Res. 07961-2006 Sala Constitucional — Contamination of the Peje River by fruit processing plantContaminación del Río Peje por planta procesadora de frutas

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07961 - 2006

Fecha de la Resolución: 31 de Mayo del 2006 a las 16:54

Expediente: 05-007597-0007-CO

Redactado por: Gilbert Armijo Sancho

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

*050075970007CO*

Exp: 05-007597-0007-CO

Res. Nº 2006-07961

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de mayo del dos mil seis.

Recurso de amparo interpuesto por Marco Machore Levy, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 7-069-314, vecino de Limón, contra Fructa .S.A., el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:22 horas del 19 de junio del 2005, el recurrente manifiesta que el viernes 15 de abril de 2005 se produjo envenenamiento del Río Peje, que causó la muerte de todos los peces. Esto debido al tratamiento que se da a los desechos y a las instalaciones de la empresa Fructa. La comunidad de la Francia de Siquirres, próxima a las instalaciones dichas, se abastece de agua potable con un manto acuífero propio. Se tiene el temor que los vertidos de la empresa lo contaminen. Que la situación no sólo ha sido denunciada por los afectados, sino que ha sido documentada en el oficio 263-05-OSSM de fecha 15 de abril de 2005, emanada por la Subregión del Area de Conservación Amistad Caribe del Ministerio de Ambiente y Energía, en el que se indicó: “3. Al apersonarnos a la altura de la poza El Cable se observó que realmente se daba la muerte de peces así como una turbidez del agua acompañado por un mal olor característico a descomposición, por lo que procedimos a tomar las respectivas muestra tanto de peces como de agua (ver mapa de contaminación) para enviarlas al Laboratorio de IRET (oficio 150.05-OSSM). 4. Desde la poza El Cable hacia el sur se recorrió el Río Peje tomando muestras de peces y agua (aproximadamente 3 kilómetros río arriba) hasta llegar al tubo de desagüe de la Empresa FRUTCA de COSTA RICA S.A., donde era evidente la contaminación física (olor, color, turbidez, y otro), esto podría ser verificable en el informe de inspección (oficio 151-05-OSSM)”. Que se viola el derecho de la población a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

2.- Alexis Coll Carr, cédula de identidad número 7-076-061, vecino de La Francia (folio 25), Manuel Rivera Ruiz, Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto del Cairo y La Francia (folio 40) pidieron se les tuviera como coadyuvantes activos en este asunto.

3.- Informan bajo juramento Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su calidad de Ministro del Ambiente y Energía, y Sergio Obando Torres, Jefe Subregional de Siquirres-Matina (folio 55), que es cierto que el 15 de abril se produjo una contaminación en el río Peje y se encontraron peces muertos. Que participaron en la investigación de los hechos el Ministerio de Salud, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio del Ambiente y Energía. En el Ministerio se abrió el expediente AC-02-D-086-05-S. Se visitó el lugar, recorriendo el río desde la altura de la poza El Cable hacia arriba. También se tomó muestras. En el recorrido mencionado se ubica la empresa Fructa de Costa Rica, S.A., por lo que se visitó sus instalaciones y se conversó con los personeros de la misma. Se elaboró el informe 151-05-OSSM del 18 de abril de 2005 recomendando presentar formal denuncia por contaminación de un cuerpo de agua ante la Fiscalía de Siquirres y el Tribunal Ambiental Administrativo contra la empresa mencionada. La denuncia ante la Fiscalía se presentó el 21 de abril de 2005. También ante el Ministerio de Salud se presentaron diversas gestiones. Por oficio IRET-LAREP-P0520-01 se dieron los resultados parciales de aguas, pero las muestras de los peces no han sido procesadas. Cada quince días se ha venido celebrando reuniones con los personeros de la empresa, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Siquirres. La empresa comenzó la ampliación de la planta de tratamiento y coordinó con instituciones como la EARTH para utilizar biodescomponedores. Se controla las descargas en cuanto a cantidades y líquidos disueltos. La empresa se comprometió a implementar un nuevo mecanismo de aireación que aumente la capacidad aeróbica del sistema de tratamiento. Se está realizando recorridos en el sitio de descarga, para controlar que no ocurran eventos similares. Se eliminó los malos olores y la mortalidad de la vida silvestre. Se ha contestado las gestiones formuladas por el actor. Solicitan que se desestime el recurso planteado.

4.- Roberto Aragón Sáenz, Presidente de Fructa CR S.A., contestó la audiencia que se le confiriera (folio 103) alegando que el amparo es inadmisible, puesto que varias instancias estatales y una autoridad jurisdiccional se encargaron ya del problema que aquí nuevamente se expone. Que el 15 de abril de 2005 funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía, del Ministerio de Salud y del Organismo de Investigación Judicial visitaron el Río Peje a la altura de la poza El Cable. Que se emitió el oficio 151-05-OSSM del 18 de abril de 2005, que formula conclusiones y recomendaciones, entre ellas enviar las muestras al Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional para su análisis. El 21 de abril se presentó denuncia penal ante el Ministerio Público de Siquirres, investigación que se tramita con el número de expediente 05-200265-486-PE. Ya la empresa había advertido que la planta de procesamiento de frutas había sufrido un incremento significativo en su actividad industrial, por lo que hubo también un crecimiento imprevisto de materia orgánica, que se acumuló en la laguna secundaria de su planta de tratamiento de aguas residuales. La calidad sanitaria del vertido desmejoró debido al arrastre de sólidos en suspensión, impactando la DBO (demanda bioquímica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), los Ssed (sólidos suspendidos) y SST. La causa de la muerte de los peces está por definirse por parte del IRET, aunque en informe del 14 de junio de 2005 se indicó la presencia de sustancias tóxicas como insecticidas clorpirifos y diazinon, herbicida bromacil y fungicida triadimefon. Así, Fructa CR S.A. no puede ser la responsable de la muerte de los peces. El Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud han estado dando seguimiento al caso.

5.- La Ministra de Salud, María del Rocío Sáenz Madrigal, rindió el informe pedido (folio 131), señalando que la empresa Fructa de Costa Rica, S.A., se dedica a procesar banano y piña de rechazo, con el fin de elaborar puré y jugos para exportación. La empresa cuenta con cuatrocientos empleados directos y genera una cantidad importante de trabajo indirecto, en actividades de traslado de desechos, carga y descarga de productos. Funciona bajo la modalidad de zona franca y cuenta con permiso sanitario de funcionamiento, vigente al 17 de noviembre de 2005. Que el 15 de abril de 2005, funcionarios del Area Rectora de Salud de Siquirres, con servidores del Ministerio del Ambiente y Energía y del Organismo de Investigación Judicial, inspeccionaron el Río Peje, corroborando la muerte de peces, por lo que se tomó muestras de los peces y el agua. Las muestras se remitieron al laboratorio del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional para los exámenes pertinentes. No cuentan aún con los resultados. Que Donald Cambell Lindo, del Ministerio del Ambiente y Energía, denunció ante la Fiscalía de Siquirres, la muerte de los peces. Que no se notificó de lo actuado a los vecinos, por no haberse apersonado ninguno. Cuando lo hizo el señor Machore, señaló para oír notificaciones el apartado postal 127-7300 de Limón, informándosele a partir de ese momento de lo relacionado con el caso. Que ningún vecino denunció haber sufrido alergias como consecuencia del hecho. Agrega que, mediante resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental #363-97 de las 14:15 horas del 11 de junio de 1997, se otorgó viabilidad ambiental a la empresa Fructa, lo que garantiza la protección del manto acuífero de la zona. Por otra parte, el coordinador del desarrollo de proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, señaló en el oficio #DAR-97-5035 del 31 de julio de 1997 que la zona de protección de los mantos se ubica a 165 metros, que se construirá una barrera impermeable en la zona de corte para que no se cambie el flujo de líneas. Que el Ministerio de Salud solicitó mejoras en las plantas de tratamiento, para evitar la descarga de materiales orgánicos en cantidades que contravenga lo ordenado en el Reglamento de vertido de aguas residuales. La empresa Fructa ha presentado desde el 12 de enero de 2000 reportes operacionales, en los que se constata el cumplimiento de los parámetros fijados en el Reglamento #26042-S-MINAE, salvo en el reporte #3 del 3 de noviembre de 2004. Se le ordenó, en esa oportunidad, presentar un plan de acciones correctivas. La descarga de las plantas de tratamiento en el Río Peje ha sido fiscalizada por el Ministerio (oficios UPAH/RPP-051-2005, DPAH-7250-2004 y UPC-CAH-967-04). En inspección del 6 de julio de 2005 se afirmó que se había reducido considerablemente los sólidos suspendidos y la emanación de malos olores. Solicita declarar sin lugar el recurso.

6.- En memorial del 8 de agosto de 2005 (folio 163), el recurrente señala que las descargas que arroja la compañía accionada al Río Peje impiden que los peces efectúen su intercambio gaseoso, causándoles la muerte. Que el Ministro del Ambiente y Energía aseguró en su informe que tal era el efecto de la actividad de Fructa S.A La misma empresa confirmó el problema del desmejoramiento de la calidad sanitaria del vertido. En cuanto a la Ministra de Salud, admite que la compañía viola lo dispuesto en el Reglamento de Vertidos de Aguas Residuales, sin que a la fecha se haya tomado ninguna medida, lo cual excede los plazos razonables para pronunciarse sobre este tipo de casos. Que los químicos que se detectaron en el agua (clorpirifos y diazinon) se utilizan en el cultivo de la piña y el banano, que procesa la recurrida. A la fecha no se ha tomado medida alguna de protección del ambiente.

7.- Por escrito del 31 de octubre de 2005 (folio 185) Roberto Aragón Sáenz, Presidente de Fructa CR, S.A., manifestó que a solicitud del Ministerio de Salud se construyó y puso en funcionamiento el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales. El proyecto culminó a inicios de setiembre de 2005, con excelentes resultados. Que su representada cumple todas las regulaciones y límites normativos permitidos. Adjunta copia de los últimos análisis de laboratorio, efectuados por el Laboratorio Químico Lambda y un comunicado de muestreo de macroinvertebrados acuáticos de la empresa Habitat Crítico Soluciones Ambientales. Con ello demuestran que el desfogue o vertido de aguas residuales en el Río Peje, por parte de la empresa, no está generando impacto ambiental negativo alguno. También respaldan esa afirmación en un informe de evaluación legal ambiental del proceso de tratamiento de aguas residuales, elaborado por al empresa ENLACE. Que las sustancias tóxicas detectadas en el análisis de las aguas son utilizadas en sembradíos, no por su representada. La muerte de los peces no ocurrió por asfixia, debido a la presencia de sólidos, sino por plaguicidas vertidos al Río Peje, por un tercero, aguas arriba. Solicita declarar sin lugar el amparo.

8.- Por resolución de las 10:35 horas del 19 de abril de 2006 el Magistrado Instructor de este asunto corrigió los procedimientos, teniendo a Fructa S.A. como recurrida y no como parte llamada en atención a que deriva derechos subjetivos del acto impugnado (folio 222).

9.- El Presidente de Fructa CR S.A. manifestó (folio 223) que al contestar audiencia que se le había conferido se consideró como recurrido, y en esa calidad ofreció y aportó prueba documental. Solicita se tenga tal contestación, así como su escrito posterior, del 31 de octubre de 2005, como su defensa y reitera su solicitud de desestimar el amparo.

10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. Reclama el actor por el daño ambiental causado por la empresa Fructa S.A. en las aguas del río Peje en abril de 2005, que produjo la muerte de una cantidad importante de peces y que podría incidir sobre las fuentes de agua potable de varias comunidades aledañas.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) que el 15 de abril de 2005 en la Poza El Cable, que forma parte del cauce del Río Peje, se observó mortalidad de peces, elevada sedimentación y turbidez en el agua en un operativo coordinado entre el Area Rectora de Salud en Siquirres del Ministerio de Salud, la Oficina Subregional de Siquirres del Ministerio del Ambiente y Energía y el Organismo de Investigación Judicial (folio 96);

b) que en esa inspección se tomó muestras del agua, en varios puntos, y de los peces, enviadas a análisis al Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional ese mismo día (folios 6 y 96);

c) que en la misma inspección se recorrió el río Peje hasta llegar al tubo de desagüe de la Empresa Fructa de Costa Rica, donde por el olor, color y turbidez resultaba evidente la contaminación física del cauce (folio 6);

d) que el IRET comunicó por nota del 14 de junio de 2005 el resultado de los análisis de las muestras de agua y por nota del 31 de agosto de 2005 la del agua y los peces, concluyendo que tanto el líquido como los organismos acuáticos presentaban residuos de los insecticidas clorpirifos y diazinon, mientras que solamente en el agua se detectó el herbicida bromacil y el fungicida triadimefón (folios 65 y 214);

e) que el representante de la empresa recurrida aportó, marcado como prueba documental #30, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que debió elaborar en febrero de 1997 para la instalación de su planta procesadora. En él se aborda tanto el tema del tratamiento de las aguas que se vierten en el río Peje, como el de protección de los manantiales y aguas subterráneas que están en la finca de la empresa y se emplean para el consumo humano (páginas 22 y 53 del estudio, estudio hidrogeológico del anexo #4);

f) que el EsIA, con algunas variaciones que se pidió incorporar, fue aprobado por resolución #363-97 de las 14:15 horas del 11 de junio de 1997 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 145);

g) que según el informe de avance del plan de acción para el sistema de tratamiento de aguas residuales de Fructa Costa Rica, S.A., preparado el 20 de junio de 2005 por EASA consultores, el procedimiento funcionó bien de 1999 a 2003, colapsando el sistema biológico en 2004 (folio 43);

h) que en octubre de 2004 se presentó la propuesta inicial de plan de acción, y se tomó varias medidas inmediatas, entre ellas la solicitud, a fines de 2004, de los permisos de construcción necesarios para las mejoras (folio 44);

i) que en abril de 2005 la empresa decidió, en reuniones con la casa matriz en Alemania, ampliar las obras a ejecutar, por lo que el trámite de los permisos se retomó en junio de 2005 (folios 46 a 48);

j) que la construcción de la ampliación de la planta de tratamiento concluyó a inicios del mes de setiembre en 2005 (folio 185);

k) que según el reporte operacional 03/05 del 1° de octubre de 2005, preparado por EASA consultores, y la Evaluación legal ambiental del proceso de tratamiento de las aguas residuales de Enlace S.A. del 20 del mismo mes, con la ampliación de la planta de tratamiento se obtuvo excelentes resultados sobre la calidad sanitaria del vertido (folios 189, 207 a 211);

l) que parte del plan de acción incluyó la instalación de un punto de monitoreo para olores en La Francia, Cairo y Herediana (folio 51);

m) que el 9 de junio de 2005 vecinos de La Francia y El Cairo de Siquirres denunciaron ante la Oficina Sub-regional de Siquirres del Ministerio del Ambiente y Energía contaminación por malos olores y peligro de contaminación de los pozos de agua potable, a causa de la empresa Fructa S.A. (folio 74);

n) que entre el sistema de tratamiento de aguas residuales y las nacientes hay más de 700 metros de distancia, una diferencia de altimetría de 30 metros y un muro de contención o barrera impermeable de protección de la naciente (folio 115);

o) que el 3 de setiembre de 2005 la Consultora Karina Rodríguez Sáenz de Hábitat Crítico efectuó un muestreo de la condición de los ecosistemas acuáticos en tres puntos de un segmento del río Peje, determinando que podían categorizarse como aguas limpias (folio 205).

III.- Sobre la legitimación pasiva. Al haberse dirigido el amparo, entre otros, contra un sujeto de derecho privado, aduce éste que el asunto se está ventilando en sede penal y administrativa, por lo que el recurso resulta improcedente. No explica el accionado, sin embargo, que en alguna de esas instancias se haya llegado a alguna conclusión definitiva sobre la responsabilidad que se le endilga a la empresa o, por el contrario, que se haya adoptado en ellas remedio suficiente de la situación, desde el punto de vista ambiental. Por otra parte, llevar adelante una actividad industrial que incide –con mayor o menor gravedad, según se verá al analizar el fondo del asunto– sobre el ambiente que la entorna, la coloca en una posición de poder de hecho, en relación con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de, al menos, los vecinos del lugar.

IV.- En cuanto a la legitimación pasiva de las instituciones públicas recurridas, valga recordar “...que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el deber de pronunciarse y la exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente sano no se reduce a satisfacer un simple requisito marginal dentro del proceso licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino utilizar como se dijo todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente.” (sentencias # 05906-99 de las 16:15 horas del 28 de julio de 1999 y #2001-13295 de las 12:06 horas del 21 de diciembre del 2001). Es en este sentido que, en materia ambiental, resulta especialmente grave toda conducta omisiva estatal que tenga como resultado un desmejoramiento de las condiciones del medio ambiente:

“IV.- En relación con la actuación de los entes públicos, la Sala estima que el recurso debe declararse con lugar, en tanto es atribuible al Ministerio de Ambiente y Energía falta de fiscalización, que permitió la iniciación de las actividades del vivero por parte de la empresa interesada, sin contar con los estudios técnicos requeridos.” (sentencia #9735-00 de las 9:06 horas del 3 de noviembre del 2000. V. también la #1645-02 de las 11:04 horas del 15 de febrero del 2002).

Bajo esa óptica se analizará la posición del Ministerio del Ambiente y Energía y del de Salud.

V.- Sobre el fondo. El recurrente fundamenta su queja en la muerte de peces en el río Peje en abril de 2005, acusando a Fructa S.A. de contaminación de las aguas de esa corriente, del manto acuífero que abastece la zona y de malos olores. Y si bien todos estos elementos se pueden contemplar bajo el común denominador del proceso industrial desarrollado por la empresa y la repercusión que él puede tener sobre el ambiente, examinadas las pruebas aportadas por las partes, se concluye en la necesidad de referirse separadamente al vertido de aguas residuales, la protección del manto acuífero y la emisión de malos olores.

VI.- Sobre el vertido de aguas residuales. En primer término, el problema de contaminación concreto que describe el recurrente tiene relación inmediata con el tratamiento de las aguas residuales que produce la empresa y que finalmente son vertidas en el río Peje. Según el resultado de los análisis de las muestras de agua y de peces muertos, practicado en el Instituto regional de estudios en sustancias tóxicas, en ambos medios se encontró los insecticidas clorpirifos y diazinon, mientras que en el agua se detectó, además, el herbicida bromacil y el fungicida triadimefon. Para el representante de la empresa accionada, tales conclusiones la liberan de responsabilidad, porque en sus procesos no se emplea ninguna de esas sustancias, y la mortandad de peces habría sido causada más bien por residuos vertidos en labores agrícolas aguas arriba. Aseguran que las aguas depositadas por el efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales es 100% orgánico (f. 116). El actor contra argumenta, diciendo que las sustancias químicas utilizadas en el cultivo de la piña y el banano -frutas procesadas por la recurrida-, se liberan lentamente y de forma continua en el sistema acuático, contaminando el río (f. 164). Aunque el recurrente no respalda con pruebas directas esa hipótesis, dos indicios constan fehacientemente en autos y permiten vincular la contaminación del río Peje con la actividad de Fructa S.A.

VII.- El primero de tales indicios consiste en que, al menos, entre octubre de 2004 –fecha del reporte operacional 03-04– y setiembre de 2005 –fecha en que concluyeron las obras de la nueva planta– el sistema biológico de tratamiento de aguas residuales colapsó y debió rehabilitarse. Una contingencia de este carácter necesariamente repercute sobre la calidad del vertido que se arroja al río y fue durante este período que se reportó el incidente que aquí se estudia. En segundo lugar, en el informe preparado por la Oficina Subregional de Siquirres del Ministerio del Ambiente y Energía, se asegura que durante la inspección del 15 de abril en el río Peje, “a la altura de la poza El Cable se observó que realmente se daba la muerte de peces así como una fuerte turbidez del agua acompañada por un olor característico de descomposición (…) Desde la poza El Cable hacia el sur se recorrió el río Peje tomando muestras de peces y agua (aproximadamente 3 kilómetros río arriba) hasta llegar al tubo de desagüe de la empresa Fructa de Costa Rica S.A. donde era evidente la contaminación física (olor, color, turbidez y otros)”. Estos indicios son suficientes para establecer un nexo entre el daño ambiental que significa la contaminación de la corriente del río y la muerte de los peces, debiendo estimarse el amparo, por violación del derecho fundamental contenido en el artículo 50 de la Constitución Política.

VIII.- Igualmente ha podido constatarse en este expediente que la empresa ha implementado mejoras en el sistema que falló, al punto que en octubre de 2005 funcionaba en excelentes condiciones. Consecuencia de tales mejoras es que no deba impartirse en esta sentencia ninguna orden de remediación del daño causado, pues medidas de esas características ya se habrían adoptado. Y ello no como una gratuidad de la compañía para con la comunidad, sino en satisfacción de un deber constitucional y legal de primer orden, como es el de desarrollar su actividad económica sin perjudicar el ambiente, a cuya observancia queda supeditado que pueda continuar su funcionamiento.

IX.- En cuanto a la responsabilidad que cabe a las instancias públicas relacionadas con este caso, específicamente al Ministerio de Salud y al Ministerio del Ambiente y Energía, toma en cuenta la Sala que, ante denuncias de particulares, se practicaron inspecciones y se remitió material a análisis. Sin embargo, no se observa que las intervenciones fueran oportunas ni exhaustivas en aras de evitar el daño ambiental causado. Por ejemplo, nunca se giró orden sanitaria de ninguna clase, ni se adoptó tampoco medidas cautelares de protección al ambiente. Ello configura una omisión de vigilancia e intervención que significó, a la postre, daño ambiental. Consecuentemente, el amparo debe estimarse también contra los Ministerios dichos.

X.- Sobre la protección de las fuentes de agua de consumo humano. El problema ambiental que se ha abordado aquí, como se dijo, se refiere fundamentalmente al tratamiento de las aguas residuales y su vertido en el río Peje, que es una de las repercusiones que en esta materia tiene el funcionamiento de la planta procesadora de Fructa S.A. Sin embargo, el actor también alude a su preocupación por que la actividad de la compañía llegue a afectar varias nacientes de agua empleadas para consumo humano en El Cairo y La Francia, que se encuentran dentro de los terrenos de la empresa, pero cuyo propietario es el SNAA. En los documentos examinados aquí no hay evidencia de que las dificultades de la planta de tratamiento hayan repercutido sobre las nacientes. Y dentro de los estudios ambientales practicados en 1997, antes del inicio de la actividad de la empresa, se abordó el problema de esas aguas, incluso mediante análisis hidrogeológicos, concluyéndose que, tomando varias previsiones técnicas, no se afectarían. Tales previsiones consisten, esencialmente, en la delimitación de un área de protección. Además, en un retiro entre el sistema de tratamiento de aguas residuales y las nacientes de 700 metros de distancia, una diferencia de altimetría de 30 metros y un muro de contención o barrera impermeable de protección de la naciente, obras ejecutadas por Fructa S.A. (folio 115). Se recomendó, asimismo, que no se construyera ningún tipo de edificación en el área dicha, y que más bien se destinara a áreas verdes o reforestación, no arrojar efluentes de ningún tipo al lado este, impermeabilizar el terreno si se pensaba estacionar vehículos o maquinaria en el lado este, que el sistema de cunetado descargara lejos del límite del área de protección y no permitir en la finca ninguna bodega de agroquímicos (prueba documental 30, aportada por la empresa accionada). Por ello, este extremo del amparo debe desestimarse, en cuanto a la empresa accionada, no así en relación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía.

XI.- Lo anterior, dentro de la tónica de que la protección del ambiente requiere que las instancias estatales vinculadas con él asuman un papel activo. En esta línea de pensamiento, no es admisible la explicación de la Ministra de Salud, según la cual el que la resolución SETENA 363-97 otorgara viabilidad ambiental a la actividad en cuestión, “garantiza la protección del manto acuífero existente en dicha zona” (f. 132). Una licencia ambiental de 1997 no puede proteger por ella misma las reservas de agua potable de la comunidad, ya que aunque se hubiera elaborado bajo premisas y estudios técnicamente intachables, sigue siendo tan solo un documento. Lo único que puede garantizar que las aguas no resulten contaminadas es, al menos, una fiscalización efectiva, oficiosa y continua de las autoridades competentes y su pronta acción frente a las denuncias de daño. Y ni el Ministerio dicho ni el del Ambiente y Energía dan cuenta alguna sobre controles que se hayan estado ejerciendo del respeto de las medidas técnicas arriba dichas y sobre la potabilidad del agua de las nacientes -para lo cual pueden requerir, por ejemplo, la cooperación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, por su especialización en la materia-. La importancia de primer orden de la protección de las fuentes de abastecimiento de agua potable quedó ya establecida por sentencia de este Tribunal, #2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004, en la que se dijo:

“El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que las necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.”

En ese mismo pronunciamiento se especifican, además, los deberes de las diferentes instituciones públicas en aras de la protección del agua de consumo humano, dentro de las cuales están incluidas las que aquí se recurrieron. Al tener la Sala por demostrado que ninguna de ellas ha asumido a cabalidad la función activa de protección de las nacientes de las cuales se abastecen poblaciones cercanas a la planta procesadora de Fructa S. A., lo que corresponde es declarar con lugar el recurso, por lesión del derecho al ambiente y a la salud, ordenando a la Ministra de Salud, así como al Ministro del Ambiente y Energía y al Jefe Subregional de Siquirres-Matina de ese último Ministerio, tomar, de inmediato, las medidas necesarias para supervisar que las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que aquí interesan estén libres de contaminación, debiendo mantener esa fiscalización, al menos, cada seis meses. Deberá, de igual modo, ordenarse la notificación de esta sentencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Servicio de Aguas Subterráneas, para lo de su cargo.

XII.- Sobre la emisión de olores contaminantes. De esta tercera forma de polución que se ataca en el amparo, hay evidencia en el expediente, por dos vías. Primero, en el informe de avance del 20 de junio de 2005 del plan de acción para el sistema de tratamiento de aguas residuales, preparado por EASA consultores S.A., se explica que Fructa se ha mantenido en contacto permanente con las comunidades que pudieran verse afectadas por el problema transitorio e involuntario de olores; y que instaló un punto de monitoreo de olores para los poblados de La Francia, Cairo y Herediana, que reportaron disminución considerable de olores desde el 13 de junio de 2005 (f. 51). Segundo, consta la denuncia firmada por vecinos de La Francia y El Cairo de Siquirres ante el Ministerio del Ambiente y Energía del 30 de mayo de 2005, por olores contaminantes percibidos en el día y la noche, y que provocaron en varios de ellos jaqueca, irritación de los ojos y malestar estomacal (f. 74). Estas evidencias conminan a estimar el amparo contra la empresa y contra el Ministerio del Ambiente y Energía, por violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No se dicta orden específica alguna, pues ya remedió el daño causado

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, por lesión del derecho al ambiente y a la salud, por parte de Fructa CR S.A., el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía, debido a la contaminación del cauce del río Peje y a contaminación por olores. Además, se declara con lugar en contra de los Ministerios dichos por omisión de fiscalización de las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano del lugar. En lo demás, se declara sin lugar. Se ordena a María del Rocío Sáenz Madrigal, Ministra de Salud, a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro del Ambiente y Energía, y a Sergio Obando Torres, Jefe Subregional de Siquirres-Matina, o a quienes ocupen sus cargos, tomar, de inmediato, las medidas necesarias de supervisión de las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que aquí interesan, debiendo mantener esa vigilancia, al menos, cada seis meses. Se condena al Estado y a Fructa CR S.A. al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo y civil, respectivamente. Se advierte a María del Rocío Sáenz Madrigal, Ministra de Salud, a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro del Ambiente y Energía, y a Sergio Obando Torres, Jefe Subregional de Siquirres-Matina, o a quienes ocupen sus cargos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Con base en el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se advierte a María del Rocío Sáenz Madrigal, Ministra de Salud, a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro del Ambiente y Energía, y a Sergio Obando Torres, Jefe Subregional de Siquirres-Matina, o a quienes ocupen sus puestos, así como a Roberto Aragón Sáenz, Presidente de Fructa CR S.A., que deberán abstenerse, en el futuro, de incurrir nuevamente en actos similares a los que dieron lugar a esta estimatoria, pues, de lo contrario, podrían ser sancionados con prisión de seis meses a tres años, o de sesenta a ciento veinte días multa (artículo 72 de la misma Ley). Notifíquese a los recurridos Sáenz Madrigal, Rodríguez Echandi, Obando Torres y Aragón Sáenz la presente resolución EN FORMA PERSONAL. Comuníquese. Notifíquese esta sentencia a los Presidentes Ejecutivos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Servicio de Aguas Subterráneas.-

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

Luis Paulino Mora M. Adrián Vargas B.

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

José Luis Molina Q. Horacio González Q.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:11:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 07961 - 2006**

**Date of Resolution:** May 31, 2006, at 4:54 p.m.

**Case File:** 05-007597-0007-CO

**Drafted by:** Gilbert Armijo Sancho

**Type of Matter:** Amparo action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**

*050075970007CO*

Case File: 05-007597-0007-CO

Res. No. 2006-07961

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at four fifty-four p.m. on May thirty-first, two thousand six.

Amparo action filed by Marco Machore Levy, of legal age, single, bearer of identity card number 7-069-314, resident of Limón, against Fructa S.A., the Ministry of Health, and the Ministry of the Environment and Energy.

**Whereas:**

1.- In a written submission received by the Secretariat of the Chamber at 6:22 p.m. on June 19, 2005, the petitioner states that on Friday, April 15, 2005, poisoning of the Río Peje occurred, causing the death of all the fish. This was due to the treatment of waste and the facilities of the company Fructa. The community of La Francia de Siquirres, near said facilities, supplies itself with drinking water from its own aquifer (manto acuífero). There is fear that the company's discharges will contaminate it. The situation has not only been reported by those affected but has also been documented in official communication 263-05-OSSM dated April 15, 2005, issued by the Subregion of the La Amistad Caribe Conservation Area of the Ministry of the Environment and Energy, which stated: "3. Upon arriving at the El Cable pool, it was observed that there was indeed a fish kill as well as turbidity of the water accompanied by a characteristic bad odor of decomposition, so we proceeded to take the respective samples of both fish and water (see contamination map) to send them to the IRET Laboratory (official communication 150.05-OSSM). 4. From the El Cable pool southwards, the Río Peje was surveyed, taking fish and water samples (approximately 3 kilometers upstream) until reaching the drainage pipe of the Company FRUCTA de COSTA RICA S.A., where physical contamination was evident (odor, color, turbidity, and other), this could be verifiable in the inspection report (official communication 151-05-OSSM)." That the population's right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is being violated.

2.- Alexis Coll Carr, identity card number 7-076-061, resident of La Francia (folio 25), and Manuel Rivera Ruiz, President of the Administrative Association of the Cairo and La Francia Aqueduct (folio 40), requested to be considered active coadjuvants in this matter.

3.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of the Environment and Energy, and Sergio Obando Torres, Subregional Chief of Siquirres-Matina, report under oath (folio 55) that it is true that on April 15, contamination occurred in the Río Peje and dead fish were found. The Ministry of Health, the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), and the Ministry of the Environment and Energy participated in the investigation of the facts. The Ministry opened case file AC-02-D-086-05-S. The location was visited, surveying the river from the El Cable pool upstream. Samples were also taken. In the aforementioned survey, the company Fructa de Costa Rica, S.A. is located, so its facilities were visited and its representatives were spoken with. Report 151-05-OSSM of April 18, 2005, was prepared, recommending filing a formal complaint for contamination of a body of water before the Siquirres Prosecutor's Office and the Environmental Administrative Tribunal against the aforementioned company. The complaint before the Prosecutor's Office was filed on April 21, 2005. Various proceedings were also filed before the Ministry of Health. By official communication IRET-LAREP-P0520-01, the partial water results were given, but the fish samples have not been processed. Meetings have been held every fifteen days with the company's representatives, the Ministry of Health, and the Municipality of Siquirres. The company began the expansion of the treatment plant and coordinated with institutions such as EARTH to use bio-decomposers. Discharges are controlled in terms of quantities and dissolved liquids. The company undertook to implement a new aeration mechanism that increases the aerobic capacity of the treatment system. Surveys are being conducted at the discharge site to control that similar events do not occur. Bad odors and wildlife mortality have been eliminated. The petitions made by the plaintiff have been answered. They request that the filed action be dismissed.

4.- Roberto Aragón Sáenz, President of Fructa CR S.A., responded to the hearing granted to him (folio 103), arguing that the amparo is inadmissible, since various state agencies and a jurisdictional authority already handled the problem that is again being presented here. That on April 15, 2005, officials from the Ministry of the Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Judicial Investigation Agency visited the Río Peje at the El Cable pool. Official communication 151-05-OSSM of April 18, 2005, was issued, formulating conclusions and recommendations, including sending the samples to the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas, IRET) of the Universidad Nacional for analysis. On April 21, a criminal complaint was filed before the Public Ministry of Siquirres, an investigation processed under case file number 05-200265-486-PE. The company had already warned that the fruit processing plant had suffered a significant increase in its industrial activity, causing also an unforeseen growth of organic matter, which accumulated in the secondary lagoon of its wastewater treatment plant. The sanitary quality of the discharge worsened due to the dragging of suspended solids, impacting the BOD (biochemical oxygen demand), COD (chemical oxygen demand), suspended solids (Ssed), and TSS. The cause of the fish kill is yet to be defined by IRET, although a report of June 14, 2005, indicated the presence of toxic substances such as the insecticides chlorpyrifos and diazinon, the herbicide bromacil, and the fungicide triadimefon. Thus, Fructa CR S.A. cannot be responsible for the fish kill. The Ministry of the Environment and Energy and the Ministry of Health have been following up on the case.

5.- The Minister of Health, María del Rocío Sáenz Madrigal, rendered the requested report (folio 131), pointing out that the company Fructa de Costa Rica, S.A., is dedicated to processing rejected banana and pineapple to produce purée and juices for export. The company has four hundred direct employees and generates a significant amount of indirect work in waste transfer and product loading and unloading activities. It operates under the free zone modality and has a valid sanitary operating permit, valid until November 17, 2005. That on April 15, 2005, officials from the Siquirres Health Governing Area (Area Rectora de Salud), together with servants from the Ministry of the Environment and Energy and the Judicial Investigation Agency, inspected the Río Peje, corroborating the fish kill, for which samples of the fish and water were taken. The samples were sent to the laboratory of the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (IRET) of the Universidad Nacional for the pertinent examinations. They do not yet have the results. That Donald Cambell Lindo, from the Ministry of the Environment and Energy, reported the fish kill to the Siquirres Prosecutor's Office. That the neighbors were not notified of the actions taken, as none had appeared. When Mr. Machore did so, he indicated postal box 127-7300, Limón, for receiving notifications, and from that moment on, he was informed of matters related to the case. That no neighbor reported suffering allergies as a consequence of the event. She adds that, by resolution of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) #363-97 at 2:15 p.m. on June 11, 1997, environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the company Fructa, which guarantees the protection of the zone's aquifer. On the other hand, the project development coordinator of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) indicated in official communication #DAR-97-5035 of July 31, 1997, that the protection zone for the aquifers is located 165 meters away, and that an impermeable barrier will be built in the cut zone so as not to change the flow lines. That the Ministry of Health requested improvements in the treatment plants to avoid the discharge of organic materials in quantities that contravene the provisions of the Wastewater Discharge Regulation (Reglamento de vertido de aguas residuales). The company Fructa has submitted operational reports since January 12, 2000, which verify compliance with the parameters established in Regulation #26042-S-MINAE, except in report #3 of November 3, 2004. On that occasion, it was ordered to submit a corrective action plan. The discharge from the treatment plants into the Río Peje has been supervised by the Ministry (official communications UPAH/RPP-051-2005, DPAH-7250-2004, and UPC-CAH-967-04). In an inspection on July 6, 2005, it was stated that suspended solids and the emission of bad odors had been considerably reduced. She requests that the action be dismissed.

6.- In a brief of August 8, 2005 (folio 163), the petitioner states that the discharges that the sued company throws into the Río Peje prevent the fish from carrying out their gas exchange, causing their death. That the Minister of the Environment and Energy stated in his report that such was the effect of Fructa S.A.'s activity. The company itself confirmed the problem of the worsening sanitary quality of the discharge. As for the Minister of Health, she admits that the company violates the provisions of the Wastewater Discharge Regulation, without any measure having been taken to date, which exceeds the reasonable time limits to rule on this type of case. That the chemicals detected in the water (chlorpyrifos and diazinon) are used in the cultivation of pineapple and banana, which the respondent processes. To date, no environmental protection measure has been taken.

7.- By written submission of October 31, 2005 (folio 185), Roberto Aragón Sáenz, President of Fructa CR, S.A., stated that at the request of the Ministry of Health, the expansion project for the wastewater treatment plant was built and put into operation. The project was completed at the beginning of September 2005, with excellent results. That his represented company complies with all permitted regulations and regulatory limits. He attaches copies of the latest laboratory analyses, performed by Laboratorio Químico Lambda, and a communication on aquatic macroinvertebrate sampling from the company Habitat Crítico Soluciones Ambientales. With this, they demonstrate that the outflow or discharge of wastewater into the Río Peje by the company is not generating any negative environmental impact. They also support this claim with a legal environmental evaluation report on the wastewater treatment process, prepared by the company ENLACE. That the toxic substances detected in the water analysis are used in crops, not by his represented company. The fish kill did not occur due to asphyxia caused by the presence of solids, but rather due to pesticides discharged into the Río Peje by a third party upstream. He requests that the amparo be dismissed.

8.- By resolution at 10:35 a.m. on April 19, 2006, the Investigating Magistrate of this matter corrected the procedures, considering Fructa S.A. as a respondent and not as a summoned party, given that it derives subjective rights from the contested act (folio 222).

9.- The President of Fructa CR S.A. stated (folio 223) that when responding to the hearing conferred upon him, he considered himself a respondent, and in that capacity, he offered and provided documentary evidence. He requests that said response, as well as his subsequent written submission of October 31, 2005, be considered his defense, and reiterates his request to dismiss the amparo.

10.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Armijo Sancho; and,

**Considering:**

I.- Purpose of the action. The plaintiff claims for the environmental damage caused by the company Fructa S.A. in the waters of the Río Peje in April 2005, which caused the death of a significant number of fish and could affect the drinking water sources of several neighboring communities.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) that on April 15, 2005, in the El Cable Pool, which is part of the Río Peje channel, fish mortality, high sedimentation, and water turbidity were observed during an operation coordinated between the Siquirres Health Governing Area of the Ministry of Health, the Siquirres Subregional Office of the Ministry of the Environment and Energy, and the Judicial Investigation Agency (folio 96);

b) that in this inspection, water samples were taken at several points, as well as fish samples, sent for analysis to the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (IRET) of the Universidad Nacional that same day (folios 6 and 96);

c) that in the same inspection, the Río Peje was surveyed until reaching the drainage pipe of the Company Fructa de Costa Rica, where physical contamination of the channel was evident due to the odor, color, and turbidity (folio 6);

d) that IRET communicated by note of June 14, 2005, the results of the water sample analyses, and by note of August 31, 2005, that of the water and fish, concluding that both the liquid and the aquatic organisms presented residues of the insecticides chlorpyrifos and diazinon, while only in the water were the herbicide bromacil and the fungicide triadimefon detected (folios 65 and 214);

e) that the representative of the respondent company provided, marked as documentary evidence #30, the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) that it had to prepare in February 1997 for the installation of its processing plant. This study addresses both the issue of the treatment of water discharged into the Río Peje and the protection of springs (manantiales) and groundwater that are on the company's property and used for human consumption (pages 22 and 53 of the study, hydrogeological study of Annex #4);

f) that the EIA, with some variations that were requested to be incorporated, was approved by resolution #363-97 at 2:15 p.m. on June 11, 1997, of the National Environmental Technical Secretariat (folio 145);

g) that according to the progress report of the action plan for the wastewater treatment system of Fructa Costa Rica, S.A., prepared on June 20, 2005, by EASA consultores, the procedure worked well from 1999 to 2003, with the biological system collapsing in 2004 (folio 43);

h) that in October 2004, the initial action plan proposal was presented, and several immediate measures were taken, among them the request, at the end of 2004, for the necessary construction permits for the improvements (folio 44);

i) that in April 2005, the company decided, in meetings with the parent company in Germany, to expand the works to be executed, so the permit process was resumed in June 2005 (folios 46 to 48);

j) that the construction of the treatment plant expansion was completed at the beginning of September 2005 (folio 185);

k) that according to operational report 03/05 of October 1, 2005, prepared by EASA consultores, and the Legal Environmental Evaluation of the wastewater treatment process by Enlace S.A. of the 20th of the same month, the expansion of the treatment plant yielded excellent results regarding the sanitary quality of the discharge (folios 189, 207 to 211);

l) that part of the action plan included the installation of an odor monitoring point in La Francia, Cairo, and Herediana (folio 51);

m) that on June 9, 2005, residents of La Francia and El Cairo de Siquirres reported to the Siquirres Sub-regional Office of the Ministry of the Environment and Energy contamination by bad odors and the danger of contamination of the drinking water wells, due to the company Fructa S.A. (folio 74);

n) that between the wastewater treatment system and the springs (nacientes) there is more than 700 meters of distance, an altimetry difference of 30 meters, and a retaining wall or impermeable barrier for protecting the spring (naciente) (folio 115);

o) that on September 3, 2005, Consultant Karina Rodríguez Sáenz of Hábitat Crítico carried out a sampling of the condition of the aquatic ecosystems at three points along a segment of the Río Peje, determining that they could be categorized as clean waters (folio 205).

III.- Regarding passive standing. Since the amparo was directed, among others, against a private law subject, the latter argues that the matter is being ventilated in criminal and administrative venues, making the action inadmissible. The respondent does not explain, however, that in any of those venues a definitive conclusion has been reached regarding the responsibility attributed to the company or, conversely, that a sufficient remedy for the situation from an environmental standpoint has been adopted in them. On the other hand, carrying out an industrial activity that impacts—with greater or lesser severity, as will be seen when analyzing the merits of the matter—the environment that surrounds it, places it in a de facto position of power in relation to the right to a healthy and ecologically balanced environment of, at least, the local residents.

IV.- Regarding the passive standing of the public institutions sued, it is worth recalling "...that the State must take all possible technical measures to ensure that the activity it approves will not cause damage to the environment. Although the pronouncement of the state agency in charge is in itself a technical matter, the duty to pronounce itself and the requirement of rigor is a legal matter. In general terms, the state duty to guarantee the right to a healthy environment is not reduced to satisfying a simple marginal requirement within the bidding process. The Constitution does not only require complying with certain formalities, but rather using, as stated, all legally and factually possible means to preserve the environment." (rulings # 05906-99 at 4:15 p.m. on July 28, 1999, and #2001-13295 at 12:06 p.m. on December 21, 2001). It is in this sense that, in environmental matters, any state omission that results in a worsening of environmental conditions is especially serious:

"IV.- In relation to the actions of public entities, the Chamber considers that the action must be upheld, insofar as a lack of oversight is attributable to the Ministry of Environment and Energy, which allowed the initiation of nursery activities by the interested company, without having the required technical studies." (ruling #9735-00 at 9:06 a.m. on November 3, 2000. See also #1645-02 at 11:04 a.m. on February 15, 2002).

The position of the Ministry of the Environment and Energy and the Ministry of Health will be analyzed from this perspective.

V.- On the merits. The petitioner bases his complaint on the fish kill in the Río Peje in April 2005, accusing Fructa S.A. of contaminating the waters of that current, the aquifer (manto acuífero) that supplies the area, and of bad odors. And while all these elements can be contemplated under the common denominator of the industrial process developed by the company and the impact it may have on the environment, upon examining the evidence provided by the parties, it is concluded that there is a need to refer separately to the discharge of wastewater, the protection of the aquifer, and the emission of bad odors.

VI.- Regarding the discharge of wastewater. In the first place, the specific contamination problem described by the petitioner is immediately related to the treatment of the wastewater produced by the company that is ultimately discharged into the Río Peje. According to the results of the analyses of the water and dead fish samples, carried out at the Regional Institute for Studies on Toxic Substances, the insecticides chlorpyrifos and diazinon were found in both media, while in the water, the herbicide bromacil and the fungicide triadimefon were also detected. For the representative of the sued company, such conclusions exempt it from responsibility, because none of these substances are used in its processes, and the fish kill would have rather been caused by residues discharged from agricultural work upstream. They assert that the waters deposited by the effluent from the wastewater treatment system are 100% organic (f. 116). The plaintiff counters, saying that the chemical substances used in the cultivation of pineapple and banana—fruits processed by the respondent—are released slowly and continuously into the aquatic system, contaminating the river (f. 164). Although the petitioner does not support this hypothesis with direct evidence, two indications are reliably recorded in the case file and allow linking the contamination of the Río Peje with the activity of Fructa S.A.

VII.- The first of these indications is that, at least between October 2004—date of operational report 03-04—and September 2005—date when the new plant works were completed—the biological wastewater treatment system collapsed and had to be rehabilitated. A contingency of this nature necessarily impacts the quality of the discharge thrown into the river, and it was during this period that the incident studied here was reported. Secondly, in the report prepared by the Siquirres Subregional Office of the Ministry of the Environment and Energy, it is asserted that during the April 15 inspection of the Río Peje, "at the El Cable pool, it was observed that there was indeed a fish kill as well as a strong turbidity of the water accompanied by a characteristic odor of decomposition (...) From the El Cable pool southwards, the Río Peje was surveyed, taking fish and water samples (approximately 3 kilometers upstream) until reaching the drainage pipe of the company Fructa de Costa Rica S.A. where physical contamination was evident (odor, color, turbidity, and others)". These indications are sufficient to establish a nexus between the environmental damage represented by the contamination of the river current and the fish kill, and the amparo must be upheld for violation of the fundamental right contained in Article 50 of the Political Constitution.

VIII.- It has also been possible to verify in this case file that the company has implemented improvements in the system that failed, to the point that in October 2005 it was operating in excellent condition. A consequence of such improvements is that no remediation order for the damage caused should be issued in this ruling, as measures of this nature would have already been adopted. And this is not a gratuity from the company to the community, but rather in satisfaction of a constitutional and legal duty of the first order, which is to develop its economic activity without harming the environment, the observance of which is a condition for it to continue its operation.

IX.- Regarding the responsibility of the public entities related to this case, specifically the Ministry of Health and the Ministry of the Environment and Energy, the Chamber takes into account that, in response to complaints from individuals, inspections were carried out and material was sent for analysis. However, it is not observed that the interventions were timely or exhaustive in order to prevent the environmental damage caused. For example, no sanitary order of any kind was ever issued, nor were any precautionary measures for environmental protection adopted. This constitutes an omission of surveillance and intervention that ultimately resulted in environmental damage. Consequently, the amparo must also be upheld against the aforementioned Ministries.

X.- Regarding the protection of water sources for human consumption. The environmental problem addressed here, as stated, refers fundamentally to the treatment of wastewater and its discharge into the Río Peje, which is one of the repercussions that the operation of the Fructa S.A. processing plant has in this area. However, the plaintiff also alludes to his concern that the company's activity may affect several water springs (nacientes) used for human consumption in El Cairo and La Francia, which are located within the company's lands but whose owner is the SNAA. In the documents examined here, there is no evidence that the difficulties at the treatment plant have impacted the springs (nacientes). And within the environmental studies carried out in 1997, before the start of the company's activity, the problem of these waters was addressed, including through hydrogeological analyses, concluding that, by taking several technical precautions, they would not be affected. Such precautions essentially consist of the delimitation of a protection area. Furthermore, there is a setback between the wastewater treatment system and the springs (nacientes) of 700 meters of distance, an altimetry difference of 30 meters, and a retaining wall or impermeable barrier for the protection of the spring, works executed by Fructa S.A. (folio 115). It was also recommended that no type of building be constructed in said area, that it rather be designated for green areas or reforestation, that no effluents of any kind be discharged on the east side, that the ground be waterproofed if vehicles or machinery were to be parked on the east side, that the drainage ditch system discharge far from the limit of the protection area, and that no agrochemical warehouse be permitted on the property (documentary evidence 30, provided by the sued company). Therefore, this aspect of the amparo must be dismissed with respect to the sued company, but not in relation to the Ministry of Health and the Ministry of the Environment and Energy.

XI.- The foregoing, within the understanding that environmental protection requires that the state entities linked to it assume an active role. In this line of thought, the explanation of the Minister of Health is inadmissible, according to which the fact that SETENA resolution 363-97 granted environmental viability for the activity in question "guarantees the protection of the aquifer (manto acuífero) existing in said zone" (f. 132). An environmental license from 1997 cannot, by itself, protect the community's drinking water reserves, since even if it were prepared under technically impeccable premises and studies, it is still just a document. The only thing that can guarantee that the waters do not become contaminated is, at a minimum, effective, official, and continuous oversight by the competent authorities and their prompt action in the face of complaints of damage. And neither the aforementioned Ministry nor the Ministry of the Environment and Energy provides any account of controls that have been exercised regarding the observance of the aforementioned technical measures and the potability of the spring water—for which they can request, for example, the cooperation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the National Groundwater Service, due to their specialization in the matter—. The paramount importance of protecting drinking water supply sources was already established by a ruling of this Tribunal, #2004-1923 at 2:55 p.m. on February 25, 2004, in which it was stated:

"The issue of groundwater is intimately linked to several fundamental rights recognized in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in Article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to drinking water ensures the rights to life—'without water, no life is possible' states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—, to the health of people—indispensable for their food, drink, and hygiene—(Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual well-being and a dignified quality of life (Article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in large proportions."

Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the proper development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025 approximately 5.5 billion people will suffer water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another vein, it is now recognized that there is a duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development), such that the needs of the present must be met without compromising the ability of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—non-polluting or environmentally compatible use of water."

In that same pronouncement, the duties of the various public institutions for the protection of water for human consumption are also specified, including those against which recourse was sought here. The Chamber having found it demonstrated that none of them has fully assumed the active function of protecting the springs (nacientes) from which populations near the processing plant of Fructa S. A. are supplied, what is warranted is to grant the amparo action (recurso) with merit, for injury to the right to a healthy environment and to health, ordering the Minister of Health, as well as the Minister of the Environment and Energy and the Subregional Head of Siquirres-Matina of that latter Ministry, to take, immediately, the necessary measures to supervise that the water supply sources for human consumption at issue here are free from contamination, and to maintain that oversight at least every six months. Likewise, notification of this judgment shall be ordered to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Servicio de Aguas Subterráneas, for their respective responsibilities.

XII.- Regarding the emission of polluting odors. Of this third form of pollution challenged in the amparo action, there is evidence in the expediente, via two avenues. First, in the progress report of June 20, 2005, on the action plan for the wastewater treatment system, prepared by EASA consultores S.A., it is explained that Fructa has maintained permanent contact with the communities that could be affected by the temporary and involuntary odor problem; and that it installed an odor monitoring point for the towns of La Francia, Cairo, and Herediana, which reported a considerable decrease in odors as of June 13, 2005 (f. 51). Second, the record includes a complaint signed by residents of La Francia and El Cairo de Siquirres filed with the Ministerio del Ambiente y Energía on May 30, 2005, regarding polluting odors perceived day and night, which caused several of them headaches, eye irritation, and stomach discomfort (f. 74). This evidence compels the granting of the amparo action against the company and against the Ministerio del Ambiente y Energía, for violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. No specific order is issued, since the damage caused has already been remedied.

Por tanto:

The amparo action (recurso) is partially granted, for injury to the right to a healthy environment and to health, on the part of Fructa CR S.A., the Ministerio de Salud, and the Ministerio del Ambiente y Energía, due to pollution of the Peje River channel and to pollution from odors. Additionally, it is granted against the aforementioned Ministries for omission of oversight of the sources of water supply for human consumption in the area. In all other respects, it is denied. María del Rocío Sáenz Madrigal, Minister of Health, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Minister of the Environment and Energy, and Sergio Obando Torres, Subregional Head of Siquirres-Matina, or whoever occupies their positions, are ordered to take, immediately, the necessary measures of supervision of the sources of water supply for human consumption at issue here, and to maintain that monitoring at least every six months. The State and Fructa CR S.A. are ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative and civil proceedings, respectively. María del Rocío Sáenz Madrigal, Minister of Health, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Minister of the Environment and Energy, and Sergio Obando Torres, Subregional Head of Siquirres-Matina, or whoever occupies their positions, are warned that, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided that the offense is not more severely punished. Based on Article 50 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, María del Rocío Sáenz Madrigal, Minister of Health, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Minister of the Environment and Energy, and Sergio Obando Torres, Subregional Head of Siquirres-Matina, or whoever occupies their posts, as well as Roberto Aragón Sáenz, President of Fructa CR S.A., are warned that they must refrain, in the future, from again engaging in acts similar to those that gave rise to this grant, since, otherwise, they could be sanctioned with imprisonment of six months to three years, or a fine of sixty to one hundred twenty days (Article 72 of the same Law). The respondents Sáenz Madrigal, Rodríguez Echandi, Obando Torres, and Aragón Sáenz shall be notified of this resolution PERSONALLY. Let it be communicated. Notify this judgment to the Executive Presidents of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Servicio de Aguas Subterráneas.-

Ana Virginia Calzada M.

Acting President

Luis Paulino Mora M. Adrián Vargas B.

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

José Luis Molina Q. Horacio González Q.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 23-02-2026 15:11:58.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República