Res. 17388-2007 Sala Constitucional — Playa Uvita Regulatory Plan Approved Without Environmental Viability Violates Article 50 of the ConstitutionPlan Regulador de Playa Uvita aprobado sin viabilidad ambiental viola el artículo 50 constitucional

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 17388 - 2007

Fecha de la Resolución: 28 de Noviembre del 2007 a las 16:29

Expediente: 07-005450-0007-CO

Redactado por: Gilbert Armijo Sancho

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES

Tema: Municipalidad

Subtemas:

Municipalidad de Osa.
Alcalde Municipal de Osa y Presidente del Concejo Municipal de Osa.

Tema: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

Subtemas:

Presidente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

Tema: Instituto Costarricense de Turismo

Subtemas:

Presidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y Secretario de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental.

Tema: Plan regulador

Subtemas:

Aprobación de Plan Regulador de Playa Uvita sin que se incluya el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que exige la legislación.

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Violación de los derechos alegados por omisión en la que incurren al no requerirle a la SETENA el proceso de viabilidad ambiental para el proyecto del Plan Regulador de Playa Uvita antes de su aprobación.
Principio precautorio del derecho ambiental.

Tema: Condena en costas, daños y perjuicios al Estado

Subtemas:

Se condena al Estado y a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados.

Tema: Medio ambiente

Subtemas:

Alcance jurisprudencial en cuanto al principio precautorio y el desarrollo sostenible.
Principio de in dubio pro natura o precaución y evitación prudente.

“I. De previo. La Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 45, establece que, en caso de que el informe que la Sala requiera a las autoridades recurridas, no fuere rendido, se tendrán por ciertos los hechos y se conocerá del asunto sin más trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa. Lo anterior es aplicable en los casos en que el informe sea rendido de modo incorrecto, en sentencia No. 2000-3263, esta Sala dispuso:

“Sin perjuicio de la resolución de fondo de este asunto, se aclara al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que según se ordena en la resolución de curso de este amparo, el informe de ley debía rendirlo personalmente, no por medio de apoderado o de otro funcionario del Instituto, con la advertencia de que el incumplimiento de esa obligación, podría hacerlo incurrir en responsabilidades, incluso penales.”

En el caso que nos ocupa, el Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo contestó el informe que ordenó esta Sala en la resolución de curso, el cual se solicitó de forma personal y no por medio de apoderado, al Presidente de la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo. Consecuencia de lo anterior, se tiene por no rendido el informe requerido al Instituto Costarricense de Turismo y se tienen por ciertos los hechos, lo que no implica acoger automáticamente el recurso.  Subsecuentemente, se entra a estudiar la procedencia del asunto, con la base fáctica expuesta por el recurrente y los informes ordenados en la resolución que dio curso al asunto y que fueron debidamente rendidos ante este Tribunal.

II.- Objeto del recurso. En el presente asunto, el recurrente acusa violación al artículo 50 de la Constitución Política, toda vez que la Municipalidad de Osa aprobó el Plan Regulador de Playa Uvita sin que se incluya el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que exige la legislación.”

“…IV.- Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado.- Anterior a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala ya había reconocido la protección y preservación del ambiente como un derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución. Como ya ha indicado este Tribunal (resolución 2005-01173 de las quince horas con once minutos del ocho de febrero del dos mil cinco) el artículo 50 de la Constitución fue reformado mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, precisamente con el objetivo de hacer una declaratoria de la obligación del Estado de proteger el ambiente y otorgar a los ciudadanos plena acción para defenderlo, dando así contenido expreso en ella al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. a-Tutela del derecho ambiental, un deber Estatal. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de cuatro de junio de mil novecientos noventa. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de este Tribunal, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. b- Uso racional de los recursos. Un equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente. A partir del artículo 69 constitucional, en cuanto dispone el "uso racional de los recursos naturales", es que la Sala en su jurisprudencia, ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas (libertad de empresa) sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio. La Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras. c-El Principio precautorio en materia de derecho ambiental. Este principio está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, la cual dispone:

 "Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad).

 Como ya indicó la Sala, el término prevención deriva del latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. d- La coordinación entre las dependencias públicas, debe garantizar la protección del medio ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia; así como también las instituciones descentralizadas; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve). Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discotheques (municipalidades y Ministerio de Salud), etc.

V.- Sobre el caso concreto.- Esta Sala ya tuvo la oportunidad de analizar asuntos similares en los cuales se dio la aprobación de Planes Reguladores sin que se incluyera la variable ambiental y sin que se diera el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En sentencia 2005-9765, esta Sala indicó:

“IV.-  En cuanto a la violación al artículo 50 de la Constitución Política. Se desprende también de los autos que el Plan Regulador de Escazú fue aprobado por el Concejo Municipal de Escazú en la sesión extraordinaria numero 59, efectuada el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, Acuerdo AC-396-04, el cual se publicó el tres de febrero de dos mil cinco en el Diario Oficial La Gaceta y posteriormente se publicó una fe de erratas, que se comunicó por el mismo medio oficial el jueves diecisiete de marzo siguiente, en La Gaceta número 54. Argumenta la Municipalidad recurrida y así acredita en autos, que desde mayo de dos mil cuatro remitió el borrador del Plan Regulador a la SETENA conjuntamente con otros documentos, es decir, antes de que se encontrara vigente la obligación que se plasma en el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que data del veintiocho de junio de dos mil cuatro; sin embargo, no se recibió respuesta alguna de la SETENA.  Fue así como, ante la omisión de esa Secretaría, la Municipalidad continuó con los trámites que desembocaron en la aprobación del Plan Regulador, el cual, según se afirma bajo fe de juramento con las consecuencias de ley, sí integra la variable de impacto ambiental aunque no pasó por el proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación, por el motivo antes indicado.  La SETENA, por su parte informa que no ha llevado a cabo la evaluación del Plan Regulador del cantón de Escazú ni de ningún otro cantón, porque no se ha emitido el manual de procedimientos para llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica.   En ese contexto, estima la Sala que si bien es cierto no lleva razón la Municipalidad recurrida en punto a que el  silencio de la SETENA pueda tenerse como superación del proceso de viabilidad ambiental, que exige el ordinal 67 del Reglamento sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, también lo es que se desprende de la prueba allegada al expediente que ese ente municipal ha hecho un gran esfuerzo por emitir la normativa necesaria tendiente al ordenamiento del desarrollo urbanístico del cantón de Escazú y que, al efecto, emitió el Plan Regulador que nos ocupa contando con la participación de la comunidad, como en Derecho corresponde, aparte de que durante la tramitación procuró una constante coordinación con la SETENA, al punto que no sólo le cursó invitación para que enviara su representación a la audiencia pública señalada para el quince de mayo de dos mil cuatro, sino que, además, le remitió la información solicitada en cuanto a las regulaciones de índole ambiental incluidas en el Plan Regulador, así como el documento propiamente dicho.  En ese sentido, se tiene por probado también que el Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú asistió a la audiencia convocada para el trece de octubre de dos mil cuatro, por parte de la Comisión Plenaria de la SETENA, en la que se trató el tema de la introducción de la variable ambiental en la Propuesta del Plan Regulador para el cantón de Escazú y, de igual forma, que mediante oficio CTPRE/86-04 del veinte de octubre de dos mil cuatro el señor Angel Barrantes R., Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú se dirigió a la Licda. Patricia Campos, Secretaria General SETENA, remitiéndole un diskett con la Propuesta del Proyecto del Plan Regulador de Escazú, así como dos "CDS" (sic) con los mapas de zonificación y usos de suelos, vialidad, amenazas potenciales y el de distritos,  con el fin de cumplir con la solicitud hecha por la Comisión Plenaria en la audiencia efectuada el miércoles trece de octubre de dos mil cuatro.  En ese contexto, a juicio de este Tribunal Constitucional no se encuentra mérito para acoger este recurso en cuanto a la Municipalidad de Escazú, en lo que atañe a este extremo, no sólo porque la omisión que se constata obedece a razones ajenas a su voluntad sino también porque, como alega la autoridad recurrida, el Plan Regulador de ese cantón puede ser revisado a posteriori por la SETENA, como deberá hacer en el caso de todos los planes reguladores vigentes desde antes de la promulgación del Reglamento del veintiocho de junio de dos mil cuatro.  Además, la anulación del Plan Regulador aprobado, según pretende la recurrente, de forma alguna representaría una mayor tutela al derecho fundamental consagrado en el artículo 50 constitucional, puesto que tal como alega el Alcalde recurrido "…el crecimiento urbano del cantón venía siendo muy apresurado y no existía una regulación uniforme adaptada a la realidad de este, lo que significa que el daño ambiental que se estaba provocando al cantón y a la comunidad escazuceña en general, era más grave sin la existencia del Plan que con su promulgación."  Se tiene presente, asimismo, el contenido normativo de todo plan regulador en aspectos tan importantes como la construcción, vialidad, fraccionamiento y zonificación, en cuya regulación quedaría una laguna que, lejos de beneficiar a los pobladores del cantón de Escazú les podría acarrear perjuicios en caso de que se anulara el Plan Regulador recientemente publicado.  No obstante, como se ordena en la parte dispositiva de esta resolución, inmediatamente después de que la SETENA publique el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, debe la Municipalidad de Escazú someter el Plan Regulador objeto de este amparo al proceso de viabilidad ambiental, para que sin dilación alguna efectúe los ajustes que la SETENA determine.

V.- Sobre la participación de la SETENA.  A la luz de las consideraciones realizadas constata la Sala una omisión atribuible a la SETENA, que se constituye en una amenaza al derecho de la amparada a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por no haber cumplido aún con lo que dispone el Reglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) en su artículo 67, en cuanto al establecimiento de "…los términos de referencia, los instrumentos y procedimientos para que dicha variable ambiental, sea integrada a los plantes reguladores o planes o programas de ordenamiento del uso del suelo, aplicable, tanto a aquellos que se encuentren en elaboración o se elaborarán en el futuro, como a aquellos ya aprobados, que todavía no cuenten con la viabilidad ambiental." Lo anterior, a pesar de la importancia que tiene esa normativa en la tutela de un derecho fundamental, como lo es el reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, que debe ser garantizado, defendido y preservado por el Estado.    Observa también la Sala que la SETENA, incumpliendo con lo que estableció el artículo 125 del Reglamento de cita, no ha emitido el "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental", de conformidad con el cual:

"(…) en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la publicación del presente reglamento, procederá [la SETENA] a publicar el nuevo "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental" - Manual de EIA, o los Manuales específicos para los artículos que así lo requieran y procederá a actualizar los montos de los costos de todos los instrumentos técnicos, documentos y servicios que presta. (…)" 

Esas omisiones de la SETENA son las que se constituyen en una amenaza ilegítima al derecho que asiste a la amparada de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que sí ameritan la tutela constitucional por la vía del amparo, de forma tal que en cuanto a este extremo y solamente contra la SETENA se acoge este recurso con sus consecuencias.  Sobre este particular, conviene indicar que los efectos de esta estimatoria corren por cuenta del Estado porque la tutela del ambiente es una obligación que le impone la propia Constitución Política y que ha sido desatendida en esta oportunidad por la Administración competente.    Por ese motivo,  considera esta Tribunal Constitucional que para dar cumplimiento a ese mandato constitucional, debe el Estado brindar a la SETENA (órgano creado justamente para velar por el cumplimiento de ese cometido) todos los recursos necesarios tendientes al logro de sus fines y, por su parte, esa Secretaría también debe ser proactiva en la demanda oportuna de esos recursos, pues caso contrario se puede tornar nugatorio el derecho fundamental reconocido en el artículo 50 constitucional.”

De las probanzas que obran en autos, así como los informes rendidos –que se tienen dados bajo juramento con apercibimiento de las consecuencias penales en caso de falso testimonio y perjurio-, se tiene que el recurrente acusa que la Municipalidad de Osa aprobó el Plan Regulador de Playa Uvita sin que se incluyera la variable ambiental y sin que se diera el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Con la solemnidad que reviste el juramento, informaron el Alcalde y el Presidente del Concejo de la Municipalidad de Osa que la Dirección del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación mediante oficio ACOSA-D-131- del 10 de abril del 2003, recomendó que se siguieran las directrices que estipula el Plan Regulador existente para Playa Uvita. Informaron además que el Área de Conservación de Osa es la autoridad competente que debe velar por el cumplimiento de la normativa ambiental en la zona y en lo que respecta al Plan Regulador, y que dicho órgano, emitió su criterio en ejercicio de sus competencias legales, verificando el cumplimiento de la protección de la variable ambiental y su incorporación dentro de la propuesta de regulación que debería de ser aprobada por el Concejo de la Municipalidad de Osa. Agregaron que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, en la Sesión Ordinaria No. 5463, artículo 5, inciso 1, celebrada el 20 de marzo del 2007, aprobó la colocación de los sellos a la versión final del Plan Regulador de Playa Uvita del cantón de Osa y avaló el proyecto presentado por la Municipalidad recurrida para que procediera a su aprobación. El Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa aprobó la propuesta del Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Playa Uvita mediante la sesión extraordinaria No. 06, Capítulo 6, punto 1, celebrada el 21 de mayo del 2005. Por su parte la SETENA informó, a esta Sala, que no constaba en sus registros la evaluación ambiental estratégica del Plan de Playa Uvita, lo que considera requisito de obligada inclusión en los Planes Reguladores. Sobre el asunto en particular, considera esta Sala, que efectivamente se produjo la violación Constitucional acusada por el recurrente, toda vez que, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa aprobó del Plan Regulador de Playa Uvita mediante la sesión extraordinaria No. 06, Capítulo 6, punto 1, celebrada el 21 de mayo del 2005, sin que se incluyera la variable ambiental que exige el Decreto Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que se encuentra vigente desde el 28 de junio del 2004, que dispone en el artículo 67 lo siguiente:

“Artículo 67.—Integración de la variable ambiental en los Planes Reguladores. Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación Urbana y por la Ley de la Zona Marítima Terrestre, o aquellos otros planes o programas oficiales de ordenamiento del uso del suelo, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas.

    La SETENA, por medio de su Manual de EIA, establecerá los términos de referencia, los instrumentos y los procedimientos para que dicha variable ambiental sea integrada a los planes reguladores o planes o programas de ordenamiento del uso del suelo, aplicable, tanto a aquellos que se encuentren en elaboración o se elaborarán en el futuro, como a aquellos ya aprobados, que todavía no cuenten con la viabilidad ambiental.”

Por otra parte, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece, que:

“Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental

Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.”

De las consideraciones esbozadas anteriormente, considera esta Sala, que la actuación de las autoridades recurridas constituyen una amenaza al derecho un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por no haber cumplido aún con lo que dispone el Reglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) en el artículo 67. Lo anterior por cuanto el establecimiento de "… deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas. " Pues dicha normativa tutela un derecho fundamental, como lo es el reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, que debe ser garantizado, defendido y preservado por el Estado. Tanto la Municipalidad recurrida como el Instituto Costarricense de Turismo aprobaron el Plan Regulador de Playa Uvita, omitiendo la inclusión de las variables ambientales por parte de la autoridad competente, en este caso la SETENA, por lo tanto no resulta admisible la defensa ejercida por las autoridades recurridas, en el sentido que el dicho requerimiento pueda ser sustituido por la Dirección del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pues tal autoridad no tiene competencia para tal pronunciamiento.

            VI.- Conclusión. La omisión en la que incurren la Municipalidad de Osa y el Instituto Costarricense de Turismo al no requerirle a la SETENA el proceso de viabilidad ambiental para el proyecto del Plan Regulador de Playa Uvita antes de su aprobación, constituye una violación a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, por lo que el presente recurso debe estimarse como en efecto se hace, declarándolo con lugar, ordenando a la Municipalidad de Osa y al Instituto Costarricense de Turismo que se someta el Plan Regulador de Playa Uvita al proceso de viabilidad ambiental ante la SETENA y se incluyan las modificaciones que sean sugeridas por la autoridad competente antes de la publicación del Plan Regulador objeto de estudio.”

 

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

 

* 070054500007CO *

Exp: 07-005450-0007-CO

Res. Nº 2007017388

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y veintinueve minutos del veintiocho de noviembre del dos mil siete.

               Recurso de amparo interpuesto por JUAN CARLOS PADILLA CHACON, cédula de identidad número 0109490906, contra  el ALCALDE MUNICIPAL DE OSA, el PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, el PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA, el PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, el PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO y el SECRETARIO DE LA SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:37 horas del 24 de abril del dos mil siete, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Alcalde y el Presidente del Concejo de la Municipalidad de Osa, el Presidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, el Presidente del Instituto Nacional del Vivienda y Urbanismo, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y el Secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y manifiesta que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Osa aprobaron el nuevo Plan Regulador del Sector Costero de Playa Uvita, Cantón de Osa, Puntarenas. Indica que el Instituto Costarricense de Turismo, en Sesión Ordinaria de Junta Directiva número 5463, en su artículo 5, inciso l, celebrada el 20 de marzo del 2007, aprobó la versión final del citado plan regulador.  Alega que la aplicación del mencionado Plan Regular puede ocasionar daños negativos y significativos para el medio ambiente y los recursos naturales, dado que de conformidad con una certificación emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, éste no ha cumplido con la legislación ambiental vigente, en consecuencia, no se ha dado aprobación por parte del SETENA para su ejecución y entrada en vigencia.  Alega que por los hechos expuestos se pone en peligro el ambiente y ecosistema del Parque Nacional Marino Ballena. Considera que la aplicación del Plan Regulador del Sector Costero de Playa Uvita impugnado violenta los derechos fundamentales establecidos en el artículo 50 de la Constitución Política.  

2.- Informa bajo juramento Tatiana Cruz Ramírez, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional (folio 09) que, efectivamente no consta la evaluación ambiental estratégica del Plan de Playa Uvita, lo que es requisito obligatorio de inclusión por parte de los gobiernos locales en los Planes Reguladores. Además mediante oficio CP-162-2007, del 18 de setiembre del 2007, la Secretaría le comunicó a la Municipalidad de Osa que se está en espera de la presentación de un Plan Regulador para el territorio del cantón establecido en la legislación ambiental vigente.

3.- Informa bajo juramento Eladio Prado Castro, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (folio 23) que, el Plan Regulador no ha sido aprobado por el INVU y se está a la espera de la aprobación por parte del ICT y se envíe para la revisión del INVU. Consta en oficio PU-C-D-152-2007 del 19 de marzo del 2007 suscrito por la Dirección de Urbanismo del INVU a la Municipalidad de Osa que se debe enviar copia del Plan para revisión del INVU una vez que haya sido aprobado por el ICT. En conclusión se informó que el Plan Regulador de Uvita no ha sido aprobado por el INVU por lo que solicita que se desestime el recurso incoado.

4.- Informa bajo juramento Allan René Flores Moya, en representación del Presidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (folio 26) que, el 23 de mayo del 1994 ingresó al ICT el Plan Regulador de Playa Uvita para el trámite de revisión y aprobación. El 31 de agosto de 1994, mediante oficio CZM-229-94 se emitieron las observaciones de gabinete. Mediante oficio CZM-391-95 se recomendó a la Junta Directiva la aprobación del Plan en estudio. En oficio SJD-1412-95 del 20 de diciembre de 1995, se comunicó la aprobación de Junta Directiva del ICT  en sesión 4613, artículo 5, inciso VI, celebrada el 18 de diciembre de 1995. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo aprobó el proyecto mediante oficio PU-C- PT-075-2001. Dadas las aprobaciones, la Municipalidad convocó la Audiencia Pública el 08 de setiembre del 2001. En Sesión Ordinaria de Junta Directiva número 5463, en su artículo 5, inciso l, celebrada el 20 de marzo del 2007, aprobó la versión final del citado plan regulador, aprobando poner los sellos correspondientes. Concluye que el Plan Regulador si incorpora la Variable Ambiental como parte del diagnóstico para propuestas de zonificación. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- informan bajo juramento Jorge Alberto Cole de León y Eugenio Najera Santamaría, en su calidad de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa respectivamente (folio 37) que, el 13 de octubre de 1992 se comenzó a tramitar el Plan Regulador de Playa Uvita del cantón de Osa mediante contrato suscrito entre la Municipalidad y la empresa Depatt S.A. El Plan Regulador elaborado por la empresa fue remitido al ICT y al INVU para su respectiva aprobación y fue remitido a la Municipalidad para seguir el trámite de ley. El 08 de setiembre del 2001 se celebró la Audiencia Pública. Mediante oficio FOM-ZMT- 007-2002 del 14 de enero de 2002 se pronunció la Comisión instaurada sobre las oposiciones realizadas al Plan, varias de las oposiciones se dejaron pendientes hasta tanto no se pronunciara el Ministerio de Ambiente y Energía. Mediante oficio SD-OSA-271 del 02 de octubre del 2002, el Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación informó a SETENA sobre la oposición de los administrados para que se modifique en el Plan Regulador la zona establecida entre los mojones 38 al 49, cambiándola de zona de protección a zona residencial turística y se solicitó el criterio de la Secretaría Técnica. En oficio ACOSA-D-131- del 10 de abril del 2003, la Dirección del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se recomendó que se siguieran las directrices que estipula el Plan Regulador existente para Playa Uvita. Recalca el informe rendido que el Área de Conservación de Osa es la autoridad competente que debe velar por el cumplimiento de la normativa ambiental en la zona y en lo que respecta al Plan Regulador, dicho órgano, emitió su criterio en ejercicio de sus competencias legales, verificando el cumplimiento de la protección de la variable ambiental y su incorporación dentro de la propuesta de regulación que debería de ser aprobada por el Concejo de la Municipalidad de Osa. La comisión instaurada resolvió, conforme con lo indicado por la Dirección del Área de Conservación de Osa, recomendar el Concejo rechazar las oposiciones pendientes de resolver. El Concejo Municipal del Osa aprobó la propuesta del Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Playa Uvita mediante la sesión extraordinaria No. 06, Capítulo 6, punto 1, celebrada el 21 de mayo del 2005. Informa que en los meses posteriores a la aprobación del Plan Regulador se envió al ICT y al INVU el Reglamento de Zonificación y la Lámina de Usos del Suelo para que cada institución  diera su respectiva aprobación, informa que este trámite se encuentra en proceso. En informe DFOE-AM-38-2005 del 14 de diciembre del 2005, el Área de Servicios Agropecuarios y de Medio Ambiente de la División de Fiscalización de la Contraloría General de República indicó a la Municipalidad de Osa la necesidad de contar con los planes reguladores en la zona demanial. En la Sesión Ordinaria No. 5463, artículo 5, inciso 1, celebrada el 20 de marzo del 2007, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo aprobó la colocación de los sellos a la versión final del Plan Regulador de Playa Uvita del cantón de Osa y avaló el proyecto presentado por la Municipalidad para que procediera a su aprobación. Sobre la incorporación de la variable ambiental al Plan Regulador, se informó que esta se incluyó y se verificó por parte de la Dirección del Área de Conservación de Osa, el ICT y el INVU, de conformidad con lo que establece la Ley 4240, Ley de Planificación Urbana. Por otra parte informan que el Decreto Ejecutivo #32967-MINAE del 04 de mayo del 2006 es posterior a la elaboración y revisión del Plan Regulador por parte del Instituto Costarricense de Turismo y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Así mismo las oposiciones interpuestas contra el Plan Regulados fueron debidamente resueltas, de conformidad con lo señalado por el Área de Conservación de Osa. Con ocasión del oficio CP-1062-2007 del 18 de abril del 2007, suscrito por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Municipalidad suscribió un convenio con el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica para poder implementar un Plan Regulador Integral del cantón de Osa, proyecto que se encuentra en elaboración, este proyecto incluirá el Plan regulador objeto del presente recurso. En escrito enviado a SETENA, el 23 de mayo del 2007, la Municipalidad indicó a SETENA que se reenviaría copia de las observaciones señaladas al Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Escuela de Ingeniería Civil para que se incluya la variable ambiental dentro de la elaboración del Plan regulador Cantonal y que se sometiera dicho plan al proceso de Evaluación Ambiental, por tratarse de un plan regulador posterior a la promulgación del Decreto Ejecutivo 32967-MINAE. Solicitan se desestime el presente recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

            

            Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

Considerando:

I. De previo. La Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 45, establece que, en caso de que el informe que la Sala requiera a las autoridades recurridas, no fuere rendido, se tendrán por ciertos los hechos y se conocerá del asunto sin más trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa. Lo anterior es aplicable en los casos en que el informe sea rendido de modo incorrecto, en sentencia No. 2000-3263, esta Sala dispuso:

“Sin perjuicio de la resolución de fondo de este asunto, se aclara al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que según se ordena en la resolución de curso de este amparo, el informe de ley debía rendirlo personalmente, no por medio de apoderado o de otro funcionario del Instituto, con la advertencia de que el incumplimiento de esa obligación, podría hacerlo incurrir en responsabilidades, incluso penales.”

En el caso que nos ocupa, el Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo contestó el informe que ordenó esta Sala en la resolución de curso, el cual se solicitó de forma personal y no por medio de apoderado, al Presidente de la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo. Consecuencia de lo anterior, se tiene por no rendido el informe requerido al Instituto Costarricense de Turismo y se tienen por ciertos los hechos, lo que no implica acoger automáticamente el recurso.  Subsecuentemente, se entra a estudiar la procedencia del asunto, con la base fáctica expuesta por el recurrente y los informes ordenados en la resolución que dio curso al asunto y que fueron debidamente rendidos ante este Tribunal.

II.- Objeto del recurso. En el presente asunto, el recurrente acusa violación al artículo 50 de la Constitución Política, toda vez que la Municipalidad de Osa aprobó el Plan Regulador de Playa Uvita sin que se incluya el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que exige la legislación.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a.       El 13 de octubre de 1992 se comenzó a tramitar el Plan Regulador de Playa Uvita del cantón de Osa mediante contrato suscrito entre la Municipalidad de Osa y la empresa Depatt S.A. (hecho no controvertido)

b.      El Plan Regulador elaborado por la empresa fue remitido al ICT y al INVU para revisión y aprobación. (hecho no controvertido)

c.       El 08 de setiembre del 2001 se celebró la Audiencia Pública. (hecho no controvertido)

d.      Mediante oficio ACOSA-D-131- del 10 de abril del 2003, la Dirección del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación recomendó que se siguieran las directrices que estipula el Plan Regulador existente para Playa Uvita. (hecho no controvertido)

e.      El Concejo Municipal del Osa aprobó la propuesta del Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Playa Uvita mediante la sesión extraordinaria No. 06, Capítulo 6, punto 1, celebrada el 21 de mayo del 2005. (hecho controvertido, folio 37)

f.        El Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria de Junta Directiva número 5463, en su artículo 5, inciso l, celebrada el 20 de marzo del 2007, aprobó la versión final del citado plan regulador, aprobando poner los sellos correspondientes. (hecho no controvertido)

g.      Informa la Secretaría Técnica Ambiental que no consta la evaluación ambiental estratégica del Plan Regulador de Playa Uvita, lo que considera requisito obligatorio de inclusión por parte de los gobiernos locales en los Planes Reguladores. (hecho controvertido, folio 09)

IV.- Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado.- Anterior a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala ya había reconocido la protección y preservación del ambiente como un derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución. Como ya ha indicado este Tribunal (resolución 2005-01173 de las quince horas con once minutos del ocho de febrero del dos mil cinco) el artículo 50 de la Constitución fue reformado mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, precisamente con el objetivo de hacer una declaratoria de la obligación del Estado de proteger el ambiente y otorgar a los ciudadanos plena acción para defenderlo, dando así contenido expreso en ella al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. a-Tutela del derecho ambiental, un deber Estatal. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de cuatro de junio de mil novecientos noventa. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de este Tribunal, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. b- Uso racional de los recursos. Un equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente. A partir del artículo 69 constitucional, en cuanto dispone el "uso racional de los recursos naturales", es que la Sala en su jurisprudencia, ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas (libertad de empresa) sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio. La Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras. c-El Principio precautorio en materia de derecho ambiental. Este principio está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, la cual dispone:

 "Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad).

 Como ya indicó la Sala, el término prevención deriva del latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. d- La coordinación entre las dependencias públicas, debe garantizar la protección del medio ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia; así como también las instituciones descentralizadas; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve). Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discotheques (municipalidades y Ministerio de Salud), etc.

V.- Sobre el caso concreto.- Esta Sala ya tuvo la oportunidad de analizar asuntos similares en los cuales se dio la aprobación de Planes Reguladores sin que se incluyera la variable ambiental y sin que se diera el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En sentencia 2005-9765, esta Sala indicó:

“IV.-  En cuanto a la violación al artículo 50 de la Constitución Política. Se desprende también de los autos que el Plan Regulador de Escazú fue aprobado por el Concejo Municipal de Escazú en la sesión extraordinaria numero 59, efectuada el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, Acuerdo AC-396-04, el cual se publicó el tres de febrero de dos mil cinco en el Diario Oficial La Gaceta y posteriormente se publicó una fe de erratas, que se comunicó por el mismo medio oficial el jueves diecisiete de marzo siguiente, en La Gaceta número 54. Argumenta la Municipalidad recurrida y así acredita en autos, que desde mayo de dos mil cuatro remitió el borrador del Plan Regulador a la SETENA conjuntamente con otros documentos, es decir, antes de que se encontrara vigente la obligación que se plasma en el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que data del veintiocho de junio de dos mil cuatro; sin embargo, no se recibió respuesta alguna de la SETENA.  Fue así como, ante la omisión de esa Secretaría, la Municipalidad continuó con los trámites que desembocaron en la aprobación del Plan Regulador, el cual, según se afirma bajo fe de juramento con las consecuencias de ley, sí integra la variable de impacto ambiental aunque no pasó por el proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación, por el motivo antes indicado.  La SETENA, por su parte informa que no ha llevado a cabo la evaluación del Plan Regulador del cantón de Escazú ni de ningún otro cantón, porque no se ha emitido el manual de procedimientos para llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica.   En ese contexto, estima la Sala que si bien es cierto no lleva razón la Municipalidad recurrida en punto a que el  silencio de la SETENA pueda tenerse como superación del proceso de viabilidad ambiental, que exige el ordinal 67 del Reglamento sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, también lo es que se desprende de la prueba allegada al expediente que ese ente municipal ha hecho un gran esfuerzo por emitir la normativa necesaria tendiente al ordenamiento del desarrollo urbanístico del cantón de Escazú y que, al efecto, emitió el Plan Regulador que nos ocupa contando con la participación de la comunidad, como en Derecho corresponde, aparte de que durante la tramitación procuró una constante coordinación con la SETENA, al punto que no sólo le cursó invitación para que enviara su representación a la audiencia pública señalada para el quince de mayo de dos mil cuatro, sino que, además, le remitió la información solicitada en cuanto a las regulaciones de índole ambiental incluidas en el Plan Regulador, así como el documento propiamente dicho.  En ese sentido, se tiene por probado también que el Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú asistió a la audiencia convocada para el trece de octubre de dos mil cuatro, por parte de la Comisión Plenaria de la SETENA, en la que se trató el tema de la introducción de la variable ambiental en la Propuesta del Plan Regulador para el cantón de Escazú y, de igual forma, que mediante oficio CTPRE/86-04 del veinte de octubre de dos mil cuatro el señor Angel Barrantes R., Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú se dirigió a la Licda. Patricia Campos, Secretaria General SETENA, remitiéndole un diskett con la Propuesta del Proyecto del Plan Regulador de Escazú, así como dos "CDS" (sic) con los mapas de zonificación y usos de suelos, vialidad, amenazas potenciales y el de distritos,  con el fin de cumplir con la solicitud hecha por la Comisión Plenaria en la audiencia efectuada el miércoles trece de octubre de dos mil cuatro.  En ese contexto, a juicio de este Tribunal Constitucional no se encuentra mérito para acoger este recurso en cuanto a la Municipalidad de Escazú, en lo que atañe a este extremo, no sólo porque la omisión que se constata obedece a razones ajenas a su voluntad sino también porque, como alega la autoridad recurrida, el Plan Regulador de ese cantón puede ser revisado a posteriori por la SETENA, como deberá hacer en el caso de todos los planes reguladores vigentes desde antes de la promulgación del Reglamento del veintiocho de junio de dos mil cuatro.  Además, la anulación del Plan Regulador aprobado, según pretende la recurrente, de forma alguna representaría una mayor tutela al derecho fundamental consagrado en el artículo 50 constitucional, puesto que tal como alega el Alcalde recurrido "…el crecimiento urbano del cantón venía siendo muy apresurado y no existía una regulación uniforme adaptada a la realidad de este, lo que significa que el daño ambiental que se estaba provocando al cantón y a la comunidad escazuceña en general, era más grave sin la existencia del Plan que con su promulgación."  Se tiene presente, asimismo, el contenido normativo de todo plan regulador en aspectos tan importantes como la construcción, vialidad, fraccionamiento y zonificación, en cuya regulación quedaría una laguna que, lejos de beneficiar a los pobladores del cantón de Escazú les podría acarrear perjuicios en caso de que se anulara el Plan Regulador recientemente publicado.  No obstante, como se ordena en la parte dispositiva de esta resolución, inmediatamente después de que la SETENA publique el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, debe la Municipalidad de Escazú someter el Plan Regulador objeto de este amparo al proceso de viabilidad ambiental, para que sin dilación alguna efectúe los ajustes que la SETENA determine.

V.- Sobre la participación de la SETENA.  A la luz de las consideraciones realizadas constata la Sala una omisión atribuible a la SETENA, que se constituye en una amenaza al derecho de la amparada a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por no haber cumplido aún con lo que dispone el Reglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) en su artículo 67, en cuanto al establecimiento de "…los términos de referencia, los instrumentos y procedimientos para que dicha variable ambiental, sea integrada a los plantes reguladores o planes o programas de ordenamiento del uso del suelo, aplicable, tanto a aquellos que se encuentren en elaboración o se elaborarán en el futuro, como a aquellos ya aprobados, que todavía no cuenten con la viabilidad ambiental." Lo anterior, a pesar de la importancia que tiene esa normativa en la tutela de un derecho fundamental, como lo es el reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, que debe ser garantizado, defendido y preservado por el Estado.    Observa también la Sala que la SETENA, incumpliendo con lo que estableció el artículo 125 del Reglamento de cita, no ha emitido el "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental", de conformidad con el cual:

"(…) en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la publicación del presente reglamento, procederá [la SETENA] a publicar el nuevo "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental" - Manual de EIA, o los Manuales específicos para los artículos que así lo requieran y procederá a actualizar los montos de los costos de todos los instrumentos técnicos, documentos y servicios que presta. (…)" 

Esas omisiones de la SETENA son las que se constituyen en una amenaza ilegítima al derecho que asiste a la amparada de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que sí ameritan la tutela constitucional por la vía del amparo, de forma tal que en cuanto a este extremo y solamente contra la SETENA se acoge este recurso con sus consecuencias.  Sobre este particular, conviene indicar que los efectos de esta estimatoria corren por cuenta del Estado porque la tutela del ambiente es una obligación que le impone la propia Constitución Política y que ha sido desatendida en esta oportunidad por la Administración competente.    Por ese motivo,  considera esta Tribunal Constitucional que para dar cumplimiento a ese mandato constitucional, debe el Estado brindar a la SETENA (órgano creado justamente para velar por el cumplimiento de ese cometido) todos los recursos necesarios tendientes al logro de sus fines y, por su parte, esa Secretaría también debe ser proactiva en la demanda oportuna de esos recursos, pues caso contrario se puede tornar nugatorio el derecho fundamental reconocido en el artículo 50 constitucional.”

De las probanzas que obran en autos, así como los informes rendidos –que se tienen dados bajo juramento con apercibimiento de las consecuencias penales en caso de falso testimonio y perjurio-, se tiene que el recurrente acusa que la Municipalidad de Osa aprobó el Plan Regulador de Playa Uvita sin que se incluyera la variable ambiental y sin que se diera el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Con la solemnidad que reviste el juramento, informaron el Alcalde y el Presidente del Concejo de la Municipalidad de Osa que la Dirección del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación mediante oficio ACOSA-D-131- del 10 de abril del 2003, recomendó que se siguieran las directrices que estipula el Plan Regulador existente para Playa Uvita. Informaron además que el Área de Conservación de Osa es la autoridad competente que debe velar por el cumplimiento de la normativa ambiental en la zona y en lo que respecta al Plan Regulador, y que dicho órgano, emitió su criterio en ejercicio de sus competencias legales, verificando el cumplimiento de la protección de la variable ambiental y su incorporación dentro de la propuesta de regulación que debería de ser aprobada por el Concejo de la Municipalidad de Osa. Agregaron que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, en la Sesión Ordinaria No. 5463, artículo 5, inciso 1, celebrada el 20 de marzo del 2007, aprobó la colocación de los sellos a la versión final del Plan Regulador de Playa Uvita del cantón de Osa y avaló el proyecto presentado por la Municipalidad recurrida para que procediera a su aprobación. El Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa aprobó la propuesta del Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Playa Uvita mediante la sesión extraordinaria No. 06, Capítulo 6, punto 1, celebrada el 21 de mayo del 2005. Por su parte la SETENA informó, a esta Sala, que no constaba en sus registros la evaluación ambiental estratégica del Plan de Playa Uvita, lo que considera requisito de obligada inclusión en los Planes Reguladores. Sobre el asunto en particular, considera esta Sala, que efectivamente se produjo la violación Constitucional acusada por el recurrente, toda vez que, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa aprobó del Plan Regulador de Playa Uvita mediante la sesión extraordinaria No. 06, Capítulo 6, punto 1, celebrada el 21 de mayo del 2005, sin que se incluyera la variable ambiental que exige el Decreto Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que se encuentra vigente desde el 28 de junio del 2004, que dispone en el artículo 67 lo siguiente:

“Artículo 67.—Integración de la variable ambiental en los Planes Reguladores. Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación Urbana y por la Ley de la Zona Marítima Terrestre, o aquellos otros planes o programas oficiales de ordenamiento del uso del suelo, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas.

    La SETENA, por medio de su Manual de EIA, establecerá los términos de referencia, los instrumentos y los procedimientos para que dicha variable ambiental sea integrada a los planes reguladores o planes o programas de ordenamiento del uso del suelo, aplicable, tanto a aquellos que se encuentren en elaboración o se elaborarán en el futuro, como a aquellos ya aprobados, que todavía no cuenten con la viabilidad ambiental.”

Por otra parte, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece, que:

“Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental

Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.”

De las consideraciones esbozadas anteriormente, considera esta Sala, que la actuación de las autoridades recurridas constituyen una amenaza al derecho un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por no haber cumplido aún con lo que dispone el Reglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) en el artículo 67. Lo anterior por cuanto el establecimiento de "… deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas. " Pues dicha normativa tutela un derecho fundamental, como lo es el reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, que debe ser garantizado, defendido y preservado por el Estado. Tanto la Municipalidad recurrida como el Instituto Costarricense de Turismo aprobaron el Plan Regulador de Playa Uvita, omitiendo la inclusión de las variables ambientales por parte de la autoridad competente, en este caso la SETENA, por lo tanto no resulta admisible la defensa ejercida por las autoridades recurridas, en el sentido que el dicho requerimiento pueda ser sustituido por la Dirección del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pues tal autoridad no tiene competencia para tal pronunciamiento.

            VI.- Conclusión. La omisión en la que incurren la Municipalidad de Osa y el Instituto Costarricense de Turismo al no requerirle a la SETENA el proceso de viabilidad ambiental para el proyecto del Plan Regulador de Playa Uvita antes de su aprobación, constituye una violación a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, por lo que el presente recurso debe estimarse como en efecto se hace, declarándolo con lugar, ordenando a la Municipalidad de Osa y al Instituto Costarricense de Turismo que se someta el Plan Regulador de Playa Uvita al proceso de viabilidad ambiental ante la SETENA y se incluyan las modificaciones que sean sugeridas por la autoridad competente antes de la publicación del Plan Regulador objeto de estudio.

Por tanto:

Se declara CON LUGAR el recurso pues de las actuaciones de las autoridades recurridas se deriva una amenaza ilegítima al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena a Jorge Alberto Cole de León y Eugenio Najera Santamaría, en su calidad de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa y a Carlos R. Benavides Jiménez en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo o a quienes ocupen sus cargos, que dentro del marco de sus competencias y atribuciones, giren las instrucciones necesarias para someter a el Plan Regular de Playa Uvita al proceso de viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y se incluya en el Plan las observaciones que realice el órgano competente, lo anterior deberá realizarse antes de la publicación. Lo anterior bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Osa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo, y en la ejecución de sentencia de lo civil, respectivamente. Notifíquese a Jorge Alberto Cole de León y Eugenio Najera Santamaría, en su calidad de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa y a Carlos R. Benavides Jiménez en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo o a quienes ocupen sus cargos, de forma personal. Comuníquese.-

            

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

 

 

Adrián Vargas B.                                                                                               Gilbert Armijo S.

 

 

            

Fernando Cruz C.                                                                                            Horacio González Q.

 

 

            

Jorge Araya G.                                                                                              Alexander Godínez V.

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 17-02-2026 18:52:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**I. Preliminary Matter.** Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes that, should the report requested by the Chamber from the respondent authorities not be rendered, the facts shall be taken as true and the matter shall be heard without further procedure, unless the court deems some prior inquiry necessary. The foregoing is applicable in cases where the report is rendered incorrectly; in decision No. 2000-3263, this Chamber ordered:

"Without prejudice to the resolution on the merits of this matter, the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is advised that, as ordered in the resolution granting leave to this amparo, the legal report had to be rendered personally, not through an attorney-in-fact or another official of the Institute, with the warning that failure to comply with this obligation could result in liabilities, including criminal ones."

In the case before us, the General Manager of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) responded to the report ordered by this Chamber in the resolution granting leave, which was requested personally and not through an attorney-in-fact, from the President of the Board of Directors and the Executive President of the Costa Rican Tourism Institute. As a consequence of the foregoing, the report requested from the Costa Rican Tourism Institute is deemed not rendered, and the facts are taken as true, which does not imply automatically granting the recourse. Subsequently, we proceed to study the admissibility of the matter, based on the factual basis set forth by the petitioner and the reports ordered in the resolution that granted leave to this matter and that were duly rendered before this Court.

**II.- Object of the recourse.** In the present matter, the petitioner alleges a violation of Article 50 of the Political Constitution, given that the Municipality of Osa approved the Playa Uvita Regulatory Plan without including the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) process required by legislation."

"...IV.- On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment.- Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the Chamber's jurisprudence had already recognized the protection and preservation of the environment as a fundamental right (decision number 2233-93), deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Constitution. As this Court has already indicated (resolution 2005-01173 of fifteen hours and eleven minutes on the eighth of February, two thousand five), Article 50 of the Constitution was reformed by Law number 7412 of the third of June, nineteen ninety-four, precisely with the objective of declaring the State's obligation to protect the environment and granting citizens full standing to defend it, thus giving express content therein to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Powers regarding factors that can alter its balance and hinder a person's growth and development in a healthy environment. a- Protection of environmental law, a State duty. From the reform of constitutional Article 50, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right was also established—in a definitive manner—whereby the State becomes the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is pursuant to this provision, in relation to Articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a protective and governing function in this matter was derived, according to the provisions of the constitutional norm under discussion, a function developed by environmental legislation. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. In this vein, it must be considered that the regulations designate the Ministry of Environment and Energy as the governing body of the natural resources, energy, and mines sector, as provided in Article 2 of the Organic Law of this ministry, number 7152 of the fourth of June, nineteen ninety. This governing function in environmental matters, in the opinion of this Court, comprises not only the establishment of adequate regulations for the use of forest resources and natural resources, as also provided in Article 56 of the Organic Environmental Law, but also confers upon it the important function of exercising governance in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this area. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State as provided in Article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in the relevant part of the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is concordant with the constitutional principle established in the second paragraph of Article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of Government from delegating the exercise of functions that are proper to them, especially when they constitute essential functions. In this manner, concerning environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative offices. b- Rational use of resources. A balance between the country's development and the right to the environment. Based on constitutional Article 69, insofar as it provides for the "rational use of natural resources," the Chamber in its jurisprudence has established the constitutional parameters for their adequate use; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent utilization of its elements and their natural, socio-cultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order to thereby safeguard the patrimony to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of environmental use and protection is that, through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained, but also a favorable development and evolution of the environment and natural resources with human beings, that is, without causing harm or detriment. The Chamber has indicated that the environment must be understood as a potential for development to be used adequately, and one must act in an integrated manner regarding its natural, socio-cultural, technological, and political relationships, since, otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the patrimony of coming generations could be at risk. While humankind has the right to use the environment for its own development, it also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. c-The Precautionary Principle in environmental law. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which provides:

 "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." (In the same sense, see Article 11 of the Biodiversity Law).

 As the Chamber already indicated, the term prevention derives from the Latin "praeventio," which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute a thing. Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt regarding it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. The foregoing is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, insofar as, if the damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. d- Coordination among public offices must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that corresponds to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of the administered. In this task, by public institution, must be understood as included both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility with respect to environmental conservation and preservation; who act, most of the time, through their specialized offices in the matter; as well as decentralized institutions; a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, with respect to their territorial jurisdiction. It is for this reason that it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various offices of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between the latter and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has previously—and quite clearly—referred to the principle of coordination of public offices with the municipalities in the achievement of common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function—for which it refers to what was indicated on that occasion (decision number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes on the fourteenth of July, nineteen ninety-nine). On the other hand, omissions of the duty to protect the environment and to comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since, as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage can be caused to the environment and natural resources, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact study by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of businesses without health permits regarding the treatment of sewage or wastewater (Aqueducts and Sewers and Ministry of Health), or not verifying sound controls in bars, karaoke establishments, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), etc.

**V.- On the specific case.-** This Chamber has already had the opportunity to analyze similar matters in which the approval of Regulatory Plans occurred without including the environmental variable and without the environmental impact assessment (EIA) procedure being carried out. In decision 2005-9765, this Chamber indicated:

"IV.- Regarding the violation of Article 50 of the Political Constitution. It is also evident from the record that the Escazú Regulatory Plan was approved by the Municipal Council of Escazú in extraordinary session number 59, held on the seventeenth of December, two thousand four, Agreement AC-396-04, which was published on the third of February, two thousand five in the Official Gazette La Gaceta, and subsequently an errata notice was published, communicated through the same official medium on Thursday the seventeenth of March following, in La Gaceta number 54. The respondent Municipality argues, and thus proves in the record, that since May two thousand four it sent the draft Regulatory Plan to SETENA together with other documents, that is, before the obligation set forth in the Regulation on the Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, dated the twenty-eighth of June, two thousand four, was in force; however, no response was received from SETENA. Thus, given that Secretariat's omission, the Municipality continued with the procedures that culminated in the approval of the Regulatory Plan, which, as affirmed under oath with the consequences of law, does integrate the environmental impact variable although it did not go through the environmental viability (viabilidad ambiental) process by SETENA, prior to its approval, for the reason indicated above. SETENA, for its part, reports that it has not carried out the evaluation of the Regulatory Plan of the canton of Escazú nor of any other canton, because the procedures manual for carrying out the strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) has not been issued. In this context, the Chamber considers that while the respondent Municipality is not correct in that SETENA's silence can be considered as having overcome the environmental viability process required by ordinal 67 of the Regulation on the environmental impact assessment procedures, it is also true that it is evident from the evidence provided to the file that this municipal entity has made a great effort to issue the necessary regulations aimed at ordering the urban development of the canton of Escazú and that, to this effect, it issued the Regulatory Plan before us with the participation of the community, as corresponds in Law, apart from the fact that during the processing it sought constant coordination with SETENA, to the point that it not only sent it an invitation to send its representation to the public hearing scheduled for the fifteenth of May, two thousand four, but also sent the information requested regarding the environmental regulations included in the Regulatory Plan, as well as the document itself. In that sense, it is also proven that the Liaison Coordinator of the Escazú Regulatory Plan Working Commission attended the hearing convened for the thirteenth of October, two thousand four, by the Plenary Commission of SETENA, in which the topic of introducing the environmental variable into the Proposed Regulatory Plan for the canton of Escazú was addressed, and, likewise, that by official letter CTPRE/86-04 of the twentieth of October, two thousand four, Mr. Angel Barrantes R., Liaison Coordinator of the Escazú Regulatory Plan Working Commission, addressed Ms. Patricia Campos, General Secretary of SETENA, sending her a diskette with the Proposed Project of the Escazú Regulatory Plan, as well as two "CDS" (sic) with the maps of zoning and land uses, roadways, potential threats, and the districts map, in order to comply with the request made by the Plenary Commission at the hearing held on Wednesday the thirteenth of October, two thousand four. In this context, in the judgment of this Constitutional Court, there is no merit to grant this recourse with respect to the Municipality of Escazú, regarding this aspect, not only because the omission verified is due to reasons beyond its control, but also because, as the respondent authority alleges, the Regulatory Plan of that canton can be reviewed a posteriori by SETENA, as it must do in the case of all regulatory plans in force before the promulgation of the Regulation of the twenty-eighth of June, two thousand four. Moreover, the annulment of the approved Regulatory Plan, as the petitioner seeks, would in no way represent greater protection for the fundamental right enshrined in constitutional Article 50, since, as the respondent Mayor alleges '...the urban growth of the canton had been very hasty and there was no uniform regulation adapted to its reality, meaning that the environmental damage being caused to the canton and the Escazú community in general was more serious without the existence of the Plan than with its promulgation.' The normative content of every regulatory plan in aspects as important as construction, roadways, subdivision (fraccionamiento), and zoning is also kept in mind, in whose regulation there would be a gap that, far from benefiting the inhabitants of the canton of Escazú, could cause them harm if the recently published Regulatory Plan were annulled. Notwithstanding, as ordered in the operative part of this resolution, immediately after SETENA publishes the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process, the Municipality of Escazú must submit the Regulatory Plan that is the subject of this amparo to the environmental viability process, so that without any delay it may carry out the adjustments that SETENA determines.

V.- On SETENA's participation. In light of the considerations made, the Chamber verifies an omission attributable to SETENA, which constitutes a threat to the petitioner's right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, for not yet having complied with what is provided in the General Regulation on environmental impact assessment (EIA) procedures in its Article 67, regarding the establishment of '...the terms of reference, the instruments, and procedures so that said environmental variable is integrated into the regulatory plans or land-use planning (ordenamiento del uso del suelo) plans or programs, applicable both to those that are under preparation or will be prepared in the future, and to those already approved, which still do not have environmental viability.' The foregoing, despite the importance that regulation has in protecting a fundamental right, such as that recognized in Article 50 of the Political Constitution, which must be guaranteed, defended, and preserved by the State. The Chamber also observes that SETENA, failing to comply with what was established in Article 125 of the cited Regulation, has not issued the "Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process," in accordance with which:

'(...) within a maximum period of three months, counted from the publication of this regulation, [SETENA] shall proceed to publish the new "Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process" - EIA Manual, or the specific Manuals for the articles that so require, and shall proceed to update the cost amounts for all technical instruments, documents, and services it provides. (...)'

These omissions by SETENA are what constitute an illegitimate threat to the right that assists the petitioner to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, which do merit constitutional protection through the amparo remedy, such that with respect to this aspect and solely against SETENA, this recourse is granted with its consequences. In this regard, it is appropriate to indicate that the effects of this granting are borne by the State because environmental protection is an obligation imposed by the Political Constitution itself and which has been neglected on this occasion by the competent Administration. For that reason, this Constitutional Court considers that to comply with that constitutional mandate, the State must provide SETENA (an agency created precisely to ensure compliance with that task) with all the necessary resources aimed at achieving its goals and, for its part, that Secretariat must also be proactive in the timely demand for those resources, since otherwise the fundamental right recognized in constitutional Article 50 could be rendered nugatory."

From the evidence in the record, as well as the reports rendered—which are deemed given under oath with the warning of criminal consequences in the event of false testimony and perjury—it is established that the petitioner accuses the Municipality of Osa of having approved the Playa Uvita Regulatory Plan without including the environmental variable and without the environmental impact assessment procedure being carried out. With the solemnity that the oath entails, the Mayor and the President of the Council of the Municipality of Osa reported that the Directorate of the Osa Conservation Area (Área de Conservación de Osa) of the National System of Conservation Areas, through official letter ACOSA-D-131- of April 10, 2003, recommended following the guidelines stipulated by the existing Regulatory Plan for Playa Uvita. They also reported that the Osa Conservation Area is the competent authority that must ensure compliance with environmental regulations in the zone and with respect to the Regulatory Plan, and that said body issued its opinion in the exercise of its legal competences, verifying compliance with the protection of the environmental variable and its incorporation into the regulation proposal that should be approved by the Council of the Municipality of Osa. They added that the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute, in Ordinary Session No. 5463, Article 5, Section 1, held on March 20, 2007, approved the placement of the seals on the final version of the Playa Uvita Regulatory Plan of the canton of Osa and endorsed the project presented by the respondent Municipality so that it could proceed with its approval. The Municipal Council of the Municipality of Osa approved the proposed Regulatory Plan for the Tourist Coastal Sector of Playa Uvita through extraordinary session No. 06, Chapter 6, point 1, held on May 21, 2005. For its part, SETENA reported to this Chamber that the strategic environmental assessment of the Playa Uvita Plan did not appear in its records, which it considers a mandatory inclusion requirement in Regulatory Plans. Regarding the particular matter, this Chamber considers that the Constitutional violation alleged by the petitioner indeed occurred, given that the Municipal Council of the Municipality of Osa approved the Playa Uvita Regulatory Plan through extraordinary session No. 06, Chapter 6, point 1, held on May 21, 2005, without including the environmental variable required by Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which has been in force since June 28, 2004, which provides in Article 67 as follows:

"Article 67.—Integration of the environmental variable into Regulatory Plans. The Regulatory Plans established by the Urban Planning Law and by the Maritime-Terrestrial Zone Law, or those other official land-use planning plans or programs, as a way to plan the development of human activities potentially impacting the environment, must comply with the requirement of integrating the environmental impact variable, which shall be subject to an environmental viability process by SETENA, prior to their approval by the respective authorities.

    SETENA, through its EIA Manual, shall establish the terms of reference, the instruments, and the procedures so that said environmental variable is integrated into the regulatory plans or land-use planning plans or programs, applicable both to those that are under preparation or will be prepared in the future, and to those already approved, which still do not have environmental viability."

Furthermore, Article 17 of the Organic Environmental Law establishes that:

"Article 17.- Environmental impact assessment

Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment."

Based on the considerations outlined above, this Chamber considers that the action of the respondent authorities constitutes a threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment, for not yet having complied with what is provided in the General Regulation on environmental impact assessment (EIA) procedures in Article 67. The foregoing, because the establishment of "... must comply with the requirement of integrating the environmental impact variable, which shall be subject to an environmental viability process by SETENA, prior to their approval by the respective authorities." Therefore, such regulation protects a fundamental right, such as that recognized in Article 50 of the Political Constitution, which must be guaranteed, defended, and preserved by the State. Both the respondent Municipality and the Costa Rican Tourism Institute approved the Playa Uvita Regulatory Plan, omitting the inclusion of the environmental variables by the competent authority, in this case SETENA; therefore, the defense exercised by the respondent authorities, to the effect that said requirement can be substituted by the Directorate of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas, is not admissible, since such authority lacks competence for such pronouncement.

**VI.- Conclusion.** The omission incurred by the Municipality of Osa and the Costa Rican Tourism Institute in not requesting from SETENA the environmental viability process for the Playa Uvita Regulatory Plan project before its approval constitutes a violation of the provisions of Article 50 of the Political Constitution, for which reason the present recourse must be granted, as is hereby done, declaring it with merit and ordering the Municipality of Osa and the Costa Rican Tourism Institute that the Playa Uvita Regulatory Plan be submitted to the environmental viability process before SETENA, and that the modifications suggested by the competent authority be included before the publication of the Regulatory Plan under study."

San José, at sixteen hours and twenty-nine minutes on the twenty-eighth of November, two thousand seven.

               Amparo action filed by JUAN CARLOS PADILLA CHACON, identification number 0109490906, against the MUNICIPAL MAYOR OF OSA, the PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, the PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF OSA, the PRESIDENT OF THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, the EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, and the SECRETARY OF THE SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL.

Whereas:

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 11:37 hours on April 24, two thousand seven, the petitioner files an amparo action against the Mayor and the President of the Council of the Municipality of Osa, the President of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo, the President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Executive President of the Instituto Costarricense de Turismo, and the Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and states that the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and the Municipality of Osa approved the new Regulatory Plan for the Coastal Sector of Playa Uvita, Canton of Osa, Puntarenas. He indicates that the Instituto Costarricense de Turismo, in Ordinary Board of Directors Session number 5463, in its article 5, subsection l, held on March 20, 2007, approved the final version of the cited regulatory plan. He alleges that the application of the mentioned Regulatory Plan may cause negative and significant damages to the environment and natural resources, given that in accordance with a certification issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, it has not complied with current environmental legislation; consequently, approval has not been granted by SETENA for its execution and entry into force. He alleges that due to the facts set forth, the environment and ecosystem of the Parque Nacional Marino Ballena are endangered. He considers that the application of the challenged Regulatory Plan for the Coastal Sector of Playa Uvita violates the fundamental rights established in article 50 of the Political Constitution.

2.- Under oath, Tatiana Cruz Ramírez, in her capacity as General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional (folio 09), reports that, indeed, there is no record of the strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) of the Playa Uvita Plan, which is a mandatory inclusion requirement by local governments in Regulatory Plans. Furthermore, by official letter CP-162-2007, of September 18, 2007, the Secretariat communicated to the Municipality of Osa that it is awaiting the submission of a Regulatory Plan for the territory of the canton established in current environmental legislation.

3.- Under oath, Eladio Prado Castro, in his capacity as Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (folio 23), reports that the Regulatory Plan has not been approved by the INVU and it is awaiting approval by the ICT and to be sent for review by the INVU. It is recorded in official letter PU-C-D-152-2007 of March 19, 2007, signed by the Urban Planning Directorate of the INVU to the Municipality of Osa, that a copy of the Plan must be sent for review by the INVU once it has been approved by the ICT. In conclusion, it was reported that the Regulatory Plan of Uvita has not been approved by the INVU, and therefore it requests that the initiated action be dismissed.

4.- Under oath, Allan René Flores Moya, representing the President of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo (folio 26), reports that on May 23, 1994, the Regulatory Plan of Playa Uvita was submitted to the ICT for the review and approval process. On August 31, 1994, by official letter CZM-229-94, the desk observations were issued. By official letter CZM-391-95, the Board of Directors was recommended to approve the Plan under study. In official letter SJD-1412-95 of December 20, 1995, the approval by the Board of Directors of the ICT in session 4613, article 5, subsection VI, held on December 18, 1995, was communicated. The Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo approved the project by official letter PU-C-PT-075-2001. Given the approvals, the Municipality called the Public Hearing on September 8, 2001. In Ordinary Board of Directors Session number 5463, in its article 5, subsection l, held on March 20, 2007, it approved the final version of the cited regulatory plan, approving the placement of the corresponding seals. It concludes that the Regulatory Plan does incorporate the Environmental Variable as part of the diagnosis for zoning proposals. It requests that the action be declared without merit.

5.- Under oath, Jorge Alberto Cole de León and Eugenio Najera Santamaría, in their capacity as Mayor and President of the Municipal Council of the Municipality of Osa respectively (folio 37), report that on October 13, 1992, the processing of the Regulatory Plan of Playa Uvita in the canton of Osa began through a contract entered into between the Municipality and the company Depatt S.A. The Regulatory Plan prepared by the company was forwarded to the ICT and the INVU for their respective approval and was sent to the Municipality to continue the legal process. On September 8, 2001, the Public Hearing was held. By official letter FOM-ZMT-007-2002 of January 14, 2002, the established Commission ruled on the objections made to the Plan; several of the objections were left pending until the Ministerio de Ambiente y Energía issued a pronouncement. By official letter SD-OSA-271 of October 2, 2002, the Osa Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación informed SETENA about the opposition of the administered parties to modify in the Regulatory Plan the zone established between markers 38 and 49, changing it from a protection zone to a tourist residential zone, and the opinion of the Technical Secretariat was requested. In official letter ACOSA-D-131- of April 10, 2003, the Directorate of the Osa Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación recommended following the guidelines stipulated in the existing Regulatory Plan for Playa Uvita. The report rendered emphasizes that the Osa Conservation Area is the competent authority responsible for ensuring compliance with environmental regulations in the zone, and with respect to the Regulatory Plan, said body issued its opinion in exercise of its legal powers, verifying compliance with the protection of the environmental variable and its incorporation within the regulatory proposal that should be approved by the Council of the Municipality of Osa. The established Commission resolved, in accordance with what was indicated by the Directorate of the Osa Conservation Area, to recommend that the Council reject the pending objections. The Municipal Council of Osa approved the proposal for the Regulatory Plan of the Tourist Coastal Sector of Playa Uvita through extraordinary session No. 06, Chapter 6, point 1, held on May 21, 2005. It reports that in the months following the approval of the Regulatory Plan, the Zoning Regulation and the Land Use Map were sent to the ICT and the INVU so that each institution could grant its respective approval; it reports that this process is underway. In report DFOE-AM-38-2005 of December 14, 2005, the Agricultural Services and Environment Area of the Oversight Division of the Contraloría General de República indicated to the Municipality of Osa the need to have regulatory plans in the public domain (demanial) zone. In Ordinary Session No. 5463, article 5, subsection 1, held on March 20, 2007, the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo approved the placement of seals on the final version of the Regulatory Plan of Playa Uvita in the canton of Osa and endorsed the project presented by the Municipality so that it could proceed with its approval. Regarding the incorporation of the environmental variable into the Regulatory Plan, it was reported that it was included and verified by the Directorate of the Osa Conservation Area, the ICT, and the INVU, in accordance with the provisions of Ley 4240, Ley de Planificación Urbana. Furthermore, they report that Decreto Ejecutivo #32967-MINAE of May 4, 2006, is subsequent to the preparation and review of the Regulatory Plan by the Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Likewise, the objections filed against the Regulatory Plan were duly resolved, in accordance with what was indicated by the Osa Conservation Area. On the occasion of official letter CP-1062-2007 of April 18, 2007, signed by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the Municipality entered into an agreement with the Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible of the School of Civil Engineering of the Universidad de Costa Rica to be able to implement an Integrated Regulatory Plan for the canton of Osa, a project that is under development; this project will include the regulatory plan that is the subject of this action. In a communication sent to SETENA on May 23, 2007, the Municipality indicated to SETENA that a copy of the observations indicated would be forwarded to the Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible of the School of Civil Engineering so that the environmental variable would be included in the preparation of the Cantonal Regulatory Plan and that said plan would be submitted to the Environmental Assessment process, as it is a regulatory plan subsequent to the enactment of Decreto Ejecutivo 32967-MINAE. They request that this action be dismissed.

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

            Redacted by Magistrate Armijo Sancho; and,

Considering:

I. Preliminarily. The Law of Constitutional Jurisdiction, in article 45, establishes that in the event that the report that the Chamber requires from the respondent authorities is not rendered, the facts shall be taken as true and the matter shall be heard without further procedure, unless the court deems some prior investigation necessary. The foregoing is applicable in cases where the report is rendered incorrectly; in judgment No. 2000-3263, this Chamber ordered:

“Without prejudice to the decision on the merits of this matter, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is advised that, as ordered in the resolution admitting this amparo, the legal report had to be rendered personally, not through a representative or another official of the Institute, with the warning that failure to comply with this obligation could make him incur liabilities, including criminal ones.”

In the case at hand, the General Manager of the Instituto Costarricense de Turismo answered the report that this Chamber ordered in the admission resolution, which was requested personally and not through a representative, from the President of the Board of Directors and the Executive President of the Instituto Costarricense de Turismo. As a consequence of the foregoing, the report required from the Instituto Costarricense de Turismo is deemed not rendered, and the facts are taken as true, which does not imply automatically granting the action. Subsequently, we proceed to study the admissibility of the matter, based on the factual basis set forth by the petitioner and the reports ordered in the resolution that admitted the matter and that were duly rendered before this Court.

II.- Object of the action. In the present matter, the petitioner alleges a violation of article 50 of the Political Constitution, since the Municipality of Osa approved the Regulatory Plan of Playa Uvita without including the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) Process required by legislation.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have thus been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a. On October 13, 1992, the processing of the Regulatory Plan of Playa Uvita in the canton of Osa began through a contract entered into between the Municipality of Osa and the company Depatt S.A. (non-controverted fact)

b. The Regulatory Plan prepared by the company was forwarded to the ICT and the INVU for review and approval. (non-controverted fact)

c. On September 8, 2001, the Public Hearing was held. (non-controverted fact)

d. By official letter ACOSA-D-131- of April 10, 2003, the Directorate of the Osa Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación recommended following the guidelines stipulated in the existing Regulatory Plan for Playa Uvita. (non-controverted fact)

e. The Municipal Council of Osa approved the proposal for the Regulatory Plan of the Tourist Coastal Sector of Playa Uvita through extraordinary session No. 06, Chapter 6, point 1, held on May 21, 2005. (controverted fact, folio 37)

f. The Instituto Costarricense de Turismo, in Ordinary Board of Directors Session number 5463, in its article 5, subsection l, held on March 20, 2007, approved the final version of the cited regulatory plan, approving the placement of the corresponding seals. (non-controverted fact)

g. The Secretaría Técnica Ambiental reports that there is no record of the strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) of the Regulatory Plan of Playa Uvita, which it considers a mandatory inclusion requirement by local governments in Regulatory Plans. (controverted fact, folio 09)

IV.- On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment.- Prior to the reform of article 50 of the Political Constitution, the jurisprudence of this Chamber had already recognized the protection and preservation of the environment as a fundamental right (judgment number 2233-93), deriving it from the provisions of articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Constitution. As this Court has already indicated (resolution 2005-01173 of fifteen hours and eleven minutes on February eighth, two thousand five), article 50 of the Constitution was reformed by Law number 7412, of June third, nineteen ninety-four, precisely with the objective of making a declaration of the State's obligation to protect the environment and granting citizens full standing to defend it, thus giving express content therein to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Powers regarding factors that may alter its balance and hinder the person's ability to develop and thrive in a healthy environment. a-Protection of environmental law, a State duty. Starting from the reform of article 50 of the Constitution, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the State's obligation to guarantee, defend, and protect this right was also established in conclusive terms, whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is by virtue of this provision, in relation to articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a protective and governing function in this matter was derived, as provided by the constitutional norm under comment itself, a function that environmental legislation develops. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. In this vein, it must be considered that the regulations establish the Ministerio del Ambiente y Energía as the governing body of the natural resources, energy, and mines sector, as provided in article 2 of the Organic Law of this ministry, number 7152, of June fourth, nineteen ninety. This governing function in environmental matters, in the opinion of this Court, includes not only the establishment of adequate regulations for the utilization of forest resources and natural resources, as also provided by article 56 of the Organic Law of the Environment, but also confers upon it the important function of exercising governance in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this area. In this sense, control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State according to the provisions of article 50 of the Constitution, as it provides in the pertinent part of the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is consistent with the constitutional principle established in the second paragraph of article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Powers of the State from delegating the exercise of functions that are inherent to them, especially when they are essential. Thus, concerning environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative dependencies. b- Rational use of resources. A balance between the country's development and the right to the environment. Based on article 69 of the Constitution, as it provides for the "rational use of natural resources," this Chamber in its jurisprudence has established the constitutional parameters for their adequate use; by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained but also a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing harm or detriment. The Chamber has indicated that the environment must be understood as a potential for development to be used appropriately, and one must act in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relationships, as otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the heritage of future generations could be placed at risk. While human beings have the right to use the environment for their own development, they also have the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. c-The Precautionary Principle in environmental law matters. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which provides:

 "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." (In the same sense, see article 11 of the Biodiversity Law).

 As this Chamber has already indicated, the term prevention derives from the Latin "praeventio," which refers to the action and effect of preventing, to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute something. Prevention seeks to anticipate negative effects, and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. In this way, if there is a risk of serious or irreversible damage —or any doubt about it—, a precautionary measure must be adopted, and even the activity in question may be postponed. This is because, in environmental matters, subsequent coercion is ineffective, since if the damage has occurred, the biological and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment. d- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally, that is, there is an obligation for the State —as a whole— to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the administered parties. In this task, public institution must be understood to include both the Central Administration —Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministry of Health, which, by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter—; as well as decentralized institutions; a task in which, of course, municipalities bear great responsibility with respect to their territorial jurisdiction. For this reason, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various dependencies of the Executive Power and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber has previously —and quite clearly— referred to the principle of coordination between public agencies and municipalities in the performance of common goals —which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function—, and for this purpose it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes on July fourteenth, nineteen ninety-nine). On the other hand, omissions in the duty to protect the environment and to comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can occur, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact study by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministerio del Ambiente y Energía, or allowing the operation of businesses without health permits regarding the treatment of black or residual waters (Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health), or failing to verify sound controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), etc.

V.- On the specific case.- This Chamber has already had the opportunity to analyze similar cases in which the approval of Regulatory Plans occurred without the inclusion of the environmental variable and without the Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) being carried out. In judgment 2005-9765, this Chamber indicated:

“IV.- Regarding the violation of article 50 of the Political Constitution. It is also evident from the record that the Regulatory Plan of Escazú was approved by the Municipal Council of Escazú in extraordinary session number 59, held on December seventeenth, two thousand four, Agreement AC-396-04, which was published on February third, two thousand five in the Official Gazette La Gaceta, and subsequently an erratum was published, which was communicated through the same official medium on Thursday, March seventeenth following, in La Gaceta number 54. The respondent Municipality argues, and thus proves in the record, that in May two thousand four it sent the draft of the Regulatory Plan to SETENA together with other documents, that is, before the obligation set forth in the Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), dated June twenty-eighth, two thousand four, was in force; however, no response was received from SETENA. Thus, faced with the omission of that Secretariat, the Municipality continued with the procedures that led to the approval of the Regulatory Plan, which, as affirmed under solemn oath with the legal consequences, does integrate the environmental impact variable although it did not go through the environmental viability (viabilidad ambiental) process by SETENA prior to its approval, for the reason stated above. SETENA, for its part, reports that it has not carried out the evaluation of the Regulatory Plan of the canton of Escazú or of any other canton, because the manual of procedures to conduct the strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) has not been issued. In this context, the Chamber considers that while it is true that the respondent Municipality is not correct in asserting that SETENA’s silence can be taken as the completion of the environmental viability (viabilidad ambiental) process required by section 67 of the Reglamento sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, it is also true that it is evident from the evidence added to the file that this municipal entity has made a great effort to issue the necessary regulations aimed at ordering the urban development of the canton of Escazú and that, to this end, it issued the Regulatory Plan before us with the participation of the community, as legally required, apart from the fact that during the process it sought constant coordination with SETENA, to the point that it not only sent an invitation for it to send its representation to the public hearing scheduled for May fifteenth, two thousand four, but also sent it the information requested regarding the environmental regulations included in the Regulatory Plan, as well as the document itself. In this sense, it is also proven that the Liaison Coordinator of the Regulatory Plan Working Commission of Escazú attended the hearing called for October thirteenth, two thousand four, by the Plenary Commission of SETENA, at which the topic of introducing the environmental variable into the Regulatory Plan Proposal for the canton of Escazú was addressed, and, likewise, that by official letter CTPRE/86-04 of October twentieth, two thousand four, Mr. Angel Barrantes R., Liaison Coordinator of the Regulatory Plan Working Commission of Escazú, addressed Licda. Patricia Campos, General Secretary of SETENA, sending a diskette with the Draft Proposal of the Regulatory Plan of Escazú, as well as two "CDS" (sic) with the zoning and land use maps, road network, potential hazards, and the districts map, in order to comply with the request made by the Plenary Commission at the hearing held on Wednesday, October thirteenth, two thousand four. In this context, in the judgment of this Constitutional Court, there is no merit to grant this action regarding the Municipality of Escazú, concerning this point, not only because the omission noted is due to reasons beyond its control but also because, as the respondent authority alleges, the Regulatory Plan of that canton can be reviewed subsequently by SETENA, as it must do in the case of all regulatory plans in force before the enactment of the Regulation of June twenty-eighth, two thousand four. Furthermore, the annulment of the approved Regulatory Plan, as the petitioner seeks, would in no way represent greater protection for the fundamental right enshrined in article 50 of the Constitution, since, as the respondent Mayor alleges, “…the urban growth of the canton was becoming very rapid and there was no uniform regulation adapted to its reality, which means that the environmental damage being caused to the canton and to the Escazú community in general was more serious without the existence of the Plan than with its enactment.” Likewise, the normative content of any regulatory plan is kept in mind in such important aspects as construction, road network, subdivision (fraccionamiento), and zoning, in whose regulation a gap would remain that, far from benefiting the inhabitants of the canton of Escazú, could cause them harm if the recently published Regulatory Plan were annulled. However, as ordered in the operative part of this resolution, immediately after SETENA publishes the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process, the Municipality of Escazú must submit the Regulatory Plan subject to this amparo to the environmental viability (viabilidad ambiental) process, so that without any delay it can make the adjustments that SETENA determines.

V.- On the participation of SETENA.

In light of the considerations made, the Chamber notes an omission attributable to SETENA, which constitutes a threat to the protected party’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, because it has not yet complied with the provisions of the General Regulations on environmental impact assessment (EIA) procedures in article 67, regarding the establishment of “…the terms of reference, the instruments and procedures so that said environmental variable is integrated into regulatory plans or plans or programs for land-use planning, applicable both to those that are in preparation or will be prepared in the future, and to those already approved that still do not have environmental feasibility.” The foregoing, despite the importance that this regulation has in the protection of a fundamental right, such as that recognized in article 50 of the Political Constitution, which must be guaranteed, defended and preserved by the State. The Chamber also observes that SETENA, failing to comply with what was established in article 125 of the cited Regulations, has not issued the “Technical Instruments Manual for the Environmental Impact Assessment Process,” in accordance with which:

“(…) within a maximum period of three months, counted from the publication of these regulations, [SETENA] shall proceed to publish the new ‘Technical Instruments Manual for the Environmental Impact Assessment Process’ - EIA Manual, or the specific Manuals for the articles that so require, and shall proceed to update the cost amounts of all technical instruments, documents and services it provides. (…)”

These omissions by SETENA are what constitute an illegitimate threat to the right of the protected party to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, which indeed merit constitutional protection through amparo, such that with respect to this aspect and only against SETENA is this recourse granted with its consequences. On this particular point, it is appropriate to indicate that the effects of this favorable ruling are borne by the State because the protection of the environment is an obligation imposed upon it by the Political Constitution itself and which has been disregarded on this occasion by the competent Administration. For that reason, this Constitutional Court considers that to fulfill that constitutional mandate, the State must provide SETENA (an organ created precisely to ensure compliance with that task) with all the necessary resources aimed at achieving its purposes and, for its part, that Secretariat must also be proactive in the timely demand for those resources, since otherwise the fundamental right recognized in article 50 of the Constitution could be rendered nugatory.”

From the evidence in the case file, as well as the reports rendered—which are given under oath with warning of criminal consequences in case of false testimony and perjury—it is established that the petitioner alleges that the Municipality of Osa approved the Regulatory Plan of Playa Uvita without including the environmental variable and without conducting the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedure. With the solemnity that the oath entails, the Mayor and the President of the Municipal Council of the Municipality of Osa reported that the Dirección del Área de Conservación de Osa of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, through official communication ACOSA-D-131- of April 10, 2003, recommended following the guidelines stipulated in the existing Regulatory Plan for Playa Uvita. They further reported that the Área de Conservación de Osa is the competent authority that must ensure compliance with environmental regulations in the area and with respect to the Regulatory Plan, and that said body issued its opinion in the exercise of its legal powers, verifying compliance with the protection of the environmental variable and its incorporation into the regulatory proposal that was to be approved by the Council of the Municipality of Osa. They added that the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo, in Ordinary Session No. 5463, article 5, subsection 1, held on March 20, 2007, approved the placement of seals on the final version of the Regulatory Plan of Playa Uvita of the canton of Osa and endorsed the project presented by the respondent Municipality so that it could proceed with its approval. The Municipal Council of the Municipality of Osa approved the proposal for the Regulatory Plan of the Coastal Tourism Sector of Playa Uvita through extraordinary session No. 06, Chapter 6, point 1, held on May 21, 2005. For its part, SETENA informed this Chamber that its records did not show the strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) of the Playa Uvita Plan, which it considers a mandatory requirement for inclusion in Regulatory Plans. Regarding this particular matter, this Chamber considers that the Constitutional violation alleged by the petitioner did indeed occur, since the Municipal Council of the Municipality of Osa approved the Regulatory Plan of Playa Uvita through extraordinary session No. 06, Chapter 6, point 1, held on May 21, 2005, without including the environmental variable required by Decreto Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which has been in force since June 28, 2004, and which provides in article 67 as follows:

“Article 67.—Integration of the environmental variable in Regulatory Plans. Regulatory Plans established by the Urban Planning Law and by the Maritime Terrestrial Zone Law, or those other official land-use planning plans or programs, as a means of planning the development of human activities potentially impacting the environment, must comply with the requirement of integrating the environmental impact variable, which shall be subject to an environmental feasibility process by SETENA, prior to their approval by the respective authorities.

    SETENA, through its EIA Manual, shall establish the terms of reference, instruments and procedures so that said environmental variable is integrated into regulatory plans or land-use planning plans or programs, applicable both to those that are in preparation or will be prepared in the future, and to those already approved that still do not have environmental feasibility.”

On the other hand, article 17 of the Organic Law of the Environment establishes that:

“Article 17.- Environmental impact assessment

Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works or projects shall require environmental impact assessment.”

From the considerations outlined above, this Chamber considers that the actions of the respondent authorities constitute a threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment, for not having yet complied with the provisions of the General Regulations on environmental impact assessment (EIA) procedures in article 67. The foregoing because the establishment of “…must comply with the requirement of integrating the environmental impact variable, which shall be subject to an environmental feasibility process by SETENA, prior to their approval by the respective authorities.” For said regulation protects a fundamental right, such as that recognized in article 50 of the Political Constitution, which must be guaranteed, defended and preserved by the State. Both the respondent Municipality and the Instituto Costarricense de Turismo approved the Regulatory Plan of Playa Uvita, omitting the inclusion of the environmental variables by the competent authority, in this case SETENA; therefore, the defense exercised by the respondent authorities is not admissible, in the sense that said requirement could be substituted by the Dirección del Área de Conservación de Osa of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, since such authority does not have jurisdiction for such a pronouncement.

            VI.- Conclusion. The omission incurred by the Municipality of Osa and the Instituto Costarricense de Turismo in not requiring from SETENA the environmental feasibility process for the Regulatory Plan of Playa Uvita project prior to its approval constitutes a violation of the provisions of article 50 of the Political Constitution; therefore, the present recourse must be granted, as is hereby done, declaring it with merit, ordering the Municipality of Osa and the Instituto Costarricense de Turismo to subject the Regulatory Plan of Playa Uvita to the environmental feasibility process before SETENA and to include the modifications suggested by the competent authority before publication of the Regulatory Plan under study.

Therefore:

The recourse is DECLARED WITH MERIT since an illegitimate threat to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment derives from the actions of the respondent authorities. Jorge Alberto Cole de León and Eugenio Najera Santamaría, in their capacity as Mayor and President of the Municipal Council of the Municipality of Osa, and Carlos R. Benavides Jiménez, in his capacity as President of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo, or whomever occupies their positions, are ordered, within the framework of their powers and attributions, to issue the necessary instructions to subject the Regulatory Plan of Playa Uvita to the environmental feasibility process of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and to include in the Plan the observations made by the competent body, all of which must be done prior to publication. The foregoing under warning that they could incur the crime defined in article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, which provides for imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, for anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Osa are ordered to pay the costs, damages and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment in the administrative contentious jurisdiction and in the civil execution of judgment, respectively. Notify Jorge Alberto Cole de León and Eugenio Najera Santamaría, in their capacity as Mayor and President of the Municipal Council of the Municipality of Osa, and Carlos R. Benavides Jiménez, in his capacity as President of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo, or whomever occupies their positions, personally. Let it be communicated.-

            

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

 

 

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

 

 

            

Fernando Cruz C. Horacio González Q.

 

 

            

Jorge Araya G. Alexander Godínez V.

 

 

Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for commercial purposes is prohibited.

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 17-02-2026 18:52:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República