Res. 06324-2003 Sala Constitucional — Visual pollution and EIA requirement in the Orosi ValleyContaminación visual y exigibilidad del EsIA en el valle de Orosi

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06324 - 2003

Fecha de la Resolución: 04 de Julio del 2003 a las 08:30

Expediente: 01-003424-0007-CO

Redactado por: Alejandro Batalla Bonilla

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

Exp: 01-003424-0007-CO

Res: 2003-06324

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con treinta minutos del cuatro de julio del dos mil tres.-




Recurso de amparo interpuesto por Roland J. Huber B., mayor, abogado, divorciado, vecino de Sanchirí de Paraíso de Cartago, portador de la cédula de residencia permanente número 790–99969–316; contra el Alcalde Municipal y el Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Paraíso de Cartago, la Ministra del Ambiente y Energía, el Presidente de la Junta Directiva de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Presidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministro de Salud, el Jefe de la Oficina Regional de Cartago de ese Ministerio y el Gerente General de PELARICA, Sociedad Anónima.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciocho horas y cuatro minutos del doce de abril de dos mil uno, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Alcalde Municipal y el Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Corporación Municipal de Paraíso de Cartago, la Ministra del Ambiente y Energía, el Presidente de la Junta Directiva de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Presidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministro de Salud, el Jefe de la Oficina Regional de Cartago de ese Ministerio y el Gerente General de PELARICA, Sociedad Anónima. Manifiesta que es un ciudadano de nacionalidad suiza que vive en el territorio nacional conjuntamente con su familia desde hace más de doce años en el país, y que compró una finca en Sanchirí de Paraíso de Cartago ya que ahí se cumplían con ciertas características ambientales y sobre todo por las características de estética del paisaje. Señala que su propósito con la compra de la finca en donde habita fue para destinarla al ecoturismo, en donde los visitantes podrían disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado en armonía con las bellezas naturales y con una vista suprema, única en el país, e incluso con vista a los volcanes Irazú, Turrialba, al valle de Orosi, entre otros atractivos. Indica que la empresa "PELARICA, S.A.", inició sus operaciones de producción de plantas de geranios, chinas, begonias, entre otras en el valle de Orosi, sin contar con los permisos municipales respectivos, y con una agravante de que las construcciones existentes y de más de cuatro hectáreas de invernaderos son de seis metros de altura, de hierro con bases de concreto sólido y con materiales de techo y en los lados de un plástico blanco reflexivo intenso, construcciones que fueron construidas sin ningún permiso, ni siquiera ambiental. Agrega que esa misma empresa, sin respetar las normas ambientales nacionales e internacionales y sin resguardo para el impacto negativo sobre el paisaje, con lo actuado violentó entre otras cosas el valor recreativo y estético de la zona, provocando así una contaminación visual sin precedente para el valle de Orosi, para los habitantes de la región, de los turistas y de la fauna silvestre que tienen los ecosistemas en ese valle. Manifiesta que en virtud a esa situación en noviembre de mil novecientos noventa y nueve, visitó las instalaciones de PELARICA S.A. Que durante ese  tiempo había un enorme movimiento de maquinaria pesada, mucho personal y otros, solicitando información al gerente de la empresa en el sentido de que se le informara si contaban con los permisos municipales de construcción, ambientales y demás para la construcción que se estaba desarrollando, a lo cual respondió de forma afirmativa. Que en febrero del año dos mil, preocupado por las irregularidades suscitadas en la propiedad de la empresa referida, presentó ante el Contralor Ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía una denuncia por la enorme contaminación ambiental producida por esas construcciones, instancia que trasladó esa denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) el tres de marzo de ese mismo año, para los efectos pertinentes. Señala que ese Tribunal, ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) remitir al Tribunal Ambiental Administrativo un informe sobre dicho proyecto; sin embargo, a la fecha de presentación del recurso, esas instancias no habían realizado acto administrativo eficaz para dar solución al problema. Indica que el veinticuatro de febrero del año dos mil, la empresa referida presentó un formulario de evaluación ambiental preliminar (FEAP) ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, suscrito por su Gerente General. Manifiesta que el trece de marzo del dos mil, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental realizó una inspección ocular en el lugar como resultado de la orden recibida por el Tribunal Ambiental Administrativo. Agrega que con fundamento en la información preliminar recopilada, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprobó en sesión número 012-32000 (Comisión Plenaria) celebrada el veintiuno de marzo del dos mil, las recomendaciones emitidas por el Formulario de Inspección de Sitio para Evaluación Ambiental Preliminar (FISEAP), autorizando entonces el proyecto de expansión de diez hectáreas más de cultivo a favor de esa empresa, pese a las reiteradas solicitudes de una investigación más profunda respecto al problema de contaminación apuntado. Señala que durante las festividades de navidad y el fin de año del dos mil, PELARICA S.A. inició nuevamente construcciones sin haber obtenido los permisos de parte de la Corporación Municipal recurrida, o de Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Indica que esta nueva situación y otros elementos recabados, lo obligaron a defender los intereses comunes del valle de Orosi en contra de los atropellos ejecutados por esa empresa, razón por la cual acudió el veinticuatro de enero del dos mil uno ante las diferentes Instituciones, incluso ante la corporación municipal de Paraíso, solicitando expresamente la realización de una investigación integral y no solamente preliminar sobre el asunto en cuestión. Agrega que en ese sentido ha solicitado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental exigir un estudio de impacto ambiental completo y no un simple Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar debido a las graves violaciones ambientales que se están produciendo en la zona, sin embargo, se han negado a proceder conforme, considerando suficiente la presentación de un simple Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar que la misma Contraloría General de la República (sic) cuestiona, porque son preliminares, en razón de lo cual recurrió nuevamente a esa corporación municipal, y esa Municipalidad, en resguardo de los intereses de los ciudadanos y en uso de las facultades que otorgadas por los artículos 169 y 170 del la Constitución Política, le ordenó a Secretaría Técnica Nacional Ambiental requerir a PELARICA S.A., el estudio de impacto ambiental completo, acuerdo que se adoptó en sesión extraordinaria número 270 del doce de febrero del dos mil uno. Señala el recurrente que Secretaría Técnica Nacional Ambiental en su informe de monitoreo PMSA-086-2002 del veintidós de febrero del dos mil uno y en oficio a él dirigido PMSA 152-2001, esa Secretaría le manifestó la negativa de no cumplir con lo acordado por la Municipalidad de Paraíso, y en consecuencia no ordenar a aquella empresa la elaboración de un estudio de impacto ambiental completo. Alega que es importante señalar que SETENA aprobó el veintiuno de marzo del dos mil un acuerdo en el sentido de que el Plan de Gestión Ambiental (PGA) debe ser para toda actividad, lo que implica que prácticamente en un año de tiempo PELARICA S.A. incumplió, en tanto, no realizaron ninguna acción de mitigación del impacto visual por las 4,5 hectáreas de invernaderos existentes, amén de que SETENA también incumplió en sus deberes al no exigir resultados durante todo un año. Considera el recurrente que los invernaderos que están construidos y los que se pretenden ampliar alteran la salud y el ambiente, dañan la retina y el iris de los ojos, crean un grave estrés para la salud física y emocional y la tecnología utilizada con techos y paredes de plásticos sólidos reflexivos blancos o cremas, no son amigables con el ambiente. Añade que, por ello, solo con un estudio de impacto ambiental integral podrá acreditarse ante Secretaría Técnica Nacional Ambiental cual es la tecnología "eco-amigable" más apta y de acuerdo con la experiencia de otros países, y teniendo en cuenta las características y especialmente los colores del paisaje del valle de Orosi. Argumenta que ni el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Paraíso de Cartago ni el Instituto Costarricense de Turismo han cumplido con sus competencias legales y su función social y turística, pues no se han presentado en resguardo de las bellezas naturales turísticas y de la inversión en propiedades y miradores que ha realizado el Estado en el valle de Orosi. Solicita el recurrente que se declare con lugar el presente recurso de amparo, con las consecuencias legales que de ello se deriven.

2.- Informan bajo juramento Rogelio Pardo Evans y Elizabeth González Gamboa, en sus correspondientes calidades de Ministro de Salud y Directora Regional de la Región Central Este (folios 127 a 129), que el veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y nueve se efectuó una visita a las instalaciones de la empresa recurrida, atendiendo a su solicitud de permiso de funcionamiento.  En oficio UPC-CE-RCE-160-99 se le indicó a Steffen Gerke, representante legal de PELARICA S.A., cuáles eran las mejoras que debía efectuar para que se le concediera el permiso y posteriormente el veintitrés de diciembre del dos mil, dicha empresa presentó un escrito en donde indicaba el avance de las mejoras en cada área de la empresa.  Añaden que el cuatro de mayo del dos mil, se recibieron documentos que habían sido solicitados a la empresa, entre ellos el uso de suelo extendido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, extendiéndose el permiso de funcionamiento a la empresa por haber cumplido con los requisitos exigidos en el oficio anteriormente mencionado.  El dieciséis de marzo del dos mil uno, PELARICA S.A. solicitó renovación del permiso de funcionamiento, por lo que se efectuó una nueva visita a las instalaciones, que dio como fruto la recomendación de renovación.  El veinticinco de abril del dos mil, profesionales del Ministerio efectuaron una inspección en las instalaciones de la empresa, atendiendo a una denuncia que el recurrente había presentado en la Defensoría de los Habitantes.  En esa inspección se comprobó que las aguas producto del riego de los invernaderos son canalizadas hacia dos tanques metálicos para ser reutilizadas en riego de los esquejes de pastoras y begonias, sin que se observara que fueran vertidas en el río Reventazón, además de que se observó que los invernaderos están a unos doscientos metros de la margen del río y entre la propiedad de Pelarica y el río hay otras propiedades.  Asimismo, se determinó que los desechos sólidos eran depositados dentro de la propiedad de la empresa y eran tratados en forma adecuada, la caldera contaba con el permiso del Ministerio de Trabajo y su ubicación cumplía con la normativa de ese Ministerio.  También en dicha visita se observó que el tanque de almacenamiento de búnker tiene las medidas de seguridad necesarias para contener eventuales derrames y la bodega de productos agroquímicos cumple los requerimientos que exige el ordenamiento jurídico.  Tampoco se observaron nacientes de agua dentro de la finca, y la empresa cuenta con un pozo para riego.  Añaden que en oficio UPC-PC-393-00 del dieciséis de mayo del dos mil se otorgó a Pelarica un permiso para ampliación de las instalaciones.  Sostienen los recurridos que con lo anterior se demuestra que las actuaciones del Ministerio de Salud están apegadas a derecho y por lo tanto solicitan que se desestime el recurso planteado.

3.- Informan bajo juramento Elizabeth Odio Benito y Humberto Cerdas Brenes, en sus respectivas calidades de Ministra de Ambiente y Energía y Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folios 157 a 162), que no consta en el expediente administrativo Núm. 049–2000–SETENA, certificación alguna que demuestre cuándo inició su operación la empresa agroindustrial PELARICA S.A.  Agregan que de acuerdo al dicho del recurrente y la información aportada por PELARICA S.A., en el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP), esta empresa comenzó sus operaciones en abril de mil novecientos noventa y cuatro. Señalan que las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) se requieren, en general para todas aquellas actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), Ley 7554 del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que a la empresa PELARICA, S.A. no se le requirió en su operación inicial de un Estudio de Impacto Ambiental por parte del Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues en esos años únicamente se exigía una evaluación ambiental en aquellas actividades, obras o proyectos  a los que alguna ley especial les imponía este requisito, por ejemplo las actividades mineras. Indica que no consta en el expediente llevado al efecto por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental la presencia de otros permisos que sí eran requisito al momento de iniciar operaciones la empresa. Manifiestan que de acuerdo con las fotografías visibles en el expediente y en las visitas de campo realizadas, el paisaje natural del valle de Orosi ha sido afectado. Señalan que es cierto que el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) abrió el expediente administrativo número 27–00–TAA contra PELARICA, S.A. por una denuncia que le fuera trasladada de la Oficina del Contralor Ambiental, que fue interpuesta por el señor Roland J. Huber B. Agregan que por resolución 160–00–TAA, del cinco de abril del dos mil, el Tribunal Ambiental Administrativo ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que, en un término de cinco días, remitiera un informe al Tribunal indicando: 1–) si existía expediente de PELARICA S.A. y su estado; 2–) si se estaba exigiendo algún Plan de Gestión Ambiental a dicha empresa o cualquier otra alternativa para mitigar los impactos visuales. Manifiestan que es cierto que el veinticuatro de febrero del dos mil, PELARICA S.A. presentó un formulario de Evaluación Ambiental Preliminar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Indican que efectivamente se llevó a cabo una visita al lugar del proyecto el diez de marzo del dos mil, siendo que el Proyecto de Evaluación Ambiental Preliminar, en esa oportunidad recomendó: "Considerando que la empresa utiliza la más alta tecnología en el desarrollo de este tipo de actividad (reciclado de aguas de riego, elaboración de abono orgánico, etc.), donde el impacto negativo más significativo es el visual, se recomienda solicitar al interesado la presentación de la siguiente información: –Un plan de Gestión Ambiental para toda la actividad (PGA), que incluya: Impacto Visual, desechos sólidos, desechos líquidos, manejo de agroquímicos, aguas negras, aguas pluviales, movimientos de tierra, etc. –Nombrar un responsable ambiental (RA) debidamente inscrito ante SETENA, el cual enviará informes periódicos (cada 2 meses) sobre el desarrollo de la actividad. –Presentar una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) en escritura pública, en la cual el interesado adquiera el compromiso ante SETENA de cumplir con lo señalado en el PGA". Indican que el veintiuno de marzo del dos mil en sesión Núm. 012–2000 de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se acordó otorgar al administrado dos meses de plazo para la entrega de un Plan de Gestión Ambiental y una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, así como nombrar a un representante ambiental y depositar un monto de garantía por catorce mil dólares o su equivalente en moneda nacional. Señalan que no es cierto que se rechazaran reiteradas solicitudes de una investigación más profunda por parte del recurrente, pues la resolución tomada en sesión NÚM.012–2000 es anterior al primer oficio que se registra en el expediente del recurrente, que tiene fecha de recibido en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del veinticuatro de abril del dos mil y por cuanto una vez recibidas las denuncias del recurrente se procedió a realizar las inspecciones de rigor y tomar las medidas del caso. Señalan que cualquier obra que iniciara la empresa denunciada en diciembre del dos mil, ya contaba con la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Agregan que de acuerdo al primer y segundo informes regenciales, al veintiuno de marzo del dos mil uno, no se había iniciado aún la fase constructiva del proyecto de ampliación de los invernaderos. Manifiestan que la Ley Orgánica del Ambiente autoriza a Secretaría Técnica Nacional Ambiental a emitir las guías para la elaboración de las evaluaciones de impacto, dentro de las cuales se ha emitido la llamada "Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar" (FEAP). Añaden al respecto, que el artículo 19 del Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental establece que para la determinación de la condición de viabilidad ambiental y de la presentación o no de un Estudio de Impacto Ambiental, deberá llenarse el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por medio de éste y de acuerdo con criterios técnicos determinará la viabilidad ambiental del proyecto y, en caso de ser potencialmente viable, definirá la trayectoria de evaluación de impacto ambiental que éste debe seguir. Señalan que siendo el Estudio de Impacto Ambiental un estudio que permite identificar y predecir los efectos que sobre el ambiente ejercerá una actividad, obra o proyecto determinado cuantificándolo y ponderándolo para conducir a un dictamen que apruebe o rechace el proyecto. Alegan los recurridos, que en el caso en concreto se trata de una actividad que ya se ha estado desarrollando y que se ha demostrado que realiza responsablemente sin daños ambientales significativos. Agregan al respecto, que el daño ambiental que se ha considerado significativo en este proyecto es el impacto visual y por ello se ha exigido al administrado modificar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sembrar vegetación de porte alto, disposición que ya ha sido acatada por el desarrollador. Indican que respecto de la supuesta orden emitida por la Municipalidad de Paraíso a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, con el fin de requerir a PELARICA, S.A. el Estudio de Impacto Ambiental, la Municipalidad carece de competencia para exigir Estudios de Impacto Ambiental y sus contenidos, pues el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente determina que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es la única autoridad que puede aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, así como definir las guías, términos de referencia o contenido de una Evaluación Ambiental. Añaden que cuando un proyecto no requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Secretaría Técnica Nacional Ambiental puede definir otro tipo de evaluación, como el Plan de Gestión Ambiental en el caso de PELARICA, indicando los puntos mínimos que debe incluir. Señalan que si bien debe existir una colaboración entre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y otros entes públicos para el manejo y protección de los elementos ambientales, esa colaboración debe darse en forma coordinada para evitar contradicciones e inseguridad jurídica en los administrados. Manifiestan que Secretaría Técnica Nacional Ambiental ya definió la trayectoria de evaluación ambiental que debe requerirse al proyecto aquí discutido, de manera que una vez analizada la inspección de rigor, con relación a las denuncias del recurrente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental decidió mantener su posición de solicitar a PELARICA un Plan de Gestión Ambiental y una declaración jurada de compromisos ambientales. Agregan que el requisito del PGA es una práctica de Secretaría Técnica Nacional Ambiental para todas aquellas actividades que por encontrarse operando antes de la Ley Orgánica del Ambiente no requerían la evaluación de impacto ambiental en un primer momento, pero que por alguna ampliación requieren ahora de viabilidad ambiental y se negocia para que sometan también sus procesos más antiguos a algún sistema de gestión ambiental en forma voluntaria. Indican que la empresa PELARICA, S.A., se dedica a la reproducción de especies de china, petunias, geranios y begonias, cada una las cuales requiere una cierta cantidad definida de luz para llevar a cabo su fotoperíodo y fotosíntesis, de ahí la necesidad de contar con los techos blancos y así evitar también problemas de plagas y enfermedades y minimizar el impacto causado en el material vegetal por la lluvia, para lograr un efectivo desarrollo, maximizando la cantidad de follaje. Agregan que la competencia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental  respecto de esto, se refiere al componente ambiental, de modo que no da por válido el criterio de afectación, sino hasta que se haga presente el criterio de un especialista que determine la influencia de los techos en la salud pública de las personas. Concluyen que efectivamente es obligación del Estado proteger las bellezas naturales del país, por lo que se incluyó esa variable en el Plan de Gestión presentado por PELARICA, de modo que se le obligó a modificarlo con el fin de que sembrara vegetación de porte alto que mitigara los impactos visuales provocados por el proyecto. Solicitan que se desestime el recurso planteado.

4.- Informa bajo juramento Walter Niehaus Bonilla, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (folio 163), que el ente que representa únicamente ha recibido, con fecha del dos de febrero del dos mil uno, la copia de una denuncia presentada por el señor Ronald J. Huber ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Agrega que a lo interno, dicho documento fue trasladado a los Departamentos Técnicos, los cuales consideraron que no existía competencia del Instituto Costarricense de Turismo para actuar en el asunto. Al respecto, concluye que el control y la regulación de la eventual contaminación visual de una zona están fuera de las competencias legales asignadas al ICT. Solicita que se desestime el recurso planteado.

5.- Informan bajo juramento Gerardo Quirós Soto y Gerardo Argüello Ramírez, en sus respectivas calidades de Alcalde Municipal y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Paraíso (folios 172 y 173), que la empresa "PELARICA" le solicito al ayuntamiento un permiso de construcción para edificar en un inmueble de su propiedad una obra valorada en cuatrocientos veinte millones de colones. Señalan que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Construcciones corresponde a las Municipalidades que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza. Agregan que los únicos requisitos del visado de planos se establecen en el Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción, en su artículo 1, de los incisos a) hasta j). Indican que una vez cumplidos los trámites internos de la Municipalidad, la empresa en cuestión tenía que traer el plano debidamente visado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como otros documentos. Añaden que al respecto existe un estudio e informe de Secretaría Técnica Nacional Ambiental y una resolución del Tribunal Ambiental Administrativo de las trece horas cincuenta minutos del veintinueve de marzo del dos mil uno, la cual declara sin lugar una denuncia interpuesta contra "PELARICA". Argumentan que la Municipalidad cumplió con sus deberes, otorgando el permiso amparado a la Constitución, leyes y reglamentos que rigen la materia, por lo que considera que lo manifestado por el recurrente es totalmente subjetivo. Solicita que se desestime el recurso planteado.

6.- El recurrente se apersona al proceso en documento de folio 272, para solicitar una adición a la resolución de la Sala Constitucional de las ocho horas cuatro minutos del veintitrés de abril del dos mil uno, de modo que se le ordene a los organismos estatales involucrados y más específicamente a la Municipalidad de Paraíso, no otorgar el permiso de ampliación de construcciones solicitado por PELARICA, S.A., así como se le ordene a Secretaría Técnica Nacional Ambiental suspender los efectos de la resolución número 252–2000 SETENA emitida el veintiuno de marzo del dos mil, ambas hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva el caso en sentencia.

7.- Informa Steffen Gerke, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de PELARICA Sociedad Anónima (folios 282 a 311), que en informe del Instituto Costarricense del Electricidad, referido a la Defensoría de los Habitantes el veinticuatro de abril del dos mil uno con respecto a la protección en infiltración de productos agroquímicos en la cuenca del río Reventazón, consta que los inspectores de dicha institución realizaron inspecciones de campo y estudios a las instalaciones de PELARICA, en virtud de la insistencia del aquí recurrente, indicando que "han comprobado que en el sitio no existe contaminación por productos agroquímicos o lixiviación de los mismos hacia el cauce del río Reventazón ya que las aguas que se utilizan para llevar a cabo la fertilización de la plantación utilizan única y específicamente un sistema de bombeo de circuito cerrado."  Agrega que la Municipalidad de Paraíso en su informe rendido ante la Sala Constitucional, es clara en indicar que su poderdante se encuentra a derecho con los requerimientos municipales, pues no sólo ha cumplido con lo solicitado por la Municipalidad, sino que además el otorgamiento de todos los permisos ha sido conforme al cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones legales que regulan la materia. Señala que en el informe municipal aportado por el recurrente, los inspectores destacaron la existencia de los tanques de captación de aguas llovidas para irrigación del invernadero, ya que su uso indiscutiblemente evita la utilización y contaminación de cuencas naturales, no obstante, agrega que son estos los que han sido objeto de molestia del aquí recurrente, quien ha exigido su destrucción sin tener razón, ni asidero legal para ello, pues su construcción se llevó a cabo cumpliendo con todas y cada una de las especificaciones y regulaciones legales. Manifiesta que la totalidad de los informes rendidos a la Sala Constitucional, por parte de todas las instituciones recurridas en el presente recurso de amparo, indican que no ha sido posible siquiera detectar una obstrucción del cauce del río Reventazón por actividades de la empresa. Indica que, con respecto al tanque de búnker para la caldera, éste cumple con todos los requisitos de construcción y los permisos del Ministerio de Trabajo y Seguro Social. Añade además que en el caso de un accidente, el mismo tanque cuenta con una fosa de seguridad cuy capacidad es el doble de lo almacenado en el depósito de combustible. Agrega que el sistema cuenta incluso con trampas de grasa que de ninguna manera permitirían "infiltraciones a los mantos acuíferos". Señala que las instalaciones se encuentran ubicadas entre doscientos y seiscientos metros de distancia del lecho del río Reventazón, incluso separadas de éste por un sembradío de café localizado en una finca propiedad de Hacienda Cachí, por lo que es imposible contaminar el agua, ríos, acequias o quebradas, cercanas a las instalaciones de PELARICA. Manifiesta que existe un perfecto manejo de desechos sólidos, compuesto de plantas que se revuelve luego con tierra para producir abono orgánico y que posteriormente se dona al campesino de la zona, así como de desechos líquidos a través del bombeo de agua por circuito cerrado, por el cual su representada se hizo acreedora de un certificado de reconocimiento por la protección del medio ambiente respecto al buen uso de las aguas. Indica que Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha afirmado que: "no existen peligros potenciales de contaminación del río Reventazón por agroquímicos generados en la etapa de riego", alabando su sistema de riego/fungicidas e insecticidas mediante el sistema computarizado cerrado que permite una aplicación cíclica del fertilizante en las cantidades mínimas que la planta requiere, pues los productos agroquímicos únicamente se aplican, no recirculan, evitando el riesgo de desperdicios que perjudiquen el ambiente y las emanaciones innecesarias de gases tóxicos que pudiesen dañar la salud humana o las bellezas escénicas, flora o fauna de los alrededores. Agrega que el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante resolución 0136–2001–SETENA, determinó que los tanques de captación de aguas llovidas utilizados como único instrumento de irrigación no están localizados en ninguna zona de protección y el agua suministrada al proceso es reciclada y purificada antes del vertido final, para evitar la existencia de elementos químicos nocivos producto de la fertilización hidropónica y el control de plagas y enfermedades. Añade asimismo, que ha sido tal la ausencia de daños ambientales, que incluso PELARICA ha sido considerada objeto de otorgamiento de certificaciones ISO de protección al ambiente. Señala que el Tribunal Ambiental, como máxima autoridad de protección ambiental administrativa, ha considerado que su representada nunca ha contaminado mantos acuíferos o similares, ni tenido problemas de contaminación por productos agroquímicos o desechos sólidos o líquidos; y cuando la Municipalidad de Paraíso le ha pedido tomar cartas en el asunto, este Tribunal le ha indicado que PELARICA ha sido investigada de todas las formas posibles, que las acusaciones del aquí recurrente no han tenido asidero legal o ambiental y que ya se han solicitado las inspecciones del caso, determinando la ausencia de contaminación o problemas ambientales de cualquier tipo. Señala que la producción de esquejes o retoños realizada por su representada, se lleva a cabo mediante un sistema denominado riego por goteo y siembra aérea de esquejes, lo que quiere decir que los retoños penden de manera individual y en una hilera colgante, en un espacio aéreo dedicado exclusivamente para su siembra, los cuales son regados por un goteo específico para cada planta que a su vez contiene el porcentaje mínimo necesario de productos agroquímicos para cada retoño; de esta manera, añade que al no estar sembrados dichos esquejes en contacto directo con la tierra, no es posible que exista o se dé incluso por accidente una infiltración de contaminantes, gases, productos agroquímicos, desechos sólidos o líquidos que puedan perjudicar al medio ambiente o mantos acuíferos. Considera que respecto de la acusada contaminación visual de la zona, ésta es infundada, pues argumenta que lo único alegado es un perjuicio económico propio del recurrente. Agrega que hace un tiempo, el amparado ofreció vender su propiedad a su representada, lo cual no se concretó por el precio excesivo e irracional de la propiedad, por lo que se rechazó la oferta, siendo que de allí en adelante el señor Huber ha intentado reiteradamente imputarles por daños al ambiente. Indica que en un plano que el recurrente aportó a la oferta de venta de su propiedad, consta que su proyecto ofrece invernaderos, viveros y centros de orquídeas, los cuales no cuentan con ninguno de los permisos e inspecciones de los requeridos por su representada. Manifiesta que los techos de los invernaderos fueron construidos con un producto especial para invernadero que no permite el escape de gases o tóxicos que afecten el ambiente. Agrega que los techos no pueden ser pintados, pues son transparentes y lechosos para permitir el tratamiento de los rayos UH A Violeta, por lo que es imposible el reflejo solar que indica el recurrente. Asimismo, añade que este tipo de cubierta plástica, llamada "Cubierta DGM" no refleja la luz, “sino que la refracta y la difusa hacia el interior del invernadero”, haciendo que la luz solar trabaje para el invernadero, dejando pasar sus rayos en las cantidades requeridas para la producción de los esquejes. Señala que en la inspección solicitada por el aquí recurrente, se determinó que a una gran distancia y a un nivel mucho más bajo se observaron apenas los techos, los cuales se visualizaron como cualquier otro techo de una construcción humana. Agrega que la investigación se realizó durante un día bastante soleado en el valle de Orosi, siendo que en ningún momento se corroboró que el reflejo del sol hace huir especies migratorias de la zona, o que quema la retina de los ojos, o que causa estrés y desgaste emocional. Indica que los techos tienen un color especial no ajeno a la naturaleza. Manifiesta que con el fin de cumplir con todas las recomendaciones de las instituciones de protección ambiental del país, se procedió a mitigar los posibles efectos visuales mediante la siembra de plantas y árboles, aún de mayor tamaño a las requeridas. Señala que bajo las especificaciones técnicas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se estipuló que su representada no debía presentar un estudio de impacto ambiental, esto en virtud de las características del proyecto. Añade al respecto, que lo único solicitado y exigido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es la presentación de un Plan de Gestión Ambiental. Manifiesta que dicha institución no considera este un caso prioritario o violatorio del medio ambiente, pues el titular solicitó en un escrito dirigido a la Defensoría de los Habitantes el cese de los ataques personales del aquí recurrente en contra de su representada, además indicó que él no ha tenido razón en nada y que ha provocado la perdida de valioso tiempo de la institución, el cual se requiere para "atender asuntos de verdadera relevancia" para el medio ambiente. Indica que el Ministerio de Ambiente y Energía en julio del dos mil, después de una inspección realizada a las instalaciones de PELARICA, determinó que su representada cumplía con todos los requisitos de protección ambiental especificados por Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Manifiesta que todos los permisos de sanidad, funcionamiento, municipales, ambientales, entre otros, que han sido requeridos a su representada, han sido obtenidos de manera legal; agrega que incluso en mayo del presente año le fue aprobada y otorgada a su defendida la renovación del permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud y el de Trabajo, refiriéndose incluso a los concerniente a la caldera. Señala que no se ha realizado ninguna omisión maliciosa de quebradas o acequias en los planos presentados a las diversas instituciones, pues en virtud de las denuncias presentadas por el aquí recurrente se procedió a realizar una inspección en la que se determinó que los planos cumplían a cabalidad con los requisitos de la Ley para su aprobación y uso. Añade al respecto, que si los planos alguna vez tuvieron un defecto, éstos fueron subsanados en el momento oportuno y no se referían a manipulación u omisión en perjuicio del ambiente, sino por el contrario a la dirección correcta de la corriente de las aguas. Indica quien rinde el presente informe que en virtud de las denuncias interpuestas por el recurrente, el Instituto Costarricense de Electricidad  ordenó realizar una inspección en el mes de abril del dos mil uno, determinando en el informe PE–0241–P del veinte de abril del dos mil uno que "no se detectan situaciones que generen riesgo a las obras del ICE en la zona", refiriéndose específicamente a la protección de la cuenca del río Reventazón. Manifiesta que, respecto de la solicitud presentada por el amparado el siete de mayo del dos mil uno, no existe acto que suspender, pues su representada posee todos los permisos de funcionamiento requeridos por las diferentes instituciones, sin que actualmente se esté tramitando o aplicando algún permiso de construcción. Considera que el recurrente ha tenido acceso a toda la información, la cual le ha sido otorgada, exhibida y notificada. Agrega que el ambiente en la zona de Orosi no ha sufrido alteraciones, pues cuenta su representada con el sistema de invernadero más moderno del país, creado en la Comunidad Europea y aplicado en Costa Rica para proteger especialmente al medio ambiente. Añade además, que el Estado mediante sus instituciones calificadas ha determinado que su representada ha cumplido a cabalidad con lo solicitado y sin dañar el medio ambiente, o las bellezas naturales. Arguye que respeto de la contaminación visual, se demostró que todas las construcciones se realizaron a derecho y bajo los límites de Ley, además de que el material especial de los techos, hace imposible que reflejen de ninguna manera el sol, dañando la migración de especies o la retina del ser humano. Solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo.

8.- A folios 382 a 410, el recurrente se apersona al proceso para manifestar que la empresa recurrida en su empeño de presentar parcialmente los hechos, ha utilizado un contexto singular, utilizando solo la parte de los informes que le favorecen, olvidando otras partes que comprueban contundentemente lo afirmado por él. Indica que no existe mala fe en la presentación del recurso, pues hay intereses difusos que lo legitiman en razón de la contaminación ambiental visual. Agrega que el recurso tiene como objetivo proteger la belleza escénica turística del valle de Orosi y si es posible, mitigar el daño ocasionado con la construcción del proyecto agroindustrial de más de 4,5 hectáreas. Señala que si bien los abogados de PELARICA dicen que ésta no ha incumplido en ningún momento con la protección del medio ambiente, de los informes presentados por las instituciones se llega a la conclusión de que esto no es solo erróneo sino falso, pues entre otras razones, las instituciones contestaron exclusivamente respecto del nuevo proyecto de expansión de 10 hectáreas, o sea la segunda expansión o fase 3 del proyecto, de manera que no se refirieron respecto de las dos primeras fases de construcción de PELARICA. Agrega al respecto que el argumento presentado por estas instituciones no es válido, por que aunque ellas indiquen que no se deben referir de las dos primeras fases debido a que no existía la Ley Orgánica del Ambiente, esto no es así, pues dicha Ley se promulgó cuatro años después de la construcción, sin permiso ambiental, de la fase 2 de más de 3 hectáreas en 1999. Asimismo, indica que existen contradicciones entre las diferentes ramas del mismo Ministerio en lo que concierne a este proyecto, pues cuando la Ministra de Ambiente y Energía –basándose en el reporte de Secretaría Técnica Nacional Ambiental– afirma que "no se observó nacientes de agua dentro de la finca", no pareció incluir el resultado de una inspección ocular realizada por inspectores del mismo Ministerio, la cual consta en oficio SRC–124 del catorce de marzo del dos mil uno, el cual bajo el punto 4 dice: "realizamos el recorrido por la Empresa, donde pudimos observar lo siguiente: 4.1 En la parte norte de los invernaderos, a una distancia aproximada de 16 metros, un pequeño lago o pozo que supuestamente el que se marca en el Plano Catastro Nacional C–177667–94 del 05 de abril de 1994, propiedad de... como naciente,..." y "4.4 Debo aclarar que el Plano Catastro Nacional NO. C–595639–99 Folio Real 315429–000 del 15 de noviembre de 1999, se marcan las acequias no así el lago o poso que se marca en el Catastro C–177667–94 del 05 de abril de 1994, esta documentación fue aportado por el señor Roland J. Huber, del Consorcio Jurídico San José–Costa Rica." Añade que el plano sin indicación de la naciente es el plano utilizado por PELARICA en la solicitud del permiso de Expansión Número 2 o fase 3, así como ante Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). Así también, la afirmación de PELARICA de que no puede darse la contaminación de aguas, es refutada por el mismo oficio, cuando en el punto 4.1 el experto del MINAE aseveró textualmente: "De este lago o pozo sale una acequia que corre por el lindero hacia el este hasta desembocar a la Represa." y en el punto 4.2 "De aquí (los tanque de captación de agua) sale un rebalse a un lago, construido por la empresa y luego el líquido se desliza por la acequia antes mencionada." Manifiesta el recurrente que estos conflictos de afirmaciones dentro del mismo Ministerio solo pueden ventilarse y aclararse por un serio y completo Estudio de Impacto Ambiental, tal y como lo exigió el Concejo de la Municipalidad de Paraíso en su sesión número 270 del doce de febrero del dos mil uno. Indica que otro conflicto entre órganos e instituciones estatales, es el presente entre la información aportada por el Alcalde Municipal y el Concejo Municipal, pues en el informe presentado por el Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal se señala que PELARICA está al día con todos los permisos, por lo que se pide que se declare sin lugar el recurso de amparo, basándose en el hecho de que lo manifestado por el recurrente es totalmente subjetivo. Agrega que, en aras de ser objetivos, el escrito presentado por los dos personeros de la Municipalidad no es la posición adoptada por la mayoría del Concejo Municipal. Añade además, que ambos funcionarios fueron contrarios a la resolución por la cual se solicitó el Estudio de Impacto Ambiental, de allí que el informe es violatorio de la posición mayoritaria de la Municipalidad y por ende no válida jurídicamente. Señala que uno de los últimos actos del Presidente del Concejo Municipal, bajo esta calidad, fue suscribir dicho informe, no obstante, agrega que éste es vecino PELARICA y que en sus palabras hace trabajos para esa empresa, lo cual lo descalifica totalmente de ser "libre de prejuicios" en este caso. Al respecto agrega que en la sesión del doce de febrero del dos mil uno se determinó: "El señor presidente manifiesta que como vecino de la empresa PELARICA sabe donde están o estaban nacientes y acequias, por los que es importante proceder a la verificación. Asimismo dice desconocer si se dio o no desvíos de cauces." Señala que lo anterior es reflejo del favoritismo del Alcalde con respecto a PELARICA, S.A. Agrega que debido a todas esas razones, la contestación del Alcalde y del expresidente del Concejo Municipal de Paraíso a la Sala Constitucional es cuestionable. Manifiesta que desde el cuatro de mayo del dos mil uno, existe nueva prueba que refuta el argumento de PELARICA, el Alcalde y el Ingeniero Municipal de Paraíso, SETENA, la Ministra de Ambiente y Energía y el Tribunal Ambiental Administrativo; pues indica que mediante inspección realizada en la fecha antes mencionada, por parte del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía para el Fiscal Adjunto Agrario Ambiental "el nacimiento mencionado en su oficio estaba produciendo agua, lo que lleva a la conclusión  que se trata de un manantial de caudal permanente. Poseemos adicionalmente un aforo del 31 de marzo de 2000 que muestra el afloramiento de 1, 25 litros por segundo. El agua es conducida hasta un reservorio denominado "lago", desde el cual se extrae para su utilización en riego. Este aprovechamiento se está legalizando a través del expediente 9567 actualmente en trámite. El manantial se ubica a 14 metros de los edificios de invernadero y a unos 5 metros de la terraza en que se levantan dichas edificaciones. A unos 10 metros fue construido un filtro de más de 10 m3 de capacidad para aguas de regadío." Señala que entonces, con el fin de obtener la aprobación de la fase 3 del proyecto, el representante de la empresa recurrida llevó a cabo declaraciones falsas bajo juramento. Por otra parte, manifiesta el recurrente que la afirmación de PELARICA, respecto de su actuación es infundada, esta equivocada puesto que la misma Secretaría Técnica Nacional Ambiental reconoce esta contaminación, buscando mitigarla a través de la introducción de condiciones en el Plan de Manejo Gestión que se le pidió a dicha empresa. Añade que cualquier persona con un sentido estético puede apreciar como sobresale la estructura un elemento totalmente extraño al contorno de la naturaleza misma del valle. Indica que a pesar de que el aspecto de la contaminación visual no está muy desarrollado en Costa Rica, ello no significa que no se dé. Argumenta que lo pretendido con el recurso es que no se continúe contaminando visualmente el valle de Orosi, por el beneficio tanto de los turistas nacionales como extranjeros que visitan la zona.  Señala que cuando en mil novecientos noventa y cuatro, PELARICA construyó la primera fase, el impacto de la fábrica agroindustrial era mitigado un poco por la utilización de un techo color verde, razón por la cual no se opuso. Sin embargo, indica que cuando al final de mil novecientos noventa y nueve PELARICA edificó "el monstruo" actual, comenzó su antagonismo por el proyecto. Manifiesta que, además de la fase 2, notó la realización de movimientos de tierras exactamente frente a su finca, con lo que se podría contaminar la vista por todos lados. Agrega que su finca tiene el efecto de "cubrir" el daño visual de la fase 2, pero una nueva expansión como la planeada y que Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprobó, no podría ser mitigada. Indica que la empresa recurrida no puede afirmar que se tomaron en consideración criterios técnicos ambientales, cuando la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no les pidió un Estudio de Impacto Ambiental. Agrega que la solicitud de la Municipalidad de Paraíso acerca de que se llevara a cabo un Estudio de Impacto Ambiental, se basó en los intereses de la comunidad o locales, entre los que se encuentran los recursos naturales y el ambiente. Señala que los permisos municipales para las dos primeras fases del proyecto desarrollado por PELARICA, no existen o fueron otorgados sin criterio ambientales científico–técnicos. Añade que sin la intervención suya, la empresa PELARICA ni siquiera habría presentado la solicitud a Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar  no fue presentado sino hasta el veinticuatro de febrero del dos mil uno, tres meses después de dicha intervención. Indica que, a manera de ejemplo de la falta de cooperación del Alcalde Municipal, luego de un año de haber presentado toda la información relativa a las edificaciones existentes, todavía está esperando que se le faciliten copias o que se le llame a ver estos documentos. Manifiesta que de acuerdo con los planos presentados a la Sala Constitucional, se nota la existencia de quebradas y de una naciente que luego desaparecen, cuando PELARICA presenta un nuevo plano. Agrega que de este modo, en la nueva etapa o fase 3 de construcción, algunos permisos se basan en información falsa y con planos que no representan la verdad. Argumenta el recurrente que no reclama por la escogencia de una mala calidad del techo, sino por el color que está totalmente fuera de la armonía propia del valle de Orosi, produciendo así una contaminación visual evidente y grave. Alega que en este caso se está frente a una imposición de la ley del más fuerte y de una utilización de las instituciones y funcionarios, solo para lograr su fin y sin importar las consecuencias sobre el ambiente, lo cual es contrario a los principios del desarrollo sostenible. Por otra parte, señala que respecto del informe presentado por el Instituto Costarricense de Turismo, la Ley Orgánica del ICT número 1917 del treinta de julio de mil novecientos cincuenta y cinco en su artículo 5, inciso e) estableció como una de las funciones de este Instituto: "Proteger y dar a conocer construcciones o sitios de interés histórico, así como lugares de belleza natural,... el Instituto podrá adquirir o administrar las construcciones o extensiones de territorio necesarias para el cumplimiento de lo anterior." Añade que el Instituto Costarricense de Turismo posee en el valle de Orosi dos miradores, desde uno de los cuales se puede notar la contaminación visual causada por las instalaciones de la fábrica agroindustrial de PELARICA, S.A., lo cual confirma que dicho Instituto no cumplió con su mandato de protección del interés turístico. En lo referente al Tribunal Ambiental Administrativo, indica que sus decisiones se basaron sobre planos manipulados, así como por afirmaciones del representante de PELARICA, que no corresponden a la realidad, pues hay dos reportes de inspecciones de diferentes instituciones que confirman la existencia de la naciente. Agrega que tanto Secretaría Técnica Nacional Ambiental como el Tribunal Ambiental Administrativo utilizan datos erróneos, como que la Ley Orgánica del Ambiente no estuvo vigente cuando se construyó la fase 2, o ignoran otros, como el documento del Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el que se indicó: "es importante anotar que el grado de precisión del estudio 1:200,000 se puede considerar como preliminar, requiriéndose para estudios de impacto ambiental estudios de mayor detalle (mínimo a escala 1: 50,000), en los que se pueda determinar con precisión la capacidad de uso de las tierras." Señala con respecto al informe de Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que no obstante, en el punto 11 de la resolución número 0136 de este órgano se dijera que no existe información en el expediente referente a la posible fecha de inicio de la etapa constructiva del proyecto (fase 3), el Plan de Gestión Ambiental Proyecto Ampliación de Invernadero (resolución 252–2000–SETENA) de mayo del dos mil, contiene en el cuadro 3 un cronograma de construcción, en el que PELARICA señala que la siembra de barrera viva está programada para la semana 45–49 del año dos mil. Por otro lado y respecto de lo informado por el Ministerio de Salud, indica que en abril del dos mil, debido a la presencia de varios casos de intoxicación de trabajadoras de PELARICA por aparente mal uso de pesticidas y por el uso sin las protecciones necesarias, el recurrente visitó al Dr. Ledezma, Jefe del EBAIS número ocho de Orosi, quien le señaló que todas aquellas presentaban los mismos síntomas. Manifiesta que él denunció esta situación al Ing. Froilán Gutiérrez Jiménez de la Región Central Este del Ministerio de Salud, así como a la Municipalidad de Paraíso, ninguno de los cuales le dieron respuesta. Señala que en el caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, su argumento se basa en el plano catastral manipulado, en el cual no aparece la naciente, por lo que los permisos respectivos no debieron ser concedidos. Indica que el informe de Acueductos y Alcantarillados también se fundamenta en el plano catastral manipulado, de forma que éste no refleja la situación real del proyecto. Concluye que de acuerdo con las pruebas aportadas es irrefutable que PELARICA actuó de mala fe, utilizando documentos que no representan la verdad real, que a su vez, menoscaba la protección al medio ambiente.

9.- En escrito presentado a la Secretaría de la Sala a las catorce horas cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil uno (folios 433 a 458), el recurrente se apersona al proceso para aportar manifestaciones respecto de los informes presentados por las autoridades recurridas, en el caso de Secretaría Técnica Nacional Ambiental, indica que ésta no es superior a la corporación municipal, pues si la Municipalidad de Paraíso, para garantizar que efectivamente se vele por los intereses locales, solicita un estudio de impacto ambiental, no se puede estar bajo el criterio caprichoso de los funcionarios de turno de instituciones no municipales. Agrega que Secretaría Técnica Nacional Ambiental nunca hizo una investigación a fondo sobre la existencia o no de nacientes o quebradas, a pesar de la duda generada por los documentos aportados por él, lo cual evidencia una omisión significativa respecto del cumplimiento de las obligaciones ambientales de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Añade además, que el proyecto necesita de un EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) debido a su extensión y al tipo de actividad, la que requiere del uso de productos agroquímicos y de un personal superior a doscientas personas, asimismo, debido a que en el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, se dicen varias cosas que no son ciertas, a pesar de ser una declaración dada bajo fe de juramento, entre ellas que es falso que los movimientos de tierras requieran menos de 500 m3, que la zona no es de alto riesgo (pues es una llanura aluvial, formada por inundaciones), que no afecta cuerpos de aguas superficiales, que el área del proyecto no se encuentra en un área de interés turístico, que el proyecto no producirá impactos sobre el paisaje. En este sentido, indica que el formulario está firmado por un Consultor alemán con pasaporte de ese país, quien no es Consultor registrado en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y que a su vez, es el representante del interesado en el proyecto.  Señala que en la página 1 del Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar claramente se estipula que en vista de que las condiciones ambientales de cada proyecto son variables en el tiempo, la vigencia del formulario será de un año a partir de la notificación, por lo que la información evaluada ya no está vigente. Indica que en el Formulario de Inspección de Sitio para Evaluación Preliminar (FISEAP),  en su casilla 8 donde se pregunta si dentro del Área de Influencia Directa se localizan  actividades o recursos ambientales, se respondió Vivienda–Urbanismo, lo cual no tomó en cuenta que se estaba en una zona rural campesina. Añade que en dicho formulario, pero en su casilla 13 se estableció que el agua sería aportada por un pozo, no obstante no se hicieron las consultas al Departamento de Aguas para confirmar el cumplimiento de una serie de requisitos ambientales. Señala el recurrente que a pesar de que en la casilla 15 del Formulario de Inspección de Sitio para Evaluación Ambiental Preliminar se dice que el tratamiento de las aguas negras será por medio de tanque séptico, no se pide al respecto ningún estudio de contaminación al acuífero aluvial. Indica que los técnicos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental  no consideraron las descargas de los tanques sépticos y la alta concentración de productos agroquímicos como fuente contaminante de alto riesgo, no obstante el tipo de descargas, volumen y continuidad. Agrega que si bien en la casilla 21 de dicho formulario se dijo que el área del proyecto no se localiza en una zona de recarga acuífera cuyo nivel friático se encuentra a menos de 15 metros, esto no es cierto por cuanto un acuífero fluvial es una zona de recarga acuífera, donde se integra una trama hídrica integrada por las aguas superficiales, las lluvias y la escorrentía de las partes altas. Alega que, aún cuando la empresa recurrida señaló que los desechos sólidos producidos presentan un grado de peligrosidad baja, lo correcto es que los desechos de los sustratos utilizados en las técnicas hidropónicos y encames de los enraizadores están altamente contaminados. Señala que respecto de los desechos líquidos, la mayoría de los productos agroquímicos utilizados en las listas encontradas en el expediente son cancerígenos y teratogénicos, así como dos productos considerados fuertes candidatos a la lista. Agrega que el Área del Proyecto se encuentra dentro de una zona que a pesar de calificarse como tierras agrícolas de uso restringido, no se dice cuales son las restricciones, ni se hace advertencia alguna sobre usos apropiados. Manifiesta que no se pidió ninguna evaluación, ni se realizó consulta alguna al Museo Nacional, aún teniendo en cuenta que el valle de Orosi fue un asentamiento indígena de gran importancia. Añade que a pesar del impacto visual negativo sobre el paisaje, se pretende poner a la alta tecnología como un elemento prioritario minimizando la importancia de aquel en una zona turística de gran importancia. Indica al respecto, que dicha alternativa no se puede dar, pues no es científica, ni ambientalmente aceptable obviar el costo del paisaje mediante el beneficio de la alta tecnología o por el beneficio de una empresa transnacional. Argumenta que, aún cuando se ha obtenido un ambiente apropiado para las plantas, no se ha dicho nada si el mismo ambiente es apropiado para los trabajadores, pues no se indica nada sobre las condiciones laborales en que estos se desempeñan. Señala que, si bien se dice que se excluyen plagas y se minimizan los productos agroquímicos, esto no es cierto, ya que el efecto invernadero es propicio para el aumento de plagas y enfermedades, especialmente de hongos. Agrega que el control de hongos se hace exclusivamente mediante el uso excesivo de fungicidas, especialmente el clorotalonil, mancozeb y diclufoanida, todos cancerígenos y teratogénicos, pues entre estos tres productos, se debe aplicar una descarga de aproximadamente 189,52 Kg./Ha/año, lo que en las 14,5 Ha. significa un total de 2.748 Kg., que a su vez deben disolverse en 549.608 litros de agua. Manifiesta que dentro del Plan de Gestión Ambiental se desvía la atención de las verdaderas dimensiones y alcances de las descargas de biocidas. Señala que no es factible lo alegado por la empresa respecto de la reincorporación al medio de los desechos orgánicos, puesto que la hidroponía no permite tal actividad ya que eliminaría la pureza del medio. Indica que como comerciante de esquejes, no puede PELARICA pretender enviar sus productos en macetas o envolturas contaminadas. Agrega que en la realidad los esquejes son enviados a los Estados Unidos y Europa sin sustrato, solamente el tronco con o sin la raíz expuesta. Arguye que la empresa recurrida no mantiene un plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP), pues lo que muestra es la propuesta de una estrategia  generalizada para el manejo de los productos agroquímicos, muy diferente a un sistema de manejo integrado de plagas, el cual implica un manejo mediante el análisis objetivo y comprensivo de las estimaciones reales de las relaciones costo–beneficio, aspectos de producción y los costos ambientales, económicos y sociales a corto y largo plazo. Por otra parte, señala que en el manejo de aguas residuales y pluviales no se consideró en ningún momento la cantidad de trabajadores, pues solo la fase 3 necesita aproximadamente de unos doscientos trabajadores, quienes generarían alrededor de diez mil litros de desechos líquidos diarios sin incluir la cantidad que se gastaría en los baños para que cada aplicador de productos agroquímicos se duche después de cada aplicación. Manifiesta que el volumen señalado se descargará directamente sobre un suelo aluvional donde existe un acuífero, cuyas condiciones son susceptibles a la contaminación de fecales, debido a la alta permeabilidad y la rápida transmisiblidad o desplazamiento dentro del cuerpo de agua subterránea. Argumenta por otro lado, que la solución dada al problema del impacto visual es totalmente ajena a la realidad, puesto que el choque visual depende del observador y del punto desde donde se observe, por lo que en este caso el observador llega a apreciar una escena paisajística natural desde un sector alto, lo cual hace inútil la propuesta, que está diseñada para transeúntes y vecinos que se acerquen a las instalaciones. Señala que la resolución número 252–2000–Secretaría Técnica Nacional Ambiental relativa al proyecto de ampliación de invernadero del veintiuno de marzo del dos mil inobservó la exigencia del artículo 85 de la Ley Orgánica del Ambiente que estipula que el Secretario General debe ser un representante del Ministerio de Ambiente y Energía, por cuanto dicha resolución fue firmada por el representante del Instituto Costarricense de Electricidad, lo cual alega, la vicia de nulidad. Manifiesta que respecto del informe del Instituto Costarricense de Turismo, éste declina asumir la responsabilidad que le otorga la Ley del Instituto Costarricense de Turismo y la Ley de la Zona Marítimo Terrestre de establecer un plan regulador de todos los sitios turísticos. Agrega que en el presente caso, el Estado ha faltado al cumplimiento de sus obligaciones, pues no obstante haber invertido millones de colones en la construcción de dos miradores en el valle de Orosi, éste ha señalado que no es su competencia proteger las bellezas escénicas. Señala que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aceptó que una compañía privada elaborara unos mapas que no cumplieron con la información biológica, geológica, hidrográfica y geográfica adecuadas, por los cuales el Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció, en Audiencia concedida por Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que para poder pronunciarse a fondo debían presentarse otro tipo de planos a una escala mayor detallada, lo cual no hizo la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de forma que ha continuado utilizando planos no oficiales del Instituto Geográfico Nacional.  Manifiesta que el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, en oficio del cuatro de mayo del dos mil uno dirigido al Fiscal Adjunto Agrario Ambiental, informa de la existencia de un manantial con caudal permanente, el cual al estar protegido en un radio de cien metros, impide a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental autorizar construcciones en dicho espacio. Argumenta el recurrente que la protección del aspecto visual ha sido reconocida tanto por el Banco Mundial, en su informe de “Inversión y Medio Ambiente”, como por la doctrina especializada en el tema y la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 72. Agrega al respecto que en el preámbulo de la “Convención para la protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Naturales de los Países de América” se determinó como principios fundamentales “Proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, lo estético” y “Proteger las bellezas escénicas naturales...”Añade que en el artículo 5 de dicha Convención se estableció que “Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos la adopción de leyes que aseguren la protección y conservación de los paisajes, las formaciones geológicas extraordinarias, y las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico”. Solicita se declare con lugar el recurso, se ordene a las autoridades correspondientes la elaboración de un plan regulador del valle de Orosi, a PELARICA, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y a Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el otorgamiento de una audiencia a toda la comunidad, para que se pronuncie respecto del Estudio de Impacto Ambiental.

10.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala a las once horas cuarenta y siete minutos del cuatro de julio de dos mil uno (ver folios 622 a 633), el representante de la empresa recurrida PELARICA, S.A., se apersona al proceso para manifestar que su representada ha cumplido a cabalidad con todos los requerimientos ecológicos–ambientales. Agrega que si bien el recurrente llama a la zona de ubicación de los viveros como un área de interés turístico, en su propiedad se desarrolla una actividad plenamente agrícola, en la cual de ninguna manera se han contravenido las disposiciones de protección del medio ambiente. Indica que las referencias bibliográficas utilizadas por el recurrente responden a una realidad jurídica distinta y por consiguiente inaplicable al ordenamiento costarricense. Manifiesta que todas las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente reiteradamente le han informado al recurrente que PELARICA de ninguna manera ha incumplido con la protección al medio ambiente, ni éste se ha visto perjudicado, en virtud del manejo de alta tecnología con el que cuenta la empresa. Agrega que el único asidero que ha encontrado el recurrente se encuentra en lo erróneamente decidido por el Concejo Municipal de Paraíso, después de haber oído únicamente lo que aquél tenía que decir, sin ninguna prueba contundente en mano. Al respecto, añade que si bien los miembros del Concejo Municipal se opusieron en un comienzo a tomar una determinación, ante la insistencia del aquí recurrente, éstos decidieron tomar una atribución que por ley no les correspondía, como solicitar un estudio de impacto ambiental con pleno desconocimiento técnico y legal de sí podían o no hacerlo. Señala que tanto la Secretaría Técnica Nacional Ambiental como el Tribunal Ambiental Administrativo, fueron claros en determinar que la Municipalidad no poseía la capacidad para solicitar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual PELARICA no requería, ya que de los estudios técnicos previos se determinó la obligación de un plan de gestión. Manifiesta que el acuerdo invocado por el recurrente fue revocado de pleno derecho por el mismo Concejo que lo acordó, cuando se dieron cuenta de que era nulo y carecía de asidero legal. Señala que el recurrente, al ver desvanecer su único asidero, se molesta y acusa directamente de corrupción al Alcalde Municipal. Argumenta que todas las ampliaciones y documentos que extemporáneamente ha presentado el amparado, únicamente han servido para verificar que no existe daño ambiental. Agrega que, a pesar de los insistentes escritos que presenta el recurrente, éste no aporta nueva prueba, sino que todo lo resume a sus observaciones subjetivas y carentes de asideros legales. Indica que la manipulación de la información, por parte del amparado, ha llegado incluso a la afirmación de intoxicación humana, pero sobre la cual carece de prueba. Alega que en sus conclusiones, el recurrente repite y reitera que la Municipalidad tenía razón en pedir un Estudio de Impacto Ambiental y que todas las demás instituciones están equivocadas, lo cual excede de sobremanera cualquier realidad lógica o jurídica.

11.- El recurrente se apersona al proceso (ver folios 634 a 638), para manifestar que la empresa PELARICA, S.A., no ha aportado prueba adicional para demostrar que no está afectando al valle de Orosi, limitándose a formular ataques de naturaleza personal. Señala que la actividad de ésta, es una actividad agroindustrial sin ningún valor típicamente “agrícola” para Costa Rica. Añade que no se está frente a una actividad como la de la mayoría de los agricultores de la zona, que aportan alimentos para el consumo local.  Indica que PELARICA obtuvo los permisos, respecto de la fase 3, hasta después de su intervención; mientras que, en lo referente a las hectáreas previamente edificadas no han aportado los permisos respectivos, ni un Estudio de Impacto Ambiental, como está previsto en la Ley desde mil novecientos noventa y cinco. Señala que, respecto de la decisión tomada por la Municipalidad de solicitar un Estudio de Impacto Ambiental refrendado por una Universidad Estatal, no se pronunció a favor o en contra del proyecto, sino en forma prudente, tener a mano un Estudio de este tipo antes de decidir sobre el proyecto, lo cual es de competencia de los Gobiernos Locales. Indica que en estos momentos, PELARICA está siendo objeto de una investigación por parte del Fiscal Ambiental bajo la causa número 01–2793–647–PE por el delito de Invasión de Zona Pública en perjuicio de los recursos naturales, causa que no se abriría sin fundamentos. Señala que en el presente caso lo único que se ha ventilado son las violaciones a los derechos fundamentales a la vida, la salud y la propiedad, lo que acorde con los principios constitucionales de “In dubio pro Natura” y el de “Precautorio”, debe conducir a la declaratoria de con lugar  y a exigir a la administración ordenar un Estudio de Impacto Ambiental integral de previo a otorgar los permisos de cualquier ampliación de las estructuras que alteran las bellezas naturales y escénicas del valle de Orosi.

12.- A folios 639 y 640, el recurrente se apersona al proceso para aportar información adicional, entre la cual se observa un artículo de prensa del veintiséis de julio del dos mil uno, en el cual se describe la zona como turística y una copia del proyecto de Ley sobre los Servicios Ambientales, que se está estudiando en la Asamblea Legislativa bajo el expediente número 13.472, en el cual se contempla el pago de un servicio ambiental por la protección de la belleza escénica natural.

13.- En folio 680 se aportó el oficio número 02428-2002-DHR de la Defensoría de los Habitantes mediante el cual se suspendió la denuncia interpuesta por el recurrente ante esa instancia debido a la existencia del presente recurso de amparo.

14.- En documento visible en folio 683 se apersona el recurrente para indicar que este recurso de amparo se presentó hace más de un año. Indica que el siete de mayo del dos mil uno, presentó un escrito en el cual pedía que se le ordene a los organismos estatales involucrados y más específicamente a la Municipalidad de Paraíso de Cartago, que no se otorgue el permiso de ampliación de construcciones solicitado por Pelarica S.A. hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva el caso en sentencia y que se le ordene al Secretaría Técnica Nacional Ambiental suspender los efectos de la resolución 252-2000 emitida el veintiuno de marzo del dos mil hasta tanto la Sala Constitucional no haya resuelto el caso en sentencia. Agrega que desde el dieciséis de abril del dos mil dos, Pelarica S.A. activó otra vez la construcción del proyecto (fase 3) "ampliación de invernaderos". Señala que en el sitio tienen maquinaria pesada como back-hoes, tractores y camiones y las personas contratadas por la empresa están trabajando día y noche. Considera que la empresa en cuestión o piensa que está por encima de las leyes nacionales o se está burlando de ello porque es más que evidente que hasta la fecha, la Sala no ha resuelto en sentencia las cuestiones presentadas e inherentes al recurso. Añade que es evidente también que el cinco de abril del dos mil dos, la Municipalidad de Paraíso fue notificada y requerida por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo para que aporte dentro de tres días toda documentación relativa al artículo 11 de la sesión número 2893 del dos de abril del dos mil uno. Solicita urgentemente a la Sala la imposición de medidas cautelares de conservación y seguridad para que se gire una orden urgente por la vía más expedita de paralización (suspensión de las obras) a la empresa Pelarica S.A. en Palomo de Orosi hasta tanto no exista sentencia de "cosa juzgada material" por los casos en cuestión (recurso de amparo y contencioso administrativo) mediante la autoridad de policía correspondiente. Solicita también que se gire las órdenes de medidas cautelares solicitadas el siete de mayo del dos mil uno. Considera que estas medidas son necesarias para evitar daños y riesgos al ambiente y a los vecinos de Pelarica pues esta empresa, en su criterio, sigue burlándose de las leyes costarricenses. Agradece una rápida solución de esta diligencia para el bien común, la salud, el derecho al disfrute de las zonas recreativas entre otros y para que todos los turistas puedan llegar a mirar las bellezas escénicas del valle de Orosi pues si no se actúa pronto, vendrían a ver un valle industrial y no turístico con el evidente deterioro a la imagen de una destinación privilegiada del turismo ecológico.

15.- En documento visible en folio 687 se apersona nuevamente el recurrente para indicar que por encima de las medidas cautelares solicitadas con urgencia el jueves dieciocho de abril del dos mil dos, informa de otros nuevos acontecimientos relativos al caso. Indica que el demandado principal, la empresa Pelarica S.A., fue investigado por el Fiscal Ambiental por violaciones de la Ley Forestal porque se secaron nacientes, acequias y Pelarica tenía planes para construir su fase 3 en zona protectora según esta ley. Señala que el caso penal se ventila en el Juzgado Penal de Cartago bajo expediente número 175-1-02A. Manifiesta que el solo hecho de que el Fiscal Ambiental levantara una denuncia formal significa que hubo suficientes pruebas de las violaciones que se han denunciado, lo que descalifica o desvalida totalmente las insistentes afirmaciones, que considera que tienen un tinte difamatorio en su contra, del representante de Pelarica S.A. Considera que hay dos o más intereses a salvaguardar en este caso: en primer lugar el afectado es el patrimonio cultural que es un bien común así como el ambiente ecológico que es afectado por las actuaciones de Pelarica así como la salud de los trabajadores puesto que se da la contaminación del suelo y del agua por el uso desenfrenado de pesticidas y químicos, la desvirtuación de acequias, el secamiento de nacientes de agua para poder construir encima ignorando las leyes costarricenses, la contaminación visual o impacto negativo en vista de que se está construyendo una fábrica de tamaño gigantesco en una zona agrícola que nunca fue designado por el ordenamiento territorial o por un plan nacional de desarrollo como zona industrial; y en segundo lugar, los afectados son también los otros dueños de la zona y debido a las circunstancias particulares de la ubicación de la finca de su representada, es una de las más afectadas. Añade que si todo lo denunciado fuera producto de su imaginación como lo afirma el representante de Pelarica, no entiende porqué ellos mismos propusieron un plan reparador el diecinueve de diciembre del dos mil uno al Fiscal Ambiental del Ministerio Público, puesto que si no hay daños, no se propone un plan reparador. Indica que en la sección de las medidas para evitar daños ecológicos, hablan de que con el objeto de minimizar al máximo el impacto visual de sus instalaciones, Pelarica S.A. se obliga y se compromete a continuar con su programa de compra y siembra de diferentes especies que tienen como objetivo lograr mitigar en lo posible el impacto visual de los techos de sus invernaderos; sin embargo, considera este ofrecimiento como ridículo pues no es posible que con matas de caña mitigar el impacto visual negativo de edificaciones que tienen una estructura de seis metros de alto. Agrega que no está de acuerdo con ello pero no se le dio la oportunidad de constituirse como querellante o víctima dentro del proceso. Señala que el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, le solicitó al Alcalde Municipal de Paraíso el cinco de abril del dos mil dos, una copia de todos los actos relativos a los acuerdos municipales del caso; requerimiento que aparentemente no fue cumplido. Indica que una semana después de que el Alcalde recibió la notificación del Tribunal en la que se hacía esta solicitud, Pelarica empezó a construir y a realizar movimientos de tierra. Manifiesta que aporta fotos que evidencian que Pelarica S.A. está violentando la Ley Forestal en cuanto está rellenando y destruyendo terreno por donde pasan acequias de agua para lograr un campo más grande o extenso para su fase 3. Indica que estas pruebas son recientes, del pasado veinte de abril en curso y demuestran la verdad de los hechos y no lo que Pelarica está diciendo. Considera que si no se para este monstruo, terminará con diez hectáreas o más de área de superficie horizontal visto del alto, de techo plástico blanco en un entorno natural verde que afectaría de manera irreparable el ambiente natural. Señala que la misma Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha manifestado que hoy en día, la legislación vigente y la jurisprudencia protegen las bellezas naturales como bien debe hacerse. Agrega que la única manera de mitigar la contaminación visual es utilizar el mismo material que Pelarica utilizó en su primera fase/etapa en la cual se utilizaron techos de color verde y negro que se asimilan mucho mejor dentro del ambiente del valle turístico de Orosi. Solicita que se ordene paralizar los trabajos iniciados por Pelarica S.A. antes de que sea muy tarde.

16.- En resolución de Magistrada Instructora de las diez horas diecisiete minutos del veintitrés de abril del dos mil dos, se tuvieron por ampliados los  hechos que se impugnan en el recurso y en consecuencia, se le dio audiencia al Alcalde Municipal y al Presidente del Concejo Municipal de Paraíso de Cartago; al Presidente de la Junta Directiva de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Gerente General de PELARICA Sociedad Anónima. Lo anterior a fin de que rindieran informe en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de la resolución sobre los hechos denunciados (folio 703).

17.- En documento visible en folio 704 se apersona Andrea Fernández Bonilla, en su condición de Apoderada Especial Judicial de Pelarica, S.A. para contestar la audiencia conferida. Indica que las medidas cautelares que solicita el recurrente, no han sido dictadas por las autoridades competentes en vista de que no han sido oportunas ni necesarias. Señala que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es la única entidad pública calificada para solicitar, estudiar, aprobar o rechazar los estudios de impacto ambiental y en el caso concreto, si bien la Municipalidad lo solicitó en su momento, posteriormente revocaron tal decisión administrativa puesto que se dieron cuenta que no tenían competencia para ello; situación que, en su criterio, provocó la molestia del recurrente puesto que probablemente pensó que esa era la forma correcta de solicitar un Estudio de Impacto Ambiental, pero lamentablemente no es así. Agrega que Secretaría Técnica Nacional Ambiental con anterioridad a las gestiones realizadas por el recurrente, ya había resuelto que lo procedente en el caso de Pelarica era la confección de un Plan de Gestión Ambiental de acuerdo con los estudios técnicos específicos que realizó su representada. Indica que no existen hechos nuevos y que simplemente su representada ha procedido a realizar trabajos dentro de su propiedad con todos los permisos que existen las leyes y otorgados por las instituciones correspondientes. Manifiesta que su representada no ha cometido delito alguno ni mucho menos ninguna afectación contra el ambiente y en ese sentido señala que efectivamente la Fiscalía Penal recibió una denuncia interpuesta por el propio recurrente por lo cual se realizó una investigación en la cual, el recurrente no puede ser parte por cuanto en Costa Rica, es el Ministerio Público el que ejerce la acción penal. Señala que existe un plan reparador que fue estudiado, analizado y aprobado por especialistas en la materia entre ellos la Jueza Penal de Cartago, el Fiscal Ambiental, el Procurador de la República, un representante del Ministerio de Ambiente y Energía y por supuesto, por personeros de  Pelarica. Manifiesta que Pelarica es una planta que fue elaborada con los más altos estándares de calidad. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso y se proceda al archivo del mismo.

18.- Informa Humberto Cerdas Brenes, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 713), que en cuanto a que desde el dieciséis de abril del dos mil dos, Pelarica S.A., activó otra vez la construcción del proyecto "ampliación de invernaderos", informa que por medio de la resolución 252-2000-SETENA de las ocho horas treinta minutos del veintiuno de marzo del dos mil, ante la evaluación ambiental preliminar del proyecto "ampliación de invernadero" presentado por Pelarica S.A., la Comisión Plenaria acordó solicitarle la presentación de un Plan de Gestión Ambiental dadas las características ambientales del proyecto y por tratarse de una ampliación, el cual debía contemplar el impacto visual, el manejo de desechos sólidos y líquidos, el de productos agroquímicos, el de material removido durante el movimiento de tierras y el de aguas residuales y pluviales. Indica que dicho Plan de Gestión Ambiental fue presentado y evaluado por esa Secretaría junto con el resto de la documentación aportada por lo que se le otorgó la viabilidad ambiental desde el dos mil. Señala que dentro de los compromisos adquiridos por el desarrollador se encuentra la presentación de informes regenciales cada cuatro meses sobre el desarrollo de la actividad y a la fecha, constan en los archivos de esa Secretaría, tres informes regenciales, el último de los cuales fue puesto a conocimiento el doce de abril del dos mil dos en donde se informa que se dará inicio a las obras de ampliación el quince de abril del dos mil dos. Señala que en lo que a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental compete, el desarrollador ha cumplido hasta la fecha con los requerimientos legales en materia ambiental por lo que al haber iniciado obras hasta el quince de abril del dos mil dos, estarán llevando a cabo la visita correspondiente para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en el Plan de Gestión Ambiental que se respaldan por medio de la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y el depósito de la garantía ambiental y en caso de incumplimiento, estarían procediendo administrativamente como corresponda y de ser necesario, se testimoniarían piezas ante la vía judicial respectiva. Señala que esa Secretaría Técnica no encuentra fundamento técnico ni legal que motive una nulidad de lo actuado para dejar al momento sin efecto la viabilidad ambiental otorgada. Indica que en vista de que la Sala Constitucional no ha ordenado la paralización de obras, por lo que no considera que deban proceder a hacerlo en contra de los derechos adquiridos del desarrollador.

19.- En documento visible en folio 727 se apersona Andrea Fernández Bonilla, en su condición de Apoderada Especial Judicial de Pilarica, S.A. y manifiesta que el nueve de mayo del dos mil dos, han sido notificados de la resolución de las diez horas cuarenta minutos del siete de mayo del dos mil dos emitida por el Juzgado Penal de Cartago en donde claramente se resuelve que el recurrente en este amparo jamás puede ser considerado como parte dentro del proceso penal; que se declaró sin lugar el incidente presentado por el recurrente y su representada por carecer de todo asidero jurídico; que una vez que las autoridades competentes asistieron a las instalaciones y terrenos de Pelarica con el fin de realizar inspección ocular y así poder constatar si se había cometido delito o no y por la insistencia del recurrente, todos los profesionales encargados del caso pudieron constatar que no se ha cometido ningún nuevo delito y que tampoco se ha cometido ningún delito de impacto visual pues éste, ni siquiera, se encuentra tutelado por el ordenamiento penal costarricense. Agrega que la inspección ocular se realizó el veintinueve de abril del dos mil dos con la asistencia de la Jueza Penal de Cartago, el señor Fiscal Ambiental y un Técnico del Ministerio de Ambiente y Energía.  Solicita que se resuelva a la brevedad posible este recurso de amparo a fin de evitar que el recurrente continúe perjudicando a su representada.

20.- En documento de folio 736 se apersona el recurrente para solicitar a la Magistrada Instructora que realice una visita al valle de Orosi  para que pueda constatar si existe o no el potencial de contaminación visual del valle debido a Pelarica y a la nueva fase 3 que se está empezando a construir. Considera que se debe hacer el estudio de impacto ambiental que solicitó la Municipalidad de Paraíso y no es posible aceptar el criterio de Secretaría Técnica Nacional Ambiental de que no se requiere el estudio de impacto ambiental cuando, en su criterio, se pone el peligro el ambiente. En su criterio no es posible permitir que las industrias vengan a Costa Rica a contaminar visualmente y a destruir la belleza escénica natural de un valle como es el de Orosi. Indica que la obligación del desarrollador del Plan de Gestión Ambiental era la de presentarlo cada cuatro meses pero lo cierto es que ha incumplido con esa obligación. Considera que debe aplicarse el principio constitucional del in dubio pro natura y que el recurso debe ser declarado con lugar.

21.- En documento de folio 767 se apersona el recurrente para rebatir las manifestaciones efectuadas por la representante de Pelarica quien, en su criterio, ha tergiversado lo contenido en la resolución del Juzgado Penal de Cartago. Indica que decir que el impacto visual no está tutelado por la legislación penal no significa que no hubo o que existe esa contaminación. Reitera que si Pelarica ha propuesto un plan reparador es porque existe daño ambiental. Solicita que se declare con lugar el recurso.

22.- Según constancia de folio 787, ni el Alcalde de Paraíso de Cartago ni el Presidente del Concejo Municipal de ese lugar, rindieron el informe que les fuera solicitado en la resolución de Magistrada Instructora de las diez horas diecisiete minutos del veintitrés de abril del dos mil dos.

23.- En documento de folio 792 se apersona el recurrente para indicar que en el periódico "The Tico Times" del quince de junio del dos mil dos, se publicó un reportaje sobre la temática de la Contaminación Visual del valle de Orosi, el cual aporta.  Considera que se está frente a su derecho de protección al ambiente, un interés difuso por excelencia. Indica que además agrega un documento de APREFLOFAS e indica que esta organización conservadora del medio ambiente, le da el respaldo en la lucha para que no se destruyan esas bellezas escénicas. Considera que con ambos documentos no se deja duda de que no es el único que se opone a que Pelarica S.A. expanda y logre arruinar las bellezas escénicas del valle de Orosi.

24.- Mediante escrito de folio 803, el recurrente aporta algunos elementos que considera que deben ser tomados en cuenta en relación con la contaminación visual. Indica que son muchas las personas que perciben las instalaciones existentes y especialmente la expansión de Pelarica S.A. como una afectación negativa a la belleza escénica de los valles de Orosi y Ujarrás, entre ellos una nota interna emitida por el Instituto Costarricense de Electricidad en la cual el Regente Ambiental del Instituto Costarricense de Electricidad, debidamente inscrito ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, emitió su criterio sobre una posible instalación de un quebrador en un sitio muy cercano a las instalaciones de Pelarica, siendo que en la opinión de ese Ingeniero, no debe aprobarse un quebrador por las bellezas escénicas de los valles de Orosi y Ujarrás que han sido afectados por Pelarica. Considera que existen conflictos de interés entre personeros de la Municipalidad y un posible tráfico de influencias en beneficio de Pelarica S.A. Ruega que se resuelva con prontitud este asunto.

25.- Mediante escrito visible en folio 841 del expediente, el recurrente indica que de conformidad con el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la interposición del recurso de amparo suspende de pleno la aplicación de las leyes y de los actos impugnados aunque la resolución que lo acoja no lo haga expresamente por lo que indica que ante la omisión de los recurridos de suspender los efectos de los actos impugnados, procede informar sobre su incumplimiento.

26.- El recurrente, en escrito de folio 843, indica que procede a adjuntar varios documentos de interés para la resolución de este recurso. Considera que el asunto no se trata de un interés meramente particular sino que se está frente a una situación de interés común que afecta a todo el valle, sus residentes y visitantes, pues afecta e impacta negativamente el entorno o el ambiente en el cual Pelarica decidió establecerse, ignorando normativas ambientales y constitucionales. Solicita que se apliquen los principios precautorios del derecho ambiental y el del "in dubio pro natura" y que se acojan las medidas cautelares solicitadas, por lo menos en cuanto al color de las edificaciones de Pelarica.

27.- En escrito de folio 852 se presenta el recurrente para indicar que aporta documentos de interés para la resolución del amparo.

28.- En escrito de folio 867 se apersona Andrea Fernández Bonilla, en su condición de representante de Pelarica S.A. para indicar que en sentencia No.938-2002 de las quince horas veinte minutos del veintiocho de noviembre del dos mil dos, dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, se declaró sin lugar el Incidente de Suspensión de los efectos del acuerdo Núm.11 de la Municipalidad de Paraíso presentado por Roland J. Huber Brogli. Agrega además que en resolución de las nueve horas cuarenta y un minutos del veintidós de abril del dos mil tres, el Juzgado Penal de Cartago ordenó el sobreseimiento definitivo en la investigación penal seguida en contra de Pelarica en perjuicio del medio ambiente por denuncia presentada por el señor Roland J. Huber. Señala que aporta tales documentos.

29.- En resolución de Magistrado Instructor de las dieciséis horas veinte minutos del veinte de junio del dos mil tres, se le solicitó al Jefe del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía que aportara copia certificada del oficio IMN-DA-T63-01 del cuatro de mayo del dos mil uno así como también que certificara la situación legal actual del aprovechamiento de la naciente a que hace referencia ese oficio en el trámite que se realizó o se está realizando en el expediente administrativo número 9567 de ese departamento (folio 888).

30.- En escrito que consta en folio 889 se apersona el recurrente para reiterar su pretensión en este recurso de amparo. Señala que para comprobar si verdaderamente existe o no, violación al derecho al ambiente, solo hay dos formas: a) o se ha vivido en el valle de Orosi antes de la llegada de Pelarica y ahora regresa después de la construcción de la empresa y observa el impacto para determinar si es positivo o negativo; o b) si no se ha tenido esa posibilidad, se debe mirar fotografías de antes y después para poder ver el impacto o cambio que se ha dado en la zona. Señala que en el expediente existe la segunda opción y para ello incluye fotos adicionales. Solicita que se realice una inspección ocular en el sitio para verificar su dicho.

31.- En atención a la audiencia conferida, se apersona José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Jefe del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (folio 893) e indica que adjunta las copias certificadas del oficio solicitado y del expediente 9567  que se refiere a una solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas a nombre de la sociedad Pelarica S.A. Señala que la fuente denominada Manantial o Nacimiento sin nombre, indicada en el oficio IMN-DA-763-01, es objeto de solicitud de concesión por parte de Pelarica S.A. y se tramita en expediente número 9567. Señala que actualmente se está preparando consulta a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para que se pronuncie sobre la viabilidad ambiental de la concesión a fin de proceder a preparar el acto administrativo final y su respectiva firma por parte del jerarca ministerial. Manifiesta que mediante oficio IMN-DA-2507-01 se amplió el oficio IMN-DA-763-01 indicándose que el día de la inspección se logró determinar un elemento nuevo: la existencia de un brote significativo de agua en el sector noreste de la finca. Señala que ese afloramiento no es la misma naciente solicitada en expediente administrativo 9567.

32.- En escrito de folio 896 se presenta el recurrente para indicar que a pesar de que Pelarica afirmaba contar con un sistema de reciclaje de agua, la cual nunca llegaría al suelo, lo cierto del caso es que existe una solicitud de aprovechamiento de aguas del río Grande de Orosi en cantidad de diez mil litros por segundo, lo que equivale, al final de cuentas a una concesión de trescientos once millones de litros de agua por año. Considera entonces que solicitar el permiso para sacar agua es prueba de que hay incongruencia con lo que afirma Pelarica. Indica que ésta es una de las razones por las cuales considera que se debió haber hecho el Estudio de Impacto Ambiental y no solamente que se presentara el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar. Manifiesta que en relación con el Incidente de Suspensión del Acto Administrativo que se ventiló en el Tribunal Contencioso Administrativo, ello se debió a que no constaban las pruebas pero todavía no está resuelto el proceso principal de esa materia. En cuanto al Sobreseimiento Obligatorio, indica que ello se debió a una conciliación que se dio en donde se ofreció un plan reparador pero considera que si se llegó a este arreglo fue porque efectivamente hubo un daño.

33.- La Sala ha tenido a la vista una grabación en video realizada por el Magistrado Instructor Alejandro Batalla en  sendas visitas realizadas al valle de Orosi de Cartago, para observar el estado de las instalaciones de la empresa Pelarica S.A. y del entorno natural, tomado desde diferentes ángulos; visitas realizadas los días veintisiete de mayo y veintiuno de junio del año en curso. Dicha grabación queda agregada al  expediente para lo que corresponda.

34.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.




Redacta el Magistrado Batalla Bonilla; y,




Considerando:

I.- Objeto del Recurso. El recurrente acusa que la empresa agroindustrial Pelarica S.A. genera gran contaminación al ambiente, pues se dedica a la producción de geranios, chinas, begonias, pastoras y petunias en el valle de Orosi, para lo cual ha construido enormes invernaderos de hierro con base de concreto y con un material de techo de plástico blanco reflexivo intenso, lo que se ha edificado sin contar con estudios previos de impacto ambiental, ocasionando una influencia negativa sobre el valor recreativo y estético de la zona y provocando además contaminación en el río Reventazón. Aunado a lo anterior, manifiesta que el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Tribunal Ambiental Administrativo, el Instituto Costarricense de Turismo y la Municipalidad de Paraíso han actuado negligentemente en este caso, pues han permitido que Pelarica continúe funcionando a pesar del grave daño ambiental que esa empresa está ocasionando. Además, alega que recientemente, la empresa Pelarica S.A., construyó e inició operaciones en una nueva fase ampliada de los invernaderos que tampoco cuenta con los estudios ambientales respectivos y que redunda en las violaciones y perjuicios al ambiente que ha denunciado. 

II.- Sobre el fondo del asunto. El recurrente plantea múltiples quejas sobre diversos aspectos técnico-ambientales de la operación de la empresa Pelarica, S.A. instalada en el valle de Orosi, muchas de las cuales resultan imposibles de resolver en un recurso de amparo. El recurso de amparo no es la vía procesal idónea para resolver disputas de orden técnico-científico suscitadas con ocasión de la presentación de un permiso para la construcción y operación de un invernadero. Dada la naturaleza sumarísima del recurso de amparo, éste no tiene una fase procesal adecuada de descubrimiento que le permita a las partes hacer todas las averiguaciones necesarias ante el Tribunal, incluso las de carácter técnico para la correcta solución de los diversos aspectos técnicos del conflicto. Esto requeriría necesariamente pericias, muestreos y análisis de las diferentes fuentes de emisiones que tienen impacto sobre el ambiente, lo que resulta imposible resolver en esta vía sumarísima. Tampoco puede la Sala en esta vía constituirse en un órgano de alzada de lo que resuelvan las autoridades administrativas sobre aspectos técnico-ambientales, de manera que la Sala por la vía del amparo no puede más que tutelar las violaciones que resulten evidentes o producto de la instrucción sumaria. Dentro de este marco, la Sala está llamada a resolver dos aspectos que implican la protección a derechos fundamentales, así la Sala debe determinar: a) si la falta de exigencia de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)  por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a Pelarica, S.A. luego de que esta empresa presentara el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) de la ampliación de diez hectáreas del invernadero, constituye una violación al derecho fundamental a un ambiente sano; y, b) si el proyecto de Pelarica, S.A. ha afectado negativamente la belleza escénica del valle de Orosi.

III.- Sobre la falta de exigencia de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). La empresa Pelarica, S.A. presentó en el mes de febrero del año dos mil uno el “Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar” (FEAP) ante la SETENA, el FEAP se presenta como una ampliación de un proyecto existente, y la Comisión Plenaria de la SETENA acordó, según lo informa Humberto Cerdas Brenes Secretario General de la SETENA, solicitarle a la empresa un Plan de Gestión Ambiental, “dadas las características  ambientales del proyecto y por tratarse de una ampliación”. Nuestro ordenamiento jurídico permite a la SETENA exigir uno o varios instrumentos de evaluación de impacto ambiental, entre los cuales están los Planes de Gestión Ambiental y los Estudios de Impacto Ambiental. Mediante el primero se establece el conjunto de operaciones técnicas y actividades gerenciales que tienen como objetivo asegurar que el proyecto opere dentro de las normas legales, técnicas y ambientales exigidas, y se minimicen los impactos ambientales, mientras que el segundo busca identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que ejercerá  una actividad, obra o proyecto determinado, cuantificándolo y ponderándolo para conducir a un dictamen que apruebe o rechace el proyecto, así como las recomendaciones para que se enmienden las fallas en que se hubiere incurrido. Como se desprende de lo anterior, el Estudio de Impacto Ambiental es una herramienta técnica mucho más compleja que busca identificar los impactos al ambiente, sus fuentes, el objeto afectado, y las medidas preventivas y correctivas que deben implementarse, aspecto que escapa al Plan de Gestión Ambiental, que es una herramienta más operativa posterior al proceso de identificación y que busca ejecutar las recomendaciones dadas. La SETENA exime a la empresa del Estudio de Impacto Ambiental por “las características ambientales del proyecto y por tratarse de una ampliación” sin que la resolución 252-2000-SETENA de la Comisión Plenaria contenga ningún tipo de motivación que de fundamento a esa resolución. En cuanto a la primera justificación dada de que se trata de una “ampliación”, la Sala es del criterio que el concepto de ampliación es utilizado de una forma absolutamente incorrecta tanto por la empresa al momento de presentar el FEAP, como por la SETENA al momento de resolver. Con el fin de lograr un ambiente adecuado y ecológicamente equilibrado, el análisis ambiental de los proyectos que se someten a estudio de la SETENA, debe ser efectuado valorando la actividad como un todo y no en forma fraccionada, principalmente si las anteriores etapas no fueron sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental, y tomando en consideración la magnitud de la “ampliación”. El proyecto es en sí una unidad productiva compuesta de diversos procesos, algunos principales (suministro de agua, sistemas para determinar niveles de nutrientes, etc.) así como por procesos complementarios sin los cuales no se puede llevar a cabo el desarrollo de la actividad principal.  ­Bajo este concepto, “ampliación”, la SETENA  exime de presentar el EsIA a un proyecto totalmente nuevo, debido a que no lo valora en su entera complejidad y unidad funcional. Resulta comprensible que se exima del EsIA a una ampliación de un proyecto existente, a condición de que ese proyecto ya haya sido evaluado por un EsIA, o bien, cuando se trate verdaderamente de una ampliación de uno existente, es decir de la construcción adicional de un porcentaje del proyecto existente que previa valoración técnica no afecte en mayor medida los impactos previamente identificados en estudios anteriores, pero ¿qué lógica tiene eximir del EsIA a una ampliación que en realidad es un proyecto nuevo?; nuevo porque la parte existente no tiene EsIA, y nuevo por que en realidad la ampliación es dos veces más grande que la parte existente. El proyecto pasa de tener cuatro hectáreas y media a tener catorce hectáreas y media, de forma que no es la clase de ampliación que uno eximiría del EsIA. Si bien es cierto que al momento de construirse la primera fase del proyecto no se exigía el EsIA, cuando se construyó la segunda fase ya la Ley Orgánica del Ambiente había entrado en vigencia, y sin embargo no se hizo un estudio de impacto ambiental, ni siquiera se sometió a un proceso de evaluación de impacto ambiental, de forma que tratándose de un proyecto resultante de casi quince hectáreas de techos blancos sobre el valle de Orosi, con un gran impacto sobre el paisaje y dada la cantidad de productos agroquímicos que se utilizarían, no se justificaba del todo tratarlo como una ampliación, sino que evidentemente debía tratarse como un proyecto nuevo que debió ser valorado como unidad operativa, ya que nunca antes fue evaluado por la SETENA. La SETENA manifiesta conocer la alta tecnología con que funciona el proyecto de cuatro hectáreas y media pero eso no justificaba eximir del EsIA, sobre todo y especialmente por el impacto que tendría sobre paisaje del valle de Orosi, la empresa no escapa de responsabilidad sobre este aspecto, ya que conociendo el impacto visual que tendrían los techos blancos sobre el paisaje del valle no tomó las medidas necesarias para diseñar un proyecto que mitigara correctamente ese impacto negativo. Además resulta sorprendente que la SETENA no exigiera a la empresa una corrección al FEAP que presentó. Hay en ese documento información evidentemente incorrecta, que cualquiera sin ninguna idoneidad técnica, puede apreciar como errónea; por ejemplo la empresa indica que el espacio geográfico que utilizará el proyecto y de su área de influencia indirecta no es una zona de atracción o utilización turística, cuando cualquiera sabe que el valle de Orosi es y ha sido durante muchos años un lugar de atracción turística; o cuando el representante de la empresa, bajo juramento, declara que las diez hectáreas de techo blanco, sumadas a las cuatro y media existentes, no producirá un impacto negativo sobre el paisaje, francamente esto constituye un abuso que no puede dejarse de lado. El segundo argumento que utiliza la SETENA para eximir del EsIA al proyecto presentado es por las características ambientales del proyecto. Este tipo de motivación no explica en detalle las razones por las que se está eximiendo del EsIA. Del FEAP se desprende que la empresa emplea doscientas personas y que probablemente aumentará con diez hectáreas adicionales, que se utilizarán gran cantidad de productos agroquímicos, por lo que, dada la magnitud del proyecto, y el impacto que podría tener sobre el agua, resultaba indispensable el EsIA, solo este tipo de estudio podría determinar el grado de afectación sobre ambiente especialmente el uso y disposición de aguas residuales, incluso de aguas negras. Finalmente dado el impacto visual que tendría el proyecto sobre el paisaje, casi quince hectáreas de techos blancos sobre el valle de Orosi, merecía como se dijo que un EsIA evaluara el impacto sobre el paisaje y la forma de mitigarlo. Según el punto de vista de esta Sala la SETENA actuó en el presente asunto de una forma superficial con grave peligro para el ambiente al no exigir a un proyecto de la magnitud del propuesto un EsIA. Dadas las circunstancias expuestas, debe concluirse que la actuación de la SETENA al no exigir un Estudio de Impacto Ambiental, violó abiertamente el derecho fundamental a un ambiente sano. El impacto más importante que tiene el proyecto sobre el ambiente, después del impacto sobre el paisaje, es el uso y disposición del agua, tanto de las aguas del proceso industrial como de las aguas negras, por lo que resulta indispensable ordenar a la empresa Pelarica, S.A. la presentación ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental un Estudio de Impacto Ambiental sobre el uso y disposición de las aguas, estudio que deberá estar concluido a más tardar tres meses después de haberse notificado esta resolución. Es obvio que si la SETENA determina también que se requiere de un EsIA que comprenda la evaluación de otros aspectos, deberá disponer que se haga también.

IV.- Sobre la afectación de la belleza escénica del valle de Orosi. La belleza escénica de un sitio natural está protegida por el derecho de la Constitución como parte del derecho fundamental a un ambiente sano, reconocido tanto por los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, y desarrollado por la legislación ordinaria, concretamente por la Ley Orgánica del Ambiente en sus artículos 71 y 72 que establecen:

“Artículo 71.- Contaminación visual. Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro.”

 

“Artículo 72.- Conservación del paisaje. La autoridad competente promoverá que los sectores públicos y privados participen en la conservación del paisaje. Cuando para realizar una obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá ser por lo menos, de calidad igual que el anterior.”

 

La protección de las bellezas escénicas es un valor dogmático de nuestra Constitución, cualquiera que sea el fundamento que se le quiera dar a esa protección, ya sea por el valor turístico que tiene el sitio y consecuentemente por el potencial económico de esta industria; ya fuera por su mero valor estético o por la simple  necesidad de tener lugares donde las personas podamos disfrutar de un paisaje bello y natural sin que la irrupción abrupta de un elemento que desentona fuertemente con el medio y nos distraiga de nuestro descanso; o de todas ellas juntas, este Tribunal debe otorgar la protección. Este Tribunal no cree que la protección de las bellezas escénicas impida el desarrollo económico, estos dos valores son igualmente constitucionales y pueden convivir, sin que ninguno de ellos se haga en detrimento del otro. La extensión del escenario natural que constituye el valle de Orosi, tanto por sus líneas y  formas, como por sus colores y texturas, hacen de este paraje natural una belleza escénica digna de protección. Se trata de un sitio que, además, ha sido de especial atracción para los turistas durante muchos años, al punto que el Estado a través del Instituto Costarricense de Turismo ha creado un mirador para disfrutar de esa belleza escénica. Las tres etapas que ha desarrollado la empresa Pelarica, S.A. se extienden unas quince hectáreas de invernaderos de unos seis metros de altura, compuestos en su gran mayoría, de un plástico blanco tanto en sus paredes como en su techo, dominando la parte central del valle de Orosi, que provoca un impacto visual adverso a su paisaje natural. No se trata de un impacto cualquiera, sino que se trata de un gran impacto que ha cambiado radicalmente el color y la textura del valle, irrumpiendo el carácter visual del paisaje y destruyendo la armonía de los elementos naturales. La Sala ha constatado la magnitud del impacto que sobre el paisaje tienen las catorce hectáreas y media de techos de plástico, en su gran mayoría blanco, y constata que si se hubiera hecho un Estudio de Impacto Ambiental se habría determinado el impacto preciso y se habría determinado si podía verdaderamente mitigarse o no. Pretender mitigarlo con la siembra de vegetación de alto porte como lo ha ordenado la SETENA, ha sido y será completamente inútil, porque desde donde se aprecia el paisaje la vegetación de alto porte no mitiga en nada el impacto visual de los techos blancos sobre el valle de Orosi. La Sala ha visto con cierta preocupación la forma en que el Ministerio de Ambiente y Energía y especialmente la SETENA han manejado el problema del impacto visual del proyecto de Pelarica, S.A. La SETENA se limitó a determinar que el proyecto tendría un impacto visual sin determinar la extensión y gravedad, y se le pide a la empresa un Plan de Gestión Ambiental, y luego que lo modifique y que siembre vegetación de alto porte, y luego de una inspección determinan que la disposición fue acatada por el desarrollador, sin reparar por el grave impacto negativo que sigue estando ahí. La SETENA se ha limitado a administrar un expediente, sin detenerse seriamente a solucionar el problema. La Sala tiene por demostrada una grave afectación a la belleza escénica del valle de Orosi, y consecuentemente la violación al derecho fundamental a un ambiente sano, ante esta circunstancia lo correcto es ordenarle a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental tomar las medidas necesarias y suficientes para suprimir la contaminación visual producida por los techos blancos de la empresa Pelarica, S.A. en el valle de Orosi; disposición que debe ser cumplida inmediatamente después de notificada esta resolución, y la Municipalidad de Paraíso debe fiscalizar la orden dada a la SETENA.

V.- Sobre la participación de las instituciones en la protección del ambiente. En el presente conflicto han participado diversas instituciones públicas donde el recurrente ha gestionado: la Municipalidad de Paraíso, el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Salud, la SETENA, el Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio del Ambiente y Energía, y finalmente el problema de la contaminación visual no se resolvió en ninguna de esas instancias. La Sala ha comprobado la descoordinación de estas instituciones en materia tan importante como la protección del ambiente. En materia ambiental todos los funcionarios públicos y todas las personas tienen la obligación de velar por su protección, de forma que un funcionario no se puede limitar simplemente a declararse incompetente.

a) En relación con la actuación de la Municipalidad de Paraíso: la primera constatación que la Sala hace es que esa Municipalidad no tiene un plan que regule la ocupación del suelo y garantice la protección de la belleza escénica del valle de Orosi. A los gobiernos locales se les ha reconocido una amplia competencia para emitir los planes de ocupación del territorio, tanto los planes de ordenamiento territorial como planes reguladores de las ciudades, estos son instrumentos vitales para lograr el uso sostenible de los recursos naturales, incluso el de las bellezas escénicas, así que, sin perjuicio de la obligación que tiene la Municipalidad de Paraíso de emitir un plan general de ordenamiento territorial y un plan regulador, deberá emitir dentro del término de dieciocho meses contado a partir de la notificación de esta sentencia un plan regulador que garantice la belleza escénica del valle de Orosi. En segundo término, la Municipalidad de Paraíso podía gestionar judicialmente, si estaba en desacuerdo con lo que había resuelto la SETENA, sobre la afectación a una belleza natural o sobre la necesidad de que el proyecto de Pelarica presentara un estudio de impacto ambiental. En materia de protección al ambiente hay una legitimación procesal amplísima para gestionar judicialmente por cualquier vía, tanto administrativa como judicial.

b) En relación con la participación del Instituto Costarricense de Turismo: en el informe presentado el Ministro de Turismo Walter Niehaus Bonilla se declara incompetente para conocer los reclamos del recurrente. Sin embargo el inciso e) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo se establece que corresponde a esa institución “Proteger y dar a conocer construcciones o sitios de interés histórico, así como lugares de belleza natural o de importancia científica, conservándolos intactos y preservando en su propio ambiente la flora y la fauna autóctonas….” (el subrayado no es del original), así que si bien es cierto el ICT no tiene competencia para autorizar el funcionamiento de una empresa, lo cierto es que sí tiene competencia para proteger los sitios de belleza natural, sobre todo si el ICT administra un mirador que precisamente tiene por escenario el valle de Orosi. De forma que el ICT sí tenía competencia para denunciar, investigar y gestionar ante la autoridades competentes la protección de una belleza escénica, incluso gestionar judicialmente. El informe que rinde el Ministro de Ambiente y Energía es más bien indiferente sobre lo que está sucediendo en el valle de Orosi, y dada la competencia de esa institución según la cual la protección del ambiente forma parte de sus competencias, aunque sea que esa competencia esté limitada a gestionar ante las diferentes instancias la protección de las bellezas naturales, debió haberlo hecho. Ante estas circunstancias lo procedente es que el ICT preste la colaboración que le sea requerida por la Municipalidad de Paraíso para la emisión del plan regulador ordenado para la protección de la belleza escénica del valle de Orosi.

VI.- Sobre el manejo del agua. Si bien es cierto que el Ministerio de Salud manifiesta en su informe que ha hecho inspecciones sobre el uso y disposición de aguas en la empresa Pelarica, S.A. y que no ha encontrado ninguna anomalía, el Ministerio de Salud deberá verificar y controlar que la empresa Pelarica, S.A. cumpla con las normas sobre tratamiento y disposición de aguas residuales, y eventualmente denunciar si la empresa está utilizando aguas respecto de las cuáles no tiene concesión para ello. La Sala tiene por acreditado que la empresa está solicitando en el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía una concesión de aguas en el expediente número 9567, y supone que no se está utilizando dicha agua, todo lo cual deberá comprobarse y el Ministerio de Salud deberá tomar las acciones pertinentes.

VII.- Sobre el derecho del recurrente a ser informado. El derecho a un ambiente sano se integra en un bloque con el derecho de acceso a los departamentos administrativos, el derecho de petición, el reconocimiento de una amplísima legitimación procesal para constituirse en parte en los diferentes procedimientos o proceso en esta materia, todo para lograr una protección efectiva del ambiente. En el presente caso el recurrente ha ejercido estos derechos en sede administrativa, sin obtener de esas instituciones una resolución de fondo favorable, y dado el interés y empeño que ha puesto en la defensa de este derecho, deberá la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Municipalidad de Paraíso y el ICT informar al recurrente de los avances de las medidas que deban tomar esas dependencias para suprimir la contaminación visual, esa información será dada cada mes y durante todo el tiempo que tome ejecutar la orden.

Por tanto:




Se declara con lugar el recurso por contaminación visual de la belleza escénica del valle de Orosi. En consecuencia se dispone: a) se ordena a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental en la persona de su Secretario General Eduardo Madrigal Castro o a quien ocupe ese cargo tomar inmediatamente las medidas necesarias y suficientes para suprimir la contaminación visual producida por los techos blancos de la empresa Pelarica, S.A.; b) se ordena a la Municipalidad de Paraíso fiscalizar la ejecución de la disposición ordenada anteriormente, y dictar un Plan Regulador que garantice el respeto a la belleza escénica del valle de Orosi, esto último deberá ser cumplido en un plazo de dieciocho meses contado a partir de la notificación de esta resolución; c) se ordena al Instituto Costarricense de Turismo prestar la colaboración que le sea requerida por la Municipalidad de Paraíso para la emisión de la reglamentación antes dicha. Durante todo el tiempo que se estén ejecutando las medidas para suprimir la contaminación visual, deberá la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Turismo informar mensualmente al recurrente del avance de las medidas. En lo que se refiere a los demás aspectos planteados en el recurso relativos al daño ambiental, se ordena a Pelarica, S.A. la presentación ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental de un Estudio de Impacto Ambiental sobre el uso y disposición de las aguas, estudio que deberá estar concluido a más tardar tres meses después de haberse notificado esta resolución. Para ello se ordena a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental que proceda a girar las instrucciones pertinentes con el fin de que la empresa Pelarica, S.A. cumpla con esta orden. Se ordena al Ministerio de Salud que verifique y controle que la empresa Pelarica, S.A. cumpla con las normas sobre tratamiento y disposición de aguas residuales. Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Turismo, a la Municipalidad de Paraíso de Cartago y a la empresa Pelarica, S.A. al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-




 

 

 

Luis Fernando Solano C.

Presidente

 

 

Carlos M. Arguedas R.          Ana Virginia Calzada M.

 

 

 

Adrián Vargas B.                    Ernesto Jinesta L.

 

 

 

Teresita Rodríguez A.             Alejandro Batalla B.

 

 

64+++

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:53:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Exp: 01-003424-0007-CO

Res: 2003-06324

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight-thirty in the morning on July fourth, two thousand three.-

An amparo action (recurso de amparo) filed by Roland J. Huber B., of legal age, attorney, divorced, resident of Sanchirí de Paraíso de Cartago, holder of permanent residency card number 790–99969–316; against the Municipal Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipality of Paraíso de Cartago, the Minister of Environment and Energy, the President of the Board of Directors of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the President of the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute (ICT), the Minister of Health, the Head of the Cartago Regional Office of that Ministry, and the General Manager of PELARICA, Sociedad Anónima.

Whereas:

1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at eighteen hours and four minutes on April twelfth, two thousand one, the petitioner files an amparo action against the Municipal Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipal Corporation of Paraíso de Cartago, the Minister of Environment and Energy, the President of the Board of Directors of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the President of the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute (ICT), the Minister of Health, the Head of the Cartago Regional Office of that Ministry, and the General Manager of PELARICA, Sociedad Anónima. He states that he is a citizen of Swiss nationality who has lived in the national territory together with his family for more than twelve years in the country, and that he bought a farm in Sanchirí de Paraíso de Cartago because it met certain environmental characteristics and, above all, for the aesthetic characteristics of the landscape. He points out that his purpose in purchasing the farm where he lives was to use it for ecotourism, where visitors could enjoy an ecologically balanced environment in harmony with natural beauty and with a supreme, unique view in the country, even with views of the Irazú and Turrialba volcanoes, the Orosi valley, among other attractions. He indicates that the company "PELARICA, S.A.", began its operations producing geranium, china, and begonia plants, among others, in the Orosi valley, without the respective municipal permits, and with the aggravating factor that the existing constructions and more than four hectares of greenhouses are six meters high, made of iron with solid concrete bases and with roofing and side materials of an intense reflective white plastic, constructions that were built without any permit, not even an environmental one. He adds that this same company, without respecting national and international environmental norms and without safeguarding against the negative impact on the landscape, with its actions violated, among other things, the recreational and aesthetic value of the area, thus causing unprecedented visual pollution for the Orosi valley, for the region's inhabitants, for tourists, and for the wildlife that inhabits the ecosystems in that valley. He states that due to this situation, in November nineteen ninety-nine, he visited the facilities of PELARICA S.A. That during that time there was enormous movement of heavy machinery, a lot of personnel, and others, requesting information from the company's manager as to whether they had the municipal construction permits, environmental permits, and others for the construction that was being developed, to which he responded affirmatively. That in February of the year two thousand, worried about the irregularities occurring on the property of the referred company, he filed a complaint before the Environmental Comptroller of the Ministry of Environment and Energy regarding the enormous environmental pollution produced by these constructions, an office that referred this complaint to the Administrative Environmental Tribunal (TAA) on March third of that same year, for the pertinent purposes. He points out that this Tribunal ordered the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) to send a report on said project to the Administrative Environmental Tribunal; however, as of the date of filing the action, those offices had not carried out an effective administrative act to resolve the problem. He indicates that on February twenty-fourth, of the year two thousand, the referred company submitted a preliminary environmental assessment form (FEAP) to the National Environmental Technical Secretariat, signed by its General Manager. He states that on March thirteenth, two thousand, the National Environmental Technical Secretariat conducted an ocular inspection at the site as a result of the order received from the Administrative Environmental Tribunal. He adds that based on the preliminary information gathered, the National Environmental Technical Secretariat approved, in session number 012-32000 (Plenary Commission) held on March twenty-first, two thousand, the recommendations issued by the Site Inspection Form for Preliminary Environmental Assessment (FISEAP), thus authorizing the project for expansion of ten more hectares of cultivation in favor of that company, despite repeated requests for a more in-depth investigation into the mentioned pollution problem. He points out that during the Christmas and year-end holidays of two thousand, PELARICA S.A. again began constructions without having obtained the permits from the respondent Municipal Corporation, or from the National Environmental Technical Secretariat. He indicates that this new situation and other gathered elements forced him to defend the common interests of the Orosi valley against the outrages perpetrated by that company, which is why he went on January twenty-fourth, two thousand one, to the different Institutions, including the municipal corporation of Paraíso, expressly requesting a comprehensive investigation and not merely a preliminary one on the matter in question. He adds that in this regard he has requested the National Environmental Technical Secretariat to require a complete environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and not a simple Preliminary Environmental Assessment Form due to the serious environmental violations occurring in the area; however, they have refused to proceed accordingly, considering the submission of a simple Preliminary Environmental Assessment Form sufficient, which the General Comptrollership of the Republic itself (sic) questions, because they are preliminary. For this reason, he again appealed to that municipal corporation, and that Municipality, in safeguarding the interests of the citizens and in use of the powers granted by Articles 169 and 170 of the Political Constitution, ordered the National Environmental Technical Secretariat to require PELARICA S.A. to provide the complete environmental impact assessment, an agreement adopted in extraordinary session number 270 on February twelfth, two thousand one. The petitioner points out that the National Environmental Technical Secretariat, in its monitoring report PMSA-086-2002 of February twenty-second, two thousand one, and in official letter directed to him PMSA 152-2001, that Secretariat stated its refusal to comply with what was agreed by the Municipality of Paraíso, and consequently not to order that company to prepare a complete environmental impact assessment. He alleges that it is important to note that on March twenty-first, two thousand, SETENA approved an agreement stating that the Environmental Management Plan (PGA) must be for the entire activity, which implies that for practically a year of time PELARICA S.A. failed to comply, in that they did not carry out any visual impact mitigation action for the 4.5 hectares of existing greenhouses, besides the fact that SETENA also failed in its duties by not requiring results for an entire year. The petitioner considers that the greenhouses that are built and those intended to be expanded alter health and the environment, damage the retina and iris of the eyes, create severe stress for physical and emotional health, and the technology used with solid reflective white or cream plastic roofs and walls are not environmentally friendly. He adds that, therefore, only with a comprehensive environmental impact assessment can it be proven before the National Environmental Technical Secretariat which is the most suitable "eco-friendly" technology according to the experience of other countries, and taking into account the characteristics and especially the colors of the landscape of the Orosi valley. He argues that neither the National Institute of Housing and Urbanism, the Municipality of Paraíso de Cartago, nor the Costa Rican Tourism Institute have fulfilled their legal competencies and their social and tourism function, as they have not come forward to safeguard the tourist natural beauty and the investment in properties and viewpoints that the State has made in the Orosi valley. The petitioner requests that this amparo action be granted, with the legal consequences derived therefrom.

2.- Rogelio Pardo Evans and Elizabeth González Gamboa, in their respective capacities as Minister of Health and Regional Director of the Central East Region, report under oath (folios 127 to 129), that on September twenty-ninth, nineteen ninety-nine, a visit was made to the facilities of the respondent company, attending to its request for an operating permit (permiso de funcionamiento). In official letter UPC-CE-RCE-160-99, Steffen Gerke, legal representative of PELARICA S.A., was informed of the improvements he had to make to be granted the permit, and subsequently on December twenty-third, two thousand, said company submitted a document indicating the progress of the improvements in each area of the company. They add that on May fourth, two thousand, documents that had been requested from the company were received, among them the land use permit (uso de suelo) issued by the National Institute of Housing and Urbanism, and the operating permit was issued to the company for having met the requirements demanded in the aforementioned official letter. On March sixteenth, two thousand one, PELARICA S.A. requested a renewal of the operating permit, so a new visit was made to the facilities, which resulted in the recommendation for renewal. On April twenty-fifth, two thousand, professionals from the Ministry conducted an inspection at the company's facilities, attending to a complaint that the petitioner had filed with the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes). In that inspection, it was verified that the water resulting from the irrigation of the greenhouses is channeled to two metal tanks to be reused for irrigating the cuttings of pastoras and begonias, and it was not observed that they were discharged into the Reventazón River, in addition to the fact that it was observed that the greenhouses are about two hundred meters from the riverbank and between the property of Pelarica and the river there are other properties. Likewise, it was determined that solid waste was deposited within the company's property and was treated appropriately, the boiler had the permit from the Ministry of Labor and its location complied with the regulations of that Ministry. Also during said visit, it was observed that the bunker fuel storage tank has the necessary safety measures to contain eventual spills, and the agrochemical product warehouse meets the requirements demanded by the legal system. No springs (nacientes) were observed within the farm, and the company has a well for irrigation. They add that in official letter UPC-PC-393-00 of May sixteenth, two thousand, a permit was granted to Pelarica for expansion of the facilities. The respondents argue that the foregoing demonstrates that the actions of the Ministry of Health are in accordance with the law and therefore request that the filed action be dismissed.

3.- Elizabeth Odio Benito and Humberto Cerdas Brenes, in their respective capacities as Minister of Environment and Energy and Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, report under oath (folios 157 to 162), that administrative file No. 049–2000–SETENA does not contain any certification demonstrating when the agro-industrial company PELARICA S.A. began its operation. They add that according to the petitioner's statements and the information provided by PELARICA S.A. in the Preliminary Environmental Assessment Form (FEAP), this company began its operations in April nineteen ninety-four. They point out that Environmental Impact Assessments (EIA) are required, in general, for all those activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or dangerous materials, as of the enactment of the Organic Environmental Law (LOA), Ley 7554 of October fourth, nineteen ninety-five, so the company PELARICA, S.A. was not required in its initial operation to provide an Environmental Impact Assessment by the National Environmental Technical Secretariat, because in those years an environmental assessment was only required for those activities, works, or projects for which some special law imposed this requirement, for example, mining activities. He indicates that the file kept for this purpose by the National Environmental Technical Secretariat does not show the presence of other permits that were required at the time the company began its operations. They state that according to the photographs visible in the file and the field visits made, the natural landscape of the Orosi valley has been affected. They point out that it is true that the Administrative Environmental Tribunal (TAA) opened administrative file number 27–00–TAA against PELARICA, S.A. for a complaint that had been forwarded from the Office of the Environmental Comptroller, which was filed by Mr. Roland J. Huber B. They add that by resolution 160–00–TAA, of April fifth, two thousand, the Administrative Environmental Tribunal ordered the National Environmental Technical Secretariat, within a term of five days, to send a report to the Tribunal indicating: 1–) whether a file for PELARICA S.A. existed and its status; 2–) whether any Environmental Management Plan or any other alternative to mitigate visual impacts was being required from said company. They state that it is true that on February twenty-fourth, two thousand, PELARICA S.A. submitted a Preliminary Environmental Assessment Form to the National Environmental Technical Secretariat. They indicate that a visit to the project site was indeed carried out on March tenth, two thousand, with the Preliminary Environmental Assessment Project, on that occasion, recommending: "Considering that the company uses the highest technology in the development of this type of activity (recycling of irrigation water, production of organic fertilizer, etc.), where the most significant negative impact is the visual one, it is recommended to ask the interested party to submit the following information: –An Environmental Management Plan for the entire activity (PGA), including: Visual Impact, solid waste, liquid waste, agrochemical management, sewage, rainwater, earthworks (movimientos de tierra), etc. –Appoint an environmental manager (RA) duly registered with SETENA, who will send periodic reports (every 2 months) on the development of the activity. –Submit a Sworn Declaration of Environmental Commitments (DJCA) in public deed, in which the interested party acquires the commitment before SETENA to comply with what is indicated in the PGA". They indicate that on March twenty-first, two thousand, in session No. 012–2000 of the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat, it was agreed to grant the administered party a two-month period to submit an Environmental Management Plan and a Sworn Declaration of Environmental Commitments, as well as to appoint an environmental representative and deposit a guarantee amount of fourteen thousand dollars or its equivalent in national currency. They point out that it is not true that repeated requests for a more in-depth investigation by the petitioner were rejected, since the decision taken in session N0.012–2000 is prior to the first official letter recorded in the petitioner's file, which has a receipt date at the National Environmental Technical Secretariat of April twenty-fourth, two thousand, and because once the petitioner's complaints were received, the necessary inspections were carried out and the appropriate measures were taken. They point out that any work that the reported company may have started in December two thousand, already had environmental viability from the National Environmental Technical Secretariat. They add that according to the first and second oversight reports, as of March twenty-first, two thousand one, the construction phase of the greenhouse expansion project had not yet begun. They state that the Organic Environmental Law authorizes the National Environmental Technical Secretariat to issue guidelines for the preparation of impact assessments, among which the so-called "Preliminary Environmental Assessment Form" (FEAP) has been issued. They add in this regard, that Article 19 of the Regulations on Procedures of the National Environmental Technical Secretariat establishes that for determining the condition of environmental viability and whether or not an Environmental Impact Assessment must be submitted, the Preliminary Environmental Assessment Form must be completed, and the National Environmental Technical Secretariat, through this and in accordance with technical criteria, will determine the environmental viability of the project and, if it is potentially viable, will define the environmental impact assessment path that it must follow. They point out that the Environmental Impact Assessment is a study that allows identifying and predicting the effects on the environment that a particular activity, work, or project will have, quantifying and weighing it to lead to a ruling that approves or rejects the project. The respondents argue that in the specific case, it involves an activity that has already been under development and that has demonstrated it is carried out responsibly without significant environmental damage. They add in this regard, that the environmental damage that has been considered significant in this project is the visual impact, and for this reason the administered party has been required to modify the Environmental Management Plan (PGA) and plant tall vegetation, a provision that has already been complied with by the developer. They indicate that regarding the supposed order issued by the Municipality of Paraíso to the National Environmental Technical Secretariat, with the purpose of requiring PELARICA, S.A. to provide the Environmental Impact Assessment, the Municipality lacks the competence to demand Environmental Impact Assessments and their contents, since Article 18 of the Organic Environmental Law determines that the National Environmental Technical Secretariat is the only authority that can approve environmental impact assessments, as well as define the guidelines, terms of reference, or content of an Environmental Assessment. They add that when a project does not require the submission of an Environmental Impact Assessment (EsIA), the National Environmental Technical Secretariat can define another type of assessment, such as the Environmental Management Plan in the case of PELARICA, indicating the minimum points it must include. They point out that while there must be collaboration between the National Environmental Technical Secretariat and other public entities for the management and protection of environmental elements, this collaboration must occur in a coordinated manner to avoid contradictions and legal uncertainty for the administered parties. They state that the National Environmental Technical Secretariat has already defined the environmental assessment path that must be required for the project discussed here, so that once the necessary inspection was analyzed in relation to the petitioner's complaints, the National Environmental Technical Secretariat decided to maintain its position of requesting an Environmental Management Plan and a sworn declaration of environmental commitments from PELARICA. They add that the PGA requirement is a practice of the National Environmental Technical Secretariat for all those activities that, because they were operating before the Organic Environmental Law, did not require environmental impact assessment initially, but which due to some expansion now require environmental viability, and they negotiate for them to also submit their older processes to some environmental management system voluntarily. They indicate that the company PELARICA, S.A. is dedicated to the reproduction of species of china, petunias, geraniums, and begonias, each of which requires a certain defined amount of light to carry out its photoperiod and photosynthesis, hence the need to have white roofs and thus also avoid pest and disease problems and minimize the impact caused on the plant material by rain, to achieve effective development, maximizing the amount of foliage. They add that the competence of the National Environmental Technical Secretariat in this regard refers to the environmental component, so it does not validate the criterion of impact until a specialist's opinion is presented that determines the influence of the roofs on people's public health. They conclude that it is indeed the State's obligation to protect the natural beauty of the country, for which reason that variable was included in the Management Plan presented by PELARICA, so that it was forced to modify it in order to plant tall vegetation that would mitigate the visual impacts caused by the project. They request that the filed action be dismissed.

4.- Walter Niehaus Bonilla, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Tourism Institute, reports under oath (folio 163), that the entity he represents has only received, as of February second, two thousand one, a copy of a complaint filed by Mr. Ronald J. Huber before the National Environmental Technical Secretariat. He adds that internally, said document was forwarded to the Technical Departments, which considered that the Costa Rican Tourism Institute lacked the competence to act on the matter. In this regard, he concludes that the control and regulation of the eventual visual pollution of an area are outside the legal competencies assigned to the ICT. He requests that the filed action be dismissed.

5.- Gerardo Quirós Soto and Gerardo Argüello Ramírez, in their respective capacities as Municipal Mayor and President of the Municipal Council, both of the Municipality of Paraíso, report under oath (folios 172 and 173), that the company "PELARICA" requested a construction permit from the local government to build on a property it owns, a work valued at four hundred twenty million colones. They point out that according to Article 1 of the Construction Law, it is the responsibility of the Municipalities to ensure that cities and other towns meet the necessary conditions of security, health, comfort, and beauty. They add that the only requirements for the plan approval (visado de planos) are established in the Regulation for the processing of plan approval for construction, in its Article 1, subsections a) through j). They indicate that once the internal procedures of the Municipality were completed, the company in question had to bring the plan duly approved by the Federated College of Engineers and Architects, as well as other documents. They add that in this regard there is a study and report from the National Environmental Technical Secretariat and a resolution from the Administrative Environmental Tribunal at thirteen hours fifty minutes on March twenty-ninth, two thousand one, which dismisses a complaint filed against "PELARICA". They argue that the Municipality fulfilled its duties, granting the permit protected by the Constitution, laws, and regulations governing the matter, for which reason they consider that what the petitioner has stated is entirely subjective. They request that the filed action be dismissed.

6.- The petitioner appears in the process in the document on folio 272, to request an addition to the resolution of the Constitutional Chamber at eight hours four minutes on April twenty-third, two thousand one, so that the involved state bodies, and more specifically the Municipality of Paraíso, be ordered not to grant the construction expansion permit requested by PELARICA, S.A., as well as ordering the National Environmental Technical Secretariat to suspend the effects of resolution number 252–2000 SETENA issued on March twenty-first, two thousand, both until the Constitutional Chamber resolves the case in a judgment.

7.- Steffen Gerke, in his capacity as General Proxy without limit of sum of PELARICA Sociedad Anónima, reports (folios 282 to 311), that in an Instituto Costarricense del Electricidad report, referred to the Ombudsman's Office on April twenty-fourth, two thousand one, regarding the protection against infiltration of agrochemical products in the Reventazón River basin, it is recorded that the inspectors of said institution conducted field inspections and studies at PELARICA's facilities, by virtue of the insistence of the petitioner here, indicating that "they have verified that at the site there is no contamination from agrochemical products or their leaching into the channel of the Reventazón River since the waters used to fertilize the plantation utilize only and specifically a closed-circuit pumping system." He adds that the Municipality of Paraíso, in its report rendered to the Constitutional Chamber, is clear in indicating that his represented party is in legal compliance with the municipal requirements, since it has not only fulfilled what was requested by the Municipality, but also the granting of all permits has been in accordance with the fulfillment of each and every one of the legal provisions that regulate the matter. He points out that in the municipal report provided by the petitioner, the inspectors highlighted the existence of tanks for capturing rainwater for greenhouse irrigation, since their use indisputably avoids the use and contamination of natural watersheds; nevertheless, he adds that these are the ones that have been the object of annoyance for the petitioner here, who has demanded their destruction without having reason or legal basis to do so, since their construction was carried out complying with each and every one of the legal specifications and regulations. He states that the totality of the reports rendered to the Constitutional Chamber by all the institutions respondent in this amparo action indicate that it has not even been possible to detect an obstruction of the channel of the Reventazón River by the company's activities. He indicates that, regarding the bunker fuel tank for the boiler, it meets all construction requirements and the permits from the Ministry of Labor and Social Security. He also adds that in the event of an accident, the same tank has a safety pit whose capacity is double what is stored in the fuel deposit. He adds that the system even has grease traps that would in no way allow "infiltrations into the aquifers". He points out that the facilities are located between two hundred and six hundred meters away from the bed of the Reventazón River, even separated from it by a coffee plantation located on a farm owned by Hacienda Cachí, so it is impossible to contaminate the water, rivers, irrigation ditches, or streams near PELARICA's facilities. He states that there is perfect management of solid waste, composed of plants that are then mixed with soil to produce organic fertilizer and which is later donated to the local farmer, as well as liquid waste through the closed-circuit water pumping system, for which his represented company earned a certificate of recognition for environmental protection regarding the good use of water. He indicates that the National Environmental Technical Secretariat has affirmed that: "there are no potential dangers of contamination of the Reventazón River from agrochemicals generated during the irrigation stage," praising its irrigation/fungicide and insecticide system using the closed computer system that allows a cyclical application of fertilizer in the minimum quantities the plant requires, since agrochemical products are only applied, not recirculated, thus avoiding the risk of waste that could harm the environment and unnecessary emissions of toxic gases that could damage human health or the scenic beauty, flora, or fauna of the surroundings.

It adds that the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), through resolution 0136–2001–SETENA, determined that the rainwater collection tanks used as the sole irrigation instrument are not located in any protection zone and the water supplied to the process is recycled and purified before final discharge, to prevent the existence of harmful chemical elements resulting from hydroponic fertilization and pest and disease control. It also adds that the absence of environmental damage has been such that PELARICA has even been considered for the granting of ISO environmental protection certifications. It points out that the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental), as the highest administrative environmental protection authority, has considered that its represented party has never contaminated aquifers or the like, nor had contamination problems from agrochemical products or solid or liquid waste; and when the Municipality of Paraíso has asked it to take action, this Tribunal has indicated that PELARICA has been investigated in every possible way, that the accusations of the petitioner here have had no legal or environmental basis, and that the relevant inspections have already been requested, determining the absence of contamination or environmental problems of any kind. It points out that the production of cuttings or shoots carried out by its represented party is conducted through a system called drip irrigation and aerial planting of cuttings, which means that the shoots hang individually and in a hanging row, in an aerial space dedicated exclusively to their planting, and are watered by a specific drip for each plant which in turn contains the minimum necessary percentage of agrochemical products for each shoot; in this way, it adds that since these cuttings are not planted in direct contact with the soil, it is not possible for there to be, even accidentally, any infiltration of contaminants, gases, agrochemical products, or solid or liquid waste that could harm the environment or aquifers. It considers that regarding the alleged visual contamination of the area, this is unfounded, as it argues that the only thing alleged is the petitioner’s own economic harm. It adds that some time ago, the amparo petitioner offered to sell his property to its represented party, which did not materialize due to the excessive and irrational price of the property, so the offer was rejected, and from then on Mr. Huber has repeatedly attempted to accuse them of environmental damage. It indicates that in a plat that the petitioner provided with the offer to sell his property, it is recorded that his project offers greenhouses, nurseries, and orchid centers, none of which have any of the permits and inspections required of its represented party. It states that the greenhouse roofs were built with a special greenhouse product that does not allow the escape of gases or toxics that affect the environment. It adds that the roofs cannot be painted, as they are transparent and milky to allow the treatment of UH Violet A rays, so the solar reflection indicated by the petitioner is impossible. Likewise, it adds that this type of plastic cover, called "Cubierta DGM," does not reflect light, “but refracts and diffuses it toward the interior of the greenhouse,” making sunlight work for the greenhouse, allowing its rays to pass in the quantities required for the production of cuttings. It points out that in the inspection requested by the petitioner here, it was determined that at a great distance and at a much lower level, the roofs were barely observed, and they were seen like any other roof of a human construction. It adds that the investigation was carried out during a very sunny day in the Orosi valley, and at no time was it corroborated that the reflection of the sun makes migratory species flee the area, or that it burns the retina of the eyes, or that it causes stress and emotional wear. It indicates that the roofs have a special color not alien to nature. It states that in order to comply with all the recommendations of the country’s environmental protection institutions, it proceeded to mitigate the possible visual effects by planting plants and trees, even of larger size than required. It points out that under the technical specifications of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), it was stipulated that its represented party did not have to submit an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA), by virtue of the project’s characteristics. It adds in this regard that the only thing requested and required by SETENA is the submission of an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental). It states that said institution does not consider this a priority case or one that violates the environment, since the head thereof requested in a writing addressed to the Ombudsman’s Office (Defensoría de los Habitantes) the cessation of the personal attacks by the petitioner here against its represented party, and also indicated that he has not been right about anything and that he has caused the loss of valuable time for the institution, which is required to “address matters of true relevance” for the environment. It indicates that in July of two thousand, after an inspection carried out at PELARICA’s facilities, the Ministry of Environment and Energy determined that its represented party complied with all the environmental protection requirements specified by SETENA. It states that all the health, operating, municipal, environmental permits, among others, that have been required of its represented party, have been obtained legally; it adds that even in May of this year, the renewal of the operating permit from the Ministry of Health and the Ministry of Labor was approved and granted to its client, even referring to those concerning the boiler. It points out that no malicious omission of streams (quebradas) or irrigation ditches (acequias) has been made in the plats submitted to the various institutions, since by virtue of the complaints filed by the petitioner here, an inspection was carried out in which it was determined that the plats fully complied with the requirements of the Law for their approval and use. It adds in this regard that if the plats ever had a defect, these were corrected in a timely manner and did not refer to manipulation or omission to the detriment of the environment, but on the contrary to the correct direction of the water flow. The person rendering this report indicates that by virtue of the complaints filed by the petitioner, the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad, ICE) ordered an inspection in April of two thousand one, determining in report PE–0241–P of April twentieth, two thousand one, that “no situations are detected that generate risk to the ICE works in the area,” referring specifically to the protection of the Reventazón river basin. It states that, regarding the request filed by the amparo petitioner on May seventh, two thousand one, there is no act to suspend, since its represented party possesses all the operating permits required by the different institutions, with no construction permit currently being processed or applied. It considers that the petitioner has had access to all information, which has been granted, exhibited, and notified to him. It adds that the environment in the Orosi area has not suffered alterations, as its represented party has the most modern greenhouse system in the country, created in the European Community and applied in Costa Rica to especially protect the environment. It also adds that the State, through its qualified institutions, has determined that its represented party has fully complied with what was requested without damaging the environment or the natural beauties. It argues that regarding visual pollution, it was demonstrated that all constructions were carried out in accordance with the law and within the limits of the Law, in addition to the fact that the special material of the roofs makes it impossible for them to reflect the sun in any way, damaging species migration or the human retina. It requests that the present amparo petition be dismissed.

8.- At folios 382 to 410, the petitioner appears in the proceeding to state that the respondent company, in its eagerness to present the facts partially, has used a singular context, using only the part of the reports that favor it, forgetting other parts that conclusively prove what he has affirmed. He indicates that there is no bad faith in filing the petition, as there are diffuse interests that legitimize him by reason of visual environmental pollution. He adds that the petition aims to protect the scenic tourist beauty of the Orosi valley and, if possible, mitigate the damage caused by the construction of the agro-industrial project of more than 4.5 hectares. He points out that although PELARICA’s lawyers say that it has never failed to comply with environmental protection, from the reports submitted by the institutions it can be concluded that this is not only erroneous but false, since among other reasons, the institutions responded exclusively regarding the new 10-hectare expansion project, that is, the second expansion or phase 3 of the project, so they did not refer to the first two construction phases of PELARICA. He adds in this regard that the argument presented by these institutions is not valid, because although they indicate that they need not refer to the first two phases due to the fact that the Organic Law of the Environment did not exist, this is not so, since said Law was enacted four years after the construction, without an environmental permit, of phase 2 of more than 3 hectares in 1999. Likewise, he indicates that there are contradictions between the different branches of the same Ministry regarding this project, because when the Minister of Environment and Energy – based on SETENA’s report – affirms that “no springs (nacientes) of water were observed within the farm,” she did not seem to include the result of an ocular inspection carried out by inspectors of the same Ministry, which is recorded in official letter SRC–124 of March fourteenth, two thousand one, which under point 4 states: “we toured the Company, where we were able to observe the following: 4.1 In the northern part of the greenhouses, at an approximate distance of 16 meters, a small lake or well that supposedly is the one marked in National Cadastre Plat C–177667–94 of April 5, 1994, property of... as a spring (naciente),...” and “4.4 I must clarify that National Cadastre Plat NO. C–595639–99 Real Folio 315429–000 of November 15, 1999, marks the irrigation ditches (acequias) but not the lake or well that is marked in Cadastre C–177667–94 of April 5, 1994, this documentation was provided by Mr. Roland J. Huber, of the San José–Costa Rica Legal Consortium.” He adds that the plat without indication of the spring (naciente) is the plat used by PELARICA in the application for Expansion Permit Number 2 or phase 3, as well as before SETENA and the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo, TAA). Likewise, PELARICA’s assertion that water contamination cannot occur is refuted by the same official letter, when in point 4.1 the MINAE expert textually asserted: “From this lake or well exits an irrigation ditch (acequia) that runs along the boundary eastward until it flows into the Dam.” and in point 4.2 “From here (the water collection tanks) an overflow exits to a lake, built by the company, and then the liquid slides along the aforementioned irrigation ditch (acequia).” The petitioner states that these conflicts of affirmations within the same Ministry can only be ventilated and clarified by a serious and complete Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA), as required by the Council of the Municipality of Paraíso in its session number 270 of February twelfth, two thousand one. He indicates that another conflict between state bodies and institutions is the present one between the information provided by the Municipal Mayor and the Municipal Council, since in the report submitted by the Mayor and the President of the Municipal Council it is noted that PELARICA is up to date with all permits, and therefore it is requested that the amparo petition be dismissed, based on the fact that what was stated by the petitioner is totally subjective. He adds that, in the interest of being objective, the writing submitted by the two representatives of the Municipality is not the position adopted by the majority of the Municipal Council. He adds furthermore that both officials were opposed to the resolution by which the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) was requested, hence the report is contrary to the majority position of the Municipality and therefore not legally valid. He points out that one of the last acts of the President of the Municipal Council, in that capacity, was to sign said report; however, he adds that he is a neighbor of PELARICA and that in his own words he does work for that company, which completely disqualifies him from being “free of prejudice” in this case. In this regard he adds that in the session of February twelfth, two thousand one, it was determined: “The Mr. President states that as a neighbor of the PELARICA company he knows where springs (nacientes) and irrigation ditches (acequias) were or used to be, so it is important to proceed with verification. Likewise, he says he does not know whether watercourse diversions occurred or not.” He points out that the foregoing reflects the Mayor’s favoritism regarding PELARICA, S.A. He adds that for all these reasons, the response of the Mayor and the former President of the Municipal Council of Paraíso to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) is questionable. He states that since May fourth, two thousand one, there is new evidence that refutes the argument of PELARICA, the Mayor and the Municipal Engineer of Paraíso, SETENA, the Minister of Environment and Energy, and the Administrative Environmental Tribunal; as he indicates that through an inspection carried out on the aforementioned date by the Water Department of the Ministry of Environment and Energy for the Assistant Agrarian Environmental Prosecutor, “the spring (nacimiento) mentioned in your official letter was producing water, which leads to the conclusion that it is a spring (manantial) of permanent flow. We additionally possess a capacity measurement from March 31, 2000, showing an outflow of 1.25 liters per second. The water is conveyed to a reservoir called ‘lake’, from which it is extracted for irrigation use. This use is being legalized through file 9567 currently in process. The spring (manantial) is located 14 meters from the greenhouse buildings and about 5 meters from the terrace on which said buildings are erected. About 10 meters away a filter of more than 10 m3 capacity for irrigation water was built.” He points out that then, in order to obtain approval of phase 3 of the project, the representative of the respondent company made false statements under oath. On the other hand, the petitioner states that PELARICA’s assertion regarding his conduct is unfounded and mistaken, since SETENA itself recognizes this pollution, seeking to mitigate it through the introduction of conditions in the Management Plan (Plan de Manejo Gestión) requested from said company. He adds that anyone with an aesthetic sense can appreciate how the structure stands out as an element totally alien to the natural surroundings of the valley itself. He indicates that although the aspect of visual pollution is not very developed in Costa Rica, that does not mean it does not occur. He argues that what is sought with the petition is that the Orosi valley not continue to be visually polluted, for the benefit of both national and foreign tourists who visit the area. He points out that when in nineteen ninety-four, PELARICA built the first phase, the impact of the agro-industrial factory was somewhat mitigated by the use of a green roof, which is why he did not oppose it. However, he indicates that when at the end of nineteen ninety-nine PELARICA built the current “monster,” his antagonism toward the project began. He states that, in addition to phase 2, he noticed earthworks (movimientos de tierras) being carried out exactly in front of his property, which could pollute the view on all sides. He adds that his property has the effect of “covering” the visual damage of phase 2, but a new expansion as planned and approved by SETENA could not be mitigated. He indicates that the respondent company cannot claim that technical environmental criteria were taken into consideration, when SETENA did not request an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) from them. He adds that the request by the Municipality of Paraíso that an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) be carried out was based on community or local interests, among which are natural resources and the environment. He points out that the municipal permits for the first two phases of the project developed by PELARICA do not exist or were granted without scientific-technical environmental criteria. He adds that without his intervention, the PELARICA company would not have even submitted the application to SETENA, because the Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar) was not submitted until February twenty-fourth, two thousand one, three months after said intervention. He indicates that, as an example of the lack of cooperation from the Municipal Mayor, after a year of having submitted all the information relating to the existing buildings, he is still waiting to be provided with copies or to be called to view these documents. He states that according to the plats submitted to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the existence of streams (quebradas) and a spring (naciente) that then disappear can be noted, when PELARICA submits a new plat. He adds that in this way, in the new stage or phase 3 of construction, some permits are based on false information and plats that do not represent the truth. The petitioner argues that he is not complaining about the choice of poor quality roofing, but rather about the color that is completely outside the harmony of the Orosi valley itself, thus producing obvious and serious visual pollution. He alleges that in this case we are facing an imposition of the law of the strongest and a use of institutions and officials, solely to achieve their end without regard for the consequences on the environment, which is contrary to the principles of sustainable development. On the other hand, he points out that regarding the report submitted by the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo, ICT), the Organic Law of the ICT number 1917 of July thirtieth, nineteen fifty-five, in its article 5, subsection e) established as one of the functions of this Institute: “Protect and publicize constructions or sites of historical interest, as well as places of natural beauty,... the Institute may acquire or administer the constructions or land extensions necessary to fulfill the foregoing.” He adds that the Costa Rican Tourism Institute (ICT) has two lookout points in the Orosi valley, from one of which the visual pollution caused by the facilities of PELARICA, S.A.’s agro-industrial factory can be noticed, which confirms that said Institute did not fulfill its mandate to protect tourist interest. Regarding the Administrative Environmental Tribunal, he indicates that its decisions were based on manipulated plats, as well as on affirmations by PELARICA’s representative that do not correspond to reality, as there are two inspection reports from different institutions that confirm the existence of the spring (naciente). He adds that both SETENA and the Administrative Environmental Tribunal use erroneous data, such as that the Organic Law of the Environment was not in force when phase 2 was built, or they ignore others, such as the document from the Soils and Land Evaluation Department of the Ministry of Agriculture and Livestock in which it was stated: “it is important to note that the degree of precision of the 1:200,000 study can be considered preliminary, requiring for environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) studies of greater detail (minimum scale 1:50,000), in which the land use capability can be determined with precision.” He points out with respect to SETENA’s report, that notwithstanding point 11 of resolution number 0136 of this body stating that there is no information in the file referring to the possible start date of the constructive stage of the project (phase 3), the Environmental Management Plan Greenhouse Expansion Project (Plan de Gestión Ambiental Proyecto Ampliación de Invernadero) (resolution 252–2000–SETENA) of May two thousand, contains in table 3 a construction schedule, in which PELARICA indicates that the planting of the living barrier is scheduled for weeks 45-49 of the year two thousand. On the other hand, and regarding what was reported by the Ministry of Health, he indicates that in April two thousand, due to the presence of several cases of poisoning of PELARICA workers due to apparent misuse of pesticides and use without the necessary protection, the petitioner visited Dr. Ledezma, Head of EBAIS number eight of Orosi, who told him that all of them presented the same symptoms. He states that he reported this situation to Eng. Froilán Gutiérrez Jiménez of the Central East Region of the Ministry of Health, as well as to the Municipality of Paraíso, neither of which gave him a response. He points out that in the case of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU), its argument is based on the manipulated cadastral plat, in which the spring (naciente) does not appear, so the respective permits should not have been granted. He indicates that the Water and Sewer Institute (Acueductos y Alcantarillados) report is also based on the manipulated cadastral plat, so it does not reflect the real situation of the project. He concludes that according to the evidence provided, it is irrefutable that PELARICA acted in bad faith, using documents that do not represent the real truth, which in turn undermines environmental protection.

9.- In a writing submitted to the Secretariat of the Chamber at fourteen hours five minutes on June seventeenth, two thousand one (folios 433 to 458), the petitioner appears in the proceeding to provide statements regarding the reports submitted by the respondent authorities; in the case of SETENA, he indicates that it is not superior to the municipal corporation, because if the Municipality of Paraíso, to guarantee that local interests are effectively safeguarded, requests an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA), it cannot be governed by the capricious criteria of the officials on duty at non-municipal institutions. He adds that SETENA never conducted an in-depth investigation into the existence or not of springs (nacientes) or streams (quebradas), despite the doubt generated by the documents he provided, which evidenced a significant omission regarding compliance with SETENA’s environmental obligations. He also adds that the project needs an EIA (Environmental Impact Assessment) (EsIA (Estudio de Impacto Ambiental)) due to its size and the type of activity, which requires the use of agrochemical products and a staff of over two hundred people; likewise, because in the Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar), several things are stated that are not true, despite being a declaration made under oath, among them that it is false that the earthworks (movimientos de tierras) require less than 500 m3, that the area is not high-risk (since it is an alluvial plain, formed by floods), that it does not affect surface water bodies, that the project area is not located in an area of tourist interest, that the project will not produce impacts on the landscape. In this sense, he indicates that the form is signed by a German consultant with a passport from that country, who is not a consultant registered with SETENA and who, in turn, is the representative of the interested party in the project. He points out that on page 1 of the Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar) it is clearly stipulated that in view of the fact that the environmental conditions of each project vary over time, the form’s validity will be one year from notification, so the information evaluated is no longer valid. He indicates that in the Site Inspection Form for Preliminary Assessment (Formulario de Inspección de Sitio para Evaluación Preliminar, FISEAP), in box 8 where it asks whether activities or environmental resources are located within the Area of Direct Influence, it was answered Housing–Urbanism, which did not take into account that the area was a rural farming zone. He adds that in said form, but in box 13, it was established that water would be supplied by a well; however, no consultations were made with the Water Department to confirm compliance with a series of environmental requirements. The petitioner points out that although box 15 of the Site Inspection Form for Preliminary Environmental Assessment (Formulario de Inspección de Sitio para Evaluación Ambiental Preliminar) states that the treatment of black water will be by means of a septic tank, no study of contamination of the alluvial aquifer is requested in this regard. He indicates that SETENA technicians did not consider the discharges from the septic tanks and the high concentration of agrochemical products as a high-risk contaminating source, despite the type of discharges, volume, and continuity. He adds that although box 21 of said form stated that the project area is not located in an aquifer recharge zone where the water table is less than 15 meters deep, this is not true because a fluvial aquifer is an aquifer recharge zone, where a hydrological network is integrated composed of surface waters, rains, and runoff from the highlands. He alleges that, even though the respondent company indicated that the solid waste produced poses a low degree of hazardousness, the correct fact is that the waste from substrates used in hydroponic techniques and rooting beds are highly contaminated. He points out that regarding liquid waste, most of the agrochemical products used in the lists found in the file are carcinogenic and teratogenic, as well as two products considered strong candidates for the list. He adds that the Project Area is located within a zone that, despite being classified as agricultural lands of restricted use, does not state what the restrictions are, nor is any warning given about appropriate uses. He states that no evaluation was requested, nor was any consultation made with the National Museum, even taking into account that the Orosi valley was an indigenous settlement of great importance. He adds that despite the negative visual impact on the landscape, the attempt is made to place high technology as a priority element, minimizing the importance of the former in a tourist area of great importance. He indicates in this regard that such an alternative is not possible, as it is not scientifically or environmentally acceptable to ignore the cost to the landscape through the benefit of high technology or for the benefit of a transnational company. He argues that, although an appropriate environment for the plants has been obtained, nothing has been said about whether the same environment is appropriate for the workers, as nothing is indicated about the working conditions in which they perform their duties. He points out that, although it is said that pests are excluded and agrochemical products are minimized, this is not true, since the greenhouse effect is conducive to the increase of pests and diseases, especially fungi. He adds that fungus control is carried out exclusively through the excessive use of fungicides, especially chlorothalonil, mancozeb, and dichlofluanid, all carcinogenic and teratogenic, because among these three products, a discharge of approximately 189.52 Kg./Ha./year must be applied, which in the 14.5 Ha. means a total of 2,748 Kg., which in turn must be dissolved in 549,608 liters of water. He states that within the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), attention is diverted from the true dimensions and scope of the biocide discharges. He points out that what is alleged by the company regarding the reincorporation of organic waste into the environment is not feasible, since hydroponics does not allow such an activity as it would eliminate the medium’s purity. He indicates that as a cutting merchant, PELARICA cannot intend to send its products in contaminated pots or wrappings. He adds that in reality the cuttings are sent to the United States and Europe without substrate, only the stem with or without the root exposed. He argues that the respondent company does not maintain an Integrated Pest Management (IPM) plan (plan de Manejo Integrado de Plagas, MIP), because what it shows is the proposal of a generalized strategy for the management of agrochemical products, very different from an integrated pest management system, which implies management through the objective and comprehensive analysis of real estimates of cost–benefit relationships, production aspects, and short- and long-term environmental, economic, and social costs.

Furthermore, it points out that in the management of wastewater and stormwater, the number of workers was never considered, since phase 3 alone requires approximately two hundred workers, who would generate around ten thousand liters of liquid waste daily, not including the amount that would be used in the bathrooms so that each applicator of agrochemical products can shower after each application. It states that the indicated volume will be discharged directly onto alluvial soil where an aquifer exists, whose conditions are susceptible to fecal contamination, due to the high permeability and rapid transmissibility or movement within the body of groundwater. It argues, on the other hand, that the solution given to the problem of visual impact is completely detached from reality, since the visual shock depends on the observer and the point from which it is observed, so in this case the observer comes to appreciate a natural landscape scene from a high sector, which renders the proposal useless, since it is designed for passersby and neighbors who approach the installations. It points out that resolution number 252–2000–Secretaría Técnica Nacional Ambiental regarding the greenhouse expansion project of March twenty-first, two thousand, disregarded the requirement of Article 85 of the Ley Orgánica del Ambiente, which stipulates that the Secretario General must be a representative of the Ministerio de Ambiente y Energía, because said resolution was signed by the representative of the Instituto Costarricense de Electricidad, which, it alleges, renders it null and void. It states that regarding the report from the Instituto Costarricense de Turismo, the latter declines to assume the responsibility granted to it by the Ley del Instituto Costarricense de Turismo and the Ley de la Zona Marítimo Terrestre to establish a regulatory plan (plan regulador) for all tourist sites. It adds that in the present case, the State has failed to fulfill its obligations, since despite having invested millions of colones in the construction of two viewpoints in the Orosi valley, it has indicated that it is not its competence to protect scenic beauties. It points out that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental accepted that a private company prepared some maps that did not comply with adequate biological, geological, hydrographic, and geographic information, for which the Ministerio de Agricultura y Ganadería established, in a Hearing granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, that in order to pronounce in depth, other types of plans at a more detailed scale had to be submitted, which the Secretaría Técnica Nacional Ambiental did not do, so it has continued using unofficial plans from the Instituto Geográfico Nacional. It states that the Departamento de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, in an official communication of May fourth, two thousand one, addressed to the Fiscal Adjunto Agrario Ambiental, reports the existence of a spring (manantial) with a permanent flow, which, being protected within a radius of one hundred meters, prevents the Secretaría Técnica Nacional Ambiental from authorizing constructions in said space. The appellant argues that the protection of the visual aspect has been recognized both by the World Bank, in its report on "Inversión y Medio Ambiente", and by specialized doctrine on the subject and the Ley Orgánica del Ambiente in its Article 72. It adds in this regard that in the preamble of the "Convención para la protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Naturales de los Países de América" fundamental principles were determined to be "Proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, lo estético" and "Proteger las bellezas escénicas naturales..." It adds that Article 5 of said Convention established that "Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos la adopción de leyes que aseguren la protección y conservación de los paisajes, las formaciones geológicas extraordinarias, y las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico." It requests that the appeal be granted, that the corresponding authorities be ordered to prepare a regulatory plan (plan regulador) for the Orosi valley, that PELARICA be ordered to submit an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), and that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental be ordered to grant a hearing to the entire community, so that it may pronounce on the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental).

10.- By means of a brief filed before the Secretariat of the Chamber at eleven hours forty-seven minutes on July fourth, two thousand one (see folios 622 to 633), the representative of the respondent company PELARICA, S.A., appears in the proceedings to state that its represented party has fully complied with all ecological-environmental requirements. It adds that although the appellant calls the location area of the nurseries a tourist interest area, a fully agricultural activity is developed on its property, in which the provisions for environmental protection have in no way been contravened. It indicates that the bibliographic references used by the appellant correspond to a different legal reality and are therefore inapplicable to the Costa Rican legal system. It states that all the institutions responsible for overseeing the environment have repeatedly informed the appellant that PELARICA has in no way failed to comply with environmental protection, nor has the environment been harmed, by virtue of the high-technology management that the company possesses. It adds that the only foothold the appellant has found lies in what was erroneously decided by the Concejo Municipal de Paraíso, after having heard only what the former had to say, without any conclusive evidence in hand. In this regard, it adds that although the members of the Concejo Municipal initially opposed making a determination, given the insistence of the appellant herein, they decided to assume an attribution that by law did not correspond to them, such as requesting an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) with complete technical and legal ignorance of whether or not they could do so. It points out that both the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Tribunal Ambiental Administrativo were clear in determining that the Municipalidad did not have the capacity to request an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), which PELARICA did not require, since from the prior technical studies the obligation of a management plan (plan de gestión) was determined. It states that the agreement invoked by the appellant was revoked by operation of law by the same Council that agreed to it, when they realized it was null and lacked legal basis. It points out that the appellant, seeing his only foothold vanish, gets upset and directly accuses the Alcalde Municipal of corruption. It argues that all the expansions and documents that the amparo petitioner has extemporaneously submitted have only served to verify that there is no environmental damage. It adds that, despite the insistent briefs submitted by the appellant, he does not provide new evidence, but rather summarizes everything to his subjective observations devoid of legal basis. It indicates that the manipulation of information by the amparo petitioner has even reached the assertion of human intoxication, but for which he lacks evidence. It alleges that in his conclusions, the appellant repeats and reiterates that the Municipalidad was right to request an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) and that all other institutions are wrong, which excessively exceeds any logical or legal reality.

11.- The appellant appears in the proceedings (see folios 634 to 638) to state that the company PELARICA, S.A., has not provided additional evidence to demonstrate that it is not affecting the Orosi valley, limiting itself to formulating attacks of a personal nature. It points out that its activity is an agro-industrial activity without any typically "agricultural" value for Costa Rica. It adds that this is not an activity like that of the majority of farmers in the area, who provide food for local consumption. It indicates that PELARICA obtained the permits for phase 3 only after its intervention; while, regarding the previously built hectares, it has not provided the respective permits, nor an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), as provided for in the Law since nineteen ninety-five. It points out that, regarding the decision made by the Municipalidad to request an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) endorsed by a State University, it did not pronounce in favor or against the project, but rather prudently, to have an assessment (Estudio) of this type on hand before deciding on the project, which falls within the competence of Local Governments. It indicates that at this time, PELARICA is being investigated by the Fiscal Ambiental under case number 01–2793–647–PE for the crime of Invasion of Public Zone to the detriment of natural resources, a case that would not be opened without grounds. It points out that in the present case, the only thing that has been ventilated are the violations of the fundamental rights to life, health, and property, which, in accordance with the constitutional principles of "In dubio pro Natura" and "Precautorio", should lead to a declaration granting the appeal and requiring the administration to order a comprehensive environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) prior to granting permits for any expansion of the structures that alter the natural and scenic beauties of the Orosi valley.

12.- At folios 639 and 640, the appellant appears in the proceedings to provide additional information, among which a press article from July twenty-sixth, two thousand one, describing the area as tourist, and a copy of the draft Law on Environmental Services (Servicios Ambientales), which is being studied in the Asamblea Legislativa under file number 13.472, which contemplates payment for an environmental service (servicio ambiental) for the protection of natural scenic beauty, are observed.

13.- At folio 680, official communication number 02428-2002-DHR from the Defensoría de los Habitantes was provided, by means of which the complaint filed by the appellant before that instance was suspended due to the existence of the present amparo appeal.

14.- In a document visible at folio 683, the appellant appears to indicate that this amparo appeal was filed more than one year ago. It indicates that on May seventh, two thousand one, it filed a brief requesting that the involved state bodies, and more specifically the Municipalidad de Paraíso de Cartago, be ordered not to grant the construction expansion permit requested by Pelarica S.A. until the Sala Constitucional resolves the case in judgment, and that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental be ordered to suspend the effects of resolution 252-2000 issued on March twenty-first, two thousand, until the Sala Constitucional has resolved the case in judgment. It adds that since April sixteenth, two thousand two, Pelarica S.A. again activated the construction of the project (phase 3) "greenhouse expansion". It points out that they have heavy machinery such as back-hoes, tractors, and trucks on site, and the people hired by the company are working day and night. It considers that the company in question either thinks it is above national laws or is mocking them because it is more than evident that to date, the Chamber has not resolved in judgment the questions presented and inherent to the appeal. It adds that it is also evident that on April fifth, two thousand two, the Municipalidad de Paraíso was notified and requested by the Sección Tercera of the Tribunal Contencioso Administrativo to provide within three days all documentation relating to Article 11 of session number 2893 of April second, two thousand one. It urgently requests the Chamber to impose precautionary measures (medidas cautelares) of conservation and security so that an urgent order is issued by the most expeditious means to paralyze (suspension of works) the company Pelarica S.A. in Palomo de Orosi until there is a judgment of "material res judicata (cosa juzgada material)" for the cases in question (amparo appeal and administrative contentious proceeding) through the corresponding police authority. It also requests that the orders for precautionary measures (medidas cautelares) requested on May seventh, two thousand one, be issued. It considers that these measures are necessary to prevent damages and risks to the environment and to the neighbors of Pelarica, since this company, in its opinion, continues to mock Costa Rican laws. It is grateful for a quick resolution of this diligence for the common good, health, the right to enjoy recreational areas, among others, and so that all tourists can come to see the scenic beauties of the Orosi valley, because if action is not taken soon, they would come to see an industrial and not tourist valley, with the evident deterioration of the image of a privileged destination for ecological tourism.

15.- In a document visible at folio 687, the appellant appears again to indicate that beyond the precautionary measures (medidas cautelares) urgently requested on Thursday, April eighteenth, two thousand two, it reports other new events relating to the case. It indicates that the main defendant, the company Pelarica S.A., was investigated by the Fiscal Ambiental for violations of the Ley Forestal because springs (nacientes) and irrigation ditches dried up, and Pelarica had plans to build its phase 3 in a protection zone according to this law. It points out that the criminal case is being heard in the Juzgado Penal de Cartago under file number 175-1-02A. It states that the mere fact that the Fiscal Ambiental filed a formal complaint means there was sufficient evidence of the violations that have been denounced, which completely disqualifies or invalidates the insistent assertions, which it considers have a defamatory tinge against it, made by the representative of Pelarica S.A. It considers that there are two or more interests to safeguard in this case: first, the affected one is the cultural heritage, which is a common good, as well as the ecological environment, which is affected by the actions of Pelarica, as well as the health of the workers, since there is contamination of the soil and water due to the unrestrained use of pesticides and chemicals, the disruption of irrigation ditches, the drying up of water springs (nacientes de agua) in order to build on top, ignoring Costa Rican laws, visual pollution (contaminación visual) or negative impact given that a gigantic factory is being built in an agricultural zone that was never designated by territorial planning or by a national development plan as an industrial zone; and second, those affected are also the other owners of the area, and due to the particular circumstances of the location of its represented party's farm, it is one of the most affected. It adds that if everything denounced were the product of its imagination, as claimed by the representative of Pelarica, it does not understand why they themselves proposed a remedial plan on December nineteenth, two thousand one, to the Fiscal Ambiental of the Ministerio Público, since if there are no damages, a remedial plan is not proposed. It indicates that in the section on measures to avoid ecological damages, they state that in order to minimize the visual impact of its installations as much as possible, Pelarica S.A. obligates and commits itself to continue with its program of purchasing and planting different species that aim to mitigate as much as possible the visual impact of the roofs of its greenhouses; however, it considers this offer ridiculous, as it is not possible to mitigate the negative visual impact of buildings that have a structure six meters high with sugarcane plants. It adds that it does not agree with this but was not given the opportunity to constitute itself as a complainant or victim within the process. It points out that the Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, requested from the Alcalde Municipal de Paraíso on April fifth, two thousand two, a copy of all acts relating to the municipal agreements of the case; a requirement that was apparently not fulfilled. It indicates that one week after the Alcalde received notification from the Tribunal in which this request was made, Pelarica began to build and carry out earthworks (movimientos de tierra). It states that it provides photos showing that Pelarica S.A. is violating the Ley Forestal by filling and destroying land where irrigation ditches for water pass, in order to achieve a larger or more extensive field for its phase 3. It indicates that this evidence is recent, from the past twentieth of April of the current year, and demonstrates the truth of the facts, not what Pelarica is saying. It considers that if this monster is not stopped, it will end up with ten hectares or more of surface area seen from above, of white plastic roof in a green natural environment that would irreparably affect the natural environment. It points out that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental itself has stated that nowadays, the legislation in force and jurisprudence protect natural beauties as they should. It adds that the only way to mitigate visual pollution (contaminación visual) is to use the same material that Pelarica used in its first phase/stage, in which green and black roofs were used, which blend in much better within the environment of the tourist valley of Orosi. It requests that the works started by Pelarica S.A. be ordered paralyzed before it is too late.

16.- In a resolution of the Instructing Magistrate of ten hours seventeen minutes on April twenty-third, two thousand two, the facts challenged in the appeal were considered expanded, and consequently, a hearing was granted to the Alcalde Municipal and the Presidente del Concejo Municipal de Paraíso de Cartago; to the Presidente de la Junta Directiva of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental; and to the Gerente General of PELARICA Sociedad Anónima. The foregoing so that they would render a report within a period of three days counted from the notification of the resolution on the denounced facts (folio 703).

17.- In a document visible at folio 704, Andrea Fernández Bonilla appears, in her capacity as Apoderada Especial Judicial of Pelarica, S.A., to answer the hearing granted. It indicates that the precautionary measures (medidas cautelares) requested by the appellant have not been issued by the competent authorities because they have not been timely or necessary. It points out that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental is the only public entity qualified to request, study, approve, or reject environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental), and in the specific case, although the Municipalidad requested it at the time, they subsequently revoked that administrative decision because they realized they did not have the competence to do so; a situation that, in its opinion, caused the appellant's annoyance because he probably thought that was the correct way to request an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), but unfortunately it is not. It adds that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, prior to the actions carried out by the appellant, had already resolved that the appropriate thing in the case of Pelarica was the preparation of an environmental management plan (Plan de Gestión Ambiental) in accordance with the specific technical studies carried out by its represented party. It indicates that there are no new facts and that its represented party has simply proceeded to carry out work within its property with all the permits existing in the laws and granted by the corresponding institutions. It states that its represented party has not committed any crime, much less any affectation against the environment, and in that sense, it points out that the Fiscalía Penal indeed received a complaint filed by the appellant himself, for which an investigation was carried out in which the appellant cannot be a party, since in Costa Rica it is the Ministerio Público that exercises criminal action. It points out that there is a remedial plan that was studied, analyzed, and approved by specialists in the field, including the Jueza Penal de Cartago, the Fiscal Ambiental, the Procurador de la República, a representative of the Ministerio de Ambiente y Energía, and, of course, by representatives of Pelarica. It states that Pelarica is a plant that was built with the highest quality standards. It concludes by requesting that the appeal be denied and that it be archived.

18.- Humberto Cerdas Brenes, in his capacity as Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports (folio 713) that regarding the fact that since April sixteenth, two thousand two, Pelarica S.A. again activated the construction of the "greenhouse expansion" project, it reports that through resolution 252-2000-SETENA of eight hours thirty minutes on March twenty-first, two thousand, upon the preliminary environmental evaluation (evaluación ambiental preliminar) of the "greenhouse expansion" project submitted by Pelarica S.A., the Comisión Plenaria agreed to request the submission of an environmental management plan (Plan de Gestión Ambiental) given the environmental characteristics of the project and because it was an expansion, which had to contemplate visual impact, the management of solid and liquid waste (desechos sólidos y líquidos), that of agrochemical products, that of material removed during earthworks (movimiento de tierras), and that of wastewater and stormwater (aguas residuales y pluviales). It indicates that said environmental management plan (Plan de Gestión Ambiental) was submitted and evaluated by that Secretariat along with the rest of the documentation provided, for which environmental viability was granted since two thousand. It points out that among the commitments acquired by the developer is the submission of monitoring reports (informes regenciales) every four months on the development of the activity, and to date, three monitoring reports (informes regenciales) are on file in that Secretariat, the last of which was brought to its attention on April twelfth, two thousand two, reporting that the expansion works will begin on April fifteenth, two thousand two. It points out that as far as the Secretaría Técnica Nacional Ambiental is concerned, the developer has to date complied with the legal requirements in environmental matters, so having started works only on April fifteenth, two thousand two, they will be carrying out the corresponding visit to verify compliance with the environmental commitments acquired in the environmental management plan (Plan de Gestión Ambiental), which are backed by means of the Declaración Jurada de Compromisos Ambientales and the deposit of the environmental guarantee, and in case of non-compliance, they would be proceeding administratively as appropriate, and if necessary, certified copies of documents would be sent to the respective judicial route. It points out that this Secretaría Técnica finds no technical or legal basis that would motivate a nullity of what has been done to render the granted environmental viability without effect at this time. It indicates that in view of the fact that the Sala Constitucional has not ordered the paralysis of works, it does not consider that it should proceed to do so against the acquired rights of the developer.

19.- In a document visible at folio 727, Andrea Fernández Bonilla appears, in her capacity as Apoderada Especial Judicial of Pilarica, S.A., and states that on May ninth, two thousand two, they were notified of the resolution of ten hours forty minutes on May seventh, two thousand two, issued by the Juzgado Penal de Cartago, which clearly resolves that the appellant in this amparo can never be considered a party within the criminal process; that the incident filed by the appellant and his represented party was denied for lacking any legal basis; that once the competent authorities attended the installations and lands of Pelarica in order to carry out an ocular inspection and thus be able to verify whether or not a crime had been committed, and due to the appellant's insistence, all the professionals in charge of the case were able to verify that no new crime has been committed and that no crime of visual impact has been committed either, since this is not even protected by Cost Rican criminal law. It adds that the ocular inspection was carried out on April twenty-ninth, two thousand two, with the assistance of the Jueza Penal de Cartago, the señor Fiscal Ambiental, and a Technician from the Ministerio de Ambiente y Energía. It requests that this amparo appeal be resolved as soon as possible in order to prevent the appellant from continuing to harm its represented party.

20.- In the document at folio 736, the appellant appears to request the Instructing Magistrate to make a visit to the Orosi valley so that she can verify whether or not the potential for visual pollution (contaminación visual) of the valley due to Pelarica and the new phase 3 that is beginning to be built exists. It considers that the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) that the Municipalidad de Paraíso requested must be done, and it is not possible to accept the criterion of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental that the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) is not required when, in its opinion, the environment is put at risk. In its opinion, it is not possible to allow industries to come to Costa Rica to visually pollute and destroy the natural scenic beauty of a valley like Orosi. It indicates that the obligation of the developer of the environmental management plan (Plan de Gestión Ambiental) was to submit it every four months, but the truth is that it has failed to comply with that obligation. It considers that the constitutional principle of in dubio pro natura must be applied, and that the appeal must be granted.

21.- In the document at folio 767, the appellant appears to refute the statements made by the representative of Pelarica, who, in its opinion, has distorted what is contained in the resolution of the Juzgado Penal de Cartago. It indicates that saying that visual impact is not protected by criminal legislation does not mean that there is no such pollution (contaminación) or that it does not exist. It reiterates that if Pelarica has proposed a remedial plan, it is because there is environmental damage. It requests that the appeal be granted.

22.- According to the record at folio 787, neither the Alcalde de Paraíso de Cartago nor the Presidente del Concejo Municipal of that place rendered the report that was requested from them in the resolution of the Instructing Magistrate of ten hours seventeen minutes on April twenty-third, two thousand two.

23.- In the document at folio 792, the appellant appears to indicate that in the newspaper "The Tico Times" of June fifteenth, two thousand two, a report was published on the topic of Visual Pollution (Contaminación Visual) of the Orosi valley, which it submits. It considers that it is faced with its right to environmental protection, a diffuse interest par excellence. It indicates that it also adds a document from APREFLOFAS and states that this environmental conservation organization gives it backing in the fight so that those scenic beauties are not destroyed. It considers that with both documents, there is no doubt that it is not the only one who opposes Pelarica S.A. expanding and managing to ruin the scenic beauties of the Orosi valley.

24.- Through the brief at folio 803, the appellant contributes some elements that it believes should be taken into account in relation to visual pollution (contaminación visual). It indicates that there are many people who perceive the existing installations and especially the expansion of Pelarica S.A. as a negative affectation to the scenic beauty of the Orosi and Ujarrás valleys, among them an internal note issued by the Instituto Costarricense de Electricidad in which the Regente Ambiental of the Instituto Costarricense de Electricidad, duly registered with the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, issued his opinion on a possible installation of a breaker at a site very close to the installations of Pelarica, and in the opinion of that Engineer, a breaker should not be approved because of the scenic beauties of the Orosi and Ujarrás valleys that have been affected by Pelarica. It considers that there are conflicts of interest between representatives of the Municipalidad and possible influence peddling for the benefit of Pelarica S.A. It begs that this matter be resolved promptly.

25.- Through the brief visible at folio 841 of the file, the appellant indicates that in accordance with Article 41 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the filing of the amparo appeal automatically suspends the application of the laws and acts challenged, even if the resolution granting it does not expressly state so, and therefore indicates that given the omission of the respondents to suspend the effects of the challenged acts, it proceeds to report their non-compliance.

26.- The appellant, in the brief at folio 843, indicates that it proceeds to attach several documents of interest for the resolution of this appeal. It considers that the matter is not about a merely private interest but rather that it is faced with a situation of common interest that affects the entire valley, its residents and visitors, since it affects and negatively impacts the surroundings or the environment in which Pelarica decided to establish itself, ignoring environmental and constitutional regulations. It requests that the precautionary principles of environmental law and that of "in dubio pro natura" be applied, and that the requested precautionary measures (medidas cautelares) be granted, at least regarding the color of Pelarica's buildings.

27.- In the brief at folio 852, the appellant appears to indicate that it provides documents of interest for the resolution of the amparo.

28.- In the brief at folio 867, Andrea Fernández Bonilla appears, in her capacity as representative of Pelarica S.A.

to indicate that in judgment No. 938-2002 of fifteen hours twenty minutes of November twenty-eighth, two thousand two, issued by the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal, the Motion to Suspend the effects of Agreement No. 11 of the Municipality of Paraíso filed by Roland J. Huber Brogli was declared without merit. It adds further that in a resolution of nine hours forty-one minutes of April twenty-second, two thousand three, the Criminal Court of Cartago ordered the definitive dismissal in the criminal investigation pursued against Pelarica for environmental damage based on a complaint filed by Mr. Roland J. Huber. It indicates that it is providing such documents.

29.- In a resolution of the Investigating Magistrate of sixteen hours twenty minutes of June twentieth, two thousand three, the Head of the Water Department of the Ministry of Environment and Energy was requested to provide a certified copy of official communication IMN-DA-T63-01 of May fourth, two thousand one, as well as to certify the current legal status of the use of the spring (naciente) referred to in that communication, within the proceeding that was carried out or is being carried out in administrative case file (expediente administrativo) number 9567 of that department (folio 888).

30.- In a writing appearing at folio 889, the appellant appears to reiterate his claim in this amparo appeal. He indicates that to verify whether or not there truly is a violation of the right to the environment, there are only two ways: a) either one lived in the Orosi valley before the arrival of Pelarica and now returns after the construction of the company and observes the impact to determine whether it is positive or negative; or b) if one has not had that possibility, one must look at before-and-after photographs to be able to see the impact or change that has occurred in the zone. He indicates that the second option exists in the case file and for that purpose he includes additional photos. He requests that an on-site visual inspection (inspección ocular) be conducted at the site to verify his statements.

31.- In response to the hearing granted, José Miguel Zeledón Calderón appears, in his capacity as Head of the Water Department of the Ministry of Environment and Energy (folio 893) and indicates that he attaches the certified copies of the requested communication and of case file 9567, which refers to a water use concession (concesión de aprovechamiento de aguas) application in the name of the company Pelarica S.A. He indicates that the source named Unnamed Spring or Source (Manantial o Nacimiento sin nombre), indicated in communication IMN-DA-763-01, is the subject of a concession application by Pelarica S.A. and is being processed in case file number 9567. He indicates that a consultation is currently being prepared for the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) so that it may rule on the environmental viability of the concession in order to proceed with preparing the final administrative act (acto administrativo) and its respective signature by the ministerial head. He states that by means of communication IMN-DA-2507-01, communication IMN-DA-763-01 was expanded upon, indicating that on the day of the inspection a new element was determined: the existence of a significant water outcrop in the northeastern sector of the property. He indicates that this outcrop (afloramiento) is not the same spring requested in administrative case file 9567.

32.- In the writing at folio 896, the appellant appears to indicate that despite Pelarica affirming that it had a water recycling system, which would never reach the ground, the truth of the matter is that there is an application for a water use concession (aprovechamiento de aguas) from the Grande de Orosi River in the amount of ten thousand liters per second, which ultimately equates to a concession of three hundred eleven million liters of water per year. He considers, therefore, that requesting the permit to extract water is proof that there is an inconsistency with what Pelarica asserts. He indicates that this is one of the reasons why he considers that the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) should have been conducted and not merely the submission of the Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, FEAP). He states that regarding the Motion to Suspend the Administrative Act that was litigated in the Contentious-Administrative Tribunal, this was due to the fact that the evidence was not recorded, but the main proceeding in that matter has not yet been resolved. As for the Mandatory Dismissal, he indicates that this was due to a conciliation that took place where a remedial plan was offered, but he considers that if this agreement was reached, it was because there was indeed damage.

33.- This Chamber has viewed a video recording made by Investigating Magistrate Alejandro Batalla on separate visits made to the Orosi valley of Cartago, to observe the state of the facilities of the company Pelarica S.A. and the natural surroundings, taken from different angles; visits made on May twenty-seventh and June twenty-first of the current year. Said recording is added to the case file for whatever purposes may apply.

34.- In the proceedings conducted, the legal requirements have been observed.



Drafted by Magistrate Batalla Bonilla; and,



Considering:

I.- Purpose of the Appeal. The appellant accuses the agro-industrial company Pelarica S.A. of generating significant environmental pollution, as it is dedicated to the production of geraniums, impatiens, begonias, and petunias in the Orosi valley, for which it has built enormous iron greenhouses (invernaderos) with concrete bases and an intensely reflective white plastic roof material, which has been built without prior environmental impact studies, causing a negative influence on the recreational and aesthetic value of the zone and also causing pollution in the Reventazón River. In addition to the foregoing, he states that the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, the National Environmental Technical Secretariat, the Administrative Environmental Tribunal, the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo, ICT), and the Municipality of Paraíso have acted negligently in this case, as they have allowed Pelarica to continue operating despite the serious environmental damage that company is causing. Furthermore, he alleges that recently, the company Pelarica S.A. built and began operations in a new expanded phase of greenhouses that also lacks the respective environmental studies and that compounds the violations and harm to the environment that he has denounced.

II.- On the merits of the matter. The appellant raises multiple complaints regarding various technical-environmental aspects of the operation of the company Pelarica, S.A. installed in the Orosi valley, many of which are impossible to resolve in an amparo appeal. The amparo appeal is not the appropriate procedural avenue to resolve disputes of a technical-scientific nature arising from the submission of a permit for the construction and operation of a greenhouse. Given the summary nature of the amparo appeal, it lacks an adequate procedural phase for discovery that would allow the parties to conduct all necessary inquiries before the Tribunal, including those of a technical nature for the correct resolution of the various technical aspects of the conflict. This would necessarily require expert assessments, sampling, and analysis of the different emission sources that have an impact on the environment, which is impossible to resolve through this summary process. Nor can this Chamber, through this process, constitute itself as an appellate body reviewing what administrative authorities resolve on technical-environmental aspects; therefore, this Chamber, via the amparo process, can only protect violations that are evident or that result from the summary investigation. Within this framework, this Chamber is called upon to resolve two aspects that involve the protection of fundamental rights; thus, the Chamber must determine: a) whether the failure to require an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) from Pelarica, S.A. after this company submitted the Preliminary Environmental Assessment Form (FEAP) for the ten-hectare expansion of the greenhouse constitutes a violation of the fundamental right to a healthy environment; and b) whether the Pelarica, S.A. project has negatively affected the scenic beauty of the Orosi valley.

III.- On the failure to require an Environmental Impact Assessment (EsIA). The company Pelarica, S.A. submitted in February two thousand one the “Preliminary Environmental Assessment Form” (FEAP) to SETENA. The FEAP was submitted as an expansion of an existing project, and the Plenary Commission of SETENA agreed, as reported by Humberto Cerdas Brenes, Secretary General of SETENA, to request that the company submit an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), “given the environmental characteristics of the project and because it is an expansion.” Our legal system allows SETENA to require one or several environmental impact assessment instruments, among which are Environmental Management Plans and Environmental Impact Assessments. The former establishes the set of technical operations and management activities aimed at ensuring that the project operates within the required legal, technical, and environmental standards and minimizes environmental impacts, while the latter seeks to identify and predict the effects on the environment that a specific activity, work, or project will have, quantifying and weighing them to lead to a finding that approves or rejects the project, as well as recommendations to correct any deficiencies incurred. As is evident from the foregoing, the Environmental Impact Assessment is a much more complex technical tool that seeks to identify the impacts on the environment, their sources, the affected object, and the preventive and corrective measures that must be implemented, an aspect that escapes the Environmental Management Plan, which is a more operational tool subsequent to the identification process and seeks to execute the recommendations given. SETENA exempted the company from the Environmental Impact Assessment due to “the environmental characteristics of the project and because it is an expansion,” without resolution 252-2000-SETENA of the Plenary Commission containing any type of reasoning that underpins that resolution. Regarding the first justification given, that it is an “expansion,” this Chamber is of the opinion that the concept of expansion is used in an absolutely incorrect manner both by the company when submitting the FEAP and by SETENA when rendering its decision. In order to achieve an adequate and ecologically balanced environment, the environmental analysis of projects submitted to SETENA for study must be conducted by assessing the activity as a whole and not in a fragmented manner, especially if previous stages were not subjected to the environmental impact assessment process, and taking into account the magnitude of the “expansion.” The project is, in itself, a productive unit composed of various processes, some principal (water supply, systems to determine nutrient levels, etc.) as well as complementary processes without which the principal activity cannot be carried out. Under this concept of “expansion,” SETENA exempts a completely new project from submitting the EsIA, because it does not assess it in its full complexity and functional unity. It is understandable to exempt an expansion of an existing project from the EsIA, provided that the project has already been assessed by an EsIA, or when it is truly an expansion of an existing one, that is, the additional construction of a percentage of the existing project that, upon prior technical assessment, does not significantly affect the impacts previously identified in earlier studies. But what logic is there in exempting from the EsIA an expansion that is actually a new project? New because the existing part does not have an EsIA, and new because the expansion is actually twice as large as the existing part. The project went from having four and a half hectares to having fourteen and a half hectares, so it is not the kind of expansion that one would exempt from the EsIA. While it is true that at the time the first phase of the project was built, the EsIA was not required, when the second phase was built, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) had already entered into force, yet an environmental impact study was not conducted, nor was it even subjected to an environmental impact assessment process. Thus, dealing with a resulting project of nearly fifteen hectares of white roofs over the Orosi valley, with a major impact on the landscape and given the quantity of agrochemical products that would be used, it was not at all justified to treat it as an expansion; rather, it evidently should have been treated as a new project that should have been assessed as an operational unit, since it had never before been evaluated by SETENA. SETENA states it was aware of the high technology with which the four-and-a-half-hectare project operates, but that did not justify exempting it from the EsIA, above all and especially because of the impact it would have on the landscape of the Orosi valley. The company does not escape responsibility for this aspect, since knowing the visual impact that the white roofs would have on the landscape of the valley, it did not take the necessary measures to design a project that would properly mitigate that negative impact. Furthermore, it is surprising that SETENA did not require the company to correct the FEAP it submitted. There is evidently incorrect information in that document that anyone, without any technical expertise, can perceive as erroneous; for example, the company indicates that the geographical space the project will use and its indirect area of influence is not a zone of tourist attraction or use, when everyone knows that the Orosi valley is and has been for many years a place of tourist attraction. Or when the company representative, under oath, declares that the ten hectares of white roof, added to the existing four and a half, will not produce a negative impact on the landscape; frankly, this constitutes an abuse that cannot be overlooked. The second argument used by SETENA to exempt the submitted project from the EsIA is due to the environmental characteristics of the project. This type of reasoning does not explain in detail the reasons why the EsIA is being waived. It is evident from the FEAP that the company employs two hundred people and will probably increase with the additional ten hectares, that a large quantity of agrochemical products will be used, and therefore, given the magnitude of the project and the impact it could have on water, the EsIA was indispensable. Only this type of study could determine the degree of impact on the environment, especially the use and disposal of wastewater, including black water. Finally, given the visual impact that the project would have on the landscape, nearly fifteen hectares of white roofs over the Orosi valley, it deserved, as stated, an EsIA to evaluate the impact on the landscape and the means to mitigate it. In the view of this Chamber, SETENA acted in the present matter in a superficial manner with grave danger to the environment by failing to require an EsIA for a project of the magnitude proposed. Given the circumstances set forth, it must be concluded that SETENA’s action in failing to require an Environmental Impact Assessment openly violated the fundamental right to a healthy environment. The most important impact of the project on the environment, after the impact on the landscape, is the use and disposal of water, both process water and black water. Therefore, it is essential to order the company Pelarica, S.A. to submit to the National Environmental Technical Secretariat an Environmental Impact Assessment on the use and disposal of water, a study that must be completed no later than three months after notification of this resolution. It is obvious that if SETENA also determines that an EsIA covering the evaluation of other aspects is required, it must order that it be done as well.

IV.- On the impact on the scenic beauty of the Orosi valley. The scenic beauty of a natural site is protected by constitutional law as part of the fundamental right to a healthy environment, recognized both in Articles 50 and 89 of the Political Constitution, and developed by ordinary legislation, specifically by the Organic Environmental Law in its Articles 71 and 72, which establish:

“Article 71.- Visual pollution. Visual pollution shall be considered to be those actions, works, or installations that exceed, to the temporary or permanent detriment of the landscape, the maximum limits admissible by established technical standards or those issued in the future.”

 

“Article 72.- Landscape conservation. The competent authority shall promote the participation of public and private sectors in landscape conservation. When it is necessary to impact it to carry out a project, the resulting landscape must be at least of equal quality to the previous one.”

 

The protection of scenic beauties is a dogmatic value of our Constitution, whatever foundation one wishes to give to that protection—whether for the tourist value of the site and consequently the economic potential of this industry; whether for its mere aesthetic value; or for the simple need to have places where people can enjoy a beautiful and natural landscape without the abrupt intrusion of an element that clashes strongly with the environment and distracts us from our rest; or all of these together—this Tribunal must grant protection. This Tribunal does not believe that the protection of scenic beauties impedes economic development; these two values are equally constitutional and can coexist, without either being detrimental to the other. The expanse of the natural setting that constitutes the Orosi valley, both for its lines and forms and for its colors and textures, makes this natural place a scenic beauty worthy of protection. It is a site that has, moreover, been of special attraction to tourists for many years, to the point that the State, through the Costa Rican Tourism Institute, has created a viewpoint to enjoy that scenic beauty. The three phases that the company Pelarica, S.A. has developed extend over some fifteen hectares of greenhouses approximately six meters in height, composed overwhelmingly of white plastic on both their walls and their roof, dominating the central part of the Orosi valley, causing an adverse visual impact on its natural landscape. This is not just any impact; it is a major impact that has radically changed the color and texture of the valley, breaking into the visual character of the landscape and destroying the harmony of the natural elements. This Chamber has verified the magnitude of the impact that the fourteen and a half hectares of plastic roofs, the vast majority white, have on the landscape, and finds that if an Environmental Impact Assessment had been conducted, the precise impact would have been determined, and it would have been determined whether it could truly be mitigated or not. Attempting to mitigate it by planting tall vegetation, as ordered by SETENA, has been and will be completely useless, because from where the landscape is viewed, tall vegetation does nothing to mitigate the visual impact of the white roofs on the Orosi valley. This Chamber has observed with some concern the manner in which the Ministry of Environment and Energy, and especially SETENA, have handled the problem of the visual impact of the Pelarica, S.A. project. SETENA limited itself to determining that the project would have a visual impact without determining its extent and severity, requesting an Environmental Management Plan from the company, then requesting that it modify it and plant tall vegetation, and then, upon an inspection, determining that the directive was complied with by the developer, without noticing the serious negative impact that remains there. SETENA has limited itself to managing a case file, without seriously stopping to solve the problem. This Chamber finds a serious impact on the scenic beauty of the Orosi valley to be demonstrated, and consequently a violation of the fundamental right to a healthy environment. Given this circumstance, the correct course is to order the National Environmental Technical Secretariat to take the necessary and sufficient measures to eliminate the visual pollution caused by the white roofs of the company Pelarica, S.A. in the Orosi valley; a directive that must be complied with immediately after notification of this resolution, and the Municipality of Paraíso must oversee the order given to SETENA.

V.- On the participation of institutions in environmental protection. Various public institutions have participated in this conflict, where the appellant has made representations: the Municipality of Paraíso, the Costa Rican Tourism Institute, the Ministry of Health, SETENA, the Administrative Environmental Tribunal, the Ministry of Environment and Energy. Ultimately, the problem of visual pollution was not resolved in any of these instances. This Chamber has confirmed the lack of coordination among these institutions in a matter as important as environmental protection. In environmental matters, all public officials and all persons have the obligation to ensure its protection, such that an official cannot simply limit themselves to declaring a lack of jurisdiction.

a) Regarding the actions of the Municipality of Paraíso: the first observation this Chamber makes is that this Municipality does not have a plan that regulates land use (ocupación del suelo) and guarantees the protection of the scenic beauty of the Orosi valley. Local governments have been recognized as having broad authority to issue land-use plans, including both land-use planning (ordenamiento territorial) plans and city regulatory plans (planes reguladores); these are vital instruments for achieving the sustainable use of natural resources, including scenic beauties. Therefore, without prejudice to the obligation of the Municipality of Paraíso to issue a general land-use planning plan and a regulatory plan, it must issue, within a term of eighteen months counted from the notification of this judgment, a regulatory plan that guarantees the scenic beauty of the Orosi valley. Secondly, the Municipality of Paraíso could have taken legal action if it disagreed with what SETENA had resolved regarding the impact on a natural beauty or the need for the Pelarica project to submit an environmental impact study. In matters of environmental protection, there is an exceptionally broad legal standing (legitimación procesal) to take legal action through any avenue, both administrative and judicial.

b) Regarding the participation of the Costa Rican Tourism Institute: in the report submitted by the Minister of Tourism, Walter Niehaus Bonilla, he declares a lack of jurisdiction to hear the appellant’s claims. However, subsection e) of Article 5 of the Organic Law of the Costa Rican Tourism Institute establishes that the institution is responsible for: “Protecting and publicizing buildings or sites of historical interest, as well as places of natural beauty or scientific importance, keeping them intact and preserving native flora and fauna in their own environment…” (underlining not in the original). Thus, while it is true that the ICT does not have the authority to authorize the operation of a company, it is true that it does have the authority to protect sites of natural beauty, especially if the ICT administers a viewpoint whose setting is precisely the Orosi valley. Therefore, the ICT did have the authority to denounce, investigate, and petition the competent authorities for the protection of a scenic beauty, including taking legal action. The report rendered by the Minister of Environment and Energy is rather indifferent to what is happening in the Orosi valley, and given the authority of that institution, according to which environmental protection is part of its functions, even if that authority is limited to petitioning the various bodies for the protection of natural beauties, it should have done so. Under these circumstances, the appropriate course is for the ICT to provide the cooperation requested by the Municipality of Paraíso for the issuance of the regulatory plan ordered for the protection of the scenic beauty of the Orosi valley.

VI.- On water management. While it is true that the Ministry of Health states in its report that it has conducted inspections regarding the use and disposal of water at the company Pelarica, S.A. and has found no anomalies, the Ministry of Health must verify and ensure that the company Pelarica, S.A. complies with the standards on wastewater treatment and disposal, and ultimately report if the company is using water for which it does not have a concession. This Chamber finds it established that the company is applying to the Water Department of the Ministry of Environment and Energy for a water concession under case file number 9567, and assumes that said water is not being used, all of which must be verified, and the Ministry of Health must take the pertinent actions.

VII.- On the appellant’s right to be informed. The right to a healthy environment is integrated into a block with the right of access to administrative departments, the right of petition, and the recognition of exceptionally broad legal standing to become a party in the different procedures or processes in this matter, all to achieve effective protection of the environment. In the present case, the appellant has exercised these rights in the administrative venue without obtaining a favorable resolution on the merits from those institutions, and given the interest and effort he has put into the defense of this right, the National Environmental Technical Secretariat, the Municipality of Paraíso, and the ICT must inform the appellant of the progress of the measures those agencies must take to eliminate visual pollution. This information shall be provided monthly throughout the time it takes to execute the order.

Therefore:



The appeal is granted with respect to visual pollution of the scenic beauty of the Orosi valley. Consequently, it is ordered: a) the National Environmental Technical Secretariat, in the person of its Secretary General, Eduardo Madrigal Castro, or whoever holds that position, is ordered to immediately take the necessary and sufficient measures to eliminate the visual pollution caused by the white roofs of the company Pelarica, S.A.; b) the Municipality of Paraíso is ordered to oversee the execution of the previously ordered measure and to issue a Regulatory Plan (Plan Regulador) that guarantees respect for the scenic beauty of the Orosi valley; the latter must be complied with within a period of eighteen months counted from the notification of this resolution; c) the Costa Rican Tourism Institute is ordered to provide the cooperation requested by the Municipality of Paraíso for the issuance of the aforementioned regulation. During the entire time that the measures to eliminate visual pollution are being executed, the National Environmental Technical Secretariat, the Municipality of Paraíso, and the Costa Rican Tourism Institute must report monthly to the appellant on the progress of the measures. Regarding the other aspects raised in the appeal related to environmental damage, Pelarica, S.A. is ordered to submit to the National Environmental Technical Secretariat an Environmental Impact Assessment on the use and disposal of water, a study that must be completed no later than three months after notification of this resolution. To this end, the National Environmental Technical Secretariat is ordered to issue the pertinent instructions so that the company Pelarica, S.A. complies with this order. The Ministry of Health is ordered to verify and ensure that the company Pelarica, S.A. complies with the standards on wastewater treatment and disposal. The State, the Costa Rican Tourism Institute, the Municipality of Paraíso de Cartago, and the company Pelarica, S.A. are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction.-





 

 

 

Luis Fernando Solano C.

President

 

 

Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.

 

 

 

Adrián Vargas B. Ernesto Jinesta L.

 

 

 

Teresita Rodríguez A.

Alejandro Batalla B.

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 23-02-2026 15:53:50.

SCIJ de Hacienda
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