior, estima que la aprobación de este Plan Regulador desafecta una zona protectora de vida silvestre y favorece el otorgamiento de concesiones sobre una zona que constituye un núcleo importante para la conservación de la vida silvestre y los recursos naturales típicos de un ecosistema muy particular, y que forma un corredor biológico entre el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Golfo Dulce. A través de los refugios de vida silvestre se pretende garantizar la perpetuidad de las especies, sus poblaciones y hábitat, y dar oportunidad para realizar actividades de tipo científico, educativo y recreativo, cuando no pongan en peligro los objetivos de cada refugio. En este sentido, sostiene que en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, debe entenderse que para reducir un área de vida silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, sólo podrá hacerse mediante Ley de la República, después de realizarse los estudios técnicos que justifiquen la medida; situación que no presenta el Plan Regulador que se cuestiona. Considera que la Municipalidad de Golfito desconoce el artículo 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, según la cual esta normativa no es aplicable a las zonas marítimas terrestres incluidas en parques nacionales y reservas equivalentes, las cuáles se regirán por la legislación respectiva, quedando bajo la administración del Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Vida Silvestre. Por último, alega que en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, se deriva una obligación constitucional para con el Estado de procurar la tutela de los recursos naturales en procura de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y que es un hecho incuestionable que las únicas áreas de nuestro país que mantienen las características originarias de los ecosistemas que las componen son las que se encuentran resguardadas bajo el sistema de áreas protegidas. De suerte que cuando un bien es integrado al régimen de dominio público, como lo es el caso de las áreas de vida silvestre, cambia su naturaleza jurídica, pasando a un régimen público de propiedad. 2.- Mediante memorial presentado a la Secretaría de la Sala el seis de abril de dos mil uno (folios 87 a 94), la accionante refuta por considerarlo omiso e incompleto, el estudio geo-topográfico del Instituto Geográfico Nacional (visible a folios 79 a 82), con sustento en un estudio elaborado por el ingeniero topógrafo Marco Antonio Barquero Morales, en relación con los proyectos en conflicto, sea el Refugio de Vida Nombre116585 Categoría Mixta y el Plan Regulador del Sector Costero Turístico Playa Platanares. Concluye que efectivamente existe traslape entre ambos proyectos, no en su totalidad, sino únicamente en los terrenos incorporados al Refugio en el Considerando 2° del Decreto Ejecutivo número 26.825-MINAE, por cuanto, por error material en la publicación de La Gaceta del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, de creación del Refugio de Vida Silvestre, en dicho considerando segundo se indican claramente las propiedades de las sociedades Playa Luz de Luna, Sociedad Anónima, Playa Arrecife del Pelícano, Sociedad Anónima, Los Delfines de Playa Platanares, El Trópico de Gerbuck Sociedad Anónima y Laguna Luna Sociedad Anónima, con sus respectivos planos catastrados. No obstante, éstas no fueron incluidas en la descripción por coordenadas que hace dicho Decreto en el artículo 1°, de donde -aparentemente- estas propiedades no se encuentran cubiertas por los límites del Refugio de Vida Silvestre, a pesar de que existe un addendum donde se especifica que dichas propiedades se encuentran incorporadas al Refugio. Asimismo, señala que existe error en la publicación del Plan Regulador en La Gaceta del quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve, pues las coordenadas indicadas no son las mismas que tuvo en cuenta la empresa DEPPAT Sociedad Anónima en su informe, el cual sirvió de base para la creación del Refugio, con lo cual se ubica el Plan en otro sector de la playa, de donde el plano de usos y vialidad determina que la zona afectada por el Plan Regulador es la zona marítimo terrestre ubicada entre los mojones del Instituto Geográfico Nacional del número 32 entre los números 77-200, motivo por el cual la descripción del inicio de los límites del Refugio de Vida Silvestre no concuerda con la descripción del final de dicho límite, debiendo ser este el mismo punto. En virtud de lo anterior, modifica su petición original en el sentido de que se declare parcialmente inconstitucional el Plan Regulador impugnado, únicamente donde existe el traslape de los proyectos, sea en el área de las propiedades de las sociedades mencionadas, entre el mojón 177 y el 183, y que el resto del Plan, fuera del área del conflicto o traslape, sea nuevamente aplicado y surta efectos en el área. 3.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, invoca el artículo 50 de la Constitución Política, según el cual el derecho ambiental es considerado como un derecho de naturaleza erga omnes, exigible libremente por cualquiera, siendo considerado como uno de los casos de intereses difusos por la Sala, existiendo además legitimación genérica para denunciar tanto las infracciones a la conservación del ambiente, como el derecho a reclamar cualquier tipo de daño causado. Asimismo, fundamenta su legitimación en lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la Biodiversidad, en tanto dice textualmente: "Toda persona estará legitimada para accionar en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad." 4.- Por resolución de las quince horas cincuenta minutos del cuatro de mayo de dos mil (visible a folio 21), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Ambiente y Energía y a la Municipalidad de Golfito. Mediante resolución de las once horas quince minutos del dieciocho de abril del dos mil uno (folio 97), se confirió audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministerio del Ambiente y Energía y al Instituto Costarricense de Turismo, concretamente en relación a un estudio geo-topográfico realizado por el Instituto Geológico Nacional de las zonas que comprende el Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Playa Platanares y el Refugio Nacional de Vida Nombre116585, creado mediante decreto ejecutivo número 26.825-MINAE, y el estudio geo-topográfico que aporta la accionante, folios 87 a 95. 5.- La Procuraduría General de la República rinde sus informes mediante escritos agregados a folios 36 a 60, y 105 a 112, respectivamente. Estima que la accionante se encuentra debidamente legitimada para promover esta acción, al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por tratarse de la defensa de un interés difuso, al pretenderse la defensa y tutela del medio ambiente. En cuanto al fondo del asunto, señala que los artículos 50 y 89 de la Constitución Política imponen al Estado como fin, la tutela y protección del medio ambiente y bellezas naturales, para lo cual el ordenamiento dota de instrumentos jurídicos, tales como la creación y administración de áreas silvestres protegidas, entre las que está el refugio nacional de vida silvestre, por parte del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente y Energía, las cuáles quedan bajo la administración de la Dirección General de Vida Silvestre. Señala que en sentencia número 2988-99, la Sala Constitucional analizó en detalle la naturaleza jurídica y finalidad que cumplen como instrumento jurídico de los refugios de vida silvestre, en atención a la tutela del medio ambiente. La conformación de áreas protegidas, cualquiera que sea su categorías de manejo (reserva forestal, refugio de vida silvestre privado, mixto o público, parques nacionales, reservas biológicas y zonas protectoras), conlleva a la imposición de un régimen de propiedad pública, bajo la categoría de patrimonio forestal del Estado, que cambia -ipso facto- la naturaleza jurídica de los terrenos incluidos dentro del área, esto es, de un régimen privado a uno público. El artículo 13 de la Ley Forestal, número 7575, define como patrimonio natural del Estado los bosques y terrenos forestales de reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, fincas inscritas a su nombre, y pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás órganos de la Administración Pública, las cuáles son de gran importancia por su valor científico y de preservación ecológica. Se trata de áreas destinadas a la protección, conservación, incremento y manejo de especies de flora y fauna, sobre todo en vías de extinción, y que poseen valor científico, a fin de garantizar la perpetuidad de las especies de vida silvestre, poblaciones, hábitats, y dar oportunidad de tipo científico, educativo y recreativo. Las zonas protectoras juegan un papel preponderante en el equilibrio del medio ambiente y en el equilibrio del ecosistema. Por otro lado, aunque por Ley (de la Zona Marítimo Terrestre), la administración de la zona marítima terrestre corresponde a las municipalidades (artículos 34 y 35), en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 ídem, ello no se aplica a la zona marítimo terrestre comprendida en los parques nacionales y reservas equivalentes, lo que obviamente comprende a los refugios nacionales de vida silvestre. El propósito de la norma es poner bajo la administración del Poder Ejecutivo las áreas silvestres protegidas, según criterios técnicos y científicos definidos por ese órgano. Por ello, el eventual ejercicio de potestades por parte de las municipalidades respectivas que implique un acto de administración sobre estas zonas, constituye una violación a los fines constitucionalmente consagrados, tal y como lo ha considerado con anterioridad el Tribunal Constitucional (sentencia número 1886-95) y los dictámenes de la Procuraduría General de la República números PGR-C-154-95 y PGR-C-147-87. Por ello, considera ilegítimo el ejercicio de competencias sobre zona marítima terrestre incluida en el Refugio Nacional de Vida Nombre116585 Categoría Mixta por parte de la Municipalidad de Golfito, en la forma de acto normativo -como lo es el Plan Regulador impugnado-, por estimar que ese ejercicio, además de ilegal es inconstitucional, en la medida en que atenta contra los fines atinentes a la protección ambiental que la Constitución consagra en los artículos 50 y 89; y por carecer -la municipalidad- de toda competencia sobre esa área, al tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. En cuanto al estudio geo-topográfico del Instituto Geográfico Nacional, considera que es omiso e incompleto, y que por ello debe ser completado con la información contenida en los planos catastrados de los inmuebles determinados en el Considerando 2° del Decreto Ejecutivo número 26.825-MINAE, por el que se creó el Refugio Nacional de Vida Nombre116585 Categoría Mixta, ya que se evidencia la intención del Poder Ejecutivo de incluir esos terrenos en el refugio que se crea, y que por evidente error material no se incluyeron sus coordenadas. 6.- El Ministerio de Ambiente y Energía contesta las audiencias conferidas mediante memoriales visibles a folios 27 a 35 y 108 a 112. Solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del Plan Regulador del Sector Turístico Playa Platanares aprobado por la Municipalidad de Golfito en sesión ordinaria del trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y que se exonere a ese Ministerio de toda responsabilidad, por cuanto los actos impugnados son producto de un acto ilegítimo de la Municipalidad de Golfito, que pretende arrogarse competencias que no le corresponden, al aprobar el Plan Regulador, obviando la declaratoria de Refugio Nacional de Vida Silvestre hecha por ese Ministerio anteriormente, y sin considerar los criterios técnicos y científicos que tuvo esa institución para someter esos terrenos al régimen de Refugio de Vida Silvestre en los sectores comprendidos en Playa Preciosa y Playa Platanares, así como las áreas que comprenden los terrenos estatales comprendidos en la Franja de la Zona Marítimo Terrestre, áreas de manglar y humedales antes citadas. En cuanto a la creación de ese refugio, su trámite inició el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y tres, con una nota de la familia Nombre116584 a la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio, en la que solicita la declaratoria de un Refugio de Vida Silvestre en sus propiedades, para lo cual aportó toda la documentación legal requerida; el Ministerio llevó a cabo las inspecciones técnicas y evaluaciones requeridas. Posteriormente, estando en trámite esta gestión, las empresas Playa Arrecife del Pelícano Sociedad Anónima, Los Delfines de Playa Platanares Sociedad Anónima, El Trópico de Gerbuck Sociedad Anónima y Laguna Luna Sociedad Anónima, mediante un addendum, solicitaron que la declaratoria recayera también sobre sus propiedades. Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, se dictó el Decreto Ejecutivo número 26.825-MINAE, declarándose el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Propiedad Mixta Preciosa-Platanares. Este refugio quedó delimitado territorialmente con las propiedades privadas pertenecientes a la familia que originalmente planteó la solicitud y las propiedades de las empresas que solicitaron la ampliación del refugio sobre sus propiedades; asimismo, se incluyeron en dicho refugio los terrenos estatales comprendidos en la Franja de la Zona Marítimo Terrestre y áreas de manglar y humedales, en virtud de los dispuesto en la Ley Forestal, número 7174 del veintiocho de junio de mil novecientos noventa, que en su artículo 32 establecía que las áreas declaradas inalienables, así como las fincas pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, forman parte del Patrimonio Forestal del Estado (término que ha sido modificado por la actual Ley Forestal y es denominado "Patrimonio Natural del Estado"). La Ley Orgánica del Ambiente, en sus artículos 32, 36 y 37, da al Ministerio de Ambiente y Energía la potestad de declarar áreas silvestres protegidas en Patrimonio del Estado. A partir de la entrada en vigencia de una norma que crea una zona protegida, la misma es de acatamiento obligatoria para toda la Administración, en atención al interés público en juego. Aún cuando la Ley de la Zona Marítimo Terrestre confiere a las municipalidades la administración de esa zona, en caso de que estén incluidas en zonas protegidas (parques nacionales y reservas equivalentes), la administración sobre la misma se traslada a la Dirección General de Vida Silvestre. Aclara que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que para reducir la superficie de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, sólo se podrá hacer vía Ley de la República, previa realización de los estudios técnicos que justifiquen dicha medida. Recalca que un Refugio de Vida Silvestre, como es el caso de Preciosa-Platanares, es un área silvestre protegida, en los términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Insiste en que su creación es necesaria para la conservación de la biodiversidad existente en la zona de Puerto Jiménez, al constituir un núcleo muy importante para el manejo de los recursos naturales típicos de ese tipo de ecosistemas, especialmente para la protección y conservación de especies de vida silvestre, ya que forma un corredor biológico entre el Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce. No le consta que la Municipalidad de Golfito haya iniciado trámites para otorgar concesiones en los terrenos que comprenden el Refugio en cuestión, pero que de haberlas, las mismas estarían viciadas de nulidad por incompetencia. Por último, considera que el estudio geo-topográfico del Instituto Geológico Nacional aportado al expediente es incompleto y omiso, al no ajustarse a la realidad de los límites del refugio decretado, porque efectivamente, por error material el Ministerio no consignó las coordenadas de las fincas y concesiones de las empresas determinadas en el Considerando 2° del Decreto Ejecutivo de creación del Refugio de Vida Nombre116585 Categoría Mixta, inmuebles, que en todo caso, sí quedaron incluidos en ese refugio, al citarse expresamente los números de los planos catastrados, es decir, que se encuentran afectados a partir de la entrada en vigencia del Decreto, y que tienen una categoría de manejo específica, que en modo alguno puede ser modificada por un el Plan Regulador de la Municipalidad de Golfito. Señala que el Ministerio hará las correcciones del Decreto Ejecutivo número 26-825-MINAE. 7.- La Municipalidad de Golfito contestó las audiencias conferidas mediante escritos visibles a folios 72 a 75 y 77 a 82. Solicita que la acción se desestime en todos sus extremos y se mantenga el Plan Regulador del Sector Costero Turístico Playa Platanares, debiendo considerarse reformado por el Decreto Ejecutivo creador del Refugio de Vida Nombre116585 Categoría Mixta, únicamente en lo que se refiere a las propiedades privadas, quedando la zona marítima terrestre en la misma situación de administración de esa Municipalidad, por la ausencia de los requisitos legales, según explicará. En su defecto, solicita que se anule el Plan Regulador, únicamente en lo que se oponga al manejo y fines del refugio, dejándolo vigente en los demás extremos, y ordenándose la administración compartida de la zona marítima terrestre del refugio entre esa corporación y el Ministerio de Ambiente y Energía. Alega que el Plan Regulador impugnado contó con el total beneplácito y autorizaciones de las diversas instancias gubernamentales que intervinieron en la tramitación de su aprobación (Instituto Costarricense de Turismo e Instituto de Vivienda y Urbanismo), las cuáles no manifestaron objeción alguna en su contra. En relación con el territorio privado que es parte del Refugio, alega que no puede aplicársele el Plan Regulador aprobado en lo que se oponga a los fines y regulaciones propias de esa zona de protección ambiental; y que en ese sentido, aclara que no fue su intención causar inconvenientes o daño a los recursos y biodiversidad de la zona, ya que el Decreto que lo creó es de concepción y fecha posterior al inicio de los trámites para la aprobación de ese Plan Regulador. Sin embargo, objeta tajantemente la vigencia del Decreto creador de ese refugio en cuanto se refiere a las tierras de la zona marítima terrestre, por cuanto en virtud de los artículos 82 y 84 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 34 y 35 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, se requiere del consentimiento de la municipalidad respectiva para establecer áreas protegidas en sus propiedades, y nunca se requirió ese consentimiento para la creación del Refugio de Vida Nombre116585 Categoría Mixta, motivo por el cual esa corporación local no tuvo conocimiento de la pretensión de su creación en su tramitación. Por otra parte, alega que la accionante y otros residentes de la zona marítima terrestre ostentan un permiso precario de ocupación, ya que no son concesionarios, motivo por el cual no podían acordar con el Ministerio de Ambiente y Energía la formación del Refugio sobre la zona marítimo terrestre. Sugiere que esa zona debería estar bajo la administración compartida de esa Municipalidad y el Ministerio, dada la categoría mixta del refugio, y las facultades de vigilancia y disposición del gobierno local sobre la zona marítima terrestre. Aporta el estudio que el Instituto Geológico Nacional realizó de las zonas en conflicto (Oficio número 00783, del doce de setiembre del dos mil) -visible a folios 79 a 82, en el cual se afirma en forma categórica, que no existe traslape, motivo por el que no existe conflicto territorial o competencial entre el Plan Regulador impugnado y el Refugio de Vida Nombre116585 Categoría Mixta. Por todo lo anterior, solicita se acoja ese estudio como base para declarar sin lugar la acción en todos sus extremos. 8.- La Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, mediante escritos de folios 66 a 68 y 113 a 114, señala que tuvo participación en la elaboración del Plan Regulador, pero advierte que revisada la publicación de la creación del Refugio de Vida Nombre116585 Categoría Mixta, que incluye las respectivas coordenadas, así como las coordenadas consignadas en la publicación del Plan Regulador, se puede determinar que el refugio no incluye el área de la planificación de referencia. Considera que el Plan Regulador cuestionado no se aprobó en violación del numeral 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, porque no se encuentra dentro del área declarada dentro del refugio. No es posible un traslape en la localización de ambos proyectos, ya que no se puede tener en cuenta la información del addendum señalado por la accionante, ni los planos catastrados indicados en el Considerando 2° del Decreto Ejecutivo de creación del refugio. 9.- Por medio de resolución de Magistrado ponente de las once horas con veintiocho minutos del veintisiete de mayo de dos mil dos (folio 135), esta Sala requirió al Alcalde de Golfito para que en plazo de tres días contado a partir de su notificación, aportara copia de los estudios de impacto ambiental efectuados con ocasión de la aprobación del Plan Regulador impugnado. El Secretario de la Sala, a folio 140, hace constar que al diecinueve de junio de dos mil dos, la prevención antes mencionada no había sido cumplida. 10.- Por escritos presentados a la Secretaría de la Sala el seis de abril del dos mil uno(folios 85 a 86) y el dieciocho de junio del dos mil uno (folios 123 a 125), se apersonan varios empresarios que están gestionando concesiones en la zona marítima terrestre de Playa Platanares (Jeffrey Clare Kantz, cédula de residencia número CED64995, Presidente de la Corporación Las Tortugas de Playa Platanares de la Península de Osa Sociedad Anónima; Thoburn Grant Cleaver, pasaporte estadounidense número CED64996, Presidente -no indica de cuál corporación-; Lauren Marie Cleaver, pasaporte estadounidense número CED64997; Charles Warner Plummer, pasaporte estadounidense número CED64998; Gilberto Cascante Marín, de la Corporación Ke Cuatro Vientos Sociedad Anónima, y Gregory Charles Banks, con identificación número CED64999, de la empresa BC Costa Rica Inversiones de Osa, Sociedad Anónima; y Jimmy Cubillo Mora, cédula CED36242); por estimar que es un "sinsentido y fuera de toda lógica" que se afecten los proyectos que tienen entre manos, ya que han pasado por un proceso engorroso y extenso. Al no existir traslape entre ambas planificaciones, según estudio del Instituto Geológico Nacional mediante oficio número 00783, del doce de setiembre del dos mil, solicitan se declare sin lugar la acción, porque el Plan Regulador impugnado no lesiona disposición constitucional alguna. En caso de existir traslape, solicitan se permita a la Municipalidad y demás instituciones involucradas rectificar los límites del Plan Regulador, restituyéndose al refugio las áreas que por error se le hubieren quitado. 11.- Mediante resolución número 2000-10361, de las catorce horas con cincuenta minutos del treinta de octubre de dos mil dos (folio 154), la Sala rechazó la coadyuvancia solicitada en el escrito mencionado en el párrafo anterior. 12.- La vista prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fue efectuada el catorce de noviembre de dos mil dos, con la presencia de todas las partes apersonadas en este proceso. 13.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 103, 104 y 105 del Boletín Judicial, de los días treinta y treinta y uno de mayo y primero de junio de dos mil. (Folio 61) 14.- Mediante resolución de Magistrado ponente de las diez horas con cuarenta y nueve minutos del veinticinco de noviembre de dos mil dos (folio 167), la Sala requirió al Ministerio de Ambiente y Energía la realización de estudios de campo que permitieran certeramente determinar si en la especie se da la transposición acusada. 15.- El dieciocho de marzo de dos mil tres (folio 179), el representante del Ministerio de Ambiente y Energía, aporta el informe de inspección número ACOSA-RVS-001-03, efectuado por Luis Barquero B., funcionario del Ministerio, en el cual se afirma que se realizó una inspección de campo utilizando equipo de localización satelital (GPS) “Garmin 12”. Señala que debido a factores como nubosidad, cobertura forestal y otros factores externos, los datos obtenidos en dicho estudio pueden variar en aproximadamente ciento cincuenta metros. Se tomaron puntos de GPS entre los mojones 177 a 183, que cubren una distancia de cerca de doscientos cincuenta metros lineales. Luego de efectuada la conversión de coordenadas geográficas a coordenadas Lambert, se observa que existe un traslape entre el Refugio y el área comprendida por el Plan Regulador, de cerca de doscientos metros de frente por ciento cincuenta de ancho, donde se ubica el hotel Playa Preciosa Lodge. Recomienda solicitar la realización de un levantamiento de campo por parte de un topógrafo utilizando “Teolito” (sic), con el objeto de disminuir el margen de error presentado. 16.- En los procedimientos seguidos han sido observadas las prescripciones de Ley. Redacta el magistrado Vargas Benavides; y, Considerando: I.- Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos de excepción previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, que por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; que se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o que sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. A partir de lo antes dicho, se tiene que la regla general apunta a la necesidad de contar con un asunto previo, siendo excepcionales las posibilidades de acudir a la Sala Constitucional en forma directa. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. Dispone el texto en cuestión que procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa", es decir, cuando por esa misma naturaleza, la lesión sea colectiva (antónimo de individual) e indirecta. Sería el caso de actos que lesionen los intereses de determinados grupos o corporaciones en cuanto tales, y no propiamente de sus miembros en forma directa. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter" En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa. II.- La legitimación de la accionante en este caso. A partir de lo dicho en el párrafo anterior, es claro que la acción interpuesta por Nombre37248 tiene legitimación suficiente para proceder en forma directa a su interposición, teniendo en cuenta que acude en defensa de los derechos reconocidos en los artículos 21 y 50 y 89 de la Constitución Política, es decir, de derechos atinentes a toda la colectividad nacional, como es la defensa del medio ambiente, elementos necesarios para garantizar la misma preservación de nuestra existencia en el planeta y el disfrute de un adecuado nivel de salud y bienestar. El ambiente, por tanto, goza de la misma protección privilegiada mediante la posibilidad de que cualquier persona, basada en la autorización que al respecto confiere el artículo 75 párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, acuse la inconstitucionalidad de las normas que a la integridad y pleno disfrute de aquel se opongan. III.- Otros aspectos de admisibilidad. Estando claro que la actora cuenta con legitimación suficiente para promover esta demanda, resta determinar si el acto impugnado está entre los previstos en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En ese sentido, es claro que se trata de un acto normativo (Reglamento de uso de suelo parte de un Plan Regulador), impugnable en esta vía de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del citado artículo 73. Por otra parte, la actora presentó su escrito de interposición cumpliendo con los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo de la misma. IV.- Objeto de la acción. En la acción se impugna por inconstitucional el Plan Regulador Sector Costero Turístico Playa Platanares, adoptado mediante acuerdo del Consejo Municipal de Golfito en sesión ordinaria celebrada el trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 74, de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, por cuanto –a juicio de la actora- su regulación se extiende sobre los mismos inmuebles en que fue constituido anteriormente el Refugio Nacional de Vida Nombre116585 Categoría Mixta. De esta forma, a través de ese Plan Regulador se aprueban dos zonas: la primera, para las cooperativas, autorizándole la construcción de edificios para facilitar el hospedaje y recreación de los asociados de las organizaciones gremiales sin fines de lucro, y la segunda, para facilidades turísticas, en la que establece un área destinada al comercio de bienes y servicios del consumo local y turístico, la provisión de servicios al visitante y autoriza la construcción de sodas y restaurantes, minisupermercados, farmacias, teléfonos públicos, información, panaderías, pulperías y heladerías, alquileres de automóviles y agencias de viajes. Estima la accionante que el Plan Regulador en cuestión desafecta un refugio de vida silvestre que constituye un corredor biológico entre el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Golfo Dulce, con infracción de las normas contenidas en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, 82 de la Ley de Vida Silvestre y 73 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, así los numerales 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Así las cosas, deberá esta Sala determinar si en el área comprendida entre los mojones 177 y 183 de la zona en cuestión, se dio el referido traslape, y de haberlo, si el mismo viola alguna de las normas constitucionales invocadas. Sobre el fondo. V.- Las zonas protegidas como bienes de dominio público. La Constitución Política, en su artículo 121 inciso 14), regula en forma genérica el tema de los bienes de dominio público, al disponer que los bienes “propios de la Nación”, solo podrán salir definitivamente de su dominio por medio de autorización de la Asamblea Legislativa. Se trata de bienes que por su naturaleza jurídica y titularidad, en tanto pertenecen a la Nación y están destinados a satisfacer el interés general, gozan de una especial protección jurídica. Por ello, no son susceptibles de ser apropiados por particulares, y ni siquiera por la Administración Pública, para fines distintos de los que se derivan de su propia esencia y naturaleza. Su tutela y administración corresponden al Estado, en nombre de la Nación (cfr. tomo III. de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Sesión número 168, pag. 468). En su jurisprudencia, esta Sala ha sentado los principios básicos del régimen jurídico de los bienes dominiales; en particular, en la sentencia número 2306-91 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, determinó las siguientes reglas, que han seguido siendo aplicadas en forma consistente a partir de dicha resolución: "…El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.- El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa…" Corolario de lo anterior es que solamente por ley se les pueda privar del régimen especial que los regula, desafectándolos, separándolos del fin público al que están vinculados. Se requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del dominio público un bien determinado e individualizado. En razón de lo anterior, la Sala estima que no es posible una desafectación implícita, y por tratarse de un acto legislativo, estará sujeta a los controles jurisdiccionales correspondientes. (Cfr. sentencias números 2000-10466, de las diez horas con diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil y número 2002-8321, de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de abril del dos mil dos) El artículo 14 de la Ley Forestal, número 7575, de trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, da a los terrenos forestales y bosques el carácter de bienes dominiales: “Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” Según la clasificación dada por la normativa ambiental, el patrimonio forestal o natural del Estado está conformado por reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco). En el caso particular del patrimonio forestal, además de que su desafectación, que en este caso se traduce en la reducción del área silvestre protegida, sólo puede ser efectuada por la Asamblea Legislativa, ello solo puede ocurrir después de realizarse los estudios técnicos previos que justifiquen la medida, según dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Así las cosas, es claro que el ordenamiento jurídico costarricense confiere una especial y calificada protección a los bienes afectados al uso o disfrute público, y reviste dicha tutela de mayores cuidados todavía al regular los bienes públicos ambientales. Lo anterior implica que de haber ocurrido la transposición acusada por la actora en el Plan Regulador de la Zona Costera de Playa Platanares y el Refugio Nacional de Vida Nombre116585 Categoría Mixta, el Plan Regulador sería contrario (al menos en lo que atañe a la regulación de la parte del Refugio) a la norma proveniente de los artículos 121 inciso 14 y 89 de la Constitución Política, pues un acto reglamentario estaría desafectando parte de un bien dominial. VI.- El derecho constitucional al medio ambiente. Ha sido ampliamente reconocido por este Tribunal Constitucional el deber de protección que merece el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y armonioso, consagrado en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política: “ARTICULO 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” De esta manera, resulta de interés retomar algunas consideraciones respecto a este punto, emitidas en anteriores ocasiones por este Tribunal Constitucional: “III.– Sobre el derecho. El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho a un ambiente sano tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita. De ahí que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos. El ambiente es definido por la Real Academia Española de la Lengua como el ‘conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos’, lo que recalca aún más el carácter general del derecho. En cambio el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido a una parte importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación de los recursos naturales. Ambos derechos se encuentran reconocidos expresamente en el artículo 50 de la Constitución Política, que perfila el Estado Social de Derecho. La ubicación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de las regulaciones constitucionales del Estado Social de Derecho es el punto a partir del cual debe éste ser analizado. El Estado Social de Derecho produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de una serie de objetivos políticos de gran relevancia social y de la introducción de un importante número de derechos sociales que aseguran el bien común y la satisfacción de las necesidades elementales de las personas. En esta perspectiva, la Constitución Política enfatiza que la protección de los recursos naturales es un medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los poderes públicos sobre los factores que pueden alterar el equilibrio de los recursos naturales y, más ampliamente, obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. De igual forma que el principio del Estado Social de Derecho es de aplicación inmediata, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado también lo es, de manera que se manifiesta en la doble vertiente de derecho subjetivo de las personas y configuración como meta o fin de la acción de los poderes públicos en general. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales.” (Sentencia número 00644–99 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve; en el mismo sentido se puede consultar la número 4947-2002 de las nueve horas con veinticuatro minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dos) Asimismo, en una sentencia de fecha reciente se acrecentó lo siguiente: "Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación" (Sentencia número sentencia número 2002-04830 de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil, criterio reiterado en la sentencia 2002-8996 de las diez horas con catorce minutos del seis de setiembre de dos mil dos) En consonancia con su jurisprudencia, esta Sala debe concluir que de haber ocurrido el traslape impugnado, dicha invasión de un refugio de vida silvestre sería inconstitucional también por poner en inminente riesgo de deterioro el medio ambiente, en una zona de gran importancia ambiental, transgrediendo las normas contenidas en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, pues lejos de tutelar, la Administración estaría poniendo en peligro la integridad de dicha zona, al permitir su explotación comercial. VII.- Caso objeto de esta acción. Alcances del principio precautorio. A lo largo de este proceso, esta Sala ha efectuado diversas gestiones con la finalidad de determinar con precisión si en la especie ha ocurrido la acusada transposición entre el área comprendida por el Plan Regulador de la Zona Costera de Playa Platanares y el Refugio Nacional de Vida Nombre116585 Categoría Mixta. En vista de la divergencia existente entre el criterio del Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Turismo, mediante resolución de Magistrado ponente de las diez horas con cuarenta y nueve minutos del veinticinco de noviembre de dos mil dos, se solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía la realización de estudios de campo que permitieran certeramente determinar si en la especie se da la transposición acusada. Mediante el informe de inspección número ACOSA-RVS-001-03, efectuado por Luis Barquero B., funcionario del Ministerio, el Ministerio señala que se realizó una inspección de campo utilizando equipo de localización satelital (GPS) “Garmin 12”. Indica que debido a factores como nubosidad, cobertura forestal y otros factores externos, los datos obtenidos en dicho estudio pueden variar en aproximadamente ciento cincuenta metros. Se tomaron puntos de GPS entre los mojones 177 a 183, que cubren una distancia de cerca de doscientos cincuenta metros lineales. Luego de efectuada la conversión de coordenadas geográficas a coordenadas Lambert, se observa que existe un traslape entre el Refugio y el área comprendida por el Plan Regulador, de cerca de doscientos metros de frente por ciento cincuenta de ancho, donde se ubica el hotel Playa Preciosa Lodge. Recomienda solicitar la realización de un levantamiento de campo por parte de un topógrafo utilizando teodolito, con el objeto de disminuir el margen de error presentado. Como se puede apreciar, no existe certeza acerca de si efectivamente la transposición se da, ya que el método de medición empleado tiene un margen de error eventualmente mayor que el área supuestamente invadida. Ante tal incerteza, debe la Sala analizar si en el presente caso la aplicación del principio precautorio permitiría declarar con lugar la presente acción aun en las circunstancias ya indicadas. Así, debe empezar por decirse que el principio precautorio o principio de evitación prudente, fue definido en la Declaración de Río, producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1.993, en los términos siguientes: "Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (En sentido análogo dispone el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad) Prevenir es anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. En caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una razonable posibilidad de que se produzca-, se debe actuar en forma célere para así evitar que el daño se produzca o se siga produciendo. En este sentido se pronunció la Sala ante un asunto de no menor gravedad que la estudiada en este caso, determinando en la sentencia número 02806-98, de las catorce horas con treinta minutos del veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, lo siguiente: “...En el caso que nos ocupa, la Sala no podría más que acoger la gestión de los accionantes (quienes entienden la evitación prudente como un impedimento absoluto de edificar obras como la proyectada en su comunidad) si estuviese claro que la salud de las personas y la integridad del ambiente se encuentran sometidas a una amenaza real e inminente (nótese que en modo alguno se llega al extremo de exigir la demostración de daño efectivo) de los efectos del campo magnético que generarán las líneas de transmisión que pretende erigir el Instituto Costarricense de Electricidad. Pero lo cierto es que a la luz de los elementos de juicio recabados hasta aquí, no se percibe la existencia de un peligro tal, por lo que la aplicación de la evitación prudente tendrá que discurrir necesariamente por un cauce distinto al que quisieran los gestionantes, como se dirá más abajo. Y en esto no se ve contradicción alguna con los enunciados de la citada Declaración de Río, porque lo que aquí se resuelve no tiene el propósito de eludir los costos que derivarían de acoger la acción planteada (aspecto por demás irrelevante para la Sala en lo que toca al respeto de los derechos humanos, como se ha reiterado en diversos fallos; consúltese, por ejemplo, la sentencia nº 2728-91 de las 8:54 horas del 24 de diciembre de 1991), sino que parte de la postura de que no hay evidencia de que estemos en presencia del "peligro de daño grave o irreversible" a que se refiere aquel pronunciamiento.” Es claro que el principio precautorio obliga al Estado a adoptar todas aquellas medidas necesarias para no sólo sancionar la lesión de los bienes ambientales, mas también para evitar que tales daños se produzcan. Sin embargo, al imponer una determinada limitación, no puede esta Sala basarse en datos inciertos como los constantes en el expediente, los cuales a través de la realización de las pesquisas correspondientes, podrían fácilmente demostrar que en la especie no existe el traslape acusado. Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente. En el presente caso, es claro que nos encontramos ante el primero de los supuestos, es decir, no existe certeza acerca de la existencia de la transposición entre el Plan Regulador y el Refugio de Vida Silvestre. Contrario sería el caso en que se tuviera certeza del hecho, pero duda acerca de su peligrosidad para el ambiente. Así las cosas, debe la Sala declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad, en vista de que no se comprueba que haya lesión efectiva ni riesgo inminente de violación, de las normas contenidas en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Debe sin embargo, ordenarse al Ministerio de Ambiente y Energía la inmediata realización de la prueba de campo que le permita determinar con toda certeza si el traslape acusado efectivamente se da, para entonces tomar de inmediato todas las medidas que el ordenamiento le permite a efecto de recuperar la franja que se alega invadida. VIII.- Conclusión. A partir de los argumentos contenidos en los párrafos que anteceden, esta Sala ha llegado a la conclusión de que el Plan Regulador Sector Costero Turístico Playa Platanares, adoptado mediante acuerdo del Consejo Municipal de Golfito en sesión ordinaria celebrada el trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 74, de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, no es inconstitucional por las razones invocadas por la actora, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que procede es declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad en todos sus extremos. Esta resolución es dictada sin perjuicio de las conclusiones a las que puedan llegar las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante la realización de estudios topográficos empleando teodolito o cualquier otro método idóneo, si determinan con certeza o con suficiente grado de probabilidad, que la transposición entre el Plan Regulador de la Zona Costera de Playa Platanares y el Refugio Nacional de Vida Nombre116585 Categoría Mixta, efectivamente se da en el presente caso. Para ello, se ordena al Ministro de Ambiente y Energía a efectuar, en el plazo máximo de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia, los estudios topográficos requeridos para determinar con certeza si el traslape acusado efectivamente ocurre en este caso. De haber ocurrido una invasión del área protegida, deberá emplear todos los medios que el ordenamiento le permite, para recuperar dichos terrenos en forma pronta y efectiva. Por tanto: Se declara SIN LUGAR la acción. Proceda de inmediato el Ministerio de Ambiente y Energía a ordenar la realización de los estudios topográficos requeridos para determinar con certeza si el traslape acusado efectivamente ocurre en este caso, los cuales deberán estar completos en el plazo máximo de tres meses a partir de la notificación de esta resolución. De haber ocurrido una invasión del área protegida, deberá emplear todos los medios que el ordenamiento le permite, para recuperar dichos terrenos en forma pronta y efectiva.- <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> Nombre74464. Presidente <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R. <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. MACP/oc/5céd.- . Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:45:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Resulting:** 1.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber on April 12, 2000, the petitioner requests a declaration of unconstitutionality of the Regulatory Plan for the Playa Platanares Coastal Tourism Sector, adopted by agreement of the Municipal Council of Golfito in an ordinary session held on March 13, 1999, alleging that its regulation extends over the same properties that make up the Preciosa-Platanares National Wildlife Refuge, the properties of the Nombre116584 family, and the corporations "Playa Luz de Luna, Sociedad Anónima", "Playa Arrecife del Pelícano, Sociedad Anónima", "Los Delfines de Playa Platanares, Sociedad Anónima", "El Trópico de Gerbuck, Sociedad Anónima" and "Laguna Luna, Sociedad Anónima". She indicates that through this Regulatory Plan, two specific use zones were approved within said Refuge: that of the cooperatives, where the construction of buildings is permitted to facilitate lodging and recreation for members of non-profit trade organizations, and that of tourist facilities, which constitutes an area intended for the commerce of local and tourist goods and services, the provision of visitor services, such that the construction of soda fountains and restaurants, mini-supermarkets, pharmacies, public telephones, information centers, bakeries, small grocery stores (pulperías) and ice cream parlors, car rental agencies, and travel agencies is authorized. By virtue of the foregoing, she considers that the approval of this Regulatory Plan releases (desafecta) a wildlife protection zone and favors the granting of concessions over an area that constitutes an important core for the conservation of wildlife and natural resources typical of a very particular ecosystem, and which forms a biological corridor between Corcovado National Park and the Golfo Dulce Reserve. Through wildlife refuges, the aim is to guarantee the perpetuity of species, their populations, and habitats, and to provide an opportunity for scientific, educational, and recreational activities, provided they do not endanger the objectives of each refuge. In this regard, she maintains that by virtue of the provisions of Article 38 of the Organic Law of the Environment, it must be understood that to reduce a protected wildlife area, whatever its management category, it may only be done by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify the measure; a situation not presented by the Regulatory Plan being challenged. She considers that the Municipality of Golfito disregards Article 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law, according to which this regulation is not applicable to maritime terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation, remaining under the administration of the Executive Branch, through the Dirección General de Vida Silvestre. Finally, she alleges that by virtue of the provisions of Article 50 of the Political Constitution, a constitutional obligation is derived for the State to seek the protection of natural resources in pursuit of a healthy and ecologically balanced environment, and that it is an unquestionable fact that the only areas of our country that maintain the original characteristics of their component ecosystems are those safeguarded under the protected areas system. So that when an asset is integrated into the public domain regime, as is the case with wildlife areas, its legal nature changes, transitioning to a public property regime. 2.- By memorial filed with the Secretariat of the Chamber on April 6, 2001 (folios 87 to 94), the petitioner refutes, considering it omitted and incomplete, the geo-topographic study of the Instituto Geográfico Nacional (visible on folios 79 to 82), based on a study prepared by topographical engineer Marco Antonio Barquero Morales, regarding the projects in conflict, namely the Nombre116585 Mixed Category Wildlife Refuge and the Regulatory Plan for the Playa Platanares Coastal Tourism Sector. He concludes that there is indeed an overlap between both projects, not in their entirety, but only in the lands incorporated into the Refuge in Considering Clause 2° of Executive Decree number 26.825-MINAE, because, due to a material error in the publication in La Gaceta of April 20, 1998, creating the Wildlife Refuge, said second considering clause clearly indicates the properties of the corporations Playa Luz de Luna, Sociedad Anónima, Playa Arrecife del Pelícano, Sociedad Anónima, Los Delfines de Playa Platanares, El Trópico de Gerbuck Sociedad Anónima and Laguna Luna Sociedad Anónima, with their respective cadastral plans. However, these were not included in the description by coordinates made by said Decree in Article 1°, wherefrom -apparently- these properties are not covered by the boundaries of the Wildlife Refuge, despite there being an addendum specifying that said properties are incorporated into the Refuge. Likewise, he points out that there is an error in the publication of the Regulatory Plan in La Gaceta of March 15, 1999, because the coordinates indicated are not the same ones that the company DEPPAT Sociedad Anónima considered in its report, which served as the basis for the creation of the Refuge, thereby locating the Plan in another sector of the beach, from which the land use and road plan determines that the area affected by the Regulatory Plan is the maritime terrestrial zone located between the Instituto Geográfico Nacional landmarks from number 32 between numbers 77-200, which is why the description of the beginning of the boundaries of the Wildlife Refuge does not match the description of the end of said boundary, this needing to be the same point. By virtue of the foregoing, he amends his original petition to the effect that the contested Regulatory Plan be declared partially unconstitutional, only where the overlap of the projects exists, namely in the area of the properties of the mentioned corporations, between landmark 177 and 183, and that the rest of the Plan, outside the area of conflict or overlap, be newly applied and effective in that area. 3.- In order to substantiate the standing she holds to bring this unconstitutionality action, she invokes Article 50 of the Political Constitution, according to which environmental law is considered a right of an erga omnes nature, freely demandable by anyone, being considered one of the cases of diffuse interests by the Chamber, there also existing generic standing to denounce both infractions to environmental conservation and the right to claim any type of damage caused. Likewise, she bases her standing on the provisions of Article 105 of the Biodiversity Law, insofar as it literally states: "Every person shall have standing to bring action in administrative or jurisdictional venues, in defense and protection of biodiversity." 4.- By resolution at fifteen hours fifty minutes on May 4, 2000 (visible on folio 21), the action was given course, granting a hearing to the Procuraduría General de la República, the Ministry of Environment and Energy, and the Municipality of Golfito. By resolution at eleven hours fifteen minutes on April 18, 2001 (folio 97), a hearing was granted to the Procuraduría General de la República, the Ministry of Environment and Energy, and the Instituto Costarricense de Turismo, specifically in relation to a geo-topographic study conducted by the Instituto Geológico Nacional of the areas comprising the Regulatory Plan for the Playa Platanares Coastal Tourism Sector and the Nombre116585 National Wildlife Refuge, created by Executive Decree number 26,825-MINAE, and the geo-topographic study provided by the petitioner, folios 87 to 95. 5.- The Procuraduría General de la República submits its reports through briefs attached to folios 36 to 60, and 105 to 112, respectively. It considers that the petitioner is duly legitimized to bring this action, in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as it involves the defense of a diffuse interest, seeking the defense and protection of the environment. As for the merits of the matter, it points out that Articles 50 and 89 of the Political Constitution impose upon the State, as an end, the protection and conservation of the environment and natural beauty, for which the legal system provides legal instruments, such as the creation and administration of protected wilderness areas, including the national wildlife refuge, by the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, which fall under the administration of the Dirección General de Vida Silvestre. It points out that in ruling number 2988-99, the Constitutional Chamber analyzed in detail the legal nature and purpose served by wildlife refuges as a legal instrument, in attention to environmental protection. The formation of protected areas, whatever their management categories (forest reserve, private, mixed or public wildlife refuge, national parks, biological reserves, and protective zones), entails the imposition of a public property regime, under the category of State forest heritage (patrimonio forestal del Estado), which changes -ipso facto- the legal nature of the lands included within the area, that is, from a private to a public regime. Article 13 of the Forestry Law, number 7575, defines as State natural heritage the forests and forest lands of national reserves, areas declared inalienable, farms registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other organs of the Public Administration, which are of great importance for their scientific value and ecological preservation. These are areas intended for the protection, conservation, increase, and management of flora and fauna species, especially those endangered, and possessing scientific value, in order to guarantee the perpetuity of wildlife species, populations, habitats, and to provide scientific, educational, and recreational opportunities. Protective zones play a predominant role in environmental balance and ecosystem equilibrium. On the other hand, although by Law (the Maritime Terrestrial Zone Law), the administration of the maritime terrestrial zone corresponds to the municipalities (Articles 34 and 35), by virtue of the provisions of Article 73 ibid, it does not apply to the maritime terrestrial zone included in national parks and equivalent reserves, which obviously includes national wildlife refuges. The purpose of the norm is to place protected wilderness areas under the administration of the Executive Branch, according to technical and scientific criteria defined by that body. Therefore, the potential exercise of powers by the respective municipalities that implies an act of administration over these zones constitutes a violation of the constitutionally enshrined purposes, as previously considered by the Constitutional Court (ruling number 1886-95) and the opinions of the Procuraduría General de la República numbers PGR-C-154-95 and PGR-C-147-87. For this reason, it considers the exercise of competencies over the maritime terrestrial zone included in the Nombre116585 Mixed Category National Wildlife Refuge by the Municipality of Golfito, in the form of a normative act -as is the contested Regulatory Plan-, to be illegitimate, deeming that this exercise, besides being illegal, is unconstitutional, insofar as it undermines the purposes pertaining to environmental protection that the Constitution enshrines in Articles 50 and 89; and because the municipality lacks any competence over that area, in accordance with the provisions of Article 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law. Regarding the geo-topographic study of the Instituto Geográfico Nacional, it considers it to be omitted and incomplete, and that therefore it must be completed with the information contained in the cadastral plans of the properties identified in Considering Clause 2° of Executive Decree number 26.825-MINAE, by which the Nombre116585 Mixed Category National Wildlife Refuge was created, since the intent of the Executive Branch to include those lands in the created refuge is evident, and due to an obvious material error, their coordinates were not included. 6.- The Ministry of Environment and Energy responds to the hearings granted through memorials visible on folios 27 to 35 and 108 to 112. It requests the declaration of unconstitutionality of the Regulatory Plan for the Playa Platanares Tourism Sector approved by the Municipality of Golfito in an ordinary session on March 13, 1999, and that said Ministry be exonerated from all responsibility, because the contested acts are the product of an illegitimate act by the Municipality of Golfito, which seeks to arrogate competencies that do not correspond to it, by approving the Regulatory Plan, ignoring the previous declaration of the National Wildlife Refuge made by said Ministry, and without considering the technical and scientific criteria that institution had to subject those lands to the Wildlife Refuge regime in the sectors comprising Playa Preciosa and Playa Platanares, as well as the areas comprising the state lands within the Maritime Terrestrial Zone Strip, mangrove areas, and wetlands previously cited. As for the creation of that refuge, its procedure began on August 18, 1993, with a note from the Nombre116584 family to the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry, in which they requested the declaration of a Wildlife Refuge on their properties, for which they provided all required legal documentation; the Ministry carried out the required technical inspections and evaluations. Subsequently, while this procedure was underway, the companies Playa Arrecife del Pelícano Sociedad Anónima, Los Delfines de Playa Platanares Sociedad Anónima, El Trópico de Gerbuck Sociedad Anónima and Laguna Luna Sociedad Anónima, by means of an addendum, requested that the declaration also apply to their properties. Once compliance with all requirements was verified, Executive Decree number 26.825-MINAE was issued, declaring the Preciosa-Platanares Mixed Property National Wildlife Refuge. This refuge was territorially delimited with the private properties belonging to the family that originally raised the request and the properties of the companies that requested the extension of the refuge over their properties; likewise, the state lands within the Maritime Terrestrial Zone Strip and mangrove and wetland areas were included in said refuge, by virtue of the provisions of Forestry Law number 7174 of June 28, 1990, which in its Article 32 established that areas declared inalienable, as well as farms belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, form part of the State’s Forest Heritage (a term that has been modified by the current Forestry Law and is called "State Natural Heritage"). The Organic Law of the Environment, in its Articles 32, 36 and 37, grants the Ministry of Environment and Energy the power to declare protected wilderness areas on State Heritage. From the entry into force of a norm that creates a protected zone, it is mandatory for the entire Administration, in consideration of the public interest at stake. Even though the Maritime Terrestrial Zone Law grants municipalities the administration of that zone, in the event they are included in protected zones (national parks and equivalent reserves), the administration over the same is transferred to the Dirección General de Vida Silvestre. It clarifies that Article 38 of the Organic Law of the Environment establishes that to reduce the area of a protected wilderness area, whatever its management category, it may only be done by way of a Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify said measure. It emphasizes that a Wildlife Refuge, as is the case of Preciosa-Platanares, is a protected wilderness area, in the terms of Article 32 of the Organic Law of the Environment. It insists that its creation is necessary for the conservation of the existing biodiversity in the Puerto Jiménez area, as it constitutes a very important core for the management of the natural resources typical of that type of ecosystem, especially for the protection and conservation of wildlife species, since it forms a biological corridor between Corcovado National Park and the Golfo Dulce Forest Reserve. It is not attested to it that the Municipality of Golfito has initiated procedures to grant concessions on the lands comprising the Refuge in question, but if there are any, they would be vitiated by nullity for lack of competence. Finally, it considers the geo-topographic study of the Instituto Geológico Nacional provided to the file to be incomplete and omitted, as it does not conform to the reality of the boundaries of the decreed refuge, because indeed, due to a material error, the Ministry did not record the coordinates of the farms and concessions of the companies identified in Considering Clause 2° of the Executive Decree creating the Nombre116585 Mixed Category Wildlife Refuge, properties which, in any case, were included in that refuge, as the numbers of the cadastral plans are expressly cited, meaning they are affected from the entry into force of the Decree, and that they have a specific management category, which in no way can be modified by a Regulatory Plan of the Municipality of Golfito. It indicates that the Ministry will make the corrections to Executive Decree number 26-825-MINAE. 7.- The Municipality of Golfito responded to the hearings granted through briefs visible on folios 72 to 75 and 77 to 82. It requests that the action be dismissed in all its aspects and that the Regulatory Plan for the Playa Platanares Coastal Tourism Sector be maintained, it needing to be considered reformed by the Executive Decree creating the Nombre116585 Mixed Category Wildlife Refuge, only as it refers to private properties, the maritime terrestrial zone remaining in the same situation of administration by that Municipality, due to the absence of legal requirements, as will be explained. In the alternative, it requests that the Regulatory Plan be annulled, only insofar as it opposes the management and purposes of the refuge, leaving it in force in its other aspects, and ordering the shared administration of the maritime terrestrial zone of the refuge between that corporation and the Ministry of Environment and Energy. It alleges that the contested Regulatory Plan had the full approval and authorizations of the various governmental instances that intervened in the procedure for its approval (Instituto Costarricense de Turismo and Instituto de Vivienda y Urbanismo), which did not express any objection against it. In relation to the private territory that is part of the Refuge, it alleges that the approved Regulatory Plan cannot be applied to it insofar as it opposes the purposes and regulations specific to that environmental protection zone; and in that sense, it clarifies that it was not its intention to cause inconvenience or damage to the resources and biodiversity of the zone, given that the Decree that created it was conceived and dated after the start of the procedures for the approval of that Regulatory Plan. However, it sharply objects to the validity of the Decree creating that refuge as it refers to the lands of the maritime terrestrial zone, because by virtue of Articles 82 and 84 of the Wildlife Conservation Law, and 34 and 35 of the Maritime Terrestrial Zone Law, the consent of the respective municipality is required to establish protected areas on its properties, and this consent was never requested for the creation of the Nombre116585 Mixed Category Wildlife Refuge, which is why that local corporation had no knowledge of the intent to create it during its procedure. Furthermore, it alleges that the petitioner and other residents of the maritime terrestrial zone hold a precarious occupancy permit, as they are not concessionaires, which is why they could not agree with the Ministry of Environment and Energy on the formation of the Refuge over the maritime terrestrial zone. It suggests that this zone should be under the shared administration of that Municipality and the Ministry, given the mixed category of the refuge, and the local government's oversight and disposition powers over the maritime terrestrial zone. It provides the study that the Instituto Geológico Nacional carried out of the zones in conflict (Official Communication number 00783, of September 12, 2000) -visible on folios 79 to 82, in which it is affirmed categorically that no overlap exists, a reason why no territorial or jurisdictional conflict exists between the contested Regulatory Plan and the Nombre116585 Mixed Category Wildlife Refuge. For all the foregoing, it requests that this study be accepted as a basis to declare the action without merit in all its aspects. 8.- The General Manager of the Instituto Costarricense de Turismo, through briefs on folios 66 to 68 and 113 to 114, indicates that she participated in the preparation of the Regulatory Plan, but warns that a review of the publication of the creation of the Nombre116585 Mixed Category Wildlife Refuge, which includes the respective coordinates, as well as the coordinates recorded in the publication of the Regulatory Plan, it can be determined that the refuge does not include the reference planning area. She considers that the questioned Regulatory Plan was not approved in violation of section 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law, because it is not within the area declared within the refuge. An overlap in the location of both projects is not possible, given that the information from the addendum indicated by the petitioner, nor the cadastral plans indicated in Considering Clause 2° of the Executive Decree creating the refuge, can be taken into account. 9.- By resolution of the Presiding Magistrate at eleven hours and twenty-eight minutes on May 27, 2002 (folio 135), this Chamber requested the Mayor of Golfito to provide, within a period of three days from its notification, a copy of the environmental impact studies carried out on the occasion of the approval of the contested Regulatory Plan. The Secretary of the Chamber, at folio 140, records that as of June 19, 2002, the aforementioned requirement had not been fulfilled. 10.- Through briefs filed with the Secretariat of the Chamber on April 6, 2001 (folios 85 to 86) and June 18, 2001 (folios 123 to 125), several businesspersons who are negotiating concessions in the maritime terrestrial zone of Playa Platanares appear (Jeffrey Clare Kantz, residency ID number CED64995, President of Corporación Las Tortugas de Playa Platanares de la Península de Osa Sociedad Anónima; Thoburn Grant Cleaver, U.S. passport number CED64996, President -does not indicate of which corporation-; Lauren Marie Cleaver, U.S. passport number CED64997; Charles Warner Plummer, U.S. passport number CED64998; Gilberto Cascante Marín, of Corporación Ke Cuatro Vientos Sociedad Anónima, and Gregory Charles Banks, with identification number CED64999, of the company BC Costa Rica Inversiones de Osa, Sociedad Anónima; and Jimmy Cubillo Mora, ID CED36242); considering it "nonsensical and beyond all logic" that the projects they are working on be affected, given that they have gone through a cumbersome and lengthy process. Since there is no overlap between the two plans, according to a study by the Instituto Geológico Nacional via official communication number 00783, of September 12, 2000, they request that the action be declared without merit, because the contested Regulatory Plan does not injure any constitutional provision. If an overlap exists, they request that the Municipality and other involved institutions be allowed to rectify the boundaries of the Regulatory Plan, restoring to the refuge the areas that may have been taken from it in error. 11.- By resolution number 2000-10361, at fourteen hours and fifty minutes on October 30, 2002 (folio 154), the Chamber rejected the joinder requested in the brief mentioned in the previous paragraph. 12.- The hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction was held on November 14, 2002, with the presence of all parties appearing in this proceeding. 13.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 103, 104, and 105 of the Judicial Bulletin, of the thirtieth and thirty-first of May and first of June, 2000. (Folio 61) 14.- By resolution of the Presiding Magistrate at ten hours and forty-nine minutes on November 25, 2002 (folio 167), the Chamber requested the Ministry of Environment and Energy to conduct field studies that would reliably determine if, in the present case, the alleged overlap occurs. 15.- On March 18, 2003 (folio 179), the representative of the Ministry of Environment and Energy provides inspection report number ACOSA-RVS-001-03, carried out by Luis Barquero B., an official of the Ministry, in which it is stated that a field inspection was conducted using satellite location equipment (GPS) "Garmin 12". It indicates that due to factors such as cloud cover, forest cover, and other external factors, the data obtained in said study may vary by approximately one hundred fifty meters. GPS points were taken between landmarks 177 to 183, covering a distance of approximately two hundred fifty linear meters. After converting geographic coordinates to Lambert coordinates, it is observed that there is an overlap between the Refuge and the area covered by the Regulatory Plan, of approximately two hundred meters of frontage by one hundred fifty wide, where the Playa Preciosa Lodge hotel is located. It recommends requesting a field survey by a surveyor using a "Theodolite" (sic), in order to reduce the margin of error presented. 16.- In the proceedings followed, the prescriptions of Law have been observed. Drafted by Magistrate Vargas Benavides; and, Considering: I.- The rules of standing in unconstitutionality actions. Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law regulates the conditions that determine the admissibility of actions of unconstitutionality, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the exceptional cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when by the nature of the norm there is no individual or direct injury; when it is based on the defense of diffuse interests (intereses difusos) or those that concern the community as a whole; or when it is filed by the Attorney General (Procurador General de la República), the Comptroller General (Contralor General de la República), the Prosecutor General (Fiscal General de la República), or the Ombudsman (Defensor de los Habitantes), in these latter cases, within their respective spheres of competence. Based on the foregoing, the general rule points to the necessity of having a prior matter, with the possibilities of directly appearing before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) being exceptional. In accordance with the first of the scenarios provided for by paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, the challenged norm must not be susceptible to concrete application, which would later allow the impugning of the applicative act and its consequent use as a base matter. The text in question provides that it is applicable when "by the nature of the matter, there is no individual or direct injury," that is, when by that same nature, the injury is collective (the antonym of individual) and indirect. This would be the case for acts that injure the interests of certain groups or corporations as such, and not properly those of their members directly. Secondly, the possibility of appearing in defense of "diffuse interests" is provided for; this concept, the content of which has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in judgment number 3750-93 of this court, issued at fifteen hundred hours on July thirtieth, nineteen ninety-three) "… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law - as this Chamber has already stated - merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, determined persons or personalized groups are identified or easily identifiable, whose standing would derive not from diffuse interests, but from corporate interests concerning a community as a whole. It involves, then, individual interests, but simultaneously, diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, receive an actual or potential injury, more or less equal for all, for which reason it is rightly said that they are equal interests of the groups found in certain circumstances and, simultaneously, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, as they are simultaneously collective - because they are common to a generality - and individual, for which reason they can be claimed in such capacity." In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united around a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, clearly, the challenge that a member of one of these sectors could make, protected under paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect him/her as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier "diffuse," such as the environment (medio ambiente), cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public expenditure, among others. In this respect, two clarifications must be made: on one hand, the referred goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, as they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; an environmental damage does not just affect the neighbors of a region or the consumers of a product, but injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the sound management of public funds authorized in the National Budget (Presupuesto de la República) is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just of any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber does not go beyond a simple description proper to its obligation –as a jurisdictional body– to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such may be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable overturning of the scope of the Rule of Law (Estado de Derecho), and of its correlative "State of Rights" (Estado de derechos), which –as in the case of the Costa Rican model– starts from the premise that what must be explicit are the limits to liberties, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law speaks of interests "that concern the community as a whole," it refers to the legal goods explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests with the very holders of sovereignty, with each one of the inhabitants of the Republic. It is not therefore a matter of any person being able to appear before the Constitutional Chamber in protection of any interests (actio popularis), but rather that every individual can act in defense of those goods that affect the entire national community, without it being valid in this field to attempt any kind of exhaustive enumeration. II.- The standing of the plaintiff in this case. Based on what was stated in the preceding paragraph, it is clear that the action filed by Nombre37248 has sufficient standing to proceed directly with its filing, considering that she appears in defense of the rights recognized in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution (Constitución Política), that is, rights pertaining to the entire national community, such as the defense of the environment, elements necessary to guarantee the very preservation of our existence on the planet and the enjoyment of an adequate level of health and well-being. The environment, therefore, enjoys the same privileged protection through the possibility that any person, based on the authorization conferred in that regard by Article 75, paragraph 2 of the Constitutional Jurisdiction Law, may challenge the constitutionality of norms that oppose its integrity and full enjoyment. III.- Other aspects of admissibility. It being clear that the plaintiff has sufficient standing to promote this claim, it remains to be determined whether the challenged act is among those provided for in Article 73 of the Constitutional Jurisdiction Law. In that sense, it is clear that it is a normative act (Land Use Regulation part of a Regulatory Plan), challengeable via this route in accordance with the provisions of the first paragraph of the cited Article 73. Moreover, the plaintiff filed her brief in compliance with the requirements stipulated in numerals 78 and 79 of the Law of Rite. In conclusion, the present action is admissible, and therefore, the object and merits of the case must be immediately discussed. IV.- Object of the action. The action challenges as unconstitutional the Regulatory Plan for the Playa Platanares Tourist Coastal Sector, adopted by agreement of the Municipal Council of Golfito in an ordinary session held on March thirteenth, nineteen ninety-nine, and published in the Official Gazette La Gaceta number 74, of April nineteenth, nineteen ninety-nine, inasmuch as –in the plaintiff's opinion– its regulation extends over the same properties on which the Nombre116585 National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Nombre116585 Categoría Mixta) of Mixed Category was previously established. In this way, two zones are approved through that Regulatory Plan: the first, for cooperatives, authorizing the construction of buildings to facilitate lodging and recreation for the associates of non-profit union organizations; and the second, for tourist facilities, in which it establishes an area destined for the commerce of goods and services for local and tourist consumption, the provision of services to visitors, and authorizes the construction of sodas and restaurants, mini-supermarkets, pharmacies, public telephones, information, bakeries, pulperías and ice cream parlors, car rentals, and travel agencies. The plaintiff estimates that the Regulatory Plan in question disaffects a wildlife refuge that constitutes a biological corridor between Corcovado National Park and the Golfo Dulce Reserve, in violation of the norms contained in Articles 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), 82 of the Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre), and 73 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), as well as numerals 21, 50, and 89 of the Political Constitution. Matters being thus, this Chamber must determine whether in the area comprised between boundary markers 177 and 183 of the zone in question, the referred overlap occurred, and if so, whether it violates any of the invoked constitutional norms. On the merits. V.- Protected zones as public domain goods. The Political Constitution, in its Article 121 subsection 14), generically regulates the topic of public domain goods (bienes de dominio público), by providing that goods "belonging to the Nation" may only definitively leave its domain through authorization from the Legislative Assembly. These are goods that, by their legal nature and ownership, insofar as they belong to the Nation and are destined to satisfy the general interest, enjoy special legal protection. For this reason, they are not susceptible to being appropriated by private individuals, nor even by the Public Administration, for purposes different from those derived from their own essence and nature. Their protection and administration correspond to the State, in the name of the Nation (cfr. Volume III of the Proceedings of the National Constituent Assembly, Session number 168, pg. 468). In its jurisprudence, this Chamber has established the basic principles of the legal regime of domainal goods; in particular, in judgment number 2306-91 of fourteen hours forty-five minutes on November sixth, nineteen ninety-one, it determined the following rules, which have continued to be consistently applied since said resolution: "…The public domain is composed of goods that manifest, by the express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest.- They are the so-called dominical goods, domainal goods, public goods or things, or public assets, which do not individually belong to private individuals and which are destined for public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men.- That is, affected by their own nature and vocation.- Consequently, these goods belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express norm.- Characteristic notes of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, they cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance in the terms of Civil Law, and administrative action substitutes for interdicts to recover the domain.- As they are outside commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, though not a right to property.- The use permit is a unilateral legal act issued by the Administration, in the use of its functions, and what is placed in the hands of the private individual is the useful domain of the good, the State always reserving the direct domain over the thing…" A corollary of the foregoing is that only by law can they be deprived of the special regime that regulates them, disaffecting them, separating them from the public purpose to which they are linked. An express and specific legislative act is required, in such a way that there is no doubt whatsoever of the legislator's will to remove a specific and individualized good from the public domain. For this reason, the Chamber considers that an implicit disaffection (desafectación) is not possible, and since this involves a legislative act, it will be subject to the corresponding jurisdictional controls. (Cfr. judgments numbers 2000-10466, of ten hours seventeen minutes on November twenty-fourth, two thousand, and number 2002-8321, of fourteen hours fifty-eight minutes on April twenty-fourth, two thousand two) Article 14 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575, of February thirteenth, nineteen ninety-six, grants the character of domainal goods to forest lands and forests: "Article 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's reivindicatory action for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law." According to the classification given by environmental legislation, the forest or natural heritage of the State is comprised of forest reserves, biological reserves, protective zones (zonas protectoras), wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Article 32 of the Organic Environmental Law, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five). In the particular case of the forest heritage, in addition to the fact that its disaffection, which in this case translates into the reduction of the protected wild area (área silvestre protegida), can only be carried out by the Legislative Assembly, this can only occur after prior technical studies justifying the measure have been performed, as provided in Article 38 of the Organic Environmental Law, number 7554, of October fourth, nineteen ninety-five. Matters being thus, it is clear that the Costa Rican legal system confers special and qualified protection to goods affected for public use or enjoyment, and invests said protection with even greater care when regulating public environmental goods. The foregoing implies that, if the overlap alleged by the plaintiff between the Regulatory Plan of the Coastal Zone of Playa Platanares and the Nombre116585 National Wildlife Refuge of Mixed Category had occurred, the Regulatory Plan would be contrary (at least with respect to the regulation of the part of the Refuge) to the norm originating from Articles 121 subsection 14 and 89 of the Political Constitution, as a regulatory act would be disaffecting part of a domainal good. VI.- The constitutional right to the environment. The duty of protection deserved by the right to enjoy a healthy and harmonious environment, enshrined in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution, has been widely recognized by this Constitutional Court: "ARTICLE 50. The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon this right and to claim reparation for the harm caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." In this manner, it is of interest to revisit some considerations regarding this point, issued on previous occasions by this Constitutional Court: "III.– On the right. Article 50 of the Political Constitution establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. The right to a healthy environment has a broad content equivalent to the aspiration of improving the living environment of the human being, such that it overflows conservation criteria to place itself within every sphere in which the person develops, be it the family, the labor, or the environment in which they live. Hence, it is affirmed that it is a cross-cutting right, that is, it moves throughout the entire legal system, modeling and reinterpreting its institutes. The environment is defined by the Royal Spanish Academy of Language as the 'set of physical circumstances that surround living beings,' which further emphasizes the general character of the right. In contrast, the right to an ecologically balanced environment is a more restricted concept referring to an important part of that environment in which the human being develops, to the balance that must exist between the advancement of society and the conservation of natural resources. Both rights are expressly recognized in Article 50 of the Political Constitution, which outlines the Social State of Law (Estado Social de Derecho). The placement of the right to a healthy and ecologically balanced environment within the constitutional regulations of the Social State of Law is the point from which it must be analyzed. The Social State of Law produces the phenomenon of incorporating into the fundamental text a series of political objectives of great social relevance and the introduction of an important number of social rights that ensure the common good and the satisfaction of the basic needs of individuals. In this perspective, the Political Constitution emphasizes that the protection of natural resources is an adequate means to protect and improve everyone's quality of life, which makes necessary the intervention of public powers over factors that can alter the balance of natural resources and, more broadly, hinder the person's development and unfolding in a healthy environment. Just as the principle of the Social State of Law is of immediate application, so too is the right to a healthy and ecologically balanced environment, such that it manifests in the dual aspect of a subjective right of individuals and its configuration as a goal or end of the action of public powers in general. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its primary reason in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor thereof and, secondly, because the State's activity is directed toward satisfying the interests of the community. The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve this right. Prima facie, to guarantee is to secure and protect the right against some risk or necessity, to defend is to ban, prohibit, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action directed at anticipatorily safeguarding the right from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements." (Judgment number 00644–99 of eleven hours twenty-four minutes on January twenty-ninth, nineteen ninety-nine; in the same sense, number 4947-2002 of nine hours twenty-four minutes on May twenty-fourth, two thousand two, may be consulted) Likewise, in a recent judgment, the following was broadened: "Our Political Constitution, in its Article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans but also of all members of the world community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of short, medium, and long-term interests. Contamination of the environment is one of the forms through which the integrity of the environment can be broken, with results that are most of the time everlasting and cumulative. The Costa Rican State is under the obligation to act preventively, avoiding –through oversight and direct intervention– the carrying out of acts that injure the environment, and in the correlative and equally inescapable prohibition against promoting its degradation" (Judgment number 2002-04830 of sixteen hours on May twenty-first, two thousand, criterion reiterated in judgment 2002-8996 of ten hours fourteen minutes on September sixth, two thousand two) In line with its jurisprudence, this Chamber must conclude that if the challenged overlap had occurred, such an invasion of a wildlife refuge would also be unconstitutional for placing the environment at imminent risk of deterioration in an area of great environmental importance, transgressing the norms contained in Articles 50 and 89 of the Political Constitution, since far from protecting, the Administration would be endangering the integrity of said zone by allowing its commercial exploitation. VII.- Case object of this action. Scope of the precautionary principle. Throughout this process, this Chamber has undertaken various proceedings with the aim of determining with precision whether, in this species, the alleged overlap between the area covered by the Regulatory Plan of the Coastal Zone of Playa Platanares and the Nombre116585 National Wildlife Refuge of Mixed Category has occurred. In view of the existing divergence between the criterion of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE) and the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo, ICT), through a resolution of the Reporting Magistrate at ten hours forty-nine minutes on November twenty-fifth, two thousand two, the Ministry of Environment and Energy was requested to carry out field studies that would allow for the certain determination of whether, in this species, the alleged overlap occurs. Through inspection report number ACOSA-RVS-001-03, carried out by Luis Barquero B., an official of the Ministry, the Ministry indicates that a field inspection was conducted using "Garmin 12" satellite location (GPS) equipment. It indicates that due to factors such as cloud cover, forest cover (cobertura forestal), and other external factors, the data obtained in said study may vary by approximately one hundred fifty meters. GPS points were taken between boundary markers 177 and 183, covering a distance of nearly two hundred fifty linear meters. After performing the conversion from geographic coordinates to Lambert coordinates, it is observed that there exists an overlap between the Refuge and the area covered by the Regulatory Plan of approximately two hundred meters of frontage by one hundred fifty meters in width, where the Playa Preciosa Lodge hotel is located. It recommends requesting the carrying out of a field survey by a surveyor using a theodolite in order to reduce the margin of error presented. As can be appreciated, there is no certainty as to whether the overlap effectively occurs, since the measurement method used has a margin of error potentially larger than the supposedly invaded area. Faced with such uncertainty, the Chamber must analyze whether in the present case the application of the precautionary principle (principio precautorio) would allow granting the present action even under the circumstances already indicated. Thus, it should begin by stating that the precautionary principle, or principle of prudent avoidance, was defined in the Rio Declaration, a product of the United Nations Conference on Environment and Development of 1993, in the following terms: "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." (Article 11 of the Biodiversity Law provides in a similar sense) To prevent is to anticipate negative effects and to ensure protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible affectation of the environment or the health of persons. In the event that there is a risk of serious or irreversible damage –or a reasonable possibility that it will occur–, swift action must be taken to thus prevent the damage from occurring or continuing to occur. In this sense, the Chamber ruled on a matter of no less seriousness than the one studied in this case, determining in judgment number 02806-98, of fourteen hours thirty minutes on April twenty-eighth, nineteen ninety-eight, the following: “...In the case at hand, the Chamber could do no more than grant the petition of the plaintiffs (who understand prudent avoidance as an absolute impediment to building works like the one planned in their community) if it were clear that the health of persons and the integrity of the environment are subjected to a real and imminent threat (note that in no way does it go to the extreme of requiring the demonstration of effective damage) from the effects of the magnetic field that the transmission lines the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad, ICE) intends to erect will generate. But the truth is that, in light of the elements of judgment gathered thus far, the existence of such a danger is not perceived, and therefore, the application of prudent avoidance will necessarily have to run a different course than the one the petitioners would wish, as will be stated below. And in this, no contradiction is seen with the statements of the cited Rio Declaration, because what is resolved here does not have the purpose of avoiding the costs that would derive from granting the filed action (an aspect in other respects irrelevant to the Chamber with regard to the respect of human rights, as has been reiterated in various rulings; consult, for example, judgment no. 2728-91 of 8:54 hours on December 24, 1991), but rather starts from the position that there is no evidence that we are in the presence of the 'threat of serious or irreversible damage' to which that pronouncement refers.” It is clear that the precautionary principle obligates the State to adopt all those necessary measures not only to sanction the injury to environmental goods but also to prevent such damages from occurring. However, in imposing a specific limitation, this Chamber cannot base itself on uncertain data such as those contained in the case file, which, through the carrying out of the corresponding investigations, could easily demonstrate that the alleged overlap does not exist in this species. Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment. In the present case, it is clear that we find ourselves before the first of the scenarios, that is, there is no certainty regarding the existence of the overlap between the Regulatory Plan and the Wildlife Refuge. The case would be contrary if there were certainty of the fact, but doubt about its dangerousness to the environment. Matters being thus, the Chamber must declare the present action of unconstitutionality without merit, given that it is not proven that there is an effective injury or imminent risk of violation of the norms contained in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution. It must, however, order the Ministry of Environment and Energy to immediately conduct the field test that allows it to determine with full certainty whether the alleged overlap effectively occurs, in order to then immediately take all measures that the legal system allows it for the purpose of recovering the strip that is alleged to have been invaded. VIII.- Conclusion. Based on the arguments contained in the preceding paragraphs, this Chamber has reached the conclusion that the Playa Platanares Tourist Coastal Sector Regulatory Plan, adopted by agreement of the Municipal Council of Golfito in an ordinary session held on March thirteenth, nineteen ninety-nine, and published in La Gaceta Official Gazette number 74, of April nineteenth, nineteen ninety-nine, is not unconstitutional for the reasons invoked by the plaintiff, and therefore, in accordance with the provisions of article 87 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the appropriate course is to dismiss the present action of unconstitutionality in its entirety. This resolution is issued without prejudice to the conclusions that the authorities of the Ministry of Environment and Energy may reach, by conducting topographic surveys using a theodolite or any other suitable method, if they determine with certainty or a sufficient degree of probability, that the transposition between the Regulatory Plan of the Coastal Zone of Playa Platanares and the National Wildlife Refuge Nombre116585 Mixed Category, in fact occurs in the present case. To this end, the Minister of Environment and Energy is ordered to carry out, within a maximum period of three months from the notification of this judgment, the topographic surveys required to determine with certainty whether the alleged overlap actually occurs in this case. Should an invasion of the protected area have occurred, they must employ all means permitted by the legal system to recover said lands promptly and effectively. Por tanto: Se declara SIN LUGAR the action. The Ministry of Environment and Energy shall immediately proceed to order the performance of the topographic surveys required to determine with certainty whether the alleged overlap actually occurs in this case, which must be completed within a maximum period of three months from the notification of this resolution. Should an invasion of the protected area have occurred, they must employ all means permitted by the legal system to recover said lands promptly and effectively.- Nombre74464. Presidente Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. MACP/oc/5céd.- . Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:45:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República