Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)V.- CASO CONCRETO. A partir de la relación de hechos probados, se acredita en primer lugar que el amparado se encuentra privado de su libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma. Haciendo un análisis del caso concreto, no se aprecia que se haya cometido una lesión a los derechos constitucionales del amparado Jiménez Jiménez. Si bien esta Sala reconoce la preocupación del recurrente por la calidad del agua, lo cierto es que no existen datos que revelen que ésta esté contaminada por derrames de aguas negras, como él afirma. Contrario a lo esbozado por el recurrente, se aprecia que las autoridades del Ministerio de Justicia y específicamente del Centro de Atención Institucional han tomado las medidas necesarias para que el agua que se distribuya sea apta para el consumo humano y que a los tanques de agua se les da el mantenimiento preventivo y correctivo necesario.
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De especial relevancia en este asunto el análisis microbiológico realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 17 de febrero de 2006 (folio 26), que resultó negativo por coliformes fecales concluyendo dicho dictamen que: “… el agua cumple los criterios microbiológicos establecidos para aguas de consumo humano”. En síntesis, no se acredita el problema de contaminación en el tanque de abastecimiento de agua para el consumo humano que acusa el recurrente en este caso así como tampoco la contaminación por insectos o roedores en la cocina del centro penitenciario. Así las cosas, se desestima la omisión injustificada por parte de los recurridos, que haya ido en detrimento de los derechos constitucionales del amparado a la salud o la vida, motivo por el cual se impone la desestimatoria del presente recurso de amparo.
English (translation)V.- CONCRETE CASE. From the proven facts, it is first established that the petitioner is imprisoned at La Reforma Institutional Care Center. Analyzing the specific case, no violation of the constitutional rights of the petitioner Jiménez Jiménez is observed. While this Court acknowledges the petitioner's concern about water quality, there is no evidence showing contamination from sewage spills, as he claims. Contrary to the petitioner's assertions, it appears that the authorities of the Ministry of Justice and specifically the Institutional Care Center have taken the necessary measures to ensure that the water distributed is fit for human consumption and that the water tanks receive the necessary preventive and corrective maintenance.
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Of special relevance in this matter is the microbiological analysis conducted by the National Water Laboratory of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on February 17, 2006 (folio 26), which tested negative for fecal coliforms, concluding in its report: '...the water meets the microbiological criteria established for human consumption water.' In summary, the contamination of the drinking water supply tank alleged by the petitioner in this case is not proven, nor is contamination by insects or rodents in the prison kitchen. Thus, the unjustified omission by the respondents, which would have harmed the petitioner's constitutional rights to health or life, is dismissed, and the habeas corpus petition must be declined.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 07126 - 2006 Fecha de la Resolución: 19 de Mayo del 2006 a las 14:51 Expediente: 06-004085-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución *060040850007CO* Exp: 06-004085-0007-CO Res: 2006-07126 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del diecinueve de mayo del dos mil seis. Recurso de amparo interpuesto por EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, cédula de identidad número 501860805, contra el ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE ATENCION INSTITUCIONAL LA REFORMA., el DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION INSTITUCIONAL LA REFORMA, el DIRECTOR GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL, el MINISTRO DE SALUD y la MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:58 horas del 5 de abril del 2006, el recurrente interpone recurso de amparo contra el ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE ATENCION INSTITUCIONAL LA REFORMA, el DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION INSTITUCIONAL LA REFORMA, el DIRECTOR GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL, el MINISTRO DE SALUD y la MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA y manifiesta que en el Ámbito de Convivencia B del Centro de Atención Institucional La Reforma donde se encuentra recluido, existe un problema de salud y contaminación en el tanque de abastecimiento de agua para el consumo humano, provocados por derrames de aguas negras, así como, que éste se ubica adjunto a unos estañones de recolección de basura, siendo que se filtran líquidos tóxicos de los mismos hacia los tanque de el agua de consumo para los reclusos de dicho ámbito. Indica que la contaminación en un líquido tan esencial como el agua, ocasiona un grave perjuicio y pone en riesgo la salud de los privados de libertad. Sostiene que tal situación se ha puesto en conocimiento de las autoridades recurridas, sin haber obtenido resolución alguna. Aunado a lo anterior, refiere que en el lugar donde se prepara los alimentos existe una gran cantidad de insectos - moscas y cucarachas - y roedores, situación que también pone el riesgo la salud de la población penitenciaria. 2.- Informan bajo juramento Rodolfo Ledesma Ramírez y Danny Rojas Loaiza, en su calidad por su orden de Director y de Administrador ambos del Contero de Atención Institucional La Reforma (folio 7), que el Centro Institucional La Reforma posee dos tanques principales de abastecimiento de agua potable, uno metálico y otro de concreto. Que en estos se almacenan toda el agua que se consume en el establecimiento penitenciario, por lo que el Ministerio de Justicia contrató la reparación total de ambos tanques a finales del año dos mil tres y se realizó una limpieza general supervisada inclusive por parte de funcionarios del Ministerio de Salud a finales de año dos mil cuatro. Añade que después de las reparaciones la Administración del Centro ha adoptado medidas de prevención, tendientes a mantener la higiene, limpieza tanto de los tanques como la potabilidad del agua, tales como la aplicación diaria de cloro granulado, revisión constante y periódica del estado de los tanques por una cuadrilla de mantenimiento, medidas con las cuales se procura garantizar que el agua sea apta para el consumo humano, así como detectar cualquier falla estructural en dichos tanques. Además de los tanques principales, aludidos, el ámbito de Convivencia B cuenta con un tanque de abastecimiento, cuya agua proviene de los tanques principales. De igual forma para el caso particular de este depósito, se le han realizado una serie de mejoras importantes como la compra de tanques hidroneumáticos para bombear el agua a los diferentes dormitorios del ámbito lo que nos asegura un manejo más eficiente del agua y de que ésta no se contamine, asimismo se le realizaron reparaciones a los motores de las bombas, se le puso tapa nueva al tanque, se le instaló un candado para evitar que se abra o se comentan actos vandálicos. Se realizó una limpieza de los alrededores, conducida por una cuadrilla destinada a la recolección de basura. Aunado a tales medidas, se procedió a la clausura de una pila que era utilizada para diversas funciones de aseo, que estaba ubicada en ese sector, precisamente con el fin de minimizar las probabilidades de contaminación del depósito. Indica que la red de cloacas se encuentra situada aproximadamente a unos treinta y cinco metros de distancias de la ubicación del tanque de agua, siendo además que la misma discurre a un nivel inferior de de la red de abastecimiento del agua potable; de ahí que no es cierto que el agua de consumo humano se contamine con aguas negras y/o residuales, siendo además que no existen datos de derrames de aguas negaras, para lo que sirve de referencia lo expuesto por el Director del Área Rectora de Salud del Ministerio e Salud en su dictamen ARSA 2-0968-05 de 27 de junio de 2005, que en lo que interesa señaló: “ Hasta el momento no hemos podido constatar ni relacionar ningún brote de diarrea con el desbordamiento de aguas negras o de otro tipo..”. Agrega que el depósito no sólo es utilizado por la población privada de libertad sino también por el personal penitenciario que labora en ese centro, siendo que no se tiene conocimiento que se hayan reportado problemas de salud por la ingesta de agua. Que por oficio CLR-0308-06 del 19 e abril de 2006 el Director Médico e la Clínica La Reforma señala que: “… para el presente año no se tiene registro en esta Clínica que se hubiera presentado un brote epidémico de diarrea relacionado con alimentos o aguas contaminadas en el Ámbito de Convivencia B. No se omite manifestar que cuando se detecta un brote de ese tipo se procede a realizar la notificación respectiva al Ministerio de Salud para que realice el abordaje pertinente, sin embargo no se ha presentado ninguno en los primeros meses”. Afirma que no es cierto que se filtren líquidos tóxicos de los estañones de recolección de basura hacia los tanques del agua de consumo para los reclusos de dicho ámbito; pues tales estañones de basura se ubican aproximadamente a veinte metros de distancia del depósito de agua los que son recogidos los días martes y viernes de cada semana y son llevados al centro de acopio para que la Municipalidad de Alajuela los recoja, albor que es coordinada semanalmente. Indica que el depósito de agua se encuentra instalado sobre una capa asfáltica y la tapa del tanque se ubica sobre un nivel superior del suelo, lo que imposibilita la filtración de cualquier agente o líquido contaminante externo, siendo inclusive que ni aún en época de fuertes precipitaciones lluviosas éstas alcanzan niveles que pudieran rebasar la parte superior del tanque. Además el agua de lluvia discurre por la caja de registro de aguas pluviales lo que no permite que lleguen al tanque. Aclara que los estañones no recolectan desechos tóxicos, sino materia biodegradable residual de productos de consumo humano, por lo que tomando en cuenta que la recolección de basura se realiza en forma periódica y continua dicha medida no permite la fermentación o descomposición de los desechos; debido al corto período de tiempo que se da entre una recolección y otra. Que el Área de Capacitación y trabajo es el encargado de mantener bajo estrictas normas de aseo y limpieza la zona donde se encuentra ubicado el tanque de agua. Aclara que no existen datos de contaminación del agua de consumo y que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Laboratorio nacional de Aguas, realizó recientemente un análisis microbiológico del agua de consumo, el que resultó negativo pro coliformes fecales concluyendo dicho dictamen que: “… el agua cumple los criterios microbiológicos establecidos para aguas de consumo humano”. Añade además que no existe constancia de contaminación en los tanques de abastecimiento de agua que operan en el centro, contrario al dicho del accionante, la Administración Penitenciaria no ha puesto en riesgo la salud de la población privada de libertad, ni la de los funcionarios. Concluye que las medidas de mantenimiento y salubridad que se han ejecutado devienen del procedimiento normal y oficioso de la Administración, como parte de sus funciones en resguardo de los derechos de la población penal, en ese caso su derecho a la salud y que no existe ninguna situación irregular respecto del agua de consumo. Dice que en cumplimiento a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y demás normativa internacional, la Dirección General de Adaptación Social ha procurado que en todos los Centros Penitenciarios del país se cuente con condiciones físicas y sanitarias mínimas. El problema de aparición de insectos y roedores no es un problema propio de las cárceles, ni consecuencia de negligencia de la Administración Penitenciaria, sino que obedece a aspecto multifactoriales propios de la naturaleza, así como al hecho que aledaño al Centro operan granjas y chancheras lo que favorece la aparición de este tipo de plagas. Ante ese problema se realizan grandes esfuerzos para su eliminación, mediante la aplicación de veneno y a través de campañas de fumigación. Que el Ministerio de Justicia tiene contrataciones periódicas de fumigación no sólo en las cocinas sino en todo el centro, siendo que dentro de las últimas campañas realizadas se registra la efectuada en el mes de diciembre de 2005 y otra en el mes de marzo del año en curso, de igual forma se tiene otra programada para el mes de setiembre de 2006. Que los encargados y operadores del manejo de las cocinas, tienen establecidas normas de aseo y limpieza general lo que permite el mantenimiento de condiciones salubres adecuadas en el manejo de alimentos. Que en los procesos de aseo y limpieza se encuentran destacados además de personal penitenciario, privados de libertad asignados específicamente para esos fines, seleccionados por el Área de Capacitación y Trabajo de acuerdo a sus actitudes y aptitudes, con el fin no sólo de lograr la inserción de la población a procesos productivos, sino también que la calidad de trabajo sea óptima para que se les reconozca el beneficio estipulado en el artículo 55 del Código Penal, sea la aplicación del descuento por trabajo efectivamente realizado, siendo que el Área Técnica citada es la encargada de supervisar y controlar no sólo que a la población privada de libertad se le suministren los artículos de limpieza y aseo necesarios para mantener condiciones sanitarias adecuadas, sino además que éstas se cumplan a cabalidad. Solicita que se desestime el recurso planteado. 3.-Informan bajo juramento Patricia Vega Herrera y Guillermo Arroyo Muñoz, en su calidad por su orden de Ministra de Justicia y de Director General de Adaptación Social (folio 21), que el recurrente se encuentra ubicado en el ámbito B del Centro de Atención Institucional la Reforma. Añade que La Reforma dista aproximadamente unos 35 metros del sector donde está ubicado el tanque de agua potable, y no existen derrames de aguas negras en el sector. Que el tanque de agua del ámbito B, es un tanque en buen estado de conservación, sin fisuras, con su respectiva tapa y cerradura con candado, al cual se le han realizado recientemente varias mejoras importantes que son descritas por el Director y el Administrador del Centro Penal en su informe. Añaden que los tanques de agua están sobre suelo asfaltado, debidamente tapados y a 20 metros de distancia del tanque de agua, lo que hace imposible que se contamine con fluidos tóxicos emanados de los estañones de basura. Dice que los estañones no recolectan residuos tóxicos, sino materia biodegradable residual de productos de consumo humano, la cual se recolecta con bastante periodicidad y se envía al centro de acopio de la Municipalidad del Cantón. Adicionalmente se cuenta con un encargado de aseo formalmente nombrado para que mantenga limpio y en orden el sector. Que el Ministerio de Justicia toma las medidas necesarias para que el agua que se distribuye sea apta para el consumo humano y a los tanques de agua se le da el mantenimiento preventivo y correctivo necesario. Adicionalmente se suministra cloro granulado en los tanques como medida alternativa de limpieza. Añade que en los últimos análisis microbiológicos realizados por funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 14 de febrero de 2006, las muestras de agua del Centro de Atención Institucional La Reforma, exponen que el líquido que se distribuye se encuentra libre de coliformes fecales y cloro residual. Que según información del Director de la clínica de ese centro penal en el presente año, no se registran brotes de diarrea relacionados con contaminación de alimentos o agua, lo que en concordancia con lo ya expuesto, evidencia que el agua que se distribuye es apta para el consumo humano. En cuanto al alegato del amparado según el cual el lugar donde se preparan los alimentos, existe una gran cantidad de moscas, cucarachas y roedores, dice que el Ministerio e Justicia tiene contratos para fumigación periódica no solo en las cocinas del centro, sino en la totalidad del mismo Que se han realizado fumigaciones en lose meses de diciembre de 2005 y marzo de 2006 y se encuentra programada una fumigación para el mes de diciembre de 2006, por lo que el problema de insectos y roedores está bajo control y las cocinas operan bajo estrictas normas de aseo, tanto para la preparación como para la conservación de los alimentos. Añade que además se cuenta con personal penitenciario que trabaja en los procesos de aseo y limpieza en el área de las cocinas, debidamente seleccionados por el área de capacitación y trabajo del Centro de Atención Institucional La Reforma. Que la aparición de insectos y roedores no es un problema propio de las cárceles, sino que es un derivado de aspectos propios de la naturaliza y de circunstancias como la existencia de predios dedicados a la cría de animales. 4.- Por constancia de 25 de abril de 2006 (folio 32) el Secretario de la Sala indica que no aparece que del 07 al 24 de abril de 2006 el Ministerio de Salud haya presentado escrito a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución de curso. 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. Acusa el recurrent,e privado de libertad, que en el ámbito en que está recluido, el tanque de abastecimiento de agua para el consumo humano, se ubica junto a unos estañones de recolección de basura y se ha visto contaminado por derrames de aguas negras. Además acusa que en la cocina hay roedores e insectos, lo que estima lesiona sus derecho a la salud. Señala que tal situación se ha puesto en conocimiento de las autoridades recurridas, sin haber obtenido resolución alguna. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) que el Centro Institucional La Reforma posee dos tanques principales de abastecimiento de agua potable, - uno metálico y otro de concreto- en que se almacenan toda el agua que se consume en el establecimiento penitenciario (informe autoridad recurrida, folio 7). b) Que la Administración del Centro ha adoptado medidas de prevención, tendientes a mantener la higiene, limpieza tanto de los tanques como la potabilidad del agua, tales como la aplicación diaria de cloro granulado, revisión constante y periódica del estado de los tanques por una cuadrilla de mantenimiento, medidas con las cuales se procura garantizar que el agua sea apta para el consumo humano, así como detectar cualquier falla estructural en dichos tanques(informe autoridad recurrida, folio 7). c) Además de los tanques principales, aludidos, el ámbito de Convivencia B cuenta con un tanque de abastecimiento, cuya agua proviene de los tanques principales (informe autoridad recurrida, folio 7). d) Para asegurar un manejo más eficiente del agua y de que ésta no se contamine, a este depósito se le han realizado una serie de mejoras importantes como la compra de tanques hidroneumáticos para bombear el agua a los diferentes dormitorios (informe autoridad recurrida, folio 7). e) Que la red de cloacas se encuentra situada aproximadamente a unos treinta y cinco metros de distancias de la ubicación del tanque de agua, siendo además que la misma discurre a un nivel inferior de de la red de abastecimiento del agua potable (informe autoridad recurrida, folio 7). f) Que no existen datos de derrames de aguas negras en ese lugar (informe autoridad recurrida, folio 7 y oficio del Director del Área Rectora de Salud del Ministerio en Salud en su dictamen ARSA 2-0968-05 de 27 de junio de 2005, folio 16). g) Que por oficio CLR-0308-06 del 19 de abril de 2006 el Director Médico de la Clínica La Reforma señala que: “… para el presente año no se tiene registro en esta Clínica que se hubiera presentado un brote epidémico de diarrea relacionado con las causas antes expuestas en el C.A.I. La Reforma. No omito manifestarle que cuando se detecta un brote de ese tipo se procede a realizar la notificación respectiva al Ministerio de Salud para que realice el abordaje pertinente, sin embargo no se ha presentado ninguno en los primeros meses” (oficio CLR-0308-2006 del Director Médico a.i. folio 15). h) Que no hay filtración de líquidos tóxicos de los estañones de recolección de basura hacia los tanques del agua de consumo para los reclusos de dicho ámbito (informe autoridad recurrida, folio 7; i) Que los estañones de basura se ubican aproximadamente a veinte metros de distancia del depósito de agua los que son recogidos los días martes y viernes de cada semana y son llevados al centro de acopio para que la Municipalidad de Alajuela los recoja, labor que es coordinada semanalmente (informe autoridad recurrida, folio 7. j) Que el depósito de agua se encuentra instalado sobre una capa asfáltica y la tapa del tanque se ubica sobre un nivel superior del suelo, lo que imposibilita la filtración de cualquier agente o líquido contaminante externo, siendo inclusive que ni aún en época de fuertes precipitaciones lluviosas éstas alcanzan niveles que pudieran rebasar la parte superior del tanque (informe autoridad recurrida, folio 7). k) Que el agua de lluvia discurre por la caja de registro de aguas pluviales lo que no permite que lleguen al tanque(informe autoridad recurrida, folio 7). l) Que los estañones no recolectan desechos tóxicos, sino materia biodegradable residual de productos de consumo humano, por lo que tomando en cuenta que la recolección de basura se realiza en forma periódica y continua dicha medida no permite la fermentación o descomposición de los desechos; debido al corto período de tiempo que se da entre una recolección y otra (informe autoridad recurrida, folio 7). m) Que el Área de Capacitación y trabajo es el encargado de mantener bajo estrictas normas de aseo y limpieza la zona donde se encuentra ubicado el tanque de agua (informe autoridad recurrida, folio 7). n) Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Laboratorio Nacional de Aguas, realizó recientemente un análisis microbiológico del agua de consumo, el que resultó negativo por coliformes fecales concluyendo dicho dictamen que: “… el agua cumple los criterios microbiológicos establecidos para aguas de consumo humano” (análisis microbiológico, folio 18). o) Que el problema de aparición de insectos y roedores no es un problema propio de las cárceles, ni consecuencia de negligencia de la Administración Penitenciaria, sino que obedece a aspecto multifactoriales propios de la naturaleza, así como al hecho que aledaño al Centro operan granjas y chancheras lo que favorece la aparición de este tipo de plagas (informe autoridad recurrida, folio 7). p) Que el Ministerio de Justicia tiene contrataciones periódicas de fumigación no sólo en las cocinas sino en todo el centro, siendo que dentro de las últimas campañas realizadas se registra la efectuada en el mes de diciembre de 2005 y otra en el mes de marzo del año en curso, de igual forma se tiene otra programada para el mes de setiembre de 2006 (informe autoridad recurrida, folio 7). q) Que los encargados y operadores del manejo de las cocinas del, tienen establecidas normas de aseo y limpieza general lo que permite el mantenimiento de condiciones salubres adecuadas en el manejo de alimentos. III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución: a) Que el recurrente haya presentado gestión ante las autoridades recurridas advirtiendo de los problemas de contaminación que acusa. IV.- EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. El sistema de protección de los derechos fundamentales en el Estado costarricense se encuentra orientado no solo a aquellas personas que gozan de libertad, sino también a las que la han perdido conforme al marco constitucional y legal. Por esa razón, la protección de la salud de los privados de libertad es materia que concierne también al Estado, el cual se encuentra obligado a brindarles atención médica adecuada y oportuna, ya sea en el mismo centro penal donde se encuentran recluidos o por medio de los diferentes centros hospitalarios nacionales. Aunado a lo expuesto, conviene citar el criterio esbozado por este Tribunal en la sentencia 9696-2003 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de setiembre de dos mil tres, que en lo conducente se dispuso: “...Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas, o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos directamente relacionados con la dignidad, como lo es el derecho a la salud. Resulta claro que el Estado tiene una grave responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas a quienes tenga privadas de libertad, cuyos otros derechos fundamentales no habrán de sufrir mengua, y corresponde precisamente a la Administración Penitenciaria enfrentar esa responsabilidad a nombre de aquel, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida. Se parte así de que el Estado tiene el deber de no exigir más de lo que la sentencia y la ley reclaman, y la persona condenada tiene el derecho de no sufrir más restricciones o limitaciones que las establecidas en ellas. De ahí que también es reiterada la jurisprudencia constitucional en el sentido de que todo lo que se refiere a la salud de los detenidos, sean condenados o presos cautelarmente, debe ser atendido en forma expedita y eficaz por parte de la Administración Penitenciaria, sin que sea de recibo la justificación que supedite la protección de dicho derecho a la realización de trámites burocráticos o a la existencia de recursos económicos, al igual que se exige para las personas que gozan de libertad ambulatoria, en cuya tutela tampoco ha admitido este Tribunal Constitucional semejante elenco de argumentaciones por parte del Estado.” Así, a través de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, se ha delineado el criterio según el cual se rescata que los privados de libertad, a pesar de ver restringidos algunos de sus derechos, principalmente su libertad personal y de tránsito, siempre gozan de la tutela que merecen sus derechos fundamentales por su condición de seres humanos. De esta manera, se ha postulado que si el Estado, cumpliendo con una función pública como lo es el velar por la seguridad ciudadana, aísla y priva de su libertad a personas que han infringido la ley, o bien, se encuentran privadas de su libertad por existir una probabilidad razonable de haber cometido un ilícito, debe hacerlo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido. Así las cosas, el derecho a la salud y el derecho a la vida de los privados de libertad merecen tutela en la jurisdicción constitucional, independientemente de las potestades otorgadas a otros órganos judiciales, como el Juzgado de Ejecución de la Pena, en cuanto a la vigilancia de las condiciones en que se cumple la pena o la medida impuesta al infractor. V.- CASO CONCRETO. A partir de la relación de hechos probados, se acredita en primer lugar que el amparado se encuentra privado de su libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma. Haciendo un análisis del caso concreto, no se aprecia que se haya cometido una lesión a los derechos constitucionales del amparado Jiménez Jiménez. Si bien esta Sala reconoce la preocupación del recurrente por la calidad del agua, lo cierto es que no existen datos que revelen que ésta esté contaminada por derrames de aguas negras, como él afirma. Contrario a lo esbozado por el recurrente, se aprecia que las autoridades del Ministerio de Justicia y específicamente del Centro de Atención Institucional han tomado las medidas necesarias para que el agua que se distribuye sea apta para el consumo humano y que a los tanques de agua se les da el mantenimiento preventivo y correctivo necesario. Asimismo, se tiene que las autoridades recurridas mantienen el depósito de agua instalado sobre una capa asfáltica y la tapa del tanque se ubica sobre un nivel superior del suelo, lo que según explican en los informes rendidos incluso bajo la gravedad de juramento, imposibilita la filtración de cualquier agente o líquido contaminante externo, siendo inclusive que ni aún en época de fuertes precipitaciones lluviosas éstas alcanzan niveles que pudieran rebasar la parte superior del tanque. El agua de lluvia discurre por la caja de registro de aguas pluviales lo que no permite que lleguen al tanque. A lo anterior se agrega que el Ministerio de Justicia tiene contrataciones periódicas de fumigación no sólo en las cocinas sino en todo el centro, siendo que dentro de las últimas campañas realizadas se registra la efectuada en el mes de diciembre de 2005 y otra en el mes de marzo del año en curso, de igual forma se tiene otra programada para el mes de setiembre de 2006. De especial relevancia en este asunto el análisis microbiológico realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 17 de febrero de 2006 (folio 26), que resultó negativo por coliformes fecales concluyendo dicho dictamen que: “… el agua cumple los criterios microbiológicos establecidos para aguas de consumo humano”. En síntesis, no se acredita el problema de contaminación en el tanque de abastecimiento de agua para el consumo humano que acusa el recurrente en este caso así como tampoco la contaminación por insectos o roedores en la cocina del centro penitenciario. Así las cosas, se desestima la omisión injustificada por parte de los recurridos, que haya ido en detrimento de los derechos constitucionales del amparado a la salud o la vida, motivo por el cual se impone la desestimatoria del presente recurso de amparo. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. Luis Fernando Solano C. Presidente Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:54:46. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 07126 - 2006 Resolution Date: May 19, 2006 at 14:51 Case File: 06-004085-0007-CO Drafted by: Fernando Cruz Castro Type of Matter: Amparo Appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the Resolution *060040850007CO* Exp: 06-004085-0007-CO Res: 2006-07126 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and fifty-one minutes of the nineteenth of May of two thousand six. Amparo appeal filed by EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ, identity card number 501860805, against the ADMINISTRATOR OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER., the DIRECTOR OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER, the DIRECTOR GENERAL OF SOCIAL ADAPTATION, the MINISTER OF HEALTH, and the MINISTER OF JUSTICE AND GRACE. Resulting: 1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 15:58 on April 5, 2006, the appellant files an amparo appeal against the ADMINISTRATOR OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER, the DIRECTOR OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER, the DIRECTOR GENERAL OF SOCIAL ADAPTATION, the MINISTER OF HEALTH, and the MINISTER OF JUSTICE AND GRACE and states that in Coexistence Unit B of the La Reforma Institutional Care Center where he is confined, there is a health and contamination problem in the water supply tank for human consumption, caused by sewage spills, and also that it is located adjacent to some garbage collection barrels, with toxic liquids filtering from them into the drinking water tanks for the inmates of that unit. He indicates that the contamination of a liquid as essential as water causes serious harm and endangers the health of the persons deprived of liberty. He maintains that this situation has been brought to the attention of the respondent authorities, without having obtained any resolution. In addition to the above, he reports that in the place where food is prepared there is a large quantity of insects - flies and cockroaches - and rodents, a situation that also endangers the health of the prison population. 2.- Rodolfo Ledesma Ramírez and Danny Rojas Loaiza, in their capacities as Director and Administrator, respectively, both of the La Reforma Institutional Care Center, report under oath (folio 7), that the La Reforma Institutional Center has two main drinking water supply tanks, one metal and one concrete. That all the water consumed in the penitentiary establishment is stored in these, for which reason the Ministry of Justice contracted the total repair of both tanks at the end of the year two thousand three, and a general cleaning was carried out, supervised even by officials of the Ministry of Health at the end of the year two thousand four. They add that after the repairs, the Center's Administration has adopted prevention measures aimed at maintaining the hygiene and cleanliness of both the tanks and the potability of the water, such as the daily application of granulated chlorine and constant, periodic review of the condition of the tanks by a maintenance crew, measures with which they seek to guarantee that the water is suitable for human consumption, as well as to detect any structural failure in said tanks. In addition to the main tanks mentioned, Coexistence Unit B has a supply tank, the water of which comes from the main tanks. Likewise, for the particular case of this deposit, a series of important improvements have been made, such as the purchase of hydropneumatic tanks to pump water to the different dormitories of the unit, which ensures more efficient management of the water and that it does not become contaminated; also, repairs were made to the pump motors, a new lid was put on the tank, and a padlock was installed to prevent it from being opened or acts of vandalism from being committed. A cleanup of the surroundings was carried out, led by a crew assigned to garbage collection. In addition to such measures, a basin that was used for various cleaning functions, which was located in that sector, was closed down, precisely in order to minimize the probability of contamination of the deposit. They indicate that the sewer network is located approximately thirty-five meters away from the location of the water tank, and it also runs at a level lower than the drinking water supply network; hence it is not true that the water for human consumption is contaminated with sewage and/or residual water, and furthermore, there is no data on sewage spills, for which the statement by the Director of the Health Governing Area of the Ministry of Health in his report ARSA 2-0968-05 of June 27, 2005, serves as a reference, which, in the pertinent part, stated: "So far we have not been able to verify or relate any diarrhea outbreak with the overflow of sewage or of another type…". They add that the deposit is used not only by the population deprived of liberty but also by the penitentiary personnel working in that center, and there is no knowledge of any health problems due to water ingestion having been reported. That in official communication CLR-0308-06 of April 19, 2006, the Medical Director of the La Reforma Clinic states that: “… for this current year there is no record in this Clinic of an epidemic outbreak of diarrhea related to contaminated food or water having occurred in Coexistence Unit B. I do not omit to state that when an outbreak of that type is detected, the respective notification is made to the Ministry of Health so that the pertinent approach may be carried out; however, none has occurred in the first months.” They affirm that it is not true that toxic liquids filter from the garbage collection barrels into the drinking water tanks for the inmates of that unit; as such garbage barrels are located approximately twenty meters away from the water deposit, which are collected on Tuesdays and Fridays of each week and are taken to the collection center for the Municipality of Alajuela to pick them up, a task that is coordinated weekly. They indicate that the water deposit is installed on an asphalt layer and the tank lid is located at a level higher than the ground, which makes the filtration of any external contaminating agent or liquid impossible, as even during times of heavy rainfall, these do not reach levels that could exceed the upper part of the tank. In addition, rainwater flows through the stormwater manhole, which prevents it from reaching the tank. They clarify that the barrels do not collect toxic waste, but rather residual biodegradable matter from products for human consumption, so taking into account that garbage collection is carried out periodically and continuously, said measure does not allow for the fermentation or decomposition of the waste; due to the short period of time between one collection and another. That the Training and Work Area is in charge of maintaining the zone where the water tank is located under strict cleaning and hygiene standards. They clarify that there is no data on contamination of the drinking water and that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), National Water Laboratory, recently carried out a microbiological analysis of the drinking water, which tested negative for fecal coliforms, with said report concluding that: “… the water meets the microbiological criteria established for water for human consumption.” They further add that there is no record of contamination in the water supply tanks operating in the center; contrary to the plaintiff's statement, the Penitentiary Administration has not put the health of the population deprived of liberty, nor that of the officials, at risk. They conclude that the maintenance and health measures that have been implemented arise from the Administration's normal and ex officio procedure, as part of its functions in safeguarding the rights of the penal population, in this case their right to health, and that there is no irregular situation regarding the drinking water. They say that in compliance with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, and other international regulations, the General Directorate of Social Adaptation has ensured that all Penitentiary Centers in the country have minimum physical and sanitary conditions. The problem of the appearance of insects and rodents is not a problem specific to prisons, nor a consequence of negligence by the Penitentiary Administration, but is due to multifactorial aspects inherent to nature, as well as the fact that farms and pigsties operate adjacent to the Center, which favors the appearance of this type of pest. In the face of this problem, great efforts are made for their elimination, through the application of poison and through fumigation campaigns. That the Ministry of Justice has periodic fumigation contracts, not only in the kitchens but throughout the center, with the latest campaigns carried out including one in December 2005 and another in March of the current year; similarly, another is scheduled for September 2006. That those in charge and the operators of the kitchen management have established general cleaning and hygiene standards, which allows for the maintenance of adequate sanitary conditions in food handling. That in the cleaning and hygiene processes, in addition to penitentiary personnel, persons deprived of liberty specifically assigned for those purposes are assigned, selected by the Training and Work Area according to their attitudes and aptitudes, with the aim not only of achieving the population's insertion into productive processes, but also ensuring that the quality of work is optimal so that the benefit stipulated in Article 55 of the Penal Code may be recognized for them, that being the application of the deduction for work actually performed, with the aforementioned Technical Area being in charge of supervising and controlling not only that the population deprived of liberty is supplied with the necessary cleaning and hygiene items to maintain adequate sanitary conditions, but also that these are fully complied with. They request that the appeal filed be dismissed. 3.- Patricia Vega Herrera and Guillermo Arroyo Muñoz, in their capacities as Minister of Justice and Director General of Social Adaptation, respectively, report under oath (folio 21), that the appellant is located in Unit B of the La Reforma Institutional Care Center. They add that La Reforma is approximately 35 meters distant from the sector where the drinking water tank is located, and there are no sewage spills in the sector. That the water tank for Unit B is a tank in a good state of conservation, without fissures, with its respective lid and padlock lock, to which several important recent improvements have been made, which are described by the Director and the Administrator of the Penitentiary Center in their report. They add that the water tanks are on asphalted ground, duly covered, and 20 meters away from the water tank, which makes it impossible for it to become contaminated with toxic fluids emanating from the garbage barrels. They say that the barrels do not collect toxic waste, but rather residual biodegradable matter from products for human consumption, which is collected with considerable frequency and sent to the collection center of the Municipality of the Canton. Additionally, there is a formally appointed cleaning person in charge to keep the sector clean and in order. That the Ministry of Justice takes the necessary measures so that the water distributed is suitable for human consumption, and the water tanks receive the necessary preventive and corrective maintenance. Additionally, granulated chlorine is supplied in the tanks as an alternative cleaning measure. They add that in the latest microbiological analyses carried out by officials of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) on February 14, 2006, the water samples from the La Reforma Institutional Care Center show that the liquid distributed is free of fecal coliforms and residual chlorine. That according to information from the Director of the clinic of that penitentiary center for the current year, no diarrhea outbreaks related to food or water contamination are recorded, which, in accordance with the foregoing, shows that the water distributed is suitable for human consumption. Regarding the petitioner's allegation that the place where food is prepared contains a large quantity of flies, cockroaches, and rodents, they say that the Ministry of Justice has contracts for periodic fumigation, not only in the center's kitchens but throughout the entire facility. That fumigations were carried out in the months of December 2005 and March 2006, and a fumigation is scheduled for the month of December 2006, so the problem of insects and rodents is under control, and the kitchens operate under strict hygiene standards, both for the preparation and the conservation of food. They add that there is also penitentiary personnel working in the cleaning and hygiene processes in the kitchen area, duly selected by the training and work area of the La Reforma Institutional Care Center. That the appearance of insects and rodents is not a problem specific to prisons, but is derived from aspects inherent to nature and from circumstances such as the existence of properties dedicated to animal husbandry. 4.- By record of April 25, 2006 (folio 32), the Secretary of the Chamber indicates that it does not appear that from April 7 to 24, 2006, the Ministry of Health submitted a written submission in order to provide the report requested in the initial order. 5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Judge Cruz Castro; and, Considering: I.- Purpose of the appeal. The appellant, a person deprived of liberty, alleges that in the unit where he is confined, the water supply tank for human consumption is located next to some garbage collection barrels and has been contaminated by sewage spills. He also alleges that in the kitchen there are rodents and insects, which he considers harms his right to health. He points out that this situation has been brought to the attention of the respondent authorities, without having obtained any resolution. II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order: a) That the La Reforma Institutional Center has two main drinking water supply tanks - one metal and one concrete - in which all the water consumed in the penitentiary establishment is stored (report of the respondent authority, folio 7). b) That the Center's Administration has adopted prevention measures aimed at maintaining the hygiene and cleanliness of both the tanks and the potability of the water, such as the daily application of granulated chlorine, constant and periodic review of the condition of the tanks by a maintenance crew, measures with which they seek to guarantee that the water is suitable for human consumption, as well as to detect any structural failure in said tanks (report of the respondent authority, folio 7). c) In addition to the main tanks mentioned, Coexistence Unit B has a supply tank, the water of which comes from the main tanks (report of the respondent authority, folio 7). d) To ensure more efficient management of the water and that it does not become contaminated, a series of important improvements have been made to this deposit, such as the purchase of hydropneumatic tanks to pump water to the different dormitories (report of the respondent authority, folio 7). e) That the sewer network is located approximately thirty-five meters away from the location of the water tank, and it also runs at a level lower than the drinking water supply network (report of the respondent authority, folio 7). f) That there is no data on sewage spills in that place (report of the respondent authority, folio 7 and official communication from the Director of the Health Governing Area of the Ministry of Health in his report ARSA 2-0968-05 of June 27, 2005, folio 16). g) That in official communication CLR-0308-06 of April 19, 2006, the Medical Director of the La Reforma Clinic states that: “… for this current year there is no record in this Clinic of an epidemic outbreak of diarrhea related to the causes stated above having occurred in the La Reforma C.A.I. I do not omit to state that when an outbreak of that type is detected, the respective notification is made to the Ministry of Health so that the pertinent approach may be carried out; however, none has occurred in the first months” (official communication CLR-0308-2006 from the Acting Medical Director, folio 15). h) That there is no filtration of toxic liquids from the garbage collection barrels into the drinking water tanks for the inmates of that unit (report of the respondent authority, folio 7); i) That the garbage barrels are located approximately twenty meters away from the water deposit, which are collected on Tuesdays and Fridays of each week and are taken to the collection center for the Municipality of Alajuela to pick them up, a task that is coordinated weekly (report of the respondent authority, folio 7). j) That the water deposit is installed on an asphalt layer and the tank lid is located at a level higher than the ground, which makes the filtration of any external contaminating agent or liquid impossible, as even during times of heavy rainfall, these do not reach levels that could exceed the upper part of the tank (report of the respondent authority, folio 7). k) That rainwater flows through the stormwater manhole, which prevents it from reaching the tank (report of the respondent authority, folio 7). l) That the barrels do not collect toxic waste, but rather residual biodegradable matter from products for human consumption, so taking into account that garbage collection is carried out periodically and continuously, said measure does not allow for the fermentation or decomposition of the waste; due to the short period of time between one collection and another (report of the respondent authority, folio 7). m) That the Training and Work Area is in charge of maintaining the zone where the water tank is located under strict cleaning and hygiene standards (report of the respondent authority, folio 7). n) That the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), National Water Laboratory, recently carried out a microbiological analysis of the drinking water, which tested negative for fecal coliforms, with said report concluding that: “… the water meets the microbiological criteria established for water for human consumption” (microbiological analysis, folio 18). o) That the problem of the appearance of insects and rodents is not a problem specific to prisons, nor a consequence of negligence by the Penitentiary Administration, but is due to multifactorial aspects inherent to nature, as well as the fact that farms and pigsties operate adjacent to the Center, which favors the appearance of this type of pest (report of the respondent authority, folio 7). p) That the Ministry of Justice has periodic fumigation contracts, not only in the kitchens but throughout the center, with the latest campaigns carried out including one in December 2005 and another in March of the current year; similarly, another is scheduled for September 2006 (report of the respondent authority, folio 7). q) That those in charge and the operators of the kitchen management have established general cleaning and hygiene standards, which allows for the maintenance of adequate sanitary conditions in food handling. III.- Unproven facts. The following facts of relevance for this resolution are not deemed proven: a) That the appellant filed a petition before the respondent authorities warning of the contamination problems he alleges. IV.- THE RIGHT TO HEALTH OF PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY. The system for the protection of fundamental rights in the Costa Rican State is oriented not only towards those persons who enjoy freedom, but also towards those who have lost it in accordance with the constitutional and legal framework. For this reason, the protection of the health of persons deprived of liberty is a matter that also concerns the State, which is obliged to provide them with adequate and timely medical care, whether in the same penitentiary center where they are confined or through the different national hospital centers. In addition to the foregoing, it is appropriate to cite the criterion outlined by this Court in judgment 9696-2003 of sixteen hours and forty-five minutes of the ninth of September of two thousand three, which, in its relevant part, ordered: "…This Chamber has established a doctrine, reiterated in its pronouncements, in which it has recognized that some of the rights of convicted persons, or those held in pre-trial detention, are subject to limitations inherent to the circumstances, but it has also highlighted that the essential core of their fundamental rights remains unalterable, particularly those directly related to dignity, such as the right to health. It is clear that the State has a grave responsibility in safeguarding the rights of persons whom it holds deprived of liberty, whose other fundamental rights shall not suffer diminution, and it is precisely up to the Penitentiary Administration to face that responsibility on behalf of the former, from the moment of their entry until the very instant of their departure. The starting point is thus that the State has the duty not to demand more than what the sentence and the law require, and the convicted person has the right not to suffer more restrictions or limitations than those established therein. Hence, it is also reiterated constitutional jurisprudence to the effect that everything concerning the health of detainees, whether convicted or held in custody, must be attended to in an expeditious and effective manner by the Penitentiary Administration, without the justification that subjects the protection of said right to the completion of bureaucratic procedures or the existence of economic resources being admissible, just as is required for persons who enjoy freedom of movement, in whose guardianship this Constitutional Court has not admitted a similar array of arguments from the State either." Thus, through the jurisprudence of this Constitutional Court, the criterion has been delineated according to which it is emphasized that persons deprived of liberty, despite seeing some of their rights restricted, mainly their personal liberty and freedom of movement, always enjoy the guardianship that their fundamental rights deserve due to their condition as human beings. In this way, it has been postulated that if the State, fulfilling a public function such as ensuring citizen security, isolates and deprives of their liberty persons who have violated the law, or who are deprived of their liberty because there is a reasonable probability of having committed an illicit act, it must do so within the framework of respect for human rights, as it has committed to. Thus, the right to health and the right to life of persons deprived of liberty deserve guardianship in the constitutional jurisdiction, regardless of the powers granted to other judicial bodies, such as the Sentence Enforcement Court, regarding the monitoring of the conditions in which the sentence or measure imposed on the offender is served. V.- SPECIFIC CASE. From the list of proven facts, it is accredited in the first place that the petitioner is deprived of his liberty in the La Reforma Institutional Care Center. Upon analyzing the specific case, it is not appreciated that a violation of the constitutional rights of the petitioner Jiménez Jiménez has been committed. While this Chamber recognizes the appellant's concern about the quality of the water, the fact is that there is no data revealing that it is contaminated by sewage spills, as he claims. Contrary to what was outlined by the appellant, it is clear that the authorities of the Ministry of Justice and specifically of the Institutional Care Center have taken the necessary measures so that the water distributed is suitable for human consumption and that the water tanks receive the necessary preventive and corrective maintenance. Likewise, it is noted that the respondent authorities keep the water deposit installed on an asphalt layer and the tank lid is located at a level higher than the ground, which, as they explain in the reports provided even under the solemnity of oath, makes the filtration of any external contaminating agent or liquid impossible, as even during times of heavy rainfall, these do not reach levels that could exceed the upper part of the tank. Rainwater flows through the stormwater manhole, which prevents it from reaching the tank. To the above, it is added that the Ministry of Justice has periodic fumigation contracts, not only in the kitchens but throughout the center, with the latest campaigns carried out including one in December 2005 and another in March of the current year; similarly, another is scheduled for September 2006. Of special relevance in this matter is the microbiological analysis carried out by the National Water Laboratory of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) on February 17, 2006 (folio 26), which tested negative for fecal coliforms, with said report concluding that: “… the water meets the microbiological criteria established for water for human consumption.” In summary, the contamination problem in the water supply tank for human consumption alleged by the appellant in this case is not accredited, nor is contamination by insects or rodents in the kitchen of the penitentiary center. Accordingly, the unjustified omission on the part of the respondents, which may have been to the detriment of the petitioner's constitutional rights to health or life, is dismissed, for which reason the dismissal of this amparo appeal is imposed. Therefore: The appeal is declared without merit. Luis Fernando Solano C. President Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 02-23-2026 15:54:46. SCIJ of Hacienda SCIJ of the Procuraduría General de la República