Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)No corresponde a esta Sala, sino a la vía de legalidad ordinaria, determinar cuáles son los alcances y contenido de la resolución número R-089-93-DGVS ... De modo que, establecer si dicha restitución implica o no el desalojo y el derribo de las construcciones existentes ... no es sino una discusión de mera legalidad ajena al ámbito de competencia de este Tribunal, pues en ello no está involucrado, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno. No se trata, como lo acusa el recurrente, de la violación al derecho de defensa, al debido proceso, al principio de legalidad o a cualquier otro derecho fundamental, ya que se trata de la ejecución de un acto administrativo que ya fue discutido incluso en la vía jurisdiccional y que se encuentra firme, de modo que no se debía cumplir con ninguna audiencia o, de alguna forma, cumplir con el debido proceso, de previo a su ejecución, basta con la comunicación de la prevención al interesado para que cumpla con lo dispuesto, como en efecto se hizo. Ahora bien, definir si lo acordado implica o no el desalojo y derribo de las construcciones, no es competencia de este Tribunal, que no es un contralor de legalidad, sino de constitucionalidad.
Lo dicho en la sentencia parcialmente transcrita es de plena aplicación al caso bajo estudio, sin que existan motivos ni razones que justifiquen variar el criterio externado en aquella oportunidad. Por consiguiente, no se han producido las alegadas violaciones a los derechos fundamentales del recurrente y su representada, motivo por el cual el recurso es improcedente en cuanto a esos extremos y así se declara.
English (translation)It does not fall to this Chamber, but to the ordinary legality jurisdiction, to determine the scope and content of Resolution No. R-089-93-DGVS ... Thus, establishing whether such restoration entails or not the eviction and demolition of existing buildings ... is nothing but a discussion of mere legality outside the jurisdiction of this Court, since no fundamental right is involved, at least directly. It is not, as the petitioner claims, a matter of violation of the right of defense, due process, the principle of legality or any other fundamental right, because it concerns the execution of an administrative act that was already challenged even in the judicial sphere and has become final, so there was no need for any hearing or, in any way, to comply with due process prior to its execution; merely communicating the warning to the interested party to comply with what was ordered suffices, as was indeed done. Now, determining whether what was decided entails or not the eviction and demolition of the buildings is not within the competence of this Court, which is not a controller of legality but of constitutionality.
The decision partially transcribed is fully applicable to the case at hand, and there are no grounds or reasons that would justify varying the criterion set forth at that time. Consequently, the alleged violations of the fundamental rights of the petitioner and the party on whose behalf the action was brought have not occurred, and therefore the appeal is inadmissible with respect to those points, and so it is declared.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 00834 - 2005 Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2005 a las 11:16 Expediente: 05-000417-0007-CO Redactado por: Luis Fernando Solano Carrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Ministerio de Ambiente y Energía Subtemas: Actuación arbitraria del recurrido, según el recurrente, al desalojarlo del terreno que ocupó durante varios años. Tema: Derechos Fundamentales Subtemas: Inexistencia de violación por tratarse de un desalojo de ocupantes de bien demanial del cual no puede alegar derecho alguno.. Tema: Desalojo administrativo Subtemas: Desalojo legal de ocupantes de inmueble ubicado en la zona marítimo terrestre. Tema: Principio del debido proceso Subtemas: Inexistencia de violación del derecho alegado durante el trámite del procedimiento administrativo seguido contra la empresa amparada para la cancelación de la concesión otorgada en zona marítimo terrestre. Tema: Zona marítimo terrestre Subtemas: Desalojo legal de ocupantes de los terrenos de la zona marítimo terrestre por tratarse de un bien demanial. Tema: Reservas forestales Subtemas: Análisis sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales. Significa, protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural.. Los recursos naturales comprendidos dentro de los refugios nacionales de vida silvestre, quedan bajo la competencia y el manejo exclusivo del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Tema: Competencia de la Sala Constitucional Subtemas: Incompetencia de esta Sala para definir si lo acordado por el recurrido implica o no el desalojo y derribo de las construcciones indicadas, dado que éste Tribunal no es un contralor de legalidad, sino de constitucionalidad. Lo dicho en la sentencia parcialmente transcrita es de plena aplicación al caso bajo estudio, sin que existan motivos ni razones que justifiquen variar el criterio externado en aquella oportunidad. Por consiguiente, no se han producido las alegadas violaciones a los derechos fundamentales del recurrente y su representada, motivo por el cual el recurso es improcedente en cuanto a esos extremos y así se declara. Por otra parte, según se constata, mediante sentencia número 000285-F-04 de las once horas treinta minutos del veintiocho de abril del dos mil cuatro (resolución que se tuvo a la vista), la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia discutió el diferendo relativo a sí la restitución al estado en que se encontraban las cosas al momento del otorgamiento del permiso en cuestión, implicaba el desalojo y derribo de las obras. De cualquier modo, no es en esta vía que cabe revisar esos extremos. A mayor abundamiento, no podría esta Sala entrar a revisar la resolución R-089-93-DGVS de las ocho horas quince minutos del cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, pues ella ya fue impugnada y confirmada en la jurisdicción ordinaria, incluso fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia número 000285-F-04 de las once horas treinta minutos del veintiocho de abril del año dos mil cuatro, lo que implicaría necesariamente que esta Sala entrara a revisar lo resuelto en dicha jurisdicción, lo cual es improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. ... Ver más Otras Referencias: sentencia N° 0914-96 Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Derecho de petición y pronta resolución Subtemas: Se ordena darle curso exclusivamente en cuanto a la alegada violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución Política. exclusivamente, por la eventual violación a lo dispuesto en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, por cuanto el recurrente alega que el primero de setiembre del dos mil cuatro, el Apoderado Especial de Complejo Turístico Punta Uva S.A., solicitó al Ministro del Ambiente y Energía que le proporcionara el Registro e Inventario de las cosas existentes dentro del área que fue autorizada antes del otorgamiento del permiso de uso número 351-90 -que luego fuera revocado- y aún no ha recibido respuesta alguna sobre lo pedido (folios 21 y 22). ... Ver más Texto de la resolución Exp: 05-000417-0007-CO Res: 2005-00834 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas con dieciséis minutos del veintiocho de enero del dos mil cinco.- Recurso de amparo interpuesto por IBÁ SUAREZ, mayor, casado, empresario, cédula de residencia número 418-544014-85, vecino de Punta Uva, Talamanca, Limón, a favor de COMPLEJO TURÍSTICO PUNTA UVA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-758-58410, contra el MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas treinta y un minutos del dieciocho de enero del dos mil cinco, el recurrente interpone recurso de amparo en su condición de Presidente de Complejo Turístico Punta Uva, S.A., contra el Ministro del Ambiente y Energía. Manifiesta que su representada compró un terreno a la señora Josefina Mathews, a fin de ejecutar un proyecto de desarrollo turístico en la Zona de Manzanillo. El Ministerio del Ambiente y Energía otorgó a la amparada, el Permiso de Uso N° 351-90 del treinta de junio de mil novecientos noventa, sobre parte el terreno mencionado. El cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, el Ministerio canceló el citado permiso de uso. En la vía de la jurisdicción Contencioso Administrativa, se impugnó la legalidad de esa revocación, hasta que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, confirmó lo resuelto por el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, que había declarado sin lugar la demanda incoada contra el Estado por complejo Turístico Punta Uva S.A., avalando la revocatoria del permiso de uso efectuada por el Ministerio. Acusa que el treinta de julio del dos mil cuatro, les fue notificada una resolución del Ministro del Ambiente y Energía de fecha veintiocho de abril de ese año, tendente a ejecutar la resolución de revocatoria del permiso, a lo cual agrega dos conceptos que no están en la resolución original, al indicar: “...su representada deberá restituir las cosas al estado en que éstas se encontraban antes del otorgamiento del permiso de uso, lo cual entraña el desalojo y demolición de obras”. De esa forma, la restitución de las cosas, obligaría a colocarlas como estaban hace más de catorce años. Por ello, el primero de setiembre pasado, solicitaron al Ministro recurrido que les proporcionara el Registro de Inventario de las cosas existentes dentro del área que le fuera autorizada antes del otorgamiento del permiso de uso N° 351-90, que de fue revocado, a fin de cumplir con la restitución solicitada. Esa gestión no ha sido contestada; por el contrario, el primero de diciembre pasado, el recurrido envió dos notas, dirigidas al Ministerio de Seguridad Pública y al Presidente de la Comisión de Desalojos, en las que les solicitó colaboración para desalojar a su representada. Indica que es evidente que dejar las cosas a como estaban antes de julio de novecientos noventa, implique demoler y desalojar todo lo que esté en el área de permiso de suelo, pues antes del otorgamiento del permiso, había más de veinticuatro habitaciones, con piscina y cancha de tenis. Reclama que con el desalojo y la demolición ordenadas por el Ministro del Ambiente y Energía no sólo se afecta a tercera personas que han adquirido derechos de buena fe, sino también al medio ambiente que se pretende proteger, ya que la demolición de las construcciones produciría mayores daños ambientales. Considera violados el principio de legalidad, el derecho de petición y pronta resolución, el debido proceso y el derecho de defensa establecidos en los artículos 11, 18, 20 27, 33, 36, 39, 41, 48 y 50 de la Constitución Política. Solicita se declare con lugar el recurso. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Solano Carrera; y, Considerando: I.- No corresponde a esta Sala, sino a la vía de legalidad ordinaria, determinar cuáles son los alcances y contenido de la resolución número R-089-93-DGVS de las ocho horas quince minutos del cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres (folios 16, 17 y 18), dictada por el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) –hoy Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)- en la que se dispuso, con fundamento en la facultad conferida en el Cláusula Segunda del Permiso de Uso N° 351-90 del diecisiete de junio de mil novecientos noventa, otorgado a la sociedad amparada, revocar dicho permiso y ordenar a Ibá Suarez, en su condición de representante de la sociedad Complejo Turístico Punta Uva S. A, restituir las cosas al estado en que se encontraban antes del otorgamiento de dicho permiso. De modo que, establecer si dicha restitución implica o no el desalojo y el derribo de las construcciones existentes –como lo entiende la Administración, según oficio DM-1409-04 del treinta de julo del dos mil cuatro (folios 19 y 20)- o no, según lo alega el recurrente, no es sino una discusión de mera legalidad ajena al ámbito de competencia de este Tribunal, pues en ello no está involucrado, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno. No se trata, como lo acusa el recurrente, de la violación al derecho de defensa, al debido proceso, al principio de legalidad o a cualquier otro derecho fundamental, ya que se trata de la ejecución de un acto administrativo que ya fue discutido incluso en la vía jurisdiccional y que se encuentra firme, de modo que no se debía cumplir con ninguna audiencia o, de alguna forma, cumplir con el debido proceso, de previo a su ejecución, basta con la comunicación de la prevención al interesado para que cumpla con lo dispuesto, como en efecto se hizo. Ahora bien, definir si lo acordado implica o no el desalojo y derribo de las construcciones, no es competencia de este Tribunal, que no es un contralor de legalidad, sino de constitucionalidad. II.- En todo caso, ya esta Sala, en otras ocasiones, se ha pronunciado en relación con los hechos que sirven de fundamento a este recurso. Así, ante ella se tramitó un recurso de amparo interpuesto a favor de la sociedad aquí amparada contra el entonces Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, bajo el expediente número 93-003261-0007-CO. Al resolver dicho recurso, por sentencia N° 0914-96 de las quince horas del veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y seis, este Tribunal consideró: “II. Resulta necesario indicar, a modo de marco de referencia, que el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, mediante resolución No.351-90 de las 9:13 horas del 17 de junio de 1990, concedió permiso de uso al señor Ibá Suarez en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la Compañía Complejo Turístico Punta Uva S.A., para utilizar con fines turísticos un terreno que se encuentra ubicado dentro de los 150 metros de la Zona Marítimo Terrestre del área declarada Refugio Nacional de Fauna Silvestre Gandoca Manzanillo, refugio que fuera creado por Decreto Ejecutivo No.16614-MAG de 1 de julio de 1985. Ese permiso de uso se otorgó de conformidad con las potestades dadas por la Ley Forestal, la Ley de Conservación de Fauna Silvestre y su Reglamento, normativa que faculta al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas para conceder permisos de uso dentro de áreas de Patrimonio Forestal del Estado. Al concederse ese permiso, se dispuso expresamente que el permisionario no podía gravar ni vender esa autorización y que sólo podría traspasarlo con el visto bueno de la Dirección de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, previo cumplimiento del trámite respectivo. Se estableció de igual modo que el permisionario debía depositar cierta cantidad de dinero como garantía para responder a un eventual incumplimiento de las obligaciones que se derivan de ese permiso, además de que debería realizar las labores en el área dentro del marco de la Ley Forestal y la Ley de Conservación de Fauna Silvestre, de modo que no perjudicara los recursos naturales. Podía construír (sic) hasta 84 cabinas para la atención del turismo, dos piscinas, un edificio para recepción, construcciones para cocinas, un rancho bar, área de parqueo, una cafetería, un restaurante, una casa de máquinas, dos canchas de tenis, carretera de acceso, dormitorios de empleados y servicios generales, todos de conformidad con el plano presentado y permisos para construcción de la Municipalidad de Talamanca, Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo. Se indicó que cualquier violación a la legislación vigente o a lo ahí establecido, daría lugar a la cancelación del permiso sin derecho de reclamación alguna por parte del permisionario y que tal permiso tenía una validez de 10 años que se tendría por prorrogado automáticamente por períodos iguales y consecutivos (folio 102). En vista del incumplimiento a las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, entre las que se citan la construcción de obras sin contar con los permisos del INVU, Ministerio de Salud, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Municipalidad de Talamanca, construcciones fuera del área amparada por el permiso de uso, obstaculización para el ingreso de funcionarios de la Dirección General de Vida Silvestre, construcción de laguna artificial fuera del área autorizada, construcción y ampliación de drenajes dentro y fuera del área autorizada, obstrucción de quebradas y desviación de cauces naturales, ampliación y profundización del canal entre el mar y el pantano, utilización de masa coralina para relleno interno del pantano, entre otros; así como debido a los daños ocasionados en el ambiente, tales como el cambio en la morfología de la playa, cambio en la circulación de los sedimentos, salinización de suelos, pérdidas de habitat de algunas especies, riesgos de inundación por la interrupción de drenajes naturales, disminución y obstrucción del área de la zona pública, afectación importante de arrecifes coralinos, entre otros, mediante resolución No. R-089-93 de las 8:15 horas del 5 de marzo de 1993, suscrita por el Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas y el Presidente de la República, se revocó tal permiso de uso No.351-90 y se ordenó al apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Complejo Turístico Punta Uva S.A., proceder a restituír (sic) las cosas al estado en que éstas se encontraban antes del otorgamiento del Permiso de Uso citado, otorgándole un plazo de 6 meses para el cumplimiento de lo dispuesto en esa resolución. El representante de esa empresa interpuso en tiempo y forma el respectivo recurso de reposición en contra de tal resolución, sin embargo, mediante pronunciamiento de las 8:15 horas del 28 de julio de 1993, también suscrita por el Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, así como por el Presidente de la República, se dispuso que no existía mérito para reponer la decisión adoptada en el sentido de revocar el permiso de uso concedido mediante resolución No.351-90-MIRENEM, por cuanto los hechos atribuídos (sic) no fueron desvirtuados, siendo que, más bien, el gestionante los admite como ciertos, ofreciendo incluso la adopción de las medidas correctivas que fueren necesarias para la reparación de cualquier daño que hubieren causado, y declarándose, en consecuencia, sin lugar ese recurso de reposición, manteniéndose entonces la resolución No.089-93-DGVS. III. Al entrar a valorar por el fondo las pretensiones planteadas en este recurso, debe decirse que en primer lugar, alega el recurrente, que la incorporación del inmueble propiedad del Complejo Turístico Gandoca Manzanillo S.A. que considera de dominio privado, al Refugio Nacional de Protección Silvestre Gandoca Manzanillo, se produjo en forma absolutamente violatoria de las claras directrices contenidas en la Ley Forestal así como en contravención con la garantía constitucional contenida en el artículo 45 de la Constitución Política, pues en ningún momento medió pago por compra o por expropiación, lo que significa, en definitiva, la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo mediante el cual se creó ese Refugio Nacional. Al respecto, debe indicarse que previo a la interposición del presente recurso de amparo, uno de los aquí recurrentes interpuso acción de inconstitucionalidad No. 0328-M-93, precisamente en contra de los Decretos Ejecutivos No.16614-MAG y No.16631-MAG, que crearon y reglamentaron el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. En dicha Acción se alegó exactamente el mismo punto que aquí se impugna, toda vez que en criterio del recurrente, tales decretos estaban imponiendo limitaciones a la propiedad privada sin fundamento en la ley, lo que violaba el artículo 45 constitucional. Esta Acción fue rechazada de plano por el Voto No.1063-95 de las 15:00 horas del 23 de febrero de 1995, disponiéndose expresamente que: “...tampoco tiene legitimación el accionante para alegar la violación al artículo 45 de la Constitución Política -derecho de propiedad-, pues según se desprende de sus propias manifestaciones y de la demás documentación que obra en el expediente, a éste lo que se le otorgó fue un ‘permiso de uso’ para utilizar un terreno que se encuentra localizado dentro de la zona marítimo terrestre, bien demanial dentro del que ningún particular podría válidamente, alegar derecho de propiedad alguno a su favor, y por ello, los alegatos de fondo planteados en la acción son absolutamente improcedentes, y así debe declararse...” (sentencia No.1063-95 de las 15:00 horas del 23 de febrero de 1995). Se dispuso además en dicha sentencia que la improcedencia de esos alegatos también se fundamentaba en los criterios externados por la Sala en anteriores ocasiones, entre los cuales se cita la sentencia No.0407-91 de las 15:30 horas del 21 de febrero de 1991, que en lo que interesa dispuso: que el Estado ha tenido que ir emitiendo legislación “...en la que exceptúa del dominio público ciertas zonas o partes del litoral de manera que no se les aplique la legislación general que para ellas regía. No es atendible, entonces la premisa de la que parte el accionante, ya que no se imponen limitaciones a la propiedad privada, sino que al regularse el dominio público, la ley lo que hace es establecer condiciones mediante las que es posible el uso y disfrute de la zona marítimo terrestre, por parte de los particulares. Así, quien pretenda por medios no autorizados ejercer un uso privativo de esa zona tendrá vedada la posilidad (sic) de consumarlo, pues es aceptado también, desde tiempo inmemorial que se trata de bienes imprescriptibles en favor de particulares y que están fuera del comercio...” (sentencia No.407-91 de las 15:30 horas del 21 de febrero de 1991). Resulta importante recordar que tal planteamiento ha sido interpuesto ante esta instancia no sólo en la citada Acción de Inconstitucionalidad o en el presente recurso de amparo, sino también en otras muchas ocasiones en que el Complejo Turístico Punta Uva S.A. se ha apersonado ante esta Jurisdicción, siendo que en todas esas oportunidades, la Sala lo ha rechazado. Por tal razón, y en vista de que no han variado las circunstancias existentes, se mantiene en este momento el mismo criterio que se ha externado anteriormente, considerando entonces que no “...ha sido violentado el artículo 45 de la Constitución Política, porque el Complejo Turístico Punta Uva S.A., no cuenta con un derecho de propiedad sino con un ‘permiso de uso’ para utilizar por diez años un terreno localizado ‘dentro de los ciento cincuenta metros de la Zona Marítimo Terrestre del área declarada Refugio Nacional de Fauna Silvestre Gandoca Manzanillo’”( ver sentencia No.0480-93 de las 9:09 horas del 29 de enero de 1993 y sentencia No.1980-93 de las 15:39 horas del 11 de mayo de 1993). Queda entonces, de este modo, desvirtuada la tesis de la parte recurrente según la cual se ha dado una violación al artículo 45 constitucional, resultando improcedente el recurso en cuanto a este punto y así debe declararse. IV. Una vez realizado el análisis del considerando anterior del mismo se rescata el hecho de que el Complejo Turístico Punta Uva S.A. no ostenta un derecho de propiedad sobre el inmueble que se ubica dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, sino tan sólo un permiso de uso de ese inmueble por un término de 10 años y sujeto a la legislación que lo regula. Sin embargo, impugna el recurrente en esta instancia la procedencia y validez de las resoluciones No.089-93-DGVS de las 8:15 horas del 5 de marzo de 1993, así como la No. R216-93-MIRENEM de las 8:15 horas del 28 de julio de 1993, según las cuales, como se indicó líneas atrás, se cancela el permiso de uso del inmueble de marras otorgado en favor de Complejo Turístico Punta Uva S.A., con lo que pretende la parte recurrente que esta Sala entre a valorar sobre el fondo de tales resoluciones. Al respecto, olvidan los gestionantes que esta Sala no es contralora de legalidad sino de constitucionalidad, de modo tal que, si el mismo permiso establecía que ante el incumplimiento de los términos bajo los cuales se otorgaba se podría dar la cancelación del mismo sin derecho de reclamo por parte del permisionario, y en el caso concreto, de las probanzas existentes se deducía ese supuesto incumplimiento de la parte recurrente, la circunstancia de que se hubiera decretado en la vía administrativa la cancelación de tal permiso por cuanto, aparentemente, se dieron los supuestos para ello, no puede ser valorada por esta jurisdicción constitucional puesto que no tiene competencia para ello, el tema de fondo debe ser discutido, y de hecho ya se está haciendo en la vía contencioso-administrativa; pero sí puede analizar el cumplimiento del debido proceso así como la satisfacción del derecho de defensa. Así las cosas, y específicamente respecto del Complejo Turístico Gandoca Manzanillo S.A., estima la Sala que previo dictado de las resoluciones impugnadas, se cumplió con el debido proceso y se garantizó el ejercicio del derecho de defensa, situación que ya fue también analizada por esta Sala en el recurso de amparo No.0107-C-93, en el que mediante sentencia No.0480-93 de las 9:09 horas del 29 de enero de 1993 indicó: “Conforme al artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constituiocnal (sic), el presente recurso debe rechazarse de plano por su evidente improcedencia y falta de fundamentación, dado que garantiza el debido proceso la resolución aquí tachada por el contrario de infringirlo. En efecto, da traslado al Complejo Turístico Punta Uva S.A. de las presuntas nueve irregularidades que la Administración le imputa...; preveé (sic) el otorgamiento de audiencia y la posibilidad de presentación de prueba de descargo por parte del referido Complejo Turístico; pone el expediente administrativo a su disposición... y encarga al Director General de Vida Silvestre la instrucción y resolución del proceso. el permiso de uso concedido al recurrente está expresamente condicionado a que el permisionario realice ‘las labores en el área dentro del marco de la Ley Forestal y la Ley de Conservación de Fauna Silvestre, de tal manera que no perjudique los recursos naturales’..., y ‘cualquier violación a la legislación vigente o a la aquí establecida dará lugar a la cancelación del permiso sin derecho de reclamo por parte del permisionario’.... El procedimiento aquí impugnado pretende, precisamente, determinar si las irregularidades especificadas ameritan su cancelación.” Debe decirse además que, en sentencia No.1980-93 de las 15:39 horas del 11 de mayo de 1993, esta Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo No.0792-C-93 por cuanto el órgano director del procedimiento también había fungido como perito en el proceso en contra del Complejo Turístico, considerando entonces la Sala que en cuanto a ese extremo había existido una violación al debido proceso y que por ello debía anularse la medida cautelar dictada por ese funcionario toda vez que el mismo se encontraba impedido, pero se dispuso a la vez en ese acto, que se conservaban todos los demás actos del procedimiento, lo que evidencia el hecho de que efectivamente, hasta ese momento se había cumplido el debido proceso y el derecho de defensa, salvo en lo que se refería a tal declaratoria. Posterior a este recurso, se dictaron las resoluciones aquí impugnadas y del análisis de las probanzas allegadas al expediente, debe decirse que la Sala no estima que se haya dado ninguna otra violación al debido proceso o al derecho de defensa, pues como se observa, la parte recurrente tuvo oportunidad de conocer por completo, las irregularidades que se le imputaban y no de una sóla (sic) parte de ellas como lo alega, además tuvo acceso al expediente, pudo haber comparecido a la audiencia fijada para el día 15 de enero de 1993, pero no lo hizo, ejerció su derecho a presentar todos los incidentes que consideró oportunos así como los recursos pertinentes, tales como el que presentó en contra de la resolución No.089-93-DGVS y cuya resolución dio lugar al pronunciamiento No.216-93-MIRENEM (ambas impugnadas en este recurso); y en definitiva, tuvo amplia participación dentro de ese procedimiento administrativo, estimando por ello, la Sala, que no ha existido la alegada violación al derecho constitucional del debido proceso y del derecho de defensa, pues en todo momento el Complejo Turístico Punta Uva S.A. tuvo conocimiento de todos los hechos que se le imputaban y tuvo posibilidad de ejercer su derecho de defensa, por lo que no es de recibo su alegato de que las resoluciones finales contienen elementos nuevos. Por otra parte, alega la parte recurrente que no procede la orden de derribo de las obras como consecuencia de la cancelación del permiso de uso sobre el bien inmueble, sin embargo, debe reiterarse que la Sala no tiene competencia para determinar si procede o no esa orden de derribo y en vista de que los límites dentro de los cuales fue otorgado el permiso establecían que cualquier incumplimiento de parte del permisionario darían lugar a la cancelación de tal autorización, es precisamente la Administración la que, previa valoración del incumplimiento ocasionado y de los daños causados, debe determinar las consecuencias de tal cancelación. V. Impugna también el recurrente la potestad que tiene el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas para otorgar y cancelar el permiso de uso del inmueble ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Al respecto, establece el artículo 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre que los recursos naturales comprendidos dentro de los refugios nacionales de vida silvestre, quedan bajo la competencia y el manejo exclusivo de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, siendo entonces que en las áreas de parques nacionales o de reservas equivalentes, no se aplica la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. En este sentido se ha pronunciado la Procuraduría General de la República para decir que en las áreas de los Refugios de Vida Silvestre, incluídos (sic) en la zona marítimo terrestre, la administración corresponde exclusivamente a ese Servicio y no a las Municipalidades, ello desde luego en el ámbito de su delimitación, pues las áreas aledañas que formen parte de la zona marítimo terrestre continúan bajo competencia municipal (ver dictámen (sic) No. C-052-89 de 7 de marzo de 1989). Desde esta perspectiva, no lleva razón el recurrente en su alegato, y en consecuencia, a contrario de lo que afirma la parte gestionante, la Municipalidad de Talamanca no se encontraría autorizada para otorgar concesiones y permisos de construcción en un área en la cual la competencia le es ajena, siendo ese el caso del inmueble respecto del cual se le otorgó permiso de uso al Complejo Turístico Punta Uva S.A., competencias que en definitiva son materia propia de legalidad y pueden ser discutidas en la instancia común que corresponda, debiendo por ello declararse sin lugar el recurso también en cuanto a este extremo. VI. De este modo, no estima la Sala que en el presente asunto la Administración haya ocasionado violación alguna a normas constitucionales, y es precisamente por no existir ninguna violación de esa naturaleza que el presente recurso de amparo debe ser declarado sin lugar como en efecto se ordena.” III.- Lo dicho en la sentencia parcialmente transcrita es de plena aplicación al caso bajo estudio, sin que existan motivos ni razones que justifiquen variar el criterio externado en aquella oportunidad. Por consiguiente, no se han producido las alegadas violaciones a los derechos fundamentales del recurrente y su representada, motivo por el cual el recurso es improcedente en cuanto a esos extremos y así se declara. Por otra parte, según se constata, mediante sentencia número 000285-F-04 de las once horas treinta minutos del veintiocho de abril del dos mil cuatro (resolución que se tuvo a la vista), la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia discutió el diferendo relativo a sí la restitución al estado en que se encontraban las cosas al momento del otorgamiento del permiso en cuestión, implicaba el desalojo y derribo de las obras. De cualquier modo, no es en esta vía que cabe revisar esos extremos. A mayor abundamiento, no podría esta Sala entrar a revisar la resolución R-089-93-DGVS de las ocho horas quince minutos del cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, pues ella ya fue impugnada y confirmada en la jurisdicción ordinaria, incluso fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia número 000285-F-04 de las once horas treinta minutos del veintiocho de abril del año dos mil cuatro, lo que implicaría necesariamente que esta Sala entrara a revisar lo resuelto en dicha jurisdicción, lo cual es improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. IV.- Dadas las consideraciones anteriores, no se han producido las alegadas violaciones a los derechos fundamentales del recurrente y su amparada, motivo por el cual el recurso es improcedente en cuanto a los extremos indicados. V.- Sin perjuicio de lo afirmado anteriormente, procede dar curso al amparo, exclusivamente, por la eventual violación a lo dispuesto en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, por cuanto el recurrente alega que el primero de setiembre del dos mil cuatro, el Apoderado Especial de Complejo Turístico Punta Uva S.A., solicitó al Ministro del Ambiente y Energía que le proporcionara el Registro e Inventario de las cosas existentes dentro del área que fue autorizada antes del otorgamiento del permiso de uso número 351-90 -que luego fuera revocado- y aún no ha recibido respuesta alguna sobre lo pedido (folios 21 y 22). Por tanto: Se ordena darle curso al amparo, exclusivamente, en cuanto a la alegada violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución Política. En lo demás, se rechaza por el fondo el recurso. Luis Fernando Solano C. Presidente Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Ernesto Jinesta L. José Luis Molina Q. Susana Castro A. Rosa María Abdelnour G. Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:05:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 00834 - 2005 Date of Resolution: January 28, 2005 at 11:16 Case File: 05-000417-0007-CO Drafted by: Luis Fernando Solano Carrera Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: PRIOR TOPICS Topic: Ministry of Environment and Energy Subtopics: Arbitrary action by the respondent, according to the appellant, by evicting him from the land he occupied for several years. Topic: Fundamental Rights Subtopics: Non-existence of a violation as it concerns an eviction of occupants from public domain property (bien demanial) over which no right can be claimed. Topic: Administrative eviction (Desalojo administrativo) Subtopics: Legal eviction of occupants from a property located in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). Topic: Principle of due process (Principio del debido proceso) Subtopics: Non-existence of a violation of the alleged right during the course of the administrative procedure followed against the protected company for the cancellation of the concession granted in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). Topic: Maritime-terrestrial zone (Zona marítimo terrestre) Subtopics: Legal eviction of occupants from lands in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) because they are public domain property (bien demanial). Topic: Forest reserves (Reservas forestales) Subtopics: Analysis of the importance of natural resource conservation. Means the protection and preservation of the integrity of the natural environment. The natural resources within national wildlife refuges fall under the exclusive competence and management of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines. Topic: Competence of the Constitutional Chamber Subtopics: Lack of competence of this Chamber to define whether what was agreed by the respondent implies or not the eviction and demolition of the indicated constructions, given that this Court is not a controller of legality, but of constitutionality. What is stated in the partially transcribed judgment is fully applicable to the case under study, there being no grounds or reasons that justify varying the criterion expressed on that occasion. Consequently, the alleged violations of the fundamental rights of the appellant and his represented party have not occurred, and for this reason, the appeal (recurso) is inadmissible as to those points and is so declared. On the other hand, as verified, by judgment number 000285-F-04 of eleven hours thirty minutes on April twenty-eighth, two thousand four (a resolution that was reviewed), the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice discussed the dispute regarding whether the restoration to the state things were in at the time of granting the permit in question implied the eviction and demolition of the works. In any event, it is not through this avenue that those points can be reviewed. Furthermore, this Chamber could not proceed to review resolution R-089-93-DGVS of eight hours fifteen minutes on March fifth, nineteen ninety-three, because it was already challenged and upheld in the ordinary jurisdiction, and was even the subject of a ruling by the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice in the cited judgment number 000285-F-04 of eleven hours thirty minutes on April twenty-eighth, two thousand four, which would necessarily imply that this Chamber would review what was decided in said jurisdiction, which is inadmissible in accordance with the provisions of Article 30 subsection b) of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). ... See more Other References: judgment No. 0914-96 Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: PRIOR TOPICS Topic: Right of petition and prompt resolution Subtopics: It is ordered to proceed exclusively regarding the alleged violation of Articles 27 and 41 of the Political Constitution. exclusively, for the potential violation of the provisions in Articles 27 and 41 of the Political Constitution, since the appellant alleges that on September first, two thousand four, the Special Attorney-in-Fact of Complejo Turístico Punta Uva S.A., requested the Minister of Environment and Energy to provide the Registry and Inventory of the things existing within the area that was authorized before the granting of use permit number 351-90 - which was later revoked - and has not yet received any response to the request (folios 21 and 22). ... See more Text of the resolution Exp: 05-000417-0007-CO Res: 2005-00834 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and sixteen minutes on January twenty-eighth, two thousand five.- Amparo appeal (Recurso de amparo) filed by IBÁ SUAREZ, of legal age, married, businessman, residency ID number 418-544014-85, resident of Punta Uva, Talamanca, Limón, on behalf of COMPLEJO TURÍSTICO PUNTA UVA, SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID number 3-758-58410, against the MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY. Whereas: 1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at thirteen hours and thirty-one minutes on January eighteenth, two thousand five, the appellant files an amparo appeal (recurso de amparo) in his capacity as President of Complejo Turístico Punta Uva, S.A., against the Minister of Environment and Energy. He states that his represented company purchased land from Mrs. Josefina Mathews, in order to execute a tourism development project in the Manzanillo Zone. The Ministry of Environment and Energy granted the protected company Use Permit No. 351-90 of June thirtieth, nineteen ninety, over part of the mentioned land. On March fifth, nineteen ninety-three, the Ministry canceled the cited use permit. Through the Administrative-Contentious Jurisdiction, the legality of that revocation was challenged, until the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice upheld the decision of the Superior Administrative-Contentious Court, which had declared without merit the lawsuit filed against the State by Complejo Turístico Punta Uva S.A., endorsing the revocation of the use permit carried out by the Ministry. He accuses that on July thirtieth, two thousand four, they were notified of a resolution by the Minister of Environment and Energy dated April twenty-eighth of that year, tending to execute the resolution revoking the permit, adding two concepts not present in the original resolution, by stating: "...your represented party must restore things to the state in which they were prior to the granting of the use permit, which entails eviction and demolition of works." In this way, the restoration of things would oblige them to place them as they were more than fourteen years ago. Therefore, on September first of last year, they requested the respondent Minister to provide them with the Inventory Registry of the things existing within the area that was authorized before the granting of use permit No. 351-90, which was revoked, in order to comply with the requested restoration. That request has not been answered; on the contrary, on December first of last year, the respondent sent two notes, addressed to the Ministry of Public Security and the President of the Evictions Commission, in which he requested collaboration to evict his represented party. He indicates that it is evident that leaving things as they were before July of nineteen ninety implies demolishing and evicting everything in the land use permit area, since before the granting of the permit, there were more than twenty-four rooms, with a swimming pool and tennis court. He claims that with the eviction and demolition ordered by the Minister of Environment and Energy, not only are third parties who have acquired rights in good faith affected, but also the environment intended to be protected, since the demolition of the constructions would produce greater environmental damage. He considers violated the principle of legality, the right of petition and prompt resolution, due process (debido proceso), and the right of defense established in Articles 11, 18, 20, 27, 33, 36, 39, 41, 48 and 50 of the Political Constitution. He requests that the appeal (recurso) be granted. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, including upon filing, any petition presented for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a prior identical or similar petition that was rejected. Drafted by Magistrate Solano Carrera; and, Considering: I.- It does not correspond to this Chamber, but to the ordinary legality avenue, to determine the scope and content of resolution number R-089-93-DGVS of eight hours fifteen minutes on March fifth, nineteen ninety-three (folios 16, 17 and 18), issued by the then Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (MIRENEM) –today Ministry of Environment and Energy (MINAE)– in which it was ordered, based on the authority granted in Clause Two of Use Permit No. 351-90 of June seventeenth, nineteen ninety, granted to the protected company, to revoke said permit and order Ibá Suarez, in his capacity as representative of the company Complejo Turístico Punta Uva S. A, to restore things to the state in which they were before the granting of said permit. Thus, to establish whether said restoration implies or not the eviction and demolition of existing constructions –as the Administration understands it, according to official communication DM-1409-04 of July thirtieth, two thousand four (folios 19 and 20)– or not, as the appellant alleges, is merely a discussion of pure legality outside the sphere of competence of this Court, since no fundamental right is involved, at least directly. It is not, as the appellant accuses, a violation of the right of defense, of due process (debido proceso), of the principle of legality, or of any other fundamental right, since it concerns the execution of an administrative act that was already discussed even in the jurisdictional avenue and that is final, so that no hearing was required or, in any way, compliance with due process (debido proceso) prior to its execution; notification of the warning to the interested party suffices for them to comply with the order, as indeed was done. Now, defining whether what was agreed implies or not the eviction and demolition of the constructions is not the competence of this Court, which is not a controller of legality, but of constitutionality. II.- In any case, this Chamber, on other occasions, has already ruled concerning the facts that serve as the basis for this appeal (recurso). Thus, an amparo appeal (recurso de amparo) filed on behalf of the company protected here against the then Minister of Natural Resources, Energy and Mines, under case file number 93-003261-0007-CO, was processed before it. In resolving said appeal, through judgment No. 0914-96 of fifteen hours on February twenty-first, nineteen ninety-six, this Court considered: "II. It is necessary to indicate, as a frame of reference, that the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, by resolution No. 351-90 of 9:13 hours on June 17, 1990, granted a use permit to Mr. Ibá Suarez in his capacity as President with authority as Generalisimo Attorney-in-Fact of the Company Complejo Turístico Punta Uva S.A., to use for tourism purposes a land located within the 150 meters of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the area declared Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Fauna Silvestre Gandoca Manzanillo), a refuge created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 16614-MAG of July 1, 1985. That use permit was granted in accordance with the powers given by the Forestry Law (Ley Forestal), the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Fauna Silvestre) and its Regulations, regulations that empower the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines to grant use permits within areas of State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado). When this permit was granted, it was expressly provided that the permit holder could not encumber or sell this authorization and could only transfer it with the approval of the Wildlife Directorate of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, after completing the respective procedure. It was likewise established that the permit holder had to deposit a certain amount of money as a guarantee to cover a potential breach of the obligations arising from this permit, and that they must carry out the work in the area within the framework of the Forestry Law (Ley Forestal) and the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Fauna Silvestre), in such a way as not to harm natural resources. They could build (sic) up to 84 cabins for tourism, two swimming pools, a reception building, kitchen buildings, a ranch bar, parking area, a cafeteria, a restaurant, an engine room, two tennis courts, access road, employee dormitories and general services, all in accordance with the submitted plan and construction permits from the Municipality of Talamanca, the College of Engineers and Architects, the National Institute of Housing and Urban Development (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), the Ministry of Health and the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo). It was indicated that any violation of current legislation or the terms established therein would result in the cancellation of the permit without any right to claim by the permit holder, and that this permit was valid for 10 years, which would be automatically extended for equal and consecutive periods (folio 102). Given non-compliance with the conditions under which the permit was granted, among which are cited the construction of works without having the permits from the INVU, Ministry of Health, Federated College of Engineers and Architects, Municipality of Talamanca, constructions outside the area covered by the use permit, obstruction of entry for officials of the General Directorate of Wildlife, construction of an artificial lagoon outside the authorized area, construction and expansion of drainage systems inside and outside the authorized area, obstruction of streams and diversion of natural channels, expansion and deepening of the channel between the sea and the swamp, use of coral mass for internal filling of the swamp, among others; as well as due to damage caused to the environment, such as changes in beach morphology, changes in sediment circulation, salinization of soils, habitat losses for some species, flood risks due to interruption of natural drainages, reduction and obstruction of the public zone area, significant impact on coral reefs, among others, through resolution No. R-089-93 of 8:15 hours on March 5, 1993, signed by the Minister of Natural Resources, Energy and Mines and the President of the Republic, that use permit No. 351-90 was revoked and the attorney-in-fact (apoderado generalísimo) with unlimited sum authority of the company Complejo Turístico Punta Uva S.A. was ordered to restore (sic) things to the state in which they were before the granting of the cited Use Permit, granting a period of 6 months to comply with what was ordered in that resolution. The representative of that company timely and properly filed the respective motion for reconsideration (recurso de reposición) against that resolution; however, through a ruling at 8:15 hours on July 28, 1993, also signed by the Minister of Natural Resources, Energy and Mines, as well as the President of the Republic, it was ordered that there was no merit to reconsider the decision adopted to revoke the use permit granted by resolution No. 351-90-MIRENEM, since the attributed (sic) facts were not refuted, and rather, the petitioner admits them as true, even offering the adoption of corrective measures necessary for the repair of any damage they may have caused, and thus, that motion for reconsideration (recurso de reposición) was declared without merit, consequently upholding resolution No. 089-93-DGVS. III. In assessing the claims raised in this appeal (recurso) on the merits, it must be stated that, firstly, the appellant alleges that the incorporation of the property owned by Complejo Turístico Gandoca Manzanillo S.A., which he considers private domain, into the Gandoca Manzanillo National Wildlife Protection Refuge (Refugio Nacional de Protección Silvestre Gandoca Manzanillo), was carried out in a manner absolutely violating the clear guidelines contained in the Forestry Law (Ley Forestal) and in contravention of the constitutional guarantee contained in Article 45 of the Political Constitution, since at no time was there payment by purchase or expropriation, which ultimately signifies the unconstitutionality of the Executive Decree (Decreto Ejecutivo) by which that National Refuge was created. In this respect, it must be noted that prior to the filing of this amparo appeal (recurso de amparo), one of the appellants here filed an unconstitutionality action No. 0328-M-93, precisely against Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) No. 16614-MAG and No. 16631-MAG, which created and regulated the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo). In that Action, exactly the same point challenged here was alleged, since in the appellant's opinion, such decrees were imposing limitations on private property without a legal basis, which violated Article 45 of the Constitution. This Action was rejected outright by Vote No. 1063-95 of 15:00 hours on February 23, 1995, expressly ordering that: "...the claimant also lacks standing to allege a violation of Article 45 of the Political Constitution -property right-, since as is evident from their own statements and the other documentation in the case file, what was granted to them was a 'use permit' to utilize a land located within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), public domain property (bien demanial) over which no individual could validly claim any property right in their favor, and therefore, the substantive arguments raised in the action are absolutely inadmissible, and must be so declared..." (judgment No. 1063-95 of 15:00 hours on February 23, 1995). It was further ordered in said judgment that the inadmissibility of those arguments was also based on the criteria expressed by the Chamber on previous occasions, among which judgment No. 0407-91 of 15:30 hours on February 21, 1991 is cited, which in relevant part ordered: that the State has had to gradually issue legislation "...in which it exempts from the public domain certain zones or parts of the coastline so that the general legislation that previously governed them does not apply. The premise from which the claimant starts is therefore untenable, since limitations are not imposed on private property, but rather by regulating the public domain, the law establishes conditions through which the use and enjoyment of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) by private individuals is possible. Thus, anyone who attempts through unauthorized means to exercise a private use of that zone will be prevented from doing so, since it has also been accepted, since time immemorial, that these are imprescriptible goods in favor of private individuals and that they are outside of commerce..." (judgment No. 407-91 of 15:30 hours on February 21, 1991). It is important to recall that this argument has been raised before this instance not only in the cited Unconstitutionality Action or in the present amparo appeal (recurso de amparo), but also on many other occasions in which Complejo Turístico Punta Uva S.A. has appeared before this Jurisdiction, and in all those cases, the Chamber has rejected it. For this reason, and given that the existing circumstances have not changed, the same criterion previously expressed is maintained at this time, therefore considering that "...Article 45 of the Political Constitution has not been violated, because Complejo Turístico Punta Uva S.A. does not hold a property right but rather a 'use permit' to use for ten years a land located 'within the one hundred fifty meters of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the area declared Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Fauna Silvestre Gandoca Manzanillo)'" (see judgment No. 0480-93 of 9:09 hours on January 29, 1993 and judgment No. 1980-93 of 15:39 hours on May 11, 1993). Thus, the appellant's thesis that there has been a violation of Article 45 of the Constitution is refuted, and the appeal (recurso) is inadmissible on this point and must be so declared. IV. Having made the analysis of the preceding considering, it is evident that Complejo Turístico Punta Uva S.A. does not hold a property right over the property located within the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo), but only a use permit for that property for a term of 10 years and subject to the legislation regulating it. However, the appellant challenges in this instance the propriety and validity of resolutions No. 089-93-DGVS of 8:15 hours on March 5, 1993, as well as No. R216-93-MIRENEM of 8:15 hours on July 28, 1993, according to which, as indicated above, the use permit for the disputed property granted to Complejo Turístico Punta Uva S.A. is canceled, with which the appellant intends for this Chamber to assess the merits of such resolutions. In this regard, the petitioners forget that this Chamber is not a controller of legality but of constitutionality, such that, if the permit itself established that non-compliance with the terms under which it was granted could lead to its cancellation without right of claim by the permit holder, and in the specific case, from the existing evidence, that supposed non-compliance by the appellant was deduced, the circumstance that the cancellation of such permit was decreed in the administrative venue because, apparently, the conditions for it existed, cannot be assessed by this constitutional jurisdiction since it lacks competence to do so; the substantive issue must be discussed, and indeed is already being discussed, in the administrative-contentious venue; however, it can analyze compliance with due process (debido proceso) as well as the satisfaction of the right of defense. Thus, and specifically regarding Complejo Turístico Gandoca Manzanillo S.A., the Chamber considers that prior to the issuance of the challenged resolutions, due process (debido proceso) was complied with and the exercise of the right of defense was guaranteed, a situation that was also previously analyzed by this Chamber in amparo appeal (recurso de amparo) No. 0107-C-93, in which through judgment No. 0480-93 of 9:09 hours on January 29, 1993 it indicated: "Pursuant to Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional [sic]), the present appeal (recurso) must be rejected outright for its evident inadmissibility and lack of foundation, given that the resolution challenged here guarantees due process (debido proceso) instead of infringing it. Indeed, it gives notice (traslado) to Complejo Turístico Punta Uva S.A. of the alleged nine irregularities that the Administration accuses it of...; it provides (sic) for the granting of a hearing and the possibility of submitting exculpatory evidence by the said Complejo Turístico; it places the administrative file at its disposal... and entrusts the General Director of Wildlife with the instruction and resolution of the process. The use permit granted to the appellant is expressly conditioned on the permit holder carrying out 'the work in the area within the framework of the Forestry Law (Ley Forestal) and the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Fauna Silvestre), in such a way as not to harm natural resources'..., and 'any violation of current legislation or the terms established herein will result in the cancellation of the permit without right of claim by the permit holder'.... The procedure challenged here precisely seeks to determine if the specified irregularities warrant its cancellation." It must also be said that, in judgment No. 1980-93 of 15:39 hours on May 11, 1993, this Constitutional Chamber granted amparo appeal (recurso de amparo) No. 0792-C-93 because the directing body of the procedure had also acted as an expert in the process against the Complejo Turístico, the Chamber thus considering that in that respect there had been a violation of due process (debido proceso) and that therefore the precautionary measure (medida cautelar) issued by that official should be annulled, since they were disqualified, but it was ordered at the same time in that act that all other procedural acts were preserved, which demonstrates that indeed, up to that moment, due process (debido proceso) and the right of defense had been complied with, except regarding that declaration. Subsequent to this appeal (recurso), the resolutions challenged here were issued, and from the analysis of the evidence provided in the file, it must be stated that the Chamber does not consider that any other violation of due process (debido proceso) or the right of defense occurred, since as observed, the appellant had the opportunity to fully know the irregularities imputed to them and not only a part of them as they allege; they also had access to the file, could have appeared at the hearing scheduled for January 15, 1993, but did not do so, exercised their right to present all the incidents they considered appropriate as well as the pertinent remedies, such as the one they filed against resolution No. 089-93-DGVS, the resolution of which gave rise to ruling No. 216-93-MIRENEM (both challenged in this appeal); and ultimately, had broad participation in that administrative procedure, the Chamber therefore considering that there has been no alleged violation of the constitutional right of due process (debido proceso) and the right of defense, since at all times Complejo Turístico Punta Uva S.A. was aware of all the facts imputed to them and had the possibility of exercising their right of defense, so their claim that the final resolutions contain new elements is not receivable. On the other hand, the appellant claims that the order to demolish the works as a consequence of the cancellation of the use permit over the property is improper; however, it must be reiterated that the Chamber lacks competence to determine whether or not that demolition order is proper, and given that the terms under which the permit was granted established that any non-compliance by the permit holder would lead to the cancellation of such authorization, it is precisely the Administration that, after assessing the non-compliance caused and the damage caused, must determine the consequences of such cancellation. V. The appellant also challenges the power held by the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines to grant and cancel the use permit for the property located within the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo). In this regard, Article 82 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) establishes that the natural resources within national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre) fall under the exclusive competence and management of the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, meaning that in national park areas or equivalent reserves, the Law of the Maritime-Terrestrial Zone (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) does not apply. The Attorney General's Office has ruled in this sense to state that in the areas of Wildlife Refuges, included (sic) in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), the administration corresponds exclusively to that Service and not to the Municipalities, this, of course, within the scope of its delimitation, since surrounding areas that form part of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) remain under municipal competence (see opinion (sic) No. C-052-89 of March 7, 1989). From this perspective, the appellant is not correct in their argument, and consequently, contrary to what the petitioner states, the Municipality of Talamanca would not be authorized to grant concessions and construction permits in an area in which competence is alien to it, this being the case of the property for which a use permit was granted to Complejo Turístico Punta Uva S.A., competencies that are ultimately a matter of legality and can be discussed in the appropriate ordinary instance, and therefore the appeal (recurso) must also be declared without merit on this point. VI. Thus, the Chamber does not consider that in the present matter the Administration has caused any violation of constitutional norms, and precisely because no such violation exists, this amparo appeal (recurso de amparo) must be declared without merit, as is hereby ordered." III.- What is stated in the partially transcribed judgment is fully applicable to the case under study, there being no grounds or reasons that justify varying the criterion expressed on that occasion. Consequently, the alleged violations of the fundamental rights of the petitioner and the party he represents have not occurred, which is why the remedy is inadmissible as to those aspects and it is so declared. Furthermore, as is confirmed, by judgment number 000285-F-04 of eleven hours thirty minutes on twenty-eight April two thousand four (a resolution that was examined), the First Chamber of the Supreme Court of Justice discussed the dispute concerning whether restitution to the state in which things were at the time of the granting of the permit in question entailed the eviction and demolition of the works. In any event, it is not through this avenue that those aspects may be reviewed. Moreover, this Chamber could not review resolution R-089-93-DGVS of eight hours fifteen minutes on five March nineteen ninety-three, since it was already challenged and confirmed in the ordinary jurisdiction, and was even the subject of a pronouncement by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in the cited judgment number 000285-F-04 of eleven hours thirty minutes on twenty-eight April of the year two thousand four, which would necessarily mean that this Chamber would be reviewing what was resolved in that jurisdiction, which is inadmissible pursuant to the provisions of Article 30 subsection b) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. IV.- Given the foregoing considerations, the alleged violations of the fundamental rights of the petitioner and the party protected by this remedy have not occurred, which is why the remedy is inadmissible as to the indicated aspects. V.- Without prejudice to the foregoing, the amparo shall proceed, exclusively, for the potential violation of the provisions of Articles 27 and 41 of the Constitución Política, since the petitioner alleges that on one September two thousand four, the Special Representative of Complejo Turístico Punta Uva S.A. requested the Minister of Environment and Energy to provide him with the Registry and Inventory of the things existing within the area that was authorized prior to the granting of use permit number 351-90 – which was later revoked – and has not yet received any response to the request (folios 21 and 22). Por tanto: It is ordered that the amparo proceed, exclusively, regarding the alleged violation of Articles 27 and 41 of the Constitución Política. As to the remainder, the remedy is dismissed on the merits. Luis Fernando Solano C. Presidente Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Ernesto Jinesta L. José Luis Molina Q. Susana Castro A. Rosa María Abdelnour G. Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:05:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República