Res. 05689-2008 Sala Constitucional — Environmental Amparo on Pineapple Plantations in LimónAmparo Ambiental sobre Piñeras en Limón

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Sala Constitucional

Resolución Nº 05689 - 2008

Fecha de la Resolución: 11 de Abril del 2008 a las 13:05

Expediente: 05-014235-0007-CO

Redactado por: Ernesto Jinesta Lobo

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES

Tema: Ministerio de Ambiente y Energía

Subtemas:

Secretaría Técnica Ambiental SETENA.

Tema: Ministerio de Salud

Subtemas:

Disconformidad de los amparados por cuanto las sustancias químicas que se utilizan para el monocultivo de piña producen graves afectaciones a la salud de los trabajadores y contaminan los ríos Santa Clara y Cinco Estrellas.

Tema: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Tema: Derecho a la salud

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Violación de los derechos alegados por cuanto se deben tomar medidas que sean necesarias para proteger el medio ambiente para evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna y uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales.

Tema: Condena en costas, daños y perjuicios al Estado

“I.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA. Mediante escrito visible a folios 1261-1264, Marco Machore Levy solicitó que se le tuviera como coadyuvante activo en el presente proceso. Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En el caso concreto, según lo indicado por el gestionante, la actividad piñera desarrollada por las empresas recurridas en los cantones de Guácimo, Pococí y Siquirres de Limón, afecta, flagrantemente, lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política. En consecuencia, resulta admisible su solicitud de coadyuvancia activa.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aducen vulnerado el derecho a la salud y el derecho a obtener un ambiente sano y, ecológicamente, equilibrado consagrados, respectivamente, en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política, toda vez que, en su criterio, las empresas y autoridades públicas recurridas incurren, concretamente, en las siguientes infracciones: a) las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., utilizan sustancias químicas que afectan no sólo la salud de los trabajadores y vecinos de Pococí, Guácimo y Siquirres, sino, también, los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de fuentes de agua ahí ubicadas; b) el Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha tomado las medidas necesarias a fin de combatir la plaga de la mosca denominada stomoxys calcitrans, a pesar que la Defensoría de los Habitantes, a través del informe No. 00701-2004-DHR, señaló el nexo de causalidad que existe entre los desechos de la piña, la proliferación de ese insecto y la afectación al ganado de la zona; c) las autoridades recurridas, en general, no han fiscalizado la actividad piñera desarrollada por las empresas recurridas, dado que, por ejemplo, ninguna de éstas últimas, actualmente, cuenta con estudios de impacto ambiental para su funcionamiento y d) a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que se ubican en el cantón de Guácimo, se pretende extender la producción piñera en dicha zona.

V.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 3705-93 de las 15:00 hrs. del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:

“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".

Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:

"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".

En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante la Sentencia No. 180-98 de las 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998, dispuso lo siguiente:

"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".

De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos.

VI.- ACERCA DEL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS POR LAS EMPRESAS RECURRIDAS Y LA AFECTACIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LAS FUENTES DE AGUA DE LOS CANTONES DE POCOCÍ, GUÁCIMO Y SIQUIRRES. En primer término, los recurrentes acusan que las sustancias químicas (plaguicidas) que utilizan las empresas recurridas para el monocultivo de piña, producen graves afectaciones a la salud de los trabajadores y de las personas que viven cerca de tales plantaciones. De igual forma, aducen que dichas sustancias contaminan los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de las fuentes de agua ubicadas en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres. No obstante lo anterior y, en lo que respecta al funcionamiento de las empresas Piña Frut S.A., ubicada en Pococí y Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A., situadas ambas en Guácimo de Limón, este Tribunal Constitucional no estima que lleven razón los recurrentes. Esto, en primera instancia, dado que, los interesados no aportaron a los autos prueba técnica-científica que acreditara tales alegaciones. Asimismo y, de conformidad con los informes rendidos por los órganos administrativos técnicos de la salud y del ambiente, no se tuvo por demostrado que las sustancias químicas (plaguicidas) utilizadas por las empresas mencionadas en la actividad piñera, a la fecha de interpuesto el presente amparo, hayan producido los problemas referidos. Por en el contrario y, según sostiene la Ministra de Salud, las tres empresas arriba indicadas cuentan con el permiso sanitario de funcionamiento, el cual fue otorgado en virtud de haberse cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas al efecto. Asimismo, dicha autoridad aseveró que, a la fecha de rendido el informe requerido por esta Sala, no existía denuncia alguna que se hubiera presentado de parte de los vecinos de los cantones de Guácimo y Pococí por afectaciones a la salud con ocasión del uso de plaguicidas en dichas piñeras. En ese mismo sentido, nótese que, las autoridades del Área Rectora de Salud de Pococí y Guácimo, de conformidad oficios de fecha 24 de noviembre del 2005, manifestaron, puntualmente, que se realizan, constantemente, exámenes médicos y de colinesterasa a los trabajadores de las citadas empresas, a quienes les corresponde manipular plaguicidas; que en las visitas que se realizan a las piñeras bajo estudio se supervisan los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores de todos los procesos y que en las citadas empresas, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se llevan a cabo con equipos automatizados (spray boom), en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor, minimizando la intervención de personas a la exposición de dichas sustancias, siendo que las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo. Adicionalmente y, según consta en los oficios Nos. ARSP-PAH-124-05 y ARG- PAH-20-05 de los días 18 y 21 de febrero del 2005, respectivamente, las plantas empacadoras de tales empresas se caracterizan por ser modernas, pues cuentan con alta tecnología de procesos y poseen adecuados estándares de inocuidad, asepsia y protección a los trabajadores. De igual forma y, de acuerdo con lo informado por las autoridades de salud, así como la prueba allegada a los autos, se tiene por demostrado que las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBATOPOL S.A. cuentan, entre otras, con las certificaciones internacionales Eurep Good Agricultura Practices (EUREP-GAP), e ISO 14001, así como con planes de manejo de desechos líquidos y sólidos, planes de salud ocupacional y de atención de emergencias. A mayor abundamiento y, nuevamente, contrario a lo aducido por los interesados, este Tribunal no tuvo por acreditada la presunta contaminación producida por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBATOPOL S.A. a los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas y, en general, a las fuentes de agua ubicadas en los cantones de Pococí y Guácimo a causa de los plaguicidas utilizados en las plantaciones piñeras. Asimismo, cabe resaltar que, de conformidad con lo señalado por los Directores de las Áreas Rectoras de Guácimo y Pococí, a la fecha de rendidos los informes a la Sala, no existían reportes o denuncias algunas sobre ese hecho en particular. Además, dichos Directores aseveraron que en las respectivas Áreas Rectoras se encargaban de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir entre los cultivos de piña y las orillas de los ríos y quebradas. Asimismo y, según lo externado por el Ministro del Ambiente y Energía, a la fecha de interpuesto el presente asunto, no se registraban reportes, en concreto, por prácticas que pusieran en riego el recurso hídrico de las citadas zonas. No obstante lo anterior y, en lo tocante a la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., no se tuvo por acreditado que en ésta el uso de plaguicidas no afectaran, efectivamente, la salud de los trabajadores y vecinos, así como las fuentes de agua ubicadas en el cantón de Siquirres, motivo por el cual, en cuanto a este último extremo se refiere, este Tribunal estima que se debe de declarar con lugar el recurso planteado por la vulneración a los numerales 21 y 50 constitucionales. 

VII.- SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE LA MOSCA STOMOXYS CALCITRANS. De otra parte, los interesados alegan que aun cuando existe el informe No. 00701-2004-DHR de fecha 26 de enero del 2004 elaborado por la Defensoría de los Habitantes, mediante el cual se le recomendó a las autoridades recurridas, concretamente, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, solucionar el problema que representa la proliferación -a partir de los desechos de la piña-, de la mosca stomoxys calcitrans, la cual, a su vez, afecta al ganado de la zona, tal autoridad ha omitido ejecutar las medidas pertinentes a fin de cumplir dicho propósito, siendo que, a la fecha, la mencionada situación se ha agravado. Sobre el particular, cabe indicar, en primer término que, efectivamente y, tal y como lo aducen los recurrentes, del citado informe elaborado por la Defensoría de los Habitantes, así como del informe rendido por las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se desprende con absoluta claridad que en los desechos de la piña se reproduce la mosca denominada stomoxys calcitrans o mosca picadora o de establo, la cual, de igual forma, perjudica a la ganadería y salud de las personas. Así, de modo expreso, el informe No. 00701-2004-DHR señaló lo siguiente: “(…) 1- (…) el rastrojo o desechos resultantes de la cosecha de piña dejados en el campo de cultivo constituyen las fuentes de reproducción de la mosca cuyo nombre científico es Stomoxys Calcitrans, insecto que ocasiona problemas en la salud a la población humana y animal pecuaria. 2- Que los brotes se han registrado periódicamente en numerosos centros de población de las regiones Norte, Pacífico Sur y Atlántica del país sin que la plaga se hubiera podido erradicar (...)". Asimismo, el mencionado documento apuntó que: “(…) El problema generado por la denominada mosca estabulada, picadora o de establo ha sido consistentemente denunciado ante esta Defensoría desde el año de 1996, lo cual demuestra que las acciones o gestiones de las instancias competentes han sido insuficientes para erradicar la plaga y solucionar el problema que afecta la producción pecuaria y la salud humana. De acuerdo con la información consignada en los expedientes números 1091-23-96, 2768-23-27 y de la documentación aportada a la presente investigación, ha quedado plenamente demostrado la relación de causalidad entre el inapropiado manejo del rastrojo de piña y la proliferación del insecto en las zonas de cultivo de dicho producto tales como San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aries, Guácimo y Pococí (…)”. (El destacado no forma parte del original). En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes, en dicha oportunidad, le giró una serie de recomendaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, consistentes en llevar a cabo, específicamente, lo siguiente: “(…) 1.- Declarar el estado de combate de la plaga de las mosca Stomoxis Calcitrans en las zonas críticas que ya han sido identificadas o que se justifique según los nuevos brotes y llevar a cabo las gestiones de emergencia que estipula la Ley de Protección Fitosanitaria, lo cual incluye la recolección y el tratamiento apropiado fuera de los campos de cultivo. 2.- Sustituir las recomendaciones de quemas y aplicación de agrotóxicos en los campos de cultivo por las técnicas de control biológico u otra alternativa ambientalmente más conveniente. En caso de que estas no resulten suficientes deberá considerar la necesidad de obligar a los productores a la instalación de centros de acopio, almacenamiento y tratamiento especializado para evitar que los rastrojos se mantengan y quemen los campos (…)”. A mayor abundamiento, se tiene por demostrado que, en atención a tales recomendaciones y, en pleno cumplimiento de sus funciones, las autoridades del Ministerio supra citado realizaron inspecciones en varias de las empresas ubicadas en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres, entre éstas, las productoras y empacadoras de piña recurridas en el presente asunto. De este modo, se tiene acreditado que durante el año 2004, la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado del citado Ministerio realizó una serie de inspecciones con el fin de determinar las principales causas que generan el problema de la mosca stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Pococí y Guácimo. De este modo y, durante ese año, en la empresa Piñas del Bosque se llevaron a cabo 31 inspecciones, en la empresa del Grupo Acón, 8, y en SEBASTOPOL S.A. y en la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A., 7 inspecciones. Asimismo, en el año 2005, dicha Gerencia realizó nuevas inspecciones, a saber, las siguientes: 44 en la empresa del grupo Acón, 41 en Piñas del Bosque S.A., 17 en la finca Babilonia y, finalmente, 13 en SEBASTOPOL S.A. Además, de manera concreta, se demostró que en la empresa Piña Frut del Grupo Acón, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el mes de octubre del año 2005, realizó inspecciones y emitió las recomendaciones pertinentes a fin de erradicar el problema generado por la mosca picadora o de establo. Dicha práctica, se repitió, a su vez, en la empresa Piñas del Bosque S.A., y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005. No obstante lo anterior, esta Sala, de conformidad con el informe rendido por el Ministro y el Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Sanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el resto de las pruebas aportadas a los autos, no tuvo por demostrado que, a la fecha de interpuesto el presente proceso de amparo, el problema generado por los desechos del cultivo de la piña y, la consecuente proliferación de la mosca stomoxys calcitrans, se encontrara controlado. De manera tal que, por el contrario, se hace manifiesto, a todas luces, que la plaga de dichos insectos y los daños que éstos provocan, no sólo al ganado, sino, también, a los vecinos de las comunidades de Guácimo, Pococí y Siquirres, persisten, toda vez que, no se han logrado erradicar totalmente. En ese sentido, obsérvese que, en términos de los representantes del Ministerio señalado “(…) se ha invertido una gran cantidad de recursos económicos y humanos tanto en la vigilancia permanente de la plaga como en las medidas de control, las cuales en la mayoría de los casos han surtido el efecto deseado; salvo en las épocas donde ha sido físicamente imposible la aplicación de las medidas recomendadas (…) Desde 1987 hasta el presente, las poblaciones de la mosca NO se habían incrementado significativamente (…) Sin embargo, el área actual de 26,500 hectáreas de piña, sobrepasa en mucho la del año 2003 donde eran aproximadamente unas 8,000 hectáreas. Además (…) durante el presente año las precipitaciones han sobrepasado todos los pronósticos (…) Bajo condiciones de excesiva humedad, por mucho que se quiera, es imposible el tratamiento e incorporación oportuna de los desechos orgánicos, que es la medida mas (sic) importante para el control de esta plaga (…) lo cual ha incidido en la proliferación de la plaga (…)”. Asimismo, de los gráficos aportados a los autos por tales autoridades a fin de acreditar las inspecciones realizadas en el año 2005 a las empresas recurridas con el propósito de controlar la plaga de la mosca stomosyx calcitrans, se desprende con claridad que de un total del 40% del área afectada por dicho insecto en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres, únicamente, un 33% de ésta se encontraba controlada. De ahí que, se denote que, pese a las labores de inspección y fiscalización, así como de emisión de recomendaciones por el Ministerio mencionado, el problema de la plaga de moscas que afecta al ganado, propietarios de éste último y, en general, a los vecinos de las comunidades aledañas a las empresas recurridas, no ha sido, efectivamente, controlado. En otros términos, se tiene por acreditado que las labores de inspección y fiscalización señaladas, tanto por los representantes del Ministerio mencionado, como por los representantes de las empresas Piñas del Bosque S.A., Piña Frut S.A. y FRUTEX S.A., no han sido suficientes para erradicar o controlar a niveles razonables la plaga en cuestión y, por ende, dicho problema continúa generándose en las zonas de Pococí, Guácimo y Siquirres. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional estima que, en la especie, se ha quebrantado flagrantemente el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

VIII.- ACERCA DE LA OMISIÓN DE FISCALIZAR LA ACTIVIDAD PIÑERA DE PARTE DE LAS AUTORIDADES RECURRIDAS. Sobre este extremo, los amparados aducen que las autoridades recurridas han omitido fiscalizar, como en derecho corresponde, el funcionamiento adecuado de las empresas bajo estudio. Así, en primer término y, en lo que respecta al papel desempeñado por las Municipalidades, este Tribunal no estima que lleven razón los amparados. Lo anterior, toda vez que, las autoridades de las Corporaciones de Guácimo y Siquirres, para la fecha de interpuesto el presente amparo, habían otorgado a las empresas SEBASTOPOL S.A., Piñas del Bosque S.A. y a la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., el respectivo permiso o licencia para operar en el correspondiente cantón, lo cual, según informan los recurridos, se llevó a cabo previa verificación del cumplimiento de aquellos requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico al efecto. En el caso particular de la Municipalidad de Pococí y, según lo informa bajo juramento el respectivo Alcalde, a la fecha de presentado el asunto bajo estudio, no existía normativa alguna en dicho cantón a fin de regular el funcionamiento de la empresa Piña Frut S.A.. Sin embargo, ésta última autoridad afirmó conocer la actividad desplegada en dicha piñera, pues, incluso, consta en autos una autorización brindada a efectos de utilizar el basurero municipal para depositar los desechos de la piña. Ahora bien, en lo que se refiere al Ministerio de Salud, cabe apuntar que, tal y como se consignó en el considerando VI de la presente Sentencia, no se observa que las autoridades de las Áreas Rectoras de Salud de Guácimo y Pococí hayan omitido fiscalizar, oportunamente, la actividad agrícola desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A. De este modo, resulta oportuno agregar, en lo que corresponde a las labores de inspección y vigilancia que se dieron sobre el funcionamiento en concreto de la empresa Piña Frut S.A., que el Área Rectora de Salud de Pococí, mediante el oficio de fecha 24 de noviembre del 2005, señaló, de modo expreso, lo siguiente: “(…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) la empresa, a través del Ministerio de Salud ha establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas se ha constatado que los mismos están siendo implementados y que son de mejora continua. Cabe indicar que la empresa Piña Frut, no realiza presentación de reportes operaciones (sic) ya que la misma no tiene vertido a fuentes de agua. Además la finca utilizan (sic) sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…) 6.- FALTA DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS AGUAS DE LOS POZOS DE LAS FINCAS PIÑERAS (…) no es cierto ya que se tiene los reportes de la calidad de las aguas para consumo humano y procesos realizados por laboratorios de prestigio nacional, lo cual indica que se tiene control y se monitorean dichas aguas. Además se realizan inspecciones en las que se valora la ubicación y la operación de los pozos y tanques para agua (…)”. Bajo ese mismo orden de consideraciones y, con respecto a las empresas Piñas del Bosque S.A. y SEBSTOPOL S.A., el Área Rectora de Salud de Guácimo, mediante oficio, también, del día 24 de noviembre del 2005, indicó lo siguiente: “(…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) las piñeras, a través del Ministerio de Salud han establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas a las fincas se ha constatado que se les brinda un adecuado manejo (…) tales como uso en bokacheras (abono orgánico), y para alimento de animales como el ganado, también son utilizados por otras empresas para elaboración de alimentos. En cuanto a desechos líquidos se aplica el Reglamento de Aguas de Vertido para el Reporte operacional que deben entregar al Ministerio de Salud y el que se valora si su sistema de vertidos de aguas a otras fuentes están dentro de los parámetros legales. Algunas fincas utilizan sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…)”. No obstante lo anterior y, tal y como se indicó, a su vez, en el considerando VI de esta Sentencia, este Tribunal Constitucional no tuvo por acreditado que las autoridades de Salud hayan, efectivamente, llevado a cabo esas mismas labores de fiscalización y control sobre la actividad piñera desarrollada en la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. ubicada en Siquirres, motivo por el cual, en la especie, se tenga por acreditado el quebranto al derecho a la salud y al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Finalmente, en lo tocante a las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía, esta Sala observa que llevan razón los interesados, por cuanto, de la prueba allegada a los autos, únicamente, se tiene por demostrado que la empresa Piñas del Bosque S.A., cuenta con la respectiva viabilidad ambiental otorgada para operar en el cantón de Guácimo. Asimismo, del informe rendido bajo juramento por el Ministro del Ambiente y Energía, se denota, de manera clara e inequívoca, un total desconocimiento sobre la actividad del cultivo de piña que se lleva a cabo en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres de la provincia Limón, en particular, si las empresas recurridas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A. requieren o no para su funcionamiento de un estudio de impacto ambiental realizado, a su vez, por las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En ese sentido, nótese que el citado funcionario, manifestó, de modo expreso, a esta Sala, lo siguiente: “(…) En virtud de que la investigación aquí requerida, debe realizarse con el rigor que este caso amerita, lo cual incluye el conocimiento efectivo de las fechas en que han dado inicio las labores de siembra y comercialización de piña, en las zonas de Guácimo, Siquirres y Pococí, ya que dependiendo de esas fechas, les será aplicable una trayectoria diferente de evaluación de impactos ambientales, he girado las instrucciones necesarias para verificar esos detalles que permitan informar adecuadamente a la Honorable Sala la situación de cada una de las empresas involucradas y las acciones que se tomarán en cada una de ellas, según su grado de cumplimiento con las normas vigentes. Según lo indicado Por (sic) la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solamente una de esas empresas cuenta con expediente de evaluación de impacto ambiental y conforme la normativa vigente a partir del año 1995, todo proyecto, obra o actividad requiere de dicha evaluación, según lo que establezca la reglamentación respectiva. Siendo que existen dos reglamentos de procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, uno del año 1997 y otro del año 2004, se hace necesario que el Ministerio de Salud certifique la fecha en que inician a funcionar estas empresas (…)”. Asimismo, cabe resaltar que el Ministro mencionado, de igual forma, no aportó a este Tribunal la investigación que, presuntamente, iba a llevar a cabo con ocasión de la interposición del presente amparo. A mayor abundamiento y, bajo esa misma línea de argumentación, el entonces Secretario General de la SETENA apuntó lo siguiente: “(…) En cuanto a la declaración de los recurrentes de que se han otorgado permisos sanitarios de funcionamiento sin que se hayan aprobado Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), cabe responder lo siguiente: Lo que le consta a esta Secretaria es esto: Mediante oficio SG-1563-2005-SETENA, del 7 de julio del 2005, se informa que hasta el momento de la emisión de dicho acto, únicamente figuraba en esa dependencia un expediente dedicado específicamente a la plantación de piña en los cantones de Guácimo y Pococí (…)”. Bajo esa tesitura, esta Sala observa que, tanto el Ministerio del Ambiente y Energía como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, han tenido un papel, completamente, pasivo frente a la actividad piñera desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., por cuanto, tal y como se apuntó líneas atrás, en sus informes demostraron un desconocimiento casi total de ésta. Desde esa perspectiva, cabe recordarle a las autoridades de salud y del ambiente, que existe la obligación para el Estado de tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para proteger el medio ambiente, con el fin, a su vez, de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna y uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En consecuencia, este Tribunal estima violentado lo dispuesto en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política.

IX.- SOBRE LA EXPANSIÓN PIÑERA Y LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CANTÓN DE GUÁCIMO. Finalmente, los recurrentes aducen que en la parte sur del cantón de Guácimo de Limón se pretende extender la producción piñera, a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que ahí se encuentran. Asimismo y, sobre ese mismo agravio, acusaron, posteriormente, que, específicamente, en la Hacienda Las Delicias situada en el cantón mencionado, se estaban realizando movimientos de tierra con dicho propósito. Sobre el particular, cabe indicar que aun cuando en autos se tuvo por demostrado que diversos miembros de la comunidad de Guácimo manifestaron a diversas autoridades públicas su disconformidad con dicha actividad, lo cierto del caso es que, de otra parte, no se tuvo plena e idóneamente acreditado que, efectivamente, dicha expansión del cultivo de piña se estuviera llevando a cabo en dicho lugar y que, consecuentemente, se estuvieran afectando las nacientes de agua ahí ubicadas. Asimismo, nótese que, de conformidad con el informe rendido bajo juramento por el Alcalde de la Municipalidad de Guácimo y, contrario a lo señalado por la recurrente Solano Vásquez, en la citada Hacienda Las Delicias no se efectuaron movimientos de tierra tendentes al cultivo de la piña. A mayor abundamiento, debe de tomarse en consideración que, según lo externado por el Ministro del Ambiente y Energía, a la fecha de interpuesto el presente amparo, no se registraban reportes, en concreto, por prácticas que pusieran en riego el recurso hídrico de la zona. Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal no estima que, en la especie, se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los amparados.

X.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente Sentencia. El Magistrado Armijo pone nota. ”

 

 

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* 050142350007CO *

Exp: 05-014235-0007-CO

Res. Nº 2008-005689

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cinco minutos del once de abril del dos mil ocho.

Recurso de amparo interpuesto por RUTH SOLANO VÁSQUEZ, portadora de la cédula de identidad No. 1-446-869 y OTROS, a favor de LA ASOCIACIÓN JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, contra EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, LAS MUNICIPALIDADES DE GUÁCIMO, POCOCÍ Y SIQUIRRES, LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS PIÑA FRUT DEL GRUPO ACÓN S.A., PIÑAS DEL BOSQUE S.A., SEBASTOPOL S.A. y LA FINCA BABILONIA DEL GRUPO FRUTEX S.A.. Asimismo interviene MARCO MACHORE LEVY, como COADYUVANTE ACTIVO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:33 hrs. del 3 de noviembre del 2005 (visible a folios 1-70), los recurrentes interpusieron recurso de amparo y manifestaron que las autoridades recurridas han omitido fiscalizar de manera continua, oportuna y eficiente la masiva extensión del cultivo de piña desarrollada por las empresas recurridas en las zonas de Guácimo, Pococí  y Siquirres, lo cual ha provocado graves problemas de diversa índole, a saber: a) Aquellos que afectan la salud, tanto de los trabajadores como de las personas que viven en esas áreas, causados por el uso indiscriminado de sustancias químicas, tanto para fumigar las plantaciones como para quemar los rastrojos o desechos originados por esa actividad productiva -como, por ejemplo, el paraguat, que es altamente tóxico y que fue recomendado por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería para tratar los desechos-, lo cual no sólo ocasiona olores insoportables, principalmente, durante las horas nocturnas y padecimientos tales como alergias, asma, entre otros, sino, también, intoxicación como consecuencia del vertido de los residuos de dichas sustancias en las aguas de los ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, lo cual, a su vez, produce una contaminación de las fuentes de agua para todas aquellas comunidades que se abastecen de las mismas, tanto para su consumo, como para sus propias actividades productivas; b) del informe No. 00701-2004-DHR de la Defensoría de los Habitantes, se desprende que existe un nexo de causalidad entre los deficientes métodos de recolección, tratamiento y disposición final del rastrojo o desecho de la piña, con la proliferación de la mosca Stomoxys Calcitrans o "mosca picadora o de establo", al grado de considerarlo una plaga que ocasiona graves daños a las personas que tiene ganado, ya que, éste pierde, dramáticamente, de peso al serle sustraída la sangre por la mosca al menos durante tres veces al día, lo cual reduce la producción de leche y carne, con el agravante que no obstante en ese informe se le recomienda a los Ministerios de Salud y de Agricultura y Ganadería adoptar una serie de medidas para solucionar este problema, a la fecha, la situación más bien se ha agravado; c) se han otorgado los permisos sanitarios de funcionamiento a empresas que no han presentado un estudio de impacto ambiental para sustentar la factibilidad del proyecto, con el agravante que tampoco se ha podido fiscalizar el cumplimiento de los planes de manejo de desechos sólidos y líquidos; de plagas; de la plantación; de resultados del monitoreo de los pozos y de los ríos dentro del área del proyecto, y de preparación y conservación del suelo -si es que existen-, ya que, al no contar con expedientes en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se desconoce si están respaldados por una garantía ambiental y, por ende, si son objeto de control por medio del regente ambiental, tal y como lo informa la Secretaría General de ese órgano y d) se pretende extender la producción piñera en la parte sur del Cantón de Guácimo, a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que allí se encuentran. De este modo, consideraron que las conductas impugnadas han prohijado el desarrollo de una actividad productiva no sustentable, pues aunque ha generado muchas fuentes de empleo, las consecuencias derivadas de un uso irracional de los recursos naturales ya ha empezado a manifestarse a través de los hechos descritos con anterioridad, con los daños irreversibles que ocasiona al ambiente y a la salud de las personas que, de forma directa o indirecta, se ven afectadas por el fenómeno descrito. Estimaron vulnerado lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política. Solicitaron que se declare con lugar el recurso planteado.

2.- Por resolución de las 07:49 hrs. del 18 de noviembre del 2005 (visible a folios 381-387), se le dio curso al proceso y se requirieron los informes a las autoridades recurridas.

3.- Informó, Alexander Arana Ruiz, en su condición de Apoderado Especial de Piña Frut S.A. (visible a folios 415-433), que, efectivamente, algunas fincas en la zona dedicadas al cultivo del banano han pasado a ser plantaciones de piña. Sin embargo, adujo que existe un control de parte de los ministerios y dependencias recurridas. Indicó, que su representada posee permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, totalmente, en regla y previo cumplimiento de la normativa y requisitos establecidos.  Además,  señaló que, tal y como consta en el oficio No. ARSP-PAH-124 del pasado 18 de febrero del 2005, del Área de Salud de Pococí, la empresa cuenta con condiciones físicas y sanitarias modernas y altos estándares de inocuidad, asepsia y de protección a los trabajadores, reúne las condiciones físicas y sanitarias exigidas por la legislación, los equipos de aplicación de plaguicidas son automáticos y aplicados mediante tractor, cuya cabina con aire acondicionado se encuentra aislada del exterior, sin requerir de otros trabajadores para la aplicación y los productos utilizados están debidamente registrados. Añadió, que la finca está certificada por normas internacionales como ISO 14001 y EUREP-GAP. Asimismo, cuenta con programas de salud ocupacional y planes de emergencia, así como de manejo de desechos sólidos y líquidos. Refirió, además, que no ha recibido denuncias por parte de vecinos u otras autoridades. Sostuvo, que el Ministerio de Salud ha realizado a sus trabajadores exámenes de colinesteraza para comprobar si existe intoxicación por agroquímicos, resultando todos estos negativos; es decir, libre de la presencia de sustancias agroquímicas. Manifestó, que mediante el oficio del Área Rectora de Salud de Pococí No, RHADARSP-265-05 se certificó que en la base de datos de Vigilancia Epidemiológica, la empresa Piña Frut no tiene registro de intoxicaciones con agroquímicos. Explicó, que como parte de las medidas preventivas, se dan cursos a los trabajadores acerca de la manipulación, clasificación, uso de etiquetas, medidas de prevención, higiene disposición de desechos, salud, seguridad y bienestar laboral, triple lavado y centro de acopio. Reiteró, que al contar su representada con un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 y con certificaciones de EUREP-GAP, se realizan auditorias externas de manera periódica que velan no sólo por la calidad del producto final, sino, más aún, por la calidad de los procesos, involucrando el impacto ambiental y la protección de la salud humana, tanto de trabajadores como de la población en general. Afirmó, que no existe mal manejo de desechos sólidos y líquidos ni se ha talado árboles o irrespetado las zona protectoras. La finca es de vocación agrícola y ha estado dedicada a esa actividad por más de cincuenta años, por lo que el cultivo de la piña no produjo deforestación actualmente, ni cuando se dedicó a otros cultivos. En cuanto al cargo de irrespeto de las zonas protectoras, éste es totalmente infundado, pues más bien su representada vela por su protección, respeta las distancias, legalmente, establecidas, amén de proveerlas de cobertura vegetal. Acerca de la entrega de bitácoras, indicó que la recurrente no es clara en cuanto al alcance o contenido de la supuesta omisión. Empero, las bitácoras son revisadas por autoridades públicas y auditores ambientales externos. Refirió, que su representada sí maneja, adecuadamente, las técnicas de cultivo y tratamiento de desechos sólidos y líquidos. Su mandante es respetuosa de la normativa ambiental, lo que se demuestra tanto por la inexistencia de denuncias en su contra como por el otorgamiento de los permisos de funcionamiento y las certificaciones internacionales. Explicó, que por supuesto que se trata de una situación dinámica, en el sentido que, constantemente, se realizan revisiones por parte de tales autoridades públicas y de los auditores ambientales, por lo que el cumplimiento se verifica con la debida frecuencia para asegurar que sus acciones son compatibles con el medio ambiente y no le son lesivas. Añadió, que según oficio del Ministerio de Salud de fecha 21 de febrero del 2005, su representada cuenta con permisos sanitarios de funcionamiento, ha cumplido con los trámites legales solicitados, posee alta tecnología de procesos y adecuados estándares de inocuidad. En consecuencia, afirmó que su representada cuenta con estudios ambientales y permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud. Las autoridades competentes, para el otorgamiento y renovación de esos permisos vigilan, supervisan y dan constante seguimiento, tanto en la finca como a eventuales denuncias, que cabe destacar no ha habido ninguna. En cuanto a procedimientos en materia de manejo integrado de plagas, aplicación de agroquímicos, manejo de desechos sólidos y líquidos, la empresa los aplica en forma estricta y su cumplimiento forma parte de las exigencias para el otorgamiento de los permisos y de las certificaciones internacionales con que cuenta, entre éstas TESCO, EUREP- GAP e ISO 14001.  No es cierto que la actividad realizada por su representada se deje por la libre por parte de las autoridades, las cuales -por el contrario-, ejercen una constante vigilancia, por lo que sí se realiza dentro del marco normativo. De ahí que, cuente con los respectivos permisos, previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos legalmente. Señaló, que su representada tiene establecidos los procedimientos para asegurar la protección del ambiente. De este modo, en cuanto al manejo de desechos líquidos, su representada tiene establecido un "Plan de Manejo de Desechos Líquidos", el cual toma en cuenta la legislación relacionada, dentro del marco del permiso de funcionamiento vigente y tiene previstos los procesos entre los cuales se encuentra la reutilización de aguas de lavado, devolución de desechos a proveedores, utilización de trampas de sólidos, lechos de infiltración, etc. Su implementación es permanente y se revisa mediante su aplicación y otras variables a fin de lograr una mejora permanente. De manera tal, que es falso que las aguas residuales se descarguen en ríos u otros cuerpos de agua. La empresa cuenta además con análisis bacteriológicos de aguas que demuestran que no existe contaminación, como lo demuestran los análisis de agua. De otra parte, adujo que la empresa recurrida hace un adecuado manejo de los desechos sólidos, a través de un "Plan de Manejo de Desechos Sólidos" cuya última revisión data de agosto del 2005. Dicho plan es conforme con la legislación vigente, considera las fuentes de generación de los residuos sólidos y su correcta disposición, desde la devolución al proveedor para reciclaje, reincorporación al suelo de material vegetal y sistemas de tratamiento. Asimismo, en cuanto a basura tradicional, indicó que ésta se dispone a través del servicio municipal. Explicó, que el manejo del rastrojo se hace conforme a las prácticas y recomendaciones de acatamiento obligatorio giradas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sostuvo, que la actividad de la empresa está, debidamente, regulada y cuenta con los permisos legales; motivo por el cual no es lesiva de la garantía constitucional consagrada en el artículo 50 de nuestra Constitución Política. Por el contrario, desde un inicio, ha tenido como uno de sus principios orientadores la protección del ambiente, la vida, el bienestar y la salud de todos aquellos sujetos que directa o, indirectamente, están involucrados en su área, incluyendo a las comunidades vecinas. Prueba de esto es que no existe contaminación, ni afectación a la salud o el ambiente, de donde resulta que no existen denuncias.  Aún en materia de la supuesta erosión, la empresa es la más interesada en evitarla, no sólo porque afecta a sus procesos productivos, sino por el efecto que podría tener a futuro. Por tal motivo, ha establecido un "Procedimiento para la Gestión del Uso de los Suelos en Piña", que procura la conservación de los suelos y la prevención de la erosión, mediante la creación y mantenimiento de condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos. En materia de prevención de la erosión, se determina para cada área las medidas atinentes, con el manejo de variables que permitan la conservación de los suelos, como el diseño y orientación de canales y la utilización de cobertura vegetal; incluyendo el control de erosión en los drenajes. En lo que respecta a cobertura vegetal, indicó que debe de tomarse en cuenta que, conforme el cultivo de piña crece, va cerrando los espacios entre plantas e hileras, de manera que se cubre el suelo y con eso se evita que la lluvia golpee el suelo, lo que disminuye la erosión. Los canales mantienen la vegetación natural y en los que no exista, se determina qué especies deben incorporarse para proveerlos de cobertura. Asimismo, manifestó que en las riberas de los ríos se ha respetado la legislación, procediendo a reforestar con especies nativas. En lo tocante al problema de la mosca, indicó que debe de considerarse que ninguna de las declaraciones, pese a haber relación directa, prueba, fehacientemente, la responsabilidad de su representada, para lo cual tendría que demostrarse que, efectivamente, hay mal manejo y que el origen del problema se sitúa en su finca, mediante métodos científicos o técnicos, o bien, la inspección y comprobación de una autoridad pública. Los recurrentes podrían eventualmente tener dicho problema, pero su sola afirmación no comprueba el origen ni la atribución de responsabilidad que se hace a su poderdante. En contraste a dicha imputación, su representada sigue los procedimientos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tal y como se desprende de la copia del libro de actas que se lleva para dejar constancia de las acciones ejecutadas para evitar o mitigar el problema de la mosca, el cual se encuentra autorizado por la Dirección de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura. En él se establecen los procedimientos aplicados conforme a las recomendaciones de los funcionarios, así como las acciones preventivas que se llevan a cabo y el seguimiento que se dan a tales recomendaciones. Sobre el mismo tema, manifestó que la empresa ejecuta las acciones contenidas en el "Instructivo para Manejo de Rastrojo en el Cultivo de Piña", dentro de las cuales se encuentra la incorporación de los residuos del cultivo al suelo, preferentemente, a la aplicación de cualquier producto químico. Indicó, que cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería estima que esa acción no es suficiente y ordena la aplicación de productos como el paraquat, se hace en las dosis y siguiendo los procedimientos recomendados.  Además, adujo que su representada no ha desviado ninguna quebrada. Las que existen tienen el curso que siempre han tenido, aún desde antes de la compra de la finca. En lo que respecta a los malos olores, no existe reporte, ni denuncia alguna por esa situación. Los productos se aplican siguiendo los procedimientos adecuados y en los ciclos y dosis recomendados. En todo caso, afirmó que los agroquímicos no pueden ser inoloros por razones de seguridad, por lo que, eventualmente, pueden ser percibidos sin que eso signifique que exista contaminación; además, indicó que no se aplican, permanentemente. La empresa también ha establecido un "Procedimiento para la Fertilización y el Control Fitosanitario en el Cultivo de la Piña", para la protección laboral y ambiental pertinentes, conforme a la normativa aplicable. En el mencionado procedimiento se establece que los procesos deben realizarse "(...) siguiendo los principios de la agricultura sostenible y el manejo integrado de plagas (MIP) (...)" siendo que "(...) Se define la Agricultura Sostenible como aquella agricultura capaz de abastecer las necesidades alimentarias del presente sin poner en peligro el abastecimiento de alimentos de generaciones futuras (...) pretende sustituir el modelo de agricultura productiva poco preocupada por las exigencias de protección del medio ambiente, por otro en el que los fines sean la producción agraria a largo plazo y la variable medioambiental se considere un factor de producción tan importante como tierra, capital, trabajo (...)".  De otra parte, indicó que no se han irrespetado las distancias establecidas por ley, sobre zonas de amortiguamiento, protección de los ríos, reforestación en áreas de amortiguamiento, establecimiento de cercas vivas en límites con calles principales y en las perimetrales de la finca, manejo de áreas de amortiguamiento en comunidades y protección de canales, entre otras labores. Solicitó que se desestime el recurso.

4.-  Informó bajo juramento, Gerardo Fuentes González, en su condición de Alcalde Municipal de Guácimo (visible a folios 544-545 y 1083-1084), de modo expreso, lo siguiente: “(…) Piñera el Bosque, Piñera SEBASTOPOL y Piñales del Caribe, perteneciente esta última al Grupo Acón; hemos de indicar que en el caso de las dos primeras cuentan con la respectiva licencia municipal, siendo que en el caso de Piñales del Caribe, esta no solo paga a esta Municipalidad impuesto de bienes inmuebles, siendo que sin embargo cuenta con los permisos de funcionamiento al día (…)”. Sin embargo, explicó que en el trámite de obtención de la licencia, su representada se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos ordinarios. Lo anterior, toda vez que, las condiciones de tipo sanitario y ambientales, le corresponden otorgarlas al Ministerio de Salud. La municipalidad se limita a verificar que el permiso de funcionamiento haya sido otorgado para la actividad agrícola que se solicita y a favor de la empresa que los requiere. Las empresas que se dedican a una actividad como la piñera, deben cumplir con estándares de calidad, tratamiento y manipulación del producto. Finalmente, manifestó, de modo expreso, lo siguiente: “(…) mediante remisión de copias certificadas del respectivo expediente administrativo se acredita que la Municipalidad de Guácimo en el trámite de otorgamiento de las Licencias otorgadas a: SEBASTOPOL y Piñera del Bosque, a (sic) requerido a dichas empresas la presentación de los requisitos requeridos por Ley, siendo de interés para el objeto del recurso que se ventila, los permisos de funcionamiento, emitidos por el Ministerio de Salud, los cuales según prueba requerida, se encuentran al día en las tres empresas que residen en este cantón (…)”. Solicitó que se declare sin lugar el recurso planteado.

5.- Informó bajo juramento, Manuel Hernández Rivera, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Pococí (visible a folios 547-548), que, efectivamente, se han desarrollado en ciertas zonas del Cantón de Pococí grandes extensiones de cultivo de piña, sobre las cuales desconoce si se ha llevado a cabo o no fiscalización alguna de parte de las autoridades que regulan la materia. Explicó, que su representada no ha tenido ninguna participación en materia de autorización o fiscalización de permisos, pues eso es competencia de los ministerios recurridos. Solicitó que se desestime el recurso planteado.

6.- Informó bajo juramento, Sandra Guadamuz Quirós, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal de Pococí (visible a folios 552-553), en similares términos a lo manifestado por el Alcalde de esa misma Corporación. Añadió, que dicho Concejo ha coordinado con diferentes grupos organizados de la zona. De este modo, indicó que de conformidad con el Acuerdo No. 186, tomando en la Sesión Extraordinaria del Concejo No. 33 del 17 de mayo del 2005, se dispuso formar una Comisión interinstitucional con el propósito de dar seguimiento a los problemas alegados, la cual se encuentra conformada por personeros de diversas instituciones involucradas en dicha problemática, miembros de la comunidad, los municipios donde se encuentran sembradíos de piña y el Defensor de la Habitantes. Solicitó que se declare sin lugar el recurso.

7.- Informaron bajo juramento, María del Rocío Sáenz Madrigal, en su condición de Ministra, Nora Luz Barrero Escobar, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Pococí y Gilbert Alexander Salas López, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Guácimo, todos del Ministerio de Salud (visible a folios 568-576). De este modo y, en lo que respecta al cantón de Pococí, indicaron que en el sistema de vigilancia epidemiológica del Área Rectora de Salud de Pococí del Ministerio de Salud, a la fecha, no se habían reportado casos de intoxicaciones por plaguicidas en la finca de piña denominada Piña Frut S.A.. Asimismo, indicaron que en los servicios médicos de la Clínica de Roxana, Emergencias del Hospital de Guápiles no se han reportado casos de intoxicaciones. Apuntaron, que el sistema de vigilancia epidemiológica abarca todos los EBAIS del cantón de Pococí. Además, a la fecha, las Áreas Rectoras de Salud recurridas no han recibido denuncias de vecinos o de trabajadores, por problemas que les ocasione la actividad piñera. Por lo anterior, se puede decir que no se tiene reporte de intoxicaciones y daños a la salud de éstos últimos. Añadieron, que el Ministerio de Salud vigila, constantemente, la realización de los exámenes médicos y de colinesterasa que se le realiza a los trabajadores que manipulan plaguicidas, en especial los organofosforados y carbamatos. En las visitas que se realizan a las fincas piñeras, igualmente, se supervisan los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores y trabajadoras de todos los procesos. Apuntaron, que las fincas piñeras cuentan con certificaciones de EUREP-GAP y Planes de salud Ocupacional, Atención de Emergencias y Manejo de desechos, mismos que son solicitados de acuerdo al procedimiento denominado “Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, publicado en la gaceta 234 del 4 de diciembre del 2003”. Manifestaron, que en la empresa en mención las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se realizan con equipos automatizados (spray boom), en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor, minimizando la presencia de personas a la exposición de dichas sustancias, siendo que las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo. Además, por ser equipo que puede colocarse a escasos centímetros del follaje de la planta de piña, la deriva producida es casi cero, lo que no afecta el traslado de sustancias químicas hacia otros sitios por acción del viento. En lo tocante a la contaminación de las fuentes de agua, manifestaron que el Área de Salud no tiene reportes ni denuncias en cuanto a ese aspecto se refiere. Igualmente, indicaron que no poseen reportes epidemiológicos que confirmen que las personas vecinas a la piñera “Piña Frut” y que utilizan aguas de los ríos y quebradas, se contaminaron o intoxicaron por utilizar aguas de los ríos de la zona (Río Santa Clara). Refirieron, que ese Ministerio regula y controla que la empresa en mención cumpla con lo que establece la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir de las instalaciones y el cultivo a las orillas de ríos y quebradas. Apuntaron, que la empresa se encuentra reforestando todas las áreas no productivas. Señalaron, que la empresa citada realiza actividad de recolección de aguas residuales del sistema de tratamiento de agroquímicos, las cuales son aplicadas en las áreas de preparación del terreno para siembra. En cuanto a los presuntos daños producidos  por la proliferación de la mosca stomoxys calcitrans, apuntaron que tal vector afecta la ganadería local y que los controles los realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ente encargado de la salud animal en el país. Sin embargo, afirmaron que tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería como la empresa Piña Frut realizan esfuerzos y mantienen controles físicos y químicos para minimizar la aparición de la mosca señalada. En lo tocante a la fiscalización y control de los desechos sólidos y líquidos indicaron que la empresa, a través del Ministerio de Salud, ha establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas se ha constatado que los mismos están siendo implementados y que son de mejora continua. Explicaron, que la empresa Piña Frut no realiza presentación de reportes operacionales, ya que, ésta no tiene vertido a fuentes de agua. Además, indicaron que la finca utiliza sistemas cerrados o sea, sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo. Por ende, manifestaron que no es cierto que no se lleve a cabo una labor de fiscalización y control de desechos, dado que, como se dijo, dicha empresa posee un plan de manejo de desechos. En lo que respecta al otorgamiento de permisos de funcionamiento sin cumplir con trámites (Estudios de impacto ambiental), señalaron que el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se publicó en la Gaceta 125 del 28 de junio del 2004. Sin embargo, indicaron que con anterioridad a esa fecha existen fincas que realizaron un cambio de actividad, ya que, pasaron de ser bananeras a ser piñeras manteniendo las instalaciones en los sitios que estaban aprobadas para las bananeras, siendo la empresa Piña Frut una de éstas. Lo anterior, toda vez que, su actividad empezó en el año 2001 e inició tramites de ubicación ante este Ministerio en el año 2002. En consecuencia, indicaron que dicha actividad fue establecida y puesta en operación antes de la publicación de dicho reglamento, por lo que la Ley no es retroactiva y, tal y como lo establece dicho marco legal, sólo aplica a proyectos nuevos que se van a instalar, más no a los que se encuentran instalados y operan, como en el caso en mención. Por lo tanto, explicaron que a dicha finca se le otorgó el Permiso Sanitario de Funcionamiento en total apego a la legislación vigente al momento que las empresas lo solicitaron, quedando claro que debieron cumplir con la legislación conexa a la Ley General de Salud tal y como los trámites de ubicación, construcción de sus instalaciones, bodegas de plaguicidas, duchas, vestidores y lavanderías, sistemas de tratamiento para aguas residuales, etc. Bajo tales consideraciones, estimaron que e debe rechazar dicha afirmación, ya que, al parecer no se tiene la información suficiente o se desconoce la aplicación de la ley por parte de los presentadores del recurso de amparo. En cuanto a la falta de control y monitoreo de las aguas de los pozos de las fincas piñeras, manifestaron que no es cierto lo acusado respecto a la contaminación, dado que, se tienen los reportes de la calidad de las aguas para consumo humano y proceso realizados por laboratorios de prestigio nacional, lo cual indica que se tiene control y se monitorean dichas aguas. Además, se realizan inspecciones en las que se valora la ubicación y la operación de los pozos y tanques para agua. A mayor abundamiento y, de conformidad con el informe elaborado por Omar Bravo Salazar y Eduardo Villareal Salguera, de la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Área Rectora de Salud de Guácimo, destacaron que el desarrollo de esta actividad se ha venido realizando cumpliendo con los requisitos exigidos tanto en la Ley General de Salud como en otras leyes. En forma periódica los funcionarios de protección al Ambiente Humano realizan visitas de inspección y control de esta actividad. En lo referente al otorgamiento de Permisos Sanitario de Funcionamiento indicaron, que las empresas ubicadas en el cantón de Guácimo cuentan con dicho permiso. De previo a otorgar el mismo, esta Dirección de Área ha verificado el cumplimiento de los requisitos como son la presentación ante SETENA de la solicitud de la viabilidad del Proyecto, además de la autorización otorgada por el INVU a través del Arquitecto Francisco Mora Protti, Director a.i. de Urbanismo, el cual autoriza mediante el No. Oficio PU-C-AT-2488-2005, el uso conforme solicitado para la instalación de un galerón para el proceso y empaque de piña en la propiedad con catastro N° L-163842-94, ubicada en el distrito de Guácimo, cantón de Guácimo, lo anterior con relación a la empresa Agroindustrial Ticoverde S.A., ubicada en la perla de Guácimo. Añadieron, que las empresas Agrícola Gilacu S.A., Agroindustrial Piña del Bosque S.A., Piñales del Caribe S.A., Técnicas Agrícolas Sebastopol S.A., cuentan con Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, por cuanto han cumplido con los requisitos que establece la Ley General de Salud y otras Leyes conexas. En consecuencia, manifestaron que se tiene por demostrado que esa instancia ha sido sumamente cuidadosa y respetuosa en los lineamientos y requisitos establecidos para la instalación previa y el funcionamiento de las empresas piñeras cuestionadas. En éstas últimas, se evidencia el uso de equipos de seguridad para los trabajadores piñeros, así como equipos de aplicación de agroquímicos automatizados,  los cuales minorizan la exposición del personal a la presencia de las sustancias químicas. Asimismo, se observan áreas de reforestación y protección de fuentes de agua, sistemas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos y las condiciones físicosanitarias de las instalaciones con que cuentan las piñeras, así como la protección de pozos y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. De la misma manera, indicaron que ante el conocimiento de dos casos de intoxicación reportados en el sistema de Vigilancia Epidemiológica, esa Área de Salud procedió con la celeridad requerida a realizar la investigación correspondiente. De otra parte, afirmaron que se ha mantenido, mediante el reporte operacional de aguas residuales, el control de las descargas a los afluentes, cumpliendo con los parámetros establecidos en el reglamento sobre Vertido, Uso y Rehúso de Aguas Residuales. Manifestaron, que no es cierto que se haya permitido la generación de contaminación de aguas para consumo humano. Indicaron que, en todo caso, no existe registro de denuncias algunas en esa Área. Solicitaron que se desestime el recurso planteado.

8.- Informó bajo juramento, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía (visible a folios 668-670), que en virtud que la investigación requerida debe realizarse con el rigor que este caso amerita -lo cual incluye el conocimiento efectivo de las fechas en que han dado inicio las labores de siembra y comercialización de piña en las zonas de Guácimo, Siquirres y Pococí-, ha girado las instrucciones necesarias para verificar esos detalles que permitan informar, adecuadamente, a la Sala, la situación de cada una de las empresas involucradas y las acciones que se tomarán en cada una de éstas, según su grado de cumplimiento con las normas vigentes. Explicó, que de conformidad con lo indicado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, solamente una de las empresas recurridas cuenta con expediente de evaluación de impacto ambiental. Indicó, que de acuerdo con la normativa vigente, a partir del año 1995, todo proyecto, obra o actividad requiere de dicha evaluación, según lo que establezca la reglamentación respectiva. Manifestó, que al existir dos reglamentos de procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, uno del año 1997 y otro del año 2004, se hace necesario que el Ministerio de Salud certifique la fecha en que las empresas recurridas iniciaron funciones, situación que pueden informar también las municipalidades de la zona. Indicó, que en virtud de lo anterior se está convocando a una reunión urgente para el día 6 de diciembre del 2005. Sobre la presunta contaminación a las fuentes de agua de la zona, señaló que se procedió a realizar la respectiva consulta en el Departamento de Aguas de este Ministerio. Así, según lo indicado por dicho Departamento, de las empresas recurridas, únicamente, Standard Frut Company de Costa Rica tiene otorgada la concesión de aprovechamiento de aguas de varios pozos, así como el permiso de drenaje agrícola, permiso que también se otorgó a la sociedad Sebastopol S.A. Por ende, afirmó que el resto de empresas recurridas no tienen otorgado ni en trámite, concesión de aprovechamiento de aguas ni permiso de drenaje agrícola. De otra parte, explicó que en dicho Departamento no se registran denuncias por prácticas que pongan en riesgo el recurso hídrico en la zona o afectación a las nacientes y no existen registros u estudios de oficio, que demuestren la existencia de nacientes u otras fuentes de agua. Por estos motivos, según se informa en el oficio No. IMN- DA3113-05, ese Departamento estaría realizando, próximamente, las valoraciones de campo correspondientes para determinar la existencia de tal problema y, en caso afirmativo, proponer las medidas correspondientes para corregirlo. En virtud del mandato de la Sala, reiteró que para el día 6 de diciembre del 2005 se convocó a las instancias recurridas con el fin de dar inicio a las acciones de coordinación, investigación y toma de decisiones en este trascendente asunto. Solicitó que se desestime el recurso planteado.

9.- Informaron bajo juramento, Rodolfo Coto Pacheco, en su condición de Ministro y Luis Alfredo Montes Pico, en su condición de Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Sanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (visible a folios 673-678), que desde 1987 en la Región Brunca, 1990 en la Región Huetar  Norte y 1996 en la Región Huetar Atlántica de Costa Rica, se han presentado brotes de moscas que atacan a los animales domésticos.  Explicaron, que en cada una de esas regiones se hizo un análisis de la situación y estudios del problema, llegándose a determinar la presencia de poblaciones de moscas que se reproducen en los desechos orgánicos en estado de descomposición. Como resultado del diagnóstico, en todos los casos se detectó la presencia, tanto de la mosca doméstica Musca doméstica L., como la mosca del establo Stomoxys calcitrans L y la mosca del cuero Haematobia irratans L., estas dos últimas denominadas, también, moscas hematófagas, que se alimentan de sangre, llegando a afectar, principalmente, a los animales domésticos. Indicaron, que uno de los medios propicios para la reproducción de estas moscas y otros insectos, es la exposición a campo abierto de desechos orgánicos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Manifestaron, que luego del análisis de la situación en su oportunidad y, en cada caso, se emitieron las recomendaciones pertinentes para disminuir las poblaciones de la Stomoxys calcitrans, la cual es la mayor causante del problema. Estas recomendaciones se hicieron de acuerdo a lo indicado por el especialista y, posteriormente, se han agregado algunas modificaciones, según su experiencia de campo. Durante estos años, la Dirección General de Sanidad Vegetal antes y ahora el Servicio Fitosanitario del Estado, a través de la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas, ha invertido una gran cantidad de recursos económicos y humanos, tanto en la vigilancia permanente de la plaga como en las medidas de control, las cuales, en la mayoría de los casos, han surtido el efecto deseado; salvo en las épocas donde ha sido, físicamente, imposible la aplicación de las medidas recomendadas. La proliferación de plagas agrícolas se presenta cuando las condiciones agroclimáticas se hacen propicias y no siempre el control de las mismas es eficiente si durante el proceso de control interfieren condiciones climáticas adversas. Manifestaron, que desde el año 1987 hasta el presente, las poblaciones de la mosca no se habían incrementado, significativamente, debido a lo siguiente: a) Por la oportuna aplicación de las medidas recomendadas, b) porque el área del cultivo de la piña era menor y c) debido a que las condiciones climáticas se presentaron más o menos estables. Sin embargo, apuntaron que el área actual de 26,500 hectáreas de piña, sobrepasa en mucho la del año 2003 donde eran, aproximadamente, unas 8,000 hectáreas. Además, señalaron que durante el presente año, las precipitaciones han sobrepasado todos los pronósticos, debido a la gran cantidad de huracanes y tormentas tropicales que se presentaron. Bajo condiciones de excesiva humedad, por mucho que se quiera, es imposible el tratamiento e incorporación oportuna de los desechos orgánicos, que es la medida más importante para el control de esta plaga; máxime que las mayores áreas están ubicadas en zonas de alta humedad, (Zona Norte y Región Atlántica) lo cual ha incidido en la proliferación de la plaga. Sin embargo, indicaron que lo anterior no significa que el Ministerio y el Servicio Fitosanitario del Estado no hayan estado cumpliendo con sus competencias y funciones encomendadas por Ley. Explicaron, que debido a la dinámica de la plaga en cuestión, se encuentran en proceso de realizar una serie de acciones tendentes a combatir dicha problemática, a saber: emisión de folletos con recomendaciones de manejo de la plaga, donde se han incluido algunas modificaciones; establecimiento de un laboratorio de producción de organismos para el control biológico de la Stomoxys calcitrans( L), en las instalaciones de la Estación Experimental Los Diamantes en Guápiles, reproducción de los controles biológicos Sphalangia cameroni y Pachicrepoides sp y apoyo al proyecto denominado Manejo Sostenible del Rastrojo de Piña y su Reconversión productiva de la Empresa Pulpas de Celulosa de Centroamérica. En virtud de lo anterior, indicaron que, tal y como se puede observar en las recomendaciones de diferentes años, en ninguna de ellas se menciona el producto Paraquat como manifiestan los recurrentes. Reiteraron, que no es cierto que hayan omitido fiscalizar, continuamente, las áreas de reproducción de moscas, competencia de su institución. Explicaron, que continúan ejerciendo el control de la plaga y que se encuentran en la mejor disposición de seguir investigando para lograr mejores soluciones a futuro. Solicitaron que se declare sin lugar el recurso.

10.- Informó bajo juramento, Miguel Quirós León, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Siquirres (visible a folios 723-724 y 1135-1136), que en el cantón de Siquirres se encuentra la empresa agrícola de piña denominada Agroindustrial Babilonia. Explicó, que conforme lo regula la Ley No. 7176, Ley de Tarifas de Impuestos del Cantón de Siquirres, en su artículo 14, la actividad de la agricultura en el cantón de Siquirres estará sujeta a la obtención de una licencia y pago de un impuesto. De este modo, indicó que en el trámite de obtención de la licencia respectiva, la Municipalidad se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos ordinarios para la obtención de cualquier tipo de licencia. Señaló que entre tales requisitos se encuentra el permiso de funcionamiento, el cual, sin embargo, le corresponde otorgarlo al Ministerio de Salud. Adujo, que, en el caso particular, la Municipalidad recurrida ha solicitado a la empresa Agroindustrial Babilonia los requisitos de ley (entre éstos el permiso sanitario de funcionamiento), previo otorgamiento de la correspondiente licencia. Solicitó que se desestime el recurso planteado.

11.- Informó bajo juramento, Jorge Rojas Soto, en su condición de Secretario General ad hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (visible a folios 726- 729), que no le consta a esta entidad la alegada omisión de las otras Administraciones demandadas de sus deberes de fiscalización de los cultivos de piña. En cuanto a la declaración de los recurrentes que se han otorgado permisos sanitarios de funcionamiento sin que se hayan aprobado estudios de impacto ambiental, indicó que mediante el oficio No. SG-1563-2005-SETENTA del 7 de julio del 2005, se informó que, hasta el momento de la emisión de dicho acto, únicamente, figuraba en esta dependencia un expediente dedicado, específicamente, a la plantación de piña en los cantones de Guácimo y Pococí (expediente de la Standard Fruit Compaña Nº 104-1999- SETENA). Explicó, que desde el momento en que se emitió el citado oficio, ingresaron dos expedientes más de proyectos piñeros en tales cantones, a saber. El expediente No. 1046-2005-SETENA de Plantación de Piña - Agroindustrial Ticoverde y el No. 1336-2005-SETENA, de Planta Empacadora de Piña. Añadió, que mediante resolución No. 2941-2005- SETENA del 26 de octubre del 2005, se le solicitó al proyecto de siembra de piña la elaboración de un EsIA. Asimismo, indicó que mediante la resolución No. 2998-2005-SETENA del 28 de octubre pasado, se demandó al último proyecto (de empacado), la realización de un Plan de Gestión Ambiental. Estos dos últimos expedientes obran en poder de esta dependencia y se continuará adelante con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Agregó, que no le consta a la Secretaría recurrida la existencia de planes de plantación de piña en la región sur del cantón de Guácimo, por lo que se necesitaría contar con datos más específicos para proceder a buscarlos en la base de datos. En lo tocante a las medidas que adopta la Sala para prevenir riesgos o evitar daños, indicó que existe un solo expediente que cuenta con licencia (viabilidad) ambiental para la siembra de piña en la zona en cuestión (expediente No. 104-1999-SETENA). Manifestó, que el control que esa dependencia ejerce en cuanto al cumplimiento de los compromisos ambientales se regula en los artículos 26 y 71 y siguientes del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual, a su vez, establece la garantía ambiental y la figura del responsable ambiental. De otra parte, apuntó que durante un tiempo el proyecto no presentó informes regenciales. Sin embargo, indicó que el día 14 de julio del 2005 se realizó una inspección en el área del proyecto, cuyos resultados constan en la resolución No. 1905-2005- SETENA del 4 de agosto pasado. De conformidad con dicha resolución se desprende que la empresa desarrolladora del proyecto cuenta con las certificaciones ISO 14001, Eurep Good Agricultura Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (responsabilidad social) y PRIMOS LAP (certificación de auditoría de empresas). Asimismo, señaló que existen registros de cada una de las labores realizadas tomando en cuenta diversos indicadores ambientales, entre los cuales se encuentran lo siguientes: derrames de agroquímicos, análisis de laboratorio, recolección y disposición de desechos sólidos, salud ocupacional, coberturas vegetales, etc. Aunado a lo anterior, refirió que se han realizado esfuerzos importantes para prevenir la erosión superficial. Además, se ha cuidado el área de protección de los ríos y se ha realizado un inventario biológico. Explicó, que la inspección practicada no encontró turbidez en los ríos causada por sedimentos u otros que produjeran contaminación, ni desvío de los mismos. No se encontraron moscas, zancudos u otros, debido al manejo integrado de plagas. Asimismo, indicó que existe un registro que evidencia el control de la proliferación de plagas, el cual, a su vez, ha ayudado a mejorar la calidad de la plantación. Apuntó, que la citada resolución determinó llamar a rendir cuentas a la empresa que ejerce la regencia ambiental. También requirió la presentación de un informe regencial consolidado en un plazo de diez días, el cual, efectivamente, se presentó el 23 de agosto del 2005 e incluye, entre otros, un análisis químico y bacteriológico del agua, un cuadro resumen de la gestión ambiental, un procedimiento y consideraciones técnicas para el control de la mosca stomoxys calcltrans. Solicitó que se declare sin lugar el recurso planteado.

12.- Informó, Rafael Ángel Gutiérrez Acuña, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. (visible a folios 730-752), que su representada es una empresa con personalidad jurídica propia, distinta de la de Standard Fruit Company. Sin embargo, indicó que en el recurso se le asimila como si se tratara de una misma persona jurídica; lo cual es independiente de las relaciones comerciales existentes entre una y otra. Refirió, que se apersonó a contestar el traslado, a pesar que su mandante no fue notificada en los términos del párrafo segundo del artículo 61 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, lo que pudo haber provocado una nulidad absoluta de dicho acto. Estimó, que la empresa recurrida no ha lesionado o amenazado el ambiente, ni en el pasado ni actualmente, por cuanto sus acciones -por el contrario- son compatibles con la protección de éste. En concordancia, sus acciones se enmarcan dentro de la normativa ambiental y, por tal motivo, sí cuenta con estudio de impacto ambiental, con la correspondiente viabilidad ambiental otorgada por la SETENA (expediente No. 104-99) y el respectivo permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud (No. 257-2001). Además, explicó que dicha empresa es objeto de permanente supervisión y seguimiento por las autoridades competentes, entre éstas el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, SETENA, cuyas recomendaciones atiende estrictamente. Cuenta además con certificaciones a nivel nacional e internacional como lo son IS0 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) y EUREP-GAP, entre otras. Indicó, que no cierto que no exista control por parte de las autoridades gubernamentales. Además, en lo que a su representada concierne, periódicamente, se realizan inspecciones, tal y como lo demuestra mediante copia certificada del oficio de la SETENA No. SG (DAP) S87-2005, en donde el Departamento de Administración de Proyectos ha analizado el Informe de Regencia Ambiental, el cual cumple con los requisitos exigidos por la Secretaría, sin que se comuniquen objeciones por lo que debe -como labor continua en el proyecto- "(...) Proseguir con la labor de seguimiento y control ambiental de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente (...)". Adicionalmente, en cuanto al tema del uso de agroquímicos, su representada, igualmente, ha puesto en práctica, desde hace varios años, un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 y cuenta con certificaciones de EUREP-GAP que permite el ingreso de la fruta a uno de los mercados más exigentes como lo es el europeo, no sólo desde el punto de vista de la calidad, sino más aún, en materia del uso de agroquímicos y protección al ambiente, así como de protección a los trabajadores. Señaló, que lo anterior es fruto de las acciones protectoras del ambiental que ejecuta su representada, con una férrea protección de la vida y la salud de las personas, entre las que se encuentra el Programa de Gestión Ambiental. Añadió, que no existe reporte alguno de intoxicaciones, ni en la finca, ni en las comunidades aledañas. Asimismo, señaló que los trabajadores cuentan con equipo de protección y, en ningún caso, se ha producido contaminación, toda vez que, el Área Rectora de Salud no ha recibido denuncias en ese sentido. Además, constantemente, se realizan los exámenes pertinentes para determinar si hay intoxicación, resultando todos negativos. Tampoco existe mal manejo de los desechos sólidos y líquidos. Lo mismo cabe decir respecto de la imputación genérica que se hace de una supuesta tala de árboles e irrespeto a las zonas protectoras. En cuanto a la entrega de bitácoras, refirió que siempre han estado a disposición de las autoridades competentes y de los auditores ambientales independientes. Apuntó, que de conformidad con el oficio del Ministerio de Salud de fecha 21 de febrero del 2005, la empresa recurrida cuenta con permisos sanitarios de funcionamiento, ha cumplido con los trámites legales solicitados, posee alta tecnología de procesos y adecuados estándares de inocuidad. Como parte de las exigencias para el otorgamiento y renovación de tales permisos, es objeto de frecuente supervisión, seguimiento y asesoría de las autoridades competentes, entre otras SETENA (supervisión de regencia ambiental y viabilidad ambiental), Ministerio de Salud (permiso de funcionamiento) y Ministerio de Agricultura. Asimismo, tiene establecidos estrictos procedimientos en materia de manejo integrado de plagas, selección y tratamiento de semillas, aplicación de agroquímicos y bomba de espalda, aplicación de nematicidas, preparación de mezclas, aplicación de agroquímicos, para regular los periodos de reingreso luego de la aplicación de productos para la protección de los cultivos, para el manejo de los desechos sólidos y líquidos, procedimiento de gestión de agua, preparación de suelos y otros. De otra parte y, en lo tocante al manejo de desechos líquidos, la empresa tiene establecido un procedimiento ("Procedimiento para el Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos'), cuyo principal objetivo es la mitigación de impactos potenciales, asegurando que la recolección, acopio y disposición de los desechos generados en las operaciones de la finca, se efectúen en forma segura para el ambiente. Propiamente, en cuanto al manejo de desechos líquidos, las aguas se liberan, previamente, de cualquier sólido u otro agente contaminante mediante sistemas de pre-tratamiento y se evita la descarga de desechos en suelos o en los pisos de plantas empacadoras, entre otras acciones. Conforme al "Procedimiento de Gestión de Agua" el objetivo primordial lo constituye la protección del recurso hídrico, la salud de la familia y las comunidades vecinas, mediante un adecuado y seguro manejo de las aguas residuales y desechos líquidos, el cual establece frecuencias mínimas de muestreo, análisis de aguas residuales y de presentación de reportes operacionales; límites máximos permisibles para vertidos en plantas empacadoras, lagunas de trincheras y de aguas negras. Agregó, que la empresa cuenta, además, con análisis bacteriológicos de aguas que demuestran que no existe contaminación. En ese sentido, por ejemplo, se adjunta copia del resultado de análisis emitido en agosto del 2005, mediante el cual el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Universidad de Costa Rica, reporta que en muestras compuestas de agua de empacadora, tomada a la salida de la planta, no se detectó la presencia de plaguicidas. Dentro de los procedimientos establecidos, además de los análisis mencionados, constantemente, se monitorean los pozos de agua. Por ende, afirmó que resulta, absolutamente, falso que las aguas residuales se descarguen en ríos u otras fuentes naturales de agua. Además, apuntó que su representada lleva a cabo un correcto manejo de los desechos sólidos. De ahí que, a la fecha, no ha existido ni existe ninguna denuncia por mal manejo. En lo tocante al manejo del rastrojo, manifestó que se siguen los procedimientos y recomendaciones emitidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual, supervisa constantemente. Añadió, que tal y como se desprende del documento titulado "Preparación de Tierra", incluso se ejecutan prácticas que exceden el mínimo de las recomendaciones del Ministerio mencionado, toda vez que, no sólo se deseca el material de rastrojo, sino que se tritura, se repasa y se reincorpora al terreno, de manera tal que no hay contaminación por cuanto ni siquiera se traslada el material desecado, sino que se utiliza en el mismo terreno. Asimismo, refirió que cada vez que se hace un control mecánico de la mosca, se notifica al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el que otorga los permisos respectivos y se realizan, entre otras acciones, muestreos de la presencia de éstas. Manifestó, que el uso del paraquat es restringido, dándose preferencia a otras prácticas, como las descritas arriba. Explicó, que se trata de un producto autorizado por el Ministerio supra citado, el cual se utiliza para disecar la planta de piña e iniciar el proceso de derribo. Las áreas son tratadas cada tres años y las dosis utilizadas son las permitidas. Su utilización es necesaria para el control de la mosca y de acatamiento obligatorio de acuerdo con las potestades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A mayor abundamiento, indicó que de acuerdo con los protocolos de aplicación y las prácticas establecidas por la empresa, se toman todas las medidas para los trabajadores, siendo la aplicación mecánica y automatizada, de manera tal que los trabajadores no tienen contacto con el producto, toda vez que, se hace mediante bombas en tractores cuya cabina es aislada (aire acondicionado). De otra parte, afirmó que no hay posibilidad alguna de contaminación de las fuentes de agua o comunidades vecinas, por cuanto se respetan los retiros establecidos por ley, existen barreras naturales que impiden el efecto deriva y se toman todas las previsiones necesarias para prevenirla. Aseveró, que en el libro de actas, debidamente, legalizado por la Dirección de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (utilizado para llevar a cabo el control sobre los desechos de restrojos del cultivo de piña, las boletas de seguimiento fitosanitarios, muestreos y cédulas de aplicación) consta que la finca "(...) se apega a todas las recomendaciones que nuestro departamento indique (Protección Fitosanitaria del MAG) (...)", que "(...) no se encontró en la visita al campo larvas, pupas ni adultas (de la mosca) la finca o empresa está realizando todas las labores recomendadas (...)", que el "(...) esfuerzo de la empresa es notable (...)", que "(...) las poblaciones (de moscas) se encuentran muy bajas y el ganado se encuentra tranquilo y alimentándose. Los ganaderos de esas comunidades manifiestan tranquilidad por el control y la vigilancia de esta empresa y del trabajo en conjunto (...)". Incluso, manifestó que en una visita realizada, recientemente, el 4 de noviembre del presente año, los funcionarios fitosanitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería dejaron constancia que "(...) la finca no tiene problemas de moscas y se mantiene la fitosanidad (...)". Reiteró que su representada no ha contaminado ningún río, afluente, fuente o naciente de agua. Entre sus políticas está cumplir en todo momento con las leyes y regulaciones aplicables, tomar todas las medidas factibles para promover la protección de la salud, seguridad y el ambiente y progresar, continuamente, hacia el logro de los objetivos de la empresa. En todas sus operaciones el objetivo es prevenir efectos adversos en la salud, seguridad y el medio ambiente. Indicó, que la empresa recurrida utiliza prácticas de agricultura sostenible y métodos de manejo integrado de plagas que emplean enfoques biológicos y culturales para el control de plagas y enfermedades. Además, utiliza productos de protección de cultivos solo cuando son necesarios, siempre con el cuidado apropiado y de acuerdo a las leyes aplicables. En ese sentido, adujo que no utiliza ningún producto prohibido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos o por la Unión Europea. Aclaró, que su representada no ha contaminado, dado que, ni siquiera colinda con el Río Cinco Estrellas. No existe mal manejo de los desechos sólidos, pues, por el contrario sigue las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a fin de evitar o mitigar el problema de la mosca. Añadió, que las evaluaciones del Ministerio supra citado hechas en la finca han sido favorables y lo continúan siendo, hasta la más reciente visita el pasado 04 de noviembre del presente año. Manifestó, que aun cuando se aporte una declaración jurada, no se establece un nexo de causalidad entre la supuesta pérdida de peso del ganado y las acciones de la empresa. En todo caso, afirmó que la empresa que representa ha establecido los procedimientos apropiados para el control de la mosca, de modo que no es posible atribuirle responsabilidad directa en el referido hecho. Por el contrario, recalcó que  realiza constantes evaluaciones, ejecuta prácticas necesarias para el control de la mosca y tiene procedimientos para el manejo integrado de plagas. Asimismo, señaló que no existen denuncias o reportes por malos olores en la finca, incluyendo agroquímicos. En todo caso, manifestó que en la finca sólo se aplican agroquímicos, legalmente, autorizados, en ciclos y dosis permitidas, por lo que no existe ni se ha producido contaminación. Sin embargo, explicó que no puede obviarse el hecho que los agroquímicos despiden olor como una medida de seguridad o repelencia. Solicitó que se desestime el recurso planteado.

13.- Mediante líbelo presentado en la Secretaría de la Sala a las 10:05 hrs. del 21 de diciembre del 2005 (visible a folios 1187-1190), Rafael Ángel Gutiérrez Acuña, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. se refirió a los informes rendidos por las autoridades públicas recurridas. Explicó, que tales informes son contestes en afirmar que su representada actúa a derecho, con incuestionable respeto a la normativa ambiental y con un evidente cumplimiento de los principios y deberes que en la materia se ha impuesto dentro de su política de protección al ambiente; razón que se aprecia en las certificaciones que a nivel nacional e internacional ha obtenido. Indicó, que tal y como lo señala el Ministro en su informe, la citada empresa tiene otorgada concesión de aprovechamiento de aguas y permiso de drenaje agrícola. Asimismo, el informe de SETENA consigna que su proyecto tiene licencia (viabilidad) ambiental para la siembra de piña y que, conforme al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, cuenta con garantía ambiental y un responsable ambiental.  En punto al último informe de regencia, agrega SETENA que su empresa "(...) cuenta con las certificaciones ISO 14001, Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (responsabilidad social), y PRIMOS LAP (certificación de auditoría de empresas). Existen registros de cada una de las labores realizadas tomando en cuenta diversos indicadores ambientales, entre los cuales se encuentran: derrames de agroquímicos, análisis de laboratorio, recolección y disposición de desechos sólidos, salud ocupacional, coberturas vegetales, etc. Se han realizado esfuerzos importantes para prevenir la erosión superficial. Además se ha cuidado el área de protección de los ríos y se ha realizado un inventario biológico. La inspección practicada no encontró turbidez en los ríos causada por sedimentos u otros que produjeran contaminación, ni desvío de los mismos. No se encontraron moscas, zancudos u otros, debido al manejo integrado de plagas. Existe un registro que evidencia el control de la proliferación de plagas y ayudando a mejorar la calidad de la plantación (...)". De otra parte, la Ministra de Salud afirmó que no se han reportado casos de intoxicación, ni reportes de problemas que provoquen la actividad piñera, además que vigila, constantemente, la realización de exámenes médicos y de colinesterasa que se efectúan a los trabajadores. Añadió, que la empresas en general, incluida la que representa, "(...) cuentan con certificaciones EUREPGAP y Planes de Salud Ocupacional, Atención de Emergencias y Manejo de desechos, mismos que son solicitados de acuerdo al procedimiento: Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, publicado en la gaceta (sic) 234 del 4 de diciembre del 2003 (...)". En cuanto al informe suministrado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, indicó que resulta claro que ese órgano ha ejercido el debido control y emitido las recomendaciones para el control de la mosca, las cuales, a su vez, han sido cumplidas a cabalidad por su representada.

14.- Mediante líbelo presentado en la Secretaría de la Sala a las 13:31 hrs. del 19 de enero del 2006 (visible a folios 1205-1210), Jorge Acón Sánchez, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Piña Frut S.A. indicó que los informes que, conforme al artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, han sido rendidos por las instituciones públicas recurridas, son coincidentes en eximir a su representada respecto de la eventual violación del derecho a un ambiente sano y, por el contrario, reafirman que la citada empresa ha cumplido con la ley y con los compromisos que en la materia justamente siempre han guiado su actividad. Apuntó, que el informe brindado por la Ministra es abundante en hechos que confirman su cumplimiento de la normativa ambiental y de salud. En ese sentido, citó, de modo expreso, lo que al respecto señaló la mencionada autoridad: “(…) 1- En el sistema de vigilancia epidemiológica del Área Rectora de Salud de Pococí no hay reportes de casos de intoxicación por plaguicidas en la finca Piña Fruit; ni los hay en los servicios de emergencia de la Clínica de Roxana, ni en Emergencias del Hospital de Guápiles (folio 569). 2- No hay denuncias de vecinos ni trabajadores. 3- El Ministerio de salud realiza una constante vigilancia de los exámenes médicos y de colinesterasa que se realiza a los trabajadores. 4- La finca cuentan (sic) con certificaciones a nivel internacional (EUREPGAP, etc.) y planes de salud ocupacional, atención de emergencias y manejo de desechos, los cuales solicita el Ministerio conforme al procedimiento Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias (f. 570). 5.- (…) .Cabe agregar que en la empresa en mención, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se realizan con equipos automatizados (spray boom), en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor, minimizando la presencia de personas (…) Además por ser equipo que puede colocarse a escasos centímetros del follaje de la planta de piña, la deriva producida es casi cero, lo que no afecta el traslado de sustancias químicas hacia otros sitios por acción del viento. 6- No se tiene reportes ni denuncias de contaminación de aguas (…) e igualmente no se tiene reportes epidemiológicos que confirmen que las personas vecinas a la piñera 'Piña Frut' que utilizan aguas de los ríos y quebradas se contaminaron y/o intoxicación por utilizar aguas de los ríos de la zona (Río Santa Clara). 7- Asimismo, se indica que (…) este Ministerio regula y controla que la empresa en mención, cumpla con lo que establece la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben existir de las instalaciones y el cultivo a las orillas de ríos y quebradas, la empresa está reforestando de (sic) todas las áreas no productivas (...) (f.571). 8- (...) La empresa en mención realiza actividad e (sic) recolección de aguas residuales del sistema de tratamiento de agroquímicos mismas que son aplicadas en las áreas de preparación de terreno para siembra (...) 9- (...) este Ministerio da fe que el MAG y la empresa Piña Frut realizan esfuerzos y mantienen controles físicos y químicos para minimizar la aparición de la mosca Calcitrans (...). 10- (...) En cuanto al manejo de desechos sólidos y líquidos la empresa a través del Ministerio de Salud ha establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas se ha constatado que los mismos están siendo implementados y que son de mejora continua (...) 11- (...) Cabe indicar que la empresa Piña Fruit, no realiza presentación de reportes operaciones (sic: operacionales) ya que la misma no tiene vertido a fuentes de agua. Además la finca utiliza sistemas cerrados, o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (...). 12- Sobre los permisos de funcionamiento, dice el citado informe: (...) es importante indicar que el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se publicó en la gaceta (sic) 125 del 28 de junio del 2004, sin embargo anterior a esta fecha existen fincas que realizaron un cambio de actividad ya que pasaron de ser bananeras a ser piñeras manteniendo las instalaciones en los sitios que estaban aprobadas para las bananeras, y la empresa Piña Fruit es una de ellas, ya que ésta inició actividad en el año 2001 e inició trámites de ubicación ante este Ministerio en el año 2002, por tanto fue establecida y puestas (sic) en operación antes de la publicación de dicho reglamento por lo que la Ley no es retroactiva y tal y como lo establece dicho marco legal solo aplica a proyectos nuevos que se van a instalar no a los ya instalados y operando como el caso en mención (...) (f.572). 13- (…) Por lo tanto queda claro que ha (sic) dicha finca se le otorgó el Permiso Sanitario de Funcionamiento en total apego a la Legislación Vigente al momento de que las empresas lo solicitaron, quedando claro que debieron cumplir con la legislación conexa a la Ley General de Salud (...)". En consecuencia, reiteró que la empresa recurrida ha cumplido con los trámites legales solicitados, posee alta tecnología de procesos y adecuados estándares de inocuidad. Solicitó que se declare sin lugar el recurso planteado.

15.- El Presidente del Concejo Municipal de Guácimo, el Representante Legal de SEBASTOPOL S.A. y el Representante Legal de Agroindustrial Babilonia S.A., no rindieron los informes requeridos mediante resolución de las 07:49 hrs. del 18 de noviembre del 2005 (constancia visible a folio 1247).

16.- Mediante líbelo presentado en la Secretaría de la Sala a las 08:10 hrs. del 12 de junio del 2006 (visible a folios 1261-1264), Marco Machote Levy, solicitó que se le tuviera como coadyuvante activo del presente proceso de amparo. Manifestó que los pobladores de las comunidades de Guácimo, Pococí y Siquirres son afectados por partida doble por las plantaciones de piña, ya que, a la incidencia en los pobladores de la aspersión aérea, hay que añadir los impactos sobre las fuentes de agua superficiales y subterráneas, particularmente, sobre los pozos artesanales de los vecinos y pobladores. Explicó, que la situación actual exige la necesidad, tal y como prevé la Ley Orgánica del Ambiente (artículo 17), del sometimiento a Estudio de Impacto Ambiental del proceso de expansión de las piñeras, teniendo en cuenta, además, que la superficie sobre la que se está actuando aconseja algo más que prudencia en la aplicación de ciertos elementos químicos. Indicó, que los estudios de impacto ambiental, tramitados en forma y contenido, resultan un instrumento normativo imprescindible en la legislación ambiental cuando los proyectos tienen un impacto apreciable sobre el medio ambiente a la hora de analizar las propuestas de los promotores, pretendiendo con eso informar, de una manera general, de los conflictos planteados, de determinadas alternativas y de las medidas correctoras necesarias, abriendo así trámite de audiencia a todas las partes afectadas. Agregó, que tanto el método utilizado, como los compuestos tóxicos utilizados por las fincas piñeras, con o sin medidas correctoras, son un peligro para el medio ambiente y para las personas, dado que, se trata de unos componentes tóxicos no selectivos, nocivos y persistentes, lo que significa que se acumulan en la cadena trófica con graves consecuencias para el medio ambiente. Asimismo, señaló que tales compuestos, tanto por su propia naturaleza como por el método elegido, no discriminan áreas afectando por igual a fuentes de agua superficiales como subterráneas, a las que contamina por contacto directo o por escorrentía. Manifestó, que la incapacidad y la falta de previsión han llevado a las autoridades recurridas a la necesidad de adoptar medidas excepcionales que podrían haberse, perfectamente, evitado con una planificación adecuada y una temporalización de las soluciones que no tuviera el impacto que están suponiendo las plantaciones piñeras sobre el medio ambiente y que hubiera significado paliar, o evitar, los daños sobre la población. En todo caso, refirió que el ordenamiento jurídico contempla otros mecanismos para tutelar dichos bienes respecto de esa misma actividad. En ese sentido, explicó que existe la evaluación de impacto ambiental a la que deben estar sometidas todas aquellas actividades, potencialmente, dañinas del ambiente, tal y como lo prescribe el artículo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554. Añadió, que en el caso específico de la agricultura, el Reglamento de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, exige una evaluación del impacto ambiental como requisito para su autorización. Así, indicó que el artículo 4°, inciso 2° del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, dispone que las actividades contempladas en el anexo 2° están sujetas a trámite de obtención de viabilidad (licencia) ambiental ante la SETENA. De este modo, señaló que en la introducción del anexo citado se indica lo siguiente: "(…) En cumplimiento de lo establecido por el articulo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, aquellas actividades para las cuales no existe una ley especifica que ordene la realización de una EIA, o que sean susceptibles de alterar o destruir elementos del ambiente, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos, la SETENA, en conjunto con una Comisión Mixta de apoyo técnico, ha elaborado una lista de actividades, obras o proyectos que estarían sujetas al proceso de EIA de previo al inicio de sus actividades. De forma corta, dicha lista, se asigna como la lista de EIA. 2. Base de referencia para la lista de EIA. A fin de obtener un patrón de referencia estandarizado, ampliamente reconocido, se ha utilizado como base para la elaboración del listado de EIA, la clasificación industrial Uniforme de las Actividades Económicas (CIIU-versión 3 del año 2000), promovido por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, desde hace más de tres décadas. Además de la CIIU, la SETENA, ha integrado aquellas otras actividades, obras o proyectos, que requieren de un proceso de EIA de previo al inicio de actividades, considerando la experiencia desarrollada por mas de diez años en EIA en Costa Rica, y el criterio técnico de experto de la Comisión Mixta que elaboró la lista de EIA. En la medida de lo posible, la SETENA y la Comisión Mixta, han mantenido la estructura jerárquica de categorías, divisiones, grupos y clases que incluye la CIIU3, de forma tal que el usuario pueda tener un fácil acceso y manejo de la lista de EIA. 3. Categorización general según Impacto Ambiental Potencial (IAP). La categorización general de las actividades, obras o proyectos según su IAP que aquí se presenta, fue elaborada por  SETENA y la Comisión Mixta, según una metodología técnica de ordenamiento sistemático de las actividades, obras o proyectos enlistados, en función de la naturaleza de su proceso productivo, y de sus efectos ambientales combinados, acumulativos o individuales. Este ordenamiento define las siguientes categorías: Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se subdivide a su vez en dos categorías menores a saber: Subcategoría B1: Moderado -Alto Impacto Potencial, y Subcategoría B2: Moderado -Bajo Impacto Ambiental Potencial Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial (…)”. Adujo, que dentro de la categoría: agricultura ganadería, caza y silvicultura, se incluye la división: agricultura, ganadería, caza y actividades conexas, la cual, a su vez, describe la actividad de servicios de fumigación agrícola aérea. De acuerdo a lo que señala la matriz, las grandes empresas son categoría A, las medianas empresas están en la categoría B1 y las pequeñas en categoría B2.  Solicitó que se declare con lugar el recurso planteado.

17.- Mediante líbelo presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:05 hrs. del 1° de marzo del 2007 (visible a folios 1268-1273), la recurrente manifestó que, curiosamente, existe una gran coincidencia entre lo informado por el Ministerio de Salud y la empresa Piña Frut S.A. Estimó, que la posición asumida por el Ministerio citado ha sido para proteger el funcionamiento de las empresas piñeras a las cuales les ha sido otorgado el permiso sanitario de funcionamiento. Acusó, que se llevó a cabo un análisis de escritorio, omitiendo realizar una inspección de campo a fin de verificar si lo denunciado se ajusta o no con la verdad real de los hechos que se han venido presentando en el Caribe Norte de nuestro país. De ahí que, solicita que se lleve a cabo una inspección en el lugar de los hechos con el propósito de constatar que los problemas denunciados en el presente proceso existen en verdad. Indicó, que contrario a lo manifestado por las autoridades municipales, éstas, también, tienen el deber de fiscalizar y velar por el bienestar de los habitantes de cada cantón. Asimismo, solicitó que se verifique si las prevenciones hechas a las autoridades recurridas en la resolución de curso han sido cumplidas, sobre todo, en lo que respecta el informe requerido al Ministerio del Ambiente y Energía. Lo anterior, dado que, luego de revisar el expediente, no encontraron informe alguno sobre las zonas altas ubicadas al sur de Guácimo, donde hay una serie de acuíferos que estarían siendo afectados si se continúa con la expansión piñera en esa zona. De otra parte, manifestó que han detectado que las comunicaciones que realizó el Ministerio del Ambiente y Energía para el cumplimiento de las prevenciones indicadas por esta Sala, fueron enviadas al Área de Conservación La Amistad Caribe, cuando, en realidad, la región donde se están presentando los problemas y daños ambientales alegados se encuentran en el Área de Conservación Tortuguero, por lo que solicita a esa Honorable Sala que se haga la prevención correspondiente al Ministerio del Ambiente y Energía. A mayor abundamiento, afirmó que, únicamente, la empresa demandada Agroindustrial de Babilonia S.A., antiguamente, denominada Agropecuaria Los Novillos S.A., se encuentra dentro del Área de Conservación La Amistad Caribe. Pese a eso, adujo que esa Área, a la fecha, no ha brindado ningún informe en relación con el funcionamiento de dicha piñera, razón por la cual solicita que se le haga la prevención pertinente, bajo los apercibimientos de ley en caso de omisión. Asimismo, aportó un mapa de la zona ubicada al sur de Guácimo, donde se indican los acuíferos existentes en esa zona. Mapa anterior que fue elaborado por el Área de Conservación Tortuguero y está en manos del Ministerio de Ambiente y Energía, tal y como se desprende del propio documento. Finalmente, solicitó que se proceda a notificar a la sociedades co-demandadas SEBASTOPOL S.A. y Agroindustrial de Babilonia S.A., en las direcciones aportadas para tales efectos. Solicitó que se declare con lugar el recurso planteado.

18.- Mediante resolución de las 14:37 hrs. del 8 de mayo del 2007 (visible a folio 1280), se le solicitó al Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, que certificara el nombre del represente legal y el domicilio legal de las empresas Sebastopol, S.A. y Agroindustrial de Babilonia, S.A.

19.- Mediante líbelo presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:35 hrs. del 28 de mayo del 2007 (visible a folios 1281-1282), la recurrente Solano Vasquez acusó que en las últimas semanas se han presentado una serie de acontecimientos en las partes altas de Guácimo, específicamente, en la parte sur donde se ubican una serie de nacientes que abastecen de agua a diferentes poblaciones de la zona dentro de la propiedad de Hacienda Las Delicias S.A.. Adujo, que en dicha propiedad se están realizando una serie de movimientos de tierra, lo cual demuestra una desobediencia a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la resolución de curso de las 07:59 hrs. del 18 de noviembre del 2005, toda vez que, en ésta última, se ordenó a las instituciones involucradas en el presente proceso, tomar todas aquellas medidas pertinentes a fin de evitar que se provocaran más daños en perjuicio del ambiente.

20.- Mediante líbelo presentado en la Secretaría de la Sala a las 10:26 hrs. del 1° de junio del 2007 (visible a folios 1288-1294), la Directora de la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional cumplió con la prevención efectuada por la Sala mediante resolución de las 14:37 hrs. del 8 de mayo del 2007.

21.- Por resolución de las 15:08 hrs. del 7 de junio del 2007 (visible a folio 1295), este Tribunal Constitucional dispuso lo siguiente: “(…) Visto el escrito presentado por la recurrente RUTH SOLANO VASQUEZ, cédula de identidad número 0104460869, visible a folios 1281- 1282 del expediente número 05- 014235-0007-CO, en el que acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la resolución de curso de este proceso -visible a folios 381- 387-, pues según afirma, en la Hacienda Las Delicias S. A. se están realizando movimientos de tierra, que ponen en peligro una serie de nacientes que abastecen de agua diferentes comunidades de la zona; se confiere audiencia por TRES DIAS al Ministro del Ambiente y Energía, al Presidente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y a los Alcaldes Muncipales de Siquirres, Guácimo y Pococí, contado a partir de la notificación de esta resolución, para que se refieran a los hechos y omisiones que se acusan.  De otra parte,  notifíquese el auto de traslado de este proceso a Gabriel Lewis Navarro, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Frutas de Exportación Frutex, S. A. -sociedad a la que se fusionó Agroindustrial de Babilonia S. A.-, en Barrio La California, de Pollo Kentucky 100 metros oeste y 75 sur, casa a mano derecha de Esqui- Vol, y a Luis Manuel Echeverría, portador de la cédula de identidad 1- 512-503, o a Daniel Coen Riba, portador de la cédula de identidad número 9- 045-768, en condición de presidente y Vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Sebastopol, S. A., en San José, calle 21, Nº 630 (…)”.

22.- Mediante resolución de las 13:39 hrs. del 19 de junio del 2007 (visible a folio 1297), se requirió al Director de Personas Jurídicas del Registro Nacional, como prueba para mejor resolver, una certificación del domicilio legal de la sociedad denominada SEBASTOPOL S.A..

23.- Mediante líbelo presentado en la Secretaría de la Sala el 29 de junio del 2007 (visible a folios 1299-1300), la Directora de la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional cumplió con la prevención efectuada por la Sala mediante resolución de las 13:39 hrs. del 19 de junio del 2007.

24.- Informó bajo juramento, Edgar Cambronero Herrera, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Siquirres (visible a folio 1304), que la Hacienda Las Delicias no se ubica en ese cantón.

25.- Informó bajo juramento, Gerardo Fuentes González, en su condición de Alcalde Municipal de Guácimo (visible a folios 1307-1310), que su representada no ha autorizado movimiento de tierra alguno en la Hacienda Las Delicias. Sostuvo, que de conformidad con una inspección realizada por funcionarios municipales, se logró verificar que en ese inmueble no se cultiva, ni produce piña. Tampoco se ha otorgado ningún permiso de construcción, sea para casa de habitación, edificios, fábricas, etc.; siendo que los únicos permisos que se han dado son para corrales de ganado.

26.- Informó bajo juramento, Tatiana Cruz Ramírez, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (visible a folio 1316), que dicha institución ha otorgado la respectiva viabilidad a Agroindustrial Babilonia S.A. para un tanque de autoconsumo (expediente No. 1048-2005- SETENA) y, posteriormente, a FRUTEX S.A. para la utilización de agua de pozo. De este modo, adujo, de modo expreso, lo siguiente: “(…) desde la fecha del oficio que cumplió con el informe requerido por la Sala (SG-2985-2005-SETENA, del 24 de noviembre del 2005), hasta el presente, no se ha otorgado viabilidad ambiental para realizar movimientos de tierra para el cultivo de piña, en los lugares señalados por la Sala, ni a FRUTEX S.A., ni a Agroindustrial Babilonia S.A. ni a Hacienda Las Delicias S.A., ni a Sebastopol S.A. (…)”.

27.- Informó, César Antonio Bonete Castells, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Frutas de Exportación Frutex, S.A. (visible a folios 1329-1335), que no existe movimientos de tierra, alteración al ecosistema o afectación alguna al medio ambiente, nacientes de agua u otros por parte de funcionarios de dicha empresa. Adujo, que no pueden desobedecer una directriz u orden impuesta en una resolución que no les había sido comunicada con anterioridad. En todo caso, manifestó que en dicha resolución la Sala Constitucional no prohibió la actividad agrícola en la Zona Atlántica. En consecuencia, rechazó el cargo imputado por la recurrente, con respecto a las actividades realizadas en las fincas que hoy pertenecen a su representada. Reiteró, que no existe movimiento alguno de tierras en dicha propiedad ni se han afectado nacientes o mantos acuíferos; situación que se puede verificar de conformidad con una inspección realizada por funcionarios del Área de Conservación Tortuguero del Ministerio de Ambiente (Informe No. ACTo-GMURN-PMF-258-07 del 13 de junio del 2007). Añadió, que su representada, en estricta concordancia con el “Manual de Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental” y apego a la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente que rige la materia ambiental desde el 16 de julio de 2007, presentó ante esa autoridad el formulario denominado Evaluación Ambiental D1, el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, documentación legal y técnica y documentos técnicos complementarios, en aras de lograr en su momento oportuno, el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental del Proyecto “Cambio de actividad ganadera a agrícola de piña bajo el Sistema Agroconservacionista”, según el expediente administrativo Nº 0823-07-SETENA. Agregó, en las propiedades de su representada no existe captaciones de agua ni nacientes de las cuales se abastezcan las comunidades de la zona.

28.- Informó, César Antonio Bonete Castells, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Frutas de Exportación Frutex, S. A. (visible a folios 1389-1405), que el desarrollo del cultivo de la piña por parte de su representada se ha originado mediante los procedimientos y prácticas agrícolas vigentes en el país desde hace más de tres décadas, en procura de lograr un equilibrio entre el medio ambiente y la producción. En consecuencia, negó que la empresa recurrida haya causado un impacto negativo en el medio ambiente. Sostuvo, que su representada cuenta con el Permiso Sanitario de Funcionamiento, permisos de construcción y con el asesoramiento ambiental y técnico oportuno, en aras de operar y funcionar de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia. Igualmente, aplica procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, las cuales se depositan en áreas de barbecho. Asimismo, indicó que los desechos sólidos son tratados mediante procesos que procuran la protección del ambiente, los desechos orgánicos son enterrados y los inorgánicos se desechan mediante la recolección de basura municipal, así como por reciclaje. Afirmó, que las fincas respetan la zona de protección, inclusive colindan o están cubiertas por bosques, existiendo una barrera natural. Igualmente, se cumple con un eficiente manejo de desechos y respeto de dichas zonas, toda vez que, los encargados de dichas fincas o plantaciones cuentan con un procedimiento para el uso racional de agroquímicos, salvaguardando la protección del medio ambiente y, por ende, la del trabajador. En ese sentido, añadió que no han habido personas intoxicadas en la finca Babilonia. Negó que se haya talado o irrespetado las zonas de protección, dado que, por el contrario,   muchos sectores aledaños a los ríos y quebradas contiguos o relacionados con las fincas, están protegidos por una barrera natural o masa boscosa. Apuntó, que la empresa recurrida cuenta, a su vez, con la certificación EUREP-GAP y otras más de índole internacional. Explicó, que al ser la piña un producto de exportación, tanto, internacionalmente, con a nivel nacional, se les exigen una serie de condiciones y requisitos, los cuales comprometen a la empresa a un adecuado y buen manejo de los recursos naturales y de los desechos sólidos y líquidos. Explicó, que tales condiciones y requisitos resultan evidenciados con el certificado de EUREP-GAP y los diferentes requisitos como lo son el Plan para evitar la erosión del suelto, el Plan de Gestión Ambiental, el FEAP de la Planta Empacadora, entre otros. Agregó, que la empresa cuenta con políticas ambientales y permiso sanitario de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, el cual está vigente a la fecha. Además, se ha cumplido con el FEAP de la planta empacadora y la consecuente tramitología ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, así como todos los permisos y patentes de la Municipalidad de Siquirres. Agregó, que la actividad ejercida por su representada ha sido fiscalizada por las autoridades gubernamentales. Al respecto, indicó que el Servicio Fitosanitario del Estado realiza un control arduo para evitar la propagación de plagas y otras enfermedades. Asimismo, manifestó que se fiscalizan las aplicaciones de productos químicos destinados a usos agrícolas y cualquier otra denuncia de su competencia que surgiere. Señaló, que la empresa recurrida cuenta con planes de manejo de desechos, tanto líquidos como sólidos. Así, las aguas residuales de la finca, en ningún momento, son tiradas al río sino a las áreas de barbecho. De igual forma, existen análisis de agua que comprueban que no existe toxicidad por desfogue de aguas residuales. Tampoco existen denuncias en contra de su representada. Apuntó, que se cumple, además, todo lo relativo al procedimiento para el tratamiento de desechos sólidos del cultivo de la piña aprobado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Explicó, que los desechos sólidos biodegradables provenientes de la cosecha de piña se entierran (artículo 20 de la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664), tal y como se consigna en la bitácora que se lleva al efecto. Asimismo, indicó que su representada no aparece involucrada en los informes de la Defensoría de los Habitantes de la República. Indicó que el Río Cinco Estrellas no colinda con ninguna de las fincas de la empresa. Finalmente, adujo que siempre se ha acatado lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nº 26042-S-MINAE, razón por la cual en dicha finca no se utiliza ningún producto químico que produzca una coloración celeste con espuma. Solicitó que se desestime el recurso planteado.

29.- Informó bajo juramento, Enrique Alfaro Vargas, en su condición de Alcalde Municipal de Pococí (visible a folios 1406-1408 y 1414-1416), que si bien es cierto en otro momento la Municipalidad no ejercía un oportuno control sobre las plantaciones de piña, en épocas recientes su representada ha venido realizando un control en materia de certificados de uso de suelo. Así, explicó que la Ley de Impuestos Muncipales del Cantón (Ley No. 8582), obliga a las empresas productoras de piña a contar con su respectiva patente municipal para operar en el cantón, lo cual permite realizar un control mucho más efectivo sobre tal actividad. Indicó, que en ese año la Corporación recurrida, para la emisión de los citados certificados de usos de suelo, inició con la aplicación de los estudios hidrogeológicos y de clasificación de suelos elaborados con ocasión del Plan Regulador del Cantón. Incluso, manifestó que se ordenó la realización de un inventario de las actividades piñeras autorizadas y no autorizadas por la Corporación Municipal, a efecto de tomar las medidas que correspondan y mantener una vigilancia y control constante sobre las mismas. De igual forma, señaló que giró la orden al encargado de Saneamiento Ambiental de esa Corporación para que inspeccione y rinda informe sobre el proceso de recolección, tratamiento y disposición final, tanto de desechos o rastrojos, como de las sustancias agroquímicas que están siendo utilizadas por las empresas productoras de piña. Solicitó que se declare sin lugar el recurso planteado.

30.- El Ministro de Ambiente y Energía y el Presidente y Vicepresidente de SEBASTOPOL S.A., no rindieron los informes requeridos (constancia a folio 1418).

31.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

CONSIDERANDO:

I.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA. Mediante escrito visible a folios 1261-1264, Marco Machore Levy solicitó que se le tuviera como coadyuvante activo en el presente proceso. Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En el caso concreto, según lo indicado por el gestionante, la actividad piñera desarrollada por las empresas recurridas en los cantones de Guácimo, Pococí y Siquirres de Limón, afecta, flagrantemente, lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política. En consecuencia, resulta admisible su solicitud de coadyuvancia activa.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aducen vulnerado el derecho a la salud y el derecho a obtener un ambiente sano y, ecológicamente, equilibrado consagrados, respectivamente, en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política, toda vez que, en su criterio, las empresas y autoridades públicas recurridas incurren, concretamente, en las siguientes infracciones: a) las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., utilizan sustancias químicas que afectan no sólo la salud de los trabajadores y vecinos de Pococí, Guácimo y Siquirres, sino, también, los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de fuentes de agua ahí ubicadas; b) el Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha tomado las medidas necesarias a fin de combatir la plaga de la mosca denominada stomoxys calcitrans, a pesar que la Defensoría de los Habitantes, a través del informe No. 00701-2004-DHR, señaló el nexo de causalidad que existe entre los desechos de la piña, la proliferación de ese insecto y la afectación al ganado de la zona; c) las autoridades recurridas, en general, no han fiscalizado la actividad piñera desarrollada por las empresas recurridas, dado que, por ejemplo, ninguna de éstas últimas, actualmente, cuenta con estudios de impacto ambiental para su funcionamiento y d) a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que se ubican en el cantón de Guácimo, se pretende extender la producción piñera en dicha zona.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1. El 30 de noviembre del 2001, el Ministerio de Salud otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento a la empresa Piñas del Bosque S.A. para el cultivo y comercialización de piña, por un período de cinco años (visible a folio 644).

2. El 28 de junio del 2002, las autoridades de la Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería hicieron formal apertura de un libro de inspección en la finca Babilonia de la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A.. En adelante, dichas autoridades inspeccionaron y emitieron las correspondientes recomendaciones a dicha empresa en las siguientes fechas: 11 de septiembre del 2002, 5 de junio, 23 de julio, 24 de septiembre y 24 de octubre, todas del 2003, 14 de enero y 8 de septiembre del 2004, 4 de mayo, 29 de julio y 17 de noviembre, todas del 2005 (visible a folios 72-81 del expediente No. 2/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).  

3. Desde el mes de septiembre del 2002, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Huetar Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo formal apertura de un libro de actas, debidamente, sellado y firmado para anotar las recomendaciones y acuerdos relacionados con la empresa Piñas del Bosque S.A., así como para dar fiel seguimiento a la proliferación de la mosca denominada stomoxis calcitrans (visible a folio 950).

4. El 6 de marzo del 2003, el Ministerio de Salud otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento a la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A. (finca Babilonia) para el cultivo y comercialización de piña, por un período de cinco años (visible a folio 48, del expediente No. 2/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.). 

5. El 18 de junio del 2003, la entonces Diputada María Elena Núñez Chavez presentó una denuncia ante la Ministra de Salud por el presunto brote de moscas stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Guácimo y Pococí (visible a folios 208- 209).

6. El 3 de noviembre del 2003, los Ganaderos de Guácimo y Pococí denunciaron ante la Defensoría de los Habitantes que desde el 2001 se veían afectados por un brote de mosca stomoxys calcitrans (visible a folio 235).

7. El 25 de noviembre del 2003, el Ministerio de Salud otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento a la empresa SEBASTOPOL S.A. por un período de cinco años (visible a folios 649 y 1109).

8. En el Informe Final de Recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes No. 00701-2004-DHR de fecha 26 de enero del 2004, elaborado con ocasión de una denuncia formulada por la entonces Diputada María Elena Núñez Chavez con respecto a la proliferación de la mosca stomoxys calcitrans en las zonas de Pococí, Guácimo y Siquirres, se dispuso, de modo expreso, lo siguiente: “(…) EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA REPRODUCCIÓN GANADERA: La mosca Stomoxys caslcitrans no convive con el ganado, ella se alimenta de la sangre de los animales y se retira a lugares sombreados. Busca alimentarse por lo menos 3 veces al día de la sangre para madurar sus huevos. Un ataque de mosca del establo es notable en los potreros, ya que los animales se aislan, se amontonan, hay un rabeo constante (movimientos de rabo o cola), se forman paseaderos en los potreros productos del ataque del insecto, alteran su sistema nervioso (agresividad), rompen cercas de alambre, no permite el ordeño, no se alimentan con tranquilidad, pierden peso y por ende la reducción en la producción de carne y leche (…) Concluida la investigación, se ha constatado los siguientes hechos: 1- Que el rastrojo o desechos resultantes de la cosecha de piña dejados en el campo de cultivo constituyen las fuentes de reproducción de la mosca cuyo nombre científico es Stomoxys Calcitrans, insecto que ocasiona problemas en la salud a la población humana y animal pecuaria. 2- Que los brotes se han registrado periódicamente en numerosos centros de población de las regiones Norte, Pacífico Sur y Atlántica del país sin que la plaga se hubiera podido erradicar. 3- Que como parte de las medidas técnicas recomendadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la eliminación o control del insecto, se ha considerado la práctica de quemas en los campos de cultivos y el uso de herbicidas quemantes como el Paraquat. Con fundamento en lo expuesto la Defensoría de los Habitantes realiza las siguientes consideraciones: UNICO: El problema generado por la denominada mosca estabulada, picadora o de establo ha sido consistentemente denunciado ante esta Defensoría desde el año de 1996, lo cual demuestra que las acciones o gestiones de las instancias competentes han sido insuficientes para erradicar la plaga y solucionar el problema que afecta la producción pecuaria y la salud humana. De acuerdo con la información consignada en los expedientes números 1091-23-96, 2768-23-27 y de la documentación aportada a la presente investigación, ha quedado plenamente demostrado la relación de causalidad entre el inapropiado manejo del rastrojo de piña y la proliferación del insecto en las zonas de cultivo de dicho producto tales como San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aries, Guácimo y Pococí, sin que por las dimensiones del problema y la extensión que cubre se hubiera declarado el combate de la plaga como en su ocasión fuera recomendado por esta Defensoría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (…) EL DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA RECOMIENDA. AL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 1.- Declarar el estado de combate de la plaga de las mosca Stomoxis Calcitrans en las zonas críticas que ya han sido identificadas o que se justifique según los nuevos brotes y llevar a cabo las gestiones de emergencia que estipula la Ley de Protección Fitosanitaria, lo cual incluye la recolección y el tratamiento apropiado fuera de los campos de cultivo. 2.- Sustituir las recomendaciones de quemas y aplicación de agrotóxicos en los campos de cultivo por las técnicas de control biológico u otra alternativa ambientalmente más conveniente. En caso de que estas no resulten suficientes deberá considerar la necesidad de obligar a los productores a la instalación de centros de acopio, almacenamiento y tratamiento especializado para evitar que los rastrojos se mantengan y quemen los campos (…)”. (visible a folios 210-220).

9. El 8 de junio del 2004, la Asociación de Desarrollo Pro Mejoras de Parismina de Guácimo denunció ante el Ministerio de Salud la expansión de proyectos de siembra de piña en dicha zona (visible a folios 239-240).

10.                   El  27 de agosto del 2004, el Ministerio de Salud le otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento a la empresa Piña Frut S.A. para el cultivo y comercialización de piña, por un plazo de cinco años (visible a folio 436).

11.                   Por memorial de 13 de octubre del 2004, la Comisión Ambiental en Defensa de los Recursos Naturales del cantón de Guácimo le manifestó a los Ministros de Agricultura y Ganadería, Salud y Ambiente y Energía, así como al Defensor de los Habitantes, su preocupación por la expansión de la actividad piñera en ese cantón (visible a folios 254- 256).

12.                   Durante el año 2004, la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizó una serie de inspecciones con el fin de determinar las principales fuentes que generan problemas de mosca stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Pococí y Guácimo. De este modo, en la empresa Piñas del Bosque se llevaron a cabo 31 inspecciones, en la empresa del Grupo Acón, 8 inspecciones y en SEBASTOPOL S.A., y la finca Babilonia, 7 inspecciones. Asimismo, en dicha oportunidad, se determinó la existencia de un 25.56% de área afectada por la citada mosca y un 37.93% de área controlada (visible a folios 697-701).

13.                    Mediante el oficio de la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Área de Salud de Pococí No. ARSP-PAH-124-05 de 18 de  febrero del 2005, se le informó a la Directora de esa Área Rectora de Salud que en dicho cantón, únicamente, se encuentra ubicada la finca Piña Frut dedicada a la siembra y exportación de piña, concretamente, en San Antonio de Roxana, la cual, a su vez, contaba con permiso sanitario de funcionamiento y los permisos de ubicación, construcción y funcionamiento para la actividad. Asimismo, dicho oficio señaló, de modo expreso, lo siguiente. “(…) las condiciones físicas y sanitarias de la empresa piña Frut, tales como (sic) planta empacadora es una de las más  modernas del país, además cuenta con alta tecnología de procesos, posee adecuados estándares de inocuidad, asepsia y de protección a los trabajadores. Con respecto a las demás instalaciones las mismas reúnen las condiciones físicas y sanitarias estipuladas en la legislación, en relación a equipos de aplicación de plaguicidas utilizados en la actividad los mismos son por medios automáticos, los cuales el operador de equipo “tractores de aplicaciones de plaguicidas” posee sistemas automatizados (sic) y la cabina del tractor cuenta con aire acondicionado por lo que no tiene contacto con el exterior, además no requiere de otros trabajadores para la aplicación de los agroquímicos, los productos utilizados en esta finca se encuentran debidamente registrados para ser usados en piña y con sus debidos registros del MAG. Además la Finca en mención está certificada por normas internacionales de calidad tales como EUREP GAP, ya que su producto es exportado hacia mercados exigentes en normas de calidad, seguridad y ambiente como lo es Europa y Estados Unidos. La finca Piña Frut, cuenta con programa de salud ocupacional y planes de emergencia, así como planes de desechos líquidos y sólidos (…) Los trabajadores de la empresa cuentan con sus debidos equipos de protección personal para las diferentes actividades que se llevan (sic) en la finca tales como mezcla de productos, preparación de semillas, almacenamiento de productos en bodegas, aplicación de plaguicidas, manipulación de la fruta en planta empacadora, cosecha entre otras. La finca cuenta con trincheras donde realizan el deposito de los desechos sólidos, respecto a los desechos líquidos cuentan con sistemas de reuso de aguas en el proceso. Estos sistemas a la fecha no han presentado anomalías en este Ministerio ya sea por inspección (sic) realizadas o por denuncias. Esta Área Rectora de Salud a la fecha no ha recibido denuncias por parte de vecinos u otros entes gubernamentales (…)”. (visible a folios 185-186). 

14.                   Por oficio de la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Área Rectora de Salud de Guácimo No. ARG-PAH-20-05 del 21 de febrero del 2005, se le informó al Director de esa dependencia que, a esa fecha, las empresas Piñas del Bosque, Piñera Gildell, Piñales del Caribe y Piñas Finca Cartagena contaban con permisos sanitarios de funcionamiento vigentes. Asimismo, que esas empresas habían aportado los permisos de uso de suelo, planos constructivos y los requisitos de las condiciones físicas y sanitarias para su funcionamiento. De otra parte, se indicó, expresamente, lo siguiente: “(…) Entre las instalaciones valoradas se encuentran las plantas empacadoras que abarcan las tecnologías de construcción más avanzadas de la zona, además cuenta con alta tecnología de procesos, posee adecuados estándares de inocuidad, asepsia y protección a los trabajadores. Con respecto a manejo de recursos naturales, cultivos y prácticas meramente agrícolas cabe mencionar que estos aspectos de acuerdo a la Ley 8220 están en manos del resto de las instituciones competentes (…)”. (visible a folios 187- 188).

15.                   El 25 de abril del 2005, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo formal apertura de un libro de actas, debidamente, sellado y firmado para anotar las recomendaciones y acuerdos relacionados con la finca Babilonia de la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A., así como para dar fiel seguimiento a la proliferación de la mosca denominada stomoxis calcitrans (visible a folio 1 del expediente No. 2 y a folio 39 del expediente No. 4/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).  

16.                   Mediante el oficio del Área Rectora de Salud de Pococí No. RHA-DARSP-265- 05 del 24 de noviembre del 2005, se certificó que, de conformidad con los datos de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, a esa fecha, no existía registro alguno de intoxicaciones por agroquímicos en la empresa Piña Frut S.A. (visible a folio 454).

17.                   Mediante resolución No. 1905-2005-SETENA de las 15:25 hrs. del 4 de agosto del 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en relación con la actividad piñera desarrollada por la empresa Piñas del Bosque S.A., señaló lo siguiente: “(…) El 14 de julio del 2005, se realizó visita de seguimiento al área del proyecto, en el cual se pudieron constatar las siguientes condiciones: 1. El proyecto en mención se encuentra en su etapa operativa desde el año 1999. Actualmente posee 850 Ha de piña cultivadas (…) 3.- La empresa cuenta con certificaciones ISO 14001, Eurep Good Agricultura Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (Responsabilidad Social) y PRIMOS LAP (Certificación de auditoría de Empresas). 4.- Las certificaciones dadas a la finca El Bosque, exigen la presencia de una política ambiental, una misión y visión establecidas, exigiendo para su cumplimiento de auditorías internas y externas al proyecto. En el mes de setiembre del 2004 el Departamento de Manejo Ambiental realizó una auditoría ambiental interna a la finca, donde se aduce que la finca está conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001 (…) 6.- Existen registros de cada una de las labores realizadas, tomando en cuenta diversos indicadores ambientales, entre los cuales se encuentran: derrames de agroquímicos, análisis de laboratorio, recolección y disposición de desechos sólidos, salud ocupacional, coberturas vegetales, entre otros. 7.- Se han realizado esfuerzos importantes en relación a la prevención de la erosión superficial, utilizando buenas prácticas agrícolas como lo son la labranza mínima, utilización del cultivo de mucura (Mucura sp), sirviendo de mulch de previo a la siembra de piña, mayor tamaño en la semilla acelerando el crecimiento de las plantas evitando que aumente el área expuesta de suelo, uso de vetiver y pata en los canales. Las mismas ayudan a prevenir la sedimentación de los ríos que atraviesan el proyecto (Santa Clara, Jiménez y Cristina). 8.- El área de protección de los ríos ubicados dentro del área del proyecto se ha salvaguardado, evitando la corta de especies vegetales existentes en las mismas, así como incorporando nuevos recursos vegetales (…) 9.- Como parte de la normativa EUREPGAP se realizan inventarios biológicos de flora y fauna (…) 10.- De acuerdo a la inspección no se determinó turbidez en los ríos, causado por sedimentos u otros que produjeran contaminación, ni desvío de los mismos. 11.- Como parte del manejo de la plantación se requiere la utilización de una serie de agroquímicos, entre los cuales tenemos fungicidas, herbicidas, insecticida, nematicida, reguladores de crecimiento, fertilizantes y enmiendas, coadyuvantes. Dentro del expediente no existen los resultados de los análisis de suelo u agua superficial o subterránea, determinando la no afectación de los mismos. 12.- No se determinó la presencia de moscas, zancudos y otros, debido al manejo integrado de plagas. Existe un registro evidenciando el control de la proliferación de plagas y ayudando a mejorar la calidad de la plantación (…)”. Asimismo, en dicha oportunidad, la autoridad recurrida dispuso lo siguiente: “(…) POR TANTO. LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE (…) PRIMERO: Solicitar a la empresa desarrolladora: 1.- Remitir en un plazo máximo de 10 días un Informe Regencial consolidado donde se especifiquen las medidas ambientales en cuanto a la preparación de suelos, manejo de la plantación, manejo integrado de plagas, manejo de desechos, sólidos y líquidos, resultados del monitoreo de los pozos y ríos, dentro del área del proyecto, mediante análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, copia de las certificaciones ambientales que posee el proyecto (…)”. (visible a folios 197-200).

18.                    El 23 de agosto del 2005, los representantes de la empresa Piñas del Bosque S.A., le remitieron a las autoridades de la SETENA el informe regencial requerido mediante resolución No. 1905-2005-SETENA (informe visible a folio 728).

19.                   Mediante oficio No. SG-(DAP)-587-2005, de fecha 1° de septiembre del 2005, las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional ambiental, con respecto al funcionamiento de la empresa Piñas del Bosque S.A., dispusieron lo siguiente: “(…) El Departamento de Administración de Proyectos (DAP)-SETENA, ha realizado un análisis del Informe de Regencia Ambiental (…) determinado que el mismo sí cumple con los requisitos establecidos por esta Secretaría: Por lo anterior, me permito comunicarle lo siguiente: (…) Proseguir con la labor de seguimiento y control ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente (…)”. (visible a folio 755).

20.                   Por oficio del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Pococí No. DCU-119k-2005 del 19 de octubre del 2005, se le informó al Jefe Administrativo de la empresa Piña Frut S.A. que en virtud que existía imposibilidad de brindarle a su representada el servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos, no había inconveniente alguno en que utilizaran el sitio donde esa Corporación los dispone y trata, siempre que fueran desechos tradicionales (visible a folio 492).

21.                    El 20 de octubre del 2005, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo formal apertura de un libro de actas, debidamente, sellado y firmado para anotar las recomendaciones y acuerdos relacionados con la empresa Piña Frut S.A., así como para dar fiel seguimiento a la proliferación de la mosca denominada stomoxis calcitrans (visible a folios 514).

22.                   En la visita realizada por funcionarios del Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería a la empresa Piña Frut S.A. el día 21 de octubre del 2005, se determinó lo siguiente: “(…) En dicho recorrido al hacer la inspección encontramos larvas en la perimetral del lote 11, en el lote 8 se debe triturar en el transcurso de lo queda esta semana, además se están preparando en el mismo lote, cerrando gabetas (sic) por empezar la trituración, se están poniendo trampas ya que se encuentra gran cantidad de mosca adulta. Recomendaciones: Lote 11: requemar lo que les falta, arar, rastrear y aplicar insecticida, además de reemplazar las trampas muy cargadas. Lote 8: requemar, triturar y rastrear si es necesario aplicar insecticidas y cambiar trampas. En los lotes que tienen 3 semanas de haberse aplicado herbicidas para disecar las plantas se debe trampear, si esas trampas atrapan mosca adulta se debe aplicar un insecticida para prevenir el aumento de moscas (…)”. (visible a folio 515).

23.                   En la inspección realizada a la empresa Piña Frut S.A. por funcionarios del Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería el 27 de octubre del 2005, se corroboró que se estaban cumpliendo las recomendaciones dadas con ocasión de la visita realizada el día 21 de ese mismo mes (visible a folio 516).

24.                   Mediante informe de fecha 24 de noviembre del 2005, las autoridades del  Área Rectora de Salud de Pococí, con respecto al funcionamiento de la empresa Piña Frut S.A., señalaron lo siguiente: “(…) 1.- PROBLEMAS DE LA SALUD E INTOXICACIONES DE TRABAJADORES (AS) Y POBLACIÓN VECINA DE LAS PIÑERAS POR USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS EN LAS PLANTACIONES. (…) en el sistema de vigilancia epidemiológica del Área Rectora de Salud de Pococí (…) a la fecha no se han reportado caso (sic) de intoxicaciones por plaguicidas en la finca de piña denominada Piña Frut (…) no ha recibido denuncias de vecinos, trabajadoras (es) por problemas que les ocasione la actividad piñera. Por lo anterior se puede decir que no se tiene reporte de intoxicaciones y daños a la salud de los trabajadores y vecinos de las piñeras. Además este Ministerio vigila constantemente la realización de los exámenes médicos y de colinesterasa que se realizan a los trabajadores (as) que manipulan plaguicidas en especial los organofosforados y carbamatos. En las visitas que se realizan a las fincas piñeras, igualmente se supervisa los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores y trabajadoras de todos los procesos. Cabe indicar que las fincas piñeras cuentan con certificaciones EUREPGAP y Planes de salud Ocupacional, Atención de Emergencias y Manejo de desechos, mismos que son solicitados de acuerdo al procedimiento: Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencia, publicado en la gaceta 234 del 4 de diciembre del 2003 (…) en la empresa en mención, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se realizan con equipos automatizados (spray boom) en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor, minimizando la presencia de personas a la exposición de dichas sustancias y las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo. Además, por ser equipos que pueden colocarse a escasos centímetros del follaje de la planta de piña, la deriva producida es casi cero, lo que no afecta el traslado de sustancias químicas hacia otros sitios por acción del viento (…) 2. CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA (…) no hay reportes ni denuncias por este aspecto e igualmente no se tiene reportes epidemiológicos que confirmen que las personas vecinas a la piñera “Piña Frut” que utilizan aguas de los ríos y quebradas se contaminaron y/o intoxicaron por utilizar aguas de los ríos de la zona (Río Santa Clara). Además este Ministerio regula y controla que la empresa en mención cumpla con lo que establece la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir de las instalaciones y el cultivo a las orillas de ríos y quebradas, la empresa está  reforestando de (sic) todas las áreas no productivas. La empresa en mención realiza actividad de recolección de aguas residuales del sistema de tratamiento de agroquímicos, mismas que son aplicadas en las áreas de preparación del terreno para siembra. (…) 3.- DAÑOS A LA GANADERÍA POR PROLIFERACIÓN DE MOSCA STOMOXYS CALCITRANS. (…) este vector afecta la ganadería local, los controles los realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ente encargado de la salud animal en el país. Sin embargo, este Ministerio da fe que el MAG y la empresa Piña Frut realizan esfuerzos y mantienen controles físicos y químicos para minimizar la aparición de la mosca Calcitrans. (…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) la empresa, a través del Ministerio de Salud ha establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas se ha constatado que los mismos están siendo implementados y que son de mejora continua. Cabe indicar que la empresa Piña Frut, no realiza presentación de reportes operaciones ya que la misma no tiene vertido a fuentes de agua. Además la finca utilizan (sic) sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…) 5.- OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO SIN CUMPLIR TRAMITES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL). (…) el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se publicó en la Gaceta 125 del 28 de junio del 2004, sin embargo anterior a esa fecha existen fincas que realizaron un cambio de actividad, ya que pasaron de ser bananeras a ser piñeras manteniendo las instalaciones en los sitios que estaban aprobadas para las bananeras, y la empresa Piña Frut es una de ellas ya que esta (sic) inicio (sic) actividad en el año 2001 e inició trámites de ubicación antes este Ministerio en el año 2002, por tanto fue establecida y puesta en operación antes de la publicación de dicho reglamento, por lo que la Ley no es retroactiva y tal y como lo establece dicho marco legal, solo aplica a proyectos nuevos que se van a instalar no a los ya instalados y operando como el caso en mención. Por lo tanto queda claro que ha (sic) finca se le otorgó el Permiso Sanitario de Funcionamiento en total apego a la Legislación Vigente al momento que las empresas lo solicitaron, quedando claro que debieron cumplir con la legislación conexa a la Ley General de Salud como fue trámites de ubicación, construcción de sus instalaciones, bodegas de plaguicidas, duchas vestidores y lavanderías, sistemas de tratamiento para aguas residuales, etc., de forma sanitaria que no representen peligro y/o riesgo a la salud de los trabajadores y trabajadoras ni al público que visita dichas instalaciones (…) 6.- FALTA DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS AGUAS DE LOS POZOS DE LAS FINCAS PIÑERAS (…) no es cierto ya que se tiene los reportes de la calidad de las aguas para consumo humano y proceso (sic) realizados por laboratorios de prestigio nacional, lo cual indica que se tiene control y se monitorean dichas aguas. Además se realizan inspecciones en las que se valora la ubicación y la operación de los pozos y tanques para agua (…)”. (visible a folios 577-584).

25.                    Mediante informe de fecha 24 de noviembre del 2005, las autoridades de la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Área Rectora de Guácimo, en lo tocante al funcionamiento de las empresas Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A., le señalaron al Director de esa misma Área, lo siguiente: “(…) 1.- AFECTACIÓN DE LA SALUD E INTOXICACIONES DE TRABAJADORES (AS) Y POBLACIÓN VECINA DE LAS PIÑERAS POR USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS EN LAS PLANTACIONES. No se omite manifestar que en el sistema de vigilancia epidemiológica del Área Rectora de Salud de Guácimo (…) al día de hoy solo se han presentado 2 casos de intoxicación leve en trabajadores de fincas piñeras reportados por los servicios de urgencia de la Clínica de Guácimo (…) Por lo anterior se puede decir que no se tiene reporte de intoxicaciones y daños a la salud de los trabajadores y vecinos de las piñeras. Además este Ministerio vigila constantemente la realización de los exámenes médicos y de colinesterasa que se realizan a los trabajadores (as) que manipulan plaguicidas en especial los organofosforados y carbamatos. En las visitas que se realizan a las fincas piñeras, igualmente se supervisa los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores y trabajadoras de todos los procesos. Cabe indicar que las fincas piñeras cuentan con certificaciones EUREPGAP y Planes de salud Ocupacional, Atención de Emergencias y Manejo de desechos, mismos que son solicitados de acuerdo al procedimiento: Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencia, publicado en la gaceta 234 del 4 de diciembre del 2003 (…) en las piñeras, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se realizan con equipos automatizados (spray boom) en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor y en algunos casos un operador para los “brazos” del equipo, minimizando la presencia de personas a la exposición de dichas sustancias y las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo. Además, por ser equipos que pueden colocarse a escasos centímetros del follaje de la planta de piña, la deriva producida es casi cero, lo que no afecta el traslado de sustancias químicas hacia otros sitios por acción del viento (…) 2. CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA (…) no tiene reportes ni denuncias por este concepto e igualmente no se tiene reportes epidemiológicos que confirmen que las personas vecinas a las piñeras que utilizan aguas de los ríos y quebradas se contaminaron y/o intoxicaron por utilizar aguas de los ríos de la zona. No obstante se obliga a las empresas piñeras a cumplir con lo que establece la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir de las instalaciones y el cultivo a las orillas de ríos y quebradas, además están en procesos de reforestación de todas las áreas no productivas. (…) 3.- DAÑOS A LA GANADERÍA POR PROLIFERACIÓN DE MOSCA STOMOXYS CALCITRANS. (…) En cuanto a daños en la ganadería se refiere el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el el (sic) País es el encargado de la salud animal. No obstante se han realizado giras conjuntamente a valorar sitios de deposito de desechos de piña y de otros cultivos, así como los sitios donde se produce “bokache” (abono orgánico) con el fin de disminuir la proliferación de la mosca paletera que por épocas afecta el ganado. Sin embargo el programa de control de la mosca calcitrans lo tiene el Miniterio de Agricultura y Ganadería 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) las piñeras, a través del Ministerio de Salud han establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas a las fincas se ha constatado que se les brinda un adecuado manejo de los mismos tales como uso en bokacheras (abono orgánico), y para alimento de animales como el ganado, también son utilizados por otras empresas para elaboración de alimentos. En cuanto a desechos líquidos se aplica el Reglamento de Aguas de Vertido para el Reporte operacional que deben entregar al Ministerio de Salud y el que se valora si su sistema de vertidos de aguas a otras fuentes están dentro de los parámetros legales. Algunas fincas utilizan sistemas cerrados o sea sin salida  al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…) 5.- OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO SIN CUMPLIR TRAMITES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL). (…)  el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se publicó en la Gaceta 125 del 28 de junio del 2004, sin embargo existen fincas como Piñas del Bosque que hicieron cambio de actividad, pasaron de ser bananeras a ser piñeras manteniendo las instalaciones en los sitios que estaban aprobadas para las bananeras, Piñales del Caribe (Grupo Acón), Piñas Gildell y otras que fueron establecidas y puestas en operación antes de la publicación de dicho reglamento por lo que la Ley no es retroactiva y tal y como lo establece dicho marco legal, solo aplica a proyectos nuevos que se van a instalar no a los ya instalados y operando como el caso en mención. Por lo tanto queda claro que ha (sic) dichas  fincas se les dio el Permiso Sanitario de Funcionamiento en total apego a la Legislación Vigente al momento que las empresas lo solicitaron, quedando claro que debieron cumplir con la legislación conexa a la Ley General de Salud como fue trámites de ubicación, construcción de sus instalaciones, bodegas de plaguicidas, duchas vestidores y lavanderías, sistemas de tratamiento para aguas residuales, etc., de forma sanitaria que no representen peligro y/o riesgo a la salud de los trabajadores y trabajadoras ni al público que visita dichas instalaciones (…)”. (visible a folios 627-631).

26.                    Mediante oficio No. ARG-DA-0200-2005 de fecha 25 de noviembre del 2005, el Director del Área Rectora de Salud de Guácimo, en lo tocante a la actividad piñera desarrollada en dicho cantón, le indicó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud lo siguiente: “(…) el desarrollo de esta actividad se ha venido realizando cumpliendo con los requisitos exigidos tanto en la Ley General de Salud como en otras leyes. En forma periódicas (sic) los funcionarios de protección al Ambiente Humano realizan visitas de inspección y control de esta actividad. En lo referente al otorgamiento de Permisos Sanitario (sic) de Funcionamiento debo indicar que las empresas ubicadas en el cantón de Guácimo cuentan con dicho permiso. De previo a otorgar el mismo esta Dirección de Área ha verificado el cumplimiento de los requisitos como son la presentación ante SETENA de la solicitud de la viabilidad del Proyecto, además de la autorización otorgada por el INVU a través del Arquitecto Francisco Mora Protti, Director a.i. de Urbanismo, el cual autoriza mediante el Oficio PU-C-AT-2488-2005, el uso conforme solicitado para la instalación de un galerón para el proceso y empaque de piña en la propiedad con catastro N° L- 163842-94, ubicada en el distrito de Guácimo, cantón de Guácimo, lo anterior con relación a la empresa Agroindustrial Ticoverde S.A., ubicada en la perla de Guácimo. La empresa (…) Agroindustrial Piña (sic) del Bosque S.A. (…) Técnicas Agrícolas Sebastopol S.A. cuentan con Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, por cuanto han cumplido con los requisitos que establece la Ley General de Salud y otras Leyes conexas (…) se evidencia el uso de equipos de seguridad para los trabajadores piñeros, equipos de aplicación de agroquímicos automatizados, minorizando la exposición del personal a la presencia de las sustancias químicas, áreas de reforestación y protección de fuentes de agua, sistemas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos, y las condiciones físicosanitarias de las instalaciones con que cuentan las piñeras, así como la protección de pozos y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. De la misma manera ante el conocimiento de dos casos de intoxicación reportados en el sistema de Vigilancia Epidemiológica, esta Área de Salud procedió con la celeridad requerida a realizar la investigación de los mismos. Se ha mantenido mediante el reporte operacional de aguas residuales el control de las descargas a los afluentes, cumpliendo con los parámetros establecidos en el reglamento sobre Vertido, Uso y Rehúso de Aguas Residuales. No es cierto que se haya conocido y permitido que se genere contaminación de aguas para consumo humano. Por lo anterior, revisados los expedientes de registros de denuncias llevadas en esta Área no consta la interposición de denuncia en este sentido (…)”. (visible a folios 626-627).

27.                   Durante el año 2005, la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizó una serie de inspecciones con el fin de determinar las principales fuentes que generan problemas de mosca stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Pococí y Guácimo. De este modo, en la empresa del Grupo Acón se llevaron a cabo 44 inspecciones, en la empresa Piñas del Bosque S.A., 41 inspecciones, en la finca Babilonia 17 inspecciones y en  SEBASTOPOL S.A., 13 inspecciones. Asimismo, en dicha oportunidad, se determinó la existencia de un 40% de área afectada por la citada mosca y un 33.49% de área controlada (visible a folios 703-707).

28.                    El 16 de julio del 2007, los representantes de la empresa Frutas de Exportación Frutex S.A. (finca Babilonia), presentaron ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el formulario denominado Evaluación Ambiental D1, el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y todos aquellos documentos técnicos complementarios, en aras de lograr el otorgamiento de la viabilidad ambiental del Proyecto denominado “Cambio de actividad ganadera a agrícola de piña bajo el Sistema Agroconservacionista” (visible a folios 1363-1372).

29.                   La empresa Piña Frut S.A. cuenta con las siguientes certificaciones internacionales: TESCO, EUREP-GAP e ISO 14001. Asimismo, cuenta con un Plan de Manejo de Desechos Líquidos, un Plan de Desechos Sólidos, un Instructivo para el Manejo de Rastrojo en el Cultivo de la Piña, un Procedimiento para la Gestión del Uso de los Suelos en Piña y un Procedimiento para la Fertilización y el control Fitosanitario en el Cultivo de la Piña (visible a folios 471-490, 494-512 y 522-539).

30.                   La empresa SEBASTOPOL S.A. cuenta con los certificados EUREP-GAP y el Fitosanitario de Operación extendido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (visible a folios 1105-1106).

31.                   La empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A. (finca Babilonia), cuenta con el certificado denominado EUREP-GAP, con un Plan de Gestión Ambiental para el Cultivo de Piña, con Planes para Reducir la Erosión del Suelo, un Programa para Reducir el Impacto Ambiental, un Procedimiento de Cumplimiento de Período de Reingreso a Áreas Tratadas con Productos Fitosanitarios, un Programa de Aplicación de Insecticidas y Nematicidas al Suelo, un Programa de Manejo Integrado de Plagas, un Plan de Programación, Ejecución y Estudio de los Análisis de Residuos Fitosanitarios en Piña Fresca, un Plan de Manejo de Agroquímicos, de Tratamiento de Semillas, de Preparación de la Mezcla de Compuestos Químicos, de Aplicación de Herbicidas, de Aplicación para el Control de Plagas y Suelos, de Aplicación para el Control de Enfermedades (Fumigación), de Aplicación de Fertilizantes, de Preparación de las Mezclas para las Aplicaciones Post Cosecha, de Manejo de los Desechos Provenientes de las Aplicaciones Post Cosecha del Empacado de Piña, de Aplicación de Refuerzo por Aspersión de Fungicida en Pedúnculo y Corte de Corona, de Aplicación por Aspersión de Insecticida sobre la Corona y de Preparación de Suelos. Asimismo, dicha empresa cuenta con un Procedimiento para la Contratación de Personal, para la Entrega de Equipo de Protección Personal, de Triple Lavado, Almacenamiento y Devolución de los Envases Vacíos de Plaguicidas y Productos Químicos Usados en Finca y Planta Empacadora, de Selección de Equipo de Protección Personal, de Recibo y Almacenamiento de Materiales, de Transporte de Materiales Peligros y Suministros, de Manejo Integrado de Desechos, de Conservación Ambiental y Áreas de Amortiguamiento, de Preparación de Suelos, de Medidas para Minimizar Riesgos de Contaminación durante las Aplicaciones de Agroquímicos, para realizar Exámenes Médicos a los Trabajadores y para Tomar Muestras de Sangre y Análisis de Enzimas Colinesterasas  (visible a folios 1-55 del expediente No. 1, folios 49, 52-59, 85-88 del expediente No. 2, folio 111 del expediente No. 3, folios 37-38, 85-118, 145-157 del expediente No. 4 y a folios 3-6, 21-33, 65, 68- 86, 95-99 del expediente No. 5 /prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.)

32.                   La empresa Piñas del Bosque S.A. cuenta con el certificado EUREP-GAP, ISO 14001, ISO 9001, SA 8000 y PRIMOS LAP. Asimismo, posee un Programa de Gestión Ambiental, un Plan de Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo de Piña, un Procedimiento para Regular los Períodos de Reingreso y los Intervalos de Cosecha, un Plan de Preparación de Suelos, Procedimientos para la Preparación de Mezclas de Productos Agroquímicos, para la Aplicación Manual de Agroquímicos, para la Selección y Tratamiento de Semillas, para la Aplicación de Agroquímicos con Spray Boom, para la Aplicación de Nematicidas con Rastra, para la Aplicación de Agroquímicos con Bomba de Espalda, para la Aplicación de Agroquímicos con Stroller, para la Preparación de Mezcla de Fungicida y Cera, un Procedimiento para el Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos y, finalmente, un Procedimiento de Gestión del Agua (visible a folios 197-200, 762-790, 797-885 y expediente No. 104-1999- SETENA).

33.                   La empresa Piñas del Bosque S.A. cuenta con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (informe visible a folios 727-728 y expediente No. 104-1999-SETENA).

34.                   Las empresas Piñas del Bosque S. A. y SEBASTOPOL S.A. cuentan con la respectiva licencia para operar otorgada por la Municipalidad de Guácimo (informe visible a folios 544-545).

35.                    La finca Babilonia de la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A., cuenta con la respectiva licencia y permisos de uso de suelo otorgados por la Municipalidad de Siquirres (informe visible a folios 723-724, 1140, folios 51 y 61 del expediente No. 2, folio 49 del expediente No. 4/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).  

36.                   La Municipalidad de Pococí no ha otorgado permiso o autorización alguna para la explotación de piña en ese cantón, en virtud que esa actividad, a la fecha de interpuesto el presente amparo, no se encontraba regulada en la Ley de Patentes de ese cantón  (informe visible a folio 547).

37.                   El Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería inspeccionó el funcionamiento y giró las recomendaciones respectivas a la empresa Piñas del Bosque S.A. en las siguientes fechas: 30 de octubre del 2002, 12 de marzo del 2003, 20 y 29 de mayo del 2003, 5 y 17 de junio del 2003, 5 de agosto del 2003, 7 y 11 de octubre del 2003, 13 y 18 de noviembre del 2003, 3 y 25 de febrero del 2004, 5, 10, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de marzo del 2004, 20 de abril del 2004, 10, 19 y 24 de mayo del 2004, 20 y 29 de julio del 2004, 28 de septiembre del 2004, 5 de noviembre del 2004, 28 de marzo del 2005, 4, 7, 14 y 28 de abril del 2005, 23, 26, 27, 30 y 31 de mayo del 2005, 1°, 8, 9, 10, 13, 17, 25, 27 de junio del 2005, 8 y 11 de julio del 2005, 11 y 29 de agosto del 2005, 7, 20 y 29 de septiembre del 2005 y 4 de noviembre del 2005 (visible a folios 951-1024).

38.                    El Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería inspeccionó el funcionamiento y giró las recomendaciones respectivas a la finca Babilonia de la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A., en las siguientes fechas: 29 de abril del 2005,  31 de mayo del 2005, 10 de enero del 2006, 17 y 24 de marzo del 2006, 25 de abril del 2006, 13 de julio del 2006, 20 y 25 de julio del 2006, 13 de noviembre del 2006, 7 de febrero del 2007, 15 de marzo del 2007, 13, 17 y 24 de abril del 2007, 8 de mayo del 2007, 8 de junio del 2007, 20 de julio del 2007 (visible a folio 2-18 del expediente No. 2/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).  

39.                    En el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía no existe denuncia alguna contra las empresas recurridas por prácticas que pongan en riesgo el recurso hídrico de la zona en que se ubican (informe visible a folio 669).

IV.- HECHOS NO PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por indemostrados los siguientes:

1.     Que las sustancias químicas utilizadas en el cultivo de la piña en la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. no produzcan daños a la salud de los trabajadores y vecinos del cantón de Siquirres, así como contaminación a las fuentes de agua de esa zona (los autos).

2.     Que las sustancias químicas (plaguicidas) utilizadas en el cultivo de la piña por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., y SEBASTOPOL S.A. afecten gravemente la salud de los trabajadores y vecinos de las comunidades de Pococí y Guácimo (los autos).

3.     Que la actividad piñera desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A. contamine los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de las fuentes de agua que abastecen los cantes de Pococí y Guácimo de la provincia de Limón (los autos).

4.     Que las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería hayan controlado y erradicado la plaga de la mosca stomosyx calcitrans que se reproduce en los desechos del cultivo de la piña en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres (informe visible a folios 673-678 y a folios 703-707).

5.     Que las autoridades del Ministerio de Salud hayan fiscalizado el funcionamiento de la finca piñera Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. ubicada en el cantón de Siquirres de Limón (los autos).

6.     Que las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental hayan supervisado el funcionamiento de las empresas Piña Frut. S.A., SEBASTOPOL S.A. y de la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A. y, en ese sentido, hayan determinado si éstas requerían o no para operar la realización de un estudio de impacto ambiental (informes visibles a folios 668-669 y 726-728). 

7.     Que en la parte sur del cantón de Guácimo y, en concreto, en la denominada Hacienda Las Delicias, se hubiera pretendido expandir la producción de piña y que, a causa de tal actividad, se hubiera, a su vez, afectado el recurso hídrico de dicha zona (informes visibles a folios 668-670, 1307-1310, 1312-1316). 

V.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 3705-93 de las 15:00 hrs. del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:

“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".

Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:

"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".

En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante la Sentencia No. 180-98 de las 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998, dispuso lo siguiente:

"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".

De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos.

VI.- ACERCA DEL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS POR LAS EMPRESAS RECURRIDAS Y LA AFECTACIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LAS FUENTES DE AGUA DE LOS CANTONES DE POCOCÍ, GUÁCIMO Y SIQUIRRES. En primer término, los recurrentes acusan que las sustancias químicas (plaguicidas) que utilizan las empresas recurridas para el monocultivo de piña, producen graves afectaciones a la salud de los trabajadores y de las personas que viven cerca de tales plantaciones. De igual forma, aducen que dichas sustancias contaminan los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de las fuentes de agua ubicadas en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres. No obstante lo anterior y, en lo que respecta al funcionamiento de las empresas Piña Frut S.A., ubicada en Pococí y Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A., situadas ambas en Guácimo de Limón, este Tribunal Constitucional no estima que lleven razón los recurrentes. Esto, en primera instancia, dado que, los interesados no aportaron a los autos prueba técnica-científica que acreditara tales alegaciones. Asimismo y, de conformidad con los informes rendidos por los órganos administrativos técnicos de la salud y del ambiente, no se tuvo por demostrado que las sustancias químicas (plaguicidas) utilizadas por las empresas mencionadas en la actividad piñera, a la fecha de interpuesto el presente amparo, hayan producido los problemas referidos. Por en el contrario y, según sostiene la Ministra de Salud, las tres empresas arriba indicadas cuentan con el permiso sanitario de funcionamiento, el cual fue otorgado en virtud de haberse cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas al efecto. Asimismo, dicha autoridad aseveró que, a la fecha de rendido el informe requerido por esta Sala, no existía denuncia alguna que se hubiera presentado de parte de los vecinos de los cantones de Guácimo y Pococí por afectaciones a la salud con ocasión del uso de plaguicidas en dichas piñeras. En ese mismo sentido, nótese que, las autoridades del Área Rectora de Salud de Pococí y Guácimo, de conformidad oficios de fecha 24 de noviembre del 2005, manifestaron, puntualmente, que se realizan, constantemente, exámenes médicos y de colinesterasa a los trabajadores de las citadas empresas, a quienes les corresponde manipular plaguicidas; que en las visitas que se realizan a las piñeras bajo estudio se supervisan los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores de todos los procesos y que en las citadas empresas, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se llevan a cabo con equipos automatizados (spray boom), en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor, minimizando la intervención de personas a la exposición de dichas sustancias, siendo que las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo. Adicionalmente y, según consta en los oficios Nos. ARSP-PAH-124-05 y ARG- PAH-20-05 de los días 18 y 21 de febrero del 2005, respectivamente, las plantas empacadoras de tales empresas se caracterizan por ser modernas, pues cuentan con alta tecnología de procesos y poseen adecuados estándares de inocuidad, asepsia y protección a los trabajadores. De igual forma y, de acuerdo con lo informado por las autoridades de salud, así como la prueba allegada a los autos, se tiene por demostrado que las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBATOPOL S.A. cuentan, entre otras, con las certificaciones internacionales Eurep Good Agricultura Practices (EUREP-GAP), e ISO 14001, así como con planes de manejo de desechos líquidos y sólidos, planes de salud ocupacional y de atención de emergencias. A mayor abundamiento y, nuevamente, contrario a lo aducido por los interesados, este Tribunal no tuvo por acreditada la presunta contaminación producida por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBATOPOL S.A. a los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas y, en general, a las fuentes de agua ubicadas en los cantones de Pococí y Guácimo a causa de los plaguicidas utilizados en las plantaciones piñeras. Asimismo, cabe resaltar que, de conformidad con lo señalado por los Directores de las Áreas Rectoras de Guácimo y Pococí, a la fecha de rendidos los informes a la Sala, no existían reportes o denuncias algunas sobre ese hecho en particular. Además, dichos Directores aseveraron que en las respectivas Áreas Rectoras se encargaban de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir entre los cultivos de piña y las orillas de los ríos y quebradas. Asimismo y, según lo externado por el Ministro del Ambiente y Energía, a la fecha de interpuesto el presente asunto, no se registraban reportes, en concreto, por prácticas que pusieran en riego el recurso hídrico de las citadas zonas. No obstante lo anterior y, en lo tocante a la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., no se tuvo por acreditado que en ésta el uso de plaguicidas no afectaran, efectivamente, la salud de los trabajadores y vecinos, así como las fuentes de agua ubicadas en el cantón de Siquirres, motivo por el cual, en cuanto a este último extremo se refiere, este Tribunal estima que se debe de declarar con lugar el recurso planteado por la vulneración a los numerales 21 y 50 constitucionales. 

VII.- SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE LA MOSCA STOMOXYS CALCITRANS. De otra parte, los interesados alegan que aun cuando existe el informe No. 00701-2004-DHR de fecha 26 de enero del 2004 elaborado por la Defensoría de los Habitantes, mediante el cual se le recomendó a las autoridades recurridas, concretamente, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, solucionar el problema que representa la proliferación -a partir de los desechos de la piña-, de la mosca stomoxys calcitrans, la cual, a su vez, afecta al ganado de la zona, tal autoridad ha omitido ejecutar las medidas pertinentes a fin de cumplir dicho propósito, siendo que, a la fecha, la mencionada situación se ha agravado. Sobre el particular, cabe indicar, en primer término que, efectivamente y, tal y como lo aducen los recurrentes, del citado informe elaborado por la Defensoría de los Habitantes, así como del informe rendido por las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se desprende con absoluta claridad que en los desechos de la piña se reproduce la mosca denominada stomoxys calcitrans o mosca picadora o de establo, la cual, de igual forma, perjudica a la ganadería y salud de las personas. Así, de modo expreso, el informe No. 00701-2004-DHR señaló lo siguiente: “(…) 1- (…) el rastrojo o desechos resultantes de la cosecha de piña dejados en el campo de cultivo constituyen las fuentes de reproducción de la mosca cuyo nombre científico es Stomoxys Calcitrans, insecto que ocasiona problemas en la salud a la población humana y animal pecuaria. 2- Que los brotes se han registrado periódicamente en numerosos centros de población de las regiones Norte, Pacífico Sur y Atlántica del país sin que la plaga se hubiera podido erradicar (...)". Asimismo, el mencionado documento apuntó que: “(…) El problema generado por la denominada mosca estabulada, picadora o de establo ha sido consistentemente denunciado ante esta Defensoría desde el año de 1996, lo cual demuestra que las acciones o gestiones de las instancias competentes han sido insuficientes para erradicar la plaga y solucionar el problema que afecta la producción pecuaria y la salud humana. De acuerdo con la información consignada en los expedientes números 1091-23-96, 2768-23-27 y de la documentación aportada a la presente investigación, ha quedado plenamente demostrado la relación de causalidad entre el inapropiado manejo del rastrojo de piña y la proliferación del insecto en las zonas de cultivo de dicho producto tales como San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aries, Guácimo y Pococí (…)”. (El destacado no forma parte del original). En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes, en dicha oportunidad, le giró una serie de recomendaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, consistentes en llevar a cabo, específicamente, lo siguiente: “(…) 1.- Declarar el estado de combate de la plaga de las mosca Stomoxis Calcitrans en las zonas críticas que ya han sido identificadas o que se justifique según los nuevos brotes y llevar a cabo las gestiones de emergencia que estipula la Ley de Protección Fitosanitaria, lo cual incluye la recolección y el tratamiento apropiado fuera de los campos de cultivo. 2.- Sustituir las recomendaciones de quemas y aplicación de agrotóxicos en los campos de cultivo por las técnicas de control biológico u otra alternativa ambientalmente más conveniente. En caso de que estas no resulten suficientes deberá considerar la necesidad de obligar a los productores a la instalación de centros de acopio, almacenamiento y tratamiento especializado para evitar que los rastrojos se mantengan y quemen los campos (…)”. A mayor abundamiento, se tiene por demostrado que, en atención a tales recomendaciones y, en pleno cumplimiento de sus funciones, las autoridades del Ministerio supra citado realizaron inspecciones en varias de las empresas ubicadas en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres, entre éstas, las productoras y empacadoras de piña recurridas en el presente asunto. De este modo, se tiene acreditado que durante el año 2004, la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado del citado Ministerio realizó una serie de inspecciones con el fin de determinar las principales causas que generan el problema de la mosca stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Pococí y Guácimo. De este modo y, durante ese año, en la empresa Piñas del Bosque se llevaron a cabo 31 inspecciones, en la empresa del Grupo Acón, 8, y en SEBASTOPOL S.A. y en la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A., 7 inspecciones. Asimismo, en el año 2005, dicha Gerencia realizó nuevas inspecciones, a saber, las siguientes: 44 en la empresa del grupo Acón, 41 en Piñas del Bosque S.A., 17 en la finca Babilonia y, finalmente, 13 en SEBASTOPOL S.A. Además, de manera concreta, se demostró que en la empresa Piña Frut del Grupo Acón, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el mes de octubre del año 2005, realizó inspecciones y emitió las recomendaciones pertinentes a fin de erradicar el problema generado por la mosca picadora o de establo. Dicha práctica, se repitió, a su vez, en la empresa Piñas del Bosque S.A., y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005. No obstante lo anterior, esta Sala, de conformidad con el informe rendido por el Ministro y el Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Sanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el resto de las pruebas aportadas a los autos, no tuvo por demostrado que, a la fecha de interpuesto el presente proceso de amparo, el problema generado por los desechos del cultivo de la piña y, la consecuente proliferación de la mosca stomoxys calcitrans, se encontrara controlado. De manera tal que, por el contrario, se hace manifiesto, a todas luces, que la plaga de dichos insectos y los daños que éstos provocan, no sólo al ganado, sino, también, a los vecinos de las comunidades de Guácimo, Pococí y Siquirres, persisten, toda vez que, no se han logrado erradicar totalmente. En ese sentido, obsérvese que, en términos de los representantes del Ministerio señalado “(…) se ha invertido una gran cantidad de recursos económicos y humanos tanto en la vigilancia permanente de la plaga como en las medidas de control, las cuales en la mayoría de los casos han surtido el efecto deseado; salvo en las épocas donde ha sido físicamente imposible la aplicación de las medidas recomendadas (…) Desde 1987 hasta el presente, las poblaciones de la mosca NO se habían incrementado significativamente (…) Sin embargo, el área actual de 26,500 hectáreas de piña, sobrepasa en mucho la del año 2003 donde eran aproximadamente unas 8,000 hectáreas. Además (…) durante el presente año las precipitaciones han sobrepasado todos los pronósticos (…) Bajo condiciones de excesiva humedad, por mucho que se quiera, es imposible el tratamiento e incorporación oportuna de los desechos orgánicos, que es la medida mas (sic) importante para el control de esta plaga (…) lo cual ha incidido en la proliferación de la plaga (…)”. Asimismo, de los gráficos aportados a los autos por tales autoridades a fin de acreditar las inspecciones realizadas en el año 2005 a las empresas recurridas con el propósito de controlar la plaga de la mosca stomosyx calcitrans, se desprende con claridad que de un total del 40% del área afectada por dicho insecto en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres, únicamente, un 33% de ésta se encontraba controlada. De ahí que, se denote que, pese a las labores de inspección y fiscalización, así como de emisión de recomendaciones por el Ministerio mencionado, el problema de la plaga de moscas que afecta al ganado, propietarios de éste último y, en general, a los vecinos de las comunidades aledañas a las empresas recurridas, no ha sido, efectivamente, controlado. En otros términos, se tiene por acreditado que las labores de inspección y fiscalización señaladas, tanto por los representantes del Ministerio mencionado, como por los representantes de las empresas Piñas del Bosque S.A., Piña Frut S.A. y FRUTEX S.A., no han sido suficientes para erradicar o controlar a niveles razonables la plaga en cuestión y, por ende, dicho problema continúa generándose en las zonas de Pococí, Guácimo y Siquirres. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional estima que, en la especie, se ha quebrantado flagrantemente el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

VIII.- ACERCA DE LA OMISIÓN DE FISCALIZAR LA ACTIVIDAD PIÑERA DE PARTE DE LAS AUTORIDADES RECURRIDAS. Sobre este extremo, los amparados aducen que las autoridades recurridas han omitido fiscalizar, como en derecho corresponde, el funcionamiento adecuado de las empresas bajo estudio. Así, en primer término y, en lo que respecta al papel desempeñado por las Municipalidades, este Tribunal no estima que lleven razón los amparados. Lo anterior, toda vez que, las autoridades de las Corporaciones de Guácimo y Siquirres, para la fecha de interpuesto el presente amparo, habían otorgado a las empresas SEBASTOPOL S.A., Piñas del Bosque S.A. y a la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., el respectivo permiso o licencia para operar en el correspondiente cantón, lo cual, según informan los recurridos, se llevó a cabo previa verificación del cumplimiento de aquellos requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico al efecto. En el caso particular de la Municipalidad de Pococí y, según lo informa bajo juramento el respectivo Alcalde, a la fecha de presentado el asunto bajo estudio, no existía normativa alguna en dicho cantón a fin de regular el funcionamiento de la empresa Piña Frut S.A.. Sin embargo, ésta última autoridad afirmó conocer la actividad desplegada en dicha piñera, pues, incluso, consta en autos una autorización brindada a efectos de utilizar el basurero municipal para depositar los desechos de la piña. Ahora bien, en lo que se refiere al Ministerio de Salud, cabe apuntar que, tal y como se consignó en el considerando VI de la presente Sentencia, no se observa que las autoridades de las Áreas Rectoras de Salud de Guácimo y Pococí hayan omitido fiscalizar, oportunamente, la actividad agrícola desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A. De este modo, resulta oportuno agregar, en lo que corresponde a las labores de inspección y vigilancia que se dieron sobre el funcionamiento en concreto de la empresa Piña Frut S.A., que el Área Rectora de Salud de Pococí, mediante el oficio de fecha 24 de noviembre del 2005, señaló, de modo expreso, lo siguiente: “(…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) la empresa, a través del Ministerio de Salud ha establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas se ha constatado que los mismos están siendo implementados y que son de mejora continua. Cabe indicar que la empresa Piña Frut, no realiza presentación de reportes operaciones (sic) ya que la misma no tiene vertido a fuentes de agua. Además la finca utilizan (sic) sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…) 6.- FALTA DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS AGUAS DE LOS POZOS DE LAS FINCAS PIÑERAS (…) no es cierto ya que se tiene los reportes de la calidad de las aguas para consumo humano y procesos realizados por laboratorios de prestigio nacional, lo cual indica que se tiene control y se monitorean dichas aguas. Además se realizan inspecciones en las que se valora la ubicación y la operación de los pozos y tanques para agua (…)”. Bajo ese mismo orden de consideraciones y, con respecto a las empresas Piñas del Bosque S.A. y SEBSTOPOL S.A., el Área Rectora de Salud de Guácimo, mediante oficio, también, del día 24 de noviembre del 2005, indicó lo siguiente: “(…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) las piñeras, a través del Ministerio de Salud han establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas a las fincas se ha constatado que se les brinda un adecuado manejo (…) tales como uso en bokacheras (abono orgánico), y para alimento de animales como el ganado, también son utilizados por otras empresas para elaboración de alimentos. En cuanto a desechos líquidos se aplica el Reglamento de Aguas de Vertido para el Reporte operacional que deben entregar al Ministerio de Salud y el que se valora si su sistema de vertidos de aguas a otras fuentes están dentro de los parámetros legales. Algunas fincas utilizan sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…)”. No obstante lo anterior y, tal y como se indicó, a su vez, en el considerando VI de esta Sentencia, este Tribunal Constitucional no tuvo por acreditado que las autoridades de Salud hayan, efectivamente, llevado a cabo esas mismas labores de fiscalización y control sobre la actividad piñera desarrollada en la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. ubicada en Siquirres, motivo por el cual, en la especie, se tenga por acreditado el quebranto al derecho a la salud y al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Finalmente, en lo tocante a las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía, esta Sala observa que llevan razón los interesados, por cuanto, de la prueba allegada a los autos, únicamente, se tiene por demostrado que la empresa Piñas del Bosque S.A., cuenta con la respectiva viabilidad ambiental otorgada para operar en el cantón de Guácimo. Asimismo, del informe rendido bajo juramento por el Ministro del Ambiente y Energía, se denota, de manera clara e inequívoca, un total desconocimiento sobre la actividad del cultivo de piña que se lleva a cabo en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres de la provincia Limón, en particular, si las empresas recurridas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A. requieren o no para su funcionamiento de un estudio de impacto ambiental realizado, a su vez, por las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En ese sentido, nótese que el citado funcionario, manifestó, de modo expreso, a esta Sala, lo siguiente: “(…) En virtud de que la investigación aquí requerida, debe realizarse con el rigor que este caso amerita, lo cual incluye el conocimiento efectivo de las fechas en que han dado inicio las labores de siembra y comercialización de piña, en las zonas de Guácimo, Siquirres y Pococí, ya que dependiendo de esas fechas, les será aplicable una trayectoria diferente de evaluación de impactos ambientales, he girado las instrucciones necesarias para verificar esos detalles que permitan informar adecuadamente a la Honorable Sala la situación de cada una de las empresas involucradas y las acciones que se tomarán en cada una de ellas, según su grado de cumplimiento con las normas vigentes. Según lo indicado Por (sic) la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solamente una de esas empresas cuenta con expediente de evaluación de impacto ambiental y conforme la normativa vigente a partir del año 1995, todo proyecto, obra o actividad requiere de dicha evaluación, según lo que establezca la reglamentación respectiva. Siendo que existen dos reglamentos de procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, uno del año 1997 y otro del año 2004, se hace necesario que el Ministerio de Salud certifique la fecha en que inician a funcionar estas empresas (…)”. Asimismo, cabe resaltar que el Ministro mencionado, de igual forma, no aportó a este Tribunal la investigación que, presuntamente, iba a llevar a cabo con ocasión de la interposición del presente amparo. A mayor abundamiento y, bajo esa misma línea de argumentación, el entonces Secretario General de la SETENA apuntó lo siguiente: “(…) En cuanto a la declaración de los recurrentes de que se han otorgado permisos sanitarios de funcionamiento sin que se hayan aprobado Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), cabe responder lo siguiente: Lo que le consta a esta Secretaria es esto: Mediante oficio SG-1563-2005-SETENA, del 7 de julio del 2005, se informa que hasta el momento de la emisión de dicho acto, únicamente figuraba en esa dependencia un expediente dedicado específicamente a la plantación de piña en los cantones de Guácimo y Pococí (…)”. Bajo esa tesitura, esta Sala observa que, tanto el Ministerio del Ambiente y Energía como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, han tenido un papel, completamente, pasivo frente a la actividad piñera desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., por cuanto, tal y como se apuntó líneas atrás, en sus informes demostraron un desconocimiento casi total de ésta. Desde esa perspectiva, cabe recordarle a las autoridades de salud y del ambiente, que existe la obligación para el Estado de tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para proteger el medio ambiente, con el fin, a su vez, de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna y uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En consecuencia, este Tribunal estima violentado lo dispuesto en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política.

IX.- SOBRE LA EXPANSIÓN PIÑERA Y LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CANTÓN DE GUÁCIMO. Finalmente, los recurrentes aducen que en la parte sur del cantón de Guácimo de Limón se pretende extender la producción piñera, a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que ahí se encuentran. Asimismo y, sobre ese mismo agravio, acusaron, posteriormente, que, específicamente, en la Hacienda Las Delicias situada en el cantón mencionado, se estaban realizando movimientos de tierra con dicho propósito. Sobre el particular, cabe indicar que aun cuando en autos se tuvo por demostrado que diversos miembros de la comunidad de Guácimo manifestaron a diversas autoridades públicas su disconformidad con dicha actividad, lo cierto del caso es que, de otra parte, no se tuvo plena e idóneamente acreditado que, efectivamente, dicha expansión del cultivo de piña se estuviera llevando a cabo en dicho lugar y que, consecuentemente, se estuvieran afectando las nacientes de agua ahí ubicadas. Asimismo, nótese que, de conformidad con el informe rendido bajo juramento por el Alcalde de la Municipalidad de Guácimo y, contrario a lo señalado por la recurrente Solano Vásquez, en la citada Hacienda Las Delicias no se efectuaron movimientos de tierra tendentes al cultivo de la piña. A mayor abundamiento, debe de tomarse en consideración que, según lo externado por el Ministro del Ambiente y Energía, a la fecha de interpuesto el presente amparo, no se registraban reportes, en concreto, por prácticas que pusieran en riego el recurso hídrico de la zona. Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal no estima que, en la especie, se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los amparados.

X.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente Sentencia. El Magistrado Armijo pone nota.

 

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a María Luisa Ávila Agüero, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministra y a Gilberth Alexánder Salas López, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Director del Área Rectora de Salud de Siquirres, ambos del Ministerio de Salud que, de manera inmediata, procedan a verificar el funcionamiento de la finca piñera Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., efectuar inspecciones y fiscalizaciones periódicas sobre la actividad desplegada por esa empresa y determinar si existen reportes de contaminación en las aguas cercanas a ésta. Asimismo, se le ordena a Javier Flores Galarza, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro y a Elizabeth Ramírez Sandí, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que, de manera inmediata, giren las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de su competencia para erradicar el problema de la inadecuada disposición de desechos de piña, proliferación de la mosca denominada stomoxys calcitrans y los consecuentes perjuicios que ésta última genera en el ganado de las zonas aledañas a las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A.. Finalmente, se le ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro del Ambiente y Energía y a Sonia Espinoza Valverde, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que procedan, de manera inmediata,  a determinar, de forma clara y precisa, si las empresas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., requieren de un estudio de impacto ambiental para su funcionamiento; siendo que, en caso de así requerirlo, se les ordena prevenir a los representantes de éstas últimas cumplir con los requisitos necesarios para tal efecto. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a María Luisa Ávila Agüero, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministra y a Gilberth Alexánder Salas López, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Director del Área Rectora de Salud de Siquirres, ambos del Ministerio de Salud; a Javier Flores Galarza, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro y a Elizabeth Ramírez Sandí, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería; a Roberto Dobles Mora, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro del Ambiente y Energía y a Sonia Espinoza Valverde, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en forma personal. Comuníquese.- El Magistrado Armijo pone nota.

 

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

 

 

 

Gilbert Armijo S.                                                 Ernesto Jinesta L.

 

 

Fernando Cruz C.                                                Federico Sosto L.

 

 

 

Horacio González Q.                                           Jorge Araya G.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:17:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

I. REGARDING THE APPLICATION FOR JOINDER. By means of a filing appearing at folios 1261-1264, Marco Machore Levy requested to be admitted as an active coadjuvant in this proceeding. On this matter, Article 34, paragraph 3, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that whoever possesses a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. In the instant case, according to what the applicant has indicated, the pineapple activity carried out by the respondent companies in the cantons of Guácimo, Pococí, and Siquirres de Limón flagrantly violates the provisions of Article 50 of the Constitución Política. Consequently, his application for active joinder is admissible.

II. PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioners allege violation of the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined, respectively, in Articles 21 and 50 of the Constitución Política, given that, in their view, the respondent companies and public authorities are specifically committing the following infractions: a) the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A., use chemical substances that affect not only the health of the workers and residents of Pococí, Guácimo, and Siquirres, but also the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources (fuentes de agua) located there; b) the Ministry of Agriculture and Livestock has not taken the necessary measures to combat the plague of the fly known as stomoxys calcitrans, despite the fact that the Defensoría de los Habitantes, through report No. 00701-2004-DHR, pointed out the causal link between pineapple waste, the proliferation of this insect, and the impact on livestock in the area; c) the respondent authorities, in general, have not supervised the pineapple activity carried out by the respondent companies, given that, for example, none of the latter currently has environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for its operation; and d) despite the large number of springs (nacientes de agua) located in the canton of Guácimo, there are plans to expand pineapple production in that area.

V. REGARDING THE RIGHT TO HEALTH AND TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Carta Magna), as well as through international regulations. In this regard, this Constitutional Court, in Voto No. 3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated the following:

"(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this area of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)".

Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of Article 50 of the Constitución Política, which states, as relevant:

"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, he is entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused (...)".

In relation to the foregoing, this Chamber, by means of Judgment No. 180-98 of 4:24 p.m. on January 13, 1998, ordered the following:

"(...) the State not only has the ineludible responsibility of ensuring that the health of each of the individuals who make up the national community does not suffer harm from third parties in relation to these rights, but must also assume the responsibility of achieving the appropriate social conditions so that each person can enjoy his health, said right being understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (...)".

Furthermore, sub-constitutional regulations develop this right and, in this sense, the Ley General de Salud empowers the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions for the purpose of protecting the environment and people's right to health. Likewise, it should be noted that this Court, as guarantor of fundamental rights, stands as a controller of compliance with the obligations deriving from the provisions of Articles 21 and 50 of the Constitution, which constrain the State not only to recognize the aforementioned rights, but also to use the materially and legally legitimate means to guarantee them.

VI. CONCERNING THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES BY THE RESPONDENT COMPANIES AND THE IMPACT ON PEOPLE'S HEALTH AND ON THE WATER SOURCES (FUENTES DE AGUA) OF THE CANTONS OF POCOCÍ, GUÁCIMO, AND SIQUIRRES. First, the petitioners accuse that the chemical substances (pesticides) used by the respondent companies for pineapple monoculture cause serious impacts on the health of the workers and of the people living near such plantations. Likewise, they allege that said substances contaminate the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources located in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres. Notwithstanding the foregoing, and with respect to the operation of the companies Piña Frut S.A., located in Pococí, and Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A., both located in Guácimo de Limón, this Constitutional Court does not find that the petitioners are correct. This is, in the first instance, because the interested parties did not provide the case file with technical-scientific evidence to substantiate such allegations. Likewise, and according to the reports rendered by the technical administrative bodies for health and the environment, it was not proven that the chemical substances (pesticides) used by the aforementioned companies in pineapple activity, as of the date this amparo was filed, caused the problems referred to. Quite the contrary, and as asserted by the Minister of Health, the three companies indicated above have the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento), which was granted by virtue of having complied with the legal and regulatory provisions established for that purpose. Likewise, that authority asserted that, as of the date the report requested by this Chamber was rendered, there was no complaint that had been filed by residents of the cantons of Guácimo and Pococí regarding health impacts occasioned by the use of pesticides in those pineapple plantations. In that same vein, it should be noted that the authorities of the Área Rectora de Salud of Pococí and Guácimo, by official communications dated November 24, 2005, specifically stated that medical and cholinesterase examinations are constantly performed on the workers of the cited companies who are responsible for handling pesticides; that during the visits made to the pineapple plantations under study, the personal protective equipment provided to workers in all processes is supervised; and that in the cited companies, the application of pesticides and fertilizers is carried out with automated equipment (spray boom), needing only the presence of the tractor driver, thus minimizing the exposure of individuals to said substances, given that applications are made when there is no personnel in the field. Additionally, and as stated in official communications Nos. ARSP-PAH-124-05 and ARG-PAH-20-05 of February 18 and 21, 2005, respectively, the packing plants of such companies are characterized by being modern, as they have high process technology and possess adequate standards of innocuity, asepsis, and worker protection. In the same manner, and according to what was reported by the health authorities, as well as the evidence provided to the case file, it is proven that the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. hold, among others, the international certifications Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP) and ISO 14001, as well as having plans for liquid and solid waste management, occupational health plans, and emergency response plans. Furthermore, and again contrary to what was alleged by the interested parties, this Court did not find verified the alleged contamination caused by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. to the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers and, in general, to the water sources located in the cantons of Pococí and Guácimo due to the pesticides used in the pineapple plantations. Likewise, it should be highlighted that, according to what was indicated by the Directors of the Áreas Rectoras of Guácimo and Pococí, as of the date the reports were rendered to the Chamber, there were no reports or complaints whatsoever about that particular fact. In addition, said Directors asserted that their respective Áreas Rectoras were responsible for supervising compliance with the provisions of the Ley Forestal regarding the distances that must exist between pineapple crops and the banks of rivers and streams. Also, according to what was stated by the Minister of the Environment and Energy, as of the date this matter was filed, there were no specific reports of practices that endangered the water resources of the cited areas. Notwithstanding the foregoing, and with regard to the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A., it was not proven that, in this case, the use of pesticides did not effectively affect the health of the workers and residents, as well as the water sources located in the canton of Siquirres, which is why, as far as this last point is concerned, this Court deems that the appeal filed must be granted due to the violation of Articles 21 and 50 of the Constitution.

VII. REGARDING THE PROLIFERATION OF THE STOMOXYS CALCITRANS FLY. Additionally, the interested parties allege that even though report No. 00701-2004-DHR of January 26, 2004, prepared by the Defensoría de los Habitantes exists, through which the respondent authorities, specifically the Ministry of Agriculture and Livestock, were recommended to solve the problem posed by the proliferation—arising from pineapple waste—of the stomoxys calcitrans fly, which, in turn, affects livestock in the area, said authority has omitted executing the pertinent measures to achieve that purpose, and that, to date, the aforementioned situation has worsened. On this matter, it should first be noted that, indeed, and as the petitioners allege, it is absolutely clear from the cited report prepared by the Defensoría de los Habitantes, as well as from the report rendered by the authorities of the Ministry of Agriculture and Livestock, that the fly called stomoxys calcitrans, or biting fly or stable fly, reproduces in pineapple waste, which likewise harms livestock and people's health. Thus, expressly, report No. 00701-2004-DHR stated the following: “(…) 1- (…) the stubble or waste resulting from the pineapple harvest left in the cultivated field constitutes the breeding grounds for the fly whose scientific name is Stomoxys Calcitrans, an insect that causes health problems for the human and livestock population. 2- That outbreaks have been recorded periodically in numerous population centers in the Northern, Southern Pacific, and Atlantic regions of the country without the pest having been eradicated (...)”. Likewise, the aforementioned document noted that: “(…) The problem generated by the so-called stable fly or biting fly has been consistently reported to this Defensoría since 1996, which demonstrates that the actions or efforts of the competent bodies have been insufficient to eradicate the pest and solve the problem affecting livestock production and human health. According to the information contained in files numbers 1091-23-96, 2768-23-27, and the documentation provided to this investigation, the causal relationship between the inappropriate handling of pineapple stubble and the proliferation of the insect in the cultivation areas of said product, such as San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aires, Guácimo, and Pococí, has been fully demonstrated (…)”. (Emphasis is not part of the original.) By virtue of the foregoing, the Defensoría de los Habitantes, on that occasion, issued a series of recommendations to the Ministry of Agriculture and Livestock, consisting of specifically carrying out the following: “(…) 1.- Declare a state of combat against the Stomoxis Calcitrans fly pest in the critical areas that have already been identified or that are justified according to new outbreaks, and carry out the emergency measures stipulated by the Ley de Protección Fitosanitaria, which includes collection and appropriate treatment outside the cultivated fields. 2.- Substitute the recommendations of burning and applying agrotoxins in the cultivated fields with biological control techniques or another environmentally more convenient alternative. Should these prove insufficient, it should consider the need to compel producers to install collection, storage, and specialized treatment centers to prevent stubble from remaining and burning in the fields (…)”. Furthermore, it is proven that, in response to such recommendations and in full exercise of their duties, the authorities of the aforementioned Ministry carried out inspections at several of the companies located in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres, among them, the pineapple producing and packing companies that are respondents in this case. Thus, it is verified that during 2004, the Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas of the Servicio Fitosanitario del Estado of said Ministry conducted a series of inspections to determine the main causes generating the stomoxys calcitrans fly problem in the cantons of Siquirres, Pococí, and Guácimo. In this way, and during that year, 31 inspections were carried out at the Piñas del Bosque company, 8 at the Acón Group company, and 7 inspections each at SEBASTOPOL S.A. and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group. Likewise, in 2005, said Gerencia conducted new inspections, namely, the following: 44 at the Acón Group company, 41 at Piñas del Bosque S.A., 17 at the Babilonia farm, and, finally, 13 at SEBASTOPOL S.A. Furthermore, it was specifically demonstrated that at the Piña Frut company of the Acón Group, the Departamento de Vigilancia y Control de Plagas of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock, in the month of October 2005, conducted inspections and issued the pertinent recommendations to eradicate the problem caused by the biting fly or stable fly. This practice was repeated, in turn, at the company Piñas del Bosque S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group during the years 2002, 2003, 2004, and 2005. Notwithstanding the foregoing, this Chamber, in accordance with the report rendered by the Minister and the Gerente de Vigilancia y Control de Plagas of the Servicio Sanitario del Estado, both from the Ministry of Agriculture and Livestock, and the rest of the evidence provided to the case file, did not find it proven that, as of the date this amparo proceeding was filed, the problem generated by pineapple crop waste and the consequent proliferation of the stomoxys calcitrans fly was under control. So much so that, on the contrary, it is manifestly clear that the plague of these insects and the damage they cause, not only to livestock but also to the residents of the communities of Guácimo, Pococí, and Siquirres, persists, given that they have not been totally eradicated. In that sense, note that, in the words of the representatives of the aforementioned Ministry “(…) a great amount of economic and human resources has been invested both in the permanent monitoring of the pest and in control measures, which in most cases have had the desired effect; except during periods when it has been physically impossible to apply the recommended measures (…) From 1987 to the present, populations of the fly had NOT increased significantly (…) However, the current area of 26,500 hectares of pineapple greatly exceeds that of 2003, when there were approximately some 8,000 hectares. Moreover (…) during this year, rainfall has exceeded all forecasts (…) Under conditions of excessive moisture, as much as one might wish otherwise, the timely treatment and incorporation of organic waste, which is the most important measure for controlling this pest, is impossible (…) which has influenced the proliferation of the pest (…)”. Likewise, from the charts provided to the case file by such authorities to verify the inspections carried out in 2005 at the respondent companies for the purpose of controlling the stomosyx calcitrans fly pest, it is clearly evident that of a total of 40% of the area affected by said insect in the zones of Guácimo, Pococí, and Siquirres, only 33% of it was controlled. Hence, it is noticeable that, despite the inspection and supervision efforts, as well as the issuance of recommendations by the aforementioned Ministry, the problem of the fly plague affecting livestock, their owners, and, in general, the residents of the communities near the respondent companies, has not been effectively controlled. In other words, it is verified that the inspection and supervision efforts indicated, both by the representatives of the aforementioned Ministry and by the representatives of the companies Piñas del Bosque S.A., Piña Frut S.A., and FRUTEX S.A., have not been sufficient to eradicate or control the plague in question to reasonable levels, and, therefore, said problem continues to be generated in the zones of Pococí, Guácimo, and Siquirres. Under this understanding, this Constitutional Court finds that, in this case, the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment have been flagrantly violated.

VIII. CONCERNING THE FAILURE TO SUPERVISE PINEAPPLE ACTIVITY ON THE PART OF THE RESPONDENT AUTHORITIES. On this point, the petitioners allege that the respondent authorities have omitted to supervise, as the law requires, the proper functioning of the companies under study. Thus, firstly, and with respect to the role played by the Municipalities, this Court does not find that the petitioners are correct. The foregoing is because the authorities of the Municipalities of Guácimo and Siquirres, as of the date this amparo was filed, had granted to the companies SEBASTOPOL S.A., Piñas del Bosque S.A., and the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A. the respective permit or license to operate in the corresponding canton, which, as reported by the respondents, was done after verifying compliance with those requirements demanded by the legal system for that purpose. In the specific case of the Municipality of Pococí, and as reported under oath by the respective Mayor, as of the date the case under study was filed, there were no regulations whatsoever in that canton to govern the operation of the company Piña Frut S.A. However, this latter authority affirmed knowing the activity carried out on that pineapple plantation, given that even the case file includes an authorization granted for the purpose of using the municipal landfill to deposit pineapple waste. Now, regarding the Ministry of Health, it should be pointed out that, as was stated in Considerando VI of this Judgment, it is not observed that the authorities of the Áreas Rectoras de Salud of Guácimo and Pococí omitted to timely supervise the agricultural activity carried out by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. Thus, it is pertinent to add, regarding the inspection and oversight activities conducted on the specific operation of the company Piña Frut S.A., that the Área Rectora de Salud of Pococí, by official communication dated November 24, 2005, expressly stated the following: “(…) 4.- LACK OF SUPERVISION AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (…) the company, through the Ministry of Health, has established waste management plans, and in visits made, it has been verified that these are being implemented and are subject to continuous improvement. It should be noted that the company Piña Frut does not submit operational reports since it does not discharge into water sources. Additionally, the farm uses closed systems, that is, with no outlet to the outside, that collect residual waters to later use them for the application of pesticides in the field (…) 6.- LACK OF CONTROL AND MONITORING OF WATERS FROM WELLS AT PINEAPPLE FARMS (…) is not true, since there are reports of the quality of the water for human consumption and processes conducted by nationally prestigious laboratories, which indicates that such waters are controlled and monitored. Furthermore, inspections are carried out in which the location and operation of wells and water tanks are assessed (…)”. In that same line of considerations, and with respect to the companies Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A., the Área Rectora de Salud of Guácimo, by official communication, also dated November 24, 2005, stated the following: “(…) 4.- LACK OF SUPERVISION AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (…) the pineapple companies, through the Ministry of Health, have established waste management plans, and in visits made to the farms, it has been verified that they are given adequate management (…) such as use in bokacheras (organic fertilizer), and for animal feed such as livestock, they are also used by other companies for food production. Regarding liquid waste, the Reglamento de Aguas de Vertido applies for the operational report that they must submit to the Ministry of Health, which evaluates whether their system for discharging water into other sources is within legal parameters. Some farms use closed systems, that is, with no outlet to the outside, that collect residual waters to later use them for the application of pesticides in the field (…)”. Notwithstanding the foregoing, and as was also indicated in Considerando VI of this Judgment, this Constitutional Court did not find it proven that the Health authorities had, in effect, carried out those same supervision and control tasks over the pineapple activity conducted at the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A. located in Siquirres, which is why, in this case, the violation of the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is considered proven. Finally, regarding the authorities of the Ministry of Environment and Energy, this Chamber observes that the interested parties are correct, given that, from the evidence provided to the case file, it is only proven that the company Piñas del Bosque S.A. has the respective environmental viability (viabilidad ambiental) granted to operate in the canton of Guácimo. Likewise, from the report rendered under oath by the Minister of Environment and Energy, a clear and unequivocal total lack of knowledge is evident regarding the pineapple cultivation activity carried out in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres in the province of Limón, particularly, whether the respondent companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group require or not, for their operation, an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) carried out, in turn, by the authorities of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. In that sense, note that the aforementioned official expressly stated the following to this Chamber: “(…) By virtue of the fact that the investigation required here must be carried out with the rigor this case merits, which includes effective knowledge of the dates on which the pineapple planting and marketing activities began in the areas of Guácimo, Siquirres, and Pococí, since depending on those dates, a different trajectory for environmental impact assessment (evaluación de impactos ambientales) will be applicable, I have issued the necessary instructions to verify those details that will allow this Honorable Chamber to be adequately informed of the situation of each of the companies involved and the actions that will be taken regarding each one, according to their degree of compliance with the current regulations. As indicated by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, only one of those companies has a file for environmental impact assessment, and according to the regulations in force as of 1995, every project, work, or activity requires such assessment, as established by the respective regulation. Since there are two regulations for Environmental Impact Assessment procedures, one from 1997 and another from 2004, it is necessary for the Ministry of Health to certify the date on which these companies began to operate (…)”. Likewise, it should be highlighted that the aforementioned Minister also did not provide this Court with the investigation he was allegedly going to carry out on the occasion of the filing of this amparo. Furthermore, and along that same line of argument, the then Secretario General of SETENA pointed out the following: “(…) Regarding the petitioners' statement that sanitary operating permits have been granted without Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental, EsIA) having been approved, the following must be answered: What this Secretaria is aware of is this: By official communication SG-1563-2005-SETENA, dated July 7, 2005, it was reported that, up to the moment of issuing that act, only one file specifically dedicated to pineapple planting in the cantons of Guácimo and Pococí appeared in this department (…)”. Under this reasoning, this Chamber observes that both the Ministry of Environment and Energy and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental have played a completely passive role concerning the pineapple activity carried out by the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A., given that, as noted above, their reports demonstrated an almost total lack of knowledge thereof. From that perspective, it is necessary to remind the health and environmental authorities that there is an obligation on the part of the State to take all necessary measures to protect the environment, in order, in turn, to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and the excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of the governed. Consequently, this Court deems that the provisions of Articles 21 and 50 of the Constitución Política have been violated.

IX. REGARDING THE PINEAPPLE EXPANSION AND THE PROTECTION OF WATER RESOURCES IN THE CANTON OF GUÁCIMO. Finally, the petitioners allege that in the southern part of the canton of Guácimo de Limón, there are plans to expand pineapple production, despite the large number of springs (nacientes de agua) found there.

Likewise, and regarding this same grievance, they subsequently alleged that, specifically, at the Hacienda Las Delicias located in the aforementioned canton, earthworks (movimientos de tierra) were being carried out for said purpose. In this regard, it should be noted that although it was proven in the case file that various members of the community of Guácimo expressed their disagreement with said activity to various public authorities, the truth of the matter is that, on the other hand, it was not fully and suitably accredited that, effectively, said expansion of pineapple cultivation was being carried out in said location and that, consequently, the springs (nacientes) of water located there were being affected. Likewise, note that, in accordance with the report rendered under oath by the Mayor of the Municipality of Guácimo and, contrary to what was stated by the appellant Solano Vásquez, at the cited Hacienda Las Delicias, no earthworks (movimientos de tierra) aimed at pineapple cultivation were carried out. Moreover, it must be taken into consideration that, according to what was expressed by the Minister of Environment and Energy, at the date this amparo was filed, no reports were recorded, specifically, of practices that would put the water resource of the area at risk. Under this order of considerations, this Court does not consider that, in this case, the fundamental rights of the amparo petitioners have been violated.

X.- COROLLARY. By virtue of the foregoing, the filed appeal must be partially granted, with the consequences that will be detailed in the operative part of this Judgment. Justice Armijo files a note. ”

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Text of the resolution

* 050142350007CO *

Exp: 05-014235-0007-CO

Res. No. 2008-005689

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at one hour and five minutes in the afternoon of April eleventh, two thousand eight.

Amparo appeal filed by RUTH SOLANO VÁSQUEZ, bearer of identity card No. 1-446-869 and OTHERS, on behalf of LA ASOCIACIÓN JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, against EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, LAS MUNICIPALIDADES DE GUÁCIMO, POCOCÍ Y SIQUIRRES, THE LEGAL REPRESENTATIVES OF THE COMPANIES PIÑA FRUT DEL GRUPO ACÓN S.A., PIÑAS DEL BOSQUE S.A., SEBASTOPOL S.A. and LA FINCA BABILONIA DEL GRUPO FRUTEX S.A.. MARCO MACHORE LEVY also intervenes, as ACTIVE COADJUVANT.

WHEREAS:

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 5:33 p.m. on November 3, 2005 (visible on folios 1-70), the appellants filed an amparo appeal and stated that the respondent authorities have omitted to continuously, timely, and efficiently supervise the massive expansion of pineapple cultivation carried out by the respondent companies in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres, which has caused serious problems of various kinds, namely: a) Those that affect the health of both the workers and the people living in those areas, caused by the indiscriminate use of chemical substances, both for fumigating the plantations and for burning the stubble or waste generated by this productive activity -such as, for example, paraquat, which is highly toxic and was recommended by the Ministerio de Agricultura y Ganadería itself to treat the waste-, which not only causes unbearable odors, mainly during nighttime hours, and ailments such as allergies, asthma, among others, but also intoxication as a consequence of the dumping of residues of said substances in the waters of the Santa Clara and Cinco Estrellas rivers, which, in turn, produces contamination of the water sources for all those communities that depend on them, both for their consumption and for their own productive activities; b) from report No. 00701-2004-DHR of the Defensoría de los Habitantes, it follows that there is a causal link between the deficient methods of collection, treatment, and final disposal of the pineapple stubble or waste, and the proliferation of the Stomoxys Calcitrans fly or "stable fly", to the point of considering it a plague that causes serious harm to people who own livestock, since the livestock dramatically lose weight as blood is extracted by the fly at least three times a day, which reduces milk and meat production, with the aggravating factor that despite that report recommending that the Ministerios de Salud and de Agricultura y Ganadería adopt a series of measures to solve this problem, to date, the situation has rather worsened; c) sanitary operating permits have been granted to companies that have not presented an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA) to support the feasibility of the project, with the aggravating factor that compliance with the management plans for solid and liquid waste, pests, the plantation, monitoring results of wells and rivers within the project area, and soil preparation and conservation -if they exist- has also not been able to be supervised, since, by not having files at the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, it is unknown if they are backed by an environmental guarantee and, therefore, if they are subject to control by the environmental regent (regente ambiental), as reported by the General Secretariat of that body; and d) it is intended to extend pineapple production in the southern part of the Canton of Guácimo, despite the large number of springs (nacientes) of water found there. In this way, they considered that the contested conducts have fostered the development of an unsustainable productive activity, because although it has generated many sources of employment, the consequences derived from irrational use of natural resources have already begun to manifest through the facts described above, with the irreversible damage it causes to the environment and to the health of people who, directly or indirectly, are affected by the described phenomenon. They deemed the provisions of numeral 50 of the Political Constitution violated. They requested that the filed appeal be granted.

2.- By resolution of 7:49 a.m. on November 18, 2005 (visible on folios 381-387), the process was set in motion and reports were requested from the respondent authorities.

3.- Alexander Arana Ruiz, in his capacity as Special Attorney-in-Fact of Piña Frut S.A., reported (visible on folios 415-433) that, indeed, some farms in the area dedicated to banana cultivation have become pineapple plantations. However, he argued that there is oversight by the respondent ministries and agencies. He indicated that his represented company possesses an operating permit granted by the Ministerio de Salud, entirely in order and after prior compliance with the established regulations and requirements. Furthermore, he noted that, as stated in official letter No. ARSP-PAH-124 of last February 18, 2005, from the Área de Salud de Pococí, the company has modern physical and sanitary conditions and high standards of safety, asepsis, and worker protection, meets the physical and sanitary conditions required by legislation, the pesticide application equipment is automatic and applied by tractor, whose air-conditioned cabin is isolated from the outside, without requiring other workers for the application, and the products used are duly registered. He added that the farm is certified by international standards such as ISO 14001 and EUREP-GAP. It also has occupational health programs and emergency plans, as well as solid and liquid waste management plans. He also reported that it has not received complaints from neighbors or other authorities. He maintained that the Ministerio de Salud has performed cholinesterase tests on its workers to verify if there is intoxication from agrochemicals, all of which have been negative; that is, free of the presence of agrochemical substances. He stated that through official letter from the Área Rectora de Salud de Pococí No. RHADARSP-265-05, it was certified that in the Epidemiological Surveillance database, the company Piña Frut has no record of agrochemical intoxications. He explained that as part of preventive measures, courses are given to workers on handling, classification, use of labels, prevention measures, hygiene, waste disposal, health, safety, and occupational well-being, triple rinsing, and collection center. He reiterated that as his represented company has an Environmental Management System under the ISO 14001 standard and EUREP-GAP certifications, external audits are carried out periodically that ensure not only the quality of the final product, but, even more, the quality of the processes, involving the environmental impact and the protection of human health, both of workers and the general population. He affirmed that there is no poor management of solid and liquid waste, nor have trees been felled or protected zones (zona protectoras) disrespected. The farm is agricultural land and has been dedicated to that activity for more than fifty years, so the cultivation of pineapple did not produce deforestation currently, nor when it was dedicated to other crops. Regarding the charge of disrespecting protected zones (zona protectoras), this is entirely unfounded, as his represented company rather ensures their protection, respects the legally established distances, in addition to providing them with vegetation cover. Regarding the submission of logbooks, he indicated that the appellant is not clear as to the scope or content of the alleged omission. However, the logbooks are reviewed by public authorities and external environmental auditors. He stated that his represented company does properly manage cultivation techniques and treatment of solid and liquid waste. His principal is respectful of environmental regulations, which is demonstrated both by the nonexistence of complaints against it and by the granting of operating permits and international certifications. He explained that, of course, it is a dynamic situation, in the sense that reviews are constantly carried out by such public authorities and environmental auditors, so compliance is verified with due frequency to ensure that its actions are compatible with the environment and are not harmful to it. He added that according to an official letter from the Ministerio de Salud dated February 21, 2005, his represented company has sanitary operating permits, has complied with the requested legal procedures, possesses high process technology, and adequate safety standards. Consequently, he affirmed that his represented company has environmental studies and an operating permit granted by the Ministerio de Salud. The competent authorities, for the granting and renewal of these permits, monitor, supervise, and provide constant follow-up, both on the farm and regarding eventual complaints, of which, it should be noted, there have been none. Regarding procedures for integrated pest management, application of agrochemicals, management of solid and liquid waste, the company applies them strictly, and compliance is part of the requirements for granting the permits and the international certifications it holds, including TESCO, EUREP-GAP, and ISO 14001. It is not true that the activity carried out by his represented company is left unchecked by the authorities, which -on the contrary- exercise constant surveillance, so it is indeed carried out within the regulatory framework. Hence, it has the respective permits, after prior compliance with all legally established requirements. He noted that his represented company has established procedures to ensure environmental protection. Thus, regarding liquid waste management, his represented company has established a "Liquid Waste Management Plan," which takes into account related legislation, within the framework of the current operating permit, and has foreseen processes including the reuse of wash water, return of waste to suppliers, use of solids traps, infiltration beds, etc. Its implementation is permanent and reviewed through its application and other variables in order to achieve continuous improvement. Thus, it is false that wastewater is discharged into rivers or other bodies of water. The company also has bacteriological water analyses that demonstrate there is no contamination, as shown by the water analyses. On the other hand, he argued that the respondent company properly manages solid waste, through a "Solid Waste Management Plan" whose last review dates from August 2005. Said plan complies with current legislation, considers the sources of solid waste generation and its correct disposal, from return to the supplier for recycling, reincorporation of plant material into the soil, and treatment systems. Also, regarding traditional garbage, he indicated that this is disposed of through the municipal service. He explained that stubble management is done according to the mandatory practices and recommendations issued by the Ministerio de Agricultura y Ganadería. He maintained that the company's activity is duly regulated and has the legal permits; therefore, it does not violate the constitutional guarantee enshrined in Article 50 of our Political Constitution. On the contrary, from the beginning, it has had as one of its guiding principles the protection of the environment, life, well-being, and health of all those subjects directly or indirectly involved in its area, including neighboring communities. Proof of this is that there is no contamination, nor impact on health or the environment, from which it follows that there are no complaints. Even regarding the alleged erosion, the company is the most interested in preventing it, not only because it affects its production processes but because of the effect it could have in the future. For this reason, it has established a "Procedure for Soil Use Management in Pineapple," which seeks soil conservation and erosion prevention, through the creation and maintenance of favorable conditions for crop development. Regarding erosion prevention, appropriate measures are determined for each area, with the management of variables that allow soil conservation, such as the design and orientation of channels and the use of vegetation cover; including erosion control in drainage. Regarding vegetation cover, he indicated that it must be taken into account that, as the pineapple crop grows, it closes the spaces between plants and rows, thus covering the soil and preventing rain from hitting the soil, which reduces erosion. The channels maintain natural vegetation, and in those where it does not exist, it is determined which species should be incorporated to provide them with cover. Also, he stated that on the banks of the rivers, legislation has been respected, proceeding to reforest with native species. Regarding the fly problem, he indicated that it must be considered that none of the statements, despite having a direct relationship, reliably proves the responsibility of his represented company, for which it would have to be demonstrated that, effectively, there is poor management and that the source of the problem is located on its farm, through scientific or technical methods, or well, the inspection and verification of a public authority. The appellants could possibly have said problem, but their mere statement does not prove the origin nor the attribution of responsibility made against his principal. In contrast to that imputation, his represented company follows the procedures established by the Ministerio de Agricultura y Ganadería, as shown by the copy of the minute book kept to record the actions executed to prevent or mitigate the fly problem, which is authorized by the Dirección de Protección Fitosanitaria of the Ministerio de Agricultura. In it, the procedures applied are established in accordance with the recommendations of the officials, as well as the preventive actions carried out and the follow-up given to such recommendations. On the same topic, he stated that the company executes the actions contained in the "Instructions for Stubble Management in Pineapple Cultivation," among which is the incorporation of crop residues into the soil, preferably, over the application of any chemical product. He indicated that when the Ministerio de Agricultura y Ganadería considers that this action is not sufficient and orders the application of products such as paraquat, it is done in the doses and following the recommended procedures. Furthermore, he argued that his represented company has not diverted any stream. Those that exist have the course they have always had, even since before the purchase of the farm. Regarding bad odors, there is no report or complaint about this situation. The products are applied following appropriate procedures and in the recommended cycles and doses. In any case, he affirmed that agrochemicals cannot be odorless for safety reasons, so they can occasionally be perceived without that meaning contamination exists; besides, he indicated that they are not applied permanently. The company has also established a "Procedure for Fertilization and Phytosanitary Control in Pineapple Cultivation," for the pertinent labor and environmental protection, in accordance with applicable regulations. In the mentioned procedure, it is established that the processes must be carried out "(...) following the principles of sustainable agriculture and integrated pest management (IPM) (...)" and that "(...) Sustainable Agriculture is defined as that agriculture capable of supplying the food needs of the present without endangering the supply of food for future generations (...) it aims to replace the model of productive agriculture little concerned with environmental protection requirements, with another in which the goals are long-term agricultural production and the environmental variable is considered a factor of production as important as land, capital, labor (...)." On the other hand, he indicated that the distances established by law have not been disrespected, regarding buffer zones, protection of rivers, reforestation in buffer areas, establishment of live fences on boundaries with main roads and on the farm's perimeter, management of buffer areas in communities, and protection of channels, among other tasks. He requested that the appeal be dismissed.

4.- Gerardo Fuentes González, in his capacity as Municipal Mayor of Guácimo, reported under oath (visible on folios 544-545 and 1083-1084), expressly, the following: "(…) Piñera el Bosque, Piñera SEBASTOPOL and Piñales del Caribe, the latter belonging to Grupo Acón; we must indicate that in the case of the first two, they have the respective municipal license, while in the case of Piñales del Caribe, it not only pays this Municipality real estate tax, but also has up-to-date operating permits (…)". However, he explained that in the process of obtaining the license, his represented entity limits itself to verifying compliance with ordinary requirements. This is because the sanitary and environmental conditions are the responsibility of the Ministerio de Salud to grant. The municipality merely verifies that the operating permit has been granted for the requested agricultural activity and in favor of the company that requires it. Companies engaged in an activity such as pineapple cultivation must comply with quality, treatment, and product handling standards. Finally, he stated, expressly, the following: "(…) by sending certified copies of the respective administrative file, it is accredited that the Municipality of Guácimo, in the process of granting the Licenses awarded to: SEBASTOPOL and Piñera del Bosque, has required said companies to present the requirements required by Law, being of interest for the purpose of the appeal being heard, the operating permits, issued by the Ministerio de Salud, which according to requested proof, are up to date for the three companies residing in this canton (…)". He requested that the filed appeal be dismissed.

5.- Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Mayor of the Municipality of Pococí, reported under oath (visible on folios 547-548) that, effectively, large extensions of pineapple cultivation have been developed in certain areas of the Canton of Pococí, regarding which he does not know whether or not any oversight has been carried out by the authorities regulating the matter. He explained that his represented entity has had no participation in the authorization or oversight of permits, as that is the competence of the respondent ministries. He requested that the filed appeal be dismissed.

6.- Sandra Guadamuz Quirós, in her capacity as President of the Municipal Council of Pococí, reported under oath (visible on folios 552-553), in similar terms to what was stated by the Mayor of that same Corporation. She added that said Council has coordinated with different organized groups in the area. Thus, she indicated that in accordance with Agreement No. 186, taken at the Extraordinary Session of the Council No. 33 of May 17, 2005, it was resolved to form an inter-institutional Commission with the purpose of following up on the alleged problems, which is made up of representatives of various institutions involved in said issue, members of the community, the municipalities where pineapple plantations are located, and the Defensor de los Habitantes. She requested that the appeal be dismissed.

7.- María del Rocío Sáenz Madrigal, in her capacity as Minister, Nora Luz Barrero Escobar, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Pococí, and Gilbert Alexander Salas López, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Guácimo, all from the Ministerio de Salud, reported under oath (visible on folios 568-576). Thus, and with regard to the canton of Pococí, they indicated that in the epidemiological surveillance system of the Área Rectora de Salud de Pococí of the Ministerio de Salud, to date, no cases of pesticide poisoning had been reported at the pineapple farm named Piña Frut S.A.. Likewise, they indicated that in the medical services of the Clínica de Roxana and the Emergency Room of the Hospital de Guápiles, no cases of poisoning have been reported. They noted that the epidemiological surveillance system covers all the EBAIS of the canton of Pococí. Furthermore, to date, the respondent Áreas Rectoras de Salud have not received complaints from neighbors or workers about problems caused by the pineapple activity. Therefore, it can be said that there are no reports of poisonings and harm to the health of the latter. They added that the Ministerio de Salud constantly monitors the performance of medical and cholinesterase tests carried out on workers who handle pesticides, especially organophosphates and carbamates. During visits to pineapple farms, the personal protection equipment provided to workers in all processes is also supervised. They noted that the pineapple farms have EUREP-GAP certifications and Occupational Health, Emergency Care, and Waste Management Plans, which are requested according to the procedure called "Guide for the Submission of the Occupational Health and Emergency Care Plan," published in Gazette 234 of December 4, 2003. They stated that in the company in question, pesticide and fertilizer applications are performed with automated equipment (spray boom), which only requires the presence of the tractor driver, minimizing the presence of persons exposed to such substances, and applications are made when there is no personnel in the field. Furthermore, because it is equipment that can be placed a few centimeters from the foliage of the pineapple plant, the drift produced is almost zero, which prevents the transfer of chemical substances to other sites by wind action. Regarding contamination of water sources, they stated that the Área de Salud has no reports or complaints regarding that aspect. Likewise, they indicated that they have no epidemiological reports confirming that people living near the "Piña Frut" pineapple plantation and who use water from the rivers and streams were contaminated or poisoned by using water from the area's rivers (Río Santa Clara). They reported that this Ministry regulates and controls that the mentioned company complies with the provisions of the Ley Forestal regarding the distances that must exist from the facilities and cultivation to the banks of rivers and streams. They noted that the company is reforesting all non-productive areas. They indicated that the cited company carries out collection of wastewater from the agrochemical treatment system, which is applied in areas of land preparation for planting. Regarding the alleged damages caused by the proliferation of the Stomoxys Calcitrans fly, they noted that such a vector affects local livestock farming and that the controls are carried out by the Ministerio de Agricultura y Ganadería, the entity in charge of animal health in the country. However, they affirmed that both the Ministerio de Agricultura y Ganadería and the company Piña Frut make efforts and maintain physical and chemical controls to minimize the appearance of the indicated fly. Regarding the oversight and control of solid and liquid waste, they indicated that the company, through the Ministerio de Salud, has established waste management plans, and during visits made, it has been verified that these are being implemented and are of continuous improvement. They explained that the company Piña Frut does not submit operational reports, since it does not discharge into water sources. Furthermore, they indicated that the farm uses closed systems, that is, with no outlet to the outside, and that they collect the wastewater to later use it in pesticide applications in the field. Therefore, they stated that it is not true that no oversight and control of waste is carried out, given that, as stated, said company has a waste management plan. Regarding the granting of operating permits without completing procedures (environmental impact assessments), they noted that the Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental was published in Gazette 125 of June 28, 2004. However, they indicated that prior to that date, there are farms that underwent a change of activity, as they went from being banana plantations to being pineapple plantations, maintaining the facilities in the sites that were approved for the banana plantations, with the company Piña Frut being one of these. This is because its activity began in 2001 and started location procedures before this Ministry in 2002. Consequently, they indicated that said activity was established and put into operation before the publication of said regulation, so the Law is not retroactive, and, as established by said legal framework, it only applies to new projects to be installed, not to those already installed and operating, as in the case in question. Therefore, they explained that said farm was granted the Sanitary Operating Permit in full compliance with the legislation in force at the time the companies requested it, it being clear that they had to comply with legislation related to the Ley General de Salud such as location procedures, construction of their facilities, pesticide warehouses, showers, changing rooms, and laundries, wastewater treatment systems, etc. Under such considerations, they considered that this statement should be rejected, since it seems there is insufficient information or the application of the law is unknown by the amparo petition submitters. Regarding the lack of control and monitoring of the water in the wells of the pineapple farms, they stated that the accusation regarding contamination is not true, given that there are reports on water quality for human consumption and processing carried out by nationally prestigious laboratories, which indicates that such waters are controlled and monitored. Furthermore, inspections are carried out in which the location and operation of wells and water tanks are evaluated. Moreover, and in accordance with the report prepared by Omar Bravo Salazar and Eduardo Villareal Salguera, from the Unidad de Protección al Ambiente Humano of the Área Rectora de Salud de Guácimo, they emphasized that the development of this activity has been carried out in compliance with the requirements demanded by both the Ley General de Salud and other laws. Periodically, officials from Protección al Ambiente Humano carry out inspection and control visits for this activity.

Regarding the granting of Sanitary Operating Permits (Permisos Sanitarios de Funcionamiento), they indicated that the companies located in the canton of Guácimo have said permit. Prior to granting it, this Area Directorate has verified compliance with the requirements, such as the submission to SETENA of the application for the project's viability (viabilidad), in addition to the authorization granted by the INVU through Architect Francisco Mora Protti, Acting Director of Urbanism, who authorized, via Official Letter No. PU-C-AT-2488-2005, the requested conforming use for the installation of a shed for the processing and packing of pineapple on the property with cadastre No. L-163842-94, located in the district of Guácimo, canton of Guácimo, the foregoing in relation to the company Agroindustrial Ticoverde S.A., located in La Perla de Guácimo. They added that the companies Agrícola Gilacu S.A., Agroindustrial Piña del Bosque S.A., Piñales del Caribe S.A., and Técnicas Agrícolas Sebastopol S.A. have a current Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), because they have complied with the requirements established by the General Health Law (Ley General de Salud) and other related laws. Consequently, they stated that it has been demonstrated that this office has been extremely careful and respectful of the guidelines and requirements established for the prior installation and operation of the questioned pineapple companies. In these latter companies, the use of safety equipment for pineapple workers is evident, as well as automated agrochemical application equipment, which minimizes personnel exposure to the presence of chemical substances. Likewise, areas of reforestation and protection of water sources, solid and liquid waste treatment systems, and the physical-sanitary conditions of the facilities that the pineapple companies have are observed, as well as the protection of wells and water storage tanks for human consumption. In the same manner, they indicated that upon learning of two cases of poisoning reported in the Epidemiological Surveillance system, that Health Area (Área de Salud) proceeded with the required speed to carry out the corresponding investigation. On another note, they affirmed that control of discharges into tributaries has been maintained, through the operational reporting of wastewater, complying with the parameters established in the regulation on the Discharge, Use, and Reuse of Wastewater (Vertido, Uso y Rehúso de Aguas Residuales). They stated that it is not true that the generation of contamination of water for human consumption has been permitted. They indicated that, in any case, there is no record of any complaints whatsoever in that Area. They requested that the filed appeal be dismissed.

8.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reported under oath (visible at folios 668-670) that, by virtue of the fact that the required investigation must be carried out with the rigor this case merits—which includes effective knowledge of the dates on which pineapple planting and commercialization activities began in the zones of Guácimo, Siquirres, and Pococí—he has issued the necessary instructions to verify those details that will allow the Chamber (Sala) to be adequately informed of the situation of each of the involved companies and the actions that will be taken with respect to each one, according to their degree of compliance with current regulations. He explained that, in accordance with what was indicated by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), only one of the respondent companies has an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) file. He indicated that, according to current regulations, as of 1995, every project, work, or activity requires said assessment, as established by the respective regulations. He stated that, since there are two regulations for Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) procedures, one from 1997 and another from 2004, it is necessary for the Ministry of Health to certify the date on which the respondent companies began operations, a situation that the municipalities in the zone can also report. He indicated that, by virtue of the foregoing, an urgent meeting is being convened for December 6, 2005. Regarding the alleged contamination of water sources in the zone, he pointed out that the respective consultation was carried out with the Water Department of this Ministry. Thus, according to what was indicated by said Department, of the respondent companies, only Standard Fruit Company de Costa Rica has been granted a concession (concesión) for the use (aprovechamiento) of water from various wells, as well as an agricultural drainage permit, a permit that was also granted to the company Sebastopol S.A. Therefore, he affirmed that the rest of the respondent companies have neither been granted nor are in the process of obtaining a concession for the use of water or an agricultural drainage permit. On another note, he explained that in said Department there are no recorded complaints regarding practices that endanger the water resource in the zone or affect springs (nacientes), and there are no records or ex officio studies that demonstrate the existence of springs or other water sources. For these reasons, as reported in official letter No. IMN-DA3113-05, that Department would soon be carrying out the corresponding field assessments to determine the existence of such a problem and, if confirmed, propose the corresponding measures to correct it. By virtue of the Chamber's mandate, he reiterated that for December 6, 2005, the respondent entities were convened in order to initiate coordination, investigation, and decision-making actions in this momentous matter. He requested that the filed appeal be dismissed.

9.- Rodolfo Coto Pacheco, in his capacity as Minister, and Luis Alfredo Montes Pico, in his capacity as Manager of Surveillance and Pest Control of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado), both from the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), reported under oath (visible at folios 673-678) that since 1987 in the Brunca Region, 1990 in the Huetar Norte Region, and 1996 in the Huetar Atlántica Region of Costa Rica, outbreaks of flies that attack domestic animals have occurred. They explained that in each of those regions, an analysis of the situation and studies of the problem were carried out, determining the presence of fly populations that reproduce in decomposing organic waste. As a result of the diagnosis, in all cases the presence was detected of both the house fly Musca domestica L. and the stable fly Stomoxys calcitrans L. and the horn fly Haematobia irritans L., these latter two also called hematophagous flies, which feed on blood, coming to affect, mainly, domestic animals. They indicated that one of the propitious means for the reproduction of these flies and other insects is the exposure in open fields of organic waste, both of plant and animal origin. They stated that after analyzing the situation in due course and, in each case, the pertinent recommendations were issued to reduce the populations of Stomoxys calcitrans, which is the main cause of the problem. These recommendations were made according to what was indicated by the specialist and, subsequently, some modifications have been added, based on field experience. During these years, the General Directorate of Plant Health (Dirección General de Sanidad Vegetal) before and now the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado), through the Management of Surveillance and Pest Control, has invested a great amount of economic and human resources, both in the permanent surveillance of the pest and in the control measures, which, in most cases, have had the desired effect; except in periods where the application of the recommended measures has been physically impossible. The proliferation of agricultural pests occurs when agro-climatic conditions become propitious, and their control is not always efficient if adverse climatic conditions interfere during the control process. They stated that from 1987 to the present, the fly populations had not increased significantly, due to the following: a) the timely application of the recommended measures, b) because the area of pineapple cultivation was smaller, and c) because the climatic conditions were more or less stable. However, they pointed out that the current area of 26,500 hectares of pineapple far exceeds that of 2003, when it was approximately 8,000 hectares. Furthermore, they noted that during the current year, rainfall has exceeded all forecasts, due to the large number of hurricanes and tropical storms that occurred. Under conditions of excessive humidity, no matter how much one wants to, the timely treatment and incorporation of organic waste is impossible, which is the most important measure for controlling this pest; especially since the largest areas are located in high-humidity zones (Zona Norte and Atlántica Region), which has influenced the proliferation of the pest. However, they indicated that the foregoing does not mean that the Ministry and the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) have not been fulfilling their competencies and functions mandated by Law. They explained that, due to the dynamics of the pest in question, they are in the process of carrying out a series of actions aimed at combating said problem, namely: issuance of brochures with recommendations for pest management, where some modifications have been included; establishment of a laboratory for the production of organisms for the biological control of Stomoxys calcitrans (L), at the facilities of the Los Diamantes Experimental Station in Guápiles; reproduction of the biological controls Sphalangia cameroni and Pachicrepoides sp; and support for the project called Sustainable Management of Pineapple Stubble and its Productive Reconversion by the company Pulpas de Celulosa de Centroamérica. By virtue of the foregoing, they indicated that, as can be observed in the recommendations from different years, in none of them is the product Paraquat mentioned, as the petitioners claim. They reiterated that it is not true that they have omitted to continuously supervise the fly reproduction areas, a competence of their institution. They explained that they continue to exercise pest control and that they are in the best disposition to continue investigating to achieve better solutions in the future. They requested that the appeal be declared without merit.

10.- Miguel Quirós León, in his capacity as Mayor of the Municipality of Siquirres (visible at folios 723-724 and 1135-1136), reported under oath that the agricultural pineapple company called Agroindustrial Babilonia is located in the canton of Siquirres. He explained that, as regulated by Law No. 7176, Law of Tax Tariffs of the Canton of Siquirres (Ley de Tarifas de Impuestos del Cantón de Siquirres), in its Article 14, agricultural activity in the canton of Siquirres will be subject to obtaining a license and payment of a tax. In this way, he indicated that in the process of obtaining the respective license, the Municipality limits itself to verifying compliance with the ordinary requirements for obtaining any type of license. He pointed out that among such requirements is the operating permit, which, however, is the responsibility of the Ministry of Health to grant. He argued that, in this particular case, the respondent Municipality has requested from the company Agroindustrial Babilonia the legal requirements (among these, the sanitary operating permit), prior to granting the corresponding license. He requested that the filed appeal be dismissed.

11.- Jorge Rojas Soto, in his capacity as ad hoc Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), reported under oath (visible at folios 726-729) that this entity cannot attest to the alleged omission of the other respondent Administrations of their duties to supervise pineapple cultivation. Regarding the petitioners' statement that sanitary operating permits have been granted without environmental impact studies having been approved, he indicated that through official letter No. SG-1563-2005-SETENA of July 7, 2005, it was reported that, up to the moment of issuance of said act, only one file existed in this office specifically dedicated to pineapple planting in the cantons of Guácimo and Pococí (file of Standard Fruit Company No. 104-1999-SETENA). He explained that since the moment the cited official letter was issued, two more files for pineapple projects in those cantons have been submitted, namely: File No. 1046-2005-SETENA for Pineapple Planting - Agroindustrial Ticoverde, and No. 1336-2005-SETENA, for a Pineapple Packing Plant. He added that through resolution No. 2941-2005-SETENA of October 26, 2005, the pineapple planting project was requested to prepare an environmental impact study (EsIA). Likewise, he indicated that through resolution No. 2998-2005-SETENA of October 28 last, the latter project (packing) was required to carry out an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental). These last two files are in the possession of this office and the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure will continue forward. He added that the respondent Secretariat cannot attest to the existence of pineapple planting plans in the southern region of the canton of Guácimo, so more specific data would be needed to proceed to search for them in the database. Regarding the measures adopted by the Chamber to prevent risks or avoid damages, he indicated that there is only one file that has an environmental license (viabilidad ambiental) for pineapple planting in the zone in question (file No. 104-1999-SETENA). He stated that the control that this office exercises regarding compliance with environmental commitments is regulated in Articles 26 and 71 and following of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), which, in turn, establishes the environmental guarantee (garantía ambiental) and the figure of the environmental supervisor (responsable ambiental). On another note, he pointed out that for a time the project did not submit supervisory reports (informes regenciales). However, he indicated that on July 14, 2005, an inspection was carried out in the project area, the results of which are recorded in resolution No. 1905-2005-SETENA of August 4 last. According to said resolution, it can be inferred that the project development company has ISO 14001, Eurep Good Agriculture Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (social responsibility), and PRIMOS LAP (company audit certification) certifications. Likewise, he pointed out that there are records of each of the tasks carried out, considering various environmental indicators, among which are the following: agrochemical spills, laboratory analyses, collection and disposal of solid waste, occupational health, vegetation cover (coberturas vegetales), etc. In addition to the foregoing, he stated that significant efforts have been made to prevent surface erosion. Furthermore, the protection area of the rivers has been cared for and a biological inventory has been carried out. He explained that the inspection performed found no turbidity in the rivers caused by sediments or others that produced contamination, nor diversion thereof. No flies, mosquitoes, or others were found, due to integrated pest management. Likewise, he indicated that there is a record evidencing the control of pest proliferation, which, in turn, has helped to improve the quality of the plantation. He pointed out that the cited resolution determined to call the company exercising environmental supervision (regencia ambiental) to account. It also required the submission of a consolidated supervisory report (informe regencial) within a period of ten days, which was indeed submitted on August 23, 2005, and includes, among others, a chemical and bacteriological analysis of water, a summary table of environmental management, a procedure, and technical considerations for the control of the Stomoxys calcitrans fly. He requested that the appeal be declared without merit.

12.- Rafael Ángel Gutiérrez Acuña, in his capacity as General Attorney-in-Fact without limit of amount of Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. (visible at folios 730-752), informed that his represented party is a company with its own legal personality, distinct from that of Standard Fruit Company. However, he indicated that in the appeal it is treated as if it were the same legal entity; which is independent of the commercial relationships existing between one and the other. He stated that he appeared to answer the transfer, even though his principal was not notified in the terms of the second paragraph of Article 61 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Constitucional), which could have caused an absolute nullity of said act. He considered that the respondent company has not damaged or threatened the environment, neither in the past nor currently, because its actions—on the contrary—are compatible with its protection. Accordingly, its actions are framed within environmental regulations and, for that reason, it does have an environmental impact study, with the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental) granted by SETENA (file No. 104-99) and the respective operating permit from the Ministry of Health (No. 257-2001). Furthermore, he explained that said company is subject to permanent supervision and follow-up by the competent authorities, among these the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock, SETENA, whose recommendations it strictly follows. It also has national and international certifications such as ISO 14001 (Environmental Management System) and EUREP-GAP, among others. He indicated that it is not true that there is no control by governmental authorities. In addition, as far as his represented party is concerned, inspections are periodically carried out, as demonstrated by a certified copy of SETENA's official letter No. SG (DAP) S87-2005, where the Project Administration Department has analyzed the Environmental Supervision Report (Informe de Regencia Ambiental), which complies with the requirements demanded by the Secretariat, without any objections being communicated, so it must—as continuous work on the project—\"... Continue with the work of environmental follow-up and control in accordance with the provisions of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) ...\". Additionally, regarding the issue of agrochemical use, his represented party has also implemented, for several years, an Environmental Management System under the ISO 14001 standard and has EUREP-GAP certifications allowing the fruit's entry into one of the most demanding markets, such as the European one, not only from the point of view of quality but even more so in terms of agrochemical use and environmental protection, as well as worker protection. He pointed out that the foregoing is the result of the protective actions for the environment carried out by his represented party, with a strong protection of the life and health of people, among which is the Environmental Management Program (Programa de Gestión Ambiental). He added that there is absolutely no report of poisonings, neither on the farm nor in the surrounding communities. Likewise, he pointed out that workers have protective equipment and, in no case, has contamination occurred, since the Rector Health Area (Área Rectora de Salud) has not received complaints in that regard. Furthermore, the pertinent examinations are constantly carried out to determine if there is poisoning, all resulting negative. There is also no mismanagement of solid and liquid waste. The same can be said regarding the generic accusation made of an alleged felling of trees and disrespect for protected zones (zonas protectoras). Regarding the delivery of logbooks (bitácoras), he stated that they have always been available to the competent authorities and independent environmental auditors. He pointed out that, in accordance with the official letter from the Ministry of Health dated February 21, 2005, the respondent company has sanitary operating permits, has complied with the requested legal procedures, possesses high process technology, and adequate safety standards. As part of the requirements for granting and renewing such permits, it is subject to frequent supervision, follow-up, and advice from the competent authorities, among others SETENA (supervision of environmental supervision (regencia ambiental) and environmental viability (viabilidad ambiental)), Ministry of Health (operating permit), and Ministry of Agriculture. Likewise, it has established strict procedures regarding integrated pest management, seed selection and treatment, application of agrochemicals and backpack pump, application of nematicides, mixture preparation, application of agrochemicals, to regulate re-entry periods after applying crop protection products, for managing solid and liquid waste, water management procedure, soil preparation, and others. On another note, regarding the management of liquid waste, the company has established a procedure (\"Procedure for the Management of Solid and Liquid Waste\"), whose main objective is the mitigation of potential impacts, ensuring that the collection, storage, and disposal of waste generated in the farm's operations are carried out in an environmentally safe manner. Specifically, regarding the management of liquid waste, water is first freed from any solid or other contaminating agent through pre-treatment systems, and the discharge of waste onto soils or the floors of packing plants is avoided, among other actions. In accordance with the \"Water Management Procedure,\" the primary objective is the protection of water resources, the health of the family, and neighboring communities, through adequate and safe management of wastewater and liquid waste, which establishes minimum frequencies for sampling, wastewater analysis, and the submission of operational reports; maximum permissible limits for discharges in packing plants, trench lagoons, and black water lagoons. He added that the company also has bacteriological analyses of water demonstrating that there is no contamination. In that sense, for example, a copy of the analysis result issued in August 2005 is attached, through which the Center for Research in Environmental Contamination, Pesticide Analysis Laboratory of the University of Costa Rica, reports that in composite water samples from the packing plant, taken at the plant outlet, the presence of pesticides was not detected. Within the established procedures, in addition to the mentioned analyses, water wells are constantly monitored. Therefore, he affirmed that it is absolutely false that wastewater is discharged into rivers or other natural water sources. Furthermore, he pointed out that his represented party carries out proper management of solid waste. Hence, to date, there has not been and does not exist any complaint of mismanagement. Regarding the management of stubble (rastrojo), he stated that the procedures and recommendations issued by the Ministry of Agriculture and Livestock are followed, which constantly supervises. He added that, as can be inferred from the document titled \"Land Preparation,\" practices are even carried out that exceed the minimum of the recommendations of the mentioned Ministry, since the stubble material is not only dried but is also shredded, gone over, and reincorporated into the soil, in such a way that there is no contamination because the dried material is not even transferred but is used on the same land. Likewise, he stated that each time a mechanical control of the fly is carried out, the Ministry of Agriculture and Livestock is notified, which is the entity that grants the respective permits, and samplings of their presence are carried out, among other actions. He stated that the use of paraquat is restricted, giving preference to other practices, as described above. He explained that it is a product authorized by the Ministry cited above, which is used to desiccate the pineapple plant and initiate the knocking-down process. The areas are treated every three years and the doses used are those permitted. Its use is necessary for fly control and is mandatory to comply with in accordance with the powers of the Ministry of Agriculture and Livestock. To further elaborate, he indicated that according to the application protocols and practices established by the company, all measures are taken for the workers, with the application being mechanical and automated, such that workers do not have contact with the product, since it is done by means of pumps on tractors whose cabin is insulated (air-conditioned). On another note, he affirmed that there is no possibility whatsoever of contamination of water sources or neighboring communities, since legally established setbacks are respected, there are natural barriers preventing the drift effect, and all necessary precautions are taken to prevent it. He asserted that in the minute book, duly legalized by the Directorate of Phytosanitary Protection of the Ministry of Agriculture and Livestock (used to carry out control over pineapple crop stubble waste, the phytosanitary follow-up forms, samplings, and application certificates) it is recorded that the farm \"... adheres to all the recommendations that our department (Phytosanitary Protection of the MAG) indicates ...\", that \"... no larvae, pupae, nor adults (of the fly) were found in the field visit; the farm or company is carrying out all the recommended tasks ...\", that the \"... effort of the company is notable ...\", that \"... the populations (of flies) are very low and the cattle are calm and feeding. The cattle ranchers of those communities express tranquility due to the control and vigilance of this company and the joint work ...\". He even stated that in a visit recently carried out, on November 4 of this year, the phytosanitary officials of the Ministry of Agriculture and Livestock recorded that \"... the farm does not have fly problems and phytosanitary health is maintained ...\". He reiterated that his represented party has not contaminated any river, tributary, source, or spring (naciente) of water. Among its policies is to comply at all times with applicable laws and regulations, to take all feasible measures to promote the protection of health, safety, and the environment, and to continually progress towards achieving the company's objectives. In all its operations, the objective is to prevent adverse effects on health, safety, and the environment. He indicated that the respondent company uses sustainable agriculture practices and integrated pest management methods that employ biological and cultural approaches for pest and disease control. Furthermore, it uses crop protection products only when necessary, always with appropriate care and in accordance with applicable laws. In that sense, he argued that it does not use any product prohibited by the United States Environmental Protection Agency or by the European Union. He clarified that his represented party has not contaminated, given that it does not even border the Río Cinco Estrellas. There is no mismanagement of solid waste, since, on the contrary, it follows the recommendations provided by the Ministry of Agriculture and Livestock in order to avoid or mitigate the fly problem. He added that the evaluations by the Ministry cited above carried out on the farm have been favorable and continue to be so, up until the most recent visit on November 4 of this year. He stated that even if an affidavit is provided, no causal link is established between the alleged weight loss of the cattle and the company's actions. In any case, he affirmed that the company he represents has established appropriate procedures for fly control, such that it is not possible to attribute direct responsibility for the referred fact. On the contrary, he emphasized that it carries out constant evaluations, executes necessary practices for fly control, and has procedures for integrated pest management. Likewise, he pointed out that there are no complaints or reports of foul odors on the farm, including agrochemicals. In any case, he stated that only legally authorized agrochemicals are applied on the farm, in permitted cycles and doses, so contamination does not exist nor has it occurred. However, he explained that the fact that agrochemicals emit an odor as a safety or repellent measure cannot be ignored. He requested that the filed appeal be dismissed.

13.- Through a brief filed at the Secretariat of the Chamber at 10:05 a.m. on December 21, 2005 (visible at folios 1187-1190), Rafael Ángel Gutiérrez Acuña, in his capacity as General Attorney-in-Fact without limit of amount of Agroindustrial Piñas del Bosque S.A., referred to the reports rendered by the respondent public authorities. He explained that such reports are in agreement in affirming that his represented party acts according to law, with unquestionable respect for environmental regulations and with evident compliance with the principles and duties in the matter that it has imposed within its environmental protection policy; a reason that is seen in the certifications it has obtained at the national and international level. He indicated that, as noted by the Minister in his report, the cited company has been granted a concession (concesión) for the use (aprovechamiento) of water and an agricultural drainage permit.

Likewise, the SETENA report records that your project has environmental license (viability) for pineapple planting and that, pursuant to the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), it has an environmental guarantee (garantía ambiental) and an environmental manager (responsable ambiental). Regarding the latest oversight report (informe de regencia), SETENA adds that your company "(...) holds ISO 14001, Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (social responsibility), and PRIMOS LAP (company audit certification) certifications. Records exist of each of the tasks performed, taking into account various environmental indicators, including: agrochemical spills, laboratory analyses, solid waste collection and disposal, occupational health, plant cover (coberturas vegetales), etc. Significant efforts have been made to prevent surface erosion. Additionally, the river protection area has been cared for and a biological inventory has been conducted. The inspection carried out found no turbidity in the rivers caused by sediments or other pollution-producing agents, nor diversion thereof. No flies, mosquitoes, or other pests were found, due to integrated pest management. A record exists that evidences control of pest proliferation and helps improve the quality of the plantation (...)". Furthermore, the Minister of Health affirmed that no cases of poisoning have been reported, nor reports of problems caused by the pineapple activity, and that she constantly monitors the medical and cholinesterase examinations performed on workers. She added that the companies in general, including the one you represent, "(...) hold EUREPGAP certifications and Occupational Health, Emergency Response, and Waste Management Plans (Planes de Salud Ocupacional, Atención de Emergencias y Manejo de desechos), which are requested in accordance with the procedure: Guide for the Submission of the Occupational Health and Emergency Response Plan (Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias), published in Gazette (sic) 234 of December 4, 2003 (...)". As for the report provided by the Minister of Agriculture and Livestock, he indicated that it is clear that said body has exercised due control and issued recommendations for fly control, which, in turn, have been fully complied with by your client.

14.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 1:31 p.m. on January 19, 2006 (visible at folios 1205-1210), Jorge Acón Sánchez, in his capacity as General Attorney-in-Fact without limit of amount of Piña Frut S.A., indicated that the reports that, pursuant to Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), have been rendered by the respondent public institutions, are consistent in exonerating his client regarding any alleged violation of the right to a healthy environment and, on the contrary, reaffirm that the cited company has complied with the law and with the commitments in this area that have always rightly guided its activity. He noted that the report provided by the Minister is replete with facts confirming her compliance with environmental and health regulations. In that regard, he cited, expressly, what the aforementioned authority stated in that respect: "(…) 1- In the epidemiological surveillance system of the Pococí Health Governing Area there are no reports of pesticide poisoning cases at the Piña Fruit farm; nor are there any in the emergency services of the Roxana Clinic, or in the Emergency Department of the Guápiles Hospital (folio 569). 2- There are no complaints from neighbors or workers. 3- The Ministry of Health conducts constant monitoring of the medical and cholinesterase examinations performed on workers. 4- The farm holds international certifications (EUREPGAP, etc.) and occupational health, emergency response, and waste management plans, which are requested by the Ministry in accordance with the Guide for the Submission of the Occupational Health and Emergency Response Plan procedure (f. 570). 5.- (…) .It is worth adding that at the company in question, pesticide and fertilizer applications are performed with automated equipment (spray boom), requiring only the presence of the tractor driver, thus minimizing the presence of people (…) Furthermore, because this equipment can be placed within a few centimeters of the pineapple plant foliage, the drift produced is almost zero, which prevents the transfer of chemical substances to other sites by wind action. 6- There are no reports or complaints of water contamination (…) and likewise there are no epidemiological reports confirming that persons living near the 'Piña Frut' pineapple farm who use river and stream waters were contaminated and/or poisoned by using waters from the rivers in the area (Río Santa Clara). 7- Likewise, it is indicated that (…) this Ministry regulates and controls that the company in question complies with the provisions of the Forest Law (Ley Forestal) regarding the distances that must exist from facilities and cultivation to the banks of rivers and streams; the company is reforesting (sic) all non-productive areas (...) (f.571). 8- (...) The company in question performs the activity and (sic) collection of wastewater from the agrochemical treatment system, which is applied in land preparation areas for planting (...) 9- (...) this Ministry attests that the MAG and the company Piña Frut make efforts and maintain physical and chemical controls to minimize the appearance of the Calcitrans fly (...). 10- (...) Regarding solid and liquid waste management, the company, through the Ministry of Health, has established waste management plans, and during visits it has been verified that these are being implemented and are subject to continuous improvement (...) 11- (...) It should be noted that the company Piña Fruit does not submit operational reports (sic: operational) because it has no discharge into water sources. Furthermore, the farm uses closed systems, that is, without external outlets, which collect the wastewater for later use in field pesticide applications (...). 12- Regarding operating permits, the cited report states: (...) it is important to note that the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) was published in Gazette (sic) 125 of June 28, 2004; however, prior to this date, there are farms that underwent a change of activity, having gone from being banana farms to pineapple farms, maintaining the facilities in the locations that were approved for the banana farms, and the company Piña Fruit is one of them, since it commenced activity in 2001 and began siting procedures with this Ministry in 2002; therefore, it was established and put (sic) into operation before the publication of said regulation, so the Law is not retroactive and, as established by said legal framework, it only applies to new projects to be installed, not to those already installed and operating, as in the case in question (...) (f.572). 13- (…) It is therefore clear that said farm was granted the Sanitary Operating Permit in full compliance with the Legislation in Force at the time the companies requested it, it being clear that they had to comply with the legislation related to the General Health Law (...)". Consequently, he reiterated that the respondent company has complied with the required legal procedures, possesses high technology processes, and adequate safety standards. He requested that the appeal filed be dismissed.

15.- The President of the Municipal Council of Guácimo, the Legal Representative of SEBASTOPOL S.A., and the Legal Representative of Agroindustrial Babilonia S.A., did not render the reports requested by means of the resolution of 7:49 a.m. on November 18, 2005 (verification visible at folio 1247).

16.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 8:10 a.m. on June 12, 2006 (visible at folios 1261-1264), Marco Machote Levy requested that he be considered an active coadjuvant in this amparo proceeding. He stated that the inhabitants of the communities of Guácimo, Pococí, and Siquirres are doubly affected by the pineapple plantations, since, to the impact of aerial spraying on the residents, must be added the impacts on surface and groundwater sources, particularly on the artisanal wells of neighbors and residents. He explained that the current situation demands the need, as provided for in the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) (Article 17), to subject the pineapple farm expansion process to an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), also taking into account that the surface area being impacted advises more than prudence in the application of certain chemical elements. He indicated that environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), duly processed in form and content, are an indispensable regulatory instrument in environmental legislation when projects have an appreciable impact on the environment for analyzing developers' proposals, aiming thereby to inform, in a general manner, of the conflicts raised, certain alternatives, and the necessary corrective measures, thus opening a hearing process for all affected parties. He added that both the method used and the toxic compounds used by the pineapple farms, with or without corrective measures, are a danger to the environment and to people, given that these are non-selective, harmful, and persistent toxic components, meaning they accumulate in the food chain with serious consequences for the environment. Likewise, he pointed out that such compounds, both by their very nature and by the chosen method, do not discriminate areas, equally affecting surface and groundwater sources, which they contaminate by direct contact or by runoff. He stated that the incapacity and lack of foresight have led the respondent authorities to the need to adopt exceptional measures that could have been perfectly avoided with adequate planning and a phasing of solutions that did not have the impact that pineapple plantations are causing on the environment, and which would have meant mitigating, or avoiding, damage to the population. In any case, he stated that the legal system provides other mechanisms to protect such goods from that same activity. In that sense, he explained that there exists an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) to which all activities potentially harmful to the environment must be subjected, as prescribed by Article 17 of the Organic Environmental Law No. 7554. He added that in the specific case of agriculture, the Regulation of the National Environmental Technical Secretariat (Reglamento de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental) requires an EIA as a prerequisite for its authorization. Thus, he indicated that Article 4, paragraph 2 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) provides that the activities listed in Annex 2 are subject to the process of obtaining environmental viability (license) (viabilidad (licencia) ambiental) before SETENA. Accordingly, he pointed out that the introduction to the cited annex states the following: "(…) In compliance with the provisions of Article 17 of the Organic Environmental Law, for those activities for which no specific law exists ordering the conduct of an EIA, or that are likely to alter or destroy elements of the environment, or generate waste, toxic or hazardous materials, SETENA, together with a Joint Technical Support Commission (Comisión Mixta de apoyo técnico), has prepared a list of activities, works, or projects that would be subject to the EIA process prior to commencing their activities. For short, this list is designated as the EIA list. 2. Reference basis for the EIA list. In order to obtain a standardized, widely recognized reference pattern, the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (CIIU-version 3 of the year 2000), promoted by the United Nations Statistical Commission for more than three decades, has been used as the basis for preparing the EIA list. In addition to CIIU, SETENA has integrated those other activities, works, or projects that require an EIA process prior to commencing activities, considering the experience developed over more than ten years in EIA in Costa Rica, and the technical expert judgment of the Joint Commission that prepared the EIA list. To the extent possible, SETENA and the Joint Commission have maintained the hierarchical structure of categories, divisions, groups, and classes included in the CIIU3, so that the user can easily access and manage the EIA list. 3. General categorization according to Potential Environmental Impact (IAP). The general categorization of activities, works, or projects according to their IAP presented here was prepared by SETENA and the Joint Commission, using a technical methodology for systematic classification of the listed activities, works, or projects, based on the nature of their productive process and their combined, cumulative, or individual environmental effects. This classification defines the following categories: Category A: High Potential Environmental Impact. Category B: Moderate Potential Environmental Impact. This category is in turn subdivided into two subcategories: Subcategory B1: Moderate-High Potential Impact, and Subcategory B2: Moderate-Low Potential Environmental Impact Category C: Low Potential Environmental Impact (…)”. He argued that within the category: agriculture, livestock, hunting, and silviculture, the division: agriculture, livestock, hunting, and related activities is included, which, in turn, describes the activity of aerial agricultural fumigation services. According to what the matrix indicates, large companies are Category A, medium-sized companies are in Category B1, and small ones in Category B2. He requested that the appeal filed be granted.

17.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 3:05 p.m. on March 1, 2007 (visible at folios 1268-1273), the petitioner stated that, curiously, there is a great coincidence between what was reported by the Ministry of Health and the company Piña Frut S.A. She considered that the position taken by the cited Ministry has been to protect the operation of the pineapple companies, to which Sanitary Operating Permits have been granted. She accused that a desk analysis was carried out, omitting a field inspection to verify whether what was reported aligns or not with the real truth of the facts that have been occurring in the Northern Caribbean of our country. Hence, she requested that an on-site inspection be conducted to verify that the problems reported in this proceeding truly exist. She indicated that, contrary to what was stated by the municipal authorities, these also have the duty to supervise and ensure the well-being of the inhabitants of each canton. Likewise, she requested verification of whether the preventive measures ordered to the respondent authorities in the interim resolution have been complied with, especially regarding the report requested from the Ministry of Environment and Energy. This, given that, after reviewing the file, they found no report regarding the high areas located south of Guácimo, where there are a series of aquifers that would be affected if pineapple expansion continues in that zone. Furthermore, she stated that they have detected that the communications made by the Ministry of Environment and Energy for compliance with the preventive measures indicated by this Chamber were sent to the La Amistad Caribe Conservation Area, when, in reality, the region where the alleged environmental problems and damages are occurring is located in the Tortuguero Conservation Area, for which reason she requests that this Honorable Chamber issue the corresponding preventive order to the Ministry of Environment and Energy. Further elaborating, she affirmed that only the respondent company Agroindustrial de Babilonia S.A., formerly named Agropecuaria Los Novillos S.A., is located within the La Amistad Caribe Conservation Area. Despite that, she argued that this Area, to date, has not provided any report regarding the operation of said pineapple farm, which is why she requests that the pertinent preventive order be issued, under legal warnings in case of omission. Likewise, she provided a map of the zone located south of Guácimo, indicating the existing aquifers in that area. The aforementioned map was prepared by the Tortuguero Conservation Area and is in the hands of the Ministry of Environment and Energy, as is evident from the document itself. Finally, she requested that the co-respondent companies SEBASTOPOL S.A. and Agroindustrial de Babilonia S.A. be notified at the addresses provided for such purposes. She requested that the appeal filed be granted.

18.- By means of the resolution of 2:37 p.m. on May 8, 2007 (visible at folio 1280), the Legal Entities Registry (Registro de Personas Jurídicas) of the National Registry (Registro Nacional) was requested to certify the name of the legal representative and the legal domicile of the companies Sebastopol, S.A. and Agroindustrial de Babilonia, S.A.

19.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 3:35 p.m. on May 28, 2007 (visible at folios 1281-1282), the petitioner Solano Vasquez accused that in recent weeks, a series of events have occurred in the high areas of Guácimo, specifically in the southern part where a series of springs (nacientes) that supply water to different populations in the area are located within the property of Hacienda Las Delicias S.A. She argued that earthworks (movimientos de tierra) are being carried out on said property, which demonstrates disobedience to the order issued by the Constitutional Court in the interim resolution of 7:59 a.m. on November 18, 2005, since the latter ordered the institutions involved in this proceeding to take all pertinent measures to prevent further damage to the detriment of the environment.

20.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 10:26 a.m. on June 1, 2007 (visible at folios 1288-1294), the Director of the Registry Services Directorate of the National Registry complied with the preventive measure ordered by the Chamber by resolution of 2:37 p.m. on May 8, 2007.

21.- By resolution of 3:08 p.m. on June 7, 2007 (visible at folio 1295), this Constitutional Court ordered the following: "(…) Having reviewed the brief submitted by the petitioner RUTH SOLANO VASQUEZ, identity card number 0104460869, visible at folios 1281-1282 of file number 05-014235-0007-CO, in which she accuses disobedience of the order issued by this Chamber in the interim resolution of this proceeding -visible at folios 381-387-, since, according to her claim, earthworks are being carried out at Hacienda Las Delicias S. A. that endanger a series of springs that supply water to different communities in the area; a hearing is granted for THREE DAYS to the Minister of Environment and Energy, the President of the National Environmental Technical Secretariat, and the Municipal Mayors of Siquirres, Guácimo, and Pococí, counted from the notification of this resolution, to address the facts and omissions alleged. Furthermore, notify the transfer order of this proceeding to Gabriel Lewis Navarro, in his capacity as President with powers of General Attorney-in-Fact without limit of amount of Frutas de Exportación Frutex, S. A. -the company into which Agroindustrial de Babilonia S. A. was merged-, at Barrio La California, 100 meters west and 75 south of Pollo Kentucky, house on the right-hand side of Esqui- Vol, and to Luis Manuel Echeverría, holder of identity card 1-512-503, or to Daniel Coen Riba, holder of identity card number 9-045-768, in their capacities as President and Vice President with powers of General Attorney-in-Fact without limit of amount of Sebastopol, S. A., in San José, Calle 21, No. 630 (…)".

22.- By means of the resolution of 1:39 p.m. on June 19, 2007 (visible at folio 1297), the Director of Legal Entities of the National Registry was requested, as evidence for better resolution, to certify the legal domicile of the company named SEBASTOPOL S.A.

23.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Chamber on June 29, 2007 (visible at folios 1299-1300), the Director of the Registry Services Directorate of the National Registry complied with the preventive measure ordered by the Chamber by resolution of 1:39 p.m. on June 19, 2007.

24.- Edgar Cambronero Herrera, in his capacity as Mayor of the Municipality of Siquirres, reported under oath (visible at folio 1304) that Hacienda Las Delicias is not located in that canton.

25.- Gerardo Fuentes González, in his capacity as Municipal Mayor of Guácimo, reported under oath (visible at folios 1307-1310) that his client has not authorized any earthworks at Hacienda Las Delicias. He maintained that, in accordance with an inspection conducted by municipal officials, it was verified that no pineapple is cultivated or produced on that property. Nor has any construction permit been granted, whether for dwelling houses, buildings, factories, etc.; the only permits that have been granted being for livestock corrals.

26.- Tatiana Cruz Ramírez, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, reported under oath (visible at folio 1316) that said institution has granted the respective viability to Agroindustrial Babilonia S.A. for a self-consumption tank (file No. 1048-2005-SETENA) and, subsequently, to FRUTEX S.A. for the use of well water. Thus, she argued, expressly, the following: "(…) from the date of the official letter that fulfilled the report requested by the Chamber (SG-2985-2005-SETENA, of November 24, 2005), to the present, no environmental viability has been granted to carry out earthworks for pineapple cultivation, in the locations indicated by the Chamber, neither to FRUTEX S.A., nor to Agroindustrial Babilonia S.A., nor to Hacienda Las Delicias S.A., nor to Sebastopol S.A. (…)".

27.- César Antonio Bonete Castells, in his capacity as General Attorney-in-Fact without limit of amount of Frutas de Exportación Frutex, S.A., reported (visible at folios 1329-1335) that there are no earthworks, alteration to the ecosystem, or any impact on the environment, water springs, or other resources by officials of said company. He argued that they cannot disobey a directive or order imposed in a resolution that had not been previously communicated to them. In any case, he stated that in said resolution the Constitutional Chamber did not prohibit agricultural activity in the Atlantic Zone. Consequently, he rejected the charge imputed by the petitioner regarding the activities carried out on the farms that currently belong to his client. He reiterated that there is no earthworks whatsoever on said property, nor have springs or aquifers been affected; a situation that can be verified in accordance with an inspection conducted by officials of the Tortuguero Conservation Area of the Ministry of Environment (Report No. ACTo-GMURN-PMF-258-07 of June 13, 2007). He added that his client, in strict concordance with the "Procedures Manual of the National Environmental Technical Secretariat" and adherence to the constitutional, legal, and regulatory provisions in force governing environmental matters since July 16, 2007, submitted to that authority the form called Environmental Assessment D1, the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), the Sworn Declaration of Environmental Commitments, legal and technical documentation, and supplementary technical documents, in pursuit of obtaining, in due course, the granting of the Environmental Viability for the Project "Change from livestock to pineapple agricultural activity under the Agroconservationist System" (Cambio de actividad ganadera a agrícola de piña bajo el Sistema Agroconservacionista), according to administrative file No. 0823-07-SETENA. He added that on his client's properties, there are no water intakes or springs from which the communities in the area are supplied.

28.- César Antonio Bonete Castells, in his capacity as General Attorney-in-Fact without limit of amount of Frutas de Exportación Frutex, S. A., reported (visible at folios 1389-1405) that the development of pineapple cultivation by his client has been carried out using the agricultural procedures and practices in force in the country for more than three decades, in pursuit of achieving a balance between the environment and production. Consequently, he denied that the respondent company has caused a negative impact on the environment. He maintained that his client holds the Sanitary Operating Permit, construction permits, and timely environmental and technical advisory assistance, in order to operate and function in accordance with the legal and regulatory provisions governing the matter. Likewise, it applies procedures for the treatment of wastewater, which is deposited in fallow areas (áreas de barbecho). Furthermore, he indicated that solid waste is treated through processes seeking environmental protection; organic waste is buried, and inorganic waste is disposed of through municipal garbage collection, as well as by recycling. He affirmed that the farms respect the protection zones, and actually border or are covered by forests, thus creating a natural barrier. Likewise, efficient waste management and respect for said zones are achieved, since the managers of said farms or plantations have a procedure for the rational use of agrochemicals, safeguarding environmental protection and, therefore, that of the worker. In that sense, he added that there have been no poisoned individuals at the Babilonia farm. He denied that protection zones have been logged or disrespected, given that, on the contrary, many sectors adjacent to the rivers and streams contiguous to or related to the farms are protected by a natural barrier or forest mass (masa boscosa). He noted that the respondent company holds, in turn, EUREP-GAP certification and others of an international nature. He explained that since pineapple is an export product, both internationally and nationally, a series of conditions and requirements are demanded, which commit the company to adequate and good management of natural resources and solid and liquid waste. He explained that such conditions and requirements are evidenced by the EUREP-GAP certificate and the different requirements such as the Plan to prevent soil erosion, the Environmental Management Plan, the FEAP of the Packing Plant, among others. He added that the company has environmental policies and a sanitary operating permit granted by the Ministry of Health, which is currently valid. Furthermore, it has complied with the FEAP of the packing plant and the consequent processing before the National Environmental Technical Secretariat, as well as all permits and licenses from the Municipality of Siquirres. He added that the activity carried out by his client has been monitored by government authorities. In that regard, he indicated that the State Phytosanitary Service exercises rigorous control to prevent the spread of pests and other diseases. Likewise, he stated that applications of chemical products for agricultural use and any other complaint within its purview that may arise are monitored. He pointed out that the respondent company has liquid and solid waste management plans. Thus, farm wastewater is never discharged into the river but into fallow areas. Similarly, water analyses exist proving there is no toxicity from wastewater release. Nor do any complaints exist against his client. He noted that it also complies with everything related to the procedure for the treatment of solid pineapple cultivation waste approved by the Ministry of Agriculture and Livestock. He explained that biodegradable solid waste from the pineapple harvest is buried (Article 20 of the Phytosanitary Protection Law No. 7664), as recorded in the logbook maintained for that purpose. Likewise, he indicated that his client does not appear involved in the reports of the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes de la República). He indicated that the Cinco Estrellas River does not border any of the company's farms. Finally, he argued that the provisions of Executive Decree No. 26042-S-MINAE have always been complied with, which is why no chemical product that produces a light blue foam coloration is used on said farm. He requested that the appeal filed be dismissed.

29.- Enrique Alfaro Vargas, in his capacity as Municipal Mayor of Pococí, reported under oath (visible at folios 1406-1408 and 1414-1416) that while it is true that at another time the Municipality did not exercise timely control over pineapple plantations, in recent times his client has been exercising control in matters of land-use certificates. Thus, he explained that the Municipal Tax Law of the Canton (Law No. 8582) requires pineapple-producing companies to hold their respective municipal license (patente municipal) to operate in the canton, which allows for much more effective control over said activity.

He indicated that in that year the respondent Corporation, for the issuance of the aforementioned land-use certificates (certificados de usos de suelo), began applying the hydrogeological and soil classification studies prepared for the Cantonal Regulatory Plan (Plan Regulador del Cantón). He further stated that an inventory was ordered of the authorized and unauthorized pineapple activities by the Municipal Corporation, in order to take appropriate measures and maintain constant surveillance and control over them. Similarly, he noted that he issued an order to the person in charge of Environmental Sanitation of that Corporation to inspect and report on the collection, treatment, and final disposal process, both of waste or stubble (desechos o rastrojos) and of the agrochemical substances being used by the pineapple-producing companies. He requested that the petition filed be declared without merit.

30.- The Minister of Environment and Energy and the President and Vice President of SEBASTOPOL S.A. did not submit the required reports (certification on folio 1418).

31.- In the processing of the case, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Jinesta Lobo; and,

CONSIDERANDO:

I.- REGARDING THE REQUEST FOR COADJUVANCY. Through the document visible on folios 1261-1264, Marco Machore Levy requested to be considered an active coadjuvant (coadyuvante activo) in this proceeding. On this matter, Article 34, paragraph 3, of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) stipulates that anyone with a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant (coadyuvante). In this specific case, according to what the petitioner indicated, the pineapple activity carried out by the respondent companies in the cantons of Guácimo, Pococí, and Siquirres of Limón flagrantly affects the provisions of Article 50 of the Political Constitution. Consequently, his request for active coadjuvancy is admissible.

II.- PURPOSE OF THE PETITION. The petitioners allege violation of the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined, respectively, in Articles 21 and 50 of the Political Constitution, in that, in their view, the respondent companies and public authorities incur, specifically, in the following infractions: a) the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group use chemical substances that affect not only the health of workers and residents of Pococí, Guácimo, and Siquirres, but also the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources located there; b) the Ministry of Agriculture and Livestock has not taken the necessary measures to combat the plague of the fly called stomoxys calcitrans, despite the fact that the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), through report No. 00701-2004-DHR, pointed out the causal link between pineapple waste (desechos de la piña), the proliferation of this insect, and the impact on livestock in the area; c) the respondent authorities, in general, have not supervised the pineapple activity carried out by the respondent companies, given that, for example, none of the latter currently has environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) for their operation; and d) despite the large number of springs (nacientes de agua) located in the canton of Guácimo, the intention is to expand pineapple production in that area.

III.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo petition (recurso de amparo), the following are taken as proven:

1. On November 30, 2001, the Ministry of Health granted a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) to the company Piñas del Bosque S.A. for the cultivation and commercialization of pineapple, for a period of five years (visible on folio 644).

2. On June 28, 2002, the authorities of the Directorate of Phytosanitary Protection Services of the Ministry of Agriculture and Livestock formally opened an inspection logbook at the Babilonia farm of the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. Thereafter, said authorities inspected and issued corresponding recommendations to said company on the following dates: September 11, 2002; June 5, July 23, September 24, and October 24, all of 2003; January 14 and September 8, 2004; May 4, July 29, and November 17, all of 2005 (visible on folios 72-81 of file No. 2 / evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).

3. As of September 2002, the Department of Pest Surveillance and Control of the Huetar Atlántica Region of the Ministry of Agriculture and Livestock formally opened a record book, duly sealed and signed, to note recommendations and agreements related to the company Piñas del Bosque S.A., as well as to diligently monitor the proliferation of the fly called stomoxis calcitrans (visible on folio 950).

4. On March 6, 2003, the Ministry of Health granted a Sanitary Operating Permit to the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. (Babilonia farm) for the cultivation and commercialization of pineapple, for a period of five years (visible on folio 48 of file No. 2 / evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).

5. On June 18, 2003, the then Deputy María Elena Núñez Chavez filed a complaint before the Minister of Health regarding the alleged outbreak of stomoxys calcitrans flies in the cantons of Siquirres, Guácimo, and Pococí (visible on folios 208-209).

6. On November 3, 2003, the Cattle Ranchers of Guácimo and Pococí denounced before the Ombudsman's Office that since 2001 they had been affected by an outbreak of stomoxys calcitrans flies (visible on folio 235).

7. On November 25, 2003, the Ministry of Health granted a Sanitary Operating Permit to the company SEBASTOPOL S.A. for a period of five years (visible on folios 649 and 1109).

8. In the Final Recommendations Report of the Ombudsman's Office No. 00701-2004-DHR dated January 26, 2004, prepared on the occasion of a complaint filed by then Deputy María Elena Núñez Chavez regarding the proliferation of the stomoxys calcitrans fly in the areas of Pococí, Guácimo, and Siquirres, the following was expressly established: "(...) NEGATIVE EFFECTS ON LIVESTOCK REPRODUCTION: The Stomoxys calcitrans fly does not coexist with livestock; it feeds on the animals' blood and retreats to shaded areas. It seeks to feed on blood at least 3 times a day to mature its eggs. A stable fly attack is notable in pastures, as the animals isolate themselves, huddle together, there is constant tail-switching (movimientos de rabo o cola), paths are formed in the pastures as a result of the insect's attack, they alter their nervous system (aggressiveness), break wire fences, prevent milking, do not feed calmly, lose weight, and consequently reduce meat and milk production (...) Having concluded the investigation, the following facts have been verified: 1- That the stubble or waste resulting from the pineapple harvest left in the cultivation field constitutes the breeding sources for the fly whose scientific name is Stomoxys Calcitrans, an insect that causes health problems for the human population and livestock. 2- That outbreaks have been periodically recorded in numerous population centers in the North, South Pacific, and Atlantic regions of the country without the pest having been eradicated. 3- That as part of the technical measures recommended by the Ministry of Agriculture and Livestock for the elimination or control of the insect, the practice of burning in the cultivation fields and the use of burning herbicides such as Paraquat have been considered. Based on the foregoing, the Ombudsman's Office makes the following considerations: SOLE: The problem generated by the so-called stable fly, biting fly, or stable fly has been consistently reported to this Ombudsman's Office since 1996, which demonstrates that the actions or efforts of the competent authorities have been insufficient to eradicate the pest and solve the problem affecting livestock production and human health. According to the information recorded in files numbers 1091-23-96, 2768-23-27, and the documentation provided to this investigation, the causal relationship between the inappropriate management of pineapple stubble (rastrojo de piña) and the proliferation of the insect in the cultivation areas of said product, such as San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aires, Guácimo, and Pococí, has been fully demonstrated, without the dimensions of the problem and the area it covers having led to the declaration of a pest combat state as was previously recommended by this Ombudsman's Office to the Ministry of Agriculture and Livestock (...) THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC RECOMMENDS. TO THE MINISTER OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK. 1.- Declare the combat state for the Stomoxis Calcitrans fly pest in the critical areas that have already been identified or that are justified according to new outbreaks and carry out the emergency actions stipulated by the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria), which includes collection and appropriate treatment outside the cultivation fields. 2.- Replace the recommendations for burning and application of agrotoxins in the cultivation fields with biological control techniques or another environmentally more convenient alternative. If these prove insufficient, the need to compel producers to install collection, storage, and specialized treatment centers to prevent stubble from remaining and being burned in the fields must be considered (...)". (visible on folios 210-220).

9. On June 8, 2004, the Pro-Improvements Development Association of Parismina de Guácimo denounced before the Ministry of Health the expansion of pineapple planting projects in that area (visible on folios 239-240).

10. On August 27, 2004, the Ministry of Health granted a Sanitary Operating Permit to the company Piña Frut S.A. for the cultivation and commercialization of pineapple, for a term of five years (visible on folio 436).

11. By brief of October 13, 2004, the Environmental Commission in Defense of the Natural Resources of the canton of Guácimo expressed to the Ministers of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy, as well as to the Ombudsman, its concern about the expansion of pineapple activity in that canton (visible on folios 254-256).

12. During 2004, the Pest Surveillance and Control Management of the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock conducted a series of inspections to determine the main sources generating stomoxys calcitrans fly problems in the cantons of Siquirres, Pococí, and Guácimo. Thus, 31 inspections were carried out at the company Piñas del Bosque, 8 inspections at the company of the Acón Group, and 7 inspections at SEBASTOPOL S.A. and the Babilonia farm. Likewise, on that occasion, the existence of 25.56% of area affected by the aforementioned fly and 37.93% of controlled area was determined (visible on folios 697-701).

13. Through the official communication of the Unit for the Protection of the Human Environment of the Pococí Health Area No. ARSP-PAH-124-05 of February 18, 2005, the Director of that Governing Health Area was informed that in said canton, only the Piña Frut farm dedicated to pineapple planting and export is located, specifically, in San Antonio de Roxana, which, in turn, had a sanitary operating permit and the location, construction, and operation permits for the activity. Likewise, said communication stated, expressly, the following: "(...) the physical and sanitary conditions of the company Piña Frut, such as (sic) the packing plant is one of the most modern in the country, it also has high-technology processes, possesses adequate standards of safety, asepsis, and worker protection. Regarding the other facilities, they meet the physical and sanitary conditions stipulated in the legislation; in relation to pesticide application equipment used in the activity, these are by automatic means, where the equipment operator 'pesticide application tractors' has automated systems (sic) and the tractor cabin has air conditioning, so they have no contact with the outside; furthermore, it does not require other workers for the application of agrochemicals; the products used on this farm are duly registered for use on pineapple and have their due registrations from the MAG. Additionally, the mentioned Farm is certified by international quality standards such as EUREP GAP, since its product is exported to demanding markets in quality, safety, and environmental standards such as Europe and the United States. The Piña Frut farm has an occupational health program and emergency plans, as well as liquid and solid waste plans (...) The company's workers have their due personal protective equipment for the different activities carried out (sic) on the farm such as product mixing, seed preparation, product storage in warehouses, pesticide application, fruit handling in the packing plant, harvesting, among others. The farm has trenches where solid waste is deposited; regarding liquid waste, they have water reuse systems in the process. These systems to date have not presented anomalies in this Ministry, either by inspection (sic) carried out or by complaints. This Governing Health Area has not received complaints to date from neighbors or other governmental entities (...)". (visible on folios 185-186).

14. By official communication of the Unit for the Protection of the Human Environment of the Guácimo Governing Health Area No. ARG-PAH-20-05 of February 21, 2005, the Director of that unit was informed that, as of that date, the companies Piñas del Bosque, Piñera Gildell, Piñales del Caribe, and Piñas Finca Cartagena had current sanitary operating permits. Also, that those companies had provided the land-use permits (permisos de uso de suelo), construction plans, and the requirements for the physical and sanitary conditions for their operation. Furthermore, the following was stated expressly: "(...) Among the assessed facilities are the packing plants, which encompass the most advanced construction technologies in the area, they also have high-technology processes, possess adequate standards of safety, asepsis, and worker protection. Regarding natural resource management, cultivation, and purely agricultural practices, it is worth mentioning that these aspects, according to Law 8220, are in the hands of the other competent institutions (...)". (visible on folios 187-188).

15. On April 25, 2005, the Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock formally opened a record book, duly sealed and signed, to note recommendations and agreements related to the Babilonia farm of the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A., as well as to diligently monitor the proliferation of the fly called stomoxis calcitrans (visible on folio 1 of file No. 2 and on folio 39 of file No. 4 / evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).

16. Through the official communication of the Pococí Governing Health Area No. RHA-DARSP-265-05 of November 24, 2005, it was certified that, in accordance with the Epidemiological Surveillance data of the Ministry of Health, as of that date, there was no record whatsoever of intoxications from agrochemicals at the company Piña Frut S.A. (visible on folio 454).

17. Through resolution No. 1905-2005-SETENA at 15:25 hrs. on August 4, 2005, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), in relation to the pineapple activity carried out by the company Piñas del Bosque S.A., stated the following: "(...) On July 14, 2005, a follow-up visit was made to the project area, during which the following conditions were verified: 1. The project in question has been in its operational stage since 1999. It currently has 850 Ha of cultivated pineapple (...) 3.- The company has ISO 14001, Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (Social Responsibility), and PRIMOS LAP (Company Audit Certification) certifications. 4.- The certifications granted to the El Bosque farm require the existence of an environmental policy, an established mission and vision, requiring for their compliance internal and external audits of the project. In September 2004, the Environmental Management Department conducted an internal environmental audit of the farm, where it was asserted that the farm complies with the requirements of the ISO 14001 Standard (...) 6.- There are records of each of the tasks carried out, taking into account various environmental indicators, among which are: agrochemical spills, laboratory analysis, solid waste collection and disposal, occupational health, plant cover (coberturas vegetales), among others. 7.- Significant efforts have been made regarding the prevention of surface erosion, using good agricultural practices such as minimum tillage, use of the mucuna crop (mucura sp), serving as mulch prior to pineapple planting, larger seed size accelerating plant growth preventing an increase in exposed soil area, use of vetiver and grass in the canals. These help prevent sedimentation in the rivers that cross the project (Santa Clara, Jiménez, and Cristina). 8.- The protection area of the rivers located within the project area has been safeguarded, preventing the cutting of existing plant species in them, as well as incorporating new plant resources (...) 9.- As part of the EUREPGAP regulations, biological inventories of flora and fauna are carried out (...) 10.- According to the inspection, no turbidity was determined in the rivers, caused by sediments or other pollutants, nor any diversion of them. 11.- As part of the plantation management, the use of a series of agrochemicals is required, among which we have fungicides, herbicides, insecticides, nematicides, growth regulators, fertilizers and amendments, coadjutants. Within the file, there are no results of soil or surface or groundwater analyses determining their non-affectation. 12.- The presence of flies, mosquitoes, and others was not determined, due to integrated pest management. There is a record evidencing the control of pest proliferation and helping to improve the quality of the plantation (...)". Likewise, on that occasion, the respondent authority ordered the following: "(...) POR TANTO. LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE (...) PRIMERO: To request from the developing company: 1.- To submit, within a maximum period of 10 days, a consolidated Environmental Compliance Report (Informe Regencial) specifying the environmental measures regarding soil preparation, plantation management, integrated pest management, waste management, solid and liquid, results of the monitoring of wells and rivers within the project area, through physicochemical and bacteriological analyses, a copy of the environmental certifications that the project holds (...)". (visible on folios 197-200).

18. On August 23, 2005, the representatives of the company Piñas del Bosque S.A. sent the SETENA authorities the environmental compliance report required by resolution No. 1905-2005-SETENA (report visible on folio 728).

19. Through official communication No. SG-(DAP)-587-2005, dated September 1, 2005, the authorities of the National Environmental Technical Secretariat, regarding the operation of the company Piñas del Bosque S.A., ordered the following: "(...) The Project Administration Department (DAP)-SETENA has conducted an analysis of the Environmental Compliance Report (...) determining that it does comply with the requirements established by this Secretariat: Therefore, I am pleased to inform you of the following: (...) To continue with the environmental monitoring and control task, in accordance with the provisions of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) (...)". (visible on folio 755).

20. By official communication of the Urban Development and Control Department of the Municipality of Pococí No. DCU-119k-2005 of October 19, 2005, the Administrative Head of the company Piña Frut S.A. was informed that, given the impossibility of providing its represented company with solid waste collection and treatment services, there was no inconvenience whatsoever in their using the site where that Corporation disposes of and treats them, provided they were traditional waste (visible on folio 492).

21. On October 20, 2005, the Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock formally opened a record book, duly sealed and signed, to note recommendations and agreements related to the company Piña Frut S.A., as well as to diligently monitor the proliferation of the fly called stomoxis calcitrans (visible on folios 514).

22. During the visit made by officials of the Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock to the company Piña Frut S.A. on October 21, 2005, the following was determined: "(...) In said inspection tour, we found larvae on the perimeter of lot 11, in lot 8 shredding must be done in the remainder of this week, furthermore, they are preparing in the same lot, closing furrows (sic) to begin shredding, traps are being set since there is a large amount of adult flies. Recommendations: Lot 11: burn what remains, plow, harrow and apply insecticide, in addition to replacing the very loaded traps. Lot 8: burn, shred, and harrow; if necessary, apply insecticides and change traps. In lots where 3 weeks have passed since applying herbicides to dry out the plants, trapping should be done; if these traps catch adult flies, an insecticide should be applied to prevent the increase of flies (...)". (visible on folio 515).

23. In the inspection carried out at the company Piña Frut S.A. by officials of the Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock on October 27, 2005, it was confirmed that the recommendations given on the occasion of the visit made on the 21st of that same month were being followed (visible on folio 516).

24. Through a report dated November 24, 2005, the authorities of the Pococí Governing Health Area, regarding the operation of the company Piña Frut S.A., stated the following: "(...) 1.- HEALTH PROBLEMS AND INTOXICATIONS OF WORKERS AND RESIDENT POPULATION NEAR THE PINEAPPLE FARMS DUE TO THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES USED IN THE PLANTATIONS. (...) in the epidemiological surveillance system of the Pococí Governing Health Area (...) to date, no case of pesticide intoxication has been reported (sic) at the pineapple farm called Piña Frut (...) it has not received complaints from neighbors, workers regarding problems caused by the pineapple activity. Given the above, it can be said that there is no report of intoxications and damage to the health of the workers and neighbors of the pineapple farms. Additionally, this Ministry constantly monitors the performance of medical and cholinesterase exams carried out on workers who handle pesticides, especially organophosphates and carbamates. During the visits to the pineapple farms, the personal protective equipment provided to the workers in all processes is also supervised. It should be noted that the pineapple farms have EUREPGAP certifications and Occupational Health, Emergency Response, and Waste Management Plans, which are requested according to the procedure: Guide for the Presentation of the Occupational Health and Emergency Response Plan, published in Gazette 234 of December 4, 2003 (...) in the aforementioned company, pesticide and fertilizer applications are carried out with automated equipment (spray boom) in which only the presence of the tractor driver is required, minimizing the presence of people exposed to said substances, and applications are made when there is no personnel in the field. Furthermore, because they are equipment that can be placed a few centimeters from the pineapple plant foliage, the drift produced is almost zero, which does not affect the transfer of chemical substances to other sites by wind action (...) 2.- CONTAMINATION OF WATER SOURCES (...) there are no reports or complaints regarding this aspect, and likewise, there are no epidemiological reports confirming that people living near the 'Piña Frut' pineapple farm who use water from the rivers and streams were contaminated and/or intoxicated by using water from the rivers in the area (Río Santa Clara). Additionally, this Ministry regulates and controls that the aforementioned company complies with the provisions of the Forestry Law (Ley Forestal) regarding the distances that must exist between the facilities and cultivation and the banks of rivers and streams; the company is reforesting (sic) all non-productive areas. The aforementioned company carries out the collection of residual water from the agrochemical treatment system, which is applied in land preparation areas for planting. (...) 3.- DAMAGE TO LIVESTOCK DUE TO THE PROLIFERATION OF THE STOMOXYS CALCITRANS FLY. (...) this vector affects local livestock; controls are carried out by the Ministry of Agriculture and Livestock, the entity in charge of animal health in the country. However, this Ministry attests that the MAG and the company Piña Frut make efforts and maintain physical and chemical controls to minimize the appearance of the Calcitrans fly. (...) 4.- LACK OF SUPERVISION AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (...) the company, through the Ministry of Health, has established waste management plans, and during visits, it has been verified that they are being implemented and are of continuous improvement. It should be noted that the company Piña Frut does not submit operational reports since it does not discharge into water sources. Furthermore, the farms use (sic) closed systems, that is, without an outlet to the outside, which collect residual water for later use in field pesticide applications (...) 5.- GRANTING OF OPERATING PERMITS WITHOUT COMPLYING WITH PROCEDURES (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS). (...) the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) was published in Gazette 125 of June 28, 2004; however, prior to that date, there are farms that made a land-use change (cambio de actividad), since they went from being banana farms to being pineapple farms, maintaining the facilities in the sites that were approved for the banana farms, and the company Piña Frut is one of them, since it started (sic) activity in 2001 and began location procedures before this Ministry in 2002; therefore, it was established and put into operation before the publication of said regulation, so the Law is not retroactive, and as that legal framework establishes, it only applies to new projects to be installed, not to those already installed and operating, as in the mentioned case. Therefore, it is clear that the (sic) farm was granted the Sanitary Operating Permit in full compliance with the Legislation in Force at the time the companies requested it, it being clear that they had to comply with the legislation related to the General Health Law, such as location procedures, construction of their facilities, pesticide warehouses, showers, changing rooms, and laundries, wastewater treatment systems, etc., in a sanitary manner that does not represent danger and/or risk to the health of the workers or the public visiting said facilities (...) 6.- LACK OF CONTROL AND MONITORING OF WELL WATER AT THE PINEAPPLE FARMS (...) this is not true, as there are reports on the quality of water for human consumption and process (sic) carried out by nationally prestigious laboratories, which indicates that said waters are controlled and monitored. In addition, inspections are carried out evaluating the location and operation of the wells and water tanks (...)". (visible on folios 577-584).

25. Through a report dated November 24, 2005, the authorities of the Unit for the Protection of the Human Environment of the Guácimo Governing Area, regarding the operation of the companies Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A., stated to the Director of that same Area, the following: "(...) 1.- IMPACT ON HEALTH AND INTOXICATIONS OF WORKERS AND RESIDENT POPULATION NEAR THE PINEAPPLE FARMS DUE TO THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES USED IN THE PLANTATIONS. It must be stated that in the epidemiological surveillance system of the Guácimo Governing Health Area (...) to date, only 2 cases of mild intoxication in workers at pineapple farms have been reported by the emergency services of the Guácimo Clinic (...) Given the above, it can be said that there is no report of intoxications and damage to the health of the workers and neighbors of the pineapple farms.

Furthermore, this Ministry constantly monitors the medical and cholinesterase examinations performed on workers who handle pesticides, especially organophosphates and carbamates. During visits to pineapple farms, the personal protection equipment provided to workers in all processes is also supervised. It should be noted that pineapple farms have EUREPGAP certifications and Occupational Health, Emergency Response, and Waste Management Plans, which are requested in accordance with the procedure: Guide for the Submission of the Occupational Health and Emergency Response Plan (Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencia), published in Gazette 234 of December 4, 2003 (...) on pineapple farms, pesticide and fertilizer applications are carried out with automated equipment (spray boom) requiring only the presence of the tractor driver and, in some cases, an operator for the equipment's "arms," minimizing the presence of people exposed to these substances, and applications are made when no personnel are in the field. Furthermore, because the equipment can be placed just a few centimeters from the foliage of the pineapple plant, the drift produced is almost zero, which prevents the movement of chemical substances to other sites by wind action (...) 2. CONTAMINATION OF WATER SOURCES (...) it has no reports or complaints regarding this matter, and there are also no epidemiological reports confirming that people living near the pineapple farms who use water from rivers and streams were contaminated and/or poisoned by using water from the local rivers. However, pineapple companies are required to comply with the provisions of the Forestry Law (Ley Forestal) regarding the distances that must exist between the facilities and the cultivation and the banks of rivers and streams; in addition, they are in the process of reforesting all non-productive areas. (...) 3.- DAMAGE TO LIVESTOCK DUE TO THE PROLIFERATION OF THE STOMOXYS CALCITRANS FLY. (...) Regarding damage to livestock, the Ministry of Agriculture and Livestock is the entity in charge of animal health in the Country. However, joint field visits have been conducted to assess disposal sites for pineapple and other crop waste, as well as sites where "bokache" (organic fertilizer) is produced, in order to reduce the proliferation of the stable fly that seasonally affects livestock. However, the stomoxys calcitrans fly control program is managed by the Ministry of Agriculture and Livestock. 4.- LACK OF INSPECTION AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (...) the pineapple farms, through the Ministry of Health, have established waste management plans, and during visits to the farms, it has been verified that adequate management is provided, such as use in bokachera (organic fertilizer) processes and for animal feed, such as for livestock; they are also used by other companies for food production. Regarding liquid waste, the Wastewater Discharge Regulation (Reglamento de Aguas de Vertido) is applied for the operational report that must be submitted to the Ministry of Health, which assesses whether their wastewater discharge systems to other sources are within legal parameters. Some farms use closed systems, meaning with no external outlet, which collect wastewater for later use in pesticide applications in the field (...) 5.- GRANTING OF OPERATING PERMITS WITHOUT COMPLYING WITH PROCEDURES (Environmental Impact Studies). (...) the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) was published in Gazette 125 of June 28, 2004; however, there are farms such as Piñas del Bosque that changed their activity, switching from banana to pineapple production while maintaining the facilities in the locations approved for bananas, Piñales del Caribe (Grupo Acón), Piñas Gildell, and others that were established and put into operation before the publication of said regulation, therefore the Law is not retroactive, and as established by said legal framework, it only applies to new projects to be installed, not to those already installed and operating as in the case mentioned. Therefore, it is clear that said farms were granted the Sanitary Operating Permit in full compliance with the Legislation in Force at the time the companies requested it, it being clear that they had to comply with the legislation related to the General Health Law (Ley General de Salud) such as procedures for location, construction of their facilities, pesticide warehouses, showers, changing rooms, and laundries, wastewater treatment systems, etc., in a sanitary manner that does not represent danger and/or risk to the health of the workers or the public visiting said facilities (...)". (visible at folios 627-631).

26. Through official letter No. ARG-DA-0200-2005 dated November 25, 2005, the Director of the Guácimo Governing Health Area, concerning the pineapple activity carried out in that canton, stated the following to the Legal Affairs Directorate of the Ministry of Health: "(...) the development of this activity has been carried out in compliance with the requirements demanded both in the General Health Law and in other laws. Periodically, Human Environment Protection officials conduct inspection and control visits of this activity. Regarding the granting of Sanitary Operating Permits, I must indicate that the companies located in the canton of Guácimo have said permit. Prior to granting it, this Area Directorate has verified compliance with the requirements, such as the submission to SETENA of the application for project feasibility, in addition to the authorization granted by INVU through Architect Francisco Mora Protti, Acting Director of Urbanism, who authorizes via Official Letter PU-C-AT-2488-2005, the compliant use requested for the installation of a shed for the processing and packing of pineapple on the property with cadastre No. L-163842-94, located in the district of Guácimo, canton of Guácimo, the foregoing in relation to the company Agroindustrial Ticoverde S.A., located in La Perla de Guácimo. The company (...) Agroindustrial Piña del Bosque S.A. (...) Técnicas Agrícolas Sebastopol S.A. have a current Sanitary Operating Permit, as they have complied with the requirements established by the General Health Law and other related Laws (...) the use of safety equipment for pineapple workers, automated agrochemical application equipment minimizing personnel exposure to the presence of chemical substances, reforestation areas and protection of water sources (fuentes de agua), solid and liquid waste treatment systems, and the physical-sanitary conditions of the facilities that the pineapple farms have, as well as the protection of wells and water storage tanks for human consumption, is evident. In the same manner, upon learning of two cases of poisoning reported in the Epidemiological Surveillance system, this Health Area proceeded with the required speed to investigate them. Control of discharges into tributaries has been maintained through the operational wastewater report, complying with the parameters established in the regulation on the Discharge, Use, and Reuse of Wastewater (Reglamento sobre Vertido, Uso y Rehúso de Aguas Residuales). It is not true that contamination of water for human consumption has been known about and permitted. Therefore, upon reviewing the complaint record files kept in this Area, there is no record of any complaint filed in this regard (...)". (visible at folios 626-627).

27. During 2005, the Pest Surveillance and Control Management of the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock conducted a series of inspections to determine the main sources generating stomoxys calcitrans fly problems in the cantons of Siquirres, Pococí, and Guácimo. Thus, 44 inspections were carried out at the Grupo Acón company, 41 inspections at the company Piñas del Bosque S.A., 17 inspections at the Babilonia farm, and 13 inspections at SEBASTOPOL S.A. Likewise, on that occasion, it was determined that 40% of the area was affected by the aforementioned fly and 33.49% of the area was controlled (visible at folios 703-707).

28. On July 16, 2007, the representatives of the company Frutas de Exportación Frutex S.A. (Babilonia farm) submitted to the National Environmental Technical Secretariat the form called D1 Environmental Assessment, the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), the Sworn Declaration of Environmental Commitments, and all complementary technical documents, in order to obtain the environmental feasibility for the Project called "Change of activity from livestock to pineapple agriculture under the Agro-conservationist System" (visible at folios 1363-1372).

29. The company Piña Frut S.A. holds the following international certifications: TESCO, EUREP-GAP, and ISO 14001. Likewise, it has a Liquid Waste Management Plan, a Solid Waste Plan, an Instruction for the Management of Pineapple Cultivation Stubble, a Procedure for the Management of Soil Use in Pineapple Cultivation, and a Procedure for Fertilization and Phytosanitary Control in Pineapple Cultivation (visible at folios 471-490, 494-512, and 522-539).

30. The company SEBASTOPOL S.A. holds EUREP-GAP certificates and the Phytosanitary Operation Certificate issued by the Ministry of Agriculture and Livestock (visible at folios 1105-1106).

31. The company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. (Babilonia farm) holds the certificate called EUREP-GAP, an Environmental Management Plan for Pineapple Cultivation, Plans to Reduce Soil Erosion, a Program to Reduce Environmental Impact, a Procedure for Compliance with the Re-entry Period to Areas Treated with Phytosanitary Products, an Insecticide and Nematicide Application Program for the Soil, an Integrated Pest Management Program, a Plan for Scheduling, Executing, and Studying Phytosanitary Residue Analyses in Fresh Pineapple, a Plan for the Management of Agrochemicals, for Seed Treatment, for the Preparation of the Chemical Compound Mixture, for the Application of Herbicides, for the Application for Pest and Soil Control, for the Application for Disease Control (Fumigation), for the Application of Fertilizers, for the Preparation of Mixtures for Post-Harvest Applications, for the Management of Waste from Post-Harvest Applications of Packed Pineapple, for the Application of Reinforcement by Fungicide Aspersion on the Peduncle and Crown Cut, for the Application by Insecticide Aspersion on the Crown, and for Soil Preparation. Likewise, said company has a Procedure for Personnel Hiring, for the Delivery of Personal Protection Equipment, for Triple Washing, Storage, and Return of Empty Pesticide and Chemical Product Containers Used on the Farm and Packing Plant, for Selection of Personal Protection Equipment, for Receipt and Storage of Materials, for Transport of Hazardous Materials and Supplies, for Integrated Waste Management, for Environmental Conservation and Buffer Areas (Áreas de Amortiguamiento), for Soil Preparation, for Measures to Minimize Contamination Risks during Agrochemical Applications, to perform Medical Examinations on Workers, and to take Blood Samples and Cholinesterase Enzyme Analyses (visible at folios 1-55 of file No. 1, folios 49, 52-59, 85-88 of file No. 2, folio 111 of file No. 3, folios 37-38, 85-118, 145-157 of file No. 4, and at folios 3-6, 21-33, 65, 68-86, 95-99 of file No. 5 /evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).

32. The company Piñas del Bosque S.A. holds the EUREP-GAP, ISO 14001, ISO 9001, SA 8000, and PRIMOS LAP certificates. Likewise, it possesses an Environmental Management Program, an Integrated Pest Management Plan in Pineapple Cultivation, a Procedure to Regulate Re-entry Periods and Harvest Intervals, a Soil Preparation Plan, Procedures for the Preparation of Mixtures of Agrochemical Products, for the Manual Application of Agrochemicals, for the Selection and Treatment of Seeds, for the Application of Agrochemicals with Spray Boom, for the Application of Nematicides with Harrow, for the Application of Agrochemicals with Backpack Sprayer, for the Application of Agrochemicals with Stroller, for the Preparation of the Fungicide and Wax Mixture, a Procedure for the Solid and Liquid Waste Management Plan, and, finally, a Water Management Procedure (visible at folios 197-200, 762-790, 797-885, and file No. 104-1999-SETENA).

33. The company Piñas del Bosque S.A. has environmental feasibility granted by the National Environmental Technical Secretariat (report visible at folios 727-728 and file No. 104-1999-SETENA).

34. The companies Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A. have the respective license to operate granted by the Municipality of Guácimo (report visible at folios 544-545).

35. The Babilonia farm of the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. has the respective license and land-use permits granted by the Municipality of Siquirres (report visible at folios 723-724, 1140, folios 51 and 61 of file No. 2, folio 49 of file No. 4 /evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).

36. The Municipality of Pococí has not granted any permit or authorization for the exploitation of pineapple in that canton, given that this activity, on the date this amparo was filed, was not regulated in the Patent Law (Ley de Patentes) of that canton (report visible at folio 547).

37. The Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock inspected the operations and issued the respective recommendations to the company Piñas del Bosque S.A. on the following dates: October 30, 2002, March 12, 2003, May 20 and 29, 2003, June 5 and 17, 2003, August 5, 2003, October 7 and 11, 2003, November 13 and 18, 2003, February 3 and 25, 2004, March 5, 10, 17, 18, 22, 23, 24, and 25, 2004, April 20, 2004, May 10, 19, and 24, 2004, July 20 and 29, 2004, September 28, 2004, November 5, 2004, March 28, 2005, April 4, 7, 14, and 28, 2005, May 23, 26, 27, 30, and 31, 2005, June 1, 8, 9, 10, 13, 17, 25, and 27, 2005, July 8 and 11, 2005, August 11 and 29, 2005, September 7, 20, and 29, 2005, and November 4, 2005 (visible at folios 951-1024).

38. The Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock inspected the operations and issued the respective recommendations to the Babilonia farm of the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. on the following dates: April 29, 2005, May 31, 2005, January 10, 2006, March 17 and 24, 2006, April 25, 2006, July 13, 2006, July 20 and 25, 2006, November 13, 2006, February 7, 2007, March 15, 2007, April 13, 17, and 24, 2007, May 8, 2007, June 8, 2007, July 20, 2007 (visible at folios 2-18 of file No. 2 /evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).

39. In the Water Department of the Ministry of Environment and Energy, there is no complaint filed against the respondent companies for practices that endanger the water resources of the area where they are located (report visible at folio 669).

IV.- UNPROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are considered unproven:

1. That the chemical substances used in the cultivation of pineapple at the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A. do not cause harm to the health of the workers and residents of the canton of Siquirres, nor contamination to the water sources (fuentes de agua) of that area (the court records).

2. That the chemical substances (pesticides) used in the cultivation of pineapple by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. seriously affect the health of the workers and residents of the communities of Pococí and Guácimo (the court records).

3. That the pineapple activity carried out by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. contaminates the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources that supply the cantons of Pococí and Guácimo in the province of Limón (the court records).

4. That the authorities of the Ministry of Agriculture and Livestock have controlled and eradicated the stomoxys calcitrans fly pest that reproduces in pineapple cultivation waste in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres (report visible at folios 673-678 and folios 703-707).

5. That the authorities of the Ministry of Health have supervised the operation of the Babilonia pineapple farm of Grupo FRUTEX S.A. located in the canton of Siquirres de Limón (the court records).

6. That the authorities of the Ministry of Environment and Energy and the National Environmental Technical Secretariat have supervised the operation of the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A. and, in that sense, have determined whether or not they required an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) to operate (reports visible at folios 668-669 and 726-728).

7. That in the southern part of the canton of Guácimo, and specifically in the so-called Hacienda Las Delicias, the expansion of pineapple production was intended, and that, as a result of such activity, the water resources of that area would have been affected (reports visible at folios 668-670, 1307-1310, 1312-1316).

V.- ON THE RIGHT TO HEALTH AND TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta), as well as through international regulations. In this regard, this Constitutional Court, in Vote No. 3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated the following:

"(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)".

Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution, which provides as relevant:

"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused (...)".

In relation to the foregoing, this Chamber, through Judgment No. 180-98 of 4:24 p.m. on January 13, 1998, stipulated the following:

"(...) the State not only has the unavoidable responsibility to ensure that the health of each of the individuals composing the national community does not suffer harm from third parties in relation to these rights, but it must also assume the responsibility of achieving the social conditions conducive so that each person can enjoy their health, understanding such right as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (...)".

On the other hand, infra-constitutional regulations develop this right, and in this sense, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions in order to protect the environment and the right to health of individuals. Likewise, it should be noted that this Court, as guarantor of fundamental rights, stands as a comptroller of compliance with the obligations derived from the provisions of Articles 21 and 50 constitutional, which oblige the State not only to recognize the indicated rights but also to use the materially and juridically legitimate means to guarantee them.

VI.- REGARDING THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES BY THE RESPONDENT COMPANIES AND THE IMPACT ON PEOPLE'S HEALTH AND THE WATER SOURCES (FUENTES DE AGUA) OF THE CANTONS OF POCOCÍ, GUÁCIMO, AND SIQUIRRES. In the first place, the plaintiffs claim that the chemical substances (pesticides) used by the respondent companies for the pineapple monoculture produce serious harm to the health of the workers and the people living near such plantations. Likewise, they argue that said substances contaminate the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources located in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres. Notwithstanding the foregoing, and regarding the operation of the companies Piña Frut S.A., located in Pococí, and Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A., both situated in Guácimo de Limón, this Constitutional Court does not consider that the plaintiffs are correct. This is, in the first instance, because the interested parties did not provide technical-scientific evidence to the court records that accredited such allegations. Likewise, and in accordance with the reports rendered by the technical administrative health and environmental bodies, it was not proven that the chemical substances (pesticides) used by the aforementioned companies in the pineapple activity, on the date this amparo was filed, have produced the referred problems. On the contrary, and as maintained by the Minister of Health, the three companies indicated above have the sanitary operating permit, which was granted by virtue of having complied with the legal and regulatory provisions established for that purpose. Likewise, said authority asserted that, on the date the report required by this Chamber was rendered, there was no complaint filed by residents of the cantons of Guácimo and Pococí for health damages due to the use of pesticides in said pineapple farms. In that same sense, note that the authorities of the Governing Health Area of Pococí and Guácimo, in accordance with official letters dated November 24, 2005, specifically stated that medical and cholinesterase examinations are constantly performed on the workers of the cited companies who are responsible for handling pesticides; that during the visits made to the pineapple farms under study, the personal protection equipment provided to workers in all processes is supervised; and that in the cited companies, pesticide and fertilizer applications are carried out with automated equipment (spray boom), requiring only the presence of the tractor driver, minimizing the intervention of people exposed to these substances, and that applications are made when no personnel are in the field. Additionally, and as recorded in official letters Nos. ARSP-PAH-124-05 and ARG-PAH-20-05 of February 18 and 21, 2005, respectively, the packing plants of these companies are characterized by being modern, as they have high-tech processes and possess adequate standards of safety, asepsis, and worker protection. Similarly, and according to what was reported by the health authorities, as well as the evidence submitted to the court records, it is proven that the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. have, among others, the international certifications Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP) and ISO 14001, as well as liquid and solid waste management plans, occupational health plans, and emergency response plans. Furthermore, and again contrary to what was alleged by the interested parties, this Court did not find accredited the alleged contamination caused by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. to the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers and, in general, to the water sources located in the cantons of Pococí and Guácimo due to the pesticides used in the pineapple plantations. Likewise, it should be highlighted that, in accordance with what was indicated by the Directors of the Governing Areas of Guácimo and Pococí, on the date the reports were rendered to the Chamber, there were no reports or complaints whatsoever about that particular fact. In addition, said Directors asserted that the respective Governing Areas were responsible for supervising compliance with the provisions of the Forestry Law regarding the distances that must exist between the pineapple crops and the banks of rivers and streams. Likewise, and according to what was expressed by the Minister of Environment and Energy, on the date this matter was filed, no reports were recorded, specifically, of practices that endangered the water resources of the cited areas. Notwithstanding the foregoing, and with regard to the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A., it was not proven that the use of pesticides there did not effectively affect the health of the workers and residents, as well as the water sources located in the canton of Siquirres. For this reason, with respect to this last point, this Court considers that the appeal must be granted due to the violation of constitutional numerals 21 and 50.

VII.- ON THE PROLIFERATION OF THE STOMOXYS CALCITRANS FLY. On the other hand, the interested parties claim that even though report No. 00701-2004-DHR dated January 26, 2004, prepared by the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) exists, through which the respondent authorities were recommended—specifically, the Ministry of Agriculture and Livestock—to solve the problem represented by the proliferation, from pineapple waste, of the stomoxys calcitrans fly, which, in turn, affects the area's livestock, such authority has failed to execute the pertinent measures to achieve that purpose, and the mentioned situation has worsened to date. On this point, it should be noted, first of all, that indeed, and as argued by the plaintiffs, from the cited report prepared by the Ombudsman's Office, as well as from the report rendered by the authorities of the Ministry of Agriculture and Livestock, it can be deduced with absolute clarity that the fly called stomoxys calcitrans, or stable fly or biting fly, reproduces in pineapple waste, which likewise harms livestock and human health. Thus, expressly, report No. 00701-2004-DHR stated the following: "(...) 1- (...) the stubble or waste resulting from the pineapple harvest left in the cultivation field constitutes the breeding sources for the fly whose scientific name is Stomoxys Calcitrans, an insect that causes health problems for the human population and livestock. 2- That outbreaks have been periodically recorded in numerous population centers in the Northern, Southern Pacific, and Atlantic regions of the country without the pest having been eradicated (...)". Likewise, the mentioned document pointed out that: "(...) The problem generated by the so-called stable fly, biting fly, or stable fly has been consistently reported to this Ombudsman's Office since 1996, which demonstrates that the actions or efforts of the competent entities have been insufficient to eradicate the pest and solve the problem that affects livestock production and human health. According to the information recorded in files numbers 1091-23-96, 2768-23-27, and the documentation provided to this investigation, the causal relationship between the inappropriate management of pineapple stubble and the proliferation of the insect in the cultivation areas of said product, such as San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aires, Guácimo, and Pococí, has been fully demonstrated (...)". (The highlighting is not part of the original). By virtue of the foregoing, the Ombudsman's Office, at that time, issued a series of recommendations to the Ministry of Agriculture and Livestock, consisting specifically of carrying out the following: "(...) 1.- Declare a state of combat against the Stomoxys Calcitrans fly pest in the critical zones that have already been identified or that are justified by new outbreaks, and carry out the emergency measures stipulated by the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria), which includes the collection and appropriate treatment outside the cultivation fields. 2.- Substitute the recommendations for burning and application of agrotoxics in the cultivation fields with biological control techniques or another environmentally more convenient alternative. If these prove insufficient, it must consider the need to oblige producers to install collection, storage, and specialized treatment centers to prevent stubble from remaining and burning in the fields (...)".

Furthermore, it has been proven that, in response to such recommendations and in full performance of their duties, the authorities of the aforementioned Ministry conducted inspections at several companies located in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres, among them, the pineapple producers and packers that are the respondents in this case. Thus, it has been shown that during 2004, the Plant Pest Surveillance and Control Management (Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas) of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) of said Ministry conducted a series of inspections to determine the main causes of the stable fly (mosca stomoxys calcitrans) problem in the cantons of Siquirres, Pococí, and Guácimo. In this way, during that year, 31 inspections were carried out at the company Piñas del Bosque, 8 at the company of Grupo Acón, and 7 at SEBASTOPOL S.A. and at the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group. Likewise, in 2005, said Management conducted new inspections, specifically the following: 44 at the company of Grupo Acón, 41 at Piñas del Bosque S.A., 17 at the Babilonia farm, and finally, 13 at SEBASTOPOL S.A. Moreover, it was specifically demonstrated that at the company Piña Frut of Grupo Acón, the Department of Surveillance and Pest Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock, in October 2005, conducted inspections and issued pertinent recommendations to eradicate the problem caused by the stable fly (mosca picadora o de establo). This practice was also repeated at the company Piñas del Bosque S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group during the years 2002, 2003, 2004, and 2005. Notwithstanding the above, this Chamber, in accordance with the report provided by the Minister and the Manager of Plant Pest Surveillance and Control (Gerente de Vigilancia y Control de Plagas) of the State Sanitary Service (Servicio Sanitario del Estado), both of the Ministry of Agriculture and Livestock, and the rest of the evidence provided to the case file, did not find it proven that, as of the date this amparo proceeding was filed, the problem caused by pineapple cultivation waste and the consequent proliferation of the stable fly (mosca stomoxys calcitrans) was under control. Consequently, it is, on the contrary, clearly evident that the plague of these insects and the damages they cause, not only to livestock but also to the residents of the communities of Guácimo, Pococí, and Siquirres, persist, given that they have not been completely eradicated. In this regard, note that, in the words of the representatives of the indicated Ministry, "(…) a great amount of economic and human resources has been invested both in the permanent surveillance of the pest and in control measures, which in most cases have had the desired effect; except during periods when it has been physically impossible to apply the recommended measures (…) From 1987 to the present, stable fly populations had NOT increased significantly (…) However, the current area of 26,500 hectares of pineapple greatly exceeds that of 2003, where there were approximately 8,000 hectares. Also (…) during the current year, rainfall has exceeded all forecasts (…) Under conditions of excessive humidity, however much one might wish, timely treatment and incorporation of organic waste is impossible, which is the most (sic) important measure for controlling this pest (…) which has influenced the proliferation of the pest (…)." Furthermore, from the graphs provided to the case file by these authorities to prove the inspections conducted in 2005 at the respondent companies to control the plague of the stomoxys calcitrans fly, it clearly emerges that out of a total of 40% of the area affected by this insect in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres, only 33% of it was controlled. Hence, it is evident that, despite the inspection and oversight work, as well as the issuance of recommendations by the mentioned Ministry, the problem of the fly plague affecting livestock, their owners, and, in general, the residents of the communities near the respondent companies, has not been effectively controlled. In other words, it is proven that the inspection and oversight work mentioned by both the representatives of the mentioned Ministry and the representatives of the companies Piñas del Bosque S.A., Piña Frut S.A., and FRUTEX S.A., have not been sufficient to eradicate or control the plague in question at reasonable levels, and therefore, said problem continues to be generated in the areas of Pococí, Guácimo, and Siquirres. Under this understanding, this Constitutional Court (Tribunal Constitucional) finds that, in this case, the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment have been flagrantly violated.

VIII.- REGARDING THE FAILURE TO OVERSEE PINEAPPLE ACTIVITY BY THE RESPONDENT AUTHORITIES. On this point, the petitioners argue that the respondent authorities have failed to oversee, as legally required, the adequate operation of the companies under study. First, and regarding the role played by the Municipalities, this Court does not find that the petitioners are correct. This is because the authorities of the Corporations of Guácimo and Siquirres, as of the date this amparo was filed, had granted the companies SEBASTOPOL S.A., Piñas del Bosque S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group, the respective permit or license to operate in the corresponding canton, which, according to the respondents, was carried out after verifying compliance with the requirements demanded by the legal system for that purpose. In the particular case of the Municipality of Pococí, and as reported under oath by the respective Mayor, as of the date the matter under study was filed, there was no regulation whatsoever in that canton to regulate the operation of the company Piña Frut S.A. However, this latter authority affirmed being aware of the activity deployed in said pineapple plantation, since there is even an authorization in the case file provided for the purpose of using the municipal dump to deposit pineapple waste. Now, regarding the Ministry of Health, it should be noted that, as stated in Considerando VI of this Judgment, it is not observed that the authorities of the Health Governing Areas (Áreas Rectoras de Salud) of Guácimo and Pococí failed to timely oversee the agricultural activity developed by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. Thus, it is appropriate to add, regarding the inspection and surveillance work that occurred over the specific operation of the company Piña Frut S.A., that the Health Governing Area of Pococí, by official letter dated November 24, 2005, expressly stated the following: “(…) 4.- LACK OF OVERSIGHT AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (…) the company, through the Ministry of Health, has established waste management plans, and in visits made, it has been verified that they are being implemented and are of continuous improvement. It should be noted that the company Piña Frut does not submit operational reports (sic) since it does not have discharges to water sources. Also, the farm uses (sic) closed systems, meaning without an external outlet, which collect wastewater for later use in pesticide applications in the field (…) 6.- LACK OF CONTROL AND MONITORING OF THE WATER FROM THE WELLS OF THE PINEAPPLE FARMS (…) it is not true since there are reports on the quality of water for human consumption and processes carried out by nationally prestigious laboratories, which indicates that there is control and said waters are monitored. Additionally, inspections are carried out assessing the location and operation of wells and water tanks (…).” Along the same lines of consideration, and with respect to the companies Piñas del Bosque S.A. and SEBSTOPOL S.A., the Health Governing Area of Guácimo, also by official letter dated November 24, 2005, indicated the following: “(…) 4.- LACK OF OVERSIGHT AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (…) the pineapple companies, through the Ministry of Health, have established waste management plans, and during visits to the farms, it has been verified that they are given adequate management (…) such as use in bokacheras (organic fertilizer), and for animal feed like cattle, they are also used by other companies for food production. Regarding liquid waste, the Regulation of Discharge Waters (Reglamento de Aguas de Vertido) is applied for the Operational Report that must be delivered to the Ministry of Health, which assesses whether their water discharge systems to other sources are within legal parameters. Some farms use closed systems, meaning without an external outlet, which collect wastewater for later use in pesticide applications in the field (…).” Notwithstanding the above, and as also indicated in Considerando VI of this Judgment, this Constitutional Court did not find it proven that the Health authorities have, effectively, carried out these same oversight and control tasks over the pineapple activity developed at the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group located in Siquirres, for which reason, in this case, a violation of the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is considered proven. Finally, regarding the authorities of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), this Chamber observes that the interested parties are correct, since, from the evidence submitted to the case file, it is only proven that the company Piñas del Bosque S.A. has the respective environmental feasibility approval (viabilidad ambiental) granted to operate in the canton of Guácimo. Likewise, from the report rendered under oath by the Minister of Environment and Energy, a total lack of knowledge about the pineapple cultivation activity carried out in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres of the province of Limón is clearly and unequivocally evident, particularly regarding whether the respondent companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group require an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) conducted, in turn, by the authorities of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) for their operation. In this sense, note that the aforementioned official expressly stated to this Chamber the following: “(…) By virtue of the fact that the investigation required here must be conducted with the rigor this case merits, which includes effective knowledge of the dates on which pineapple planting and marketing activities began in the areas of Guácimo, Siquirres, and Pococí, since depending on those dates, a different trajectory of environmental impact assessment will be applicable to them, I have issued the necessary instructions to verify those details to allow adequately informing the Honorable Chamber of the situation of each of the companies involved and the actions to be taken for each of them, according to their degree of compliance with the applicable regulations. According to what was indicated by the National Environmental Technical Secretariat, only one of these companies has an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) file, and according to the regulations in force as of 1995, every project, work, or activity requires such an assessment, as established by the respective regulation. Given that there are two regulations for Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) procedures, one from 1997 and another from 2004, it becomes necessary for the Ministry of Health to certify the date these companies began operating (…).” Furthermore, it should be highlighted that the mentioned Minister likewise did not provide this Court with the investigation he was allegedly going to conduct on the occasion of the filing of this amparo. Moreover, along the same line of argument, the then General Secretary of SETENA stated the following: “(…) Regarding the claimants' statement that sanitary operating permits have been granted without Environmental Impact Studies (EsIA) having been approved, the following must be answered: What this Secretariat can attest to is this: By official letter SG-1563-2005-SETENA, of July 7, 2005, it is reported that up to the moment of issuing that act, only one file appeared in this office dedicated specifically to the planting of pineapple in the cantons of Guácimo and Pococí (…).” Under this reasoning, this Chamber observes that both the Ministry of Environment and Energy and the National Environmental Technical Secretariat have played a completely passive role regarding the pineapple activity developed by the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group, since, as noted above, their reports demonstrated an almost total lack of knowledge about it. From this perspective, it must be reminded to the health and environmental authorities that the State has an obligation to take all necessary measures to protect the environment, with the aim, in turn, of avoiding levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of the citizens. Consequently, this Court finds a violation of the provisions set forth in articles 21 and 50 of the Political Constitution.

IX.- REGARDING PINEAPPLE EXPANSION AND THE PROTECTION OF WATER RESOURCES IN THE CANTON OF GUÁCIMO. Finally, the petitioners argue that in the southern part of the canton of Guácimo in Limón, there are plans to expand pineapple production, despite the large number of springs (nacientes de agua) located there. Likewise, and regarding this same grievance, they later accused that, specifically, in Hacienda Las Delicias, located in the mentioned canton, earthworks (movimientos de tierra) were being carried out for this purpose. On this particular matter, it should be noted that even though it was proven in the case file that various members of the community of Guácimo expressed to various public authorities their disagreement with said activity, the fact of the case is that, on the other hand, it was not fully and properly proven that said expansion of pineapple cultivation was actually taking place in that location and that, consequently, the springs (nacientes) of water located there were being affected. Furthermore, note that, in accordance with the report rendered under oath by the Mayor of the Municipality of Guácimo and, contrary to what was stated by the petitioner Solano Vásquez, no earthworks aimed at pineapple cultivation were carried out at the cited Hacienda Las Delicias. Moreover, it must be taken into consideration that, according to what was expressed by the Minister of Environment and Energy, as of the date this amparo was filed, no reports were recorded specifically regarding practices that put the water resources of the area at risk. Under this line of considerations, this Court does not find that, in this case, the fundamental rights of the petitioners have been violated.

X.- COROLLARY. In virtue of the foregoing, it is necessary to grant the appeal partially, with the consequences that will be detailed in the operative part of this Judgment. Magistrate Armijo appends a note.

 

THEREFORE:

The appeal is partially granted. Consequently, María Luisa Ávila Agüero, or whoever occupies the position of Minister in her place, and Gilberth Alexánder Salas López, or whoever occupies the position of Director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Siquirres in his place, both of the Ministry of Health, are ordered to immediately proceed to verify the operation of the Babilonia pineapple farm of the FRUTEX S.A. Group, carry out periodic inspections and oversight of the activity deployed by that company, and determine if there are reports of contamination in the waters near it. Likewise, Javier Flores Galarza, or whoever occupies the position of Minister in his place, and Elizabeth Ramírez Sandí, or whoever occupies the position of Manager of Plant Pest Surveillance and Control (Gerente de Vigilancia y Control de Plagas) of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) in her place, both of the Ministry of Agriculture and Livestock, are ordered to immediately issue the necessary orders and take the pertinent measures within the scope of their competence to eradicate the problem of the inadequate disposal of pineapple waste, the proliferation of the fly called stomoxys calcitrans, and the consequent harm that the latter generates to livestock in the areas near the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group. Finally, Roberto Dobles Mora, or whoever occupies the position of Minister of Environment and Energy in his place, and Sonia Espinoza Valverde, or whoever occupies the position of General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) in her place, are ordered to immediately proceed to determine, in a clear and precise manner, whether the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group require an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for their operation; and in the event that it is required, they are ordered to warn the representatives of the latter to comply with the necessary requirements for that purpose. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. In all other respects, the appeal is denied. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify this resolution personally to María Luisa Ávila Agüero, or whoever occupies the position of Minister in her place, and to Gilberth Alexánder Salas López, or whoever occupies the position of Director of the Health Governing Area of Siquirres in his place, both of the Ministry of Health; to Javier Flores Galarza, or whoever occupies the position of Minister in his place, and to Elizabeth Ramírez Sandí, or whoever occupies the position of Manager of Plant Pest Surveillance and Control of the State Phytosanitary Service in her place, both of the Ministry of Agriculture and Livestock; to Roberto Dobles Mora, or whoever occupies the position of Minister of Environment and Energy in his place, and to Sonia Espinoza Valverde, or whoever occupies the position of General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat in her place. Let it be communicated.- Magistrate Armijo appends a note.

 

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Acting President

 

 

 

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

 

 

Fernando Cruz C. Federico Sosto L.

 

 

 

Horacio González Q. Jorge Araya G.

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