Res. 04944-2004 Sala Constitucional — Dike construction without environmental impact studies violates right to a healthy environmentConstrucción de diques sin estudios de impacto ambiental vulnera derecho a ambiente sano

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Sala Constitucional

Resolución Nº 04944 - 2004

Fecha de la Resolución: 06 de Mayo del 2004 a las 15:11

Expediente: 03-009991-0007-CO

Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Compañía Bananera del Atlántico Limitada.
Asentamiento San Pancracio.
Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.
Violación de los derechos por haberse construido diques sin la autorización tanto del órgano estatal regulador en materia ambiental, como del gobierno local, sino también por no existir estudios de impacto ambiental.

Tema: Derecho a la salud

Esta Sala, en reiterada jurisprudencia ha manifestado la importancia de proteger el medio ambiente, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, en que se tiene un verdadera disposición concreta que garantiza el derecho a un ambiente sano y lógicamente a su protección, además de dar una efectiva protección a los recursos hídricos, como en el caso que nos ocupa. Así, en sentencia número 1888-95 de las nueve horas dieciocho minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y cinco,  dispuso:

      "III.- El derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental derivado de los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, y la protección del medio ambiente resulta indispensable para la vida humana, ya que ésta se desarrolla dentro de un ecosistema que la sostiene. Así el derecho a un medio ambiente sano tiene como complemento y proclama el derecho de todo ser humano a disfrutar de un ambiente óptimo para el buen desarrollo de la vida humana, y la protección y conservación para las generaciones futuras de las bellezas naturales y demás patrimonio ecológico del país, de conformidad con los fines de índole cultural establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política. Con fundamento en lo anterior, Costa Rica a nivel internacional, ha firmado convenciones para proteger ese derecho fundamental al ambiente sano.”

Asimismo, en el voto número 02-006711 de las once horas con cuarenta y cinco minutos del 5 de julio del 2002

 señaló:

“IV.- Esta Sala se ha referido a la necesaria inclusión de la  calidad ambiental, entre los parámetros de calidad de vida en la sociedad actual y ha tutelado el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho fundamental consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. Es primordial recordar que durante muchos siglos el hombre creyó que debía dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que los recursos naturales eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable, sin que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfacción al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente. El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, ya que en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras.  Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país.  Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. Así, como ya se dijo el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración.  El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro.”

En el caso que nos ocupa, del informe rendido por los funcionarios recurridos, los representantes de la compañías bananeras accionadas y la prueba que obra en autos, se tiene por acreditado que la Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL), realizó obras de reconstrucción y fortalecimiento de un dique ya existente, cuya función es impedir el paso de agua hacia las plantaciones de banano en los eventos de crecidas de los ríos, específicamente en la quebrada La Mona, la cual se ve tapada en su salida por el río Siquirres y éste a su vez por el río Pacuare, mismos que reciben aguas del río Reventazón.  Asimismo, sobre este último se tiene por acreditada la existencia de un complejo de diques sobre su margen derecha, construidos por iniciativa de la Municipalidad de Siquirres y varias instituciones gubernamentales, durante los últimos 30 años, aproximadamente. Luego de las inundaciones acontecidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2002, varias secciones de esos diques se vieron dañadas, por lo que se observa que tanto COBAL como la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A., solicitaron los permisos respectivos ante el ente municipal local, con el fin de realizar las reparaciones necesarias (folio 169 y documento adjunto #13). No obstante, el titular del Ministerio de Ambiente y Energía señala que ninguna de las corporaciones bananeras accionadas ha presentado proyectos de diques en los Ríos Reventazón o Pacuare, para evaluación de impacto ambiental. De igual modo, si bien es cierto –como se indicó anteriormente- se presentaron solicitudes para obtención de permisos ante el Concejo Municipal de Siquirres –que a su vez fueron tramitadas ante la Dirección General de Geología y Minas-; se aprecia que las reparaciones se realizaron, incluyendo los movimientos de tierras, sin la debida autorización de los funcionarios competentes. Preocupa aún más a la Sala el informe rendido por la Directora de la Unidad de Ambiente Humano del Area Rectora de Salud de Siquirres –con ocasión de una inspección al lugar-, quien señala que las empresas accionadas no solamente reconstruyeron diques existentes, sino también levantaron diques nuevos, en las zonas de riesgo de desbordamiento de los ríos Pacuare, y Reventazón, sin contar con los permisos correspondientes, ni los estudios técnicos de impacto ambiental (folio 282).

Por ello, es evidente que la actuación de la compañías bananeras recurridas, no solo es contraria al ordenamiento jurídico, sino que constituye una lesión al derecho a la salud y un ambiente sano, consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política. Lo anterior, no solamente por haber construido diques sin la autorización tanto del órgano estatal regulador en materia ambiental, como del gobierno local, sino también porque al no contar con estudios de impacto ambiental no es posible tener claro las repercusiones que una estructura de este tipo tiene en el comportamiento del río, existiendo la posibilidad de que aumente la capacidad hidráulica del cauce, y que de esta forma facilite las condiciones para que se produzcan inundaciones en las áreas adyacentes. Esta Sala no desconoce que el Asentamiento San Pancracio –donde habita el recurrente-, así como algunas fincas de las compañías recurridas –tal como Finca Gigante- se localizan dentro de la llanura de inundación de los Ríos Pacuare y Reventazón, y que ello aunado a las altas precipitaciones que caracterizan la zona, facilita inundaciones por el desbordamiento de dichos ríos. No obstante, precisamente la ausencia de los estudios técnicos de impacto ambiental impiden determinar si los efectos de tales inundaciones fueron acrecentados y magnificados por los movimientos de tierra y construcción de diques que, como se indicó en líneas anteriores realizaron las compañías bananeras citadas. Asimismo, resulta comprensible que estas compañías, realicen actuaciones en protección de su patrimonio, y de la actividad agropecuaria a la que se dedican; sin embargo, para ello deben velar por una efectiva implementación del concepto de desarrollo sostenible, y respetar el ecosistema; por lo que es absolutamente inaceptable que actúen omitiendo los trámites previstos por ley, poniendo en peligro el medio ambiente, así como la salud y la vida de los vecinos del lugar, al alterar de tal manera los recursos naturales.

Por otra parte, la Sala concluye que en el caso bajo análisis, la infracción al derecho a la salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado, es también imputable al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente y Energía, y a la Municipalidad de Siquirres, producto de la negligencia u omisión del ejercicio de las facultades de fiscalización exigidas por vía constitucional, y legal ordinaria, en cuanto a velar por la adecuada disposición de los recursos naturales, pues están en la obligación de verificar no sólo si procede o no la construcción de una estructura en ese lugar, a través de los estudios de impacto ambiental que correspondan, sino que dicha estructura, cumpla con todos los requisitos técnicos y legales necesarios, de previo a realizar su edificación. No obstante, la entidad municipal recurrida y los titulares de las carteras ministeriales supra citadas, se limitan a manifestar que no tuvieron conocimiento de la situación planteada por el recurrente, hasta la notificación del presente recurso. Analizando asuntos similares, la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, y como consecuencia el esencial a la vida, en razón de la incapacidad de las autoridades públicas para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia otorgadas por ley, así como los instrumentos que el ordenamiento jurídico les otorga, con el fin de controlar las  acciones de terceros que atenten directamente contra tan importante derecho fundamental. En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente recurso debe ser declarado con lugar en contra del Ministerio de Ambiente y Energía, del Ministerio de Salud  y de la Municipalidad de Siquirres.

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Texto de la resolución

Exp: 03-009991-0007-CO

Res: 2004-04944

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con once minutos del seis de mayo del dos mil cuatro.-




Recurso de amparo interpuesto por Elías Jaen Jaen, portador de la cédula de identidad número 5-200-942, a favor de la ASOCIACION ADMINISTRADORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y COORDINACION INSTITUCIONAL DEL ASENTAMIENTO SAN PANCRACIO, contra la CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE, LA COMPAÑIA BANANERA ATLANTICA SOCIEDAD ANONIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas y tres minutos del veinticuatro de setiembre de 2003 (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE, LA COMPAÑIA BANANERA ATLANTICA SOCIEDAD ANONIMA, LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES y manifiesta que el Instituto de Desarrollo Agrario, adquirió una finca conocida como San Pancracio y la distribuyó en pequeñas parcelas, beneficiando a treinta y tres familias campesinas, aproximadamente. Dicha finca colinda con las tierras cultivadas con banano, que son propiedad de las empresas Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (BANDECO) y con la Compañía Bananera Atlántica (COBAL). Alega que se han visto afectados en los últimos tiempos y especialmente en diciembre pasado, por las inundaciones acaecidas, debido a que esas dos empresas bananeras han construido diques para proteger sus plantaciones, ocasionando la transformación de los cauces naturales de las aguas y redireccionando las mismas hacia su asentamiento. Ello ha hecho que las aguas discurran en forma violenta en las épocas de altas precipitaciones e inundaciones. Por esa situación, se ha puesto en peligro gran cantidad de vidas humanas; y también se han dañado las tierras, cultivos, ganado, aves y la salud pública, tal como sucedió en diciembre pasado, cuando todos los parcelemos tuvieron grandes pérdidas económicas, además del impacto social y psicológico sufrido por sus familias. A pesar de que la Municipalidad de Siquirres tiene conocimiento de los movimientos de tierra y la construcción de diques, no ha adoptado las medidas necesarias para preservar el medio ambiente y proteger la seguridad física y psicológica de los habitantes del cantón. Explica que ha mediados del dos mil dos, las compañías bananeras recurridas, han venido construyendo diques en los márgenes de los cauces de los ríos Pacuare y Reventazón, así como en quebradas naturales internas de las fincas y alrededor de las mismas, a fin de proteger sus plantaciones. Al construir esos diques, se ocasiona una variación en los niveles topográficos entre los terrenos de las compañías bananeras y los de su asentamiento, quedando un desnivel en el lado del asentamiento. Al producirse las fuertes precipitaciones en ciertas épocas del año, y al darse la redirección de las aguas, por la construcción de los diques, se producen excedentes de aguas que los canales internos de las fincas no pueden manejar. Tales circunstancias ocasionan desbordamientos violentos hacia el asentamiento San Pancracio -que ha quedado con un desnivel topográfico- lo cual genera a su vez, efectos devastadores en las parcelas. Indica que en la localidad de Meryland, frente al Asentamiento de San Pancracio, se ubica el Colegio público de Meryland, el cual se vio afectado por los hechos descritos. Eso le preocupa, debido a que es el centro de enseñanza secundaria al que asisten los hijos de todas las familias de la zona, y cuenta con uno de los laboratorios de cómputo más modernos, el cual podría perderse si se da una nueva inundación. Igualmente, como consecuencia de las inundaciones, los tanques sépticos y drenajes colapsan, produciendo contaminación, con el peligro inminente para la salud pública, al igual que la contaminación por desechos sólidos y otros productos utilizados en la agricultura del banano. Por las inundaciones, varias familias vieron destruidas sus casas y tuvieron que construir nuevamente sobre pilotes de hasta un metro cincuenta de altura, medida que no era necesaria anteriormente. Afirma que las recurridas continúan construyendo diques. A raíz de esos eventos, investigaron si esas compañías tenían los permisos establecidos por ley, para el movimiento de tierras y construcción de diques. Se enteraron de que ninguna de las dos empresas tienen los permisos respectivos ni los estudios de impacto ambiental, que permitan conocer la viabilidad para construir diques en la zona, así como las consecuencias que ello originaría. Por otra parte, debido a los trabajos realizados por las empresas bananeras, los bancos no autorizan créditos para el desarrollo socio económico de la comunidad de San Pancracio, al considerarla de alto riesgo. Solicita que se declare con lugar el recurso, por violación a lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.

2.- Informa Francisco Clough Robinson, en su condición de Apoderado Generalísimo de la Compañía Bananera Atlántica Limitada (folio 136), que –a su juicio- el asunto que aquí se trata es meramente patrimonial, pues en el fondo se trata de un reclamo que se formula en nombre de una comunidad que le atribuye a las compañías y municipalidad recurridas una conducta dañosa por la que reclaman el pago de una suma ejecutable en sentencia. Así, presenta excepción de falta de competencia, por lo que el asunto debe ventilarse en los tribunales comunes, ya que es en esa sede en la que con el acopio de la pruebas pertinentes se puede debatir si las recurridas son o no responsables de los daños y perjuicios que les son endosados, pues la acción presentada en su contra no cuenta con pruebas en las que se demuestre que las construcciones de los diques (cuya autoría se les endilga) sean las causantes de las inundaciones, y no otras causas como los cauces naturales de los ríos, las altísimas precipitaciones pluviales que se producen casi todos los años en la Zona Atlántica, el levantamiento de la plataforma continental originado por el terremoto de Limón, etc. Alega que el recurrente no ha presentado prueba, como es su obligación, y en razón de esto es imposible que se produzca una sentencia declarativa de responsabilidad. Presenta, también, excepción de prescripción debido a que, según las propias afirmaciones del recurrente, las construcciones de los diques y las inundaciones se produjeron en junio o julio y en diciembre del 2002, lo que confirma que desde esas fechas ya han transcurrido sobradamente los dos meses a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y tratándose de un asunto meramente patrimonial, el presente recurso resulta totalmente improcedente por la excepción de prescripción. En cuanto a los hechos señala que a su representada no lo consta como se constituyó el Asentamiento de San Pancracio y como se distribuyeron las parcelas durante su formación, aunque reconoce que esas tierras colindan en parte con propiedades de su representada. Niega que su representada construyera recientemente diques u obras de protección en los márgenes de los Ríos Pacuare y Reventazón, y que como consecuencia de esas obras se produzcan las inundaciones que se mencionan. Señala que en el pasado, con las autorizaciones, licencias y permisos que en se entonces se exigían su representada colaboró con dinero y maquinaria, en obras de protección, especialmente diques que en los Ríos Siquirres, Pacuare, Mona y Reventazón, construyeron empleados e Ingenieros de la Dirección General de Obras Portuarias y Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y algunas organizaciones vecinales de origen local, precisamente con la intención de  salvaguardar no solamente plantaciones y fincas, sino que, en especial, a los pobladores de las zonas más afectadas con las crecidas naturales de esos ríos, sobre todo en la zona denominada Llenas, que son fenómenos imprevisibles climatológicos, acompañados de gran precipitación pluvial que ocasionan inundaciones en toda la zona atlántica, como ha sucedido en los últimos años, en lo que estos fenómenos, han sido más frecuentes por el efecto invernadero y la deforestación ocasionada por los hombres. Agrega que en el pasado su representada y otros propietarios y poseedores de fincas ubicadas en la ribera izquierda de los Ríos Pacuare, Siquirres y La Mona, se vieron obligados a construir, contando con los permisos respectivos, diques y obras de protección para evitar que poblaciones como la de San Pancracio, se vieran afectadas con inundaciones como las que señala el recurrente, debido a que las construcciones de diques realizadas por Standard Fruit, Dole, Caribana, a lo largo de la ribera derecha de los ríos mencionados, ocasionan el desbordamiento de sus cauces por el desnivel topográfico que esas obras han originado con respecto a las tierras ubicadas en la ribera izquierda de esos ríos, y que afectan por igual todas las propiedades ubicadas en esas márgenes. Niega que su representada sea responsable por las inundaciones y desastres naturales que menciona el recurrente, pues al igual que el Asentamiento San Pancracio, han tenido que hacer frente a las inundaciones y desbordamientos de los ríos mencionados, que todos los años se producen en la zona. Agrega que no existe razón lógica ni legal para que tal acusación tenga fundamento, pues tanto las tierras de su representada como las del Asentamiento en cuestión, están situadas en un desnivel topográfico pronunciado respecto de las tierras ubicadas en la ribera izquierda de los ríos indicados, de tal manera que cualquier fenómeno climatológico o atmosférico que produzca precipitaciones pluviales, a quien perjudicará será a dichas fincas. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- Informa bajo juramento Miguel Quirós León, en su condición de Alcalde la Municipalidad de Siquirres (folio 150), que en fechas 2 y 10 de junio de 2003, se recibió ante esa municipalidad solicitud de información presentada por el recurrente, en la cual se requería saber si se había otorgado permisos de construcción para diques; asimismo, se preguntó si de conformidad con el Decreto de Emergencia N°30059-MP se incluyó dentro del Plan Regulador de Emergencia la extracción de materiales para la construcción de diques en las márgenes de los ríos Pacuare y Reventazón. Señala que oportunamente al Municipalidad de Siquirres dio respuesta a las inquietudes planteadas por el amparado, mediante oficio del 10 de julio y 1 de julio, ambos de 2003. Manifiesta que en ningún momento el promovente solicitó intervención directa de ese ente municipal en los términos que refiere en la interposición del presente recurso, limitándose únicamente a remitir solicitudes de información, a las cuales siempre se dio respuesta. Agrega que de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Aguas N°276, los dueños de predios colindantes con causes públicos tiene libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente. La administración podrá –previa conformación de un expediente- suspender tales obras y aún restituir las cosas a su anterior estado, cuando por las circunstancias amenacen  o causen perjuicios al desviar las corrientes de su curso natural, o produzcan inundaciones. La indemnización de los perjuicios que pudieran causarse correrán a cargo del dueño que ordenó la construcción de las defensas. Bajo ese orden de ideas, señala que la Municipalidad que representa levantó un expediente administrativo, contando para ello con el respectivo informe técnico, así como de inspección, lo cual deberá obtenerse previamente al traslado de cargos al infractor, para lo cual se designó ya a un profesional en la materia, y la inspección está programada para el 22 de octubre de 2003, a las nueve horas. Reitera que se desconocía el problema planteado por el recurrente, por lo que procederá conforme los artículos 89 de la Ley de Aguas y 55 de la Ley de Construcciones. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa Hubert Steinvorth Sauter, en su condición de Apoderado Generalísimo de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. (folio 191), que en el año 1998 el IDA compró al señor Jorge Garita la finca San Pancracio para distribuirla a pequeños agricultores, convirtiéndose en un asentamiento campesino. Para tal efecto, se determinó con base en estudios agrológicos realizados que las tierras reunían las condiciones adecuadas para desarrollar diversos cultivos, y para la cría de ganado. Al parcelarse dicha finca se beneficiaron aproximadamente 33 familias campesinas. Señala que la propiedad referida está ubicada en una zona con precipitaciones pluviales muy altas, y que la topografía del terreno ha tenido desde tiempos inmemoriales problemas de inundaciones por ubicarse en zonas depresionales e inundables de topografía plana (llanura), y su altitud sobre el nivel del mar (solamente 11 metros sobre el nivel del mar). Indica que cuando no se presentan trastornos climatológicos, en el asentamiento San Pancracio las aguas pluviales discurren en forma normal sin causar ningún tipo de alteración. Los daños aludidos por el recurrente se producen por fenómenos naturales totalmente fuera del control del hombre, como lo fue el caso de la inundación del mes de noviembre de 2002, evento que puso en peligro muchas vidas, afectando viviendas, cultivos, puentes y carreteras en toda la Región Atlántica, lo que dio motivo incluso a la declaratoria de Estado de Emergencia por parte del Poder Ejecutivo. Señala que históricamente la compañía que representa ha colaborado con la Municipalidad de Siquirres, el MOPT, la Comisión Nacional de Emergencias y otras entidades relacionadas, en la reparación del dique del Río Reventazón, y en otras obras tendientes a prevenir y mitigar el impacto de eventos sobre las poblaciones civiles de la zona. Sin embargo, afirma que en todas las obras, nunca se ha redireccionado el cauce natural de ningún río. Señala que las obras realizadas propiamente en plantaciones de su representada, obedecen al desarrollo de un sistema integrado de drenajes para la adecuada evacuación de las aguas pluviales de lo bananales, y hacerlas desembocar finalmente en los cauces de los ríos públicos, sin modificar o redireccionar sus cauces naturales. Ello implica también hacer reforzar bordas para evitar el rebalse del caudal que fluye por los canales en aras de proteger las zonas aledañas a éstas. Agrega que durante el año 2002 su representada no construyó ningún dique en los márgenes del cauce del Río Reventazón, ni el Pacuare, así como tampoco en quebradas naturales internas de las fincas. Tampoco ha desviado o transformado cauces naturales, ni ha redireccionado aguas hacia el Asentamiento San Pancracio. Después del evento de noviembre de 2002, los trabajos se limitaron a la reconstrucción de los diques ya existentes del río Reventazón, y reparar también el sistema de drenajes con el afán de hacer más eficiente la evacuación de las aguas de las precipitaciones locales. Indica que los trabajos de reparación tuvieron dos propósitos: a) restablecer el paso por la carretera o ruta nacional 806 que conduce de Siquirres a Carmen, San Pancracio, Marilan, Imperio y otras comunidades, y; taponear las violentas entradas de agua que la inundación provocó al romper los diques preexistentes, para proteger de anegación las comunidades supra citadas. Señala que el problema de inundación del Asentamiento, así como de las áreas vecinas es causado por el desbordamiento de los Ríos Reventazón y Pacuare, los cuales fluyen por vías de aguas existentes fuera de las propiedades de su representada. Señala que la Asociación Administradora del Asentamiento San Pancracio de Siquirres elaboró en julio de 2003 un estudio de reconocimiento geológico-ambiental en los alrededores del lugar, por medio de la empresa Geodesarrollos Ambientales de América, S.A., el cual aporta como prueba el recurrente. Sin embargo, en dicho estudio no se menciona a su representada, y concluye recomendando realizar un estudio hidrológico del río Pacuare al establecer que el Asentamiento se ubica dentro del área de influencia directa de la Finca Gigante, propiedad de COBAL. Luego de la inundación del Río Reventazón en el año 1970, y por iniciativa de la Municipalidad de Siquirres junto con el MOPT, se construyó el dique a la altura de Las Juntas que actualmente evita los desbordamientos en la margen derecha del Río Reventazón. Posteriormente, a finales de la década de los setenta, la Compañía COBAL reforzó el dique de Las Juntas y construyó otro dique aguas abajo para completar la obra integralmente. Por último, entre los años 1991 y 1994 el MOPT junto con JAPDEVA, la Municipalidad de Siquirres, Cobal, Bandeco y otros, completaron la construcción del complejo de diques sobre la margen derecha del Río Reventazón, para tratar de impedir los desbordamientos hacia su margen derecha, donde se ubica la llanura de inundación y el cauce del Río Aguas Zarcas. BANDECO no ha participado nunca en la construcción de diques sobre el Río Pacuare. Agrega que los diques han existido desde hace más de 30 años, construidos por el Gobierno de turno, y principalmente para la protección de las poblaciones civiles aledañas, entre las que se encuentran los centros de población de los trabajadores de las fincas bananeras, plantaciones, edificaciones y equipos administrativos y productivos. Niega que el nivel topográfico a que hace referencia el promovente, siempre se ha mantenido invariable; sin embargo, los terrenos del Asentamiento San Pancracio son depresionales e inundables, por lo cual históricamente la zona ha sufrido de inundaciones, y no la presencia de diques en los Ríos Reventazón y Pacuare. Para fundamentar sus afirmaciones cita el Estudio Hidrológico de las Cuencas de los Ríos Reventazón, Siquirres y Pacuare, publicado en octubre de 1996 por la Comisión Nacional de Emergencias, y la Fundación de la universidad de Costa Rica para la Investigación, a través del Convenio CNE-FUNDEVI. Insiste que ninguna de las dos fincas propiedad de la empresa que representa (Carmen e Imperio) desfogan sus aguas internas hacia el asentamiento San Pancracio; lo hacen en parte de la Quebrada Corona, parte hacia el río Aguas Zarcas, y parte hacia el Río Chiquerón, a través de un canal interno denominado Canal H. Afirma que durante el evento natural de noviembre de 2002, el Poder Ejecutivo decretó estado de emergencia de en la zona atlántica, lo que demuestra que las inundaciones no obedecen a la presencia de diques, sino a fenómenos naturales impredecibles. Afirma que las fincas de su representada también se vieron afectadas durante el evento referido, por lo que estima absurdo pensar que la misma empresa ponga en peligro sus propias plantaciones al construir diques y desviar los cauces originales de los ríos. Otro aspecto que estima influye en las inundaciones es el aumento en el nivel de aguas que el Río Reventazón ha tenido en los últimos años, ocasionado por el aumento en la acumulación de sedimentos en el lecho del río, que ha aumentado cinco metros en seis años, de manera que los niveles de agua que hoy debe llevar el río para desbordarse son muchísimo menores que los requeridos hace seis años, facilitándose la posibilidad de desbordes e inundaciones. Las condiciones de insalubridad aducidas por el amparado, son el resultado de las condiciones de drenaje pobre de los terrenos en que se asienta San Pancracio, lo que estima no es de ninguna manera imputable a su representada; incluso por ser considerada zona de alto riesgo, los entes financieros no autorizan créditos para el desarrollo en esa zona. Insiste que la construcción de los diques de los ríos Reventazón y Pacuare ha sido responsabilidad del Gobierno Central, el cual ha contado con la colaboración de algunas empresas privadas como su representada; asimismo, dichas estructuras se levantaron en el año 1970, cuando no eran requeridos estudios para tal efecto. Plantea las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de competencia por razón de la materia, prescripción, falta de derecho y la genérica sine actione agit. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las siete horas cuarenta y seis minutos del 27 de noviembre de 2003, Franklin Robinson Barnaby, y Grace Argentina Arias Alvarado presentan gestión de coadyuvancia a favor del recurrente (folio 220).

6.- Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las ocho horas cuarenta minutos del 16 de diciembre de 2003, Hubert Steinvorth Sauter, en su condición de apoderado de la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A. (folio 229) aporta fotografía que muestra daños causados al dique del río Reventazón por la lluvia e inundaciones acaecidas durante ese mes en la zona atlántica. Indica que si se omitiera brindar reparaciones a los diques –en coordinación con autoridades municipales y nacionales-, tendría nefastas consecuencias sobre la población civil.

7.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala a las diez de la mañana del veinticuatro de diciembre de dos mil tres, el recurrente aporta fotografías de varias inundaciones, y lo que asegura es la construcción de diques por parte de la empresa Corporación de Desarrollo Agrícola Monte S.A. (folio 237).

8.- Mediante resolución de las diez horas treinta y siete minutos del dieciocho de diciembre de dos mil tres (folio 235), se otorgó audiencia a los Ministros de Salud, y de Ambiente y Energía, para que se refieran a los hechos alegados por el recurrente en el presente recurso de amparo (folio 235).

9.- Informa bajo juramento Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro del Ambiente y Energía (folio 272), que las empresas Compañía Bananera Atlántica S.A. (COBAL), y Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (BANDECO), no han presentado proyecto alguno de diques en los márgenes de los cauces de los ríos Reventazón o Pacuare, para evaluación de impacto ambiental. Agrega que no tiene conocimiento de los demás reclamos planteados por el recurrente, ya que estima se trata de aspectos que están fuera de su competencia (folio 273).

10.- Informa bajo juramento María del Rocío Sáenz Madrigal, en su condición de Ministra de Salud (folio 274), que afirma que tuvo conocimiento de los hechos reclamados por el recurrente hasta la notificación de la resolución que dio curso al presente amparo. El 14 de enero de 2004, la Dirección del Area Rectora de Salud de Siquirres no ha recibido denuncia alguna interpuesta por el recurrente indicando los problemas sanitarios denunciados en el recurso de amparo. Señala que las empresas bananeras Compañía Bananera Atlántica S.A. (COBAL), y Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (BANDECO), cuentas con los respectivos Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud, para el desarrollo industrial propio de su actividad, vigentes y extendidos por el nivel central del Ministerio de Salud. Señala que la Dirección del Area Rectora de Salud de Siquirres, a través de su Unidad de Protección al Ambiente Humano, ha realizado supervisiones a las empresas bananeras Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, y la Compañía Bananera Atlántica, en lo atinente a la observancia de los términos contemplados en la concesión de sus respectivos Permisos de Funcionamiento. Sin embargo, las empresas referidas no han presentado solicitud alguna para el movimiento de tierras, ni para la construcción de diques. Agrega que ese Ministerio no les ha concedido permiso para el movimiento de tierras ni para la construcción de diques. Según informe remitido mediante oficio UPAH-RPP-001-2004 del 14 de enero de 2004, el Area Rectora de Salud de Siquirres determinó la existencia de diques en los alrededores de la comunidad amparada, y por condiciones topográficas hay un canal que pasa por la comunidad y recoleta las aguas de las fincas bananeras de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, y 3 fincas de las Compañía Bananera Atlántica S.A. Asimismo, se observó que las empresas mencionadas realizaron movimientos de tierra, reconstruyeron algunos diques existentes e hicieron diques nuevos. Dichas obras fueron realizadas en zonas de riesgo de desbordamiento del río Pacuare colindante en parte con algunas fincas de la Compañía Bananera Atlántica Sociedad Anónima, y el río Reventazón, colindante en parte con algunas fincas de la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte. Asimismo, las obras realizadas no contaron con los estudios técnicos de impacto ambiental correspondientes, ante la Secretaría Técnica Ambiental, según lo dispone la Ley N°7554 del 04-10-1995. A pesar de lo anterior, estima que corresponderá a los órganos técnicos pertinentes definir si los fenómenos de las inundaciones denunciadas en el presente recurso –fenómeno público y notorio-, fueron precipitadas por los movimientos de tierra y construcción de diques, o sus efectos –inundaciones- fueron acrecentados y magnificados por la realización de tales obras. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

11.- Mediante memorial recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas veinticinco minutos del 25 de febrero de 2004, Francisco Clough Robinson, en su condición de apoderado generalísimo de Compañía Bananera Atlántica Limitada (folio 287), aporta copia de la resolución N°01-2003 de las diez horas del 29 de octubre de 2003, y del Informe IC-S1099-03 del 23 de octubre de 2003, en los que se determina que una inspección técnica realizada por ingenieros concluyó que los trabajos realizados por las firmas recurridas en el dique ubicado sobre la Quebrada La Mona, sirven de protección a una zona que siempre se ha visto afectada por inundaciones, ya que se encuentra ubicada entre los ríos más importantes que son Pacuare, Siquirres y Reventazón. Asimismo, se determinó que no se desprende riesgo actual a la seguridad de las personas, en el tanto dicho dique se muestra sólido.

12.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.




Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,




Considerando:

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)                           En 1998, El Instituto de Desarrollo Agrario compró la finca conocida como san Pancracio, ubicada en el Distrito Primero Siquirres, Cantón Tercero Siquirres, Provincia de Limón, y distribuyó las tierras en pequeñas parcelas, beneficiando aproximadamente a treinta y tres familias, formando de esta manera El Asentamiento Campesino San Pancracio (hecho no controvertido).

b)                           Mediante nota del 30 de enero de 2003, el Gerente de Servicios de Ingeniería de la Compañía de Desarrollo Agrícola del Monte, S.A., solicitó al Concejo Municipal de Siquirres permiso para rehabilitar la parte dañada de un dique sobre el Río Reventazón, realizando extracción de materiales (Documento Probatorio #13 adjunto).

c)                           Por memorial del 21 de febrero de 2003, el Alcalde Municipal de Siquirres solicitó al Director de Geología y Minas del MIANE, autorización para la extracción material con el fin de reparar el dique sobre el Río Reventazón (Documento Probatorio #13 adjunto).

d)                           Mediante oficio OPE473/03 de 21 de julio de 2003, el Coordinador de la Región Huetar Norte del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, solicitó a la Municipalidad de Siquirres copia de los planos y demás estudios que las empresas bananeras formulan para desarrollar diques, pues estima que existe un inminente riesgo de afectación a los pobladores de las comunidades adyacentes (San Alberto y San Pancracio), por cuanto están quedando expuestos a los desbordamientos de los cauces hacia sus propiedades (folio 95).

e)                           Por memorial del 22 de abril de 2003, el supervisor de Manejo de Aguas de la compañía COBAL, solicitó permiso al Concejo Municipal de Siquirres para reparar los diques de protección de las fincas de esa empresa, al amparo de los Decretos de Emergencia del Ministerio de la Presidencia N°30059 del 15 de enero de 2002, y N°30866 del 6 de diciembre de 2002 (folio 169).

f)                           Mediante oficio IMN-DA-1342-03 del 29 de mayo de 2003, el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía comunicó al recurrente que de acuerdo a sus registros las empresas COBAL Y BANDECO no tienen ningún trámite relacionado con la construcción de diques y desvío de aguas sobre el margen de los ríos Reventazón y Pacuare (folio 103).

g)                           Por solicitud de la Asociación Administradora del Asentamiento San Pancracio, ubicado en Siquirres, el 10 de junio de 2003, la empresa consultora ambiental denominada Geodesarrollos Ambientales de América S.A. (GEODESA), con registro de SETENA N°15-96, realizó una visita de inspección geológica a ese sitio, con el fin de determinar la influencia que puede tener sobre el Asentamiento, el manejo de las aguas pluviales de la finca bananera Gigante, propiedad de la empresa COBAL, concluyendo que dicho Asentamiento se ubica en una condición de vulnerabilidad al riesgo de inundación, por la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extraordinarios, debido a que está localizado dentro de la llanura de inundación del río Pacuare y está dentro del área de influencia directa de la Finca Gigante, propiedad de COBAL (folio 34).

h)                           Por oficio N°DASS-008-2004 del 12 de enero de 2004, la Directora del Area de Salud de Siquirres del Ministerio de Salud indica que las empresas bananeras recurridas cuentan con permisos de ese Ministerio en todas sus fincas, y se realizaron supervisiones durante el año 2003 (folio 280).

i)                           Por oficio N°DASS-009-2004 del 13 de enero de 2004, la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Area Rectora de Salud de Siquirres indica que ninguna de las empresas accionadas han solicitado permiso alguno para el movimiento de tierras, ni para la construcción de diques (folio 281).

j)                           Mediante oficio UPAH/RPP-001-200 del 14 de enero de 2003 (sic), la Unidad de Protección Humano del Ministerio de Salud Pública, indica que durante una inspección realizada en la zona, se logró determinar que las empresas accionadas realizaron movimientos de tierra, reconstruyeron algunos diques existentes y levantaron nuevos. Las obras se realizaron en zonas de riesgo de desbordamiento del río Pacuare y el río Reventazón. Asimismo, las obras realizadas no contaron con los estudios técnicos de impacto ambiental (folio 282).

k)                           Mediante oficio IC-S10099 del 23 de octubre, el Ingeniero Guido Ruiz Benavides de La Unidad Técnica de Asistencia Municipal del Atlántico informó a la Municipalidad de Siquirres que según inspección realizada a la zona de los diques, éstos protegen una zona que siempre se ha visto afectada por inundaciones, ya que se encuentra ubicada entre los ríos más importantes: Pacuare, Siquirres y Reventazón, de manera que impide el paso de agua hacia la comunidad de San Pancracio; sin embargo, se estimó necesario contar con los estudios de la SETENA y el MINAE (folio 291).

l)                           Mediante resolución N°01-2003, del 29 de octubre de 2003, la Alcaldía Municipal de Siquirres acogió el informe técnico citado en el punto anterior, y ordenó a la empresa COBAL que presentara el dictamen de la SETENA y del Departamento de aguas del MINAE, sobre la construcción de los diques (folio 289).

II.- Sobre la admisibilidad del recurso. La Sala ha señalado en cuanto a la legitimación activa en casos en que se acuse la lesión al medio ambiente:

"En cuanto a la admisibilidad del recurso, es importante expresar que cualquier persona se encuentra, de conformidad con el artículo 89 en relación con el 21, 10 y 48 de la Constitución política y 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para interponer el amparo en defensa del derecho a la conservación de los recursos naturales del país. A pesar de no existir un perjuicio directo y claro para el accionante como en el caso de un acto concreto del Estado en contra de un particular, todos los habitantes, en cuanto a las transgresiones al artículo, sufren un perjuicio en la misma proporción que si se tratara de un daño directo, por lo que se considera que existe en su favor un interés que los faculta a accionar para proteger ese derecho a mantener un equilibrio natural en el ecosistema." (Sentencia N°1700-93 de las 15:09 horas del 16 de abril de 1993).

 La jurisprudencia citada es aplicable en el presente caso, además el actor representa los intereses ecológicos de la comunidad de Siquirres, provincia de Limón, en consecuencia, el recurso es admisible.

III.- Sobre las coadyuvancias. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las personas que tengan un interés legítimo en el resultado del amparo pueden presentarse como coadyuvantes, gestión que entiende la Sala es la que presentaron quienes suscribieron el escrito visible a folio 205 y siguientes del expediente. Como los gestionantes tienen un interés legítimo en las resultas de este amparo, al reclamar una lesión al medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo supra citado se les tiene como coadyuvantes, a favor del recurrente.

IV.- Sobre la caducidad del amparo. Estiman los representantes de la Compañía Bananeras accionadas que en este caso debe operar la caducidad del amparo, en los términos del artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto consideran que los hechos señalados –las construcciones de diques y las inundaciones que se reclaman provocaron-, se produjeron en junio y diciembre del año 2002. El argumento es improcedente, porque el derecho a la salud deriva directamente del derecho a la vida (artículo 21 de la Carta Magna), y ni siquiera su propio titular puede renunciarlo, mientras que el de vivir en un ambiente equilibrado (ordinal 50 de la Constitución), es un derecho social, por su naturaleza irrenunciable conforme al artículo 74 ibídem. Por el contrario, la caducidad a que se refiere la norma citada de la ley de esta jurisdicción, es aplicable solamente a aquellos derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida.

V.- Sobre las excepciones. Los representantes de las compañías bananeras accionadas interponen excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de competencia por razón de la materia, falta de derecho y la genérica sine actione agit. En cuanto a ello, es preciso aclararles que tratándose de un proceso sumario, en el recurso de amparo no procede oponer excepciones. Estas se pueden interponer contra las acciones, pero no contra los recursos, de manera que lo procedente es rechazar las excepciones señaladas por los recurridos.

VI.- Objeto del recurso. El recurrente alega que la construcción de diques por parte de las compañías bananeras accionadas, en las márgenes de los ríos Pacuare y Reventazón -con el fin de proteger sus plantaciones de inundaciones-, provoca que dichos ríos manejen un caudal de aguas más grande que el que tenían hace unos años, lo que ocasiona que no sea posible la evacuación de las aguas en forma adecuada, provocando que el causal se devuelva e inunde las zonas aledañas, entre ellas el Asentamiento San Pancracio –donde habita-. Lo anterior con el agravante de que esas obras se realizaron sin estudios de impacto ambiental, y sin los respectivos permisos de las autoridades competentes.

VII.- Sobre el fondo. Esta Sala, en reiterada jurisprudencia ha manifestado la importancia de proteger el medio ambiente, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, en que se tiene un verdadera disposición concreta que garantiza el derecho a un ambiente sano y lógicamente a su protección, además de dar una efectiva protección a los recursos hídricos, como en el caso que nos ocupa. Así, en sentencia número 1888-95 de las nueve horas dieciocho minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y cinco,  dispuso:

      "III.- El derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental derivado de los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, y la protección del medio ambiente resulta indispensable para la vida humana, ya que ésta se desarrolla dentro de un ecosistema que la sostiene. Así el derecho a un medio ambiente sano tiene como complemento y proclama el derecho de todo ser humano a disfrutar de un ambiente óptimo para el buen desarrollo de la vida humana, y la protección y conservación para las generaciones futuras de las bellezas naturales y demás patrimonio ecológico del país, de conformidad con los fines de índole cultural establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política. Con fundamento en lo anterior, Costa Rica a nivel internacional, ha firmado convenciones para proteger ese derecho fundamental al ambiente sano.”

Asimismo, en el voto número 02-006711 de las once horas con cuarenta y cinco minutos del 5 de julio del 2002

 señaló:

“IV.- Esta Sala se ha referido a la necesaria inclusión de la  calidad ambiental, entre los parámetros de calidad de vida en la sociedad actual y ha tutelado el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho fundamental consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. Es primordial recordar que durante muchos siglos el hombre creyó que debía dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que los recursos naturales eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable, sin que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfacción al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente. El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, ya que en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras.  Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país.  Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. Así, como ya se dijo el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración.  El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro.”

VIII.- En el caso que nos ocupa, del informe rendido por los funcionarios recurridos, los representantes de la compañías bananeras accionadas y la prueba que obra en autos, se tiene por acreditado que la Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL), realizó obras de reconstrucción y fortalecimiento de un dique ya existente, cuya función es impedir el paso de agua hacia las plantaciones de banano en los eventos de crecidas de los ríos, específicamente en la quebrada La Mona, la cual se ve tapada en su salida por el río Siquirres y éste a su vez por el río Pacuare, mismos que reciben aguas del río Reventazón.  Asimismo, sobre este último se tiene por acreditada la existencia de un complejo de diques sobre su margen derecha, construidos por iniciativa de la Municipalidad de Siquirres y varias instituciones gubernamentales, durante los últimos 30 años, aproximadamente. Luego de las inundaciones acontecidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2002, varias secciones de esos diques se vieron dañadas, por lo que se observa que tanto COBAL como la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A., solicitaron los permisos respectivos ante el ente municipal local, con el fin de realizar las reparaciones necesarias (folio 169 y documento adjunto #13). No obstante, el titular del Ministerio de Ambiente y Energía señala que ninguna de las corporaciones bananeras accionadas ha presentado proyectos de diques en los Ríos Reventazón o Pacuare, para evaluación de impacto ambiental. De igual modo, si bien es cierto –como se indicó anteriormente- se presentaron solicitudes para obtención de permisos ante el Concejo Municipal de Siquirres –que a su vez fueron tramitadas ante la Dirección General de Geología y Minas-; se aprecia que las reparaciones se realizaron, incluyendo los movimientos de tierras, sin la debida autorización de los funcionarios competentes. Preocupa aún más a la Sala el informe rendido por la Directora de la Unidad de Ambiente Humano del Area Rectora de Salud de Siquirres –con ocasión de una inspección al lugar-, quien señala que las empresas accionadas no solamente reconstruyeron diques existentes, sino también levantaron diques nuevos, en las zonas de riesgo de desbordamiento de los ríos Pacuare, y Reventazón, sin contar con los permisos correspondientes, ni los estudios técnicos de impacto ambiental (folio 282).

IX.- Por ello, es evidente que la actuación de la compañías bananeras recurridas, no solo es contraria al ordenamiento jurídico, sino que constituye una lesión al derecho a la salud y un ambiente sano, consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política. Lo anterior, no solamente por haber construido diques sin la autorización tanto del órgano estatal regulador en materia ambiental, como del gobierno local, sino también porque al no contar con estudios de impacto ambiental no es posible tener claro las repercusiones que una estructura de este tipo tiene en el comportamiento del río, existiendo la posibilidad de que aumente la capacidad hidráulica del cauce, y que de esta forma facilite las condiciones para que se produzcan inundaciones en las áreas adyacentes. Esta Sala no desconoce que el Asentamiento San Pancracio –donde habita el recurrente-, así como algunas fincas de las compañías recurridas –tal como Finca Gigante- se localizan dentro de la llanura de inundación de los Ríos Pacuare y Reventazón, y que ello aunado a las altas precipitaciones que caracterizan la zona, facilita inundaciones por el desbordamiento de dichos ríos. No obstante, precisamente la ausencia de los estudios técnicos de impacto ambiental impiden determinar si los efectos de tales inundaciones fueron acrecentados y magnificados por los movimientos de tierra y construcción de diques que, como se indicó en líneas anteriores realizaron las compañías bananeras citadas. Asimismo, resulta comprensible que estas compañías, realicen actuaciones en protección de su patrimonio, y de la actividad agropecuaria a la que se dedican; sin embargo, para ello deben velar por una efectiva implementación del concepto de desarrollo sostenible, y respetar el ecosistema; por lo que es absolutamente inaceptable que actúen omitiendo los trámites previstos por ley, poniendo en peligro el medio ambiente, así como la salud y la vida de los vecinos del lugar, al alterar de tal manera los recursos naturales.

X.- Por otra parte, la Sala concluye que en el caso bajo análisis, la infracción al derecho a la salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado, es también imputable al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente y Energía, y a la Municipalidad de Siquirres, producto de la negligencia u omisión del ejercicio de las facultades de fiscalización exigidas por vía constitucional, y legal ordinaria, en cuanto a velar por la adecuada disposición de los recursos naturales, pues están en la obligación de verificar no sólo si procede o no la construcción de una estructura en ese lugar, a través de los estudios de impacto ambiental que correspondan, sino que dicha estructura, cumpla con todos los requisitos técnicos y legales necesarios, de previo a realizar su edificación. No obstante, la entidad municipal recurrida y los titulares de las carteras ministeriales supra citadas, se limitan a manifestar que no tuvieron conocimiento de la situación planteada por el recurrente, hasta la notificación del presente recurso. Analizando asuntos similares, la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, y como consecuencia el esencial a la vida, en razón de la incapacidad de las autoridades públicas para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia otorgadas por ley, así como los instrumentos que el ordenamiento jurídico les otorga, con el fin de controlar las  acciones de terceros que atenten directamente contra tan importante derecho fundamental. En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente recurso debe ser declarado con lugar en contra del Ministerio de Ambiente y Energía, del Ministerio de Salud  y de la Municipalidad de Siquirres.

Por tanto:




Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena a la Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL), a la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A., que se abstengan de construir diques  realizar movimientos de tierras, así como desvío de aguas sobre las márgenes de los ríos Reventazón y Pacuare, hasta tanto cuenten con lo permisos correspondientes de las autoridades competentes. Asimismo, se ordena al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente y Energía, y a la Municipalidad de Siquirres, que realicen los estudios técnicos necesarios para determinar fehacientemente la incidencia de los diques, movimientos de tierra, y desvío de aguas efectuados por las compañías bananeras recurridas, sobre el medio ambiente, de lo cual deberá informar a la Sala en el improrrogable plazo de dos meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia. Se condena a la Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL), a la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A., al Estado y a la Municipalidad de Siquirres, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil y de lo contencioso administrativo, respectivamente.




 

 

 

Luis Fernando Solano C.

Presidente

 

 

Ana Virginia Calzada M.                   Adrián Vargas B.

 

 

 

Gilbert Armijo S.                       Ernesto Jinesta L.

 

 

 

Teresita Rodríguez A.              Rosa María Abdelnour G.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 08:43:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 04944 - 2004

Resolution Date: May 6, 2004 at 3:11 p.m.

Case File: 03-009991-0007-CO

Drafted by: Ana Virginia Calzada Miranda

Type of Matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Related Judgments


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: PREVIOUS MATTERS

Topic: Right to a healthy and ecologically balanced environment

Subtopics:

Compañía Bananera del Atlántico Limitada.
Asentamiento San Pancracio.
Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.
Violation of rights due to the construction of dikes without authorization from both the state regulatory body on environmental matters and the local government, and also due to the absence of environmental impact studies.

Topic: Right to health

This Chamber, in reiterated case law, has stated the importance of protecting the environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Political Constitution, which contains a true concrete provision that guarantees the right to a healthy environment and logically to its protection, in addition to providing effective protection for water resources, as in the case before us. Thus, in judgment number 1888-95 of nine hours eighteen minutes on April seventh, nineteen ninety-five, it held:

      "III.- The right to a healthy environment is a fundamental right derived from Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution, and environmental protection is essential for human life, since it develops within an ecosystem that sustains it. Thus, the right to a healthy environment has as its complement and proclaims the right of every human being to enjoy an optimal environment for the proper development of human life, and the protection and conservation for future generations of the country's natural beauties and other ecological heritage, in accordance with the cultural purposes established in Article 89 of the Political Constitution. Based on the foregoing, Costa Rica, at the international level, has signed conventions to protect this fundamental right to a healthy environment."

Likewise, in vote number 02-006711 of eleven hours forty-five minutes on July 5, 2002

 it noted:

“IV.- This Chamber has referred to the necessary inclusion of environmental quality among the parameters of quality of life in modern society and has protected the right to a healthy and ecologically balanced environment, a fundamental right enshrined in Article 50 of the Political Constitution. It is essential to remember that for many centuries, man believed he should dominate the forces of nature and put them at his service, as it was considered, to some extent, that natural resources were inexhaustible and that industrialization was per se a desirable objective, without evaluating the impact of economic activity on the environment. In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, since even economic science, which deals with managing the environment to achieve maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate wear and tear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently. The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used appropriately, since otherwise, its productivity for the present and future is degraded, and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when natural resource exploitation methods lead to degradation of ecosystems beyond their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost that results in a deterioration of quality of life; since precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to human beings. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation, to this area, of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: the equal rights of others and, on the other hand, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. Thus, as already stated, the right to health and to an environment free of contamination, without which the former could not be effective, are fundamental rights, so that the State has the obligation to protect them, either through general policies to pursue that end or through specific acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress among demographic growth or between it and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, direction of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and future.”

In the case before us, from the report provided by the respondent officials, the representatives of the sued banana companies, and the evidence in the record, it is established that Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL) carried out reconstruction and strengthening works on an existing dike, whose function is to prevent water from reaching the banana plantations during river flood events, specifically in the La Mona stream, which is blocked at its outlet by the Siquirres River and this in turn by the Pacuare River, which receive waters from the Reventazón River. Likewise, regarding the latter, the existence of a complex of dikes on its right bank is established, built on the initiative of the Municipalidad de Siquirres and various government institutions over approximately the last 30 years. After the floods that occurred during the months of November and December 2002, several sections of those dikes were damaged; therefore, it is observed that both COBAL and Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. requested the respective permits from the local municipal entity in order to carry out the necessary repairs (folio 169 and attached document #13). However, the head of the Ministerio de Ambiente y Energía indicates that none of the sued banana corporations has submitted dike projects on the Reventazón or Pacuare Rivers for environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). Similarly, while it is true –as indicated previously– that requests for permits were submitted to the Concejo Municipal de Siquirres –which in turn were processed before the Dirección General de Geología y Minas– it is evident that the repairs, including earthworks (movimientos de tierras), were carried out without the proper authorization of the competent officials. Even more concerning to the Chamber is the report provided by the Director of the Unidad de Ambiente Humano of the Area Rectora de Salud of Siquirres –on the occasion of an on-site inspection–, who indicates that the sued companies not only reconstructed existing dikes but also built new dikes in the areas at risk of flooding from the Pacuare and Reventazón Rivers, without having the corresponding permits or the technical environmental impact assessment studies (folio 282).

Therefore, it is evident that the actions of the respondent banana companies are not only contrary to the legal system but also constitute an injury to the right to health and a healthy environment, enshrined in Articles 21 and 50 of the Political Constitution. The foregoing, not only due to having built dikes without the authorization of both the state regulatory body on environmental matters and the local government, but also because, in the absence of environmental impact assessment studies, it is not possible to clearly understand the repercussions that such a structure has on the river's behavior, with the possibility that it increases the hydraulic capacity of the channel, and thereby facilitates conditions for floods in adjacent areas. This Chamber is not unaware that Asentamiento San Pancracio –where the petitioner lives–, as well as some farms of the respondent companies –such as Finca Gigante– are located within the flood plain of the Pacuare and Reventazón Rivers, and that this, coupled with the high rainfall characteristic of the area, facilitates floods from the overflowing of these rivers. However, precisely the absence of technical environmental impact assessment studies makes it impossible to determine whether the effects of such floods were increased and magnified by the earthworks and dike construction carried out by the aforementioned banana companies, as indicated in previous lines. Likewise, it is understandable that these companies take actions to protect their property and the agricultural activity to which they are dedicated; however, to do so, they must ensure an effective implementation of the concept of sustainable development and respect the ecosystem; therefore, it is absolutely unacceptable that they act by omitting the procedures provided by law, endangering the environment, as well as the health and lives of local residents, by altering natural resources in such a manner.

On the other hand, the Chamber concludes that in the case under analysis, the violation of the right to health and to an ecologically balanced environment is also attributable to the Ministerio de Salud, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Municipalidad de Siquirres, as a result of the negligence or omission in exercising the oversight powers required by constitutional and ordinary law, regarding ensuring the proper management of natural resources, as they are obligated to verify not only whether the construction of a structure in that location is appropriate, through the corresponding environmental impact assessment studies, but also that such structure meets all necessary technical and legal requirements, prior to its construction. However, the respondent municipal entity and the heads of the aforementioned ministerial portfolios limit themselves to stating that they had no knowledge of the situation raised by the petitioner until the notification of the present action. In analyzing similar matters, the Chamber has said that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, and consequently the essential right to life, due to the inability of public authorities to effectively exercise the oversight powers granted by law, as well as the instruments provided by the legal system, in order to control the actions of third parties that directly threaten such an important fundamental right. By virtue of the foregoing, this action must be granted against the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Salud, and the Municipalidad de Siquirres.

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Text of the resolution

Case: 03-009991-0007-CO

Res: 2004-04944

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours eleven minutes on May sixth, two thousand four.-




Amparo action filed by Elías Jaen Jaen, bearer of identity card number 5-200-942, on behalf of the ASOCIACION ADMINISTRADORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y COORDINACION INSTITUCIONAL DEL ASENTAMIENTO SAN PANCRACIO, against CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE, COMPAÑIA BANANERA ATLANTICA SOCIEDAD ANONIMA, and MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.

Whereas:

1.- Through a written brief received in the Secretariat of the Chamber at sixteen hours and three minutes on September twenty-fourth, 2003 (folio 1), the petitioner files an amparo action against CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE, COMPAÑIA BANANERA ATLANTICA SOCIEDAD ANONIMA, MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, and the ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES and states that the Instituto de Desarrollo Agrario acquired a farm known as San Pancracio and distributed it into small plots, benefiting approximately thirty-three peasant families. This farm borders lands cultivated with bananas, which are the property of the companies Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (BANDECO) and Compañía Bananera Atlántica (COBAL). He alleges that in recent times, and especially last December, they have been affected by the floods that occurred, because these two banana companies have built dikes to protect their plantations, causing the transformation of the natural water courses and redirecting them toward his settlement. This has caused the waters to flow violently during periods of high rainfall and floods. Due to this situation, a large number of human lives have been endangered; and lands, crops, livestock, poultry, and public health have been damaged, as happened last December, when all the plot holders suffered great economic losses, in addition to the social and psychological impact suffered by their families. Despite the fact that the Municipalidad de Siquirres is aware of the earthworks (movimientos de tierra) and the construction of dikes, it has not adopted the necessary measures to preserve the environment and protect the physical and psychological safety of the inhabitants of the canton. He explains that around mid-2002, the respondent banana companies have been building dikes on the banks of the channels of the Pacuare and Reventazón Rivers, as well as in natural internal streams of the farms and around them, to protect their plantations. By building these dikes, a variation in topographic levels is caused between the lands of the banana companies and those of the settlement, leaving an unevenness on the settlement side. When heavy rainfall occurs during certain times of the year, and due to the redirection of the waters caused by the construction of the dikes, excess water is produced that the internal channels of the farms cannot handle. Such circumstances cause violent overflows towards Asentamiento San Pancracio –which has been left with a topographic unevenness– which in turn generates devastating effects on the plots. He indicates that in the town of Meryland, in front of Asentamiento de San Pancracio, the public school Colegio público de Meryland is located, which was affected by the described events. This worries him, because it is the secondary educational center attended by the children of all the families in the area, and it has one of the most modern computer laboratories, which could be lost if a new flood occurs. Similarly, as a consequence of the floods, septic tanks and drainage systems collapse, producing contamination, with imminent danger to public health, as well as contamination by solid waste and other products used in banana agriculture. Due to the floods, several families saw their houses destroyed and had to rebuild on stilts up to one meter fifty centimeters high, a measure that was not necessary before. He asserts that the respondent companies continue to build dikes. As a result of these events, they investigated whether those companies had the permits established by law for earthworks and dike construction. They found out that neither of the two companies has the respective permits or the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) studies that would allow for understanding the feasibility of building dikes in the area, as well as the consequences that this would cause. On the other hand, due to the work carried out by the banana companies, banks do not authorize loans for the socioeconomic development of the San Pancracio community, considering it high risk. He requests that the action be granted, for violation of the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution. The petitioner requests that the action be granted, with the legal consequences that this implies.

2.- Francisco Clough Robinson reports, in his capacity as General Agent of Compañía Bananera Atlántica Limitada (folio 136), that –in his opinion– the matter before us is purely patrimonial, since at its core, it is a claim formulated on behalf of a community that attributes harmful conduct to the respondent companies and municipality for which they claim payment of an executable sum upon judgment. Thus, he raises an objection of lack of jurisdiction, so the matter must be ventilated in ordinary courts, as it is in that venue, with the collection of pertinent evidence, that it can be debated whether the respondents are or are not responsible for the damages and losses attributed to them, since the action filed against them lacks evidence demonstrating that the construction of the dikes (whose authorship is attributed to them) is the cause of the floods, and not other causes such as the natural courses of the rivers, the extremely high rainfall that occurs almost every year in the Atlantic Zone, the rise of the continental shelf caused by the Limón earthquake, etc. He alleges that the petitioner has not presented evidence, as is his obligation, and because of this, it is impossible to issue a declaratory judgment of liability. He also raises an objection of statute of limitations because, according to the petitioner's own statements, the construction of the dikes and the floods occurred in June or July and December 2002, which confirms that from those dates, the two months referred to in the second paragraph of Article 35 of the Ley de Jurisdicción Constitucional have already amply elapsed, and as it is a purely patrimonial matter, this action is completely inadmissible due to the objection of statute of limitations. Regarding the facts, he indicates that his client cannot verify how Asentamiento de San Pancracio was established and how the plots were distributed during its formation, although he acknowledges that those lands partially border properties of his client. He denies that his client recently built dikes or protection works on the banks of the Pacuare and Reventazón Rivers, and that as a consequence of these works, the mentioned floods occur. He notes that in the past, with the authorizations, licenses, and permits required at that time, his client collaborated with money and machinery on protection works, especially dikes that employees and Engineers of the Dirección General de Obras Portuarias y Fluviales of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and some local neighborhood organizations built on the Siquirres, Pacuare, Mona, and Reventazón Rivers, precisely with the intention of safeguarding not only plantations and farms, but especially the inhabitants of the areas most affected by the natural flooding of those rivers, particularly in the area called Llenas, which are unforeseeable climatological phenomena, accompanied by heavy rainfall that cause floods throughout the Atlantic zone, as has happened in recent years, in which these phenomena have been more frequent due to the greenhouse effect and deforestation caused by humans. He adds that in the past, his client and other owners and possessors of farms located on the left bank of the Pacuare, Siquirres, and La Mona Rivers were forced to build, with the respective permits, dikes and protection works to prevent populations such as San Pancracio from being affected by floods such as those the petitioner mentions, because the dike constructions carried out by Standard Fruit, Dole, Caribana along the right bank of the mentioned rivers cause their channels to overflow due to the topographic unevenness that those works have created with respect to the lands located on the left bank of those rivers, and which equally affect all properties located on those banks. He denies that his client is responsible for the floods and natural disasters that the petitioner mentions, since, like Asentamiento San Pancracio, they have had to contend with the floods and overflows of the mentioned rivers that occur every year in the area. He adds that there is no logical or legal reason for such an accusation to have foundation, since both his client's lands and those of the settlement in question are situated on a pronounced topographic slope with respect to the lands located on the left bank of the indicated rivers, such that any climatological or atmospheric phenomenon that produces rainfall will harm those farms. He requests that the filed action be dismissed.

3.- Miguel Quirós León reports under oath, in his capacity as Alcalde of the Municipalidad de Siquirres (folio 150), that on June 2 and 10, 2003, a request for information submitted by the petitioner was received by this municipality, in which it was asked whether construction permits for dikes had been granted; likewise, it was asked whether, in accordance with Decreto de Emergencia N°30059-MP, the extraction of materials for the construction of dikes on the banks of the Pacuare and Reventazón Rivers was included within the Plan Regulador de Emergencia. He indicates that the Municipalidad de Siquirres timely responded to the concerns raised by the amparo beneficiary, through official letters of July 10 and July 1, both of 2003. He states that at no time did the petitioner request direct intervention from this municipal entity in the terms he refers to in the filing of this action, limiting himself solely to submitting requests for information, to which a response was always given. He adds that in accordance with Article 89 of Ley de Aguas N°276, owners of properties adjacent to public watercourses have the freedom to erect defenses against the waters on their respective banks by means of plantings, stockades, or revetments, whenever they deem it convenient. The administration may –after forming a case file– suspend such works and even restore things to their previous state, when due to the circumstances they threaten or cause harm by diverting currents from their natural course, or produce floods. Compensation for any damages caused will be borne by the owner who ordered the construction of the defenses. Under this reasoning, he indicates that the municipality he represents initiated an administrative case file, having for this purpose the respective technical report as well as an inspection report, which must be obtained prior to notifying the offender of the charges, for which a professional in the field has already been appointed, and the inspection is scheduled for October 22, 2003, at nine o'clock. He reiterates that the problem raised by the petitioner was unknown, so they will proceed in accordance with Articles 89 of the Ley de Aguas and 55 of the Ley de Construcciones. He requests that the action be dismissed.

4.- Hubert Steinvorth Sauter reports, in his capacity as General Agent of Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. (folio 191), that in 1998, IDA purchased the San Pancracio farm from Mr. Jorge Garita to distribute it to small farmers, becoming a peasant settlement. For this purpose, it was determined based on agrological studies that the lands had adequate conditions for developing various crops and for raising livestock. When said farm was parceled out, approximately 33 peasant families benefited. He indicates that the referred property is located in an area with very high rainfall and that the terrain's topography has had flooding problems since time immemorial due to its location in depressional and floodable zones of flat topography (plain) and its altitude above sea level (only 11 meters above sea level). He indicates that when no climatological disturbances occur, in Asentamiento San Pancracio, the rainwater flows normally without causing any type of alteration. The damages alluded to by the petitioner are caused by natural phenomena completely beyond man's control, as was the case with the flood of November 2002, an event that endangered many lives, affecting homes, crops, bridges, and roads throughout the Atlantic Region, which even prompted a State of Emergency declaration by the Executive Branch. He indicates that historically, the company he represents has collaborated with the Municipalidad de Siquirres, MOPT, the Comisión Nacional de Emergencias, and other related entities in the repair of the dike on the Reventazón River and in other works aimed at preventing and mitigating the impact of events on the civilian populations of the area. However, he affirms that in all the works, the natural course of no river has ever been redirected. He indicates that the works carried out specifically on plantations of his client are part of the development of an integrated drainage system for the adequate evacuation of rainwater from the banana fields, and to finally discharge them into the channels of public rivers, without modifying or redirecting their natural courses. This also implies reinforcing levees to prevent overflow from the flow moving through the channels in an effort to protect the surrounding areas. He adds that during 2002, his client did not build any dike on the banks of the channel of the Reventazón River, nor the Pacuare, nor in natural internal streams of the farms. Nor has it diverted or transformed natural courses or redirected waters towards Asentamiento San Pancracio. After the November 2002 event, the works were limited to the reconstruction of existing dikes on the Reventazón River and also repairing the drainage system in an effort to make the evacuation of local rainfall waters more efficient. He indicates that the repair works had two purposes: a) to reestablish passage on the highway or national route 806 that leads from Siquirres to Carmen, San Pancracio, Marilan, Imperio, and other communities, and; to plug the violent water entries that the flood caused when it broke the pre-existing dikes, to protect the aforementioned communities from flooding. He notes that the flooding problem in the settlement, as well as in neighboring areas, is caused by the overflow of the Reventazón and Pacuare Rivers, which flow through existing waterways outside his client's properties. He indicates that the Asociación Administradora del Asentamiento San Pancracio de Siquirres prepared, in July 2003, a geological-environmental reconnaissance study in the surroundings of the place, through the company Geodesarrollos Ambientales de América, S.A., which the petitioner provides as evidence. However, in said study, his client is not mentioned, and it concludes by recommending a hydrological study of the Pacuare River, establishing that the settlement is located within the area of direct influence of Finca Gigante, owned by COBAL. After the flooding of the Reventazón River in 1970, and on the initiative of the Municipalidad de Siquirres together with MOPT, the dike was built at the height of Las Juntas, which currently prevents overflows on the right bank of the Reventazón River. Subsequently, at the end of the 1970s, COBAL reinforced the Las Juntas dike and built another dike downstream to complete the work integrally. Finally, between 1991 and 1994, MOPT together with JAPDEVA, the Municipalidad de Siquirres, Cobal, Bandeco, and others, completed the construction of the dike complex on the right bank of the Reventazón River, to try to prevent overflows towards its right bank, where the flood plain and the channel of the Aguas Zarcas River are located. BANDECO has never participated in the construction of dikes on the Pacuare River.

He adds that the dikes have existed for more than 30 years, built by the Government in office at the time, and primarily for the protection of the surrounding civilian populations, among which are the population centers of the banana farm workers, plantations, buildings, and administrative and productive equipment. He denies that the topographical level to which the petitioner refers has always remained unchanged; however, the lands of the San Pancracio Settlement are depressional and floodable, for which reason historically the zone has suffered from flooding, and not from the presence of dikes on the Reventazón and Pacuare Rivers. To support his assertions, he cites the Estudio Hidrológico de las Cuencas de los Ríos Reventazón, Siquirres y Pacuare, published in October 1996 by the Comisión Nacional de Emergencias and the Fundación de la universidad de Costa Rica para la Investigación, through the Convenio CNE-FUNDEVI. He insists that neither of the two farms owned by the company he represents (Carmen and Imperio) discharges their internal waters toward the San Pancracio settlement; they do so partly into the Quebrada Corona, partly toward the Aguas Zarcas River, and partly toward the Chiquerón River, through an internal canal called Canal H. He affirms that during the natural event of November 2002, the Poder Ejecutivo decreed a state of emergency in the Atlantic zone, which demonstrates that the flooding is not due to the presence of dikes, but rather to unpredictable natural phenomena. He affirms that the farms of his represented party were also affected during the referenced event, for which reason he considers it absurd to think that the same company would endanger its own plantations by building dikes and diverting the original channels of the rivers. Another aspect he believes influences the flooding is the increase in the water level that the Reventazón River has experienced in recent years, caused by the increase in the accumulation of sediments in the riverbed, which has increased by five meters in six years, so that the water levels the river must now carry to overflow are much lower than those required six years ago, making the possibility of overflows and flooding easier. The unsanitary conditions alleged by the amparo petitioner are the result of the poor drainage conditions of the lands on which San Pancracio sits, which he believes is in no way attributable to his represented party; even because it is considered a high-risk zone, financial entities do not authorize credit for development in that area. He insists that the construction of the dikes on the Reventazón and Pacuare Rivers has been the responsibility of the Central Government, which has had the collaboration of some private companies such as his represented party; likewise, said structures were erected in 1970, when studies were not required for such effect. He raises the exceptions of lack of active and passive ad causam standing, lack of jurisdiction by reason of subject matter, prescription (prescripción), lack of right, and the generic sine actione agit. He requests that the amparo be declared without merit.

5.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Chamber at seven forty-six hours on November 27, 2003, Franklin Robinson Barnaby and Grace Argentina Arias Alvarado present a coadjuvancy petition (gestión de coadyuvancia) in favor of the petitioner (folio 220).

6.- By memorial filed with the Secretariat of the Chamber at eight forty hours on December 16, 2003, Hubert Steinvorth Sauter, in his capacity as attorney-in-fact of Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A. (folio 229), provides a photograph showing damage caused to the dike of the Reventazón River by the rain and flooding that occurred during that month in the Atlantic zone. He indicates that if repairs to the dikes were omitted –in coordination with municipal and national authorities–, it would have disastrous consequences for the civilian population.

7.- By means of a brief filed before the Secretariat of the Chamber at ten in the morning on December twenty-four, two thousand three, the petitioner provides photographs of several floods, and what he asserts is the construction of dikes by the company Corporación de Desarrollo Agrícola Monte S.A. (folio 237).

8.- By means of a resolution at ten thirty-seven hours on December eighteen, two thousand three (folio 235), a hearing was granted to the Ministers of Health and of Environment and Energy, so that they might address the facts alleged by the petitioner in this amparo (folio 235).

9.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath (folio 272), that the companies Compañía Bananera Atlántica S.A. (COBAL) and Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (BANDECO) have not submitted any project for dikes on the banks of the Reventazón or Pacuare rivers for environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). He adds that he has no knowledge of the other claims raised by the petitioner, since he believes they are matters outside his competence (folio 273).

10.- María del Rocío Sáenz Madrigal, in her capacity as Minister of Health, reports under oath (folio 274), affirming that she became aware of the facts claimed by the petitioner only upon notification of the resolution that granted leave for this amparo. As of January 14, 2004, the Dirección del Area Rectora de Salud de Siquirres has not received any complaint filed by the petitioner indicating the sanitary problems denounced in the amparo. She points out that the banana companies Compañía Bananera Atlántica S.A. (COBAL) and Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (BANDECO) have the respective Permisos de Funcionamiento from the Ministry of Health for the industrial development proper to their activity, current and issued by the central level of the Ministry of Health. She notes that the Dirección del Area Rectora de Salud de Siquirres, through its Human Environment Protection Unit, has conducted supervisions of the banana companies Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte and Compañía Bananera Atlántica, regarding compliance with the terms contemplated in the granting of their respective Permisos de Funcionamiento. However, the referenced companies have not submitted any request for earthworks (movimiento de tierras) or for the construction of dikes. She adds that this Ministry has not granted them permission for earthworks (movimiento de tierras) or for the construction of dikes. According to a report sent by means of official letter UPAH-RPP-001-2004 of January 14, 2004, the Area Rectora de Salud de Siquirres determined the existence of dikes in the surroundings of the community protected by the amparo, and due to topographical conditions there is a canal that passes through the community and collects the waters from the banana farms of Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte and 3 farms of Compañía Bananera Atlántica S.A. Likewise, it was observed that the mentioned companies carried out earthworks (movimientos de tierra), reconstructed some existing dikes, and built new dikes. Said works were conducted in areas at risk of overflow of the Pacuare River bordering in part some farms of Compañía Bananera Atlántica Sociedad Anónima, and the Reventazón River, bordering in part some farms of Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte. Furthermore, the works conducted did not have the corresponding technical environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) before the Secretaría Técnica Ambiental, as provided by Ley N°7554 of 10-04-1995. Despite the foregoing, she believes that it will be for the pertinent technical bodies to define whether the flooding phenomena denounced in this amparo –a public and notorious phenomenon– were precipitated by the earthworks (movimientos de tierra) and construction of dikes, or whether their effects –flooding– were increased and magnified by the performance of such works. She requests that the amparo be declared without merit.

11.- By means of a memorial received in the Secretariat of the Chamber at fifteen twenty-five hours on February 25, 2004, Francisco Clough Robinson, in his capacity as generalísimo attorney-in-fact of Compañía Bananera Atlántica Limitada (folio 287), provides a copy of resolution N°01-2003 of ten hours on October 29, 2003, and of Informe IC-S1099-03 of October 23, 2003, in which it is determined that a technical inspection conducted by engineers concluded that the works carried out by the respondent companies on the dike located on the Quebrada La Mona serve to protect a zone that has always been affected by flooding, since it is located between the most important rivers, which are Pacuare, Siquirres, and Reventazón. Likewise, it was determined that no current risk to the safety of persons arises, insofar as said dike appears solid.

12.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Calzada Miranda; and,

Considering:

I.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) In 1998, the Instituto de Desarrollo Agrario bought the farm known as San Pancracio, located in Distrito Primero Siquirres, Cantón Tercero Siquirres, Province of Limón, and distributed the lands into small parcels, benefiting approximately thirty-three families, thus forming the Asentamiento Campesino San Pancracio (uncontroverted fact).

b) By means of a note of January 30, 2003, the Engineering Services Manager of Compañía de Desarrollo Agrícola del Monte, S.A., requested permission from the Concejo Municipal de Siquirres to rehabilitate the damaged part of a dike on the Reventazón River, by extracting materials (attached Evidentiary Document #13).

c) By memorial of February 21, 2003, the Alcalde Municipal of Siquirres requested authorization from the Director of Geology and Mines of MIANE for the extraction of material for the purpose of repairing the dike on the Reventazón River (attached Evidentiary Document #13).

d) By means of official letter OPE473/03 of July 21, 2003, the Coordinator of the Región Huetar Norte of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento requested from the Municipalidad de Siquirres copies of the plans and other studies that the banana companies formulate to develop dikes, because he believes there is an imminent risk of harm to the inhabitants of the adjacent communities (San Alberto and San Pancracio), since they are being left exposed to the overflows of the channels onto their properties (folio 95).

e) By memorial of April 22, 2003, the Water Management supervisor of the company COBAL requested permission from the Concejo Municipal de Siquirres to repair the protection dikes of that company's farms, under the protection of the Emergency Decrees of the Ministerio de la Presidencia N°30059 of January 15, 2002, and N°30866 of December 6, 2002 (folio 169).

f) By means of official letter IMN-DA-1342-03 of May 29, 2003, the Water Department of Ministerio del Ambiente y Energía informed the petitioner that according to its records, the companies COBAL and BANDECO have no proceeding related to the construction of dikes and water diversion on the banks of the Reventazón and Pacuare rivers (folio 103).

g) At the request of the Asociación Administradora del Asentamiento San Pancracio, located in Siquirres, on June 10, 2003, the environmental consulting firm named Geodesarrollos Ambientales de América S.A. (GEODESA), with SETENA registration N°15-96, conducted a geological inspection visit to that site for the purpose of determining the influence that the management of stormwater from the banana farm Gigante, owned by the company COBAL, may have on the Settlement, concluding that said Settlement is located in a condition of vulnerability to flood risk due to the occurrence of extraordinary hydrometeorological events, because it is located within the flood plain of the Pacuare River and is within the area of direct influence of Finca Gigante, owned by COBAL (folio 34).

h) By official letter N°DASS-008-2004 of January 12, 2004, the Director of the Area de Salud de Siquirres of the Ministry of Health indicates that the respondent banana companies have permits from that Ministry for all their farms, and supervisions were conducted during 2003 (folio 280).

i) By official letter N°DASS-009-2004 of January 13, 2004, the Human Environment Protection Unit of the Area Rectora de Salud de Siquirres indicates that none of the respondent companies have requested any permit for earthworks (movimiento de tierras) or for the construction of dikes (folio 281).

j) By means of official letter UPAH/RPP-001-200 of January 14, 2003 (sic), the Human Protection Unit of the Ministry of Public Health indicates that during an inspection conducted in the zone, it was determined that the respondent companies conducted earthworks (movimientos de tierra), reconstructed some existing dikes, and erected new ones. The works were conducted in areas at risk of overflow of the Pacuare River and the Reventazón River. Furthermore, the works conducted did not have the technical environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) (folio 282).

k) By means of official letter IC-S10099 of October 23, Engineer Guido Ruiz Benavides of the Unidad Técnica de Asistencia Municipal del Atlántico informed the Municipalidad de Siquirres that according to an inspection conducted of the dike area, these protect a zone that has always been affected by flooding, since it is located between the most important rivers: Pacuare, Siquirres, and Reventazón, in such a way that it prevents the passage of water toward the community of San Pancracio; however, it was deemed necessary to have the studies from SETENA and MINAE (folio 291).

l) By means of resolution N°01-2003 of October 29, 2003, the Alcaldía Municipal de Siquirres accepted the technical report cited in the preceding point and ordered the company COBAL to present the determination of SETENA and the Water Department of MINAE regarding the construction of the dikes (folio 289).

II.- On the admissibility of the amparo. The Chamber has stated, regarding active standing in cases where harm to the environment is alleged:

"In terms of the admissibility of the amparo, it is important to state that any person is entitled, in accordance with Article 89 in relation to 21, 10, and 48 of the Constitución Política and 33 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, to file the amparo in defense of the right to the conservation of the country's natural resources. Despite the absence of direct and clear harm to the petitioner as in the case of a specific act by the State against an individual, all inhabitants, with respect to violations of the article, suffer harm in the same proportion as if it were direct harm, for which reason it is considered that an interest exists in their favor that empowers them to take action to protect that right to maintain a natural balance in the ecosystem." (Judgment N°1700-93 of 15:09 hours on April 16, 1993).

The cited case law is applicable to the present case; furthermore, the petitioner represents the ecological interests of the community of Siquirres, Province of Limón; consequently, the amparo is admissible.

III.- On the coadjuvancies (coadyuvancias). In accordance with the provisions of Article 34 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, persons who have a legitimate interest in the outcome of the amparo may appear as coadyuvants (coadyuvantes), a petition that the Chamber understands to be the one presented by those who signed the brief visible at folio 205 and following of the file. Since the petitioners have a legitimate interest in the outcome of this amparo, by claiming harm to the environment, in accordance with the third paragraph of the article cited above, they are held as coadyuvants (coadyuvantes) in favor of the petitioner.

IV.- On the expiration (caducidad) of the amparo. The representatives of the respondent Banana Companies believe that in this case, the expiration (caducidad) of the amparo must apply, under the terms of Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, because they consider that the mentioned facts –the construction of the dikes and the flooding they are claimed to have caused– occurred in June and December of 2002. The argument is improper, because the right to health derives directly from the right to life (Article 21 of the Carta Magna), and not even its own holder can waive it, while the right to live in a balanced environment (Article 50 of the Constitution) is a social right, by its nature inalienable according to Article 74 ibidem. On the contrary, the expiration (caducidad) referred to in the cited norm of the law of this jurisdiction is applicable only to those purely patrimonial rights or others whose violation may be validly consented to.

V.- On the exceptions. The representatives of the respondent banana companies interpose exceptions of lack of active and passive ad causam standing, lack of jurisdiction by reason of subject matter, lack of right, and the generic sine actione agit. In this regard, it is necessary to clarify to them that, since this is a summary proceeding, in the amparo, it is not proper to oppose exceptions. These may be raised against actions, but not against remedies (recursos), so the proper course is to reject the exceptions indicated by the respondents.

VI.- Object of the amparo. The petitioner alleges that the construction of dikes by the respondent banana companies on the banks of the Pacuare and Reventazón rivers –in order to protect their plantations from flooding– causes said rivers to carry a larger volume of water than they carried a few years ago, which results in the inability to evacuate the waters properly, causing the flow to back up and flood surrounding areas, among them the San Pancracio Settlement –where he lives–. This is aggravated by the fact that those works were carried out without environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) and without the respective permits from the competent authorities.

VII.- On the merits. This Chamber, in reiterated case law, has expressed the importance of protecting the environment, according to Article 50 of the Constitución Política, in which there is a truly specific provision that guarantees the right to a healthy environment and, logically, to its protection, in addition to providing effective protection to water resources, as in the case before us. Thus, in judgment number 1888-95 of nine hours eighteen minutes on April seventh, nineteen ninety-five, it held:

"III. The right to a healthy environment is a fundamental right derived from Articles 21, 50, and 89 of the Constitución Política, and the protection of the environment is indispensable for human life, since this develops within an ecosystem that sustains it. Thus, the right to a healthy environment has as its complement and proclaims the right of every human being to enjoy an optimal environment for the good development of human life, and the protection and conservation for future generations of the natural beauties and other ecological heritage of the country, in accordance with the cultural purposes established in Article 89 of the Constitución Política. Based on the foregoing, Costa Rica, at the international level, has signed conventions to protect that fundamental right to a healthy environment."

Likewise, in vote number 02-006711 of eleven hours forty-five minutes on July 5, 2002, it stated:

"IV. This Chamber has referred to the necessary inclusion of environmental quality among the parameters of quality of life in today's society and has protected the right to a healthy and ecologically balanced environment, a fundamental right enshrined in Article 50 of the Constitución Política. It is essential to recall that for many centuries, man believed that he had to dominate the forces of nature and put them at his service, since it was considered, to some extent, that natural resources were inexhaustible and that industrialization was per se a desirable objective, without evaluating what the impact of economic activity on the environment would be. In fact, the division between renewable and nonrenewable natural resources is modern, for even the economic science, which deals with the administration of the environment to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently. The environment, therefore, must be understood as a development potential to be used appropriately, since otherwise, its productivity for the present and the future degrades and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the exploitation modalities of natural resources give rise to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and a high environmental and social cost being generated that results in a deterioration in the quality of life; for precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation, to this matter, of the principle of 'injury (lesión),' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: the equal rights of others and, on the other hand, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. Thus, as already stated, the right to health and to an environment free from contamination, without which the former could not be made effective, are fundamental rights, so it is the State's obligation to protect them, whether through general policies to procure that end or through specific acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of reaching equitable progress between demographic growth or between this and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, orientation of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future."

VIII.- In the case before us, from the report rendered by the respondent officials, the representatives of the respondent banana companies, and the evidence on record, it is accredited that Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL) carried out reconstruction and strengthening works on an already existing dike, whose function is to prevent the passage of water toward the banana plantations during river flooding events, specifically on the Quebrada La Mona, which becomes blocked at its outlet by the Siquirres River and this in turn by the Pacuare River, which receive waters from the Reventazón River. Likewise, with respect to the latter, the existence of a complex of dikes on its right bank is accredited, built on the initiative of the Municipalidad de Siquirres and several governmental institutions over approximately the last 30 years. Following the flooding that occurred during the months of November and December 2002, several sections of those dikes were damaged, so it is observed that both COBAL and Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. requested the respective permits from the local municipal entity, in order to carry out the necessary repairs (folio 169 and attached document #13). However, the head of the Ministerio de Ambiente y Energía points out that none of the respondent banana corporations has submitted dike projects on the Reventazón or Pacuare Rivers for environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). Similarly, although it is true –as indicated above– that requests for obtaining permits were submitted to the Concejo Municipal de Siquirres –which in turn were processed before the Dirección General de Geología y Minas–, it is observed that the repairs were carried out, including earthworks (movimientos de tierras), without the due authorization of the competent officials. Even more worrying to the Chamber is the report rendered by the Director of the Human Environment Unit of the Area Rectora de Salud de Siquirres –on the occasion of an inspection of the site–, who points out that the respondent companies not only reconstructed existing dikes, but also erected new dikes, in areas at risk of overflow of the Pacuare and Reventazón rivers, without having the corresponding permits or technical environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) (folio 282).

IX.- Therefore, it is evident that the actions of the respondent banana companies are not only contrary to the legal order, but also constitute harm to the right to health and a healthy environment, enshrined in Articles 21 and 50 of the Constitución Política. This is so, not only because they built dikes without the authorization of both the state regulatory body in environmental matters and the local government, but also because, lacking environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), it is not possible to be clear about the repercussions that a structure of this type has on the river's behavior, there being the possibility that it increases the hydraulic capacity of the channel and thereby facilitates the conditions for flooding to occur in adjacent areas. This Chamber is not unaware that the San Pancracio Settlement –where the petitioner lives–, as well as some farms of the respondent companies –such as Finca Gigante– are located within the flood plain of the Pacuare and Reventazón Rivers, and that this, combined with the heavy rainfall that characterizes the zone, facilitates flooding due to the overflow of said rivers. However, it is precisely the absence of the technical environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) that prevents determining whether the effects of such flooding were increased and magnified by the earthworks (movimientos de tierra) and construction of dikes that, as indicated in preceding lines, the cited banana companies carried out. Likewise, it is understandable that these companies take actions to protect their assets and the agricultural activity to which they are dedicated; however, to do so, they must ensure effective implementation of the concept of sustainable development and respect the ecosystem; therefore, it is absolutely unacceptable that they act by omitting the procedures provided by law, endangering the environment, as well as the health and lives of the local neighbors, by altering the natural resources in such a manner.

X.- Moreover, the Chamber concludes that in the case under analysis, the infringement of the right to health and to an ecologically balanced environment is also attributable to the Ministry of Health, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Municipalidad de Siquirres, as a result of the negligence or omission in the exercise of the oversight powers required by constitutional mandate and ordinary law, with respect to ensuring the proper disposition of natural resources, since they have the obligation to verify not only whether the construction of a structure in that location proceeds or not, through the corresponding environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), but also that said structure meets all necessary technical and legal requirements prior to undertaking its construction. However, the respondent municipal entity and the heads of the ministerial portfolios cited above merely state that they were not aware of the situation raised by the petitioner until notification of this amparo.

Analyzing similar matters, the Chamber has held that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, and as a consequence the essential right to life, on account of the inability of public authorities to effectively exercise the oversight powers granted by law, as well as the instruments that the legal system provides them, in order to control the actions of third parties that directly threaten such an important fundamental right. By virtue of the foregoing, this writ must be granted against the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipality of Siquirres.

Therefore:

The writ is granted. Consequently, Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL) and Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. are ordered to refrain from building dikes, performing earthworks (movimientos de tierras), or diverting waters along the banks of the Reventazón and Pacuare Rivers, until they obtain the corresponding permits from the competent authorities. Likewise, the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, and the Municipality of Siquirres are ordered to carry out the technical studies necessary to reliably determine the incidence of the dikes, earthworks (movimientos de tierra), and water diversions carried out by the respondent banana companies on the environment, of which they must inform the Chamber within the non-extendable period of two months counted from the notification of this judgment. Compañía Bananera del Atlántico Limitada (COBAL), Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A., the State, and the Municipality of Siquirres are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment in civil and contentious-administrative proceedings, respectively.

 

 

 

Luis Fernando Solano C.

President

 

 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

 

 

 

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

 

 

 

Teresita Rodríguez A. Rosa María Abdelnour G.

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