Res. 17126-2006 Sala Constitucional — Constitutionality of land-use change on private forest land for national-interest projectsConstitucionalidad del cambio de uso de suelo en terrenos forestales privados para proyectos de conveniencia nacional

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Sala Constitucional

Resolución Nº 17126 - 2006

Fecha de la Resolución: 28 de Noviembre del 2006 a las 15:04

Expediente: 05-016376-0007-CO

Redactado por: Luis Fernando Solano Carrera

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia desestimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




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Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Objetivación de la Tutela Ambiental o Principio de la Vinculación a la Ciencia y a la Técnica

Subtemas:

NO APLICA.

“…se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias– , de donde se deriva la exigencia de la " vinculación a la ciencia y a la técnica ", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia.”   “ “ principio ambiental "de la vinculación a la ciencia y a la  técnica" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación. ”  “Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.” Sentencia 17126-06, 14293-05, 11562-06,12716-12

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

NO APLICA.

17126-06. CORTA DE ÁRBOLES PARA PROYECTO HIDROELÉCTRICO. Artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal. No. 7575

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Texto de la resolución

Exp: Nº 05-016376-0007-CO

Res: Nº 2006-17126

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil seis.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por ROBERTO SOTO VEGA, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad número 1-849-762, vecino de Limón; contra los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, número 7575. Intervienen en la acción Ana Lorena Brenes Esquivel, con cédula número 4-127-782, en representación de la Procuraduría General de la República; Allan René Flores Moya, cédula de identidad número 1-688-769, vecino de Heredia, como Ministro del Ambiente y Energía a.i., y Adriana Jiménez Calderón, cédula 1-806-389, en su condición de apoderada general judicial del Instituto Costarricense de Electricidad, todos mayores, casados y abogados.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las ocho horas quince minutos del diecinueve de diciembre del dos mil cinco, el accionante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, número 7575, por estimar que sus efectos son violatorios de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, por cuanto establece un régimen privilegiado para el Estado que le permitirle contaminar el terreno cubierto de bosque, con pretexto de la conveniencia nacional, anteponiendo el valor comercial sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con lo cual, al tenor de las normas impugnadas, el Estado se convierte en el primer agente contaminante y detractor del ambiente, en tanto funciona como una verdadera licencia en blanco para destruir los reductos forestales del país; siendo que las mismas actividades son sancionadas en materia penal como delitos, cuando son realizadas por particulares.

2.- Por resolución de las quince horas treinta y nueve minutos del treinta de enero del dos mil seis (visible a folio 89 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad.

3.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 103 a 119, solicitando que se desestime la acción, por estimar que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ha incorporado dentro de sus principios, el desarrollo sostenible, que es aquel que pretende la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras generación sobre la base de la sustentabilidad de los recursos naturales, esto es un desarrollo compatible con el ambiente y la conservación; como lo ha reconocido la propia jurisprudencia constitucional (en tal sentido, las sentencias número 3705-93, 2219-99, y más recientemente, la número 2005-8945). No se trata de una excepción de la normativa ambiental, como lo alega el accionante, sino todo lo contrario, en tanto, la actuación de la Administración está sujeta al bloque de legalidad, por cuanto sólo es un tipo de proyectos el realizable –el de conveniencia nacional–, le corresponde a la Administración Forestal apreciar la pertinencia de la viabilidad ambiental, está sujeta a la realización de los estudios técnicos previos (estudios de impacto ambiental) a cargo de la SETENA (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente en relación con los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública), y no se afecta al patrimonio natural del Estado. Es así como las normas impugnadas combinan la conservación de los bosques con las necesidades de la promoción y fomento económico y social de la población a través de obras de infraestructura de evidente interés público.

4.- El Ministro de Ambiente y Energía contesta a folios 95 a 102 la audiencia concedida, y manifiesta que la acción debe ser desestimada, por no ser contraria al orden constitucional las normas impugnadas, sobre la base de las siguientes afirmaciones: a) no se configura ninguna situación de privilegio del Estado, que le faculte para desmejorar el medio ambiente y los recursos forestales e hídricos de la nación; sino que lo que hizo el legislador fue establecer un mecanismo para asegurar el cumplimiento de obras de infraestructura de evidente interés público y conveniencia nacional, para permitir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país: b) es en atención a la importancia y el interés público de las obras y proyectos que se permite esta "excepción"; caso contrario, conllevaría a un estancamiento del progreso económico y social del país, para lo cual se requiere de una declaratoria de interés público, ya sea mediante ley o por decreto del Ejecutivo; c) no se trata de una simple autorización de corta de árboles, sin ninguna regulación y criterio objetivo (técnico-legal) –entre los cuales, el más importante es el respectivo estudio de impacto ambiental–, en tanto existe un marco jurídico que establece los principios, trámites, requisitos legales, controles a los que está sujeta la actividad, para que pueda autorizarse, por cuanto la tala debe ser razonable y limitada, tal y como lo establece la norma; y, d) no se afecta el patrimonio natural del Estado, sino el patrimonio forestal en manos de los particulares.

5.- La personera del Instituto Costarricense de Electricidad, a folios 121 a 130 del expediente da respuesta a la audiencia conferida, y también solicita la desestimatoria de la acción en todos sus extremos, por las siguientes razones: a) que la institución que representa está creada por decreto-ley para promover el desarrollo nacional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, para la promoción del bienestar de los habitantes; y es así como se impone como uno de sus objetivos primordiales el plan de extensión en la generación eléctrica y en la transmisión de electricidad, el cual está respaldado en criterios económicos y ambientales; b) que es evidente que el proyecto de transporte de energía redundará en un eventual mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las zonas beneficiadas con el servicio eléctrico; y que aún cuando puede provocar un impacto en el ambiente, para ello se cuenta con el respectivo estudio de impacto ambiental que lo respalda, además de que se impusieron a la institución la correspondiente medida compensatoria (por cada árbol que se corta, la siembra de cinco), la actividad se sujeta al control de las respectivas instituciones administrativas (SETENA y Ministerio de Ambiente y Energía), y requiere del nombramiento de un regente forestal, a quien corresponde la elaboración del respectivo plan de manejo; y la posibilidad de la revocatoria del permiso si se incumplen las condiciones ambientales que permitieron su autorización. Al tenor de lo anterior, concluye que los argumentos del accionante son imprecisos e inexactos, al no sustentarse en la realidad; sin que pueda interpretarse de manera irrestricta y absoluta la "irreductibilidad" del bosque, porque ello riñe de manera abierta con el desarrollo de una nación.

6.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 45, 46 y 47 del Boletín Judicial, de los días tres, seis y siete de marzo del dos mil seis (folio 120).

7.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibidem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

8.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Solano Carrera; y,

Considerando:

A.- CUESTIONES PRELIMINARES.-

I.- DEL OBJETO DE LA ACCIÓN.- Se cuestionan en esta acción los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, número 7575, por estimar que sus efectos son violatorios de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, por cuanto establece un régimen privilegiado para el Estado que le permitirle contaminar el terreno cubierto de bosque, con pretexto de la conveniencia nacional, anteponiendo el valor comercial sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con lo cual, al tenor de las normas impugnadas, el Estado se convierte en el primer agente contaminante y detractor del ambiente, en tanto funciona como una verdadera licencia en blanco para destruir los reductos forestales del país; siendo que las mismas actividades son sancionadas en materia penal como delitos, cuando son realizadas por particulares.

II.- DE LA LEGITIMACIÓN DEL ACCIONANTE.- El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad. De esta suerte, el párrafo primero, exige la existencia de un asunto previo, en sede jurisdiccional (admitiendo, inclusive los recursos de amparo o de hábeas corpus), o administrativa (en el procedimiento de agotamiento de la vía), en que se invoque la inconstitucionalidad de la norma, como medio razonable de amparar el derecho o interés considerado lesionado. Se conceptúa así, la regla general de la necesidad de contar con un asunto previo, siendo excepcionales las posibilidades de acudir en forma directa a la Sala, y que se encuentran regulados en el párrafo segundo en aquellos supuestos en que

"[...] por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto";

y en el párrafo tercero de la misma norma, que prevé la situación de que la gestión sea promovida por determinados funcionarios (el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Defensor de los Habitantes y el Fiscal General). Aún cuando el accionante no indica cual es la legitimación que ostenta para accionar en esta vía, en razón de la materia de que se trata –derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado–, y por la pretensión de tutela del ambiente, es que, no obstante no tener ningún asunto pendiente ni en la vía administrativa ni en la jurisdiccional en la que se deban de aplicar las normas impugnadas, que debe de estimarse debidamente legitimado al accionante para interponer su reclamo. Nótese al efecto que se trata de un derecho fundamental, clasificado como de la tercera generación (o de la solidaridad), que se sustenta propiamente en la condición de la persona humana, al estimarse que la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la comunidad como el individuo en particular, bajo las siguientes consideraciones:

"[...] el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas por del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero «derecho reaccional», que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para «reaccionar» frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos. Es por ello que la vulneración de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica de amparo contra los actos concretos o normas autoaplicativas o, en su caso, en la acción de inconstitucionalidad contra todas las normas o contra los actos no susceptibles de amparo, e incluso, contra las omisiones, categoría ésta que en el caso del derecho al ambiente se vuelve especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio que la naturaleza nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las autoridades públicas en realizar los actos necesarios para protegerlos. La Jurisdicción Constitucional, como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la supremacía del derecho de la Constitución es, además de supremo, de orden público esencial, y ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, restablecer su propia juridicidad." (Sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).

Es así como esta Sala ha reconocido la existencia de un verdadero interés difuso en los reclamos contra la violación del medio ambiente; pero en especial, al haberse dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política una verdadera acción popular al disponer

"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado."

Con lo cual, se atiende a la condición especial del bien de que se trata –el ambiente–que, se repite, se presenta como un bien colectivo, y por ello, la potencia a todos y cada una de las personas a pretender su defensa, tal y como lo consideró este Tribunal sentencias número 2001-08239, 2002-9703, 2003-3656, y 2003-06323, sobre la base que se trata de intereses que atañen a la colectividad nacional al trascender

"[...] la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad;[...]"

En virtud de lo cual, se encuentra debidamente legitimada el accionante para accionar en forma directa, precisamente en razón del objeto de impugnación, en tanto se pretende la debida defensa del ambiente.

III.- DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES INTERVINIENTES.- Las tres instituciones a las que se les confirió audiencia en esta acción coinciden en sus consideraciones, y solicitan la desestimación de la acción, por estimar que las normas impugnadas son conformes con la tutela que se impone al Estado del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ser expresión del principio del desarrollo sostenible, que permite la construcción de obras de infraestructura para el beneficio económico y social de la población, siempre que se haga en armonía y de conformidad con la preservación del ambiente; sin que por ello pueda estimarse que se trata de un régimen de excepción para el Estado que lo faculta a contaminar y dañar al ambiente. En tal sentido, alegan las tres representaciones que para que tales obras pueden realizarse se requiere de la sujeción de las mismas al bloque de legalidad, motivo por el cual, se refiere únicamente a cierto tipo de proyectos ("de conveniencia nacional"), y la aplicación indiscutible de la normativa ambiental, que exige la realización de los respectivos estudios de impacto ambiental, el sometimiento a controles por parte de las autoridades competentes en la materia, la imposición de medidas de compensación por el impacto que se causa al ambiente, el nombramiento de un regente forestal, la sujeción del desarrollo del proyecto a un plan de manejo y la posibilidad de la revocatoria del permiso si se incumplen las condiciones del permiso.

B.- ANTECEDENTES DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES EN TORNO AL TEMA DE FONDO PLANTEADO.

IV.- DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA DEL AMBIENTE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL.- Con la reforma del artículo 50 de la Constitución Política mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se consagró en forma expresa en el Texto Fundamental el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que previamente había sido reconocido por este Tribunal ambiente como un derecho fundamental –en particular pueden consultarse las sentencias número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94– al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política. De la interpretación integrativa de estas normas constitucionales con el propio numeral 50 es que se establece una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente, para que, a través de las diversas manifestaciones de la función pública (actuación formal –adopción de actos administrativos y disposiciones normativas–, y la actuación material –prestación de servicios públicos y la coacción anómala) su accionar se traduzca en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, con lo cual se desbordan los criterios de conservación natural, para ubicarse dentro de toda la esfera en que se desarrolla la persona que facilite su desarrollo integral –físico, psíquico, mental–. En virtud de lo cual, dentro de una conformación estatal específica como la nuestra –que se define como un Estado Social y Democrático de Derecho, conforme a los artículos primero, 9, 50 y 74 constitucionales–, la tutela ambiental se desarrolla en una doble vertiente, primero como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y, en ese sentido, individualizable (respecto del nacional, extranjero, mayor de edad o menor, incapaz, persona física o jurídica), por cuanto, atañe a la colectividad en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad mundial); y segundo como una verdadera potestad pública, que como tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera manifestación en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos, y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. Asimismo, es importante resaltar que en la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente" no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas –como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación– serían imposibles; sino que lo ha entendido de una manera integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental", al comprender también aspectos relativos a la economía, en lo que se refiere a la generación de divisas a través del turismo y/o la explotación agrícola (sentencias número 5893-95, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco; y en igual sentido, las número 3705-93, supra citada, y número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve); y a lo relativo a la actividad urbana, que comprende la planificación de las ciudades, la determinación de usos de suelo, el tratamiento de la basura (sólida, de desechos tóxicos, aguas residuales), el control sónico, planeamiento de las vías públicas, y la regulación de los anuncios publicitarios (sentencia número 2003-3656).

V.- DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE CONDICIONAN LA ACTUACIÓN DEL ESTADO EN LA TUTELA DEL AMBIENTE.- El contenido del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado está determinado en los principios constitucionales ambientales. Ya con anterioridad esta Sala enunció algunos, siendo relevantes para la resolución de esta acción, los siguientes:

1.- De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: como se indicó en sentencia número 2003-06322, supra citada, del artículo 50 constitucional se deriva la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. De manera que, conforme al texto constitucional, debe

"[...] garantizar, defender y preservar ese derecho. Prima facie, garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir es impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar contra él mismo [sic] contra el derecho de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales." (Sentencia constitucional número 0644-99, de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, reiterada en la 2002-4947, de las nueve horas veinticuatro minutos del veinticuatro de mayo del dos mil dos.)

2.- Del desarrollo sostenible o uso racional de los recursos, reconocido expresamente por la Sala Constitucional, a partir de la sentencia número 2233-93, como derivado directo del artículo 69 constitucional, al enunciar

"La norma 69, la Carta Política habla de la «explotación racional de la tierra», lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han indicado."

La aplicación de este principio ambiental está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta –administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del el uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a través de su "uso adecuado"; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras; en tanto a través de la producción y uso de la tecnología es que debe de promoverse que se obtengan, no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause a éstos daño o perjuicio; como lo ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus orígenes; así en sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres señaló:

"IV) - La preocupación por los recursos naturales y por un desarrollo armónico a largo plazo ha sido un elemento reiterado en la evolución histórica de nuestro país desde el siglo pasado. Tradicionalmente se ha sostenido que Costa Rica es un Estado de Derecho y es quizás por esta razón que exista la tendencia a pretender resolver todos los problemas con la promulgación de leyes y normas de otro rango. Sin embargo, dentro de nuestro entorno cultural, las leyes por sí solas han resultado evidentemente insuficientes para garantizar la conservación de los recursos naturales y asegurar un desarrollo sostenible futuro, por ello es indispensable que la norma jurídica tenga no solo un respaldo técnico, sino que, de hecho, se asuman responsabilidades individuales y colectivas respecto el cumplimiento de dicha normativa en los diferentes niveles e instancias que corresponda.

Hasta la década de 1970, la preocupación por el medio ambiente se mantuvo en un nivel bajo, con variantes en ciertos sectores, situación que se reflejó en nuestra legislación; no obstante, a partir de ese año, con el despertar de la conciencia ambiental global, Costa Rica empezó a inquietarse. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio ambiente para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recurso marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes inversiones en infraestructura dependen, en última instancia, de la conservación de aquéllos. Las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación.

En todo proceso de producción es necesario transformar y procesar recursos y, a su vez, transportarlos hasta los centros de consumo, todo lo cual significa un costo energético y ambiental. Asimismo, el proceso productivo no sólo requiere de recursos naturales para mantenerse, sino que genera desechos y contaminación de muy variada índole como, por ejemplo, los desechos sólidos o emanaciones que contaminen el aire o el agua. Es evidente que el hombre con su poderío tecnológico ha logrado controlar y alterar notablemente su entorno y ha sometido el resto de las especies a su dominio. Empero, desde la revolución industrial –y en una forma significativamente más acelerada a partir de la segunda guerra mundial–, el crecimiento exponencial de la población y las tendencias también exponenciales de la economía han incrementado el nivel de intervención del hombre en el planeta destruyendo habitats, alterando y contaminandos los ciclos vitales del medio ambiente y exterminando especies vivientes. El acelerado deterioro del medio en las últimas décadas, los costos enormes de las medidas correctivas, no siempre efectivas, y los plazos necesarios, por ejemplo, para la recuperación de una cuenca o de un bosque natural talado, o de un manto de agua subterráneo contaminado, son signos inequívocos del abuso de los recursos naturales y del impacto negativo de la especie humana sobre un mundo limitado.

No puede dejar de hacerse referencia a la reunión convocada en julio de 1992 en Brasil, denominada Cumbre de la Tierra, en la cual se proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta. Dicha declaración significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sustentabilidad. Los Estados signatarios, entre los que figura Costa Rica, se comprometieron, dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del ser humano. Se partió del principio de que toda persona tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; se incluyó el derecho de las generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de modo tal que satisfaga sus necesidades ambientales y de progreso; se mantuvo la potestad soberana de los Estados de explotar sus recursos, recalcando su responsabilidad de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción y control no causen daños ambientales a otros Estados o áreas más allá de los límites de su jurisdicción nacional. Establecieron el deber de los Estados de cooperar en la conservación, protección y restauración del ambiente y sus responsabilidades comunes en ese sentido; de ese modo la cooperación internacional en la promoción y apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible permitirá abordar mejor los problemas de la degradación ambiental. Asimismo, se impuso un deber especial a los países desarrollados fundado en su responsabilidad en la búsqueda del desarrollo sostenible, dada la evidente presión que ejercen en el ambiente global las tecnologías que desarrollan y los recursos financieros que poseen.

Nuestro país ha suscrito gran cantidad de convenciones en las que se busca la protección de los recursos naturales y que deben utilizarse para integrar la legislación interna y dilucidar, incluso jurisdiccionalmente, los problemas relacionados con la protección ambiental, ya que los instrumentos internacionales, aún los no ratificados, permiten soluciones regionales o mundiales a tales problemas.

V) - La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: La vida humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana.

Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco."

Es así como el principio del uso racional de los recursos naturales y del ambiente en general, queda indiscutiblemente vinculado con el derecho a la salud de las personas y a la calidad de vida (al respecto, consultar la sentencia número 1763-94, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro). En virtud de lo cual, el principio del desarrollo sostenible se constituye en un parámetro fundamental de la calidad de vida de las personas, como lo consideró este Tribunal en sentencia número 2219-99, en tanto condiciona la actuación que el hombre realiza sobre ambiente, con la finalidad de que pueda tener las condiciones adecuadas para su desarrollo, en tanto se traduce en la utilización

"[...] inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tiene derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa), sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio" (sentencia número 2005-8945, del seis de julio del dos mil cinco).

Asimismo, es importante anotar que este principio tiene pleno reconocimiento jurídico a nivel internacional, pero bajo la denominación del concepto del "desarrollo sostenible", a partir del informe "Informe Bruntland" preparado por las Naciones Unidas, en el que se define como "aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin compromete la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas"; y en la Declaración de Estocolmo, de mil novecientos setenta y dos; cuyos cuatro primeros principios enuncian:

"Principio 1.

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Principio 2.

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados, tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

Principio 3.

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Principio 4.

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada";

en la Declaración de Río, de mil novecientos noventa y dos, cuyo Principio 3 enuncia:

"El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente en las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras"–);

en el Programa o Agenda 21, en la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies en Peligro de Extinción (CITES), y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, en el dos mil dos.

3.- Del principio precautorio o "principio de la evitación prudente", concepto desarrollado en sentencias número 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 y 2005-12039 de este Tribunal, que se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, de mil novecientos noventa y dos, que alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente a los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda objetiva al respecto–, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.

4.- De la objetivación de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior, en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.

5.- De la vinculatoriedad de la normativa ambiental, como consecuencia directa del principio de legalidad regulado en el artículo 11 constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración Pública está obligada a cumplir con el bloque de legalidad; sujeción que tiene especial connotación en relación con la tutela del ambiente, en tanto, al tenor de la obligación impuesta al Estado en su conjunto en el artículo 50 constitucional, es que se denota su indisponibilidad respecto de las instituciones públicas –condición que también se da respecto de los particulares–, esto es, no está sujeto a pacto o convenio en razón de la trascendencia que tiene para la vida y sobrevivencia de la humanidad; lo que hace imposible su excepción, salvo claro está, en situaciones de urgencia o emergencia, que en sí mismo, es una condición de fuente de derecho (al respecto consultar la sentencia 2340-92). Es así como resultan vinculantes para las instituciones públicas el conjunto que conforma el Derecho Ambiental, formado tanto los principios constitucionales ambientales –que delimitan el contenido de este derecho fundamental–, como las diversas disposiciones normativas sobre la materia (legales y reglamentarias), así como los estándares ambientales, y requisitos dispuestos para la realización de proyectos que incidan sobre el ambiente; y que, están inmersos en la gestión pública encomendada a cada una. Por ello, es que son exigibles la realización de estudio de impacto ambiental, la conformidad de los proyectos con los planes reguladores (en las municipalidades donde hay), la adecuación del funcionamiento de las plantas y proyectos a los estándares ambientales, etc.; caso contrario, sería admitir un "derecho del Estado a contaminar", lo que es imposible en atención al contenido del propio artículo 50 constitucional, según se ha indicado anteriormente, y como lo ha entendido este Tribunal (entre otras, consultar las sentencias número 5668-94, 5654-95, 8001-97, 2004-1923, 2005-15769, 2006-1963, y 2006-4497), al haber exigido a diversas instituciones públicas el cumplimiento de esa normativa a fin de tutelar de la manera debida el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

C.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMATIVA IMPUGNADA.-

VI.- DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO.- Interesa resaltar la forma en que está conformado el patrimonio forestal del Estado, en tanto en él se da una doble naturaleza, en primer lugar, por el patrimonio natural del Estado, conformado por reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco), al cual se le dota de la condición de bien de dominio público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Forestal, número 7575:

"Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria; y por tanto la invasión como la ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto en esta Ley." (En idéntico sentido el artículo 33 de la Ley Forestal número 7174, de veintiocho de julio de mil novecientos noventa).

Respecto de este tipo de bienes, no resulta legítimo el cambio de uso de estos inmuebles, y no procede la explotación del recurso forestal, salvo lo relativo a la investigación, capacitación y ecoturismo, previa autorización del Ministerio del Ambiente y Energía (artículos 1° párrafo segundo y 18 de la Ley Forestal, número 7575 y 11 del Reglamento de la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo número 25.721-MINAE, de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis):

"En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado" (artículo 1° de la Ley Forestal, número 7575).

Por su parte, respecto de la propiedad forestal privada, la cual, como su nombre lo indica, es la propiedad titulada por los particulares, y que se ostenta en los términos del artículo 45 de la Constitución Política, tiene un régimen jurídico especial, en tanto la afectación al régimen forestal que se haga mediante el correspondiente decreto ejecutivo del Ministerio del Ambiente y Energía pesa sobre la propiedad a modo de limitación de interés social, la cual, en todo caso debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Por ello es que estos inmuebles pueden hipotecarse, e incluso, el recurso forestal puede constituir prenda; adquirirse por usucapión, así como también enajenarse o trasladarse su dominio, con la advertencia de que en todos los casos, se traslada la afectación forestal. Según la categorización que del recurso forestal hace la normativa vigente, en la propiedad privada es susceptible de constituirse diversas categorías de protección forestal, explotables y aprovechables únicamente a través de los respectivos planes de manejo, como lo son las reservas forestales, las zonas protectoras y los refugios de vida silvestre (artículo 37 de la Ley Forestal número 7174).

VII.- En relación con las zonas protectoras, es necesario advertir que las mismas están creadas en el artículo 33 de la Ley Forestal, comprendiendo

"a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal,

b) una franja de quince metros en zona rural y diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embases artificiales privados.

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en la reglamentación de esta ley";

con una finalidad eminentemente preventiva y de protección, tanto del recurso forestal, por constituirse en corredores biológicos naturales y la trascendencia de la conservación del recurso hídrico y sus áreas de influencia, como también por motivos de seguridad de las personas, para evitar la erosión de los suelos y la prevención de las inundaciones por las crecidas de los ríos, como lo consideraron los diputados al tramitar la ley:

"...vemos este espectáculo tan desagradable para el desarrollo ecológico del país, donde todavía no se había agotado el agua, ya en muchas partes esta agua se contaminó. Se exterminaron animales muy importantes dentro del punto de vista de la visión científica...todos los días de norte a sur, de los pocos bosques que les quedan al país, pasan carros o camiones llenos de tucas, de maderas preciosas...destrozando las carreteras por las cantidades inmensas que se están transitando diariamente y también de noche, porque se fugan las maderas para no pagar los impuestos...La destrucción de la vegetación ha acarreando problemas profundamente serios como la erosión; ahí vemos de vez en cuando serias inundaciones, para los que tenemos experiencia y vivimos cerca de algunos ríos, nos damos cuenta de que la erosión de la zona norte, trae consigo de ciclo en ciclo, inundaciones muy peligrosas...si respetamos los pocos bosques que nos quedan, estos van a tener una enorme importancia...sobre el clima,...la precipitación pluvial sobre las cuencas que son fundamentales también para la existencia de este país; para el ganado, para el hombre, para futuras reservas o proyectos hidroeléctricos, porque de ellos dependerán las presas hidroeléctricas, como también sobre la conservación y la formación de suelos que necesitan estarse revitalizando...es importante que reconozcamos que de ellos depende y dependerá la capacidad de almacenamiento de agua, de los bosques y su papel como reguladores del abastecimiento de agua, que no siempre son debidamente apreciados." (Expediente Legislativo de la Ley 7032, folios 951-956).

Las normas impugnadas (artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal), precisamente lo son en tanto permiten el cambio de destino o de uso de las reservas forestales privadas y en las zonas protegidas, para que en ambos supuestos se puedan autorizar la construcción de infraestructura estatal o privada, de conveniencia nacional, las cuales se analizarán con fundamento en las anteriores consideraciones dadas.

VIII.- DE LA CONFORMIDAD DE LAS NORMAS IMPUGNADAS CON EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN.- Es con fundamento en lo indicado que corresponde concluir que las normas impugnadas no son contrarias al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en tanto en modo alguno se trata de una autorización para que las instituciones públicas lesionen "legítimamente" el ambiente, ni tampoco de un régimen de excepción, como lo alega el accionante, con fundamento en las siguientes razones:

Primero: La posibilidad del cambio del uso del suelo que se conoce queda reservada únicamente para el patrimonio forestal privado, con lo cual, no se "afecta" el patrimonio natural del Estado (artículos 1, párrafo segundo y 18 de la Ley Forestal);

Segundo: Debe quedar claro que sólo es con ocasión de una situación de emergencia o excepción en los términos previstos en el artículo 180 constitucional ("para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción o calamidad pública") que puede excepcionarse la vinculatoriedad de la normativa ambiental –al igual que el resto del ordenamiento jurídico, como lo consideró este Tribunal en la citada sentencia número 2340-92–. En virtud de lo cual, la normativa ambiental (principios y normas) resultan de aplicación irrefutable para las instituciones públicas, en lo relativo al cumplimiento de los fines encomendados (gestión pública), precisamente al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Sin embargo, sí es lo cierto que las normas impugnadas sí prevén un caso en que se puede modificar el destino de los inmuebles particulares sobre los que pese una afectación al patrimonio forestal del Estado, para permitir la construcción de obras de infraestructura de conveniencia social, pero se insiste, no es un régimen de excepción que autorice a las instituciones públicas a contaminar el ambiente, en tanto en aquél no se aplica la normativa ambiental, en cambio en esta excepción sí, en tanto, la decisión debe estar sustentada precisamente en ella. Se trata de inmuebles a los que se les ha impuesto una limitación de evidente interés social, sustentada en la finalidad de la preservación y tutela del ambiente, de ahí la regla general y absoluta de la imposibilidad de su cambio de uso (párrafo primero del artículo 19 y frase primera del primer párrafo del artículo 34 de la Ley Forestal); finalidad que se modifica en aras del interés general de la colectividad nacional.

Tercero: Es precisamente por la vinculatoriedad del ordenamiento ambiental que la decisión no puede ser arbitraria; de donde la discrecionalidad de la Administración está condicionada al respeto del bloque de legalidad, referidos a la naturaleza del proyecto u obra, calificado como de "conveniencia nacional", el cual está definido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, número 25.721-MINAE, de la siguiente manera:

"Las actividades de conveniencia nacional son aquellas relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias centralizadas o instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: captación, transporte y abastecimiento de agua; oleoductos, construcción de caminos, generación, transmisión y distribución de electricidad, transporte de actividades mineras, canales de riego y drenaje, recuperación de áreas de vocación forestal, conservación y manejo sostenible de los bosques, y otras de igual naturaleza que determine el MINAE según las necesidades del país."

al respeto de los principios y regulaciones ambientales, en virtud de los cuales se impone la realización de estudios técnicos (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente) para acreditar, la pertinencia del proyecto en la ubicación dispuesta, el impacto que tales obras tendrán sobre el ambiente a fin de determinar las medidas compensatorias necesarias para mitigar los efectos negativos, el sometimiento a los controles técnicos anteriores, durante y posteriores al levantamiento de las obras a cargo de las autoridades públicas correspondientes (en particular, el MINAE y SETENA); se requiere de un regente forestal y un plan de manejo (artículos 20 y 21 de la Ley Forestal) para su implementación, y por supuesto, cabe la posibilidad de la revocatoria del permiso si no se cumplen las exigencias que permitieron la autorización, esto es, si se daña al ambiente; y por supuesto, a la razonabilidad o proporcionalidad de la medida, como bien lo prevén las normas de referencia, de manera que "la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos".

Cuarto: Por último, es necesario considerar que la posibilidad de cambio del uso de suelo de los inmuebles particulares que han sido afectados previamente para la preservación del recurso forestal, se sustenta en que, según se había indicado anteriormente (Considerando V.- de esta sentencia), el concepto del desarrollo sostenible se incorpora al contenido de la debida tutela ambiental; con lo cual, es no sólo posible sino necesario el fomento del desarrollo económico y social de la población –en cumplimiento del precepto contenido en el primer párrafo del artículo 50 constitucional (que enuncia "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza"); claro está, conforme al respeto de las normas ambientales, caso contrario se causaría una grave paralización en el desarrollo de nuestro país, no querido ni pretendido por los constituyentes derivados, ni tampoco por los legisladores que tuvieron la responsabilidad de promulgar la Ley de comentario:

"DIPUTADO GONZALEZ VILLALOBOS: En el texto original o el dictamen unánime que estamos analizando en el artículo 40 decía: «...Queda prohibida la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, a excepción de proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional." Esto es muy técnico y realmente es un argumento técnico y por lo tanto creemos que se requieren criterios técnicos, por lo tanto lo que estoy sugiriendo es que se cambie en lugar de "proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional", se cambie por "salvo en los casos en que, con estricta sujeción a los criterios de sostenibilidad determine el Poder Ejecutivo. »

DIPUTADO SOLIS FALLAS: Quiero recordemos cuál es el origen del artículo 40. Es mi entender que lo que buscábamos nosotros era que en esas áreas no se pudiesen cortar árboles, excepto cuando por proyectos de infraestructura, como carreteras, represas, etc., el Estado así lo determinara. Si nosotros los trasladamos de ese criterio, que tal vez no está claro en el artículo y deberíamos corregirlo si no lo está, al criterio que ahora quedaría de acuerdo con la moción del Diputado González Villalobos, entonces ya entraríamos en que estas áreas sí se pueden cortar árboles de acuerdo con criterios de tipo ambiental, de sostenibilidad, etc., pero yo entendía que nuestra intención aquí era que en esa (sic) áreas no se cortaran árboles, excepto si el Estado iba a hacer una represa, una carretera o algo así. El sentido de la moción del Diputado González Villalobos cambia totalmente esa idea original.

EL PRESIDENTE: Quiero apoyar la tesis del compañero Solís Fallas. Estos son los asuntos que he venido señalando y que me preocupan mucho. Si los criterios de sostenibilidad son los que imperaron en algunas zonas, por no decir cuáles, creo que estas son zonas que nosotros debemos proteger, son intereses superiores que debemos valorar en su verdadera dimensión. Por lo tanto y con todo respeto, tengo que oponerme a esta moción.

DIPUTADO GONZALEZ VILLALOBOS: Señor Presidente, retiro la moción.

EL PRESIDENTE: Se tiene por RETIRADA la moción del Diputado González Villalobos. (Expediente Legislativo a la Ley Forestal Nº 7575, folios 3562-3564).-

"DIPUTADO FOURNIER ORIGGI: Quiero aclarar que el artículo 40 se refiere a condiciones del artículo 39, de varios incisos...Por ejemplo, en esta parte b), lo que pasaría es que cualquier desarrollo forestal, que se haga, de una dos o tres hectáreas, se vería limitado si está a la par de un río, o si la propiedad está partida por un río, y por eso creí recomendable, si se deja a criterio del plan de manejo, que se pueda extraer, pero hay que sembrar, y que no cause un grave impacto al ambiente...

EL PRESIDENTE: Don Hernán, lamento discrepar en esto. Para mí es uno de los puntos fundamentales. Inclusive habíamos mermado las zonas. Recuerdo que habíamos hablado de que eran embalses del Estado y que eran de cien metros, lo redujimos a cincuenta metros y creo que es sumamente peligroso, permitir la extracción de madera en una franja tan pequeña. Ahí ciertamente vamos a causarle un grave deterioro a unas zonas protegidas, sobre todo en las veras de los ríos...un estudio que estuve leyendo señalaba...la importancia que tienen, no sólo como zonas protectoras, sino que viene siendo los corredores biológicos por excelencia...porque al ser la orilla de los ríos, la única parte reforestada, es la única posibilidad que existe en muchos lugares, para que sirvan como corredores biológicos, viéndolo desde el aspecto meramente ambiental, por lo cual en esto sí me opongo en forma categórica, creo que hay muchos funcionarios responsables, don Hernán, pero hay algunos que son verdaderos irresponsables y si una extracción de madera cae en uno de ellos una sola vez, habremos causado un perjuicio que pudimos haber evitado previendo esto, creo que se han abierto muchas zonas, muchos lugares, muchas posibilidades, por eso les digo que dejemos esa parte tal y como está en el proyecto...

EL SECRETARIO: ¿Se considera suficientemente discutida la moción?

EL PRESIDENTE: Discutida. DESECHADA." (Expediente Legislativo a la Ley Forestal Nº 7575, folios 3695-3696).-

Por lo expuesto, procede declarar sin lugar la acción; debiéndose aplicar en la forma indicada en esta sentencia. El Magistrado Armijo Sancho salva el voto y declara con lugar la acción.

Por tanto:

Se declara Sin Lugar la acción.

Luis Fernando Solano C.

Presidente

Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M.

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C. Jorge Araya G.

Scf/lgarrop

Expediente N°05-016376-0007-CO.

            Voto salvado del Magistrado Armijo Sancho: Discrepo del criterio sostenido por la mayoría del Tribunal Constitucional en la sentencia N°2006-17126 de las 15:04 hrs. de 28 de noviembre de 2004, en cuanto declara sin lugar esta acción de inconstitucionalidad, considerándose que los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal no lesionan el Derecho de la Constitución. Por el contrario, el suscrito Magistrado salva el voto y declara con lugar este asunto, pues a todas luces resulta evidente que las normas impugnadas confieren una autorización a las instituciones públicas para vulnerar el derecho protegido en el artículo 50 de la Constitución Política, que desde ningún punto de vista debe ser soslayado por este Tribunal Constitucional. Lo anterior por cuanto, estas normas facultan a la Administración Forestal del Estado para realizar proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional, sobre proyectos que previamente han sido declarados áreas de protección, y sobre los cuales existe prohibición de corta o eliminación de árboles. Es evidente, entonces, el sin sentido de las normas impugnadas, las cuales configuran un régimen de excepción a la protección contemplada en la Ley Forestal. Por lo expuesto, salvo mi voto y declaro con lugar la acción, declarando inconstitucionales los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, Ley N°7575.

Gilbert Armijo S.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 05:53:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 17126 - 2006**

**Date of Resolution:** November 28, 2006 at 15:04

**Case File:** 05-016376-0007-CO

**Drafted by:** Luis Fernando Solano Carrera

**Type of Matter:** Action of unconstitutionality

**Constitutional Control:** Dismissal ruling

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** Objectification of Environmental Protection or the Principle of Linkage to Science and Technology

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

"…translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature –both legal and regulatory– , from which derives the requirement of 'linkage to science and technology', thereby conditioning the Administration's discretion in this matter." " 'environmental principle of linkage to science and technology' that governs environmental matters, insofar as administrative decisions that may have an impact on the environment require technical support to back them, and as such, limit and condition the Administration's discretion in its actions." "It starts from the principle that environmental standards must have technical support, since their application must be based on limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subject." Ruling 17126-06, 14293-05, 11562-06, 12716-12

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**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONAL CONTROL

**Topic:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

17126-06. FELLING OF TREES FOR A HYDROELECTRIC PROJECT. Articles 19 subsection b) and 34 of the Forestry Law. No. 7575

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**Text of the Resolution**

**File: No. 05-016376-0007-CO**

**Res: No. 2006-17126**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at fifteen hours and five minutes of November twenty-eighth, two thousand six.-

Action of unconstitutionality brought by ROBERTO SOTO VEGA, of legal age, married, attorney, with identity card number 1-849-762, resident of Limón; against articles 19 subsection b) and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575. Intervening in the action are Ana Lorena Brenes Esquivel, with identity card number 4-127-782, representing the Office of the Attorney General of the Republic; Allan René Flores Moya, identity card number 1-688-769, resident of Heredia, as Acting Minister of MINAE, and Adriana Jiménez Calderón, identity card 1-806-389, in her capacity as general judicial attorney-in-fact of the ICE, all of legal age, married, and attorneys.

**Whereas:**

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at eight hours fifteen minutes of December nineteenth, two thousand five, the petitioner requests the declaration of unconstitutionality of articles 19 subsection b) and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575, considering that their effects violate articles 50 and 89 of the Political Constitution, in that they establish a privileged regime for the State allowing it to contaminate land covered by forest, under the pretext of national convenience (conveniencia nacional), placing commercial value above the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Whereby, pursuant to the challenged norms, the State becomes the primary polluting agent and detractor of the environment, as they function as a true blank license to destroy the country's forest reserves; given that the same activities are sanctioned in criminal matters as crimes when carried out by private individuals.

2.- By resolution of fifteen hours thirty-nine minutes of January thirtieth, two thousand six (visible on folio 89 of the case file), the action was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic, the Minister of MINAE, and the Executive President of the ICE.

3.- The Office of the Attorney General of the Republic submitted its report visible on folios 103 to 119, requesting that the action be dismissed, considering that the right to a healthy and ecologically balanced environment has incorporated within its principles, sustainable development, which is that which seeks to satisfy the needs and aspirations of present and future generations based on the sustainability of natural resources, that is, development compatible with the environment and conservation; as recognized by constitutional jurisprudence itself (in that regard, rulings number 3705-93, 2219-99, and more recently, number 2005-8945). It is not an exception to environmental regulations, as the petitioner alleges, but quite the opposite, inasmuch as the Administration's actions are subject to the block of legality, given that only one type of project is feasible –that of national convenience (conveniencia nacional)–, it is the responsibility of the Forestry Administration to assess the relevance of environmental viability, it is subject to the completion of prior technical studies (environmental impact assessments) by SETENA (article 17 of the Organic Environmental Law in relation to articles 16 and 160 of the General Public Administration Law), and the State's natural heritage is not affected. It is thus that the challenged norms combine forest conservation with the needs of economic and social promotion and development of the population through infrastructure works of evident public interest.

4.- The Acting Minister of MINAE responds on folios 95 to 102 to the hearing granted, and states that the action should be dismissed, as the challenged norms are not contrary to the constitutional order, based on the following assertions: a) no situation of privilege for the State is configured, empowering it to degrade the environment and the nation's forest and water resources; rather, what the legislator did was establish a mechanism to ensure the completion of infrastructure works of evident public interest and national convenience (conveniencia nacional), to allow for the improvement of the quality of life of the inhabitants of our country; b) it is in consideration of the importance and public interest of the works and projects that this "exception" is permitted; otherwise, it would lead to a stagnation of the country's economic and social progress, for which a declaration of public interest is required, either by law or by decree of the Executive Branch; c) it is not a simple authorization for tree felling, without any regulation or objective (technical-legal) criterion –among which, the most important is the respective environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA)–, as there exists a legal framework that establishes the principles, procedures, legal requirements, and controls to which the activity is subject, so that it may be authorized, inasmuch as the felling must be reasonable and limited, just as the norm establishes; and d) the State's natural heritage is not affected, but rather the forest heritage in the hands of private individuals.

5.- The legal representative of the ICE, on folios 121 to 130 of the case file, responds to the hearing conferred, and also requests the dismissal of the action in all its aspects, for the following reasons: a) that the institution she represents was created by decree-law to promote the national development of the energy-producing physical sources that the Nation possesses, for the promotion of the well-being of its inhabitants; and it is thus that one of its primary objectives is the expansion plan for electricity generation and transmission, which is supported by economic and environmental criteria; b) that it is evident that the energy transmission project will result in a potential improvement in the quality of life of the inhabitants of the areas benefited by the electrical service; and that even though it may cause an impact on the environment, there is a corresponding EIA (estudio de impacto ambiental) supporting it, in addition to the fact that the corresponding compensatory measure was imposed on the institution (for every tree cut, five must be planted), the activity is subject to the control of the respective administrative institutions (SETENA and MINAE), and requires the appointment of a forestry regent (regente forestal), who is responsible for preparing the respective management plan (plan de manejo); and the possibility of revoking the permit if the environmental conditions that allowed its authorization are breached. In light of the foregoing, she concludes that the petitioner's arguments are imprecise and inaccurate, by not being grounded in reality; without it being possible to interpret the "lifetime tenure (irreductibilidad)" of the forest in an unrestricted and absolute manner, because that openly conflicts with the development of a nation.

6.- The edicts referred to in the second paragraph of article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law were published in numbers 45, 46, and 47 of the Judicial Bulletin (Boletín Judicial), of March third, sixth, and seventh, two thousand six (folio 120).

7.- The hearing indicated in articles 10 and 85 of the Constitutional Jurisdiction Law is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by provision 9 ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

8.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.

Drafted by Magistrate Solano Carrera; and,

**Considering:**

**A.- PRELIMINARY ISSUES.-**

**I.- OF THE OBJECT OF THE ACTION.-** Challenged in this action are articles 19 subsection b) and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575, considering that their effects violate articles 50 and 89 of the Political Constitution, in that they establish a privileged regime for the State allowing it to contaminate land covered by forest, under the pretext of national convenience (conveniencia nacional), placing commercial value above the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Whereby, pursuant to the challenged norms, the State becomes the primary polluting agent and detractor of the environment, as they function as a true blank license to destroy the country's forest reserves; given that the same activities are sanctioned in criminal matters as crimes when carried out by private individuals.

**II.- OF THE PETITIONER'S STANDING.-** Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the admissibility requirements for actions of unconstitutionality. Thus, the first paragraph requires the existence of a prior matter, in a jurisdictional venue (admitting, including, amparo or habeas corpus appeals), or administrative venue (in the procedure for exhaustion of remedies), in which the unconstitutionality of the norm is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered harmed. The general rule of the need to have a prior matter is thus conceptualized, the possibilities of directly appealing to the Chamber being exceptional, and which are regulated in the second paragraph in those cases in which

"[...] by the nature of the matter, there is no individual and direct harm, or it concerns the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole";

and in the third paragraph of the same norm, which provides for the situation in which the action is brought by certain officials (the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Ombudsman, and the Prosecutor General). Even though the petitioner does not indicate what standing he holds to bring action in this venue, by reason of the subject matter involved –the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment–, and for the claim of environmental protection, it is that, despite not having any pending matter in either the administrative or jurisdictional venue in which the challenged norms must be applied, the petitioner must be considered duly legitimized to file his claim. Note in this regard that it is a fundamental right, classified as third generation (or of solidarity), which is properly based on the condition of the human person, considering that the harm to this fundamental right is suffered by both the community and the individual in particular, under the following considerations:

"[...] the procedural prerequisite of standing tends to extend and broaden in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, and it must be understood that in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from title deeds, rights, or concrete actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call diffuse interest, whereby the original standing of the legitimate interested party, or even of the simple interested party, is diffused among all the members of a determined category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to bring action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, becoming a true 'reactional right,' which, as its name indicates, empowers its holder to 'react' against the violation originating from illegitimate acts or omissions. It is for this reason that the violation of that fundamental right constitutes a constitutional illegality, that is, a specific ground for amparo against concrete acts or self-executing norms or, as the case may be, in the action of unconstitutionality against all norms or against acts not subject to amparo, and even against omissions, this latter category being especially important in the case of the right to the environment, because when dealing with preserving the environment that nature has given us, the most frequent violation occurs due to the inertia of public authorities in carrying out the necessary acts to protect them. Constitutional Jurisdiction, as a legally suitable and necessary means to guarantee the supremacy of constitutional law, is, in addition to being supreme, of essential public order, and this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic standing is necessary to associate citizens with the interest of the Rule of Law itself in supervising and, where appropriate, restoring its own legality." (Ruling number 3705-93, of fifteen hours of July thirtieth, nineteen ninety-three).

It is thus that this Chamber has recognized the existence of a true diffuse interest in claims against the violation of the environment; but especially, as article 50 of the Political Constitution established a true popular action by providing:

"Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused."

Whereby, the special condition of the good in question is addressed –the environment– which, it is repeated, presents itself as a collective good, and therefore, empowers each and every person to claim its defense, just as this Court considered in rulings number 2001-08239, 2002-9703, 2003-3656, and 2003-06323, on the basis that these are interests that concern the national community by transcending

"[...] the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups within it; environmental damage does not just affect the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather harms or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity;[...]"

By virtue of which, the petitioner is duly legitimized to bring action directly, precisely by reason of the object of challenge, insofar as the proper defense of the environment is sought.

**III.- OF THE ALLEGATIONS OF THE INTERVENING PARTIES.-** The three institutions to which a hearing was granted in this action coincide in their considerations, and request the dismissal of the action, considering that the challenged norms are in conformity with the protection imposed on the State of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as an expression of the principle of sustainable development, which permits the construction of infrastructure works for the economic and social benefit of the population, provided it is done in harmony with and in accordance with environmental preservation; without it being possible to consider this an exceptional regime for the State that empowers it to pollute and damage the environment. In this regard, the three representations allege that for such works to be carried out, they must be subject to the block of legality, for which reason, it refers only to a certain type of project ("of national convenience (conveniencia nacional)"), and the indisputable application of environmental regulations, which requires the completion of respective environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), submission to controls by the competent authorities in the matter, the imposition of compensation measures for the impact caused to the environment, the appointment of a forestry regent (regente forestal), the subjection of the project development to a management plan (plan de manejo), and the possibility of revoking the permit if the conditions of the permit are breached.

**B.- DOCTRINAL AND JURISPRUDENTIAL BACKGROUND AROUND THE SUBSTANTIVE ISSUE RAISED.**

**IV.- OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO ENVIRONMENTAL PROTECTION IN OUR LEGAL-CONSTITUTIONAL ORDER.-** With the reform of article 50 of the Political Constitution through Law number 7412, of June third, nineteen ninety-four, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment was expressly enshrined in the Fundamental Text, which had previously been recognized by this Court as a fundamental right –in particular, rulings number 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94 may be consulted– by deriving it from the provisions of articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Political Constitution. From the integrative interpretation of these constitutional norms with provision 50 itself, a true obligation of the State is established to protect the environment, so that, through the various manifestations of public function (formal action –adoption of administrative acts and normative provisions–, and material action –provision of public services and anomalous coercion), its actions translate into effective protection of the environment and the natural resources that comprise it, with the aim of improving the living environment of the human being, thereby overflowing the criteria of natural conservation, to place itself within the entire sphere in which the person develops to facilitate their integral development –physical, psychic, mental. By virtue of which, within a specific state configuration like ours –which is defined as a Social and Democratic Rule of Law, pursuant to articles 1, 9, 50, and 74 of the Constitution–, environmental protection develops on a twofold level, first as a true fundamental right, recognizable to every person and, in that sense, individualizable (with respect to nationals, foreigners, adults or minors, incapacitated persons, natural or legal persons), inasmuch as it concerns the community as a whole (not only nationals, but the entire global community); and second as a true public power, which as such, translates into concrete obligations for the State as a whole, thus conditioning political objectives, and consequently, the action of public powers in general, to fully comply with this fundamental right. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its first manifestation in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor of those rights, and, secondly, because the State's activity is directed towards satisfying the interests of the community. Likewise, it is important to highlight that in constitutional jurisprudence, the concept of "environment" has not been limited to the primary elements of nature, that is, soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and landscape; from which the environmental framework is formed, without which basic demands –such as food, energy, housing, sanitation, and recreation– would be impossible; but rather it has been understood integrally, establishing a "macro-environmental" concept, by also encompassing aspects related to the economy, regarding the generation of foreign currency through tourism and/or agricultural exploitation (rulings number 5893-95, of nine hours forty-eight minutes of October twenty-seventh, nineteen ninety-five; and in the same sense, numbers 3705-93, supra cited, and number 2988-99, of eleven hours fifty-seven minutes of April twenty-third, nineteen ninety-nine); and matters related to urban activity, which includes city planning, the determination of land use, waste treatment (solid, toxic waste, wastewater), noise control, public road planning, and the regulation of advertising signs (ruling number 2003-3656).

**V.- OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES THAT CONDITION THE STATE'S ACTION IN ENVIRONMENTAL PROTECTION.-** The content of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is determined by constitutional environmental principles. This Chamber has previously enunciated some, the following being relevant for the resolution of this action:

1.- Of the State's duty of environmental protection: as indicated in ruling number 2003-06322, supra cited, from article 50 of the Constitution derives the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right, whereby the State constitutes itself as the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. So that, according to the constitutional text, it must

"[...] guarantee, defend and preserve that right. Prima facie, guarantee is to assure and protect the right against some risk or necessity, defend is to forbid, prohibit, is to prevent any activity that threatens the right, and preserve is an action directed at proactively shielding the right from possible dangers in order to make it last for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on one hand it must refrain from acting against it itself [sic] against the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements." (Constitutional ruling number 0644-99, of eleven hours twenty-four minutes of January twenty-ninth, nineteen ninety-nine, reiterated in 2002-4947, of nine hours twenty-four minutes of May twenty-fourth, two thousand two.)

2.- Of sustainable development or rational use of resources, expressly recognized by the Constitutional Chamber, starting from ruling number 2233-93, as a direct derivative of article 69 of the Constitution, by stating:

"Norm 69, the Political Charter speaks of 'rational exploitation of the land,' which constitutes a fundamental principle. Consequently, that protection and preservation, as well as the rational exploitation of the resources indicated, are canons of the constitutional order."

The application of this environmental principle is directly linked to a parameter of constitutionality of conduct –administrative and of private individuals– and of the regulations governing the matter, such as reasonableness –according to the jurisprudence developed by our Constitutional Court insofar as its purpose is to tend towards the sustainability of the use of natural resources and the elements that make up the environment, through their "adequate use"; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent utilization of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right; given that through the production and use of technology, it must be promoted that not only economic gains are obtained (freedom of enterprise), but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing them damage or harm; as our Constitutional Court has considered, in its extensive jurisprudence, including from its origins; thus in ruling number 3705-93, of fifteen hours of July thirtieth, nineteen ninety-three, it stated:

"IV) - The concern for natural resources and for long-term harmonious development has been a reiterated element in the historical evolution of our country since the last century. Traditionally, it has been maintained that Costa Rica is a Rule of Law State and it is perhaps for this reason that there exists the tendency to try to resolve all problems with the enactment of laws and norms of other ranks. However, within our cultural environment, laws alone have proven evidently insufficient to guarantee the conservation of natural resources and ensure future sustainable development; therefore, it is indispensable that the legal norm not only has technical support, but that, in fact, individual and collective responsibilities are assumed for compliance with said regulations at the different corresponding levels and instances.

Until the 1970s, concern for the environment remained at a low level, with variations in certain sectors, a situation reflected in our legislation; however, starting from that year, with the awakening of global environmental awareness, Costa Rica began to become concerned. Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep operating the productive apparatus that sustains the national economy, whose main source is agriculture and, in recent years, tourism, especially in its ecotourism dimension. The soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and landscape form the environmental framework without which basic demands –such as vital space, food, energy, housing, sanitation, and recreation– would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign currency through agricultural and tourism exploitation, and the success of important investments in infrastructure ultimately depend on the conservation of the former. The goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of the human being and with the maintenance of essential ecological processes, that is, environmental quality and the survival of other species. To speak of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving the quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and for the direct or supporting means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products.

In every production process it is necessary to transform and process resources and, in turn, transport them to consumption centers, all of which means an energy and environmental cost. Likewise, the productive process not only requires natural resources to sustain itself, but also generates waste and pollution of highly varied kinds, such as, for example, solid waste or emissions that contaminate the air or water.

It is evident that man, with his technological power, has managed to control and notably alter his surroundings and has subjected the rest of the species to his dominion. However, since the industrial revolution—and in a significantly more accelerated manner as of the Second World War—the exponential growth of the population and the also exponential trends of the economy have increased the level of man's intervention on the planet, destroying habitats, altering and contaminating the vital cycles of the environment, and exterminating living species. The accelerated deterioration of the environment in recent decades, the enormous costs of corrective measures, which are not always effective, and the timeframes necessary, for example, for the recovery of a watershed or a clear-cut natural forest, or a contaminated groundwater mantle, are unequivocal signs of the abuse of natural resources and the negative impact of the human species on a limited world.

Reference must be made to the meeting convened in July 1992 in Brazil, called the Earth Summit, in which the integral and interdependent nature of the planet was proclaimed and recognized. Said declaration signifies the acceptance of certain principles that inform the transition from current development styles to sustainability. The signatory States, among which is Costa Rica, committed themselves, within the preservation of sustainable development, to the protection above all of the human being. The starting point was the principle that every person has the right to a healthy and productive life in harmony with nature; the right of present and future generations was included, such that development be carried out in a way that satisfies their environmental and developmental needs; the sovereign power of States to exploit their resources was maintained, emphasizing their responsibility to ensure that activities carried out within their jurisdiction and control do not cause environmental harm to other States or areas beyond the limits of their national jurisdiction. They established the duty of States to cooperate in the conservation, protection, and restoration of the environment and their common responsibilities in that regard; thus, international cooperation in promoting and supporting economic growth and sustainable development will make it possible to better address the problems of environmental degradation. Likewise, a special duty was imposed on developed countries based on their responsibility in the pursuit of sustainable development, given the evident pressure that the technologies they develop and the financial resources they possess exert on the global environment.

Our country has signed a great number of conventions that seek the protection of natural resources and that must be used to integrate domestic legislation and to elucidate, even jurisdictionally, the problems related to environmental protection, since international instruments, even those not ratified, allow regional or global solutions to such problems.

V) - Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains us and supports us, not only for physical nourishment, but also as psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free of contamination, which is the basis of a just and productive society. It is thus that Article 21 of the Political Constitution states: Human life is inviolable. It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably arises, a human right that is indissolubly linked to the right to health and the obligation of the State to protect human life.

Likewise, from a psychological and intellectual point of view, the state of mind also depends on nature, so that when the landscape is converted into a useful space for rest and leisure, its preservation and conservation become an obligation. This last aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally states: Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress. To protect nature from an aesthetic point of view is not to commercialize it or transform it into merchandise; it is to educate the citizen so that he learns to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value."

It is thus that the principle of the rational use of natural resources and the environment in general is indisputably linked to the right to health of individuals and to quality of life (in this regard, see judgment number 1763-94, at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four). By virtue of which, the principle of sustainable development constitutes a fundamental parameter of people's quality of life, as this Court considered in judgment number 2219-99, insofar as it conditions the actions that man carries out on the environment, with the aim of ensuring that he may have adequate conditions for his development, as it translates into the utilization

"[...] intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relations (sustainable development), in order thereby to safeguard the patrimony to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains are obtained (freedom of enterprise), but also a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing harm or prejudice" (judgment number 2005-8945, of July sixth, two thousand five).

Likewise, it is important to note that this principle has full legal recognition at the international level, but under the denomination of the concept of "sustainable development," stemming from the "Bruntland Report" prepared by the United Nations, in which it is defined as "that which is capable of satisfying the needs of the present without compromising the ability of future generations to satisfy their own"; and in the Stockholm Declaration, of nineteen seventy-two; whose first four principles state:

"Principle 1.

Human beings are at the center of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.

Principle 2.

In accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, States have the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and development policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or under their control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Principle 3.

The right to development must be exercised so as to equitably meet the development and environmental needs of present and future generations.

Principle 4.

In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation";

in the Rio Declaration, of nineteen ninety-two, whose Principle 3 states:

"The right to development must be exercised so as to equitably meet the development and environmental needs of present and future generations"—);

in the Program or Agenda 21, in the International Convention on Trade in Endangered Species (CITES), and at the World Summit on Sustainable Development, in Johannesburg, in two thousand two.

3.- Regarding the precautionary principle or "principle of prudent avoidance," a concept developed in judgments number 2806-98, 2003-06322, 2004-1923, and 2005-12039 of this Court, which is based on Article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, of nineteen ninety-two, which alludes to the necessary action and effect of preventing in advance possible damage to the component elements of the environment; by which, the implementation of actions aimed at the proper protection, conservation, and adequate management of resources is advocated, that is, the adoption of all precautionary measures to prevent or contain the possible impact on the environment or the health of individuals. In this manner, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or an objective doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed; since subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in the majority of cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment.

4.- Regarding the objectification of environmental protection: which, as this Court indicated in judgment number 14293-2005, at fourteen hours fifty-two minutes on October nineteenth, two thousand five, is a principle that in no way can be confused with the previous one, insofar as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—, from which the requirement of "linkage to science and technique" is derived, by which the discretionary power of the Administration in this matter is conditioned. So that, in consideration of the results derived from those technical studies—such as environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental)—, if an objective technical criterion is evidenced denoting the probability of evident harm to the environment, natural resources, or the health of individuals, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of "reasonable doubt," it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.

5.- Regarding the binding nature of environmental regulations, as a direct consequence of the principle of legality regulated in Article 11 of the Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration, the Public Administration is obliged to comply with the body of legality; this subjection has special connotation in relation to environmental protection, insofar as, in accordance with the obligation imposed on the State as a whole in Article 50 of the Constitution, its inalienability with respect to public institutions is denoted—a condition that also applies with respect to private individuals—, that is, it is not subject to agreement or covenant by reason of the transcendence it holds for the life and survival of humanity; which makes exception impossible, except, of course, in situations of urgency or emergency, which in itself is a source of law (in this regard, see judgment 2340-92). It is thus that the entire body of Environmental Law is binding on public institutions, formed by the constitutional environmental principles—which define the content of this fundamental right—, as well as the various normative provisions on the matter (legal and regulatory), as well as environmental standards, and requirements established for the execution of projects that affect the environment; and which are immersed in the public management entrusted to each one. Therefore, it is required to carry out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), the conformity of projects with regulatory plans (in municipalities where they exist), the adaptation of the operation of plants and projects to environmental standards, etc.; otherwise, it would be to admit a "right of the State to pollute," which is impossible in consideration of the content of Article 50 of the Constitution itself, as has been indicated previously, and as this Court has understood (among others, see judgments number 5668-94, 5654-95, 8001-97, 2004-1923, 2005-15769, 2006-1963, and 2006-4497), by having required various public institutions to comply with those regulations in order to duly protect the right to a healthy and ecologically balanced environment.

C.- ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONALITY OF THE CHALLENGED PROVISIONS.-

VI.- REGARDING THE FOREST PATRIMONY OF THE STATE.- It is of interest to highlight the manner in which the forest patrimony of the State is constituted, insofar as it has a dual nature, first, by the natural patrimony of the State, made up of forest reserves (reservas forestales), biological reserves, protected zones (zonas protectoras), wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Article 32 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five), which is endowed with the condition of a public domain asset, in accordance with the provisions of Article 14 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575:

"Forest lands and forests that constitute the forest patrimony of the State, detailed in the previous article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor and the State's action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry by means of possessory information; and therefore, invasion as well as occupation shall be sanctioned in accordance with the provisions of this Law." (In an identical sense, Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) number 7174, of July twenty-eighth, nineteen ninety).

With respect to this type of assets, the change of use of these properties is not legitimate, and exploitation of the forest resource is not appropriate, except for research, training, and ecotourism, subject to prior authorization from the Ministry of Environment and Energy (MINAE) (Articles 1, second paragraph, and 18 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575, and 11 of the Regulation of the Forestry Law (Reglamento de la Ley Forestal), Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 25.721-MINAE, of October seventeenth, nineteen ninety-six):

"By virtue of public interest and except as stipulated in Article 18 of this law, the cutting or exploitation of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones (zonas protectoras), wildlife refuges, and forest reserves (reservas forestales) belonging to the State is prohibited" (Article 1 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575).

On the other hand, with respect to private forest property, which, as its name indicates, is property titled by private individuals, and which is held under the terms of Article 45 of the Political Constitution, it has a special legal regime, insofar as the forest regime encumbrance (afectación) imposed through the corresponding executive decree of MINAE weighs on the property as a limitation of social interest, which, in any case, must be registered in the Public Property Registry. This is why these properties may be mortgaged, and even the forest resource may be pledged; acquired through usucapion, as well as alienated or have their ownership transferred, with the caveat that in all cases, the forest encumbrance is transferred. According to the categorization that current regulations make of the forest resource, on private property it is susceptible to the constitution of various categories of forest protection, exploitable and usable only through respective management plans (planes de manejo), such as forest reserves (reservas forestales), protected zones (zonas protectoras), and wildlife refuges (Article 37 of the Forestry Law (Ley Forestal) number 7174).

VII.- In relation to protected zones (zonas protectoras), it is necessary to note that they are created in Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), comprising

"a) Areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally,

b) a strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, along the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and of fifty horizontal meters, if the terrain is steep.

c) A zone of fifty meters measured horizontally along the banks of natural lakes and reservoirs and along artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted.

d) Recharge areas and aquifers of springs (manantiales), the limits of which shall be determined by the competent bodies established in the regulations of this law";

with an eminently preventive and protective purpose, both for the forest resource—by constituting natural biological corridors and because of the importance of conserving water resources and their areas of influence—, as well as for the safety of individuals, to prevent soil erosion and flooding due to river overflows, as the deputies considered when processing the law:

"...we see this spectacle so unpleasant for the ecological development of the country, where water had not yet run out, but in many places this water became contaminated. Very important animals from the perspective of scientific vision were exterminated...every day from north to south, from the few forests remaining in the country, cars or trucks pass by full of logs, of precious woods...destroying the roads due to the immense quantities that are being transported daily and also at night, because the timber is smuggled out to avoid paying taxes...The destruction of vegetation has brought profoundly serious problems such as erosion; there we see occasionally serious flooding, for those of us who have experience and live near some rivers, we realize that the erosion in the northern zone brings with it, cycle after cycle, very dangerous floods...if we respect the few forests we have left, these will be of enormous importance...on the climate,...the rainfall over the watersheds that are also fundamental for the existence of this country; for livestock, for man, for future reserves or hydroelectric projects, because hydroelectric dams will depend on them, as well as for the conservation and formation of soils that need to be constantly revitalized...it is important that we recognize that the water storage capacity of the forests and their role as regulators of water supply depend and will depend on them, which are not always duly appreciated." (Legislative File of Law 7032, folios 951-956).

The challenged provisions (Article 19, subsection b) and Article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal)), are challenged precisely because they permit the change of destination or use of private forest reserves (reservas forestales) and in protected zones (zonas protegidas), so that in both cases, the construction of state or private infrastructure of national convenience (conveniencia nacional) may be authorized, which will be analyzed based on the foregoing considerations.

VIII.- ON THE CONFORMITY OF THE CHALLENGED PROVISIONS WITH THE LAW OF THE CONSTITUTION.- It is based on what has been indicated that it is appropriate to conclude that the challenged provisions are not contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, insofar as it is in no way an authorization for public institutions to "legitimately" harm the environment, nor is it a regime of exception, as the claimant alleges, based on the following reasons:

First: The possibility of land-use change (cambio de uso del suelo) that is known is reserved solely for the private forest patrimony, by which the natural patrimony of the State is not "affected" (Articles 1, second paragraph, and 18 of the Forestry Law (Ley Forestal));

Second: It must be clear that it is only on the occasion of a situation of emergency or exception under the terms provided in Article 180 of the Constitution ("to satisfy urgent or unforeseen needs in cases of war, public commotion, or calamity") that the binding nature of environmental regulations may be excepted—like the rest of the legal system, as this Court considered in the cited judgment number 2340-92—. By virtue of which, environmental regulations (principles and norms) are of irrefutable application to public institutions, in relation to the fulfillment of the purposes entrusted to them (public management), precisely in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution. However, it is true that the challenged provisions do foresee a case in which the destination of private properties burdened by an encumbrance (afectación) on the forest patrimony of the State may be modified, to allow the construction of infrastructure works of social convenience (conveniencia social), but it is insisted, this is not a regime of exception that authorizes public institutions to pollute the environment, insofar as in the former, environmental regulations are not applied, whereas in this exception, they are, inasmuch as the decision must be supported precisely by them. These are properties on which a limitation of evident social interest has been imposed, sustained by the purpose of environmental preservation and protection, hence the general and absolute rule of the impossibility of their change of use (first paragraph of Article 19 and first phrase of the first paragraph of Article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal)); a purpose that is modified for the sake of the general interest of the national community.

Third: It is precisely because of the binding nature of the environmental legal order that the decision cannot be arbitrary; hence, the discretionary power of the Administration is conditioned on compliance with the body of legality, referring to the nature of the project or work, qualified as of "national convenience" (conveniencia nacional), which is defined in Article 2 of the Regulation of the Forestry Law (Reglamento de la Ley Forestal), number 25.721-MINAE, in the following manner:

"Activities of national convenience (conveniencia nacional) are those related to the study and execution of projects or activities of public interest carried out by centralized agencies or autonomous institutions or private enterprise, which provide benefits to all or a large part of society such as: water collection, transportation, and supply; oil pipelines, road construction, generation, transmission, and distribution of electricity, transportation for mining activities, irrigation and drainage canals, recovery of areas with forestry vocation, conservation and sustainable management of forests, and others of equal nature as determined by MINAE according to the needs of the country."

subject to environmental principles and regulations, by virtue of which the performance of technical studies is required (Article 17 of the Organic Law of the Environment) to certify the suitability of the project in the arranged location, the impact that such works will have on the environment in order to determine the necessary compensatory measures to mitigate the negative effects, submission to technical controls before, during, and after the construction of the works under the charge of the corresponding public authorities (in particular, MINAE and SETENA); a forest regent (regente forestal) and a management plan (plan de manejo) are required (Articles 20 and 21 of the Forestry Law (Ley Forestal)) for its implementation, and of course, there is the possibility of revoking the permit if the requirements that allowed the authorization are not met, that is, if the environment is harmed; and of course, to the reasonableness or proportionality of the measure, as the referenced norms properly provide, so that "the cutting of the forest shall be limited, proportional, and reasonable for the aforementioned purposes."

Fourth: Finally, it is necessary to consider that the possibility of land-use change (cambio de uso del suelo) of private properties that have been previously encumbered (afectados) for the preservation of the forest resource is sustained by the fact that, as previously indicated (Whereas Clause (Considerando) V.- of this judgment), the concept of sustainable development is incorporated into the content of proper environmental protection; by which, it is not only possible but necessary to promote the economic and social development of the population—in fulfillment of the precept contained in the first paragraph of Article 50 of the Constitution (which states "The State shall seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth"); of course, in accordance with compliance with environmental standards, otherwise, a serious paralysis in the development of our country would be caused, neither desired nor intended by the derivative constituent framers, nor by the legislators who had the responsibility of enacting the Law under discussion:

"DEPUTY GONZALEZ VILLALOBOS: In the original text or the unanimous opinion that we are analyzing, Article 40 stated: «...The cutting or elimination of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except for projects declared by the Executive Branch as of national convenience (conveniencia nacional)." This is very technical and really is a technical argument, and therefore we believe that technical criteria are required, so what I am suggesting is that it be changed from "projects declared by the Executive Branch as of national convenience (conveniencia nacional)" to "except in cases where, with strict adherence to sustainability criteria, the Executive Branch so determines." »

DEPUTY SOLIS FALLAS: I would like to recall what the origin of Article 40 is. It is my understanding that what we were seeking was that in those areas trees could not be cut, except when for infrastructure projects, such as roads, dams, etc., the State so determined. If we shift from that criterion, which perhaps is not clear in the article and we should correct it if it is not, to the criterion that would now remain according to Deputy González Villalobos' motion, then we would be moving into a situation where trees may be cut in these areas according to environmental-type criteria, sustainability, etc., but I understood that our intention here was that in those areas trees would not be cut, unless the State was going to build a dam, a road, or something like that. The sense of Deputy González Villalobos' motion completely changes that original idea.

THE PRESIDENT: I wish to support the thesis of colleague Solís Fallas. These are the issues that I have been pointing out and that concern me greatly. If sustainability criteria are what prevailed in certain areas, not to say which ones, I believe these are areas that we must protect, they are superior interests that we must value in their true dimension. Therefore, and with all due respect, I must oppose this motion.

DEPUTY GONZALEZ VILLALOBOS: Mr. President, I withdraw the motion.

THE PRESIDENT: The motion of Deputy González Villalobos is deemed WITHDRAWN. (Legislative File to the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, folios 3562-3564).-

"DEPUTY FOURNIER ORIGGI: I wish to clarify that Article 40 refers to conditions of Article 39, of various subsections...For example, in this subsection b), what would happen is that any forestry development undertaken, of one, two, or three hectares, would be limited if it is next to a river, or if the property is bisected by a river, and for that reason I thought it advisable, if it is left to the criterion of the management plan (plan de manejo), that extraction could occur, but there must be replanting, and that it not cause a serious impact on the environment...

THE PRESIDENT: Mr. Hernán, I regret to disagree on this. For me, it is one of the fundamental points. We even reduced the zones. I recall that we had talked about them being State reservoirs and that they were one hundred meters, we reduced them to fifty meters, and I believe it is extremely dangerous to allow timber extraction in such a small strip. There we will certainly cause serious deterioration to some protected areas, especially along riverbanks...a study I was reading pointed out...the importance they have, not only as protective zones (zonas protectoras), but that they are becoming the biological corridors par excellence...because since the riverbanks are the only reforested part, it is the only possibility that exists in many places for them to serve as biological corridors, viewing it from a purely environmental perspective, for which I oppose this in categorical form; I believe there are many responsible officials, Mr. Hernán, but there are some who are truly irresponsible, and if a single timber extraction falls into the hands of one of them just once, we will have caused a harm that we could have avoided by foreseeing this. I believe that many zones have been opened up, many places, many possibilities, for that reason I say let us leave that part exactly as it is in the bill...

THE SECRETARY: Is the motion considered sufficiently discussed?

THE PRESIDENT: Discussed. REJECTED." (Legislative File to the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, folios 3695-3696).-

For the foregoing, it is appropriate to declare the action without merit; the law must be applied in the manner indicated in this judgment.

Magistrate Armijo Sancho issues a dissenting vote (salva el voto) and finds the action well-grounded.

Therefore:

The action is declared Without Merit.

Luis Fernando Solano C.

President

Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M.

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C. Jorge Araya G.

Scf/lgarrop

Case File N°05-016376-0007-CO.

            Dissenting vote of Magistrate Armijo Sancho: I disagree with the criterion held by the majority of the Constitutional Chamber in judgment N°2006-17126 of 3:04 p.m. on November 28, 2004, in that it declares this unconstitutionality action without merit, considering that Article 19 subsection b) and Article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) do not violate the Right of the Constitution. On the contrary, the undersigned Magistrate issues a dissenting vote (salvo el voto) and finds this matter well-grounded, since it is clearly evident that the challenged norms confer authorization on public institutions to infringe upon the right protected in Article 50 of the Political Constitution, which from no point of view should be overlooked by this Constitutional Chamber. The foregoing because these norms empower the State Forestry Administration to carry out infrastructure projects, state or private, of national convenience, on projects that have previously been declared protection areas, and over which there exists a prohibition on the cutting or elimination of trees. The nonsense of the challenged norms is evident, then, as they configure a regime of exception to the protection contemplated in the Forestry Law (Ley Forestal). For the reasons stated, I record my dissenting vote and declare the action well-grounded, declaring Article 19 subsection b) and Article 34 of the Forestry Law, Law N°7575, unconstitutional.

Gilbert Armijo S.

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