Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR TRATARSE DE UN CONFLICTO DE DE MERA LEGALIDAD. El accionante solicita que se declare inconstitucional el artículo 65 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la Ley Forestal, por considerar que es violatoria al artículo 140, inciso 18), de la Constitución Política, pues excede la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, al restringir la aplicación de los artículo 22 y 23 de la Ley Forestal número 7575, los cuales establecen un incentivo a los propietarios de bosques que generan servicios ambientales, que consiste en la exención del pago del impuesto a los bienes inmuebles. Sin embargo, el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 25721- MINAE, establece que no se podrá optar por incentivos fiscales y pago de servicios ambientales en forma simultánea. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que el determinar si una norma reglamentaria contraviene o excede lo establecido en una ley, es una discusión que no corresponde ser dilucidada en esta sede constitucional, salvo en aquellos casos en los que se considere que la norma reglamentaria vulnere algún derecho fundamental, pues de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, el control de legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa.
English (translation)III.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION FOR BEING A MERE LEGALITY DISPUTE. The claimant requests that Article 65 of Executive Decree No. 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Regulation to the Forestry Law, be declared unconstitutional, considering it violates Article 140, paragraph 18) of the Political Constitution, as it exceeds the regulatory authority of the Executive Branch by restricting the application of Articles 22 and 23 of Forestry Law No. 7575, which establish an incentive for forest owners who generate environmental services, consisting of exemption from property tax. However, Article 65 of Executive Decree 25721-MINAE establishes that one may not opt for tax incentives and environmental services payments simultaneously. On repeated occasions, this Chamber has stated that determining whether a regulatory norm contravenes or exceeds what is established in a law is a discussion that should not be resolved in this constitutional venue, except in those cases where it is considered that the regulatory norm violates a fundamental right, since, in accordance with Article 49 of the Political Constitution, legality control of the administrative function of the State, its institutions, and any other public law entity corresponds to the contentious-administrative jurisdiction.
Summarily dismissed
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 06801 - 2008 Fecha de la Resolución: 23 de Abril del 2008 a las 17:44 Expediente: 07-016820-0007-CO Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución * 070168200007CO * Exp: 07-016820-0007-CO Res. Nº 2008006801 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de abril del dos mil ocho. Acción de inconstitucionalidad promovida por RAFAEL ANTONIO FUSCALDO PERALTA, mayor, casado, empresario, cédula de identidad número 9-012-409, vecino de Goicoechea, en su condición de apoderado Generalísimo, sin límite de suma de REFORESTADORA PAMBON S.A., cédula jurídica número 3-101-091075 y ARGOMECÁNICA F Y P S.A., cédula jurídica 3-101-057066, contra el artículo 65 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la Ley Forestal. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:15 del 20 de diciembre del 2007, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del el artículo 65 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la Ley Forestal, por considerar que es violatoria al artículo 140, inciso 18), de la Constitución Política, pues excede la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, al restringir la aplicación de los artículo 22 y 23 de la Ley Forestal número 7575. Aduce el accionante, que sus representadas son propietarias de las fincas ubicadas en la Chiripa de Horquetas de Sarapiquí, inscritas en el Registro de Bienes Inmuebles, Partido de Heredia, folio real matrículas números 110185-000 y 109230-000, las cuales están dedicadas a la protección de bosques y reforestación, debidamente inscritas en FONAFIFO, gozando del pago de servicios ambientales. Señala que de conformidad con el artículo 22, inciso a) y 23, inciso a), de la Ley Forestal, como retribución de los servicios ambientales que generan, tienen derecho a la exención del pago del impuesto a los bienes inmuebles. Refiere que la Municipalidad de Sarapiquí en aplicación del artículo 65 del Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, denegó la exoneración del impuesto territorial, pues dicho Decreto establece que no se podrá optar por incentivos fiscales y pago de servicios ambientales en forma simultánea. Indica que en contra de esa denegatoria, se planteó un recurso administrativo, en el cual invocó la inconstitucionalidad de la norma. Manifiesta que el artículo 23 de la Ley Forestal, establece que para retribuirle los beneficios ambientales que genere, los propietarios de bosques naturales que los manejen, tendrán la exención del pago del impuesto a los bienes inmuebles. Asegura que la ley, no establece alternativas y condiciones para la exoneración del impuesto territorial, simplemente confiere a todos por igual ese derecho, por lo que el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, al establecer que no se podrá optar por incentivos fiscales y pago de servicios ambientales en forma simultánea, excede la potestad reglamentaria que le otorga el artículo 140, inciso 18), de la Constitución Política y resulta inconstitucional. Por lo anterior, solicita se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta y se anule la normativa impugnada. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover la presente acción, el accionante señaló que ante la Administración Tributaria de la Municipalidad de Sarapiquí, se encuentra pendiente de resolver un recurso de revocatoria interpuesto en contra de la resolución de las 08:10 horas del 13 de julio del 2007, en virtud de la cual se denegó al accionante su solicitud de exención de pago de impuestos territoriales (folio 13). 3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y, Considerando: I.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En un primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar de la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Sin embargo, en el párrafo segundo y tercero del mismo artículo, la ley establece otras hipótesis en las que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien, cuando es formulada por determinados funcionarios. Ahora bien, en cuanto a la necesidad de un asunto previo pendiente de resolver en sede administrativa, es necesario, que éste se trate del procedimiento que agote de la vía administrativa, que de conformidad con el artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública, es a partir del momento en que se interponen los recursos ordinarios ante el superior jerarca del órgano que dictó el acto final, pues de lo contrario, la acción resultaría inadmisible. En igual sentido, este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “IV.- A mayor abundamiento, del recurso que planteara - individualmente, se insiste- el señor Barquero Ramírez, se observa con claridad que éste tan solo solicitó la “revisión” y “revocatoria” del acuerdo impugnado. No interpuso concomitantemente el recurso de apelación para ante el superior respectivo. Puesto que, conforme al artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública, la vía administrativa la agota en las entidades descentralizadas su correspondiente jerarca; y siendo potestativo plantear la apelación además de la revocatoria (artículo 347.2 ibidem), no es dable entender que en este caso se haya pedido la intervención del jerarca administrativo, tal que pueda venir a dictarse una resolución que tenga la consecuencia de provocar el agotamiento de la vía. Esto, a su vez, refuerza la convicción de que el procedimiento que se aduce como base de esta acción no es idóneo para tal efecto, lo cual obliga a desestimarla ad portas, como en efecto se hace.”(Sentencia 2005-16829 de las 09:17 horas del 2 de diciembre del 2005). En el caso bajo examen, la acción planteada resulta inadmisible básicamente, por dos motivos según se verá más adelante . II.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR NO ESTAR EL ASUNTO BASE EN FASE DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. En el particular, a efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover la presente acción, el accionante señaló que ante la Administración Tributaria de la Municipalidad de Sarapiquí, se encuentra pendiente de resolver un recurso interpuesto en contra de la resolución de las 08:10 horas del 13 de julio del 2007, en virtud de la cual se denegó al accionante su solicitud de exención de pago de impuestos territoriales. No obstante lo anterior, del citado recurso, se desprende, que el accionante, únicamente, interpuso un recurso de revocatoria ante la propia Administración Tributaria que dictó el acto, sin embargo, omitió interponer el recurso de apelación para ante el superior jerarca, a fin que éste pueda dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública. Bajo tales circunstancias, en el caso concreto, se encuentra plenamente acreditado, que el asunto pendiente de resolver, al cual hace referencia el actor, aún no se encuentra en fase de agotamiento de la vía, lo que necesariamente motiva la inadmisibilidad de la acción. III.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR TRATARSE DE UN CONFLICTO DE DE MERA LEGALIDAD. El accionante solicita que se declare inconstitucional el artículo 65 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la Ley Forestal, por considerar que es violatoria al artículo 140, inciso 18), de la Constitución Política, pues excede la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, al restringir la aplicación de los artículo 22 y 23 de la Ley Forestal número 7575, los cuales establecen un incentivo a los propietarios de bosques que generan servicios ambientales, que consiste en la exención del pago del impuesto a los bienes inmuebles. Sin embargo, el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 25721- MINAE, establece que no se podrá optar por incentivos fiscales y pago de servicios ambientales en forma simultánea. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que el determinar si una norma reglamentaria contraviene o excede lo establecido en una ley, es una discusión que no corresponde ser dilucidada en esta sede constitucional, salvo en aquellos casos en los que se considere que la norma reglamentaria vulnere algún derecho fundamental, pues de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, el control de legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. En ese sentido, esta Sala ha sostenido lo siguiente: “III.- Inadmisibilidad de la acción en razón del objeto impugnado. De conformidad con lo expuesto, puede verse entonces, que lo impugnado por el accionante tiene que ver con la contradicción entre el contenido de una norma reglamentaria y lo previsto en la ley. Sobre ese particular, este Tribunal ha resuelto que la invocación de inconstitucionalidad motivada en la exclusiva violación del principio de legalidad administrativa es un asunto que se reserva a la jurisdicción ordinaria, precisamente al tenor de lo dispuesto en los artículos 11, 49, 121 y 140 Constitucionales. La simple infracción del exceso de la potestad reglamentaria debe ventilarse en la Jurisdicción Contencioso- administrativa, toda vez que esta labor fue asignada por el Constituyente al juez contencioso, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política; lo cual obliga a interpretar de forma sistemática el texto constitucional y entender que las cuestiones de legalidad han de someterse a la citada Jurisdicción, con el fin de mantener una uniforme distribución de las competencias y el respeto de todas las reglas que conforman el sistema previsto en la Constitución Política. En ese sentido, se ha señalado que cualquier impugnación como la que se plantea, conlleva implícita una presunta violación a la Constitución Política, dado que de ella se deriva todo el ordenamiento jurídico, pero en la propia Constitución existe un reparto de competencias con el fin de garantizar al ciudadano una manera de proteger las distintas clases de derechos e intereses que posee. De esa forma, se regulan en la Constitución Política, las jurisdicciones contenciosa y de trabajo (artículos 49 y 70) y es dentro de este contexto que debe incrustarse la jurisdicción constitucional, en el entendido de que su competencia se complementa y no se superpone a las señaladas, a los fines de protección del ciudadano…” (Ver en igual sentido, la sentencias números 14901-2006 y 1149-2000). El punto medular que se plantea en la presente acción, radica en la contraposición que el accionante dice encontrar entre el artículo 65 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la Ley Forestal y los artículos 22 y 23 de la Ley Forestal. No obstante lo anterior, si el promovente estima que el Poder Ejecutivo ha excedido las potestades que le han sido constitucionalmente conferidas, al dictar un reglamento contrario a la ley, lo cierto es, que ello no comporta un verdadero conflicto de constitucionalidad, por cuanto no vulnera al menos en forma directa, un derecho fundamental. Bajo tales consideraciones, si el actor considera que la norma reglamentaria aquí impugnada resulta ilegal, deberá si a bien lo tiene, plantear el punto ante la jurisdicción contencioso administrativa, para hacer valer sus derechos. En virtud de lo expuesto, la acción resulta inadmisible, como en efecto se impone. IV.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, resulta procedente rechazar de plano la acción, como en efecto se impone. Por tanto: Se rechaza de plano la acción. Ana Virginia Calzada M. Presidenta a.i. Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Federico Sosto L. Horacio González Q. kmorera EXPEDIENTE N° 07-016820-0007-CO Teléfonos: 295-3696, 295-3697, 295-3698, 295-3700. Fax: 295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 03-05-2026 04:01:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at seventeen hours and forty-four minutes on the twenty-third of April of two thousand eight. Action of unconstitutionality brought by RAFAEL ANTONIO FUSCALDO PERALTA, of legal age, married, businessman, identity card number 9-012-409, resident of Goicoechea, in his capacity as Generalísimo Proxy, without limit of amount, of REFORESTADORA PAMBON S.A., legal entity number 3-101-091075, and ARGOMECÁNICA F Y P S.A., legal entity number 3-101-057066, against Article 65 of Executive Decree number 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Regulation to the Forestry Law (Ley Forestal). Whereas: 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 09:15 on December 20, 2007, the petitioner requests that the unconstitutionality of Article 65 of Executive Decree number 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Regulation to the Forestry Law, be declared, considering it to be in violation of Article 140, subsection 18), of the Political Constitution, as it exceeds the regulatory power of the Executive Branch by restricting the application of Articles 22 and 23 of Forestry Law number 7575. The petitioner argues that his represented companies are owners of the properties located in Chiripa de Horquetas de Sarapiquí, registered in the Real Property Registry, Party of Heredia, real folio registration numbers 110185-000 and 109230-000, which are dedicated to forest protection and reforestation, duly registered with FONAFIFO, benefiting from the payment for environmental services (pago de servicios ambientales, PSA). He points out that in accordance with Article 22, subsection a) and 23, subsection a), of the Forestry Law, as compensation for the environmental services they generate, they are entitled to exemption from payment of the real estate tax (impuesto a los bienes inmuebles). He relates that the Municipality of Sarapiquí, applying Article 65 of Executive Decree 25721-MINAE, denied the exemption from the territorial tax (impuesto territorial), because said Decree establishes that one may not simultaneously choose fiscal incentives and payment for environmental services. He indicates that against this denial, an administrative remedy was filed, in which he invoked the unconstitutionality of the norm. He states that Article 23 of the Forestry Law establishes that, to compensate for the environmental benefits they generate, owners of natural forests who manage them shall have the exemption from payment of the real estate tax. He asserts that the law does not establish alternatives and conditions for the exemption from the territorial tax; it simply grants that right to all equally. Therefore, Article 65 of Executive Decree 25721-MINAE, by establishing that one may not simultaneously choose fiscal incentives and payment for environmental services, exceeds the regulatory power granted by Article 140, subsection 18), of the Political Constitution and is unconstitutional. For the foregoing, he requests that the action of unconstitutionality filed be granted and the challenged regulation be annulled. 2.- In order to substantiate his standing to bring this action, the petitioner indicated that a motion to reverse (recurso de revocatoria) is pending resolution before the Tax Administration of the Municipality of Sarapiquí, filed against the resolution of 08:10 hours on July 13, 2007, by virtue of which the petitioner's request for exemption from payment of territorial taxes was denied (folio 13). 3.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to dismiss an action outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it constitutes a mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar petition that was rejected. Drafted by Magistrate Calzada Miranda; and, Considering: I.- REGARDING THE REQUIREMENTS FOR ADMISSIBILITY OF THE ACTION. The action of unconstitutionality is a procedure with certain formalities that must be satisfied so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge. In that sense, Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the admissibility requirements for the action of unconstitutionality. In the first place, it requires the existence of a prior matter pending resolution, either in judicial proceedings or in the procedure to exhaust administrative remedies (procedimiento para agotar de la vía administrativa), in which unconstitutionality has been invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered to be harmed. However, in the second and third paragraphs of the same article, the law establishes other hypotheses in which the prior matter is not required, when by the nature of the matter there is no individual and direct injury, or it involves the defense of diffuse or collective interests, or when it is filed by certain officials. Now, regarding the need for a prior matter pending resolution in an administrative venue, it is necessary that this involves the procedure that exhausts administrative remedies, which in accordance with Article 126 of the General Law of Public Administration, is from the moment ordinary remedies are filed before the superior hierarchical authority of the body that issued the final act; otherwise, the action would be inadmissible. In the same vein, this Tribunal has held the following: "IV.- Further, from the remedy that Mr. Barquero Ramírez filed—individually, it is stressed—it is clearly observed that he only requested 'review' and 'revocation' of the challenged agreement. He did not concomitantly file the appeal remedy (recurso de apelación) before the respective superior. Since, according to Article 126 of the General Law of Public Administration, administrative remedies are exhausted in decentralized entities before their corresponding hierarchical superior; and since it is optional to file the appeal in addition to the motion to reverse (Article 347.2 ibidem), it is not possible to understand that in this case the intervention of the administrative hierarchical superior was requested, such that a resolution could be issued having the consequence of exhausting remedies. This, in turn, reinforces the conviction that the procedure alleged as the basis for this action is not suitable for that purpose, which compels its dismissal at the threshold, as is hereby done." (Judgment 2005-16829 of 09:17 hours on December 2, 2005). In the case under review, the action filed is inadmissible basically for two reasons, as will be seen below. II.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION BECAUSE THE UNDERLYING MATTER IS NOT IN THE STAGE OF EXHAUSTING ADMINISTRATIVE REMEDIES. Specifically, in order to substantiate his standing to bring this action, the petitioner indicated that a remedy filed against the resolution of 08:10 hours on July 13, 2007, by virtue of which his request for exemption from payment of territorial taxes was denied, is pending resolution before the Tax Administration of the Municipality of Sarapiquí. Notwithstanding the foregoing, it is evident from the cited remedy that the petitioner only filed a motion to reverse (recurso de revocatoria) before the same Tax Administration that issued the act; however, he omitted to file the appeal remedy before the superior hierarchical authority, so that the latter could deem administrative remedies exhausted, in accordance with Article 126 of the General Law of Public Administration. Under such circumstances, in this specific case, it is fully accredited that the pending matter referred to by the petitioner is not yet in the stage of exhausting remedies, which necessarily compels the inadmissibility of the action. III.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION BECAUSE IT INVOLVES A CONFLICT OF MERE LEGALITY. The petitioner requests that Article 65 of Executive Decree number 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Regulation to the Forestry Law, be declared unconstitutional, considering it to be in violation of Article 140, subsection 18), of the Political Constitution, as it exceeds the regulatory power of the Executive Branch by restricting the application of Articles 22 and 23 of Forestry Law number 7575, which establish an incentive for forest owners who generate environmental services, consisting of exemption from payment of the real estate tax. However, Article 65 of Executive Decree 25721-MINAE establishes that one may not simultaneously choose fiscal incentives and payment for environmental services. On repeated occasions, this Chamber has indicated that determining whether a regulatory norm contravenes or exceeds what is established in a law is a discussion that should not be resolved in this constitutional venue, except in those cases where it is considered that the regulatory norm violates a fundamental right, because in accordance with Article 49 of the Political Constitution, the legality review of the administrative function of the State, its institutions, and any other public law entity corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. In that sense, this Chamber has held the following: "III.- Inadmissibility of the action due to the challenged matter. In accordance with the foregoing, it can thus be seen that what is challenged by the petitioner concerns the contradiction between the content of a regulatory norm and what is provided in the law. On this particular matter, this Tribunal has resolved that the invocation of unconstitutionality motivated solely by the violation of the principle of administrative legality is a matter reserved for the ordinary jurisdiction, precisely according to the provisions of Articles 11, 49, 121, and 140 of the Constitution. The simple violation of exceeding regulatory power must be litigated in the Contentious-Administrative Jurisdiction, since this task was assigned by the Constituent Assembly to the contentious judge, as can be deduced from the provisions of Article 49 of the Political Constitution; which obliges a systematic interpretation of the constitutional text and an understanding that legality issues must be submitted to the cited Jurisdiction, in order to maintain a uniform distribution of competencies and respect for all the rules that make up the system established in the Political Constitution. In that regard, it has been noted that any challenge such as the one raised implicitly carries a presumed violation of the Political Constitution, given that the entire legal system derives from it, but within the Constitution itself there is a distribution of competencies with the purpose of guaranteeing the citizen a way to protect the different classes of rights and interests they possess. In this way, the contentious and labor jurisdictions are regulated in the Political Constitution (Articles 49 and 70), and it is within this context that constitutional jurisdiction must be embedded, with the understanding that its competence complements and does not overlap with those mentioned, for the purposes of protecting the citizen..." (See in the same vein, judgments numbers 14901-2006 and 1149-2000). The core point raised in this action lies in the contradiction that the petitioner claims to find between Article 65 of Executive Decree number 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Regulation to the Forestry Law, and Articles 22 and 23 of the Forestry Law. Notwithstanding the foregoing, if the appellant considers that the Executive Branch has exceeded the powers constitutionally conferred upon it by issuing a regulation contrary to the law, the truth is that this does not constitute a genuine conflict of constitutionality, since it does not at least directly violate a fundamental right. Under such considerations, if the petitioner considers that the regulatory norm challenged herein is illegal, he should, if he so wishes, raise the matter before the contentious-administrative jurisdiction to assert his rights. By virtue of the foregoing, the action is inadmissible, as is hereby ordered. IV.- CONCLUSION. By virtue of the foregoing, it is appropriate to dismiss the action outright, as is hereby ordered. Therefore: The action is dismissed outright. Ana Virginia Calzada M. Acting Presiding Judge Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Federico Sosto L. Horacio González Q. kmorera EXPEDIENTE N° 07-016820-0007-CO Telephones: 295-3696, 295-3697, 295-3698, 295-3700. Fax: 295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-05-2026 04:01:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República