Res. 12313-2006 Sala Constitucional — Failure to respond to visual pollution complaint on national routeOmisión de respuesta a denuncia por contaminación visual en ruta nacional

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12313 - 2006

Fecha de la Resolución: 23 de Agosto del 2006 a las 15:34

Expediente: 06-009053-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

*060090530007CO*

Exp: 06-009053-0007-CO

Res. Nº 2006-012313

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y treinta y cuatro minutos del veintitrés de agosto del dos mil seis.

Recurso de amparo interpuesto por RODRIGO ALBERTO CARANZA ULLOA, cédula de identidad número 09-0047-0079, contra el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN VIAL Y DEMOLICIONES DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas treinta y uno minutos del veinticuatro de julio del dos mil seis, el recurrente interpone recurso de amparo contra el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN VIAL Y DEMOLICIONES DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES y manifiesta que: a) El Bufete Camacho y Quirós el seis de febrero del dos mil cuatro, solicitó la remoción de rótulos publicitarios instalados sobre el derecho de vía en la Ruta Nacional Uno por causar contaminación visual; b) Dicha petición se reiteró el diecisiete de mayo siguiente; c) El catorce de junio de ese mismo año, el recurrido ordenó realizar las gestiones pertinentes de investigación, pero a la fecha de interposición de este recurso, dos años y un mes después, no ha obtenido una resolución definitiva de su petición, lo que estima viola su derecho de petición y pronta resolución establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.

2.- Por resolución de las nueve horas cincuenta minutos del veinticinco de julio del dos mil seis (Folio 08), Se pide informe al Jefe del Departamento de Inspección Vial Y Demoliciones del MOPT, sobre los hechos alegados por el recurrente.

3.- Informa bajo juramento Jorge Rojas Chacón, en su calidad de Jefe del Departamento de Inspección Vial Y Demoliciones del MOPT (folio 14), que: a) Señala que el recurrente alega la falta de respuesta y ejecución para remover rótulos publicitarios instalados en el derecho de vía de la ruta nacional número uno por la contaminación visual existente en el tramo comprendido entre Liberia y Pijije; b) Es menester señalar, que el suscrito es Jefe del Departamento de Previsión Vial y en forma interina Jefe del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y transportes, a partir del once de mayo del año en curso, según oficio número DI-454-2006; c) Considera que el Ministerio ha abandonado por ocho años aproximadamente la fiscalización del derecho de vía de las rutas nacionales, lo cual se debe a diversos motivos, entre ellos esencialmente la falta de presupuesto; d) En ese sentido y dada la evidente proliferación de rótulos y vallas publicitarios en esa área demanial, estima importante reiterarle a las municipalidades del país, que las rutas nacionales y sus derechos de vía son administrados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de este Departamento de Inspección Vial y Demoliciones; e) Por tal razón, está solicitando autorización para comunicar a todas las municipalidades del país, el inicio de operativos para la recuperación de los derechos d vía de todas las rutas nacionales, función que es indelegable e irrenunciable, y que según mis objetivos, iniciarán aproximadamente en la tercera semana de agosto, con o cual ese tramo entre Liberia y Pijije sería prioritario ante la solicitud del recurrente.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando

I.- Objeto del recurso. Alega el recurrente que el seis de febrero y reiteradamente el diecisiete de mayo del dos mil cuatro solicitó ante el Departamento de Inspección Vial del Ministerio de Obras Públicas y transportes la remoción de rótulos publicitarios instalados sobre el derecho de vía en la Ruta Nacional Uno por causar contaminación visual, sin que a la fecha de interposición del recurso haya recibido respuesta o resolución alguna, lo que estima violatorio de los derechos consagrados en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a. Que mediante oficio de seis de febrero del dos mil cuatro, el recurrente solicitó ante el Departamento de Inspección Vial del Ministerio de Obras Públicas y transportes la remoción de rótulos publicitarios instalados sobre el derecho de vía en la Ruta Nacional Uno por causar contaminación visual. ( ver documento que corre a los folios 006-007 del expediente);

b. Que dicha petición se reiteró el diecisiete de mayo del dos mil cuatro.( ver documento al folio 005 del expediente);

c. Que mediante oficio número DIVD 2004-0484 del diez de junio del dos mil cuatro, notificado al recurrente a través del medio por él señalado, el Jefe de Departamento de Inspección Vial y Demoliciones comisionó al señor Gerardo Sandoval para que tramitara la denuncia interpuesta por el recurrente, debiendo informar a la Jefatura sobre los resultados del estudio del caso en los ocho días siguientes. (ver documento que corre al folio 004 del expediente)

III.- Hechos no probados. No se tienen por probados los siguientes hechos:

a) Que la autoridad recurrida haya dado respuesta a la gestión presentada por el recurrente el seis de febrero del dos mil cuatro.

IV. - Sobre el derecho de petición, pronta resolución y justicia pronta y cumplida. El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En este punto deben diferenciarse las peticiones puras y simples de información, los reclamos administrativos, las denuncias y otras solicitudes. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Excepcionalmente, si la contestación no puede brindarse dentro de ese término por razones justificadas, la Administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, cuáles son los motivos por los que no puede atender la petición en ese momento -obviamente, en el entendido de que más adelante, cuando pueda hacerlo, deberá responder cabalmente la petición-. La explicación correspondiente deberá ser clara, profusa y detallada, con el objeto de que el petente quede debidamente informado y pueda ejercer las acciones legales que juzgue apropiadas. En el segundo caso, cuando se trata de reclamos o recursos -en que el particular pide la declaración o restitución de un derecho subjetivo-, como lo ha señalado esta Sala, no es el artículo 27 Constitucional el aplicable, sino el 41: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". Lo anterior, por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes (véase la sentencia N° 2002-03851 de las 14:56 horas del 30 de abril de 2002). Usualmente, el término para resolver está dado por el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, que establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación (véase la sentencia número 759-93 de las 16:39 horas del 15 de febrero de 1993). En la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 de esa misma ley dispone un plazo de un mes -a partir de su inicio- para que la Administración concluya la tramitación. Además, en lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2° del mismo cuerpo legal fija también el término de un mes para resolver. Lo anterior se afirma en el entendido de que, en virtud del principio del debido proceso que rige en la vía administrativa, la autoridad recurrida está obligada no sólo a resolver dentro del período conferido por la ley para tal efecto, sino también a notificar la resolución respectiva dentro de ese mismo lapso de tiempo. En el tercer caso, cuando se trata de denuncias, la Sala ha reconocido y declarado que, como instituto jurídico utilizado por los administrados para poner en conocimiento de la Administración hechos que el denunciante estima irregulares, ilegales o contrarios al orden público, ésta deviene en un modo de participación en asuntos que conciernen al interés público, perfectamente compatible y, de hecho, fundamentada en el principio democrático, por lo que se ubica -al igual que las peticiones de información, los reclamos administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos-, dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener resolución. Por esa razón, si bien el denunciante no es parte en el procedimiento y no existe un plazo legalmente establecido para resolver al efecto, esta Sala ha sostenido reiteradamente que aquel, si así lo desea, tiene derecho a que se le comunique el resultado de su gestión en un término razonable (véase la resolución Nº 2002-06543 de las 08:57 horas del 5 de julio de 2002). Por último, entratándose de solicitudes para obtener autorizaciones, permisos y/o licencias, los artículos 330 y 331 de la Ley General de Administración Pública disponen que la Administración cuenta con el plazo de un mes, contado a partir del momento en que recibe la solicitud, para resolver lo que en derecho corresponda (véase las resoluciones N° 171-89 de las nueve horas treinta minutos del quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y N° 3072-93 de las 16:00 horas del 30 de junio de 1993). En caso de que la solicitud no reúna todos los requisitos necesarios, lo propio es que la Administración haga la prevención correspondiente, a fin de que los defectos sean subsanados (sentencia N° 2001-01116 de las 17:21 horas del 7 de febrero de 2001).

V.- Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, en tesis de principio, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. No obstante, lo anterior en modo alguno implica una constitucionalización de los plazos legales, pues lo que se tutela es el derecho que toda persona tiene a que su causa se resuelva dentro de un plazo razonable; plazo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la complejidad técnica del asunto del que se trate, la amplitud de la prueba por evacuar, las consecuencias para las partes de la demora o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, la conducta de los litigantes y de las autoridades involucradas, las pautas y márgenes ordinarios del tipo de procedimiento en cuestión y el estándar medio para la resolución de asuntos similares por las autoridades de la misma materia (véanse las sentencias Nº 2003-13640 de las 13:50 horas del 28 de noviembre del 2003). Por lo tanto, un incumplimiento de los términos legales, puede, a veces, no entrañar una violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución. En efecto, el quebrantamiento de los ordinales constitucionales, en estos casos, se constata al ponderar -de conformidad con la prueba que obra en autos- que la substanciación del procedimiento se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002).

VI.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal no verifica la violación al derecho de petición y de justicia pronta y cumplida en sede administrativa. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que el seis de febrero y reiteradamente el diecisiete de mayo del dos mil cuatro el recurrente gestionó la remoción de rótulos publicitarios instalados sobre el derecho de vía en la Ruta Nacional Uno por causar contaminación visual, ante el Departamento de Inspección Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Mediante oficio número DIVD 2004-0484 del diez de junio del dos mil cuatro, notificado al recurrente a través del medio por él señalado, el Jefe de Departamento de Inspección Vial y Demoliciones comisionó al señor Gerardo Sandoval para que tramitara la denuncia interpuesta por el recurrente, debiendo informar a la Jefatura sobre los resultados del estudio del caso en los ocho días siguientes. Así, no sólo se dio gestión tardía a al solicitud del recurrente –transcurriendo más de cuatro meses entre la presentación de la petición y su asignación departamental interna- sino que a la fecha no se ha dado resolución o respuesta alguna a la gestión del recurrente, por lo que lo procedente es declarar con lugar el presente recurso.

Por tanto:

Se declara con lugar presente recurso. Se ordena a JORGE ROJAS CHACÓN, en su condición de JEFE A.I. DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN VIAL Y DEMOLICIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES o a quien en su lugar ejerza el cargo, que resuelva la gestión presentada por el recurrente el seis de febrero del dos mil seis y le notifique lo resuelto a dicha persona dentro del plazo de diez días contado a partir de la notificación de esta resolución, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a JORGE ROJAS CHACÓN, en su condición de JEFE A.I. DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN VIAL Y DEMOLICIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES o a quien en su lugar ejerza el cargo, EN FORMA PERSONAL.

Luis Fernando Solano C.

Presidente

Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M.

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

Fernando Cruz C. Jorge Araya G.

FCC/lmez/82

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 17-03-2026 06:55:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution No. 12313 - 2006

Date of Resolution: August 23, 2006 at 15:34

Case File: 06-009053-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of Matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

*060090530007CO*

Exp: 06-009053-0007-CO

Res. No. 2006-012313

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and thirty-four minutes on the twenty-third of August, two thousand six.

Amparo appeal (Recurso de amparo) filed by RODRIGO ALBERTO CARANZA ULLOA, identification number 09-0047-0079, against the CHIEF OF THE DEPARTMENT OF ROAD INSPECTION AND DEMOLITIONS OF THE ENGINEERING DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT.

Whereas:

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fifteen hours thirty-one minutes on the twenty-fourth of July, two thousand six, the appellant files an amparo appeal against the CHIEF OF THE DEPARTMENT OF ROAD INSPECTION AND DEMOLITIONS OF THE ENGINEERING DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT and states that: a) The Camacho y Quirós Law Firm, on February sixth, two thousand four, requested the removal of advertising signs installed on the right-of-way (derecho de vía) of National Route One for causing visual pollution (contaminación visual); b) Said petition was reiterated on the following seventeenth of May; c) On June fourteenth of that same year, the respondent ordered the relevant investigative steps to be taken, but as of the date of filing this appeal, two years and one month later, he has not obtained a definitive resolution of his petition, which he believes violates his right to petition and prompt resolution established in Article 27 of the Political Constitution.

2.- By resolution at nine hours fifty minutes on the twenty-fifth of July, two thousand six (Folio 08), a report is requested from the Chief of the Department of Road Inspection and Demolitions of the MOPT, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- Jorge Rojas Chacón, in his capacity as Chief of the Department of Road Inspection and Demolitions of the MOPT, reports under oath (folio 14), that: a) He points out that the appellant alleges a lack of response and execution to remove advertising signs installed on the right-of-way of national route number one due to the existing visual pollution on the segment between Liberia and Pijije; b) It is necessary to note that the undersigned is Chief of the Department of Road Safety and, on an interim basis, Chief of the Department of Road Inspection and Demolitions of the Ministry of Public Works and Transport, as of the eleventh of May of the current year, according to official communication number DI-454-2006; c) He considers that the Ministry has abandoned for approximately eight years the oversight of the right-of-way of national routes, which is due to various reasons, essentially the lack of budget; d) In that sense, and given the evident proliferation of signs and advertising billboards on that public domain area, he considers it important to reiterate to the country's municipalities that national routes and their right-of-way are administered by the Ministry of Public Works and Transport, through this Department of Road Inspection and Demolitions; e) For that reason, he is requesting authorization to communicate to all the country's municipalities the start of operations for the recovery of the right-of-way of all national routes, a function that is non-delegable and non-waivable, and which, according to my objectives, will begin approximately in the third week of August, by which that segment between Liberia and Pijije would be a priority in light of the appellant's request.

4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering

I.- Subject of the appeal. The appellant alleges that on February sixth and reiterated on May seventeenth, two thousand four, he requested before the Department of Road Inspection of the Ministry of Public Works and Transport the removal of advertising signs installed on the right-of-way of National Route One for causing visual pollution, without having received any response or resolution as of the filing date of the appeal, which he considers a violation of the rights enshrined in Articles 27 and 41 of the Political Constitution.

II.- Proven facts. The following facts are deemed duly proven as important for the decision of this matter:

a. That by official communication of February sixth, two thousand four, the appellant requested before the Department of Road Inspection of the Ministry of Public Works and Transport the removal of advertising signs installed on the right-of-way of National Route One for causing visual pollution. (see document found on folios 006-007 of the case file);

b. That said petition was reiterated on the seventeenth of May, two thousand four. (see document on folio 005 of the case file);

c. That by official communication number DIVD 2004-0484 of June tenth, two thousand four, notified to the appellant through the means indicated by him, the Chief of the Department of Road Inspection and Demolitions commissioned Mr. Gerardo Sandoval to process the complaint filed by the appellant, requiring him to report to the Chief's Office on the results of the study of the case within the following eight days. (see document found on folio 004 of the case file)

III.- Facts not proven. The following facts are not considered proven:

a) That the respondent authority has provided a response to the request presented by the appellant on February sixth, two thousand four.

IV. - On the right to petition, prompt resolution, and prompt and complete justice. The right to petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the power every citizen possesses to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although the latter does not mean that the administered party must receive a response favorable to their interests. At this point, pure and simple requests for information, administrative claims, complaints, and other petitions must be differentiated. In the first case, the response should normally be given within ten days following receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction. Exceptionally, if the response cannot be provided within that term for justified reasons, the Administration is obligated to explain, within the period required by Law, the reasons why it cannot address the petition at that time—obviously, on the understanding that later, when it can do so, it must fully respond to the petition. The corresponding explanation must be clear, thorough, and detailed, so that the petitioner is duly informed and can exercise the legal actions they deem appropriate. In the second case, when dealing with claims or appeals—in which the individual requests the declaration or restitution of a subjective right—as this Chamber has noted, it is not Article 27 of the Constitution that applies, but Article 41: "Resorting to the laws, everyone must find redress for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests. They must be afforded prompt, complete, and undeviating justice in strict conformity with the laws." The foregoing, inasmuch as administrative claims and appeals, unlike pure petitions, require a procedure to verify the facts that are to serve as grounds for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures (see judgment No. 2002-03851 at 14:56 hours on April 30, 2002). Usually, the term to resolve is given by Article 261, paragraph 1, of the General Law of Public Administration, which establishes that the ordinary administrative procedure must be concluded, by final act, within the period of two months after its initiation (see judgment number 759-93 at 16:39 hours on February 15, 1993). In the hypothesis of summary procedure, Article 325 of that same law provides a period of one month—from its initiation—for the Administration to conclude the processing. Furthermore, regarding the appeal phase or challenge procedure, numeral 261, paragraph 2 of the same legal body also sets a term of one month to resolve. The above is affirmed on the understanding that, by virtue of the principle of due process that governs in the administrative sphere, the respondent authority is obligated not only to resolve within the period granted by law for that purpose but also to notify the respective resolution within that same period of time. In the third case, when dealing with complaints, the Chamber has recognized and declared that, as a legal institute used by administered parties to bring to the Administration's attention facts that the complainant considers irregular, illegal, or contrary to public order, it becomes a mode of participation in matters that concern the public interest, perfectly compatible with and, in fact, grounded in the democratic principle, which is why it falls—like requests for information, administrative claims, and requests for the granting of certain rights—within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a resolution. For that reason, although the complainant is not a party to the procedure and there is no legally established period to resolve to that effect, this Chamber has repeatedly held that the complainant, if they so wish, has the right to be informed of the result of their proceeding within a reasonable period (see resolution No. 2002-06543 at 08:57 hours on July 5, 2002). Finally, in the case of requests to obtain authorizations, permits, and/or licenses, Articles 330 and 331 of the General Law of Public Administration provide that the Administration has a period of one month, counted from the moment it receives the request, to resolve what is appropriate under the law (see resolutions No. 171-89 at nine hours thirty minutes on December fifteen, nineteen eighty-nine and No. 3072-93 at 16:00 hours on June 30, 1993). In the event that the request does not meet all the necessary requirements, it is proper for the Administration to issue the corresponding prevention, so that the defects may be corrected (judgment No. 2001-01116 at 17:21 hours on February 7, 2001).

V.- When a public organ or entity exceeds these time limits, in principle, a breach of the right to prompt and complete administrative justice established in Article 41 of the Political Constitution occurs. However, the foregoing in no way implies a constitutionalization of legal deadlines, since what is protected is the right that every person has to have their case resolved within a reasonable time; a period that must be established in each specific case, considering the technical complexity of the matter in question, the breadth of the evidence to be taken, the consequences for the parties of the delay or the degree of impact on the person or the environment of the challenged act, the conduct of the litigants and authorities involved, the ordinary guidelines and margins of the type of procedure in question, and the average standard for the resolution of similar matters by authorities in the same area (see judgments No. 2003-13640 at 13:50 hours on November 28, 2003). Therefore, a failure to comply with legal terms may, at times, not entail a violation of Articles 27 and 41 of the Constitution. Indeed, the infringement of the constitutional articles, in these cases, is verified by weighing—in accordance with the evidence in the record—that the processing of the procedure occurred without undue delays (see judgment No. 2002-09041 at 15:02 hours on September 17, 2002).

VI.- On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal does not verify a violation of the right to petition and to prompt and complete justice in the administrative forum. From the report rendered by the representatives of the respondent authority—which is taken as given under the faith of oath with the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on February sixth and reiterated on May seventeenth, two thousand four, the appellant pursued the removal of advertising signs installed on the right-of-way of National Route One for causing visual pollution, before the Department of Road Inspection of the Ministry of Public Works and Transport. By official communication number DIVD 2004-0484 of June tenth, two thousand four, notified to the appellant through the means indicated by him, the Chief of the Department of Road Inspection and Demolitions commissioned Mr. Gerardo Sandoval to process the complaint filed by the appellant, requiring him to report to the Chief's Office on the results of the study of the case within the following eight days. Thus, not only was the appellant's request handled belatedly—more than four months elapsing between the filing of the petition and its internal departmental assignment—but to date no resolution or response whatsoever has been given to the appellant's proceeding, making it proper to grant the present appeal.

Therefore:

The present appeal is granted. JORGE ROJAS CHACÓN, in his capacity as ACTING CHIEF OF THE DEPARTMENT OF ROAD INSPECTION AND DEMOLITIONS OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT, or whoever may hold that position in his stead, is ordered to resolve the proceeding presented by the appellant on February sixth, two thousand six, and to notify the resolution to said person within a period of ten days counted from the notification of this resolution, under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be determined in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify this resolution to JORGE ROJAS CHACÓN, in his capacity as ACTING CHIEF OF THE DEPARTMENT OF ROAD INSPECTION AND DEMOLITIONS OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT, or to whoever may hold that position in his stead, PERSONALLY.

Luis Fernando Solano C.
President

Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M.
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C. Jorge Araya G.

FCC/lmez/82

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 17-03-2026 06:55:02.

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