Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VI.- De igual modo, por no tener sentido la existencia de la ley sin el procedimiento para titular contemplado en los artículos 3 y 9 aquí consultados, cabe declarar en su totalidad, la inconstitucionalidad de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales en estudio, por ser contraria a lo dispuesto en los artículos 7, 33, 39, 45, 50, 89 y 121 inc 14 de la Constitución Política. De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta declaratoria es retroactiva a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo de conformidad con lo expuesto por el artículo 91 citado, se dimensionan los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, en el sentido de que no afecta a las personas que hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley, que se declarará inconstitucional, siempre y cuando haya transcurrido el término de tres años para impugnar los efectos de esa declaratoria. Lo anterior sin perjuicio de que el Estado pueda ejercer las acciones tendentes a recuperar aquellos terrenos titulados, que constituyan bienes de dominio público.
English (translation)VI.- Likewise, since the law has no reason to exist without the titling procedure set forth in Articles 3 and 9 consulted here, the unconstitutionality of the National Reserves Land Titling Law under study must be declared in its entirety, as it is contrary to Articles 7, 33, 39, 45, 50, 89 and 121(14) of the Political Constitution. In accordance with Article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law, this declaration is retroactive to the effective date of the annulled norms, without prejudice to good-faith acquired rights. However, pursuant to the cited Article 91, the effects of the unconstitutionality declaration are dimensioned, meaning it does not affect persons who titled their lands under the Law to be declared unconstitutional, provided three years have elapsed to challenge that declaration's effects. The State may still pursue actions to recover titled lands that constitute public domain property.
Unconstitutionality declared
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 08678 - 2001 Fecha de la Resolución: 29 de Agosto del 2001 a las 15:20 Expediente: 01-006266-0007-CO Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda Clase de asunto: Consulta judicial Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Reservas nacionales Subtemas: Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales. Procedimiento de titulación establecido en la ley impugnada no resguarda de forma suficiente el derecho de los terceros que tuvieren un mejor derecho sobre la finca a titular. Tema: Derecho a la propiedad Subtemas: Protección previa del derecho de propiedad no se permite sino sólo a posteriori y de forma precaria. Tema: Poder Judicial Subtemas: Juzgado Agrario de Liberia. Sobre el fondo. La Ley de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N°7599, pretende solucionar los casos de los poseedores de las zonas en la Reserva Nacional, permitiendo para ello la titulación de estas propiedades, las cuales quedarían sujetas a los límites establecidos por leyes especiales en protección del medio ambiente. Se tratan de reservas nacionales, los terrenos que no estén inscritos a nombre de personas físicas o jurídicas, los que no pertenezcan a instituciones del Estado y los de aptitud agropecuaria que el MINAE traspase al IDA, donde exista por lo menos, una proporción del 20% de poseedores de fincas no inscritas en el Registro Público, cuyas cabidas no sean superiores a trescientas hectáreas. Para su debido cumplimiento, el Poder Ejecutivo le traspasa al IDA la propiedad de las tierras previamente determinadas y se inscriben en el Registro Público, emitiéndose además un Decreto que declara el área sujeta al programa. Posteriormente, se procede a la titulación de tierras mediante el traspaso e inscripción a nombre de sus respectivos poseedores, habiendo demostrado previamente el uso racional en forma pacífica, permanente, pública e ininterrumpida, y a título de dueño durante un lapso no menor de cinco años. La intención del órgano legislador fue permitir a los poseedores actuales, adquirir la propiedad de esos terrenos y lograr mediante ello, que puedan accesar al crédito bancario necesario para intensificar y sistematizar su producción, y poder así acceder a una vivienda digna. No obstante, el trámite establecido en la ley para realizar la solicitud de traspaso es deficiente, en cuanto a la posibilidad de defensa que pueda pretender un tercero sobre algunos de los bienes que se titulan por medio de esta ley. En este punto, es necesario retomar lo indicado por esta Sala en sentencia número 2001-08560 de las quince horas treinta y siete minutos del veintiocho de agosto del dos mil uno, que corresponde a la consulta judicial facultativa tramitada en expediente número 01-006077-0007-CO, en la que se analizó la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N°7599 del veintinueve de abril de 1996. En dicha sentencia se indicó lo siguiente: “III.- Sobre el fondo.- …, a criterio del juez consultante con la normativa de estudio se puede estar lesionando el derecho de propiedad de terceros con mejor derecho sobre las propiedades que se pretenden titular, toda vez que esta normativa no garantiza por medios idóneos el reclamo de la misma, ni medios razonables para su recuperación.” “…Señala que al establecerse en el artículo 15 que la acción reivindicatoria sólo puede plantearse dentro de los tres años posteriores a la inscripción registral, esta ley podría estar lesionando en gran medida derechos fundamentales como el de propiedad, debido proceso, acceso a la justicia, principio de igualdad y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al establecerse un procedimiento de titulación que podría estar dejando indefenso al tercero que crea tener un mejor derecho, sea el propietario o un poseedor. IV.- Básicamente estos mismos argumentos fueron esgrimidos en la acción de inconstitucionalidad que se tramitó en el expediente No. 98-005332-007-CO, mediante la cual se declaró inconstitucional la Ley de Titulación de Vivienda Campesina, según voto No. 2802-99, bajo las siguientes consideraciones: “II.- SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD. El concepto de propiedad que se extrae del artículo 45 de la Constitución Política, debe ser entendido como aquella afectación de un bien en favor de una determinada persona. Este derecho le permite a su titular poseer, disponer y hacer uso libremente del bien, sin que intervenga ningún tercero en ello. Es esta condición, precisamente, la que le da el carácter de un derecho "erga omnes", es decir, que puede ser oponible ante terceros, obligándoles a su vez, a respetar y abstenerse a perturbar ese derecho. La propia Constitución Política da contenido al concepto de propiedad privada, entendiéndose como integrados a este término: la posesión, uso y goce, tenencia, transformación y defensa. Esta Sala, ha dicho que los dos párrafos que componen el artículo 45 de la Constitución Política, según sentencia No. 479-90 de las diecisiete horas del once de mayo de mil novecientos noventa, "...responden a orígenes históricos y concepciones ideológicas radicalmente diferenciados, al punto de que podría sostenerse de que se trata de afirmaciones contradictorias: por la primera, la propiedad es inviolable en todo caso, pues en rigor la expropiación no es una limitación sino una condición de perecimiento del derecho real sobre la cosa por extinción de la cosa misma, que sale del tráfico jurídico, al paso que conforme al segundo mandato, caben limitaciones siempre y cuando sean de "interés social" y las haya decretado la Asamblea "por motivos de necesidad pública" con el voto de por lo menos dos tercios de sus miembros. El primer párrafo proviene de la concepción de que la propiedad es un derecho "natural" indiscutible, inherente a toda persona por el hecho de ser persona, y en nuestra historia constitucional aparece desde el "Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica" o "Pacto de Concordia" del 1 de diciembre de 1821 (artículo 2), se repite con ligeras variantes en la "Ley de Bases y Garantías" del 8 de marzo de 1841, y en las Constituciones del 9 de abril de 1844 (artículos 1, 13 y 14), del 10 de febrero de 1847 (artículo 7), del 27 de diciembre de 1859 (artículo 25), del 15 de abril de 1869 (artículo 24) y del 7 de diciembre de 1871 (artículo 29) que estuvo en vigencia hasta 1943, salvo el breve interregno que significó la aplicación de la Constitución del 8 de junio de 1917, derogada el 3 de setiembre de 1919. El párrafo segundo del actual artículo 45 es el mismo párrafo segundo que se introdujo en los años 1942 y 1943 al artículo 29 de la Constitución de 1871, y se asienta en el social cristianismo del Código Social de Malvinas proveniente del sociologismo funcionalista de Nombre107598, de principios de este siglo. Se consideró necesario ese segundo párrafo para armonizar el texto anterior sobre propiedad, que predicaba el carácter inviolable de ésta y por tanto era un valladar infranqueable a la intervención del Estado en los mecanismos económicos, con las nuevas corrientes encaminadas a favorecer a las mayorías desposeídas, que a su vez generaron la legislación tutelar propia de esos años, como las llamadas "garantías sociales" y la legislación inquilinaria, principalmente. No sobra agregar que tal reforma constitucional al texto de 1871, que pasó sin alteraciones a la Constitución vigente del 7 de noviembre de 1949, se dictó en época de suspensión de garantías constitucionales, a raíz del cierre de los mercados de exportación por la Segunda Guerra Mundial, y con el apoyo de grandes sectores de la población. Todo para concluir que, en punto a la disciplina constitucional del patrimonio, sólo son admisibles las limitaciones "de interés social" dictadas por motivos de necesidad pública con el voto de por lo menos dos tercios del total de diputados, sea por treinta y ocho votos. La exigencia de esa votación calificada se debe a que en la Constitución subyacen y coexisten el orden público político (organización esencial del Estado, de la propiedad y de la familia), el orden público social (intervención del Estado para salvaguardar los intereses de grandes sectores de la población), y más tenuemente, también el orden público económico (la actividad del Estado encaminada a fomentar el sistema económico prevaleciente). De ahí que sea necesario que las leyes de uno u otro carácter deban adoptarse por una mayoría suficientemente representativa de los diversos sectores que integran la Asamblea, pero sin que la mayoría sea de tal magnitud que produzca un derecho de veto en favor de las minorías parlamentarias." De conformidad con la jurisprudencia transcrita, uno de los elementos esenciales del derecho de propiedad lo constituye el derecho de su titular, de defenderla contra los terceros que intenten despojarle de ella. Pero esta defensa no se constriñe solo a la posibilidad, de repeler por medio de la fuerza al invasor, sino de que efectivamente pueda defender su derecho por cualquiera de los medios que el ordenamiento jurídico prevé para tal efecto, incluyendo los procesales. Es en este aspecto que cabe revisar la ley cuestionada, específicamente en el proceso establecido para la titulación para vivienda campesina, a fin de verificar si se permite efectivamente al propietario de un fundo sometido a ese régimen ejercer su derecho de defensa. IV.- De previo a analizar la normativa cuestionada, conviene hacer unas breves consideraciones, sobre la finalidad que la ley persigue. La ley impugnada nació como una respuesta rápida al problema de vivienda de las zonas rurales, creando un procedimiento de inscripción que fuera más simple que uno de información posesoria. Tal normativa señala que los terrenos que pueden ser objeto de titulación no excederán de dos hectáreas, deben estar destinados a la vivienda del promovente y de su familia, y haber sido poseídos a título de dueño en forma quieta, ininterrumpida y pública durante no menos de cinco años. A diferencia de la Ley de Informaciones Posesorias, no se publica edicto alguno de la solicitud de titulación y del bien sobre el que recae, no se cita a los colindantes y condueños del terreno. Además, se presume siempre la buena fe del titulante, porque aún en el caso, de que el propietario o poseedor recupere su propiedad, debe pagarle todas las mejoras realizadas al titulante, o pagar cualquier crédito que hubiera solicitado por concepto de construcción o reparación de vivienda. Esta ley tampoco exige, que se declare bajo juramento, que la propiedad no está inscrita en el Registro Público, a pesar de que la ley en su artículo 1, indica, que sólo es aplicable a inmuebles que carezcan de título inscrito o inscribible en el Registro Público, pero no establece norma alguna que tienda a verificar, el cumplimiento de ello, pues los documentos requeridos de ese Registro y de Tributación Directa, lo único que verifican es que el solicitante carezca de inmuebles a su nombre y que no haya utilizado este procedimiento anteriormente. Asimismo, se debe presentar un plano catastrado del inmueble; sin embargo esto tampoco es suficiente garantía, de que el propietario pueda ejercer su defensa debidamente. En el proceso no interviene la Procuraduría General de la República, ni ninguna otra institución pública que garantice que no se trata de un bien demanial o área protegida. La situación se agrava en el tanto la acción reivindicatoria sólo puede plantearse dentro de los tres años posteriores a la inscripción registral, los que, una vez transcurridos, según el artículo 10, tienen como consecuencia la consolidación del derecho, pues no se admitirá en los tribunales ninguna acción que amenace o restrinja el derecho del titulante. V.-Todo lo anteriormente descrito, presenta una ley que, si bien es cierto nació con el fin de proporcionar vivienda a un sector nacional, de manera más expedita, por la misma forma en que ésta ha sido estructurada para funcionar, lesiona, en gran medida, derechos fundamentales como el de propiedad, debido proceso, acceso a la justicia, justa reparación, principio de igualdad y el de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al establecerse un procedimiento, que deja indefenso al tercero, que cree tener un mejor derecho, sea el propietario, o un poseedor. Al respecto, es de notar que en tal procedimiento, no se garantizan medios suficientes de publicidad de la acción, que pretende el titulante y, sobretodo, por esa falta de publicación, los terceros interesados desconocen incluso la existencia de la solicitud misma, y no existe, un mecanismo de verificación exacta, de lo declarado por el solicitante, ya que la buena fe se presume. Es más, aún en el caso de que en un proceso reivindicatorio, resulte vencido el demandante, estaría obligado a mantenerlo ahí mientras transcurre el juicio, pagarle todas las mejoras realizadas y hasta cancelar, cualquier crédito que haya solicitado para construcción o reparación de vivienda. Tales efectos, evidentemente, son serios y significativos para el tercero que aparezca con un mejor derecho, lo que es incompatible con el trámite cuestionado, el cual es aprobado casi que solo con la declaración del solicitante. En este mismo sentido, el procedimiento dicho, implica una desprotección jurídica para la propiedad demanial y las zonas protegidas, por cuanto no hay una intervención en el proceso, de ninguna Institución estatal que demuestre que el terreno, no es apto para ser titulado, violentándose con ello los artículos 7, 50, 89 y 121 inciso 14 constitucionales y los Convenios Internacionales suscritos para la protección al medio ambiente, al existir un inminente peligro de titularse bienes, que no deben ser habitados por sus condiciones ecológicas de conservación. En consecuencia, el procedimiento de titulación establecido en la ley impugnada, no resguarda de forma suficiente el derecho de los terceros que tuvieren un mejor derecho sobre la finca a titular, sino que el trámite resulta casi oculto y con resultados onerosos sumamente graves. Existe además una desprotección total de los bienes demaniales o áreas protegidas, por no existir audiencia alguna para la Procuraduría u otra institución, por lo cual, el desconocimiento por parte de éstas, podría significar una lesión grave a los intereses públicos. Finalmente, no permite una protección previa del derecho de propiedad, sino sólo a posteriori y de forma precaria, lo que violenta también los artículos 33 y 39 constitucionales, puesto que la ley no le otorga la posibilidad de defensa a los terceros interesados, tratándoles en este sentido, desigualmente al ubicarles en desventaja ante la posibilidad de proteger sus derechos. VI.- En razón de ello la acción resulta procedente, sin embargo, cabe aclarar que con dicha inconstitucionalidad, no se pretende que se hagan nugatorios los esfuerzos del Estado, para dotar a los proyectos sociales, del componente de vivienda, derecho fundamental al que todo ser humano tiene derecho.” “ V.- … Por otro lado, no se desprende medio de publicidad alguno que le permita a un tercero de mejor derecho tener conocimiento de la titulación pretendida para que pueda ejercer sus derechos previamente, sino que prácticamente la defensa resulta a posteriori y en un plazo bastante corto de tres años de conformidad con el artículo 15 de estudio, con consecuencias bastante gravosas para el tercero, pues la finca en cuestión pudo haber sido hipotecada desde el momento en que se tituló, lo cual también violenta el principio de igualdad procesal, al colocar al tercero reclamante en una situación de suma desventaja de acceso a la justicia, en reclamo de sus derechos. Por otro lado, existe la misma problemática planteada en el antecedente de cita, en cuanto a que en este procedimiento sumarísimo de titulación no se cuenta con el apersonamiento de la Procuraduría General de la República, ni de ninguna otra institución estatal que garantice que no se están titulando bienes de dominio público, lo que produciría dos situaciones, una, que se trate de zonas protegidas por razones ambientales y que puedan resultar dañadas por el uso inadecuado, o dos, el hecho de que el Estado tenga que recuperarlas posteriormente incurriendo en excesivos gastos innecesarios, lo cual resulta irrazonable y desproporcionado. Lo considerado anteriormente, aunado al voto de cita que resulta de igual aplicación al caso concreto y del cual la Sala mantiene el criterio expuesto, hace que las normas consultadas resulten inconstitucionales. VI.- De igual modo, por no tener sentido la existencia de la ley sin el procedimiento para titular contemplado en los artículos 3 y 9 aquí consultados, cabe declarar en su totalidad, la inconstitucionalidad de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales en estudio, por ser contraria a lo dispuesto en los artículos 7, 33, 39, 45, 50, 89 y 121 inc 14 de la Constitución Política. De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta declaratoria es retroactiva a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo de conformidad con lo expuesto por el artículo 91 citado, se dimensionan los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, en el sentido de que no afecta a las personas que hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley, que se declarará inconstitucional, siempre y cuando haya transcurrido el término de tres años para impugnar los efectos de esa declaratoria. Lo anterior sin perjuicio de que el Estado pueda ejercer las acciones tendentes a recuperar aquellos terrenos titulados, que constituyan bienes de dominio público.” En virtud de lo expuesto y al no existir motivos para variar lo resuelto en esa oportunidad, el consultante debe estarse a lo resuelto en sentencia número 2001-08560 de las quince horas treinta y siete minutos del veintiocho de agosto del dos mil uno. ... Ver más Texto de la resolución Exp: 01-006266-0007-CO Res: 2001-08678 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con veinte minutos del veintinueve de agosto del dos mil uno.- Consulta judicial facultativa formulada por el Juzgado Agrario de Liberia, mediante resolución de las siete horas del once de junio del dos mil uno, dictada dentro del expediente número 00-000257-387-AG, que es Proceso Ordinario de [Nombre443 001]a contra [Nombre443 002]. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las ocho horas y treinta minutos del veintiocho de junio del dos mil uno (folio 1), y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el despacho consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N°7599 del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis. 2.- Mediante auto de las catorce horas quince minutos del dos de julio del dos mil uno, la Presidencia de la Sala dio curso a la consulta, confiriendo audiencia a la Procuraduría General de la República. 3.- Con memorial de folios 21 al 32, la Procuraduría General de la República contesta a la audiencia conferida, indicando que el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela formuló a esta Sala Constitucional una consulta judicial en la cual, también, alberga dudas sobre la constitucionalidad del artículo 15, entre otros, de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales. Esta consulta se tramita en expediente número 01-006077-0007-CO y en ella, la Procuraduría General de la República consideró que lleva razón el Juez consultante en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 15 de cita, ya que al limitar a tres años, la posibilidad de accionar jurisdiccionalmente contra el titulante, está rompiendo el principio básico de que "todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años", tutelado en el artículo 868 del Código Civil. Con ese límite temporal se perjudica no sólo el acceso a la justicia, materializado en la acción, sino también al derecho mismo, que es aquí el derecho de propiedad, y por ende, resulta obvia la violación al artículo 45 constitucional. Indicó que el derecho de propiedad debe ser entendido como un todo, cuyo contenido primario se encuentra no sólo en el texto de la Carta Magna, sino también en su expresión material. Esta se evidencia tanto en los principios derivados de los textos legales, como en la misma evolución de la sociedad a través del tiempo, todo con la imprescindible labor integradora y de interpretación de la jurisprudencia constitucional. Se afirmó que la creación legal antojadiza de excepciones a los principios generales de acceso a la justicia y del derecho de propiedad debe ser rechazada por inconstitucional. El promovente que realiza un trámite de titulación por la Ley No. 7599 y que logra una resolución favorable, no tiene ninguna peculiaridad que lo distinga del que lo hace por información posesoria, por lo que es injustificable que la acción de un tercero, que igual puede verse perjudicado en su derecho de propiedad por uno u otro trámite, tenga que ver restringida su posibilidad de accionar, en cuanto al tiempo para presentar la demanda, en un caso y para el otro no. Estimó que el propietario perjudicado con las diligencias de titulación por la Ley No. 7599 tiene menos probabilidades de enterarse de la ilegal inscripción de su bien inmueble que si se hubiera hecho por información posesoria; resultando, entonces, que al imponerle un término tan corto para accionar se le restringe aún más los derechos de restitución e indemnización que forman parte de su derecho de propiedad, en menoscabo al principio constitucional de igualdad. Explicó que la Ley de Informaciones Posesorias establece en su artículo 17 un trámite corto de tres años por la vía incidental en el mismo expediente para declarar la nulidad del título ilegalmente obtenido, pero admite la posibilidad también de discutirlo en vía ordinaria más allá de los tres años. Se indicó que restringir a tres años la posibilidad para incoar causas judiciales contra personas que obtuvieron títulos de propiedad al amparo de la Ley No. 7599, se convierte igualmente en una forma de limitar al propietario para la defensa de sus terrenos, y mantener esa norma, parafraseando a los señores Magistrados de la Sala Primera, sería "poner a disposición de las personas mecanismos para despojar a sus semejantes sin causa alguna de sus derechos". Ahora bien, es claro que el principio general de que "todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años" también tiene sus excepciones, como lo indica el mismo artículo 868 del Código Civil, y que pueden asimismo ser establecidas por ley. Sin embargo, no menos cierto es que los supuestos en que se dispongan lapsos menores no pueden ser para acciones correspondientes a derechos de propiedad, sino para casos necesariamente de menor peso, como los que dispone el artículo 869 del Código Civil. La violación al principio constitucional del artículo 45 es doblemente grosera si se toma en consideración, además, que la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales exige sólo una posesión de cinco años para acceder al beneficio. Aún si se sumara este período al de tres años para que quede definitivamente consolidado frente a terceros, tendríamos una posesión total de ocho años. Es decir, que en cualquiera de los casos que se tome, el de cinco o el de ocho años, las personas estarían usucapiendo positivamente terrenos con menos de los diez años que por principio general se requiere, tal como lo establece el artículo 860 del Código Civil. Tratándose de la usucapión, sólo hay una regla general en cuanto al tiempo y es la de haber poseído durante diez años en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpidamente a título de dueño. Cualquier otro lapso menor debería estar amparado a alguna causa que así lo justifique, lo que no se aprecia del articulado de la Ley No. 7599, ya que la titulación de un inmueble es igualmente asequible por la vía de la información posesoria y sin necesidad de romper el plazo en ella dispuesto. Por otra parte, según el artículo 320 del Código Civil, "la acción reivindicatoria puede dirigirse contra todo el que posea como dueño, y subsiste mientras otro no haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva". Se indicó que de aceptar la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, habría que negar este principio, ya que entonces no procedería la acción reivindicatoria, no en vista de que el titulante usucapión positivamente, lo cual ni aún sumando artificialmente los tres años posteriores a la inscripción registral lograría, sino en virtud de que el legislador antojadizamente así lo quiso, no importándole quebrar con ello, sin razón y para casos particulares, los pilares que siempre han sustentado el derecho de propiedad y su defensa. Se tendría entonces, una acción reivindicatoria limitada de sólo tres años para combatir la inscripción registral indebida, con la agravante de la inexistencia total de medios de publicidad en el trámite de titulación de la Ley No. 7599 para poder enterarse de tal acción en contra del inmueble propio. En el informe, se acogió la posición del Juez consultante, en el sentido de que deben ser declarados inconstitucionales los artículos 3, 9 y 15 de la Ley No. 7599, por ser contrarios a los artículos 7, 33, 39, 45, 50, 89 y 121, inciso 14, de la Constitución Política. De este modo, al haberse analizado la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en las Reservas Nacionales, en el informe presentado en el expediente número 01-006077-0007-CO, manifiesta que éste debe tenerse como informe en la presente consulta judicial de constitucionalidad, en lo que se refiere a dicho artículo. Finalmente, recomendó declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, en tanto establece un plazo de tres años para la prescripción negativa de las acciones de terceros y, en consecuencia, anular la frase del primer párrafo de dicho numeral que dice: "….quedará convalidado después de tres años contados a partir del día de la inscripción del título en el Registro Público y a ese plazo se limitará la prescripción negativa del tercero a quien esto pueda afectar.". Y, del segundo párrafo, aquella que dice: "….antes de vencer el plazo de tres años se observa que,…". 4.- En el procedimiento se cumplió con las formalidades establecidas por ley. Redacta la magistrada Calzada Miranda; y, Considerando: I.- Sobre la admisibilidad. De conformidad con el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la consulta resulta admisible en razón de ser presentada por el Juzgado Agrario de Liberia en forma previa a la aplicación de la norma consultada, en proceso ordinario tramitado en su Despecho, en expediente número 00-000257-387-AG, por tener dudas fundadas sobre su constitucionalidad. La parte actora en ese proceso, solicitó que se ordenara en sentencia, la cancelación del asiento de inscripción a favor del señor Nombre39567, de una finca que ha poseído como copropietaria por más de veintiocho años, para que en adelante dicho inmueble aparezca registralmente a su nombre. La aplicación de dicha norma, deriva del hecho de que según lo expone la accionante, el inmueble referido se registró a través del trámite establecido en la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N°7599 del veintinueve de abril de 1996. II.- Objeto de la Consulta. El Juez consultante, alega la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N°7599 del veintinueve de abril de 1996, en cuanto reduce a tres años -a partir del día de la inscripción del título de propiedad en el Registro Público-, el plazo de prescripción negativa para que terceros con mejor derecho, presenten sus reclamos judiciales. Considera que esa disminución del plazo de la prescripción negativa, puede lesionar en forma indebida los derechos y principios constitucionales de propiedad, debido proceso, acceso a la justicia, justa reparación, razonabilidad e igualdad, contenidos en los artículos 33, 21 y 45 de la Constitución Política. Para una mejor comprensión de lo consultado, se procede a transcribir las normas de cita:. “Artículo 15: Dominio de tierras. El dominio de las tierras a que se refiere la presente ley, será inscrito en favor de los beneficiarios de los programas de titulación, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, quedará convalidado después de tres años contados a partir del día de la inscripción del título en el Registro Público y a ese plazo se limitará la prescripción negativa del tercero a quien esto pueda afectar. Sin embargo, este dominio se estimará consolidado desde el mismo día de la inscripción del respectivo título en el Registro Público, únicamente para solicitar u obtener préstamos para vivienda en los organismos del Sistema Bancario Nacional, otras instituciones estatales, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, las mutuales y las cooperativas. Si antes de vencer el plazo de tres años se observa que, por error en la información brindada al Instituto, el título fue levantado contra las leyes vigentes, el Instituto de Desarrollo Agrario decretará en el expediente original, previa audiencia a las partes y mediante resolución formal de la Junta Directiva, la nulidad absoluta del título y de la inscripción. Esta declaratoria no generará ningún tipo de responsabilidad para el Instituto. La resolución que decrete la nulidad se comunicará formal y literalmente al Registro Público, para que cancele el asiento respectivo.”. III.- Sobre el fondo. La Ley de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N°7599, pretende solucionar los casos de los poseedores de las zonas en la Reserva Nacional, permitiendo para ello la titulación de estas propiedades, las cuales quedarían sujetas a los límites establecidos por leyes especiales en protección del medio ambiente. Se tratan de reservas nacionales, los terrenos que no estén inscritos a Nombre443 de personas físicas o jurídicas, los que no pertenezcan a instituciones del Estado y los de aptitud agropecuaria que el MINAE traspase al IDA, donde exista por lo menos, una proporción del 20% de poseedores de fincas no inscritas en el Registro Público, cuyas cabidas no sean superiores a trescientas hectáreas. Para su debido cumplimiento, el Poder Ejecutivo le traspasa al IDA la propiedad de las tierras previamente determinadas y se inscriben en el Registro Público, emitiéndose además un Decreto que declara el área sujeta al programa. Posteriormente, se procede a la titulación de tierras mediante el traspaso e inscripción a Nombre443 de sus respectivos poseedores, habiendo demostrado previamente el uso racional en forma pacífica, permanente, pública e ininterrumpida, y a título de dueño durante un lapso no menor de cinco años. La intención del órgano legislador fue permitir a los poseedores actuales, adquirir la propiedad de esos terrenos y lograr mediante ello, que puedan accesar al crédito bancario necesario para intensificar y sistematizar su producción, y poder así acceder a una vivienda digna. No obstante, el trámite establecido en la ley para realizar la solicitud de traspaso es deficiente, en cuanto a la posibilidad de defensa que pueda pretender un tercero sobre algunos de los bienes que se titulan por medio de esta ley. IV.- En este punto, es necesario retomar lo indicado por esta Sala en sentencia número 2001-08560 de las quince horas treinta y siete minutos del veintiocho de agosto del dos mil uno, que corresponde a la consulta judicial facultativa tramitada en expediente número 01-006077-0007-CO, en la que se analizó la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N°7599 del veintinueve de abril de 1996. En dicha sentencia se indicó lo siguiente: “III.- Sobre el fondo.- …, a criterio del juez consultante con la normativa de estudio se puede estar lesionando el derecho de propiedad de terceros con mejor derecho sobre las propiedades que se pretenden titular, toda vez que esta normativa no garantiza por medios idóneos el reclamo de la misma, ni medios razonables para su recuperación.” “…Señala que al establecerse en el artículo 15 que la acción reivindicatoria sólo puede plantearse dentro de los tres años posteriores a la inscripción registral, esta ley podría estar lesionando en gran medida derechos fundamentales como el de propiedad, debido proceso, acceso a la justicia, principio de igualdad y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al establecerse un procedimiento de titulación que podría estar dejando indefenso al tercero que crea tener un mejor derecho, sea el propietario o un poseedor. IV.- Básicamente estos mismos argumentos fueron esgrimidos en la acción de inconstitucionalidad que se tramitó en el expediente No. 98-005332-007-CO, mediante la cual se declaró inconstitucional la Ley de Titulación de Vivienda Campesina, según voto No. 2802-99, bajo las siguientes consideraciones: “II.- SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD. El concepto de propiedad que se extrae del artículo 45 de la Constitución Política, debe ser entendido como aquella afectación de un bien en favor de una determinada persona. Este derecho le permite a su titular poseer, disponer y hacer uso libremente del bien, sin que intervenga ningún tercero en ello. Es esta condición, precisamente, la que le da el carácter de un derecho "erga omnes", es decir, que puede ser oponible ante terceros, obligándoles a su vez, a respetar y abstenerse a perturbar ese derecho. La propia Constitución Política da contenido al concepto de propiedad privada, entendiéndose como integrados a este término: la posesión, uso y goce, tenencia, transformación y defensa. Esta Sala, ha dicho que los dos párrafos que componen el artículo 45 de la Constitución Política, según sentencia No. 479-90 de las diecisiete horas del once de mayo de mil novecientos noventa, "...responden a orígenes históricos y concepciones ideológicas radicalmente diferenciados, al punto de que podría sostenerse de que se trata de afirmaciones contradictorias: por la primera, la propiedad es inviolable en todo caso, pues en rigor la expropiación no es una limitación sino una condición de perecimiento del derecho real sobre la cosa por extinción de la cosa misma, que sale del tráfico jurídico, al paso que conforme al segundo mandato, caben limitaciones siempre y cuando sean de "interés social" y las haya decretado la Asamblea "por motivos de necesidad pública" con el voto de por lo menos dos tercios de sus miembros. El primer párrafo proviene de la concepción de que la propiedad es un derecho "natural" indiscutible, inherente a toda persona por el hecho de ser persona, y en nuestra historia constitucional aparece desde el "Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica" o "Pacto de Concordia" del 1 de diciembre de 1821 (artículo 2), se repite con ligeras variantes en la "Ley de Bases y Garantías" del 8 de marzo de 1841, y en las Constituciones del 9 de abril de 1844 (artículos 1, 13 y 14), del 10 de febrero de 1847 (artículo 7), del 27 de diciembre de 1859 (artículo 25), del 15 de abril de 1869 (artículo 24) y del 7 de diciembre de 1871 (artículo 29) que estuvo en vigencia hasta 1943, salvo el breve interregno que significó la aplicación de la Constitución del 8 de junio de 1917, derogada el 3 de setiembre de 1919. El párrafo segundo del actual artículo 45 es el mismo párrafo segundo que se introdujo en los años 1942 y 1943 al artículo 29 de la Constitución de 1871, y se asienta en el social cristianismo del Código Social de Malvinas proveniente del sociologismo funcionalista de León Duguit, de principios de este siglo. Se consideró necesario ese segundo párrafo para armonizar el texto anterior sobre propiedad, que predicaba el carácter inviolable de ésta y por tanto era un valladar infranqueable a la intervención del Estado en los mecanismos económicos, con las nuevas corrientes encaminadas a favorecer a las mayorías desposeídas, que a su vez generaron la legislación tutelar propia de esos años, como las llamadas "garantías sociales" y la legislación inquilinaria, principalmente. No sobra agregar que tal reforma constitucional al texto de 1871, que pasó sin alteraciones a la Constitución vigente del 7 de noviembre de 1949, se dictó en época de suspensión de garantías constitucionales, a raíz del cierre de los mercados de exportación por la Segunda Guerra Mundial, y con el apoyo de grandes sectores de la población. Todo para concluir que, en punto a la disciplina constitucional del patrimonio, sólo son admisibles las limitaciones "de interés social" dictadas por motivos de necesidad pública con el voto de por lo menos dos tercios del total de diputados, sea por treinta y ocho votos. La exigencia de esa votación calificada se debe a que en la Constitución subyacen y coexisten el orden público político (organización esencial del Estado, de la propiedad y de la familia), el orden público social (intervención del Estado para salvaguardar los intereses de grandes sectores de la población), y más tenuemente, también el orden público económico (la actividad del Estado encaminada a fomentar el sistema económico prevaleciente). De ahí que sea necesario que las leyes de uno u otro carácter deban adoptarse por una mayoría suficientemente representativa de los diversos sectores que integran la Asamblea, pero sin que la mayoría sea de tal magnitud que produzca un derecho de veto en favor de las minorías parlamentarias." De conformidad con la jurisprudencia transcrita, uno de los elementos esenciales del derecho de propiedad lo constituye el derecho de su titular, de defenderla contra los terceros que intenten despojarle de ella. Pero esta defensa no se constriñe solo a la posibilidad, de repeler por medio de la fuerza al invasor, sino de que efectivamente pueda defender su derecho por cualquiera de los medios que el ordenamiento jurídico prevé para tal efecto, incluyendo los procesales. Es en este aspecto que cabe revisar la ley cuestionada, específicamente en el proceso establecido para la titulación para vivienda campesina, a fin de verificar si se permite efectivamente al propietario de un fundo sometido a ese régimen ejercer su derecho de defensa. IV.- De previo a analizar la normativa cuestionada, conviene hacer unas breves consideraciones, sobre la finalidad que la ley persigue. La ley impugnada nació como una respuesta rápida al problema de vivienda de las zonas rurales, creando un procedimiento de inscripción que fuera más simple que uno de información posesoria. Tal normativa señala que los terrenos que pueden ser objeto de titulación no excederán de dos hectáreas, deben estar destinados a la vivienda del promovente y de su familia, y haber sido poseídos a título de dueño en forma quieta, ininterrumpida y pública durante no menos de cinco años. A diferencia de la Ley de Informaciones Posesorias, no se publica edicto alguno de la solicitud de titulación y del bien sobre el que recae, no se cita a los colindantes y condueños del terreno. Además, se presume siempre la buena fe del titulante, porque aún en el caso, de que el propietario o poseedor recupere su propiedad, debe pagarle todas las mejoras realizadas al titulante, o pagar cualquier crédito que hubiera solicitado por concepto de construcción o reparación de vivienda. Esta ley tampoco exige, que se declare bajo juramento, que la propiedad no está inscrita en el Registro Público, a pesar de que la ley en su artículo 1, indica, que sólo es aplicable a inmuebles que carezcan de título inscrito o inscribible en el Registro Público, pero no establece norma alguna que tienda a verificar, el cumplimiento de ello, pues los documentos requeridos de ese Registro y de Tributación Directa, lo único que verifican es que el solicitante carezca de inmuebles a su Nombre443 y que no haya utilizado este procedimiento anteriormente. Asimismo, se debe presentar un plano catastrado del inmueble; sin embargo esto tampoco es suficiente garantía, de que el propietario pueda ejercer su defensa debidamente. En el proceso no interviene la Procuraduría General de la República, ni ninguna otra institución pública que garantice que no se trata de un bien demanial o área protegida. La situación se agrava en el tanto la acción reivindicatoria sólo puede plantearse dentro de los tres años posteriores a la inscripción registral, los que, una vez transcurridos, según el artículo 10, tienen como consecuencia la consolidación del derecho, pues no se admitirá en los tribunales ninguna acción que amenace o restrinja el derecho del titulante. V.-Todo lo anteriormente descrito, presenta una ley que, si bien es cierto nació con el fin de proporcionar vivienda a un sector nacional, de manera más expedita, por la misma forma en que ésta ha sido estructurada para funcionar, lesiona, en gran medida, derechos fundamentales como el de propiedad, debido proceso, acceso a la justicia, justa reparación, principio de igualdad y el de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al establecerse un procedimiento, que deja indefenso al tercero, que cree tener un mejor derecho, sea el propietario, o un poseedor. Al respecto, es de notar que en tal procedimiento, no se garantizan medios suficientes de publicidad de la acción, que pretende el titulante y, sobretodo, por esa falta de publicación, los terceros interesados desconocen incluso la existencia de la solicitud misma, y no existe, un mecanismo de verificación exacta, de lo declarado por el solicitante, ya que la buena fe se presume. Es más, aún en el caso de que en un proceso reivindicatorio, resulte vencido el demandante, estaría obligado a mantenerlo ahí mientras transcurre el juicio, pagarle todas las mejoras realizadas y hasta cancelar, cualquier crédito que haya solicitado para construcción o reparación de vivienda. Tales efectos, evidentemente, son serios y significativos para el tercero que aparezca con un mejor derecho, lo que es incompatible con el trámite cuestionado, el cual es aprobado casi que solo con la declaración del solicitante. En este mismo sentido, el procedimiento dicho, implica una desprotección jurídica para la propiedad demanial y las zonas protegidas, por cuanto no hay una intervención en el proceso, de ninguna Institución estatal que demuestre que el terreno, no es apto para ser titulado, violentándose con ello los artículos 7, 50, 89 y 121 inciso 14 constitucionales y los Convenios Internacionales suscritos para la protección al medio ambiente, al existir un inminente peligro de titularse bienes, que no deben ser habitados por sus condiciones ecológicas de conservación. En consecuencia, el procedimiento de titulación establecido en la ley impugnada, no resguarda de forma suficiente el derecho de los terceros que tuvieren un mejor derecho sobre la finca a titular, sino que el trámite resulta casi oculto y con resultados onerosos sumamente graves. Existe además una desprotección total de los bienes demaniales o áreas protegidas, por no existir audiencia alguna para la Procuraduría u otra institución, por lo cual, el desconocimiento por parte de éstas, podría significar una lesión grave a los intereses públicos. Finalmente, no permite una protección previa del derecho de propiedad, sino sólo a posteriori y de forma precaria, lo que violenta también los artículos 33 y 39 constitucionales, puesto que la ley no le otorga la posibilidad de defensa a los terceros interesados, tratándoles en este sentido, desigualmente al ubicarles en desventaja ante la posibilidad de proteger sus derechos. VI.- En razón de ello la acción resulta procedente, sin embargo, cabe aclarar que con dicha inconstitucionalidad, no se pretende que se hagan nugatorios los esfuerzos del Estado, para dotar a los proyectos sociales, del componente de vivienda, derecho fundamental al que todo ser humano tiene derecho.” “ V.- … Por otro lado, no se desprende medio de publicidad alguno que le permita a un tercero de mejor derecho tener conocimiento de la titulación pretendida para que pueda ejercer sus derechos previamente, sino que prácticamente la defensa resulta a posteriori y en un plazo bastante corto de tres años de conformidad con el artículo 15 de estudio, con consecuencias bastante gravosas para el tercero, pues la finca en cuestión pudo haber sido hipotecada desde el momento en que se tituló, lo cual también violenta el principio de igualdad procesal, al colocar al tercero reclamante en una situación de suma desventaja de acceso a la justicia, en reclamo de sus derechos. Por otro lado, existe la misma problemática planteada en el antecedente de cita, en cuanto a que en este procedimiento sumarísimo de titulación no se cuenta con el apersonamiento de la Procuraduría General de la República, ni de ninguna otra institución estatal que garantice que no se están titulando bienes de dominio público, lo que produciría dos situaciones, una, que se trate de zonas protegidas por razones ambientales y que puedan resultar dañadas por el uso inadecuado, o dos, el hecho de que el Estado tenga que recuperarlas posteriormente incurriendo en excesivos gastos innecesarios, lo cual resulta irrazonable y desproporcionado. Lo considerado anteriormente, aunado al voto de cita que resulta de igual aplicación al caso concreto y del cual la Sala mantiene el criterio expuesto, hace que las normas consultadas resulten inconstitucionales. VI.- De igual modo, por no tener sentido la existencia de la ley sin el procedimiento para titular contemplado en los artículos 3 y 9 aquí consultados, cabe declarar en su totalidad, la inconstitucionalidad de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales en estudio, por ser contraria a lo dispuesto en los artículos 7, 33, 39, 45, 50, 89 y 121 inc 14 de la Constitución Política. De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta declaratoria es retroactiva a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo de conformidad con lo expuesto por el artículo 91 citado, se dimensionan los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, en el sentido de que no afecta a las personas que hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley, que se declarará inconstitucional, siempre y cuando haya transcurrido el término de tres años para impugnar los efectos de esa declaratoria. Lo anterior sin perjuicio de que el Estado pueda ejercer las acciones tendentes a recuperar aquellos terrenos titulados, que constituyan bienes de dominio público.” En virtud de lo expuesto y al no existir motivos para variar lo resuelto en esa oportunidad, el consultante debe estarse a lo resuelto en sentencia número 2001-08560 de las quince horas treinta y siete minutos del veintiocho de agosto del dos mil uno. Por tanto: Estése el consultante a lo resuelto por esta Sala en sentencia número 08560 de las quince horas con treinta y siete minutos del veintiocho de agosto del dos mil uno. Luis Fernando Solano C. Nombre211, a.i. Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Susana Castro A. Gilbert Armijo S. AVC/ccg Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 06:56:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional **Resolution No. 08678 - 2001** **Date of Resolution:** August 29, 2001, at 3:20 p.m. **Case File:** 01-006266-0007-CO **Drafted by:** Ana Virginia Calzada Miranda **Type of Matter:** Judicial consultation **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority opinion **Branch of Law:** PRIOR ISSUES **Topic:** National reserves **Subtopics:** Law for the Titling of Lands Located in National Reserves. The titling procedure established in the challenged law does not sufficiently protect the rights of third parties who may have a better right to the property to be titled. **Topic:** Right to property **Subtopics:** Prior protection of property rights is not permitted, but only a posteriori and in a precarious manner. **Topic:** Judicial Branch **Subtopics:** Agrarian Court of Liberia. On the merits. The Law of Lands Located in National Reserves No. 7599 seeks to resolve the cases of possessors in the National Reserve zones, allowing for the titling of these properties, which would remain subject to the limits established by special laws for environmental protection. National reserves are defined as lands not registered in the name of natural or legal persons, those not belonging to state institutions, and those with agricultural suitability that MINAE transfers to the IDA, where at least 20% of the possessors hold properties not registered in the Public Registry, with areas not exceeding three hundred hectares. For its due compliance, the Executive Branch transfers ownership of the previously determined lands to the IDA, and they are registered in the Public Registry, with a Decree also issued declaring the area subject to the program. Subsequently, the titling of lands proceeds through the transfer and registration in the name of their respective possessors, who have previously demonstrated rational, peaceful, permanent, public, and uninterrupted use as owners for a period of no less than five years. The intention of the legislative body was to allow current possessors to acquire ownership of those lands and thereby gain access to the bank credit necessary to intensify and systematize their production, and thus be able to access decent housing. However, the procedure established in the law for making the transfer request is deficient regarding the possibility of defense that a third party may seek over some of the properties titled through this law. On this point, it is necessary to revisit what was stated by this Chamber in judgment number 2001-08560 at three thirty-seven p.m. on August twenty-eighth, two thousand one, corresponding to the discretionary judicial consultation processed in case file number 01-006077-0007-CO, in which the constitutionality of Article 15 of the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves No. 7599 of April twenty-ninth, 1996, was analyzed. In that judgment, the following was stated: "III.- On the merits.- …, in the opinion of the consulting judge, the challenged regulations could harm the property rights of third parties with better rights over the properties intended to be titled, since this regulation does not guarantee suitable means for claiming them, nor reasonable means for their recovery." "…He points out that by establishing in Article 15 that the replevin action (acción reivindicatoria) can only be filed within three years following the registry inscription, this law could be significantly harming fundamental rights such as property, due process, access to justice, the principle of equality, and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, by establishing a titling procedure that could leave a third party who believes they have a better right, be it an owner or a possessor, defenseless. IV.- Essentially, these same arguments were raised in the unconstitutionality action processed in case file No. 98-005332-007-CO, through which the Law for the Titling of Rural Housing was declared unconstitutional, per opinion No. 2802-99, under the following considerations: "II.- ON THE RIGHT OF PROPERTY. The concept of property extracted from Article 45 of the Political Constitution must be understood as that allocation of a good in favor of a specific person. This right allows its holder to possess, dispose of, and freely use the good, without any third party intervening. It is precisely this condition that gives it the character of an 'erga omnes' right, meaning it can be enforced against third parties, obligating them, in turn, to respect and refrain from disturbing that right. The Political Constitution itself gives content to the concept of private property, with the following terms understood as integrated into this concept: possession, use and enjoyment, tenure, transformation, and defense. This Chamber has stated that the two paragraphs composing Article 45 of the Political Constitution, according to judgment No. 479-90 at five p.m. on May eleventh, nineteen ninety, '...respond to radically different historical origins and ideological conceptions, to the point that it could be argued that they are contradictory statements: by the first, property is inviolable in every case, since strictly speaking, expropriation is not a limitation but a condition for the termination of the real right over the thing due to the extinction of the thing itself, which leaves legal commerce, while according to the second mandate, limitations are admissible as long as they are of "social interest" and have been decreed by the Assembly "for reasons of public necessity" with the vote of at least two-thirds of its members. The first paragraph comes from the conception that property is an indisputable "natural" right, inherent to every person by the mere fact of being a person, and in our constitutional history, it appears from the "Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica" or "Pacto de Concordia" of December 1, 1821 (article 2), it is repeated with slight variations in the "Ley de Bases y Garantías" of March 8, 1841, and in the Constitutions of April 9, 1844 (articles 1, 13, and 14), February 10, 1847 (article 7), December 27, 1859 (article 25), April 15, 1869 (article 24), and December 7, 1871 (article 29), which was in force until 1943, except for the brief interregnum that the application of the Constitution of June 8, 1917 meant, repealed on September 3, 1919. The second paragraph of the current article 45 is the same second paragraph that was introduced in the years 1942 and 1943 to article 29 of the Constitution of 1871, and is based on the social Christianity of the Código Social de Malvinas originating from the functionalist sociologism of Nombre107598, from the beginning of this century. This second paragraph was considered necessary to harmonize the previous text on property, which proclaimed its inviolable character and therefore was an insurmountable barrier to State intervention in economic mechanisms, with the new currents aimed at favoring the dispossessed majorities, which in turn generated the protective legislation characteristic of those years, such as the so-called "social guarantees" and tenancy legislation, mainly. It is not superfluous to add that such constitutional reform to the 1871 text, which passed without alterations to the current Constitution of November 7, 1949, was enacted during a time of suspension of constitutional guarantees, due to the closure of export markets because of the Second World War, and with the support of large sectors of the population. All to conclude that, regarding the constitutional discipline of patrimony, only limitations "of social interest" dictated for reasons of public necessity with the vote of at least two-thirds of the total deputies, that is, thirty-eight votes, are admissible. The requirement for that qualified vote is because the political public order (essential organization of the State, property, and family), the social public order (State intervention to safeguard the interests of large population sectors), and more tenuously, the economic public order (State activity aimed at fostering the prevailing economic system) underlie and coexist in the Constitution. Hence, it is necessary that laws of one or another character be adopted by a majority sufficiently representative of the various sectors that make up the Assembly, but without the majority being of such magnitude that it produces a right of veto in favor of parliamentary minorities.'" In accordance with the transcribed jurisprudence, one of the essential elements of property rights is the right of its holder to defend it against third parties who attempt to dispossess them of it. But this defense is not limited only to the possibility of repelling the invader by force, but to being able to effectively defend their right by any of the means that the legal system provides for such purpose, including procedural ones. It is in this aspect that the challenged law should be reviewed, specifically in the process established for titling for rural housing, in order to verify whether it effectively allows the owner of a property subject to this regime to exercise their right of defense. IV.- Before analyzing the challenged regulations, it is appropriate to make some brief considerations about the purpose the law pursues. The challenged law was born as a rapid response to the housing problem in rural zones, creating an inscription procedure that is simpler than possessory information (información posesoria) proceedings. This regulation states that the lands that can be subject to titling shall not exceed two hectares, must be intended for the housing of the petitioner and their family, and must have been possessed as owner in a quiet, uninterrupted, and public manner for no less than five years. Unlike the Law of Possessory Informations, no edict is published regarding the titling request and the property upon which it falls, and adjoining owners and co-owners of the land are not cited. Furthermore, the good faith of the title applicant is always presumed, because even in the event that the owner or possessor recovers their property, they must pay for all improvements made by the title applicant, or pay any loan that had been requested for housing construction or repair. This law also does not require a sworn declaration that the property is not registered in the Public Registry, despite the fact that the law, in its article 1, indicates that it is only applicable to real estate lacking a registered or registrable title in the Public Registry, but it does not establish any rule aimed at verifying compliance with this, since the documents required from that Registry and from Direct Taxation only verify that the applicant has no real estate in their name and has not used this procedure previously. Also, a cadastral plan of the property must be submitted; however, this is also not sufficient guarantee that the owner can properly exercise their defense. The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) does not intervene in the process, nor does any other public institution that guarantees that the land is not public domain property (bien demanial) or a protected area. The situation is aggravated insofar as the replevin action can only be filed within three years following the registry inscription, which, once elapsed, according to Article 10, result in the consolidation of the right, since no action that threatens or restricts the right of the title applicant will be admitted in the courts. V.- Everything described above presents a law that, although it was indeed created with the purpose of providing housing to a national sector in a more expeditious manner, by the very way in which it has been structured to function, significantly harms fundamental rights such as property, due process, access to justice, just compensation, the principle of equality, and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, by establishing a procedure that leaves defenseless the third party who believes they have a better right, be it an owner or a possessor. In this regard, it should be noted that in such a procedure, sufficient means of publicity for the action sought by the title applicant are not guaranteed and, above all, due to this lack of publication, interested third parties are unaware even of the existence of the request itself, and there is no exact verification mechanism for what the applicant declares, since good faith is presumed. Moreover, even in the event that the plaintiff in a replevin action is defeated, they would be obligated to maintain the applicant on the premises while the trial proceeds, pay for all the improvements made, and even cancel any loan that may have been requested for housing construction or repair. Such effects are evidently serious and significant for the third party who appears with a better right, which is incompatible with the challenged procedure, which is approved almost solely on the applicant's declaration. In this same sense, said procedure implies legal vulnerability for public domain property and protected zones, since there is no intervention in the process by any State Institution to demonstrate that the land is not suitable for titling, thereby violating Articles 7, 50, 89, and 121, subsection 14 of the Constitution and the International Conventions signed for environmental protection, as there is an imminent danger of titling properties that should not be inhabited due to their ecological conservation conditions. Consequently, the titling procedure established in the challenged law does not sufficiently safeguard the rights of third parties who may have a better right to the property to be titled; instead, the procedure is almost hidden and has extremely serious, onerous results. There is also a total lack of protection for public domain property or protected areas, as there is no hearing for the Attorney General's Office or another institution, meaning that the lack of awareness on their part could signify serious harm to public interests. Finally, it does not allow prior protection of property rights, but only a posteriori and in a precarious manner, which also violates Articles 33 and 39 of the Constitution, since the law does not grant the possibility of defense to interested third parties, treating them unequally in this sense by placing them at a disadvantage regarding the possibility of protecting their rights. VI.- For this reason, the action is admissible; however, it is worth clarifying that this declaration of unconstitutionality is not intended to nullify the State's efforts to provide housing, a fundamental right to which every human being is entitled, to social projects." " V.- … On the other hand, no means of publicity is apparent that would allow a third party with a better right to become aware of the intended titling so that they could exercise their rights beforehand; instead, the defense is practically a posteriori and within a quite short period of three years in accordance with Article 15 under study, with quite burdensome consequences for the third party, since the property in question could have been mortgaged from the moment it was titled, which also violates the principle of procedural equality, by placing the claimant third party in a situation of significant disadvantage in accessing justice to claim their rights. Moreover, the same problem raised in the cited precedent exists, in that this summary titling procedure does not include the appearance of the Office of the Attorney General of the Republic, nor any other state institution to guarantee that public domain property is not being titled, which would produce two situations: one, that they are zones protected for environmental reasons that could be damaged by inappropriate use, or two, the fact that the State might have to recover them later, incurring excessive unnecessary expenses, which is unreasonable and disproportionate. The foregoing considerations, coupled with the cited opinion which is equally applicable to the specific case and regarding which the Chamber maintains the stated criterion, render the consulted norms unconstitutional. VI.- Likewise, since the existence of the law is meaningless without the titling procedure contemplated in Articles 3 and 9 consulted here, it is appropriate to declare the unconstitutionality of the entirety of the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves under study, for being contrary to the provisions of Articles 7, 33, 39, 45, 50, 89, and 121, subsection 14 of the Political Constitution. In accordance with the provisions of Article 91 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, this declaration is retroactive to the date the annulled norms took effect, without prejudice to rights acquired in good faith. However, in accordance with the provisions of cited Article 91, the effects of the declaration of unconstitutionality are tailored in the sense that it does not affect persons who titled their lands under the protection of the Law that will be declared unconstitutional, provided that the term of three years to challenge the effects of that declaration has elapsed. The foregoing is without prejudice to the State's ability to exercise actions aimed at recovering those titled lands that constitute public domain property." By virtue of the foregoing and as there are no reasons to vary what was resolved on that occasion, the consulting party must abide by what was resolved in judgment number 2001-08560 at three thirty-seven p.m. on August twenty-eighth, two thousand one. ... See more Text of the resolution Case: 01-006266-0007-CO Res: 2001-08678 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at three twenty p.m. on August twenty-ninth, two thousand one.- Discretionary judicial consultation filed by the Agrarian Court of Liberia, through a resolution at seven a.m. on June eleventh, two thousand one, issued in case file number 00-000257-387-AG, which is an Ordinary Proceeding of [Name443 001]a against [Name443 002]. Whereas: 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at eight thirty a.m. on June twenty-eighth, two thousand one (folio 1), and based on Articles 8, subsection 1), of the Organic Law of the Judicial Branch; 2, subsection b); 3, 13, 102, and 104 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, the consulting court requests that this Chamber rule on the constitutionality of Article 15 of the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves No. 7599 of April twenty-ninth, nineteen ninety-six. 2.- By order at two fifteen p.m. on July second, two thousand one, the Presidency of the Chamber admitted the consultation, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic. 3.- Through the brief on folios 21 to 32, the Office of the Attorney General of the Republic responds to the granted hearing, indicating that the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela filed a judicial consultation with this Constitutional Chamber in which it also harbors doubts about the constitutionality of Article 15, among others, of the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves. This consultation is processed in case file number 01-006077-0007-CO, and in it, the Office of the Attorney General of the Republic considered that the consulting Judge is correct regarding the unconstitutionality of cited Article 15, since by limiting the possibility of taking jurisdictional action against the title applicant to three years, it is breaking the basic principle that "every right and its corresponding action prescribe in ten years," protected in Article 868 of the Civil Code. This time limit harms not only access to justice, materialized in the action, but also the right itself, which here is the right of property, and therefore, the violation of Article 45 of the Constitution is obvious. It indicated that the right of property must be understood as a whole, whose primary content is found not only in the text of the Magna Carta but also in its material expression. This is evidenced both in the principles derived from legal texts and in the very evolution of society over time, all with the indispensable integrating and interpretive work of constitutional jurisprudence. It was affirmed that the whimsical legal creation of exceptions to the general principles of access to justice and the right of property must be rejected as unconstitutional. The petitioner who conducts a titling procedure under Law No. 7599 and achieves a favorable resolution has no peculiarity that distinguishes them from one who does so through possessory information, so it is unjustifiable that the action of a third party, who may equally be harmed in their property rights by either procedure, must see their possibility of taking action restricted, in terms of time to file the lawsuit, in one case and not in the other. It was estimated that the owner harmed by the titling proceedings under Law No. 7599 has fewer chances of learning about the illegal inscription of their real estate than if it had been done through possessory information; resulting, then, that by imposing such a short term for taking action, their rights of restitution and compensation that form part of their property rights are further restricted, to the detriment of the constitutional principle of equality. It explained that the Law of Possessory Informations establishes in its article 17 a short three-year procedure through an incidental route in the same case file to declare the nullity of the illegally obtained title, but it also admits the possibility of litigating it in an ordinary proceeding beyond the three years. It was indicated that restricting to three years the possibility of initiating legal actions against persons who obtained property titles under the protection of Law No. 7599 likewise becomes a way of limiting the owner's defense of their lands, and maintaining that norm, paraphrasing the Justices of the First Chamber, would be "putting mechanisms at the disposal of people to dispossess their fellow human beings of their rights without any cause." Now, it is clear that the general principle that "every right and its corresponding action prescribe in ten years" also has its exceptions, as indicated by the same Article 868 of the Civil Code, and that these may also be established by law. However, no less true is that the scenarios where shorter periods are provided cannot be for actions corresponding to property rights, but for cases necessarily of lesser weight, like those provided in Article 869 of the Civil Code. The violation of the constitutional principle of Article 45 is doubly egregious if one additionally considers that the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves only requires possession of five years to access the benefit. Even if this period were added to the three years for it to be definitively consolidated against third parties, we would have a total possession of eight years. That is to say, in whichever case is taken, be it five or eight years, persons would be positively usucaping lands with less than the ten years that are generally required, as established by Article 860 of the Civil Code. In the case of usucapion (usucapión), there is only one general rule regarding time, which is having possessed for ten years in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner as owner. Any other shorter period should be protected by some cause that justifies it, which is not apparent from the articles of Law No. 7599, since the titling of a real estate property is equally accessible through the possessory information route and without the need to break the period provided therein. On the other hand, according to Article 320 of the Civil Code, "the replevin action can be directed against anyone who possesses as owner, and it subsists as long as another has not acquired ownership of the thing by positive prescription." It was indicated that if the constitutionality of Article 10 of the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves were accepted, this principle would have to be denied, since then the replevin action would not proceed, not because the title applicant positively usucaped, which even by artificially adding the three years after the registry inscription they would not achieve, but because the legislator whimsically so desired, not caring if this broke, without reason and for particular cases, the pillars that have always sustained property rights and their defense. One would then have a replevin action limited to only three years to challenge the improper registry inscription, with the aggravating factor of the total absence of means of publicity in the titling procedure of Law No. 7599 to be able to learn of such action against their own property. In the report, the position of the consulting Judge was endorsed, in the sense that Articles 3, 9, and 15 of Law No. 7599 should be declared unconstitutional for being contrary to Articles 7, 33, 39, 45, 50, 89, and 121, subsection 14, of the Political Constitution. In this way, having analyzed the unconstitutionality of Article 15 of the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves in the report presented in case file number 01-006077-0007-CO, it states that this must be considered as the report in this present judicial consultation of constitutionality, regarding said article. Finally, it recommended declaring the unconstitutionality of Article 15 of the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves, insofar as it establishes a three-year period for the negative prescription of third-party actions and, consequently, annulling the phrase in the first paragraph of said numeral that reads: "…shall be validated after three years counted from the day of the inscription of the title in the Public Registry, and the negative prescription of any third party who may be affected by this shall be limited to that period." And, from the second paragraph, that which reads: "…before the expiration of the three-year period it is observed that,…". 4.- The formalities established by law were fulfilled in the procedure. Drafted by Magistrate Calzada Miranda; and, Considering: I.- On admissibility. In accordance with Article 102 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, the consultation is admissible because it was presented by the Agrarian Court of Liberia prior to the application of the consulted norm, in an ordinary proceeding processed in its Court, in case file number 00-000257-387-AG, due to having well-founded doubts about its constitutionality. The plaintiff in that process requested that the judgment order the cancellation of the registry entry in favor of Mr. Nombre39567, for a property she has possessed as co-owner for more than twenty-eight years, so that henceforth said real estate appears in the registry in her name. The application of said norm derives from the fact that, as the plaintiff explains, the referenced real estate was registered through the procedure established in the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves No. 7599 of April twenty-ninth, 1996. II.- Object of the Consultation. The consulting Judge alleges the unconstitutionality of Article 15 of the Law of Lands Located in National Reserves No. 7599 of April twenty-ninth, 1996, insofar as it reduces to three years -from the day of the inscription of the property title in the Public Registry- the negative prescription (prescripción negativa) period for third parties with better rights to file their legal claims. They consider that this reduction of the negative prescription period can improperly harm the constitutional rights and principles of property, due process, access to justice, just compensation, reasonableness, and equality, contained in Articles 33, 21, and 45 of the Political Constitution. For a better understanding of the matter consulted, the cited norms are transcribed: "Article 15: Ownership of lands. The ownership of the lands referred to in this law, which shall be registered in favor of the beneficiaries of the titling programs, without prejudice to third parties of better right, shall be validated after three years counted from the day of the inscription of the title in the Public Registry, and the negative prescription of any third party who may be affected by this shall be limited to that period. However, this ownership shall be deemed consolidated from the very day of registration of the respective title in the Public Registry (Registro Público), solely for the purpose of applying for or obtaining housing loans from entities of the National Banking System, other state institutions, the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mutual associations, and cooperatives. If before the expiration of the three-year term it is observed that, due to an error in the information provided to the Institute, the title was issued contrary to the laws in force, the Instituto de Desarrollo Agrario shall declare, in the original case file, after a prior hearing of the parties and by means of a formal resolution of the Board of Directors, the absolute nullity of the title and of the registration. This declaration shall not generate any type of liability for the Institute. The resolution declaring the nullity shall be formally and literally communicated to the Public Registry, so that it may cancel the respective entry.". III.- On the merits. Law No. 7599, Ley de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, seeks to resolve the cases of possessors of zones within the National Reserve, allowing for the titling of these properties, which would remain subject to the limits established by special laws for environmental protection. National reserves are considered to be lands not registered under the Name443 of natural or legal persons, those not belonging to State institutions, and those of agricultural suitability that MINAE transfers to the IDA, where there exists at least a proportion of 20% of possessors of farms not registered in the Public Registry, whose areas are not greater than three hundred hectares. For its due compliance, the Executive Branch transfers to the IDA the ownership of the previously determined lands, and they are registered in the Public Registry, also issuing a Decree declaring the area subject to the program. Subsequently, land titling proceeds through the transfer and registration under the Name443 of their respective possessors, having previously demonstrated rational use in a peaceful, permanent, public, and uninterrupted manner, and under title of owner for a period of no less than five years. The intention of the legislative body was to allow current possessors to acquire ownership of those lands and thereby achieve access to the bank credit necessary to intensify and systematize their production, and thus be able to access decent housing. However, the procedure established in the law for filing the transfer application is deficient, regarding the possibility of defense that a third party might seek over some of the properties titled through this law. IV.- At this point, it is necessary to return to what was indicated by this Chamber in judgment number 2001-08560 at fifteen hours thirty-seven minutes on August twenty-eighth, two thousand one, which corresponds to the optional judicial consultation processed in case file number 01-006077-0007-CO, in which the constitutionality of Article 15 of the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales No. 7599 of April twenty-ninth, nineteen ninety-six, was analyzed. In said judgment, the following was indicated: "III.- On the merits.- …, in the opinion of the consulting judge, the legislation under study could be harming the property rights of third parties with superior right over the properties sought to be titled, since this legislation does not guarantee, by suitable means, the claim to the same, nor reasonable means for its recovery." "…He points out that by establishing in Article 15 that the recovery action (acción reivindicatoria) may only be brought within three years following the registry inscription, this law could be substantially harming fundamental rights such as the right to property, due process, access to justice, the principle of equality, and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, by establishing a titling procedure that could be leaving defenseless any third party who believes they have a superior right, whether the owner or a possessor. IV.- Basically these same arguments were raised in the unconstitutionality action processed in case file No. 98-005332-007-CO, by means of which the Ley de Titulación de Vivienda Campesina was declared unconstitutional, according to vote No. 2802-99, under the following considerations: "II.- ON THE RIGHT TO PROPERTY. The concept of property extracted from Article 45 of the Political Constitution must be understood as that allocation of a good in favor of a specific person. This right allows its holder to possess, dispose of, and freely use the good, without any third party intervening therein. It is precisely this condition that gives it the character of an "erga omnes" right, that is, it can be enforceable against third parties, obliging them, in turn, to respect and refrain from disturbing that right. The Political Constitution itself gives content to the concept of private property, with the following being understood as integrated into this term: possession, use and enjoyment, tenure, transformation, and defense. This Chamber has said that the two paragraphs comprising Article 45 of the Political Constitution, according to judgment No. 479-90 at seventeen hours on May eleventh, nineteen ninety, "...respond to radically different historical origins and ideological conceptions, to the point that it could be argued that they are contradictory affirmations: by the first, property is inviolable in every case, since strictly speaking, expropriation is not a limitation but a condition of extinction of the real right over the thing due to the extinction of the thing itself, which leaves legal circulation, whereas according to the second mandate, limitations are admissible provided they are of 'social interest' and have been decreed by the Assembly 'for reasons of public necessity' with the vote of at least two-thirds of its members. The first paragraph comes from the conception that property is an indisputable 'natural' right, inherent to every person by the mere fact of being a person, and in our constitutional history it appears from the 'Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica' or 'Pacto de Concordia' of December 1, 1821 (article 2), it is repeated with slight variations in the 'Ley de Bases y Garantías' of March 8, 1841, and in the Constitutions of April 9, 1844 (articles 1, 13 and 14), of February 10, 1847 (article 7), of December 27, 1859 (article 25), of April 15, 1869 (article 24) and of December 7, 1871 (article 29) which was in force until 1943, except for the brief interregnum represented by the application of the Constitution of June 8, 1917, repealed on September 3, 1919. The second paragraph of the current Article 45 is the same second paragraph that was introduced in the years 1942 and 1943 to Article 29 of the 1871 Constitution, and is based on the social Christianity of the Código Social de Malvinas originating from the functionalist sociologism of León Duguit, from the beginning of this century. That second paragraph was considered necessary to harmonize the prior text on property, which preached its inviolable character and therefore was an insurmountable barrier to State intervention in economic mechanisms, with the new currents aimed at favoring the dispossessed majorities, which in turn generated the protective legislation typical of those years, such as the so-called 'social guarantees' and landlord-tenant legislation, principally. It is not superfluous to add that such constitutional reform to the 1871 text, which passed without alterations to the current Constitution of November 7, 1949, was decreed in a time of suspension of constitutional guarantees, as a result of the closure of export markets due to the Second World War, and with the support of large sectors of the population. All to conclude that, regarding the constitutional discipline of patrimony, only 'social interest' limitations dictated for reasons of public necessity with the vote of at least two-thirds of the total deputies, that is, by thirty-eight votes, are admissible. The requirement for that qualified vote is due to the fact that within the Constitution underlie and coexist public political order (essential organization of the State, property, and the family), public social order (State intervention to safeguard the interests of large sectors of the population), and more tenuously, also public economic order (State activity aimed at promoting the prevailing economic system). Hence, it is necessary that laws of one or another character must be adopted by a majority sufficiently representative of the diverse sectors that make up the Assembly, but without the majority being of such magnitude that it produces a right of veto in favor of parliamentary minorities." In accordance with the transcribed jurisprudence, one of the essential elements of the right to property is the right of its holder to defend it against third parties who attempt to dispossess them of it. But this defense is not limited only to the possibility of repelling the invader by means of force, but rather of effectively being able to defend their right by any of the means that the legal system provides for such effect, including procedural means. It is in this aspect that the questioned law must be reviewed, specifically in the process established for the titling of campesino housing, in order to verify if it effectively allows the owner of a property subjected to that regime to exercise their right of defense. IV.- Prior to analyzing the questioned legislation, it is appropriate to make some brief considerations about the purpose the law pursues. The impugned law emerged as a rapid response to the housing problem in rural areas, creating a registration procedure that was simpler than an information of possession (información posesoria). Such legislation indicates that the lands that may be subject to titling shall not exceed two hectares, must be destined for the housing of the applicant and their family, and have been possessed under title of owner in a quiet, uninterrupted, and public manner for no less than five years. Unlike the Ley de Informaciones Posesorias, no edict of the titling application and of the property upon which it falls is published, nor are the adjacent property owners and co-owners of the land cited. Furthermore, the good faith of the title holder is always presumed, because even in the event that the owner or possessor recovers their property, they must pay all improvements made to the title holder, or pay any credit they may have requested for the construction or repair of housing. This law also does not require a sworn declaration that the property is not registered in the Public Registry, despite the fact that the law in its Article 1 indicates that it is only applicable to immovable properties lacking a registered or registrable title in the Public Registry, but it establishes no rule whatsoever aimed at verifying compliance with this, because the documents required from that Registry and from Direct Taxation only verify that the applicant lacks immovable properties under their Name443 and that they have not previously used this procedure. Likewise, a cadastral map of the immovable property must be submitted; however, this is also not sufficient guarantee that the owner can exercise their defense properly. The Procuraduría General de la República does not intervene in the process, nor does any other public institution guarantee that it is not a public domain good or a protected area. The situation is aggravated insofar as the recovery action may only be brought within three years following the registry inscription, which, once elapsed, according to Article 10, result in the consolidation of the right, as no action that threatens or restricts the right of the title holder shall be admitted in the courts. V.- Everything previously described presents a law that, although it is true it was created with the aim of providing housing to a national sector in a more expedited manner, by the very way in which it has been structured to function, harms, to a large extent, fundamental rights such as property, due process, access to justice, just reparation, the principle of equality, and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, by establishing a procedure that leaves defenseless the third party who believes they have a superior right, whether the owner or a possessor. In this regard, it is noteworthy that in such procedure, sufficient means of publicity of the action pursued by the title holder are not guaranteed, and, above all, due to this lack of publication, interested third parties are even unaware of the very existence of the application, and there is no mechanism for the exact verification of what was declared by the applicant, since good faith is presumed. What is more, even in the event that in a recovery proceeding, the plaintiff is defeated, they would be obligated to maintain the applicant there while the trial progresses, pay them all the improvements made, and even pay off any credit they may have requested for housing construction or repair. Such effects are evidently serious and significant for the third party who appears with a superior right, which is incompatible with the questioned procedure, which is approved almost solely on the applicant's declaration. In this same sense, said procedure implies a lack of legal protection for public domain property and protected areas, since there is no intervention in the process by any State Institution that demonstrates that the land is not suitable to be titled, thereby violating Articles 7, 50, 89, and 121 subsection 14 of the Constitution and the International Agreements subscribed for environmental protection, as there is an imminent danger of titling properties that should not be inhabited due to their ecological conservation conditions. Consequently, the titling procedure established in the impugned law does not sufficiently safeguard the rights of third parties who might have a superior right over the property to be titled; rather, the process is almost hidden and with extremely burdensome results. There also exists a total lack of protection for public domain goods or protected areas, as there is no hearing whatsoever for the Procuraduría or another institution, and therefore, the lack of knowledge on their part could mean a serious injury to public interests. Finally, it does not permit prior protection of the right to property, but only a posteriori and in a precarious manner, which also violates Articles 33 and 39 of the Constitution, since the law does not grant the possibility of defense to interested third parties, thus treating them unequally by placing them at a disadvantage when trying to protect their rights. VI.- For this reason, the action is admissible; however, it is necessary to clarify that this unconstitutionality is not intended to render void the State's efforts to provide social projects with the housing component, a fundamental right to which every human being is entitled." V.- … On the other hand, no means of publicity is apparent that would allow a third party with a superior right to have knowledge of the intended titling so that they could exercise their rights beforehand; rather, the defense practically results a posteriori and within a rather short three-year period in accordance with Article 15 under study, with consequences quite burdensome for the third party, since the property in question might have been mortgaged from the moment it was titled, which also violates the principle of procedural equality, by placing the complaining third party in a situation of extreme disadvantage regarding access to justice in the claim of their rights. On the other hand, there exists the same problem raised in the cited precedent, insofar as this expedited titling procedure does not include the appearance of the Procuraduría General de la República, nor of any other state institution that guarantees that public domain goods are not being titled, which would produce two situations: one, that they are zones protected for environmental reasons and could be damaged by inappropriate use; or two, the fact that the State must subsequently recover them, incurring excessive unnecessary costs, which is unreasonable and disproportionate. What was considered above, coupled with the cited vote which is equally applicable to the concrete case and regarding which the Chamber maintains the expressed criteria, renders the consulted rules unconstitutional. VI.- Similarly, as the law would have no meaning without the titling procedure contemplated in Articles 3 and 9 herein consulted, it is appropriate to declare in its entirety the unconstitutionality of the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales under study, for being contrary to the provisions of Articles 7, 33, 39, 45, 50, 89, and 121 subsection 14 of the Political Constitution. In accordance with the provisions of Article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, this declaration is retroactive to the effective date of the annulled rules, without prejudice to rights acquired in good faith. However, in accordance with the provisions of cited Article 91, the effects of the declaration of unconstitutionality are dimensioned, in the sense that it does not affect persons who have titled their lands under the protection of the Law that will be declared unconstitutional, provided that the term of three years to challenge the effects of that declaration has elapsed. The foregoing is without prejudice to the State being able to exercise the actions aimed at recovering those titled lands that constitute public domain goods." By virtue of the foregoing and since there are no grounds to vary what was resolved on that occasion, the consulter must abide by what was resolved in judgment number 2001-08560 at fifteen hours thirty-seven minutes on August twenty-eighth, two thousand one. Therefore: The consulter shall abide by what was resolved by this Chamber in judgment number 08560 at fifteen hours and thirty-seven minutes on August twenty-eighth, two thousand one. Luis Fernando Solano C. Nombre211, a.i. Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Susana Castro A. Gilbert Armijo S. AVC/ccg Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 06:56:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República