Res. 12109-2008 Sala Constitucional — Protection of the Barva Volcano Mountain and aquifersProtección de la Montaña del Volcán Barva y mantos acuíferos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12109 - 2008

Fecha de la Resolución: 05 de Agosto del 2008 a las 15:16

Expediente: 07-007996-0007-CO

Redactado por: Adrián Vargas Benavides

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia estructural

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

012109-08. AMBIENTE. PROTECCIÓN A MONTAÑA DEL VOLCÁN BARVA DE HEREDIA. MANTOS ACUÍFEROS. PROBLEMÁTICA DE LA ESCASEZ DEL AGUA. AGUAS SUBTERRÁNEAS. SE ORDENÓ DELIMITAR FÍSICAMENTE LA ZONA ESTABLECIDA POR LA LEY N°65. VCG06/2020

RE/CO

Otras Referencias: Sentencia: 422-96, 1923-04

Texto de la resolución
* 070079960007CO *

 

* 070079960007CO *

Exp: 07-007996-0007-CO

Res. Nº 2008-12109

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.

              SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.

             

             Recurso de amparo que se tramita en expediente número 07-007996-0007-CO, interpuesto por  LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE HEREDIA (PROVIRENA), con cédula de persona jurídica número tres- cero cero seis- trescientos veinticuatro mil ochocientos siete, representada por su Presidente y Apoderado General RAFAEL A. VARELA MONTERO, mayor, casado una vez, profesor de Orientación, portador de la cédula de identidad número 0401010249, vecino de  a favor de San José de la Montaña, Heredia; contra EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARE), EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, EL MINISTERIO DE SALUD, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), LA SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA); LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA;  LAS MUNICIPALIDADES DEL CANTÓN CENTRAL HEREDIA, de SANTA BÁRBARA DE HEREDIA, de BARVA DE HEREDIA, de SAN PABLO DE HEREDIA; de SAN ISIDRO DE HEREDIA, de SAN RAFAEL DE HEREDIA, de MORAVIA, y la de VÁZQUEZ DE CORONADO

Resultando:

            1.- .Por escrito recibido en la Secretaría de las Sala a las catorce horas del once de junio de dos mil siete, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARE), El Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA; la Empresa de Servicios Públicos de Heredia;  las Municipalidades del Cantón Central Heredia, de Santa Bárbara de Heredia, de Barva de Heredia, de San Pablo de Heredia; de San isidro de Heredia, de San Rafael de Heredia, de Moravia, y la de Vázquez de Coronado, y acusa violación a lo dispuesto en los artículos 1, 11, 21, 27, 33, 39, 41, 45 y 50 de la Constitución Política, ya que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. está fomentando la contaminación y destrucción de las zonas de protección, al instalar redes eléctricas para la construcción privada de chalets, cabañas y hoteles de montaña en las zonas de recarga y reservorios de aguas subterráneas.  Cita como caso concreto el Centro para la Conciencia de la Tierra, conocido como Refugio Jaguarundí, el cual pertenece a la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América, cédula jurídica número 3-012-154726, que fue declarado Refugio de Vida Silvestre por parte del MINAE  mediante Decreto número 27212 del 18 de junio de 1998.  Acusa que esa Sociedad, contraviniendo los alcances de dicho Decreto y a sabiendas de que el mismo les fue otorgado por un período de diez años, primeramente construyó unas edificaciones a las cuales denominaron Centro para la Conciencia de la Tierra, supuestamente para impartir charlas orientadas a la preservación del ambiente, sin embargo, son múltiples las denuncias en las que se determina la construcción de un albergue para perros sin los permisos respectivos, el cual vierte las aguas sucias y los restos de animales en los ríos que pasan por la propiedad, lo que afecta la salud humana pues se contamina la Quebrada Monge que es afluente del Río Segundo, el cual es captado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. para abastecer de agua a la población del cantón de San Rafael de Heredia (refiere a prueba número 2).  Agrega que en oficio SER-OH-280 del siete de junio del dos mil cinco, el MINAE señaló que la nueva infraestructura del Proyecto Amigo de los Animales no cuenta con los respectivos permisos de SETENA, del Ministerio de Salud y de la Municipalidad, además de que en el área declarada como refugio las construcciones no han seguido algunas de las especificaciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y es el área donde se mantienen los perros callejeros rescatados, con los consecuentes problemas de contaminación (refiere a prueba número 3).  Acusa que al igual que está sucediendo lo expuesto en las montañas de la jurisdicción de San Rafael de Heredia, en las jurisdicciones de las municipalidades de Vásquez de Coronado, Moravia, Santo Domingo de Heredia, San Isidro de Heredia, San Pablo de Heredia, San Rafael de Heredia, Barva de Heredia, Santa Bárbara de Heredia y Heredia centro se han otorgado permisos de construcción en forma indiscriminada sin un plan regulador que proteja los recursos naturales, bajo el pretexto de proyectos habitacionales (refiere a prueba número 4), cuando se construyen al abrigo de la modalidad de hoteles de montaña, chalets o cabañas de descanso, a algunos de los cuales se les ha otorgado la declaratoria turística por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), (refiere a prueba número 5).  Aduce que por Decreto N° LXIV del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el cual, según pronunciamiento  N° OJ-118-2004 del veintisiete de septiembre de dos mil cuatro emitido por  la Procuraduría General de la República, determinó que está totalmente vigente, se declararon inalienables las montañas en las que tienen su origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela.  Solicita lo siguiente: 1) que se de traslado de este amparo a los jerarcas –titulares o interinos- de los ministerios, órganos y entes recurridos, para que indiquen clara y precisamente, en las respectivas hojas cartográficas los perímetros de protección de las áreas de recarga- descarga de los mantos acuíferos existentes en la zona establecida en el Decreto LXIV del 30 de julio de 1888; 2) que se establezcan de inmediato los procesos reivindicatorios de dominio público de los perímetros establecidos en el mencionado Decreto, para la protección de las áreas de recarga y descarga –captación- de los acuíferos existentes; 3)   que se prohíba la corta, eliminación de árboles y otorgamiento de permisos de construcción en los perímetros de protección de las áreas de recarga y descarga de los mantos acuíferos; 4) que se diseñe y elabore, a través del Departamento de Aguas, un plan estratégico para la gestión ambiental sostenida, eficiente y eficaz de las aguas subterráneas en el área establecida en el Decreto LXIV; 5) que se elabore y promulgue, con la asesoría del SENARA, ICAA, ESPH SA, reglamentos sobre el inventario, manejo y categorización de los mantos acuíferos, según los criterios de vulnerabilidad de las áreas de recarga, calidad y valor estratégico; 6) que se comunique al MINAE la anulación del Decreto 27212-MINAE y se deje sin efecto su aplicación, por encontrarse las tierras descritas en el dominio público y constituir bienes demaniales; 7) al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH S.A.), que se les ordene definir las áreas cercanas a los manantiales y nacientes existentes, donde se prohíbe todo tipo de instalación, edificación, o actividad humana y coordinar acciones con el INVU para establecer los alineamientos; 8) que se seleccione, localice y, por consiguiente, que se haga inventario y categorización de las aguas destinadas al servicio de cañería de los cantones recurridos; 9) al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), que proceda a confeccionar y levantar la cartografía de vulnerabilidad de los mantos acuíferos ubicados en el área que establece el Decreto LXIV y, con ello, trazar, fijar y alinear, definitivamente, los perímetros de protección de las áreas de recarga y descarga; asimismo, 10) que se ordene a la Junta Directiva del SENARA, junto con el MINAE, que tome los acuerdos necesarios para recuperar y tomar posesión de los terrenos que pertenecen al dominio público (Estado), según lo señala el Decreto LXIV; 11) al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que fije los alineamientos de los perímetros de protección de las áreas que bordean los manantiales y nacientes permanentes, los mantos acuíferos y sus áreas de recarga en las jurisdicciones municipales mencionadas; 12) que se elabore y promulgue un Reglamento sobre las restricciones en el uso de suelo en las zonas de protección de las áreas de recarga y descarga de los mantos acuíferos, manantiales, nacientes y pozos existentes en el área que establece el Decreto LXIV; 13) al Ministerio de Salud, que haga efectivas las disposiciones que establece la Ley General de Salud en lo referente al Título III, Capítulo I del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas en la materia, y sus ordinales 264 a 277; 14) capítulo II: de las obligaciones y restricciones relativas a la recolección y eliminación de residuos sólidos, artículos 278 a 284; 15) capítulo II: de las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas y negras, artículos 284 a 292, 16) capítulo IV:  de los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas para evitar la contaminación del ambiente, artículos 293 a 297 siguientes y concordantes; 17) al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que  establezca la coordinación respectiva con el SENARA en la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrogeológicas en las cuencas hidrográficas de la zona, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos, tal como establece el artículo 21 de la Ley sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos N° 7779 del 30 de abril de 1998, 18), que se ordene al Instituto Geográfico Nacional, dependencia adscrita a su autoridad, el levantamiento de Mapas y Cartas topográficas respectivas de la zona protegida; 19) a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que se le exija el acatamiento inmediato y cumplimiento del Informe DRCN-PAH-2189-2005 del 30 de noviembre de 2005, emitido por el Ministerio de Salud y dirigido a la Fiscalía Adjunta Ambiental, a efecto de que se aplique lo que establece la Ley de Planificación Urbana y la Ley General de Salud  y que afirma que se aporta en la prueba número 3; 20) que ese ente municipal proceda, de forma inmediata, a la clausura del Hospital Veterinario y Albergue de Animales, ordenando al Alcalde su cumplimiento de acuerdo con lo que establece el Código Municipal y la Ley de Construcciones; 21) a los gobiernos locales de Vázquez de Coronado, Moravia, Santo Domingo, San Isidro, San Pablo, San Rabel, Barva, Santa  Bárbara y Heredia centro, que se les exija la promulgación de un Plan Regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos; 22) que dentro de ese Plan Regulador se obligue a promulgar un Reglamento de Zonificación donde las municipalidades recurridas identifiquen, controlen y restrinjan las actividades humanos (industrial, turística, urbanística, agropecuaria etc.), las áreas reservadas para ubicar ahí los mantos acuíferos, naciente y zonas de recarga y descarga; 23) que al aplicar los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la vida y la salud humanas, y en aras de un desarrollo sostenible, los cantones objeto de este amparo y que por sus características geomorfológicos cuentan con terrenos que albergan los mantos acuíferos, manantiales, nacientes y zonas de recarga y descarga, son los obligados regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente tales limitaciones, dado que las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón sino que constituyen un claro interés supralocal y nacional;  24) que se establezcan limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de las áreas protegidas, cuyo beneficio redundará en los habitantes de todos los cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, para beneficio de las futuras generaciones.

 

            2.- Informa bajo juramento Roberto Dobles Mora, en calidad de Ministro del Ambiente y Energía (folio 120), en lo que atañe a las construcciones privadas de chalets, cabañas y hoteles de montaña en las zonas de recarga y reservorios de aguas subterráneas, principalmente en las llamadas zonas de protección, que desde el momento en que se tuvo conocimiento de las actuaciones realizadas por el señor Mario Bejarano Arguedas, en el sector conocido como Cerro Chompipe, Distrito Vara Blanca, Provincia de Heredia, se procedió por parte de la Subregional de Heredia a realizar una visita al sitio el 23 de abril de 2005, con la que se determinó la construcción de dos ranchos (chalet), la socola de un área de cobertura boscosa, un camino interno de 42 metros de largo; además de que procedieron a sembrar árboles ornamentales que no son propios de los terrenos boscosas.  Fue así como ante esa situación, afirma que la Oficina de Heredia interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo el 26 de abril de 2005 (SRC-OH-209 – prueba N°1).  Sin embargo, se determinó que el señor Bejarano contaba con la viabilidad ambiental, resolución número 943-2004-SETENA de 22 de junio de 2004 (prueba N°2), por lo cual el Tribunal Ambiental Administrativo procedió, por resolución 074-06-3-TAA (Prueba N°3) a trasladar el expediente de la denuncia (150-05-3-TAA) a la SETENA, con la finalidad de que se valorara el informe del Departamento de Aguas, solicitado en su momento y, de ese modo, la SETENA tomara en consideración en caso de exigir un estudio de impacto ambiental.  Sobre el mismo tema, dice que la Oficina Subregional procedió por oficio N°SRC- 497 de 27 de octubre de 2005 (prueba N°4) a indicarle al Tribunal Ambiental Administrativo que no se observaba ningún avance al respecto, de lo cual no se obtuvo respuesta y, al día de hoy dice desconocer esa Oficina si el Tribunal Ambiental Administrativo emitió la resolución final, según informa el Jefe de la Oficina de Heredia de la Subregional Central.  Sobre este tema, de esa Oficina se le informó que se encuentra dentro de la programación de sus actividades el sector que involucra lo que establece el Decreto Ley N°65 de 1888, acerca del  cual hace énfasis el recurrente, lo que dice demostrar con los documentos que aporta a este informe, como son las denuncias presentadas contra los señores Mario Ramírez Corrales, Rodolfo Pacheco Domínguez y otros (prueba N°5).  En relación con el permiso de construcción de un albergue para perros sin los permisos respectivos, menciona que existe el Decreto Ejecutivo N°32200-MINAE publicado en el Diario La Gaceta N°19 del 27 de enero de 2005, en el cual se declara Refugio Nacional de Vida Silvestre Privado Jaguarundí cinco inmuebles pertenecientes a la Empresa Sociedad Humana de los Estados Unidos de América y a la Sociedad Treinta y Ocho-Seis, terrenos de vocación forestal ubicados en los Altos del Roble, Distrito Cuarto, Los Ángeles, Cantón Quinto San Rafael de la Provincia de Heredia (“Ver documento adjunto”).  Rescata de lo anterior que para que un inmueble sea declarado refugio tiene que cumplir con los requisitos que se establecen en el Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo N°32633-MINAE de 20 de septiembre de 2005, en el cual se establece cumplir con un Plan de Manejo, artículo 150 (prueba N°6), que viene a ser el documento técnico que señala las actividades que se pueden ejecutar, como son:  uso agropecuario, uso habitacional, vivienda rústica creativa, desarrollos turísticos que incluye hoteles, cabinas, albergues u otros que realicen actividades similares, artículo 151.  Por ende, dice, se va a requerir su aprobación por parte de la Administración.   En cuanto a este punto, señala que el Lic. Freddy Valerio Segura, Jefe de la Oficina de Heredia de la Subregional Central, aclara que en cuanto a lo manifestado por el recurrente, que atribuye a ese Ministerio haber permitido la construcción de un albergue para perros sin los permisos respectivos, que no es competencia de ese Ministerio otorgar permisos de construcción.  Sin embargo, agrega que desde el momento que se denunció ante la oficina correspondiente acerca de dichas obras, se realizó una inspección al sitio detectándose actividades que no estaban contempladas en el Plan de Manejo y otras que atentaban contra la legislación ambiental, razón por la cual se solicitó, mediante oficio SRC-309- de 4 de julio de 2005 (prueba N°7) al personero del refugio que aclarara a la Administración Forestal del Estado sobre sus actuaciones y el aporte de los permisos correspondientes, ya que en ningún momento se informó a esa Oficina sobre dichas obras.  Añade que mediante oficio N°SRC-392 (prueba N°8) se le ha solicitado al representante legal del Refugio Privado los diseños del sistema de tratamiento de las aguas residuales, otorgándole un plazo de dos meses para la actualización del plan de manejo y se valoró la propuesta planteada para el albergue de perros.    Una vez analizada la propuesta del albergue se elaboró la Resolución N° SRC-024-05- de 9 de diciembre de 2005 (prueba N°9) en la cual se rechazó el plan de manejo que contemplaba el albergue de los perros callejeros dentro del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, resolución contra la cual presentaron recursos de revocatoria con apelación en subsidio.  Continúa informando la autoridad recurrida que los personeros del Refugio Jaguarundí, valiéndose del recurso citado,  solicitaron  una audiencia a la Oficina  de Heredia de la Subregión Central, que se realizó el 16 de enero de 2006 con el fin de presentar documentos técnico científicos emanados por profesionales en la materia para que sirvieran de soporte a la Administración, al momento de emitir el acto final:   resolución N°SRC-024-05.  Argumenta que la prueba técnico-científica presentada por los personeros del Refugio Jaguarundí consistía en un documento técnico emitido por Ruth Tiffer Sotomayor, Mario Salazar Chacón, del Centro Científico Tropical, documento en el cual se señala que dicha actividad no es perjudicial para el Refugio de Vida Silvestre, siempre y cuando sea controlada mediante un plan de manejo adecuado.  Indica que basados en los documentos de comentario y valorando lo señalado en el Informe Técnico N° IT-VS-001-06 emitido por Jorge Hernández, biólogo y encargado del Componente de Vida Silvestre del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, en el que se establece que si bien es cierto la actividad es atípica, también lo es que si se realiza en estricto apego a las normas de manejo puede compatibilizar con los objetivos de conservación del refugio, se aceptó el recurso de revocatoria y, de igual manera el Despacho Ministerial resolvió el de apelación a favor del Refugio Jaguarundí, en los cuales se autorizó la actividad del albergue de perros callejeros por un período de dos años, con el fin de que la Administración pueda valorar el efecto que esa actividad pueda ejercer sobre el medio ambiente o cualquier otro efecto que pueda ocasionar a la vida silvestre del Refugio Privado, siempre y cuando cumpla con las disposiciones giradas en la resolución 069-SINAC-2007 de las 9.40 horas del 5 de junio de 2007 y en la R-073-SINAC-2007 de las 8:00 horas del 15 de junio de 2007 (prueba N°10).  Aduce que la Administración no va a permitir que se den las irregularidades que alega el recurrente, en cuanto a la contaminación que está provocando dicha actividad en ríos y quebradas. “Le corresponde al señor Rafael Varela demostrarlo”.   Sobre el punto que alega el recurrente en el sentido de que en las jurisdicciones de varias municipalidades se han otorgado permisos de construcción en forma indiscriminada sin un plan regulador, dice que por no ser competencia del Ministerio sino de las municipalidades, no expresa ningún argumento.   Agrega que desde que la Administración Forestal del Estado conoció del pronunciamiento N° OJ-118-2004 de 27 de septiembre de 2004 emitido por la Procuraduría General de la República, no se están permitiendo vistos buenos para el trámite de visados solicitados por poseedores y propietarios que tienen sus fincas en el sector señalado por el Decreto de cita, que reza:  “Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán Barva, desde el Cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”.  Con base en todas las prueba aportadas y los argumentos expuestos, dice la autoridad recurrida que se ha determinado que el Ministerio de Ambiente y Energía ha realizado todas las actuaciones que se encuentran dentro de su competencia, en su calidad de ente rector en materia ambiental, para garantizar la tutela de dicha normativa, en aras de la protección del derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna.

            3.-  Informa bajo juramento Allan René Flores Moya, en calidad de Gerente General y representante legal del Instituto Costarricense de Turismo (folio 222), que no es competencia de ese ente el tema de la planificación, uso y explotación  del recurso hídrico de las comunidades, tampoco la protección de las aguas subterráneas y, en especial, de los mantos acuíferos.  De igual forma, no es su competencia lo relacionado con las competencias propias de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ni otorgar permisos de construcción y, por ende, tampoco verificar los requisitos para que se otorguen.  Indica que ese Instituto, como ente rector de la actividad turística del país tiene la potestad de otorgar la declaratoria turística, que es un reconocimiento que se otorga a personas físicas o jurídicas que deseen someter su empresa al cumplimiento de una serie de resultados de orden técnico, económico y legal que el ICT exige para que puedan ser calificadas como turísticas.  Esto es de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Empresas y Actividades Turísticas, siendo requisito para su otorgamiento que se cumpla con los artículos 3 y 4 del mismo texto normativo.  Sigue manifestando que el artículo 6 de ese Reglamento señala que la declaratoria turística será otorgada exclusivamente a las empresas de hospedaje remunerado, agencias de viajes, restaurantes, transporte marítimo, arrendadores de vehículos, transporte marítimo, transporte aéreo, por lo que considera evidente que ese Instituto no otorga la declaratoria turística a “Proyectos Habitacionales”, como indica el recurrente y, es claro además, que la Declaratoria Turística no es necesaria para que un proyecto de cualquier índole entre en operación, ya que es un trámite meramente voluntario del interesado. Aduce que no es competencia del ICT lo concerniente a las propiedades municipales, como tampoco las implicaciones directas de la ley N° LXV que indica el recurrente.  Pide que se absuelva al ICT de toda responsabilidad en este asunto, porque el recurso no lleva razón en la parte que lo menciona.

 

            4.- Informa bajo juramento Marco Antonio Vargas Díaz, en calidad de Ministro de Agricultura y Ganadería (folio 229), que la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos otorga a ese Ministerio la competencia directa únicamente en relación al manejo del recurso “suelo”, por lo que ese órgano únicamente tiene participación en el proceso de otorgamiento de concesiones de agua para emitir criterios técnicos relacionados con las implicaciones que dichas concesiones puedan tener en relación con la afectación del suelo.  De igual forma, dice, si se analiza las competencias otorgadas a ese Ministerio mediante la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del Ministerio, no existe competencia directa de esa Cartera en cuanto al manejo, uso y conservación del recurso hídrico, sino que las competencias otorgadas mediante esta ley están referidas a la creación del Sector Agropecuario y la coordinación que debe ejercer ese Ministerio con respecto a los órganos del sector.  Afirma que ese Ministerio no tiene competencia directa en el manejo del recurso hídrico ni en el proceso de otorgamiento de los permisos de construcción citados por el recurrente, sino que están ante la presencia de una competencia derivada únicamente en cuanto a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos le impone a ese Ministerio la obligación de coordinar con el SENARA la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas, coordinación que –afirma- hasta la fecha ha venido realizando este Ministerio.  Agrega que dentro de la normativa invocada por el recurrente cita el Decreto número LXIV de 28 de julio de 1888, mediante el cual se declaró inalienable una franja de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de las montañas del Volcán Barva y el Cerro Zurquí, Decreto que a la fecha se encuentra vigente pero que tampoco le otorga competencias a ese Ministerio.  Aduce que como el Instituto Geográfico Nacional no pertenece a ese Ministerio, no lleva razón el recurrente al solicitar que le debe ordenar  a ese Instituto el levantamiento de los mapas y cartas topográficas respectivas de la zona protegida.    Al respecto, señala que el Instituto Geográfico Nacional fue creado por Ley número 59 del 3 de julio de 1944, como un órgano dependiente de la entonces denominada Secretaría de Fomento, destinado a la ejecución de la Carta Geográfica y Mapa Catastral de la República, así como a los estudios, investigaciones o labores de carácter geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga relación con dicha obra.  Posteriormente, mediante Decreto N°27917 MOPT del 10 de junio de 1999, el Instituto Geográfico Nacional pasó a pertenecer al nivel superior del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, razón por la cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería no tiene injerencia alguna sobre ese órgano.  Solicita que se excluya a ese Ministerio como parte en este amparo y se declare sin lugar el recurso.

 

            5.- Informa bajo juramento  María Luisa Ávila Agüero, en calidad de Ministra de Salud (folio 233), que este amparo ha sido atendido por la Dirección de la Región Central Norte y la Dirección del Área Rectora de Barva-San Rafael de Heredia.  Dice que en adelante se referirá a las actuaciones técnico-administrativas dictadas por dichas autoridades de salud.  Indica al respecto que el 25 de junio de 2007, mediante oficio DAJ-1573-M-07 se le comunicó a la Dra. Virginia Céspedes Gaitán, Directora Regional Central Norte y a la Dra. Ana Lorena Sánchez Hernández, Directora del Área Rectora  de Salud Barva-San Rafael de Heredia acerca del presente amparo.  El 26 de junio de 2007 se recibió oficio ARS-B-1008-2007, suscrito por la Dra. Ana Lorena Sánchez Hérnández, Directora del Área Rectora de Salud Barva-San Rafael de Heredia, quien informó acerca de todo lo actuado y a los hechos del presente recurso, manifestando  que debido a que se les informó de la existencia de “este establecimiento” y que no tenían conocimiento de esas instalaciones, el 5 de mayo de 2005 el Lic. Víctor Alfaro realizó visita al lugar pero no se le permitió ingresar, sino que fueron recibidos en las afueras de las instalaciones, como consta en el oficio ARS-SR-13-690-2005 del 20 de junio de 2007.  Dice que se coordinó y se realizó visita al lugar en conjunto con la Municipalidad de San Rafael de Heredia, encontrándose que las instalaciones no cuentan con los debidos permisos, por lo que ambas instituciones hicieron el apercibimiento a los encargados para que iniciaran los trámites respectivos.  Se realizaron varias visitas al lugar por parte del encargado de Protección al Ambiente Humano, Víctor Alfaro, quien informó verbalmente que en ninguna fue atendido pues la propiedad está cerrada y existe un portón principal que no permite el paso.  Ante esa situación, sigue informando, el 9 de noviembre de 2005 se envió  ARSSR-B-1755-2005 al Alcalde Municipal Jorge Herrera Paniagua, solicitándole clausurar la escuela, el refugio de animales, el hospital veterinario y el Regio Centro para la Conciencia de la Tierra, representado por la señora Karin Hanne Hoad, debido a que carece de permisos de funcionamiento de ese Ministerio.  Se le envió copia a la entonces Ministra de Salud.  El 14 de noviembre de 2005 se recibió copia de la denuncia presentada por Jorge Valerio Lobo, Coordinador de la Comisión Ambiental de la Municipalidad de San Rafael de Heredia ante la Fiscales Agraria Ambiental del Ministerio Público, Primer Circuito Judicial de San José, quien argumentó la existencia de una clínica de animales que está vertiendo aguas sucias y restos de animales en la  propiedad ubicada 1.5 km. al norte del centro Recreativo Monte de la Cruz, por lo que solicitó que se investigara la veracidad de esa situación y se realizara una inspección en el lugar.  El 9 de enero de 2006 se recibió copia del oficio DRCN-PAH-2189-2005 de la Dirección Regional, firmado por el entonces Director a.i. Dr. Marco Tulio Zumbado Ulate, dando respuesta a la Fiscalía Adjunta Ambiente sobre la denuncia del señor Valerio, “donde entre otros específicamente en el punto 4, indican que al no permitírsele por parte de los propietarios del lugar la entrada a nuestras  autoridades nos vemos imposibilitados de determinar el cumplimiento de la normativa aplicable a este tipo de actividades, lo que puede atentar contra la salud en caso de que estén contaminando las aguas captadas.” (Las negritas son del original).  El 5 de julio de 2007 se recibió copia del documento 05-009973-647-PE de la Fiscalía Agraria Ambiental, donde el Lic. Luis Herrera solicitó al Juez de la Etapa Preparatoria del Juzgado Penal de Heredia la desestimación, por los argumentos que ahí se indican.  El 26 de junio de 2006 se recibió solicitud de visto bueno de ubicación para el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, Escuela en las Nubes de Asís y debido a la envergadura del proyecto, el 10 de junio de 2006, mediante oficio ARS-SR-B-977-2006 se envió a la Dirección Regional dicha solicitud para el trámite respectivo.  El 6 de marzo de 2007 se recibió copia en el Área, del oficio DRCN-PAH-287-07 de fecha 21 de febrero de 2007, donde la Dirección Regional comunicó al señor Robert Hoad, Refugio de Vida Silvestre Jaguarandi que hasta tanto no cumpla con la información indicada no se podía autorizar el permiso sanitario de funcionamiento.  El 7 de marzo de 2007, en oficio ARS-SR-B-286-2007, se le comunicó a Alberto Vargas Esquivel, Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, que se le adjuntaba copia del oficio DRCN-PAH-287-07, para información y fines pertinentes.  Indica que en folios 66,67 y 68 consta el oficio GE-149-06 del 28 de febrero de 2006, donde el Gerente General del SENARA comunicó al Fiscal Auxiliar Ambiental del Ministerio Público sobre el informe de la recarga o acuífero, relacionado con el Delito de Invasión de Área de Protección y otros contra Robert Hoad y otros.  Se remitió oficio ASUB-071-2006 del 17 de febrero de 2006, por parte del Director del Área de Operaciones y el geólogo Roberto Ramírez Ch. sobre el caso Ambiental Centro, donde se considera en el punto 1. Conclusiones, que el SENARA considera que el área donde se encuentra el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, como un área de recarga acuífera de una vulnerabilidad media a alta, no se permite el desarrollo de construcciones de alta densidad como tampoco el uso de tanques sépticos como sistema de tratamiento de las urbanizaciones y la impermeabilización de dicha área de recarga.  Por oficio ARS-SR-B-PAH-680-06 del 5 de septiembre de 2006 esa Dirección de Área comunicó a la Directora Regional que revisados los planos presentados por la Sociedad Humanos de los Estados Unidos de América para el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, ubicado en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, no se han aportado los planos para las obras realizadas del hospital veterinario y casas para animales. Continúa informando la Ministra de Salud que la Directora del Área Rectora de Salud de Barva- San Rafael de Heredia, en oficio ARS-SR-B-1008-2007 del 25 de junio de 2007, en su informe relacionado con todo lo actuado y a los hechos del presente recurso ha señalado que por oficio RCN-AJ-092-2007 del 9 de abril de 2007 se remitió a la Dirección de Asuntos Jurídicos un Incidente de Nulidad de Notificación de Resolución contra el oficio DRCN-PAH-287-07 del 21 de febrero de 2007 y en oficio RCN-AJ-101-2007 del 30 de abril de 2007, también fue remitido a esa Dirección un Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado especial administrativo y judicial de la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América contra el oficio DRCN-PAH- 287-07.  Señala que ese Despacho, en resolución DM-3507-M-07 de las 10:30 horas del 27 de junio de 2007 resolvió, en forma  interlocutoria, tanto la apelación como el incidente, disponiendo suspender el dictado de la resolución de fondo del Recurso de Apelación e Incidente de Nulidad de Notificación de Resolución, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva en forma definitiva el fondo del amparo 07-007996-0007-CO.  Pide se declare sin lugar el recurso. 

            6.-  Informa bajo juramento José Manuel Ulate Avendaño, en calidad de Alcalde Municipal de Heredia (folio 278), que en lo que se refiere a la construcción de un supuesto “albergue para perros” en zona protegida (Centro para la Conciencia de la Tierra conocido como Refugio Jaguarundí), no se encuentra dentro de la jurisdicción cantonal de esa Municipalidad, por lo que esa situación –si efectivamente se presenta- se escapa totalmente de las competencias legales de ese Gobierno Local.  De igual forma, estima que debe tenerse presente que en cuanto a la instalación de redes eléctricas en las zonas alegadas   como bien lo menciona el recurrente, son competencia de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., siendo por lo tanto la responsable de garantizar que dichas redes no afecten la salud ni el medio ambiente.  Por otra parte, aclara que los alegatos atinentes al supuesto otorgamiento de permisos de construcción de manera “indiscriminada”, resultan absolutamente infundados, específicamente en lo que atañe a ese ente municipal.  Argumenta que el hecho de que en este momento esa Municipalidad no cuente con un Plan Regulador específico para el Cantón Central de Heredia de ningún modo conlleva a la vulneración del medio ambiente y la salud, ni menos aún a otorgar permisos de construcción de forma “indiscriminada”, ya que todos los permisos de construcción que se otorgan dentro de la jurisdicción cantonal de esa Municipalidad se ajustan plenamente a las regulaciones normativas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico vigente, entre ella, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y su Reglamento y demás normativa aplicable en materia urbanística, ambiental y de salud, así como a las disposiciones del Plan Regulador del Gran Área Metropolitana (GAM).  En todo caso, añade, aunque esa Municipalidad otorga sus permisos de construcción conforme lo ordena nuestro ordenamiento jurídico, actualmente en el Cantón Central de Heredia se encuentra desarrollando el respectivo plan regulador.  Bajo esa perspectiva, estima claro que las manifestaciones del recurrente son infundadas, sin elementos probatorios que demuestren su dicho, ya que, por un lado esa Municipalidad no es la que otorga declaratorias turísticas para las edificaciones mencionadas porque es competencia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y, por otro, no se han otorgado permisos de construcción “indiscriminadamente”.  Pide que se observe que dentro del área geográfica comprendida por el Decreto número LXIV del 28 de julio de 1888 y en lo que respecta propiamente a la franja de territorio correspondiente al Cantón de Heredia, esa Municipalidad únicamente ha otorgados dos permisos de construcción para la edificación de dos cabañas ubicadas en propiedad privada, concretamente en el Cerro Chompipe (distrito de Vara Blanca), construcciones que según informe brindado por la Dirección de Operaciones de esa Municipalidad (oficio DOPR-490-2007 del 27 de junio de 2007), cuentan con todos los permisos y requisitos legales y reglamentarios exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos, la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y los permisos del Ministerio de Salud.  Agrega que si bien el Decreto indicado establece un área geográfica inalienable de la Montaña del Volcán Barva, desde el cerro llamado Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, con el fin de proteger los terrenos donde tienen origen las fuentes que forman los ríos que surten de agua potable a diferentes poblaciones de la provincia de Heredia, en dichas zonas es posible la existencia de terrenos particulares (privados) que se ven, de una u otra forma, restringidos a realizar una serie de actividades, el Decreto en cuestión no prohíbe del todo la construcción de ciertas obras como las dos mencionadas.  Lo anterior, dice, aunado a que como se indicó, las dos construcciones cuentan con las viabilidades ambientales correspondientes otorgadas por la SETENA, que es el órgano competente para extender dicha licencia ambiental, tal como al efecto dispone la Ley Orgánica del Ambiente (artículos 17, 20, 83, 84 y concordantes).  En consecuencia, indica, al haber otorgado la SETENA las licencias o viabilidades ambientales en ambos casos, se concluye que las únicas dos construcciones autorizadas por esa Municipalidad en la zona alegada no representan ninguna vulneración para el medio ambiente ni tampoco para la salud humana, porque también cuentan con los permisos del Ministerio de Salud.  En todo caso, si el recurrente se encuentra disconforme con los permisos de construcción y las demás autorizaciones brindadas por las autoridades competentes a dichas edificaciones, es un aspecto de mera legalidad que deberá ser discutido en la jurisdicción ordinaria correspondiente y no ante la Sala Constitucional, en virtud de la naturaleza sumaria del amparo.  Sin embargo, señala que conocedor el Concejo Municipal que la preservación de los recursos naturales y, específicamente, el recurso hídrico es una situación que debe asumirse de forma urgente y con absoluta responsabilidad por los gobiernos locales, en sesión extraordinaria número cien-dos mil siete del 31 de mayo de 2007, tomó el acuerdo de no otorgar permisos de ningún tipo de desarrollo en la jurisdicción territorial del cantón central de Heredia que se encuentre comprendida dentro del área que abarca el Decreto Ley número LXV del 30 de julio de 1888. Asimismo, solicitar a la Procuraduría General de la República el pronunciamiento con respecto a la recuperación de aquellas áreas mencionadas en el Decreto indicado y que hoy se encuentran inscritas a nombre de particulares. También se acordó solicitar al Instituto Geográfico Nacional que realice el levantamiento del área que comprende el Decreto número LXV del 30 de julio de 1888 y determine el área del Cerro Dantas.  Se solicitó, además, a las municipalidades de Barva, San Rafael de Heredia, Santa Bárbara, San Isidro, Santo Domingo, Moravia, Alajuela, Sarapiquí, Guácimo, Poás y Puntarenas, unirse a las gestiones que realiza ese gobierno local con la finalidad de rescatar las áreas comprendidas en el Decreto Ley de marras.  Se acordó, asimismo, enviar copia del acuerdo a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, al MINAE, SETENA, Defensoría de los Habitantes, Provirena (recurrente) y a los diputados de la Provincia.  Se ordenó publicar el Acuerdo.  Por lo tanto, pide que se declare sin lugar el recurso.

 

            7.- Informa bajo juramento Eladio Prado Castro, en calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (folio 291), que ni el Centro para la Conciencia de la Tierra (Refugio Jaguarundí) ni el Proyecto Amigos de los Animales fueron tramitados ante sus oficinas, por lo que no constan antecedentes o documentación en sus archivos y registros como proyectos que hayan sido aprobados por su representada y que, de todas maneras, no corresponden a proyectos habitacionales, urbanizaciones o fraccionamientos con fines urbanísticos, materia de aprobación por parte del INVU.  Agrega que según lo indicado, es por disposición legal contenida en el artículo 10 inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana que a la Dirección de Urbanismo le corresponde aprobar, desde el punto de vista urbanístico, los proyectos de urbanizaciones, fraccionamientos y condominios, lo que realiza la unidad especializada una vez que el proyecto cuenta con la aprobación del Ministerio de Salud y del AyA, MINAE, dependencias que analizan y aprueban los aspectos de su competencia.  En su caso, dice, son aprobados los proyectos una vez comprobado que se ha cumplido con cada uno de los requisitos urbanísticos exigidos y que lo propuesto está de conformidad con la normativa urbanística.  En términos generales, alega, el recurrente se refiere a la contaminación de aguas subterráneas, que es un aspecto que se sale de su competencia, siendo el ente de su resguardo el AyA.  Por otra parte, dice, no cuenta esa Institución con la información sobre mantos acuíferos y nacientes de agua en esa zona, por lo que no externan criterio técnico al respecto.  De igual forma, aduce, no es resorte del INVU los estudios de impacto ambiental, sino que es el MINAE a través de SETENA, el órgano competente en ese campo.  Asimismo, sostiene que no es su responsabilidad y competencia velar por aspectos de salud con ocasión de los permisos para instalar ese tipo de actividades (refugios para animales) en esa zona, recayendo esa competencia en el Ministerio de Salud.  Sobre los permisos de construcción y edificaciones de hoteles de montaña, chalets o cabañas de descanso construidos bajo la figura de proyectos urbanísticos, deja constancia que el recurrente no concreta de cuáles proyectos urbanísticas se trata y que incumpliendo con las reglamentaciones urbanísticas fueron aprobados por la Dirección de Urbanismo de su representada, lo que le impide analizar su actuación y referirse a los proyectos en concretos.  Finalmente, recuerda que corresponde a las municipalidades otorgar los permisos de construcción, así como ejercer el control y vigilancia del cumplimiento a lo autorizado, tanto por el Gobierno Local como por cada uno de los entes y órganos que participan en el proceso. Estima que al ser el ente que planifica su territorio es responsable directo de la vigilancia y control en el cumplimiento de las normas, en procura del mayor bienestar y seguridad de todos los habitantes, control que tiene su fundamento jurídico en el artículo 87 de la Ley de Construcciones.   En el presente caso, dice, le corresponde exigir el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos para otorgar permisos y autorizaciones, partiendo de la compatibilidad de la actividad que se desea desarrollar con el uso del suelo, según la zonificación del lugar y, de previo a otorgar el permiso contar con las autorizaciones de las otras entidades competentes, de acuerdo con la actividad que se pretende desarrollar.  En cuanto al otorgamiento de permisos municipales sin un plan regulador, refiere que en los casos de Vázquez de Coronado, Moravia y San Isidro de Heredia cuentan con Plan Regulador y tienen el deber de atenerse a las regulaciones que contiene.  En los casos de las municipalidades de Santo Domingo de Heredia, San Pablo de Heredia, San Rafael de Heredia, Barva de Heredia, Santa Barbara de Heredia y Heredia centro, actualmente  no poseen Plan Regulador, por lo que están obligadas a la aplicación de las normas que contienen el Decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE (GAM), normas que deben cumplirse para otorgar usos de suelo, así como autorizaciones de construcciones en cada una de sus jurisdicciones.  En el caso de proyectos urbanísticos deben contar con el visado del INVU, Ministerio de Salud, AyA y MINAE, de previo a que el gobierno local autorice su desarrollo.  En conclusión, informa la autoridad recurrida que el INVU no ha dictado ningún acto administrativo de aprobación de alguno de los dos proyectos citados por el recurrente y, por lo tanto, tampoco ha puesto en peligro el medio ambiente, los recursos naturales y, en especial, el tema del agua.  Indica que por mandato legal a la Dirección de Urbanismo le compete autorizar, únicamente, los proyectos de urbanización, condominios y fraccionamientos con fines urbanísticos como materia de su resorte, una vez cumplidos los requisitos y exigencia legales para tal fin, pero no le compete determinar la existencia o no de la posible contaminación de mantos acuíferos ni la alteración y contaminación del medio ambiente.  Es así como, reitera, no correspondió a su representada autorizar proyectos tendientes a la protección de animales como los indicados por el recurrente, siendo más bien resorte exclusivo de las municipalidades, ya sea aportando el uso del suelo, permisos de construcción y patentes respectivas, correspondiéndoles la vigilancia de las obras que se desarrollen en sus jurisdicciones.  Por otra parte, argumenta que el recurrente no concretiza qué proyectos urbanísticos (chalets, hoteles de montaña y cabañas de descanso) fueron aprobados por el INVU en contraposición de las normas vigentes, lo que imposibilita el análisis y pronunciamiento sobre lo actuado por ese ente en visados de planos de proyectos urbanísticos de su competencia.  Solicita que se declare sin lugar el recurso con respecto a la actuación del INVU, exonerándolo de toda responsabilidad y del pago de daños y perjuicios de la presente acción.

 

            8.- Contesta la audiencia conferida Edgar Allan Benavides Vílchez, en calidad de Gerente con facultades de apoderado general de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (folio 298), manifestando que debe referirse al llamado “Cerro Chompipe”, ¿qué abarca ese Cerro?  Al respecto, dice que Manrique Valerio, de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía Eléctrica de la Empresa que representa, levantó un plano donde se indican las áreas afectadas como áreas de protección y los Refugios de Vida Silvestre Jaguarandi y Cerro Dantas, a los que hará referencia en este recurso.  Igualmente, dice, delimita el área referida al Cerro Chompipe (prueba número 1).  Agrega que el informe de la Procuraduría General de la República OJ-118-2004 (prueba número 2), que también aporta el recurrente como prueba, hace mención a las zonas de recarga en la parte norte de Heredia, la importancia que representan estas fuentes de agua y la vigencia de la Ley LXV de 30 de julio de 1888.  En esta zona se encuentra el Cerro Chompipe, de ahí la importancia del Decreto indicado.   Refiere que en relación al alegato del recurrente en punto a la instalación de redes eléctricas para la construcción privada de chalets, cabañas y hoteles de montaña en las zonas de recarga y reservorios de aguas subterráneas, principalmente en las llamadas zonas de protección, dice que todas las zonas que se conocen como estribaciones sur de la Cordillera. Volcánica Central (norte de la ciudad de Heredia), son consideradas zonas de recarga acuífera porque aquí se encuentran los acuíferos más importantes que abastecen de agua potable a una gran parte del Valle Central.  Precisamente a eso, dice, se debe la visionaria idea del Decreto Ley LXV del 30 de julio de 1888.  Como esta ley no se ha hecho cumplir hasta el día de hoy, afirma, y aún está vigente según OJ-118-2004 de la Procuraduría General de la República, la zona a través de los años desarrolló infraestructura y ganadería a la vista y paciencia de las autoridades encargadas de hacerla cumplir (entre ellas las municipalidades, por lo menos en lo que respecta a la autorización de las construcciones).  Considera importante recordar que es a las municipalidades a las que compete otorgar permisos para la construcción de chalets, cabañas y hoteles de montaña en las zonas de recarga y reservorios de aguas subterráneas.  Afirma que estas iniciativas privadas se han dado, por lo general, en áreas donde desde hace muchos años ya existen construcciones privadas (viviendas, hoteles y otros), así como extensas áreas dedicadas a la ganadería de leche.  Por consiguiente, dice, la ESPH no es la responsable de otorgar los permisos de construcción y, más bien, en la actualidad se ha logrado implementar un control cruzado con los municipios con el objetivo de ver la disponibilidad de los servicios (agua y electricidad) antes de extender los permisos de construcción.  Aduce que a la Empresa le extraña; sin embargo, cómo en ocasiones las municipalidades no han utilizado su potestad constitucional de gobierno local y han aceptando que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgue viabilidad ambiental (sin previo estudio de campo) a construcciones que, sin duda, afectarán los mantos acuíferos o las aguas superficiales (ejemplo de lo anterior son las construcciones del señor Bejarano en las faldas del Cerro Chompipe), jurisdicción de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia.  Continúa informando que el Centro para la Conciencia de la Tierra, más conocido como Refugio Jaguarundí, fue creado mediante Decreto Ejecutivo N° 27212-MINAE del 18 de junio de 1998, en los terrenos pertenecientes a la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América Sociedad Anónima y la Sociedad Treinta y ocho-Sesis Sociedad Anónima (prueba 1, exp.. Jaguarundí).  Al respecto, estima pertinente mencionar que mediante oficio SRC-392 del 22 de agosto de 2005, el ingeniero Luis Guillermo Jiménez, jefe Subregión Central del MINAE le solicitó a la señora Karin Anne Hoad, Directora Ejecutiva del Refugio Jaguarundí que le presentara los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad, antes de la declaratoria del Refugio, así como los permisos para las nuevas construcciones; asimismo, le solicitó copia del diseño de los tanques sépticos para el tratamiento de las aguas negras (prueba 2 expd. Jaguarundí).  Sostiene que la ESPH desconoce si esas solicitudes del funcionario del MINAE fueron cumplidas, pero –aparentemente- la Municipalidad no otorgó los permisos de construcción.  Agrega que el 14 de noviembre de 2005 el señor Jorge Valerio Lobo, regidor municipal y coordinador de la Comisión de Ambiente de la Municipalidad de San Rafael presentó denuncia formal ante la Fiscalía Agrario Ambiental del Primer Circuito Judicial de San José, atendida en su momento por el Lic. Luis Diego Hernández Araya, argumentando que “el sitio es una clínica de animales que está vertiendo las aguas sucias y restos de animales a los ríos que pasan por la propiedad” y “solicita se investigue la veracidad de esta información” (prueba 3 exped. Jaguarundí).  La denuncia proviene del oficio GA-462-2005 de 10 de noviembre de 2005, dirigida al señor Valerio por la Ing. Vivian Solano, de la Unidad de Gestión Ambiental de la ESPH, debido a quejas presentadas por Fernando Picado, del Grupo de Comité de Salud de Los Ángeles de San Rafael (prueba 4 exped. Jaguarundí).  Señala que como se nota, más bien la ESPH ha estado preocupada por lo que sucede en ese refugio, que, aparecer, hoy se dedica a otras actividades como albergue para perros. Adicionalmente, con fecha 30 de noviembre de 2005 el doctor Marco Tulio Zumbado, Director Regional del Ministerio de Salud le mostró la preocupación al Lic. Luis Diego Hernández, como parte de la denuncia presentada por el regidor Jorge Valerio y en el punto 1 le indicó que “la municipalidad de San Rafael de Heredia le negó el uso del suelo por ubicarse en zona protegida o reserva forestal con limitación del uso del suelo tal y como lo estipula la ley de Conservación de Vida Silvestre (N°7317).”  Por lo tanto, al negar la Municipalidad el uso del suelo, ninguna otra institución puede continuar con las autorizaciones o permisos, porque se violentaría la ley de Planificación Urbana (N°4240), específicamente los artículos 15-16, 17, 57 y 58 (prueba 5 exped. Jaguarundí).  Además, dice que el 20 de julio de 2005, mediante oficio N°2800-2005-DIM-SRH, José María Ulate Garro, Jefe del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de San Rafael le envió nota a la señora Karin Anne Hoad indicándole que “su construcción y operación de un albergue para perros se efectúa sin los respectivos permisos y en lo que a este departamento se refiere, al total margen de la ley” (prueba 6 exped. Jaguarundí).  De igual forma el 1 de agosto de 2005, en el oficio CM-307-05 el Concejo Municipal hizo del conocimiento de la Comisión de Ambiente la nota recibida del Departamento de Ingeniería (parte de la prueba 6 exped. Jaguarundí).  Menciona que la señora Karin Anne Hoad fue notificada de las construcciones sin permiso el 20 de junio de 2005 (parte de la prueba 6).  El 9 de diciembre de 2005 el Lic. Luis Diego Hernández, en compañía  de varias personas del Ministerio de Salud y el Alcalde Municipal realizaron una inspección en el lugar, encontrando diversas anomalías como se anota en la entrevista de testigo (prueba 7 exped. Jagurundi).  Finalmente, dice que el 12 de junio de 2006 el Lic. Luis Diego Hernández solicitó desestimación de la denuncia interpuesta por el señor Valerio, debido a que a pesar de corroborar varios incumplimientos “la notificación N°1095 donde se comunicaba la orden de clausura, no fue dirigida en forma personal a la señora Hoad, ni mucho menos le fue notificada a ella, sino a un operario de la construcción llamado Martin Montero…” (remite a página 6 de prueba 8 exped. Jaguarundí).  Aduce que queda claro que la ESPH no ha sido la responsable de las construcciones que se llevaron a cabo dentro del Refugio y, mucho menos, por una eventual contaminación de la quebrada Monge (afluente del río Segundo).  Manifiesta que la ESPH conoció de las denuncias realizadas por la Comisión de Ambiente y el Departamento de Ingeniería, acerca de las construcciones sin el permiso previo de la Municipalidad de San Rafael  llevadas a cabo en el refugio Jaguarundí (Conciencia de la Tierra), dada la relación de la Unidad de Gestión Ambiental de la ESPH con el señor Jorge Valerio, presidente de la Comisión de Ambiente de la Municipalidad; sin embargo, no le compete a esa Empresa evaluar en una propiedad privada que tiene acceso restringido, la existencia o no de dichas construcciones ilegales. Cree la autoridad recurrida que esa Municipalidad actuó de una manera muy benevolente con ese Refugio y su responsabilidad por invasión a zonas protegidas.  Argumenta que el recurrente no especifica a cuáles “Zonas de Protección” se refiere, pues previo a la construcción del Refugio Jaguarundí no existía en el área donde se ubica ese Refugio ninguna declaratoria de zona de protección.  Con relación a la petitoria del recurrente hacia la ESPH, de “elaborar y promulgar…reglamentos sobre el inventario, manejo y categorización de los mantos acuíferos…”, anota que ya han sido delimitados por los estudios llevados a cabo por parte del Laboratorio de Hidrología Ambiental de la Universidad Nacional y la doctora Jenny Reynolds.  Sigue manifestando que todos los nueve cantones urbanos de la zona herediana están asentados sobre el acuífero Barva, que es el más superficial, bajo el cual se ubican el Colima Superior y el Colima Inferior. Lamentablemente, dice, esos acuíferos están sufriendo por la disminución del caudal debido al calentamiento global a nivel planetario, así como por la proliferación de pozos legales e ilegales, como lo puede atestiguar el SENARA, en el oficio aportado como prueba a ese Despacho. Además, estos mantos se están contaminando debido a los nitratos provenientes de los agroquímicos utilizados en la agricultura, la ganadería y a la cantidad de tanques sépticos para manejar aguas negras.  Es así como, afirma, en el 2002 la ESPH financió un estudio a la firma consultora Tecnoambiente S.A. para la delimitación de las zonas de protección absoluta y zonas de captura para dieciséis afluentes de agua, mediante el método analítico de Perímetros de protección y las normas para el cálculo de tiempos de tránsito entre los drenajes de tanques sépticos y las fuentes de agua subterránea (remite al mapa 1 con información de las Áreas de Protección delimitadas por Tecnoambiente y mapa de Áreas Silvestres protegidas y de las Áreas de Protección definidas en el Estudio de Tecnoambiente y el estudio de tenencia de la tierra. Esp. Jaguarundí).  O sea, dice, que la ESPH no solo ha invertido en estudios para definir prioridades en las áreas de protección de las nacientes que utiliza para llevar el agua a las comunidades, sino que, además, la única vía para limitar el uso del suelo en estas áreas es mediante la declaratoria de áreas de recarga acuífera, según el artículo 94 del Reglamento a la Ley Forestal N°7575 del 23 de enero de 1997, cuyo procedimiento indica que la declaración de un área de recarga acuífera deberá ser determinada en cada caso y para cada área en particular, basado en estudios técnicos que determinen la dirección de los flujos subterráneas y la importancia del acuífero para consumo humano.  Una vez realizado ese estudio, la Administración Forestal del Estado   (AFE) elaborará un levantamiento del área en cuestión y un estudio sobre la tenencia de la tierra, para luego proceder a realizar los respectivos avalúos y mediante un procedimiento administrativo los hará comunicar a cada propietario (a) o poseedor, a fin de que decida si se somete voluntariamente el Régimen Forestal o si acepta el pago por parte de la AFE para formalizar la compra directa.  En caso contrario, se dará por terminado el procedimiento administrativo de cita y se procederá a la expropiación.  Solamente cuando se haya aceptado el sometimiento voluntario de la finca o la compra directa, se procederá a emitir una resolución donde se delimite dicho acuífero, caso contrario deberá esperarse a que el juez competente ponga en posesión a la AFE de la finca correspondiente.  A la fecha, indica, la ESPH cuenta con los primeros dos requisitos para declarar las áreas de recarga acuífera. 1) Estudio técnico que determina la dirección del flujo subterráneo (Estudio Tecnoambiente). Remite al mapa 1 expd. Jaguarundí); 2) Estudio de tenencia de la tierra en esas áreas, el cual fue contratado durante el 2006 (remite al mapa 2 exped. Jaguarundí).  Por lo tanto, afirma, el próximo paso a seguir es solicitar a la AFE la posibilidad de realizar las declaratorias de áreas de recarga acuífera para restringir el uso del suelo en dichas zonas.  Estima importante mencionar al respecto, que esta es una tarea difícil, debido a que aunque se cuenta con un estudio de tenencia de la tierra se necesita hacer la declaratoria de las zonas y es muy probable que en muchas de esas áreas ya el bosque desapreció y existe infraestructura construida hace años, como por ejemplo los hoteles de la zona.    Refiere que en un reciente informe técnico realizado por el SENARA (2007), titulado “Recarga potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central de Costa Rica sobre la recarga potencial der los acuíferos Colima y Barva”, se señala que la extracción de agua supera la capacidad de su recarga natural, agravada por la existencia de 5198 pozos, con lo cual los riesgos de sobreexplotación del recurso hídrico se suman a la amenaza de contaminación e impermeabilización de las área de recarga.  Dice que el informe se aportó como prueba a los autos.  Manifiesta que esto preocupa a la ESPH como prestador del servicio de agua potable para muchas comunidades y lo obliga, más bien, a estar vigilante del deterioro ambiental de la zona y de construcciones que pongan en mayor riesgo el suministro de agua.  Informa que la ESPH es el único usuario del agua de esa zona que posee una tarifa especial llamada Tarifa Hídrica, aprobada por la ARESEP y pagada por más de cincuenta y dos mil usuarios de tres cantones heredianos, con el objetivo de pagar servicios ambientales (PSA) a la protección de ochocientos sesenta hectáreas de bosque y a la reforestación.  Remite al mapa 3 exped. Jaguarundí que presenta las fincas sometidas al PSA.  En lo que se refiere al Refugio Jaguarundí, como Refugio de Vida Silvestre Privado, dice que está sometido al cumplimiento de una serie de obligaciones y requerimientos ante el Ministerio de Ambiente y Energía.  Señala que los bosques del Refugio están bajo el Régimen de Certificados de Protección al Bosque, lo que también significa que es necesario someterse a una serie de normas, requisitos y compromisos ante el MINAE.  El Centro para la Conciencia de la Tierra, como también es conocido este Refugio, es una institución, supuestamente,  sin fines de lucro que se presume trabaja para la protección y conservación del medio ambiente, razón por la que –aparentemente- fue declarada una Institución de utilidad pública en 1999.  Dentro del Refugio existe un Centro de Educación Ambiental y funciona una Escuela dedicada a la formación ambiental de niños de edad escolar.  Afirma que no tienen registro del otorgamiento de servicios de energía eléctrica al Refugio, por lo que suponen que se otorgaron para que el refugio cumpliera con sus objetivos requerían energía eléctrica, además, como regla general todas las áreas silvestres protegidas del país cuentan con los servicios básicos, de manera que el hecho de existir en la zona un tendido eléctrico no es con el fin de abrir el otorgamiento de permisos indiscriminadamente para favorecer actividades que no sean conservar el ambiente.  Así las cosas, dice que consideran que la “Sociedad Humana de los Estados Unidos de América” y “Treinta y Ocho Seis S.A.”, representadas por la señora Karin Anne Hoad y representante del Refugio de vida Silvestre Jaguarundí, es quien deberá responder por los hechos irregulares que se denuncian en este amparo y que atentan contra las recursos naturales del área en mención.  Con relación a la solicitud de servicios eléctricos para dos cabañas (en adelante caso de Alfonso Bejarano), en las faldas del Cerro mencionado y que ha desatado una disputa a nivel de toda la región de Heredia, la  ESPH S.A. resolvió  denegar la solicitud  “(…) por dos motivos principales en primer lugar debe prevalecer el criterio proteccionista de la zona y mantenerse la negativa a otorgar el permiso de electricidad solicitado de acuerdo a todo lo expuesto en esa resolución, y en segundo lugar debe rechazarse la solicitud por cuanto se refiere a una solicitud ya denegada y en firme.   Se comisiona a la Unidad de Gestión Ambiental a fin de que coordine los trámites que sean necesarios para obtener una posible revocatoria del respectivo permiso de construcción número 10596 otorgado por la Municipalidad de Heredia al señor Bejarano Arguedas, asimismo para que se proceda a realizar la oposición formal con los recursos legales que correspondan para la anulación y o revocatoria de la resolución Número 1169-2004 SETENA expediente administrativo número 403-2004 SETENA.”   Refiere que para todos los efectos, convalida los argumentos técnicos esgrimidos para que sean tomados en consideración en este Recurso, en la respuesta a los hermanos Bejarano.   Estima que puede observarse que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia no se ha prestado para la construcción de chalets, cabañas y hoteles de montaña en las zonas de recarga, todo lo contrario, las está evitando.  Indica que en la reunión extraordinaria de la Comisión de Urbanizaciones de su poderdante (sesión número 08-2007) acordó que se elaborara un informe por parte de la Oficina de Ambiente, Energía Electrica y Acueductos y Alcantarillados, sobre las áreas en que se darán servicios vegetativos, áreas donde no se otorgarán más servicios y áreas donde la solicitud de servicios se estudiará, dado que aunque se encuentran en zonas protegidas, el daño constructivo está dado y no es posible parar el crecimiento.  Afirma que dicho informe será conocido por la Comisión y se enviará a la Junta Directiva, a efectos de que se emita un acuerdo al respecto (remite al acta respectiva, prueba número cuatro).  Este aspecto, dice, es concordante con la petición que hace el recurrente a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en sus pretensiones.  Solicita se declare sin lugar este recurso en lo que se refiere a su poderdante, ya que ha sido una institución responsable, al punto de haber creado la “tarifa hídrica” con el consentimiento de la ARESEP, con el único fin de preservar los bosques y los mantos acuíferos.  Igualmente, pide que se de traslado a los representantes del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí para que se refieran a los incumplimientos referidos por el recurrente, que no corresponde a acciones de su representada.

 

            9.- Informa bajo juramento Carlos Ortíz Cárdenas, en calidad de Apoderado General Judicial del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 402), que ese ente no ha tramitado ningún expediente que responda al nombre de algún proyecto denominado “Refugio Jaguarundí en Heredia”, “Sociedad Humana”, “Proyecto Amigos de los Animales” ni “Centro para la Conciencia de la Tierra “.  Respecto a la problemática que plantea el recurrente, afirma que ese Instituto no ha tenido ninguna participación porque los hechos materia de este amparo se circunscriben a la supuesta ejecución de actividades de una sociedad que, a la fecha, no ha realizado ningún trámite ante AyA tendiente a la construcción o desarrollo de obras, por lo que, evidentemente, no se tiene conocimiento del quehacer de dicha empresa en la zona.  Aduce que la gestión integrada del recurso hídrico es claro que obedece, en buena proporción, a una coordinación interinstitucional conjuntamente con los distintos actores en la cuenta y es evidente la vulnerabilidad del recurso, tanto superficial como subterráneo, por las actividades humanas que se desarrollan en ocasiones sin planificación y en muchos casos al margen de la legislación. No obstante, dice, AyA no ha sido consultada respecto a este caso en concreto, por lo que se tendría en cuenta  los aspectos antes mencionados al momento de otorgar o denegar permisos para el desarrollo de actividades como las que fundamentan este recurso.  Solicita se declare sin lugar este recurso en lo que respecta a ese ente.

 

            10.- Informa bajo juramento Tatiana Cruz Ramírez, en calidad de Secretaria General  de la  Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), (folio 416), que esa Secretaría no se encuentra otorgando autorizaciones para proyectos bajo condiciones que perjudiquen las áreas de recarga y reservas de aguas subterráneas en los lugares señalados por el recurrente.  Indica que revisada la base de datos que obra en poder de ese órgano, no se encontró ningún proyecto a nombre de la “Sociedad Humana” ni ninguna actividad denominada “Centro para la Conciencia de la Tierra”, “Refugio Jaguarundí” ni “Proyecto Amigo de los  Animales”.  Alega que a esa Secretaría no le corresponde pronunciarse acerca de las relaciones entre el Decreto-Ley número LXV del 28 de julio de 1888 y el Decreto Ejecutivo número 27212 del 18 de junio de 1998, ni tampoco acerca de la constitucionalidad del Decreto-Ley mencionado.  Aduce que se ha de tener en cuenta que la misma opinión jurídica de la Procuraduría General de la República citada por el recurrente (OJ-118-2004 de 27 de septiembre de 2004), declara también que no representan una opinión vinculante ni constituye una certificación de la vigencia de la norma.  Solicita se declare sin lugar el recurso en lo que concierne a esa Secretaría.

 

            11.- Informa bajo juramento Bernal Soto Zúñiga, en calidad de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo sin limite de suma del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (folio 418), que esa institución no ha emitido, por no haber sido consultada,  ningún criterio o consulta en relación con los proyectos constructivos que menciona el recurrente; no obstante, en relación con el tema de la construcción y operación de un albergue para perros dentro de las edificaciones a las cuales se ha denominado Centro para la Conciencia de la Tierra, esa Institución ha emitido pronunciamiento por medio de nota ASUB 228-2006 en la cual se indica que la finca se ubica en zona de “recarga acuífera y de una vulnerabilidad media a alta, dentro de esta área de recarga acuífera, pueden existir zonificaciones más específicas (zonas inmediatas), divididas en zona de protección absoluta, donde no se debe desarrollar ninguna actividad humana a lo mucho, se permite el desarrollo de reforestación con el objetivo de protección, la zona intermedia tiene regulaciones de densidad de población, como no ubicar actividades humanas que pongan en peligro la calidad de las aguas”… (El resaltado en negritas es del original)  En cuanto a la petitoria que se refiere al SENARA, indica que esa entidad elaboró los mapas hidrogeológicos y de vulnerabilidad de prácticamente la totalidad del Área de la GAM.  Los mapas de vulnerabilidad y los mapas hidrogeológicos se confeccionaron tanto en formato digital como en papel, los cuales se publicaron con el apoyo de varias instituciones y en especial de PRUGAM.  Estos mapas fueron entregados a todas las municipalidades de la GAM,  por medio de los Alcaldes o las oficinas ambientales de estas y muchas ASADAS, en varios talleres que PRUGAM llevó a cabo durante el 2005 y el 2006.  Esta información se encuentra disponible para todas las organizaciones, municipalidades e instituciones que lo requieran.  La Junta Directiva del SENARA aprobó en el 2006 el Mapa de vulnerabilidad del cantón de Poás, según acuerdo 3122 y la Matriz de Criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, según acuerdo 3303, en respuesta al voto 1923-04 del 25 de febrero de 2004, emitido por la Sala Constitucional,   El SENARA ha comunicado a las municipalidades de la GAM y otras ubicadas en zonas en las cuales se realizan estudios, que la Matriz de Criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico es de aplicación en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA.  Remite al respecto al Acuerdo N° 333 de la Junta Directiva de SENARA.  Indica que la Junta Directiva del SENARA tomó el acuerdo 3416 con el objeto  de comunicar a todos los entes del Estado que corresponda el estudio técnico elaborado por el SENARA, denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barba “sic), Valle Central, Costa Rica”, para la toma de decisiones que a cada uno compete. Con el objeto de demostrar a la Sala Constitucional lo actuado por esa institución en uso de las atribuciones y en fiel cumplimiento de las atribuciones conferidas mediante Ley número 6877, se adoptó, mediante el acuerdo referido, la siguiente recomendación técnica:  “POR TANTO:  Se pone en conocimiento del  Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), como ente rector en materia hídrica, así como de las instituciones competentes en la gestión del recurso hídrico (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, municipalidades del Área de Influencia del estudio, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional Ambiental y Empresa de Servicios Públicos de Heredia), el estudio técnico elaborado por el SENARA, denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barba (sic), Valle Central, Costa Rica”, para la toma de las decisiones que a cada uno le competan, y al respecto se recomienda: “1) PROPUESTA DE ZONIFICACION a) Se recomienda a las siguientes Municipalidades, ubicadas en la zona reinfluencia del estudio y que son las Municipalidades de Santa Bárbara, San Rafael, Barva, cantón central de Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, Belén, San Pablo, Alajuela, cantón central de San José, Goicoechea, Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Montes de Oca y Santa Ana, que incluyan, en lo que corresponde a la materia de planificación, desarrollo y crecimiento urbano, y en planes reguladores de desarrollo urbano, la zonificación y políticas adecuadas para de (sic) uso  del suelo, acordes con la protección de los recursos hídricos, considerando los criterios de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.  b) Se recomienda igualmente que el INVU, la SETENA y las demás entidades que deben valorar o aprobar la construcción de proyectos en las zonas del sistema acuífero, apliquen políticas sobre el uso del suelo que sean acordes con la protección de los recursos hídricos y criterios de vulnerabilidad. c) Se recomienda a las Municipalidades ubicadas en el Área de influencia del Estudio, que procedan a la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica a la contaminación de acuíferos, que permita una planificación urbana que considere la protección de los recursos hídricos. d) Para los efectos anteriores, SENARA les remite la matriz adjunta, y que forma parte integral de este acuerdo, la cual contiene los criterios de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, con el fin de que sirva de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso de suelo.  2) PROPUESTA PARA LA EXPLOTACIÓND E LOS RECURSOS HÍDRICOS  a) Se recomienda que el MINAE como ente rector del sector hídrico determine si el acuífero Colima Inferior, por su importancia estratégica para el país, debe ser considerado como reserva hídrica para uso exclusivo en abastecimiento público de agua potable. b) Se recomienda que MINAE como ente que otorga las concesiones de agua, en vista de la situación del balance hídrico que se expone en el informe técnico que SENARA le está proporcionando, determine una política de explotación y otorgamiento de concesiones (que incluya cantidad máxima concesionable,  prioridades de uso, bajo qué condiciones se puede autorizar la explotación, entre otros), que permitan a los administradores asegurar la recuperación del adecuado balance hídrico de los acuíferos Colima y Barva.  c) Se recomienda que MINAE como rector del sector hídrico, analice la posibilidad de adoptar la política de no permitir el abastecimiento de actividades por medio de pozos, en aquellos casos en que las necesidades puedan  ser abastecidas por los servicios públicos de agua disponibles. d) Se recomienda que MINAE como ente que otorga las concesiones de agua, revise y si es del caso, redefina los criterios para el otorgamiento de concesiones (asignaciones en litros por segundo, tiempos de explotación, número de metros cúbicos extraíbles, etc), en aras de un monitoreo y control más preciso de las cantidades extraídas y que permita depurar los datos que sirven de base para la estimación del balance hídrico.  3) PROPUESTA PARA EL CONTROL DELUSO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS   a) Se recomienda que MINAE como entidad que otorga concesiones de agua, establezca una estrategia y ejecute planes de acción que permitan identificar y clausurar todas las explotaciones ilegales de agua (Pozos sin concesión) que existan en el área de influencia del estudio, y que son causa fundamental en el rompimiento del balance hídrico que se expone en el estudio elaborado por el SENARA. b)  Se recomienda que la entidad que otorga concesiones de Agua establezca políticas y una estrategia jurídica que permita establecer la obligatoriedad, de contar con medidores de caudal para todos los concesionarios de aguas subterráneas, de tal manera que asegure que el caudal efectivamente extraído del subsuelo, no sea superior a la cantidad concesionada, lo cual también ha sido considerado como una causa fundamental en el rompimiento del balance hídrico que se expone en el estudio elaborado por el SENARA.  c) Se recomienda que la autoridad rectora en materia hídrica, así como las diferentes entidades competentes en materia de gestión de recursos hídricos, realicemos una gestión integrada del recurso hídrico que permita establecer un proceso de monitoreo permanente sobre las variables de precipitación, cambios en el uso del suelo, cambios climáticos, crecimiento de zonas de impermeabilización en áreas de recarga acuífera, y factores de contaminación de las aguas subterráneas, niveles freáticos, entre otros aspectos, que permitan un control adecuado del balance hídrico de los acuíferos barva y colima superior e inferior.  Notifíquese este acuerdo al Ministerio del Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, así como a las siguientes municipalidades ubicadas en el área de influencia del estudio.  Santa Bárbara, San Rafael, Barva, cantón central de Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, Belén, San Pablo, Alajuela, cantón central de San José, Goicoechea, Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Montes de Oca y Santa Ana…”.  Continúa manifestando la autoridad recurrida que el estudio denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima y “Barba” (sic), Valle Central, incorpora la zona que el Decreto LXIV indica.  Manifiesta que siendo el criterio de la Procuraduría General de la República que esta zona es inalienable, no es necesario proceder a delimitar las zonas de protección de los acuíferos, ya que en esta zona no se debe permitir ningún tipo de actividad, excepto aquella que asegure la protección de los recursos naturales y en especial el agua, siendo esta zona clasificada como de Alta Recarga y, por lo tanto, que requiere de restricciones a las actividades que puedan provocar algún tipo de contaminación.  Como consideraciones de fondo indica la autoridad recurrida que quedó demostrado el actuar responsable y apegado a los mandatos legales de esa Institución, conferidos por su ley de Creación N°6877. Insiste en que esa Institución ha realizado un esfuerzo importante en aras de coordinar esfuerzos interinstitucionales, tendientes a promover un uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos, prueba de lo cual es la realización del balance hídrico en la referida zona así como la matriz de vulnerabilidad, que permita a las instituciones a manera de guía y orientación técnica, informarse para la emisión de permisos de uso del suelo, autorizaciones para proyectos constructivos dentro del concepto de un desarrollo sostenible, así como la utilización de recomendaciones vertidas sobre criterios de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, a efectos de ser incluidas en los proyectos de planificación urbana y elaboración de políticas sobre uso del suelo.  De igual manera, dice, dichos estudios sirven de base para recomendar al MINAE, rector del sector hídrico, que se determine una política de explotación y otorgamiento de concesiones o bien se redefinan los criterios para el otorgamiento de las mismas, en aras de un monitoreo y control preciso de las cantidades extraídas que permitan depurar los datos que sirven de base para la estimación del balance hídrico, recomendaciones todas referidas en la transcripción del acuerdo 3416, que no son otra cosa que medidas tendientes a establecer una coordinación interinstitucional tendiente a velar y proteger el bien demanial.  Indica que corresponde a los entes de la Administración Pública que aprueban usos del suelo para proyectos urbanísticos y turísticos, aquellos que autorizan concesiones de agua para uso doméstico, agrícola, desarrollo turístico; los que elaboran planes de uso de suelo etc., implementar las recomendaciones que se sirve SENARA emitir, de previo a autorizar usos del bien demanial en sus diferentes aplicaciones.  Solicita se declare sin lugar este recurso en contra de su representada.

 

            12.- Informan bajo juramento Rolando Hidalgo Villegas y Marta Lidia Segura Miranda, en calidad de Alcalde Municipal –el primero- y de regidora propietaria por el período 2006-2008, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia (folio 445), que en cuanto a la notificación al Concejo Municipal, la señora Segura Miranda opone la excepción de falta de competencia por no ejercer la representación legal ni extrajudicial de ese ente municipal, que recae solo en la persona del Alcalde.  Indican que la competencia del gobierno local para planificar y controlar el desarrollo urbano está reconocida por el artículo 169 de la Constitución Política y el numeral 15 y siguientes de la Ley de Planificación urbana número 4240 del 15 de noviembre de 1968, mientras que el instrumento para ejecutarla viene a ser el reglamento de zonificación.  Por ese medio la Municipalidad divide el área urbana en diversas zonas de uso (agrícola, industrial, comercial, residencial, público, etc.), sin que las restricciones impuestas resulten ilegítimas, por el contrario, se encuentran sustentadas en razones de convivencia social y de satisfacción del interés público.  Indican que a la fecha ese ente municipal no cuenta con un Plan Regulador Local y que a pesar de los grandes esfuerzos realizados el PRUGAM publicó la Licitación de Asesoría para la redacción de esa Plan, que a la fecha fue adjudicado a una empresa española denominada IDOM  y, desde principios de mes, el 7 de junio de 2007 empezó a trabajar en su confección.  En cuanto al Reglamento de Zonificación, indican que la Municipalidad de Santa Bárbara ha realizado muchas gestiones para lograr su publicación; sin embargo, la falta de contenido económico lo ha impedido.  Citan el acuerdo 582.06, tomado por el Concejo Municipal de ese cantón en Sesión Ordinaria N° 21, celebrada el 09 de diciembre de 2005, en el cual el Concejo Municipal acordó aprobar el Estudio que la Comisión Interinstitucional  de Microcuencas de Heredia les expuso, el cual trata de la Delimitación de Zonas de Protección Acuífera en las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará, Heredia, Costa Rica.  Se indica en el texto transcrito que el estudio y acuerdo es sobre las coordenadas del Cantón de Santa Bárbara, área de las Microcuencas de los ríos Segundo, Bermúdez y Tibás, solicitando que se tomen en cuenta las recomendaciones y conclusiones que hizo la asesora legal externa y las recomendaciones de la Comisión Ambiental.   Según la transcripción indicada, el Concejo Municipal recurrido estableció lo siguiente:  1) Declaró las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará como zonas de protección acuífera, con el objetivo de proteger y conservar los recursos hídricos superficiales y subterráneos ubicados en el territorio del cantón.  Esa zona se subdividió en Zona 1 y Zona 2, cuya delimitación geográfica se describió seguidamente.

 

.           13.- Informa bajo juramento Mercedes Hernández Méndez, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Barva (folio 629), que por parte de ese municipal no se han otorgado permisos más  allá de lo permitido en las zonas aledañas al Parque Nacional Braulio Carrillo y la parte que les corresponde del Área de Protección Forestal de la Cordillera Volcánica Central.  Afirma que el Refugio de Vida Silvestre, al que se refiere el recurrente, se encuentra fuera de la jurisdicción del cantón de Barva, por lo que no se pronuncia al punto.  Niega que esa Municipalidad haya otorgado o esté otorgando permisos de construcción de forma indiscriminada, con un interés meramente mercantilista ni mucho menos, sino que lo poco que ahí se encuentra construido se ha seguido respetando los criterios que al respecto existen en el Plan Regional Metropolitano (denominado popularmente como Plan GAM), de 1982 y sus reformas de 1997 y 2000, en  tanto se aprueba su Plan Regulador, el cual pronto se someterá a audiencia pública, pero que, desafortunadamente, todavía no está aprobado y, por ende, no está vigente.   Sin embargo, asegura que mientras no se cuente con Plan Regulador en ese cantón no es que se está “a la libre”, sino que en esa Municipalidad han estado vigilantes de cumplir con la normativa existente y con la aplicación efectiva del Plan GAM.  Por lo dicho consideran que no es cierto lo que afirma el recurrente en el sentido de que en Barva –entre otros- se están aprobando permisos de construcción en forma indiscriminada.  Sostiene que no existen proyectos habitacionales que se estén aprobando en la parte de recarga acuífera e inclusive, en los últimos años han sido reacios a aprobar proyectos urbanísticos hasta en las zonas del cantón declaradas urbanas, sea, donde este tipo de desarrollos urbanísticos son permitidos.  Sobre el Decreto al que alude el recurrente, manifiesta que plantea muchas dudas sobre su aplicación actual, salvo que se logre detallar sus alcances, puesto que si se aprecia su contenido, en su artículo primero debería precisarse, entre otros, qué se entiende por “…ancho, á uno y otros lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba…”, ya que no se sabe a qué se refiere el Decreto cuando se refiere a “ancho” ni cuál es la referida cima.  Considera esta una excelente oportunidad para que la institución encargada de este tipo de delimitaciones, de forma oficial, defina los alcances de ese Decreto en cuanto a límites, es decir, el Instituto Geográfico Nacional, como también estima que se debería realizar una interpretación de lo demás que señala el Decreto, por ejemplo cuando establece “…desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia…”, en vista de que –afirma- en las hojas cartográficas efectivamente se puede ubicar el cerro Zurquí, pero no el que se denomina Concordia.  También se refiere el Decreto a “…ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal…”, con lo que a juicio del recurrido surge la duda de si solo aplica a las tierras que en esa época eran municipales o nacionales, pero se pregunta qué pasa con las eventuales tierras privadas existentes en este momento.  Solicita se declare sin lugar este recurso en lo que atañe a esa Municipalidad.

 

            14.- Informa bajo juramento Aracelly Salas Eduarte, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Pablo de Heredia (folio 636), que hace varios años ese ente inició el proceso de creación del Plan de Desarrollo Urbano de ese cantón, para lo cual se ha realizado un importante trabajo de configuración catastral que permita identificar las diferentes zonas que se puedan ubicar en ese pequeño cantón, de acuerdo con su uso de suelo.  Afirma que esa Municipalidad siempre ha tratado de ejercer un estricto control sobre los proyectos habitacionales que podrían generar un problema de contaminación ambiental, logrando mantener bajos niveles de contaminación.  Agrega que por la situación geográfica del cantón no se presenta la construcción de hoteles de montaña ni chalets; sin embargo, el incremento urbanístico es importante, por lo que se siguen controles rigurosos en cuanto a requisitos de cumplimiento obligatorio, como por ejemplo los estudios de impacto ambiental, estudios hidrológicos, sobre la capacidad del suelo, permisos de desfogue de aguas, estudios de compactación y otros.  Sostiene que la Municipalidad también ha ejercido control sobre la zona de protección de nacientes y zonas de recarga, que en realidad son pocas en ese cantón.  Manifiesta finalmente su disposición a implementar todo un marco normativo conjunto para una gestión ambiental sostenida, eficiente y eficaz. 

 

            15.- Informan bajo juramento Marvin Chaves Villalobos y Elvia Dicciana Villalobos Argüello, en calidad de Presidente del Concejo Municipal y de Alcaldesa, respectivamente, ambos de la Municipalidad de San Isidro de Heredia  (folio 641), que este recurso “evidentemente” ha sido presentado sin un mínimo proceso de verificación de información y, es lamentable –dice- que un esfuerzo tan loable como el del recurrente no se haya visto complementado al menos con una investigación básica que le hubiera permitido verificar que ese ente municipal ya ha cumplido, sin necesidad de que un órgano judicial lo exigiera, con la obligación de promulgar un Plan Regulador.  Dice que es así porque, conscientes de la zona donde se ubica ese cantón, en procura de garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado la Municipalidad ha procedido, paulatinamente, a implementar mediante el Plan Regulador y sus Reglamentos, publicado en La Gaceta 242 del 15 de diciembre de 2005, las medidas necesarias para resguardar y garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, sobre todo, proteger el patrimonio más importante de su cantón, como son sus recursos naturales.  Afirma que dicho Plan Regulador y sus reglamentos permiten regular los usos del suelo dentro de los límites del cantón de San Isidro de Heredia, con fundamento en el análisis de la información obtenida del diagnóstico, el cual considera aspectos tanto de tipo regional y local, este último producto de un buen porcentaje del levantamiento de información actualizada de campo –desde el plano base hasta las variables de medio social, ambiental y de infraestructura-, así como de la consulta a instituciones competentes en diferentes áreas y al trabajo exhaustivo realizado con las comunidades mediante la ejecución de talleres de participación ciudadana. Agrega que ese gobierno local cuenta además con los Planos Geomorfológicos elaborados por SENARA, incorporándose a las modificaciones del Plan Regulador, mapas que verifican que la contaminación en el cantón de San Isidro es muy baja.   Finalmente, sostiene que a partir de la implementación del Plan Regulador, el Reglamento y el Mapa de Zonificación se han restringido las licencias comerciales y de construcción, sin que demuestre el recurrente la infracción al ordenamiento jurídico por parte de este municipal.  Solicita que se declare sin lugar este recurso en lo que respecta a ese ente municipal.

 

            16.- Informa bajo juramento Heibel Rodríguez Araya, en calidad de Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 657), que el informe requerido a ese ente fue rendido por Carlos Ortiz Cárdenas, apoderado general judicial, por lo que ratifica en todos sus extremos la respuesta ofrecida por ese funcionario.  Pide se tenga por rendido el informe solicitado y, a la vez, reitera que las actuaciones que ha ejecutado ese ente han sido  en cumplimiento de sus fines, por lo que solicita se declare sin lugar el recurso en cuanto a la responsabilidad de AyA.

 

            16.- Informa bajo juramento Adrián Varela Montero, en calidad de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Barva (folio 659),  que de la lectura del presente amparo se desprenden varias denuncias y petitorias de las cuales algunas no les compete, como por ejemplo la relacionada con el funcionamiento de un refugio de animales.  En cuanto a las mencionadas redes eléctricas afirma que no se especifican los casos concretos, por lo que es imposible referirse a ese aspecto, además, la denuncia sobre esas redes está dirigida a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.  Sobre la denuncia de otorgamiento indiscriminado de permisos de construcción en zonas de alta vulnerabilidad para el recurso hídrico, informa que en el caso de ese ente municipal no son ciertas, pues siempre ha actuado apegada a las normas que regulan la materia, entiéndase la Ley de Construcciones, leyes ambientales etc. Asegura que en ese cantón no se ha aprobado en los últimos años ningún proyecto hotelero ni de desarrollo de urbanizaciones o grandes complejos habitacionales en la zona norte, por el contrario, han tratado de evitar que se construyan infraestructuras que represente un peligro para los mantos acuíferos. De igual forma, se viene ejerciendo un programa sistemático de control de las industrias agropecuarias (flores, chancheras y otros), para que cumplan con todas las restricciones que en materia de salud y de protección al ambiente prevé la ley nacional.  En cuanto al Plan Regulador, dice que ese municipio, consciente de la importancia de regular el desarrollo urbano y de proteger el recurso hídrico, desde hace más de tres años inició el proceso  para la aprobación del Plan Regulador, tarea que están llevando a cabo en constante cooperación con fuerzas comunales y con la pretensión de ordenar y planificar el desarrollo del cantón, siempre en una línea especialmente dirigida a la protección del ambiente.   Afirma que en la actualidad han cumplido con tres fases fundamentales: diagnóstico y pronóstico, sobre cuyas propuestas ya se presentaron los documentos por parte de la empresa consultora y fueron mostradas a la comunidad, de la cual provinieron algunas observaciones y recomendaciones que se están incorporando en las propuestas finales.  En lo que atañe al Decreto N° LXIV del 28 de julio de 1888 dice que gracias al recurrente tuvieron noticia al respecto, por lo que desde este momento iniciaron las gestiones, no solo para establecer su vigencia sino que una vez logrado eso, iniciar con el proceso de identificación del área que abarca dicho Decreto y de las propiedades que se ubican ahí.  La idea es identificar las fincas y sus propietarios o poseedores actuales y realizar un estudio hídrico registral para, una vez aclarado el panorama, iniciar los procedimientos para la eventual recuperación de dichas tierras y determinar a cuál instancia administrativa le corresponderá esa tarea.   Considera evidente que se está ante un tema complejo y que se hace necesario solicitar a la Administración municipal un informe sobre los permisos de construcción otorgados en las zonas de vulnerabilidad, lo cual requiere, igualmente, cierto tiempo para su confección.  En lo que respecta al Concejo Municipal que representa, dice que han tomado los acuerdos necesarios para dar seguimiento al asunto del Decreto de 1888, le dan continuidad al proceso de elaboración del  Plan Regulador e incluso, han unido esfuerzos con la fundación Fuprovierna, representada por el recurrente, para la cual recientemente ese Concejo aprobó la donación de un terreno municipal para construir su sede y aulas que sirvan para brindar educación ambiental a la comunidad. En síntesis, sostiene que no existe pasividad de esa Municipalidad, por el contrario, están cumpliendo con la elaboración del Plan Regulador, con el seguimiento del Decreto N° LXV de 1888. Así, afirma que ese Concejo Municipal ha nombrado tres comisiones muy importantes para el tema ambiental, la Comisión de Ambiente propiamente dicha, la Comisión de Obras, que se encarga de aprobar los proyectos urbanísticos y otros que puedan afectar el ambiente y la Comisión del Plan  Regulador, todas ejercen un cabal control de los permisos para urbanizaciones, hoteles y proyectos que pongan en peligro los mantos acuíferos.  Solicita que se declare sin lugar este recurso en lo que les afecta.

 

            17.- Informan bajo juramento Alberto Vargas Esquivel, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y Yensi Alfaro Hernández, en calidad de Presidenta del Concejo Municipal del mismo ente (folio 727), que esa Municipalidad ha tratado de clausurar el Centro para la Conciencia de la Tierra, debido a que no cuenta con los permisos municipales, lo cual no ha sido posible debido a que, como consta en las notificaciones que afirma aportan como prueba, los representantes de ese lugar nunca han querido recibir ningún tipo de notificación ni se les ha permitido el acceso a la propiedad.  Afirma que por ese motivo ese ente municipal se encuentra con el problema del impedimento de ingreso para los inspectores municipales, con el fin de fiscalizar obras en proceso de construcción dentro de propiedad privada.  Indica que mediante Decreto Ejecutivo 27212-MINAE de 18 de junio de 1988 se declaró propiedad privada el inmueble perteneciente a la Sociedad Humana de los Estados Unidos, el cual se localiza dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central.  Aduce que la ley no obliga al propietario a dar acceso a la propiedad privada, por lo que –en su criterio- no existe base legal ni constitucional que autorice a los inspectores del Departamento  de Ingeniería para ingresar a dicha propiedad particular sin autorización del propietario registral, ya que de conformidad con lo que establece el artículo 45 constitucional, es inviolable.  Agrega que si la Municipalidad constata que en terreno de propiedad privada se ha realizado una construcción incumpliendo lo que establecen los artículos 88 y 89 de la Ley de Construcciones, siguientes y concordantes, debe iniciar el procedimiento que establece dicha ley en los artículos 90 a 97.  Ese procedimiento culmina con la orden de demolición, pero argumenta que la Municipalidad no podría ejecutarla si no cuenta con permiso del propietario para ingresar a su propiedad privada; en consecuencia, afirma, la sanción no se puede ejecutar.    Como ejemplo menciona y dice aportar prueba de la denuncia presentada ante el Fiscal Agrario del Ministerio Público, incoada por Jorge Valerio Lobo, coordinador en ese momento de la Comisión Ambiental.  La causa se tramita bajo expediente número 05-009973-647-PE del Juzgado Penal de Heredia y en ella el Fiscal solicitó el sobreseimiento definitivo debido a que se notificó a uno de los empleados del Centro para la Cooperación de la Tierra y no a sus representantes, por lo que la gestión no fue atendida, incluso después de escuchar el testimonio de los inspectores, quienes indicaron la imposibilidad de ingresar en la propiedad.  Añade que en el proceso se encuentran apersonadas otras instituciones que también tienen competencia en estos casos y quienes, a pesar de todos los esfuerzos, no han podido cerrar el lugar y ese ente municipal ha sido respetuoso de las competencias de los demás órganos.   Refiere que la propia Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, en la mencionada solicitud de desestimación que elevó al Juez de la Etapa Preparatoria, reconoce los esfuerzos llevados a cabo por la Municipalidad de San Rafael de Heredia al reseñar, en los puntos cuarto y quinto, las actuaciones de los funcionarios municipales que realizaron inspecciones.   Niega lo afirmado por el recurrente en cuanto a que ese ente municipal otorga permisos de construcción de manera indiscriminada y sin contar con un Plan Regulador que proteja los recursos naturales de las futuras generaciones.  Aduce que su Plan Regulador ha avanzado en todas las etapas procesales que la legislación señala para entrar en vigencia, encontrándose actualmente en la última de ellas ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), entidad que debe aprobarlo para que entre a regir en su comunidad.  Entre tanto, dice, esa Municipalidad aplica el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE del 7 de abril de 1997, que modificó el Plan Regional del Gran Área Metropolitana, Decreto Ejecutivo N° 13583-VAH-OFIPLAN del 3 de mayo de 1982. Indica que el Decreto 25902  es un acto administrativo de alcance general, por lo que su emisión, validez y eficacia se rige por las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, artículos 128 ss.   Continúan informando que ese Decreto establece en sus artículos 1, 2, 3 y 4, medidas jurídicas y técnicas que determinan una zona especial de protección (con uso predominantemente agrícola), donde se imponen restricciones al desarrollo urbanístico indiscriminado y restringe las áreas urbanas.  En él se califican las áreas especiales que soportan alguna reserva en cuanto al uso y desarrollo del suelo, como sería en el caso de los recursos naturales conservables y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano periférico, con el fin de prohibir el aprovechamiento de terrenos a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada (Ley de Planificación urbana, artículos 25, 26, 27 y 28).  Considera que las restricciones del Decreto son razonables y necesarias, en virtud de las posibles repercusiones negativas en el ambiente como consecuencia de los proyectos urbanísticos, fraccionamientos y construcciones.  Se fortalece así el principio constitucional de protección preventiva del ambiente,  con la búsqueda de un uso equilibrado de los recursos naturales.  También indica ese Decreto los cuadrantes urbanos a partir de una cartografía actual y es de carácter supletorio porque rige para las áreas de los municipios sin Plan Regulador.  Su principal objetivo es la planificación urbana del Gran área Metropolitana y el fin público está presente con la búsqueda de un plan de ordenamiento territorial que materialice el artículo 50 constitucional.  Estima que como el Decreto N° 25902 se ajusta a los parámetros de legalidad del ordenamiento jurídico, en su opinión es jurídicamente viable utilizar el plano a él adjunto.    En cuanto al Decreto Ley LXIV al que se refiere el recurrente, indican que ese ente municipal no está desconociendo en modo alguno sus alcances, ni la Opinión Jurídica N° OJ 118-2004 emitida por la Procuraduría General de la República; sin embargo, indica que la zona establecida en el mismo es ambigua en cuanto a su delimitación, debido a que no es posible afirmar cuál es la totalidad del área protegida, porque no es posible ubicar el denominado Cerro Concordia en la hoja cartográfica Barva 1:50,00, donde consta la delimitación del Parque Nacional Braulio Carrillo.   Esto, dice, fue reconocido por la Procuraduría General de la República. Con fundamento en lo dicho afirman que esa Municipalidad no ha cometido ninguna omisión de sus funciones y obligaciones, por lo que solicita la desestimatoria de este recurso, así como que la Sala ordene el cierre del Centro para la Conciencia de la Tierra y aclare las ambigüedades del Decreto de 1888.

 

            18.- Informan bajo juramento Raúl Isidro Bolaños Arce y Patricia Hernández Barquero, en calidad de Alcalde Municipal y de Jefe del Departamento de Control Urbano y Rural, respectivamente, ambos de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia (folio 771), que el Refugio Jaguarundí se encuentra ubicado en una zona donde esa  Municipalidad no tiene jurisdicción. En cuanto al otorgamiento indiscriminado de permisos de construcción que acusa el recurrente, manifiestan que no es cierto, porque ese ente municipal otorga los permisos de construcción con apego a la normativa legal vigente.  Afirma que en materia de protección de los recursos esa Administración Municipal ha sido muy cuidadosa con su protección y, en concreto, con la aplicación del principio precautorio o in dubio pro natura, ampliamente desarrollado por la Sala.   Sobre el Plan Regulador indica que aun no está vigente en esa Municipalidad, debido a un Recurso de Amparo que interpuso en su momento un administrado; no obstante, actualmente ese ente, en coordinación con EL PRU-GAM elabora el Plan Regulador para el Cantón de Santo Domingo de Heredia y, como parte de ese proceso, así como en acatamiento al Decreto Ejecutivo N°32967-MINAE-SETENA, la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia realizó el estudio de índice de fragilidad ambiental para el Cantón de Santo Domingo, que fue aprobado por el Concejo Municipal en la sesión número 33-2007 de 28 de mayo de 2007, estudio que será remitido a la SETENA para su análisis y estudio correspondiente.  También dice que se gestiona en el ámbito administrativo la contratación de una empresa consultora para la elaboración del estudio análisis de alcance ambiental, el cual es complemento del estudio antes descrito y que permitirá abordar la temática ambiental de forma amplia en el Plan Regulador.  Solicita que se declare sin lugar este recurso.

 

            19.-  Informa bajo juramento Edgar Vargas Jiménez, en calidad de Alcalde Municipal del Cantón de Moravia (folio 776), en relación con la construcción de redes eléctricas para la construcción privada de chalets y otros en las zonas de recarga y reservorios de aguas subterráneas, que en su jurisdicción la empresa de Servicios Públicos de Heredia no brinda servicios de ningún tipo. De igual forma, dice que el denominado proyecto Centro para la Conciencia de la Tierra no fue construido en su Cantón, motivo por el cual la Municipalidad de Moravia no tiene competencia para fiscalizar el funcionamiento de dicho lugar, ni para incidir en la toma de decisiones por parte de la ESPH, que es una sociedad anónima de utilidad pública, de naturaleza legal y constituida por el capital de varias municipalidades de la Provincia de Heredia. Aduce que su representada comparte las preocupaciones del recurrente en materia de protección al medio ambiente, pero insiste en que ninguna relación tienen con la situación apuntada como base del recurso. Sobre la aprobación indiscriminada de proyectos de construcción, manifiestan que el Departamento de Ingeniería y Operaciones de esa Municipalidad elaboró un informe, en relación con los hechos planteados en el recurso y al respecto dijo lo siguiente, mediante oficio DIOMM 492-07-2007:  “17 de Julio del 2007. DIOMM 492-07-2007... Esta Municipalidad si cuenta con un Plan Regulador, que bajo el mismo principio de su creación protege en gran medida los recursos naturales. Debo indicarle que el Departamento de Planificación Municipal administra el Plan Regulador local y se encarga de otorgar el uso de suelo o rechazarlo según corresponda en cada proyecto ahí señalado. Al suscrito le llama la atención que se mencione que se han otorgado permisos de construcción en forma indiscriminada y sin un Plan Regulador para la construcción de hoteles de montaña, chalets o cabañas de descanso, bajo el pretexto de proyectos habitacionales. Por tanto: Se solicita más exactitud en cuanto a lo denunciado ya que según nuestros registros no se ha dado ningún permiso de esa índole y si se diera una solicitud, de antemano debe contener el visto bueno del uso de suelo amparado al Plan Regulador y de las otras normas turísticas, ambientales, discapacidad Ley 7600, entre otras más que regulan la materia...".  (Negritas son del original)    Continúa informando que no se ha encontrado en sus registros que el ayuntamiento hubiera otorgado permisos de construcción en zonas de reserva o protección de mantos acuíferos, contrarios a la legislación reguladora en materia de recursos naturales. De igual forma  informa que su representada cuenta con un Plan Regulador que fue elaborado considerando la viabilidad ambiental, no siendo justificable la argumentación que en ese sentido hace el recurrente.  Argumenta que en términos generales el fondo del presente recurso está referido a lo que considera el recurrente como una violación de sus derechos constitucionales en materia de recursos naturales; no obstante, las actuaciones que reclama vulneran sus derechos se han dado en la jurisdicción de otras municipalidades, que  no tienen relación con la Municipalidad de Moravia, por lo que solicita se declare sin lugar el recurso.

 

            20.- Informa bajo juramento Leonardo Herrera Sánchez, en calidad de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Vázquez de Coronado (folio 837),  que desde el  2005 se inició el montaje de un Sistema de Información Geográfico Ambiental (SIGA), el cual cuenta con información procedente de distintas instituciones como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio de Agricultura, del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), del Instituto Tecnológico de Costa Rica, entre otras.  Este SIGA, afirma, se encuentra constantemente alimentado y corregido mediante el empleo de tecnología de ubicación satelital (GPS), consulta a instituciones que mediante valoración in situ facilitan la formación de criterios técnicos propiciando una mejor orientación al momento de la toma de decisiones.   En materia de responsabilidad social de la Administración sostiene que fue mediante este SIGA que, en el oficio SA-230-109 del 19 de septiembre de 2005, se le propuso a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) la determinación de un área frágil, al amparo de la Resolución Administrativa 2370-2004-SETENA. Esta área se basa principalmente en la protección del recurso hídrico y paralelamente el edáfico y el desarrollo (y no crecimiento) en esta zona de una manera compatible con el entorno, minimizándose el menoscabo e impacto en los recursos existentes.  Agrega que mediante oficio SG-2911-2005-SETENA del 17 de noviembre de 2005, se avaló la existencia de la zona propuesta y se indicó el procedimiento a seguir, con base en la resolución 2370 SETENA del 07 de diciembre de 2004.  Asimismo, a partir de la fecha del oficio SG-2911-2005 se remitieron a la SETENA todas las construcciones inmersas en esta área. Luego, a partir de enero de 2006, mediante oficio AL-201-0024-007, oficialmente se comunicó a esta dependencia sobre el Acuerdo 3303 del SENARA, se procedió a solicitar medidas de mitigación ambientales a cada permiso de construcción, las cuales se dirigen principalmente hacia la reducción del impacto causado por el vertido de aguas residuales domésticas, sean estas grises o negras y a la impermeabilización del suelo.  Agrega que todos los permisos solicitados a esta Corporación, previos a su aprobación, son remitidos para su análisis a la sección de Saneamiento Ambiental a fin de determinar su potencial impacto, no desde una perspectiva puntual limitada al lote sino que desde una perspectiva global con respecto al entorno, para lo cual se considera el impacto con respecto a hidrografía, áreas de emergencias, características de permeabilidad, impacto sobre aguas subterráneas, pozos existentes y documentados, nacientes hídricas, ubicación con respecto a Áreas Silvestres Protegidas reguladas por el Plan de Ordenamiento Ambiental Nacional y otros que son más puntuales, en función de la ubicación aportada en el plano catastrado.   De tal forma, asegura, se trata de orientar la toma de decisiones con base en información técnica sustentada sobre una plataforma geo-bio-física, para lograr minimizar el impacto en aras de un desarrollo sostenible del ecosistema urbano, el cual no debe ser observado bajo una perspectiva netamente biológica, si no que se debe considerar como parte integral del entorno.   Considera importante señalar que esa Corporación se encuentra en proceso de elaboración de un Plan de Gestión Ambiental, que no solo se limita en su esencia al impacto local sino que se enmarca dentro del concepto de cuenca hidrográfica.   Señala que remite copia de los oficios SA-230-109, SG-2911-2005-SETENA y JD-126-06 y ejemplo de una evaluación del entorno, basado en el SIGA, copia de la cual la Dirección de Ingeniería Municipal entrega al interesado.  En virtud de lo dicho, estima evidente que esa Municipalidad  realiza ingentes esfuerzos a favor de la protección de los recursos naturales de la zona y en busca de un desarrollo urbanístico que se encuentre supeditado al mantenimiento del equilibrio ecológico del Cantón, y que esta labor lejos de ser omisa, es cada día llevada a niveles de mayor conciencia social y ecológica, por  lo que solicita que se declare sin lugar el presente recurso.

 

            21.-  El Secretario de esta Sala dejó constancia de que revisado el control de documentos recibidos en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, y este expediente, no aparece que del 27 de junio al 17 de julio de 2007, el Presidente del Concejo Municipal de Heredia, el de Santo Domingo de Heredia, el de Moravia y el de Vázquez de Coronado, hayan presentado escrito o documento alguno para rendir el informe que se les solicitó en la resolución dictada a las 7.58 horas del 18 de junio de 2007. (Folio 858)

 

22.- Rafael Varela Montero, en autos conocido como recurrente, manifiesta, respecto al MINAE que: 1.- Es la Institución responsable de haber aplicado el Decreto ejecutivo de 1888, en todas sus instancias y, por lo tanto, de haber realizado las gestiones ante la institución competente para demarcar y proteger la zona en mención. 2.- tiene la responsabilidad de proteger el bosque y el recurso hídrico, labor realizada a medias, dado que en muchos casos han hecho caso omiso o han sido indiferentes en relación a denunciar y actuar contra aquellas personas o instituciones que han irrespetado las áreas protegidas de ríos y nacientes en el caso que nos ocupa, como por ejemplo: nacientes Iris Hernández, San Miguel, El Cubano, el Gallito etc, localizables en San José de la Montaña, así como la naciente La Condesa en San Rafael de Heredia, que se encuentran sin ninguna protección de bosque y lo más grave es que hay casas prácticamente encima de las nacientes. Como también se dieron permisos para extraer madera de ciprés y no se respetaron los 100 y 200 metros de protección del bosque de esas nacientes aduciendo que son intermitentes, lo que –afirma- carece de todo fundamento, porque siempre miden su caudal en abril, mayo y junio para conocer su verdadero nivel de litros de agua por segundo. 3.- Se puede afirmar que el MINAE no ha cumplido con todas sus obligaciones en la protección del recurso natural, ya que ha autorizado permisos de refugios como: FUNDANTAS Y JAGUARUNDÍ, en tierras que se encuentran ubicadas dentro del DECRETO de 1888.  Además un refugio silvestre no puede ser para recoger perros callejeros y, por lo tanto, debería ubicarse en otra zona sin ningún impacto ambiental. 4.- El MINAE tiene la responsabilidad ineludible de demarcar el área que cubre el Decreto, las áreas de nacientes y ríos que son base de la recarga de los mantos acuíferos, Barva, Colima Inferior y Colima Superior, Echeverría.  5.- Es muy probable que el MINAE esté pagando a los finqueros el incentivo forestal, a quienes se encuentran dentro de la zona del Decreto, y por lo tanto está invirtiendo los dineros de todos los costarricenses , en unos "POCOS" que han tomado posesión de los mismos y la ley no lo permite, porque en terrenos del Estado no se puede adquirir posesión si no existe una Ley que tácitamente lo exprese y así lo ha establecido mediante sendas resoluciones la Sala, al definir los bienes demaniales.  6.- Se deduce de todas las recomendaciones que le hiciera el SENARA y que son vinculantes en relación con la protección hídrica y, por ende, del bosque, que el MINAE  no ha cumplido la mayoría de ellas. 7.- El MINAE tiene la obligación de velar por los bienes del Estado y, por lo tanto, denunciar a todas aquellas personas civiles, jurídicas, públicas y privadas que cometan algún delito en contra de los recursos naturales, lo que –afirma- no ha ocurrido en relación al Decreto de 1888, así como la protección del bosque, sus nacientes y ríos. 8.-  Asegura que lo dicho demuestra que el MINAE no ha cumplido en la aplicación de las diferentes leyes y no ejerce control de ellas, por lo que se le debe exigir su aplicación y cumplimiento.   Respecto al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dice que se denota una vez más la ligereza y falta de seriedad con que se tratan asuntos tan delicados como el que conlleva el presente Recurso de Amparo, así como la falta de respeto a la petición de la Sala, al tratar de evadir responsabilidades y aportar como documentos probatorios una denuncia a un médico del Hospital de Niños por mala praxis, además de que argumentan "no es competencia del ICT o no me consta pero puede ser cierto ".   En segundo lugar alega que se observa a diario la destrucción del bosque y la edificación de hoteles y proyectos habitacionales, que tienen que haber contado con la autorización o viabilidad de las autoridades de Turismo.   En el lugar que nos ocupa, por ser de alta riqueza hídrica no debe permitirse ninguna actividad turística que afecte los mantos acuíferos.  Aduce que el ICT debe coordinar con las Municipalidades MINAE, ICAA, etc. las diferentes actividades a desarrollar en las áreas de protección y recarga acuífera de los mantos, en apego a los estudios realizados por SENARA y a las recomendaciones que ésta sugiere.  Respecto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, dice que le corresponde la protección de los suelos y que mal hace en solicitar a la Sala que le exima de toda responsabilidad, ya que considera que son muchos los movimientos de tierra que se han dado y se siguen dando, para nivelar terrenos y construir complejos habitacionales a la orilla de nacientes, ríos y demás terrenos, destruyendo parte de la capa vegetal que arrastran las quebradas y ríos, producto de la extracción de madera, principalmente ciprés y otras especies.  Sobre el Ministerio de Salud indica lo siguiente: 1.- No pueden eximirse de la responsabilidad que tienen las autoridades en salud pública de vigilar por la calidad de vida de todos los costarricenses, siendo su función primordial coordinar con las demás instituciones públicas las diferentes acciones a tomar para proteger los mantos acuíferos, nacientes y ríos de cualquier contaminación, y en esas montañas y potreros se han denunciado a finqueros que eliminan la mala hierba con agroquímicos altamente tóxicos para la salud humana. 2.- Actualmente hay casas en las orillas de las nacientes,  por lo que se pregunta si tiene el Ministerio de Salud control de ellas, si coordina con el MINAE y las Municipalidades para que estas áreas sean protegidas por el radio de bosque que establece la Ley de Aguas y la Ley Forestal?   Respecto a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. dice que si bien es cierto que su Junta Directiva ha tomado acuerdos para la protección de los mantos acuíferos y trabaja en la ampliación de la cobertura del bosque y la vigilancia de los recursos naturales, también lo es que falta coordinación con las diferentes entidades públicas que regulan la materia de protección de nacientes, ríos y mantos acuíferos para que no se construyan complejos habitacionales, chalets y proyectos turísticos prácticamente encima de las nacientes, como por ejemplo las Fuentes de Iris Hernández, pese a que la Ley de Aguas y la Ley Forestal establecen un área de 200 y 100 metros de protección de bosque, así como en los terrenos propiedad del Estado donde incluso se han colocado kilómetros de tendido eléctrico.   Sobre el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillado (ICAA), dice que tiene la obligación de coordinar con las diferentes instituciones públicas que tienen toda o parte de la responsabilidad de proteger nacientes, ríos y las áreas de recarga acuífera de los Mantos Barva, Colima Superior e Inferior, Manto Echeverría, que son la base y vida del desarrollo del país y especialmente del Valle Intermontano Central, por lo tanto debe contribuir a la demarcación de las áreas protegidas que establece el Decreto de 1888, así como las áreas protegidas que establecen las diferentes leyes y especialmente de nacientes que han sido captadas para consumo humano por las Municipalidades, ASADAS, ESPHSA, ICAA y que hoy se encuentran con edificaciones casi en las propias captaciones.  Asimismo, indica que el ICAA, es una institución muy importante para el desarrollo del país, por lo tanto debe fiscalizar toda obra que se realice en las áreas protegidas de nacientes, ríos, mantos acuíferos y, por ende del bosque. Considera que está obligada a exigir que se cumpla con la demarcación del área que establece el Decreto de 1888, para proteger las aguas de Heredia, Alajuela y de San José y con ello ser vigilante de las mismas.  Acerca del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, indica que es un área propiedad del Estado, según el Decreto de 1888, que fue comprada por la Sociedad Humana de los Estados Unidos, representada en Costa Rica por la Asociación  Humanitaria de Costa Rica y que se estableció única y exclusivamente para proteger el bosque y contribuir a la educación ambiental, no fue concebida para convertirla en albergue de perros callejeros.  Alega que es una “zona de recarga acuífera”, tal  como lo establecen los informes de SENARA y se encuentra ubicada en dos microcuencas a 100 o 150 metros de ellas el Río Segundo y La Quebrada Monge, que abastecen el recurso hídrico para consumo humano de las poblaciones de Heredia y San Rafael.  Sostiene que existen contaminantes volátiles producidos por los malos olores de 100 o más perros, cuyos desechos se depositan a menos de 150 metros de donde la ESPHSA capta el agua del Río Segundo.  Refiere que en el informe rendido a la Sala, el MINAE, el Ministerio de Salud y la propia Municipalidad de San Rafael de Heredia lo reconocen y evaden su responsabilidad, argumentando que sea la Sala la que tome cartas en el asunto, cuando debieron dichos entes, desde que tuvieron conocimiento de dichas anomalías, proceder a la clausura del local, tal  como lo establece la legislación vigente.  Estima que es una muestra más de la apatía e indiferencia por respetar las leyes y proteger a la ciudadanía del Derecho Constitucional a disfrutar de un ambiente sano.   En cuanto a la SETENA, considera que no se le puede exonerar de muchos actos al margen de la ley que realizan particulares.  Alega que  no es posible que desconozcan el Decreto de 1888 y no lo hayan aplicado a todos aquellos proyectos que le han dado viabilidad para edificar construcciones. Como por ejemplo, el REFUGIO DANTAS Y JAGUARUNDÍ.  Se pregunta, ¿cuál ha sido el control y la autorización para abrir carriles de cinco v siete metros de ancho dentro de la montaña con bosque primario, siendo ésta propiedad del Estado?  Asimismo, ¿si tienen los funcionarios de SETENA control de todas las edificaciones que se han construido en estos terrenos del Estado? ¿Han denunciado a las instituciones que han permitido las construcciones a orillas de las nacientes, o sea en áreas protegidas y de dominio público? Afirma que la propia Municipalidad de Heredia reconoce en su informe el otorgamiento de permisos de construcción y la ESPHSA confirma dicha irregularidad, al indicar que les suplió energía eléctrica. Respecto a los entes  municipales dice: 1)  que si bien es cierto las Municipalidades de Coronado, Moravia y San Isidro de Heredia justifican que tienen un Plan Regulador, sería conveniente que informaran a  la Sala si tienen identificada el área que contempla el Decreto de 1888, porque tal y como se aportó en el Recurso de Amparo como prueba No 4 y 5, se promueven proyectos residenciales "con licencias otorgadas por el ICT, declaratoria turística, restaurantes, truchas Canopy, turismo, Quintas Ecológicas etc ".  2.- Respecto a los demás Municipalidades, estima  imprescindible exigirles el Plan Regulador y, dice que aunque en su mayoría los nuevos miembros de los concejos municipales apoyan su iniciativa de proteger la montaña y el recurso hídrico, es importante que exijan la aplicación de la legislación vigente en todos aquellos proyectos que no han cumplido con los requisitos de protección de nacientes, ríos, mantos acuíferos y bosque.  3.-  Aduce que las Municipalidades recurridas, conjuntamente con las de Alajuela y San José, deben exigirle al MINAE la demarcación del área contemplada en el Decreto de 1888, solicitándole la demarcación de las áreas protegidas de las nacientes y proceder a recuperar los terrenos que por ley les pertenecen y que han sido invadidos ilegalmente. 4.-  Considera que no se debe permitir ninguna construcción en los doscientos metros de radio de protección de las nacientes y mantos acuíferos.  Agrega que de los estudios realizados por SENARA en su informe, se establece que deben considerarse y aplicarse mecanismos en la protección de las áreas de recarga acuífera de los mantos, ríos y nacientes, dado que son de gran trascendencia para las generaciones de hoy y del futuro, por lo que las instituciones y la sociedad civil están obligadas a protegerlas. (Folio 1111)

            

            23.- José Alberto Brenes André solicita ser considerado como coadyuvante en este amparo, específicamente en lo informado por la Municipalidad de Barva (folio 1121). Argumenta que el turismo es un factor muy importante de transporte de organismos patógenos, como indica que lo demuestra de seguido.   Pide que en la decisión final de este Recurso se ponderen los datos que aportó y se aplique la máxima de in dubio pro natura, por el bienestar de las generaciones presentes –pues ya el cambio climático está afectando nuestras vidas- y futuras.

 

            24.-Por resolución de las quince horas con un minuto del ocho de noviembre de dos mil siete (folio 1146), el Magistrado Instructor del presente recurso de amparo tuvo por recurrido al Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo.

 

            25.- Por resolución de las ocho horas con diecinueve minutos del doce de noviembre de dos mil siete (folio 1147), el Magistrado Instructor del presente recurso de amparo, solicitó al Director General del Registro Nacional que remitiera copia de la personería vigente de la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América y de la Sociedad Treinta y Ocho-Seis.

 

            26- Informa bajo juramento Mario Alberto Leiva Vega, en su calidad de Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (folio 1152), que mediante resolución número 074-06-3- TAA de las diez horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil seis, se acordó trasladar a la SETENA el expediente número 150-05-03-TAA, para que dicha Secretaría valorara el informe confeccionado por el Departamento de Aguas del MINAE, y lo tomara en cuenta al momento de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. Indica que la resolución antes citada, le fue notificada al señor Guillermo Jiménez Alfaro el primero de febrero de dos mil seis, sin embargo no se planteó recurso alguno contra dicho pronunciamiento. En razón de lo expuesto, solicita que se desestime el presente recurso, en cuanto a su persona.

 

            27.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas del veintiuno de noviembre de dos mil siete (folio 1159), Dagoberto Sibaja Morales, en su calidad de Director General del Registro Nacional, cumplió con la prevención hecha por la resolución de las ocho horas con diecinueve minutos del doce de noviembre de dos mil siete

 

            28.-Por resolución de las dieciséis horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil siete (folio 1164), el Magistrado Instructor del presente recurso de amparo, confirió audiencia a Edgar y Agustín Atmetlla Herra, en su calidad de Representantes de la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América.

 

            29.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas con veintisiete minutos del trece de diciembre de dos mil siete (folio 1166), Edgar Atmetlla Herrera,  y Agustín Atmetlla Herrera, manifiestan que ninguno de los dos tiene la representación general de la Sociedad Humana de los Estados Unidos, pues si bien han actuado como abogados de esta asociación en diversos trámites registrales o administrativos, sus facultades se limitan a ello.

 

            30.-Por resolución de las diez horas con veintitrés minutos del ocho de enero de dos mil ocho (folio 1168), el Magistrado Instructor del presente recurso de amparo solicitó al Director del Instituto Geográfico Nacional que aportara un mapa donde se delimitara la zona establecida por el decreto ley número 65 del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho.

 

            31.-Por resolución de las diez horas con treinta minutos del ocho de enero de dos mil ocho (folio 1170) , el Magistrado Instructor del presente recurso de amparo, solicitó al Director General de Migración y Extranjería, que informara cual era el domicilio registrado de los señores Robert Allan Hoad y Karin Anne Hoad.

 

            32.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil ocho (folio 1176) el Director General de Migración y Extranjería cumplió con la prevención hecha por la resolución de las diez horas con treinta minutos del ocho de enero de dos mil ocho.

 

            33.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas con quince minutos del veintidós de enero de dos mil ocho (folio 1182), el Director General del Instituto Geográfico Nacional cumplió con la prevención hecha por la resolución de las diez horas con veintitrés minutos del ocho de enero de dos mil ocho

 

            34.-Por resolución de las catorce horas con trece minutos del veintitrés de enero de dos mil ocho (folio 1184), el Magistrado Instructor del presente recurso de amparo solicitó al Director General de Migración y Extranjería que aclarara si los señores Hoad se encontraban actualmente en territorio nacional.

 

            35.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas del siete de febrero de dos mil ocho (folio 1186), el Director General de Migración y Extranjería cumplió con la prevención hecha por la resolución de las  catorce horas con trece minutos del veintitrés de enero de dos mil ocho.

 

            36.- Por resolución de las trece horas con treinta y ocho minutos del once de febrero de dos mil ocho (folio 1194), la Magistrada Instructora del presente recurso de amparo, tuvo como partes del presente recurso de amparo, a Robert Allan Hoad y a Karin Anne Hoad.

 

            37.-Por resolución de las trece horas con treinta y dos minutos del doce de junio de dos mil ocho, el Magistrado Instructor del presente recurso de amparo (folio 1207), solicitó al Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), aportar copia del documento denominado Matrices de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico.

            

            38.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas con cincuenta y seis minutos del diecinueve de junio de dos mil ocho (folio 1209), el Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Riego y Avenamiento (SENARA), cumplió con la prevención hecha por la resolución de las trece horas con dos minutos del doce de junio de dos mil ocho

 

            39.- En los procedimientos seguidos se han respetado las prescripciones legales.

             Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,

Considerando:

             I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

<![if !supportLists]>a.               <![endif]>El treinta de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el Congreso Constitucional de Costa Rica, dictó la ley número 65, por el que se declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida como Montaña del Volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el cerro Concordia. (Folio 130 del expediente).

 

 

<![if !supportLists]>b.               <![endif]>Por Opinión Jurídica número OJ-118-2004 del veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, la Procuraduría General de la República informó al Diputado Quirico Jiménez Madrigal, que no existía una ley que en forma expresa derogara la ley número 65, por lo que la misma se encontraba aún vigente. (Folios 80 a 91 del expediente).

 

<![if !supportLists]>c.               <![endif]>Por oficio OH-418 del diez de agosto de dos mil cuatro, el Ministerio del Ambiente y Energía planteó ante el Tribunal Ambiental Administrativo, una denuncia en contra del señor Mario Ramírez Corrales, en la que acusaba que dicha persona había llevado a cabo una construcción en la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, sin contar con los permisos correspondientes. (Folios 193 a 196 del expediente).

 

<![if !supportLists]>d.               <![endif]>Por resolución número 943-2004-SETENA de las once horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil cuatro, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, otorgó viabilidad ambiental, para la solicitud de construcción de una casa pequeña en el Distrito de Vara Blanca en Heredia, presentada por el señor Mario Bejarano. (Folios 212 a 214 del expediente).

 

<![if !supportLists]>e.               <![endif]>Por oficio SRC-OH-122 del siete de marzo de dos mil cinco, el Ministerio del Ambiente y Energía presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo, una denuncia en contra de Maderas Comerciales del Monte S.A., en la que acusa la corta de árboles cerca de una naciente. (Folios 199 a 202 del expediente).

 

<![if !supportLists]>f.                 <![endif]>El veintitrés de abril de dos mil cinco, funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía procedieron a realizar una inspección en el Cerro Chompipe en el Distrito de Vara Blanca, y pudieron constatar que en el área boscosa, existía la construcción de dos ranchos, un camino interno, así como árboles ornamentales que no eran propios de la zona. (Informe a folio 121 del expediente).

 

<![if !supportLists]>g.               <![endif]>Por oficio SRC-OH-209 del veintiséis de abril de dos mil cinco, el señor Guillermo Jiménez Alfaro presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo, en la que acusaba que el señor Mario Bejarano había causado daños al ambiente en su finca ubicada en el Cerro Chompipe. (Folios 215 a 217 del expediente).

 

<![if !supportLists]>h.               <![endif]>Por resolución 1467-05-3-TAA de las diez horas con treinta y un minutos del treinta y uno de octubre de dos mil cinco, el Tribunal Ambiental Administrativo, ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental  y a la Oficina Subregional de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, que presentaran una serie de datos necesarios para resolver la denuncia planteada por el señor Guillermo Jiménez Alfaro. (Folios 210 a 211 del expediente).

 

<![if !supportLists]>i.                 <![endif]>Por oficio SRC-497 del veintisiete de octubre de dos mil cinco, el Jefe de la Subregión Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, solicitó al Tribunal Ambiental Administrativo que informara sobre el estado de la denuncia planteada contra el señor Mario Bejarano. (Folios 205 a 206 del expediente).

 

<![if !supportLists]>j.                 <![endif]>Por resolución número 074-06-3-TAA, de las diez horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil seis, el Tribunal Ambiental Administrativo ordenó trasladar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el expediente número 150-05-3-TAA, referente al caso de Mario Bejarano Arguedas, con el fin de que valorara el informe confeccionado por el Departamento de Aguas del MINAE y lo tomara en cuenta al momento de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. (Folios 207 a 208 del expediente).

 

<![if !supportLists]>k.               <![endif]>Por notificación número 1087 del cinco de mayo de dos mil cinco, la Municipalidad de San Rafael previno a la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América, que debía cumplir con una serie de requisitos para la habilitación de un hospital veterinario en la Reserva Jaguarundi. (Folio 769 del expediente).

 

<![if !supportLists]>l.                 <![endif]>Por oficio SRC-OH-280 del siete de junio de dos mil cinco, el Jefe de la Subregión Central y el Coordinador de Vida Silvestre del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central realizaron varias recomendaciones al Director de dicha Área, con respecto al Refugio Jaguarundi. (Folios 67 a 69 del expediente).

 

 

<![if !supportLists]>m.             <![endif]>Por notificación número 1120 del veinte de junio de dos mil cinco, la Municipalidad de San Rafael de Heredia, previno a la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América, que debía de cumplir una serie de requisitos para la habilitación del albergue de perros que tenía en la Reserva Jaguarundi. (Folio 54 del expediente).

 

<![if !supportLists]>n.               <![endif]>Por oficio SRC-309 del cuatro de julio de dos mil cinco, el Ministerio del Ambiente y Energía solicitó a la Reserva Jaguarundí, que aportara a la Administración Forestal del Estado, copia de los permisos correspondientes para las construcciones que se estaban llevando a cabo en dicho lugar. (Informe a folio 122  y folios 208 a 209 del expediente).

 

<![if !supportLists]>o.               <![endif]>Por oficio CM-307-05 del primero de agosto de dos mil cinco, la Secretaria del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, informó a la Comisión del Ambiente de dicha Municipalidad, que el Jefe de Ingeniería había constatado que la señora Karin Anne Hoad, estaba llevando a cabo una construcción en la Reserva Jaguarundi, sin contar con los permisos respectivos. (Folio 51 del expediente).

 

<![if !supportLists]>p.               <![endif]>El cinco de agosto de dos mil cinco, la propietaria de la Reserva Jaguarundí, presentó un plan de manejo de dicha reserva, sí como la justificación de la necesidad de llevar a cabo un programa con perros callejeros. (Folio 177 del expediente).

 

<![if !supportLists]>q.               <![endif]>Por oficio SRC-392 del veintidós de agosto de dos mil cinco, el Jefe de la Subregión Central del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central, solicitó a la Directora Ejecutiva del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi, una serie de datos con respecto a las construcciones y disposición de aguas negras, jabonosas y de lavado en el refugio de cita. (Folio 58 del expediente).

 

<![if !supportLists]>r.                <![endif]>Por oficio ARS-SR-B-696-2005 del once de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Manuel Alfaro Carvajal, Profesional del Ambiente Humano del Área de Salud San Rafael- Barva informó que debía efectuarse una inspección en el refugio de animales, ubicado en el Refugio Jaguarundí. (Folio 255 del expediente).

 

<![if !supportLists]>s.                <![endif]>Por oficio ARS-SR-B-1755-2005 del nueve de noviembre de dos mil cinco, la Directora del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva, y la Jefe de la Unidad Protección Ambiente Región Central Norte del Ministerio de Salud, solicitaron al Alcalde Municipal de San Rafael que procediera a clausurar la Escuela, el Refugio de Animales, el Hospital Veterinario y el Refugio del Centro para la Conciencia de la Tierra, ubicados en la Reserva Jaguarundi, por cuanto los mismos carecían de permisos sanitarios de funcionamiento. (Folio 256 del expediente).

 

<![if !supportLists]>t.                 <![endif]>Por oficio GA-462-2005 del diez de noviembre de dos mil cinco, la Unidad de Gestión Ambiental de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, informó al Coordinador de la Comisión Ambiental Municipal de San Rafael, sobre la denuncia planteada por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael, en la que se acusaba que la Clínica Veterinaria del Refugio Jaguarundi, estaba vertiendo las aguas sucias y restos de animales a los ríos que pasaban por esa propiedad. (Folio 49 del expediente).

 

<![if !supportLists]>u.               <![endif]>El catorce de noviembre de dos mil cinco, el Coordinador de la Comisión Ambiental de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, planteó una denuncia ante el Ministerio Público, en la que solicitaba que se investigaran los hechos denunciados por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael. (Folios 55 a 56 del expediente).

 

<![if !supportLists]>v.               <![endif]>Por oficio número 837-2005 AMSRH del catorce de noviembre de dos mil cinco, el Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, presentó ante el Ministerio Público, una denuncia por violación de sellos en el Centro de la Conciencia de la Tierra. (Folio 257 del expediente).

 

<![if !supportLists]>w.             <![endif]>Por oficio DRCN-PAH-2189-2005 del treinta de noviembre de dos mil cinco, el Ministerio de Salud informó al Ministerio Público que no se había podido ingresar al Refugio Jaguarundí, para investigar las supuestas irregularidades que se presentaban en dicho lugar. (Folios 70 a 71 del expediente).

 

<![if !supportLists]>x.               <![endif]>Por resolución número SRC-024-05 del nueve de diciembre de dos mil cinco, el Jefe de la Subregión Central del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central rechazó el plan de manejo del albergue de perros que se pretendía construir en el Refugio de Vida Silvestre de Propiedad Privada Jaguarundi. (Folio 179 del expediente).

 

<![if !supportLists]>y.               <![endif]>En fecha no precisada, los representantes del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí plantearon un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra, la resolución número SRC-024-05. (Informe a folio 122 del expediente).

 

<![if !supportLists]>z.                <![endif]>Por Informe Técnico del quince de febrero de dos mil seis, la Msc. Ruth Tiffer Sotomayor, y el Lic. Marlon Salazar Chacón, del Centro Científico Tropical, estimaron en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi, podía construirse un albergue para perros callejeros, sin que ello implicare un riesgo para el medio ambiente. (Folios 134 a 147 del expediente).

 

aa) En fecha no precisada, el señor Jorge Hernández, Biólogo Encargado del Componente de Vida Silvestre del Área de Conservación Volcánica Central, emitió el Informe Técnico número IT-VS-001-06, en el que se señala que en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí podía desarrollarse un albergue para perros callejeros, siempre y cuando se cumpliera con una serie de recomendaciones. (Folios 132 a 133 del expediente).

 

bb) Por oficio ASUB-071 del veintisiete de febrero de dos mil seis, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, realizó una serie de recomendaciones con respecto al tratamiento de aguas en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí. (Folios 275 a 276 del expediente).

 

cc) Por apercibimiento administrativo número uno del veinticinco de abril de dos mil seis, el Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, solicitó a la representante de la Sociedad Humana de los Estados Unidos,  que procediera a limpiar los terrenos de su propiedad. (Folio 762 del expediente).

 

dd) Por acta de inspección número 2440 del veintiocho de abril de dos mil seis, funcionarios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, hicieron constar que ese día no se les permitió ingresar al Centro para Conciencia de la Tierra, lugar en el que pretendían llevar a cabo una inspección. (Folio 759 del expediente).

 

ee) Por escrito del doce de junio de dos mil seis, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Heredia, que se desestimara la denuncia presentada contra el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí. (Folios 391 a 398 del expediente).

 

ff) Por oficio DRCN-PAH-287-07 del veintiuno de febrero de dos mil siete, el Ministerio de Salud, informó al Representante del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, que no se autorizaría ningún permiso sanitario de funcionamiento para el refugio de perros que pretendía construir, hasta tanto no aportara los planos constructivos debidamente autorizados. (Folios 271 a 272 del expediente).

 

gg) Por oficio RCN-AJ-092 del nueve de abril de dos mil siete, se remitió a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, un incidente de nulidad de notificación de la resolución DRCN-PAH-287-07 del veintiuno de febrero de dos mil siete. (Informe a folio 236 del expediente).

 

hh) Por oficio RCN-AJ-101-2007 del treinta de abril de dos mil siete, fue remitido a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, un recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América, contra el oficio DRCN-PAH-287-07. (Informe a folio 236 del expediente).

 

ii) Por resolución número R-069-SINAC-2007 de las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil siete, el Director General a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, acogió el recurso de apelación planteado por el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí contra la resolución SRC-024-05, y autorizó la actividad de refugio de perros abandonados en dicho lugar,  siempre y cuando cumpliera con una serie de disposiciones. (Folios 168 a 175 del expediente).

 

jl) Por oficio ASUB-228-2006 del catorce de junio de dos mil seis, se informó al Gerente General de SENARA, sobre las limitaciones a las que estaba sometido el Centro para la Conciencia de la Tierra. (Folio 442 del expediente),

 

 kk) Por resolución número DM-3507-M-07 de las diez horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil siete, la Ministra de Salud  dispuso suspender la resolución de los recursos planteados contra la resolución DRCN-PAH-287-07, hasta tanto la Sala Constitucional no resolviera el recurso de amparo 07-007996-0007-CO. (Informe a folio 236 y folios 248 a 251 del expediente).

 

ll) En la sesión número 08-2007 del cinco de junio de dos mil siete, la Comisión de Urbanizaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, dispuso que se elaborara un informe por parte de la Oficina de Ambiente, Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados, sobre las áreas en que se darán servicios vegatitvos, áreas donde no se otorgarán más servicios y áreas donde la solicitud de servicios se estudiaría. (Informe a folio 322 y folios 358 a 359 del expediente).

 

mm) Por resolución de las nueve horas del cinco de julio de dos mil siete, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, denegó la solicitud de instalación eléctrica planteada por el señor José Alfonso Bejarano Arguedas, por cuanto existía un riesgo para la naturaleza. (Folios 341 a 357 del expediente).

 

nn) Por acuerdo número 3416, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento dispuso poner en conocimiento del Ministerio del Ambiente y Energía, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Municipalidades, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional Ambiental  y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el estudio técnico denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colina y Barva, Valle Central de Costa Rica”, en el que se hacían una serie de recomendaciones con respecto a la utilización del recurso hídrico varias zonas, entre ellas la establecida por la ley número 65. En dicho estudio se adjuntó una matriz que contenía los criterios de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, con el fin de que sirviera de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso de suelo. (Folios 438 a 441 del expediente).

 

ññ) A la fecha en que rinden su informe dentro del presente recurso de amparo, las autoridades de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia, únicamente había otorgado dos permisos de construcción dentro de la zona establecida por la ley número 65, los cuales fueron dados luego de que se cumplieran todos los requisitos establecidos por la legislación vigente. (Informe a folio 280 del expediente)

 

oo) En la Sesión Extraordinaria número 100-2007 celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil siete, el Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia, no otorgar ningún tipo de permiso en la jurisdicción territorial del cantón, que se encontrara comprendida dentro del área que abarca la ley número 65. (Folios 289 a 290 del expediente).

 

pp) Por acuerdo 582.06, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 21, celebrada el nueve de diciembre de dos mil cinco,  el Concejo Municipal de Santa Bárbara acordó aprobar el Estudio que la Comisión Interinstitucional  de Microcuencas de Heredia les expuso, por lo que declaró las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará como zonas de protección acuífera, con el objetivo de proteger y conservar los recursos hídricos superficiales y subterráneos ubicados en el territorio del cantón.  (Informe a folios 455 a 456 del expediente).

 

qq) Por oficio SA-230-109 del diecinueve de septiembre de dos mil cinco, la Municipalidad de Coronado, solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que le informara cual era el procedimiento a seguir ante los permisos de construcción que son solicitados en ciertas zonas del cantó. (Folios 839 a 842 del expediente).

 

rr) Por oficio  SG-2911-2005-SETENA del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, respondió el oficio SA-230-109.(Folio 843 del expediente).

 

ss) Por oficio JD-126-06 del dos de octubre de dos mil seis, el SENARA remitió a la Municipalidad de Coronado, copia de la matriz de “Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”. (Folios 844 a 851 del expediente).

 

tt) A la fecha en que la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, y el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados rinde su informe dentro del presente recurso de amparo, no se habían presentado ante dichas instituciones ningún tipo de solicitud de permiso por parte del Centro de Conciencia para la Tierra. (Informe a folios 403 y 416 del expediente).

 

            II.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

 

a) Que el Ministerio del Ambiente y Energía hubiera supervisado el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007.

 

b) Que las municipalidades recurridas y el MINAE hubieran aplicado las recomendaciones hechas por el estudio denominado "Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barba, Valle Central, Costa Rica", elaborado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.

 

c) Que el MINAE hubiera delimitado físicamente la zona establecida por el decreto ley número 65 de mil ochocientos ochenta y ocho

 

                      III.- Sobre el problema de la escasez del agua. Durante los últimos años el tema del acceso al agua se ha convertido en un problema de índole mundial, en razón de la escasez cada vez mayor, del preciado líquido. Según el segundo Informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, unas mil cien millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo, número que aumenta cada día más en razón de la contaminación o desaparición de las fuentes que abastecen al planeta. En el informe antes mencionado, se señala que más de cuatro mil niños mueren a diario por enfermedades provocadas por la falta de agua potable, como es por ejemplo la diarrea, que mata al año más de un millón ochocientas mil personas, la mayoría de ellas menores de cinco años. Asimismo, se menciona que para el año dos mil veinticinco dos mil setecientos millones de personas –equivalente a un tercio de la población mundial-, tendrán problemas de escasez de agua, situación que podría generar catástrofes demográficas nunca antes vistas. La  Organización de las Naciones Unidas, considera que cada año se podría salvar la vida un millón seiscientas mil personas si se les ofreciera la posibilidad de acceder a agua potable, no obstante en la mayoría de las  regiones del mundo no se han adoptado aún las acciones necesarias para cumplir con dicho objetivo.  En el caso concreto de América Latina, diversos estudios consideran que más de sesenta millones de personas no tienen acceso al agua potable de la región, esto a pesar de que América del Sur alberga sólo el seis por ciento de la población mundial, y disfruta del veintiséis por ciento de los recursos hídricos del planeta. Los datos antes expuestos generan gran preocupación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, quien ha llamado a los distintos gobiernos del orbe a adoptar las medidas del caso a efecto de mitigar en sus territorios la problemática descrita con anterioridad.

 

           IV.- Sobre las aguas subterráneas y su protección. Las aguas subterráneas se han convertido en el principal medio de abastecimiento público en la región Centroamericana, ya que la mayoría de las fuentes superficiales han sido contaminadas por la acción del hombre. En el caso concreto de Costa Rica, se estima que aproximadamente un setenta por ciento del agua que consumen a diario los habitantes del país proviene de las aguas subterráneas, situación que hace ver la importancia de proteger este recurso. Precisamente sobre este tema en particular, resulta de relevancia señalar lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia número 2004-01923, de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, en la que se indicó en lo que interesa:

 

“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o  zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el  aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.

 

VI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.”  

 

             De lo expuesto anteriormente, se deduce la importancia que tienen las aguas subterráneas como medio de garantizar el acceso del agua potable a gran parte de la población nacional. Por lo anterior, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar la protección de las mismas, mediante el uso de las potestades que al efecto le otorga el Ordenamiento Jurídico, ello con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 50 constitucional.

 

V.-Sobre el decreto ley número 65. Por medio del decreto ley número 65 del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el legislador ordenó proteger una de las zonas en las que se encuentran las nacientes de agua que abastecen a los habitantes de las provincias de Heredia, Alajuela y parte de San José, disponiendo para tal efecto en lo que interesa lo siguiente:

 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,

Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela,

 

DECRETA:

Art. 1°—Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal.

 

Art. 2°—Se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar ó disminuir la extensión de la zona a que se refiere el artículo anterior si después de practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión indique.

 

            Tal y como se desprende de la lectura de la norma de cita, la intención del legislador del siglo antepasado era la de asegurar que las provincias de Alajuela, Heredia y San José pudieran garantizarse en el futuro el recurso hídrico necesario para satisfacer las necesidades de la población. Para lograr lo anterior, el legislador dispuso la creación de una zona inalienable, la cual no podía ser objeto de ningún tipo de posesión en razón de su naturaleza pública, tal y como lo ha sostenido este Tribunal en una serie de pronunciamientos, como es el caso de la sentencia número  422-96 del veintidós de enero de dos mil seis, en la que se señaló en lo que interesa:

 

“(…)El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Se trata de bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Por ello, son sus características el ser inalienables, imprescriptibles, inembargables; no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, no un derecho a la propiedad. (…)”

 

VI.- Partiendo de lo externado en los considerandos anteriores, esta Sala considera que en el caso concreto se constata una violación  a lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, la cual es achacable al Estado y a las municipalidades recurridas. En lo que respecta al Estado Costarricense, se tiene por probado que a lo largo de los años, éste no ha realizado las labores correspondientes a efecto de delimitar la zona comprendida por la ley número 65 de mil ochocientos ochenta y ocho, con el fin de garantizar que en dicho lugar no se llevara a cabo ningún tipo de actividad humana y cumplir así con la pretensión que tenía el legislador al momento de dictar la norma de cita. Dicha inercia se mantiene incluso hasta la actualidad, pues el Ministerio de Ambiente y Energía , como autoridad encargada de velar por los recursos naturales del país, ha incumplido con su labor de delimitar y vigilar en forma efectiva, la franja de terreno establecida por la  ley número 65, ello a pesar de que el legislador afectó dicha zona al dominio público con el fin de crear un área libre de cualquier tipo de injerencia de particulares, intención que no se ha cumplido a la fecha, ya que en los autos consta que incluso se han otorgado permisos de construcción en el terreno de cita. En el caso de las municipalidades accionadas, se deduce de la prueba aportada al expediente que dichas corporaciones han otorgado permisos de construcción en la zona comprendida por el decreto ley número 65, situación que vulnera no sólo el deseo que tenía el legislador al momento de promulgar la norma de cita, sino que además violenta lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, en razón de lo expuesto anteriormente. Conviene mencionar, que si bien en la ley número 65 no se establece claramente el grado de limitación al que estaba sometida la zona establecida por dicha ley, lo cierto es que en aplicación del principio de indubio pro natura, y tomando en cuenta el espíritu de la norma de cita, esta Sala considera que debe entenderse que dicha protección es total, por lo que no puede otorgarse ningún tipo de permiso o concesión en dicha franja de terreno. Asimismo, estima este Tribunal que ninguna de las autoridades recurrida puede alegar desconocimiento de lo dispuesto por la ley número 65, pues si bien ha transcurrido más de un siglo desde que la misma fuera creada, lo cierto es que dicha norma mantiene aún su vigencia, tal  y como se deduce de la Opinión Jurídica número OJ-118-2004 de la Procuraduría General de la República.   Así, en razón de lo expuesto anteriormente, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este extremo, ordenando al Ministerio recurrido coordinar lo correspondiente con el Instituto Geográfico Nacional para delimitar físicamente la zona comprendida por la ley antes citada, para luego recuperar los terrenos que se encuentren ahí y que estén siendo ocupados por particulares; y a las municipalidades accionadas abstenerse de otorgar cualquier tipo de permiso dentro del perímetro establecido por la ley número 65.

 

VII.-Sobre el estudio Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.  En el caso en estudio, llama la atención de esta Sala el hecho de que a la fecha en que las municipalidades recurridas rinden su informe en el presente asunto,  no existe prueba alguna de que éstas hubieran elaborado e incluido dentro su normativa los mapas hidrogeológicos recomendados por SENARA en el estudio denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.” a pesar de que se recomienda expresamente incorporar dichos documentos en la planeación urbanística del cantón, y de que incluso se les remitieran las Matrices de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, con el fin de que se tomaran como base para realizar los mapas antes mencionados. A criterio de este Tribunal dicha omisión resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política, pues la documentación de cita permite determinar las zonas en las cuales se pueden llevar a cabo construcciones, las limitaciones a las que están sometidas dichos procesos, así como los sitios en los que no es posible llevar a cabo ningún tipo de edificación, en razón del grado de vulnerabilidad del suelo. Considera este Tribunal que por lo anterior, el amparo debe ser acogido en cuanto a este punto, ordenando a las municipalidades recurridas adoptar las medidas correspondientes para incorporar en su normativa urbanística y procesos de autorización de permisos, el documento que elaborado por SENARA.

 

VIII.-Sobre el refugio para perros abandonados en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí. En el caso concreto, el recurrente reclama que en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, opera un refugio para perros abandonados que no cuenta con los permisos de funcionamiento correspondiente. Asimismo, acusa que personeros del refugio han lanzado los desechos de los animales al río, lo que contamina la Quebrada Monge que es afluente del Río Segundo, el cual es captado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. para abastecer de agua a la población del cantón de San Rafael de Heredia. En  sus informes, la Municipalidad de San Rafael de Heredia, y el Ministerio de Salud aceptan que el refugio para perros abandonos funciona sin los permisos correspondientes, sin embargo explican que no han podido clausurar el mismo, por cuanto no se les ha permitido ingresar al sitio donde este se ubica. Por otra parte, en su informe el Ministro de Ambiente y Energía, explica que el Ministerio accionado mediante resolución número R-069-SINAC-2007 de las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil siete, otorgó al refugio antes mencionado, el permiso de funcionamiento correspondiente, el cual quedó sometido al cumplimiento de una serie de requerimientos. Con vista en lo anterior, este Tribunal considera que en el presente asunto se constara la alegada violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, la cual es achacable a la Municipalidad de San Rafael, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Ambiente y Energía. En el caso de las dos primeras autoridades, esta Sala considera que las mismas han faltado a su obligación de garantizar que cualquier tipo de actividad que se desarrolle y que pueda poner en riesgo la salud de las personas, cuente con los permisos correspondientes, ya que en el presente asunto no han procedido a clausurar el refugio para perros que se ubica en la Reserva Jaguarundí, a pesar de que tienen pleno conocimiento de que el mismo no cuenta con los permisos de funcionamiento correspondientes. En ese sentido, no resulta de recibo el argumento planteado por los recurridos en el sentido de que no se les ha permitido ingresar al lugar donde se encuentra el refugio de cita, pues ambas autoridades debieron haber gestionado lo correspondiente con la Fuerza Pública, con el fin de garantizar su ingreso al lugar antes mencionado, ya que están de por medio el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, la omisión antes descrita ha impedido que los recurridos puedan llevar a cabo las inspecciones del caso, a efecto de atender la denuncia planteada por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael, con respecto a la posible contaminación de la Quebrada Quesada por parte de funcionarios del refugio, vulnerando así también su obligación de investigar cualquier problema que pudiera poner en riesgo la salud de la población. Por otra parte, en lo que respecta al Ministerio de Ambiente y Energía, este Tribunal considera que dicha autoridad ha faltado a su deber de vigilar que los personeros del refugio para perros abandonados cumplieran con las recomendaciones hechas en la resolución R-069-SINAC-2007, las cuales se emitieron precisamente para garantizar que el funcionamiento del refugio no afectara el medio ambiente ni la salud de las personas. Por lo anterior, el recurso debe ser acogido también en cuanto a este extremo, como en efecto se hace.

 

IX.-Finalmente en lo que respecta al resto de las autoridades accionadas, esta Sala considera que no puede tenerse por probado que las mismas hubieran vulnerado lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, motivo por el cual el recurso debe ser desestimado en cuanto a las mismas..

 

Por tanto:

 

Se declara  con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades  de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía,  lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; b)  Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007, por parte de los personeros del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, y en caso de que no se haya cumplido con lo dispuesto por el pronunciamiento de cita, proceda conforme a derecho. Se ordena a José Manuel Ulate Avendaño, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, a Rolando Hidalgo Villegas, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y a Marta Lidia Segura Miranda, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbabara de Heredia, a Mercedes Hernández Méndez, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa, y a Adrián Varela Montero, o a quien ocupe su cargo como Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Barva de Heredia, a Marvin Chaves Chinchilla, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y al Elvia Villalobos Argüello,o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, a Aracelly Salas Eduarte, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa de San Pablo de Heredia, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde  y a Yensi Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, a Rafael Isidro Bolaños Arce, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Santo Domingo de Heredia, a Edgar Vargas Jiménez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Moravia, y a Leonardo Herrera Sánchez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Vázquez de Coronado, lo siguiente: a) Que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888, en lo que respecta a sus jurisdicciones; b) Que  procedan a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en su informe denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.”, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada.  Se ordena a María Luisa Ávila Argüello, o a quien ocupe su cargo como Ministra de Salud, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde  y a Yensi Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que de inmediato procedan a realizar las acciones que conforme a derecho procedan contra el refugio de perros abandonados que existe en el Refugio de Vida Silvestre Jaguandurí, e investiguen la denuncia planteada por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael, con respecto a la supuesta contaminación que existe en dicho sitio. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vasquez de Coronado al pago de las costas daños  y perjuicios que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a las demás autoridades recurridas, se declara sin lugar el recurso.

            

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

Adrián Vargas B.                                                                                            Gilbert Armijo S.

 

 

 

 

 

Ernesto Jinesta L.                                                                                            Fernando Cruz C.

 

 

 

 

Marta María Vinocour F.                                                                                Roxana Salazar C.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:38:09.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

The Constitutional Chamber

Resolution No. 12109 - 2008

Date of Resolution: August 5, 2008 at 15:16

Case File: 07-007996-0007-CO

Drafted by: Adrián Vargas Benavides

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Relevance Indicators

Relevant ruling

Structural ruling

Related Rulings

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. CONSTITUTIONAL GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

PROTECTED AREA.

012109-08. ENVIRONMENT. PROTECTION OF THE BARVA VOLCANO MOUNTAIN IN HEREDIA. AQUIFERS. WATER SCARCITY PROBLEM. GROUNDWATER. PHYSICAL DELIMITATION OF THE ZONE ESTABLISHED BY LAW No. 65 WAS ORDERED. VCG06/2020

RE/CO

Other References: Ruling: 422-96, 1923-04

Text of the resolution
* 070079960007CO *

* 070079960007CO *

Exp: 07-007996-0007-CO

Res. No. 2008-12109

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and sixteen minutes of August fifth, two thousand eight.

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and sixteen minutes of August fifth, two thousand eight.

Amparo action processed in case file number 07-007996-0007-CO, filed by THE FOUNDATION FOR THE PROTECTION AND MONITORING OF NATURAL RESOURCES OF HEREDIA (PROVIRENA), with legal identification number three-zero zero six-three hundred twenty-four thousand eight hundred seven, represented by its President and General Attorney-in-Fact RAFAEL A. VARELA MONTERO, of legal age, married once, guidance counselor, bearer of identity document number 0401010249, resident of San José de la Montaña, Heredia; against THE NATIONAL SERVICE FOR GROUNDWATER, IRRIGATION AND DRAINAGE (SENARE), THE COSTA RICAN TOURISM INSTITUTE, THE MINISTRY OF HEALTH, THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK, THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA), THE NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBAN PLANNING (INVU), THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA); THE PUBLIC SERVICES COMPANY OF HEREDIA; THE MUNICIPALITIES OF THE CENTRAL CANTON OF HEREDIA, of SANTA BÁRBARA DE HEREDIA, of BARVA DE HEREDIA, of SAN PABLO DE HEREDIA; of SAN ISIDRO DE HEREDIA, of SAN RAFAEL DE HEREDIA, of MORAVIA, and that of VÁZQUEZ DE CORONADO

Whereas:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at fourteen hours on June eleventh, two thousand seven, the petitioner files an amparo action against the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (SENARE), the Costa Rican Tourism Institute, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Environment and Energy, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), the National Institute of Housing and Urban Planning (INVU), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); the Public Services Company of Heredia; the Municipalities of the Central Canton of Heredia, of Santa Bárbara de Heredia, of Barva de Heredia, of San Pablo de Heredia; of San Isidro de Heredia, of San Rafael de Heredia, of Moravia, and that of Vázquez de Coronado, and alleges a violation of the provisions of articles 1, 11, 21, 27, 33, 39, 41, 45 and 50 of the Political Constitution, since the Public Services Company of Heredia S.A. is promoting the contamination and destruction of protection zones, by installing electrical networks for the private construction of mountain chalets, cabins and hotels in the recharge areas and groundwater reservoirs. It cites as a specific case the Center for Earth Consciousness, known as the Jaguarundí Refuge, which belongs to the Humane Society of the United States of America, legal identification number 3-012-154726, which was declared a Wildlife Refuge by MINAE through Decree number 27212 of June 18, 1998. It alleges that this Society, contravening the scope of said Decree and knowing that it was granted to them for a period of ten years, first constructed some buildings which they called the Center for Earth Consciousness, supposedly to give talks aimed at the preservation of the environment; however, there are multiple complaints which determine the construction of a dog shelter without the respective permits, which discharges dirty water and animal remains into the rivers that pass through the property, affecting human health since the Quebrada Monge is contaminated, which is a tributary of the Río Segundo, which is captured by the Public Services Company of Heredia S.A. to supply water to the population of the canton of San Rafael de Heredia (refers to evidence number 2). It adds that in official communication SER-OH-280 of June seventh, two thousand five, MINAE pointed out that the new infrastructure of the Proyecto Amigo de los Animales does not have the respective permits from SETENA, the Ministry of Health and the Municipality, in addition to the fact that in the area declared as a refuge the constructions have not followed some of the specifications established in the Regulation to the Wildlife Conservation Law No. 7317 and it is the area where the rescued stray dogs are kept, with the consequent contamination problems (refers to evidence number 3). It alleges that just as the foregoing is occurring in the mountains of the jurisdiction of San Rafael de Heredia, in the jurisdictions of the municipalities of Vásquez de Coronado, Moravia, Santo Domingo de Heredia, San Isidro de Heredia, San Pablo de Heredia, San Rafael de Heredia, Barva de Heredia, Santa Bárbara de Heredia and central Heredia, construction permits have been granted indiscriminately without a regulatory plan that protects natural resources, under the pretext of housing projects (refers to evidence number 4), when they are built under the guise of mountain hotels, chalets or vacation cabins, some of which have been granted a tourism declaration (declaratoria turística) by the Costa Rican Tourism Institute (ICT), (refers to evidence number 5). It argues that by Decree No. LXIV of July twenty-eighth, eighteen eighty-eight, which, according to opinion No. OJ-118-2004 of September twenty-seventh, two thousand four, issued by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), determined that it is fully in force, the mountains in which the waters that supply Heredia and Alajuela originate were declared inalienable. It requests the following: 1) that this amparo be transferred to the heads – permanent or interim – of the respondent ministries, bodies and entities, so that they clearly and precisely indicate, on the respective cartographic sheets, the protection perimeters of the recharge-discharge areas of the existing aquifers (mantos acuíferos) in the zone established by Decree LXIV of July 30, 1888; 2) that proceedings to recover public domain (procesos reivindicatorios de dominio público) of the perimeters established in the aforementioned Decree be immediately established for the protection of the recharge and discharge –capture– areas of the existing aquifers; 3) that the cutting down, elimination of trees and granting of construction permits in the protection perimeters of the recharge and discharge areas of the aquifers be prohibited; 4) that a strategic plan for the sustained, efficient and effective environmental management of groundwater in the area established by Decree LXIV be designed and prepared through the Department of Water; 5) that regulations on the inventory, management and categorization of aquifers be prepared and promulgated, with the advice of SENARA, ICAA, ESPH SA, according to the vulnerability criteria of the recharge areas, quality and strategic value; 6) that MINAE be notified of the annulment of Decree 27212-MINAE and its application be rendered without effect, because the described lands are in the public domain and constitute public domain assets (bienes demaniales); 7) to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) and to the Public Services Company of Heredia S.A. (ESPH S.A.), that they be ordered to define the areas near existing springs (manantiales) and springs (nacientes), where all types of installations, buildings, or human activity are prohibited and to coordinate actions with the INVU to establish the alignments; 8) that the selection, location and, consequently, the inventory and categorization of the waters destined for the piped water service of the respondent cantons be carried out; 9) to the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (SENARA), that it proceed to make and prepare the vulnerability cartography of the aquifers located in the area established by Decree LXIV and, with that, to trace, fix and align, definitively, the protection perimeters of the recharge and discharge areas; likewise, 10) that the Board of Directors of SENARA, together with MINAE, be ordered to take the necessary agreements to recover and take possession of the lands that belong to the public domain (State), as indicated by Decree LXIV; 11) to the National Institute of Housing and Urban Planning, that it fix the alignments of the protection perimeters of the areas bordering the permanent springs, the aquifers and their recharge areas in the aforementioned municipal jurisdictions; 12) that a Regulation on the restrictions on land use (uso de suelo) in the protection zones of the recharge and discharge areas of the aquifers, springs, springs and wells existing in the area established by Decree LXIV be prepared and promulgated; 13) to the Ministry of Health, that it enforce the provisions established by the General Health Law regarding Title III, Chapter I on water for human use and consumption and the duties and restrictions to which persons are subject in this matter, and its articles 264 to 277; 14) Chapter II: on the obligations and restrictions relating to the collection and disposal of solid waste, articles 278 to 284; 15) Chapter II: on the obligations and restrictions for the sanitary disposal of excreta and gray and black water (aguas servidas y negras), articles 284 to 292; 16) Chapter IV: on the duties and restrictions to which persons are subject to avoid environmental contamination, articles 293 to 297 et seq. and concordant; 17) to the Ministry of Agriculture and Livestock, that it establish the respective coordination with SENARA in the promotion of hydrological, hydrogeological and agrogeological investigations in the hydrographic basins of the zone, as well as in the practices of improvement, conservation and protection of soils, as established by article 21 of the Law on Use, Management and Conservation of Soils No. 7779 of April 30, 1998; 18) that the National Geographic Institute, a unit attached to its authority, be ordered to carry out the respective topographic maps and charts of the protected zone; 19) to the Municipality of San Rafael de Heredia, that it be required to immediately abide by and comply with Report DRCN-PAH-2189-2005 of November 30, 2005, issued by the Ministry of Health and addressed to the Auxiliary Environmental Prosecutor's Office, so that what is established by the Urban Planning Law and the General Health Law is applied and which it affirms is provided in evidence number 3; 20) that this municipal entity immediately proceed to the closure of the Veterinary Hospital and Animal Shelter, ordering the Mayor to comply in accordance with what is established by the Municipal Code and the Construction Law; 21) to the local governments of Vázquez de Coronado, Moravia, Santo Domingo, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Barva, Santa Bárbara and central Heredia, that they be required to promulgate a Regulatory Plan (Plan Regulador) to plan and control urban development and the related urban development regulations; 22) that within this Regulatory Plan they be obligated to promulgate a Zoning Regulation where the respondent municipalities identify, control and restrict human activities (industrial, tourism, urban development, agricultural, etc.), the areas reserved to locate the aquifers, springs and recharge and discharge zones; 23) that in applying the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, to human life and health, and in pursuit of sustainable development, the cantons subject to this amparo and which due to their geomorphological characteristics have lands that house the aquifers, springs, springs and recharge and discharge zones, are the ones obligated to regulate and norm, responsibly, efficiently and effectively, such limitations, given that groundwater not only supplies the consumption and use of the populations of the canton but also constitutes a clear supralocal and national interest; 24) that limitations and restrictions be established on the use and exploitation of the soil and waters derived from the determination and fixing of the protected areas, the benefit of which will redound to the inhabitants of all the cantons that are supplied with the waters that flow through the aquifer and that surface or discharge in other cantons and, of course, for the benefit of future generations.

2.- Under oath, Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of Environment and Energy (folio 120), reports, as it pertains to the private constructions of mountain chalets, cabins and hotels in the recharge areas and groundwater reservoirs, mainly in the so-called protection zones, that from the moment the actions carried out by Mr. Mario Bejarano Arguedas became known, in the sector known as Cerro Chompipe, Vara Blanca District, Province of Heredia, the Heredia Subregional Office proceeded to conduct a site visit on April 23, 2005, through which it was determined that two ranches (chalet) were built, the clearing (socola) of an area of forest cover (cobertura boscosa), an internal road 42 meters long; in addition to the fact that they proceeded to plant ornamental trees that are not native to the wooded lands. Thus, faced with that situation, he affirms that the Heredia Office filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) on April 26, 2005 (SRC-OH-209 – evidence No. 1). However, it was determined that Mr. Bejarano had environmental viability (viabilidad ambiental), resolution number 943-2004-SETENA of June 22, 2004 (evidence No. 2), for which reason the Environmental Administrative Tribunal proceeded, by resolution 074-06-3-TAA (Evidence No. 3), to transfer the complaint case file (150-05-3-TAA) to SETENA, so that the report from the Department of Water, requested at the time, could be evaluated and, thus, SETENA could take it into consideration in case of requiring an environmental impact study. On the same topic, he says that the Subregional Office proceeded by official communication No. SRC-497 of October 27, 2005 (evidence No. 4) to indicate to the Environmental Administrative Tribunal that no progress was observed in this regard, to which no response was obtained and, to this day, he says that Office does not know if the Environmental Administrative Tribunal issued the final resolution, according to what is reported by the Head of the Heredia Office of the Central Subregion. On this topic, that Office informed him that the sector involving what is established by Decree Law No. 65 of 1888, which the petitioner emphasizes, is within the programming of its activities, which he says he demonstrates with the documents provided with this report, such as the complaints filed against Messrs. Mario Ramírez Corrales, Rodolfo Pacheco Domínguez and others (evidence No. 5). In relation to the construction permit for a dog shelter without the respective permits, he mentions that there exists Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 32200-MINAE published in Diario La Gaceta No. 19 of January 27, 2005, in which five properties belonging to the Humane Society of the United States of America and Sociedad Treinta y Ocho-Seis are declared the Jaguarundí Private National Wildlife Refuge, lands with forest vocation (vocación forestal) located in Altos del Roble, Fourth District, Los Ángeles, Fifth Canton San Rafael of the Province of Heredia ("See attached document"). He points out from the foregoing that for a property to be declared a refuge, it must comply with the requirements established in the Regulation to the Wildlife Conservation Law, Executive Decree No. 32633-MINAE of September 20, 2005, which establishes compliance with a Management Plan (Plan de Manejo), article 150 (evidence No. 6), which is the technical document that indicates the activities that can be carried out, such as: agricultural use, residential use, creative rustic dwelling, tourism developments that include hotels, cabins, lodges or others that carry out similar activities, article 151. Therefore, he says, its approval by the Administration will be required. Regarding this point, he notes that Lic. Freddy Valerio Segura, Head of the Heredia Office of the Central Subregion, clarifies that regarding what is stated by the petitioner, who attributes to that Ministry having allowed the construction of a dog shelter without the respective permits, it is not the competence of that Ministry to grant construction permits. However, he adds that from the moment the corresponding office was notified about such works, an inspection was carried out at the site, detecting activities that were not contemplated in the Management Plan and others that violated environmental legislation, for which reason it was requested, through official communication SRC-309- of July 4, 2005 (evidence No. 7), that the representative of the refuge clarify to the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado) about his actions and provide the corresponding permits, since at no time was that Office informed about said works. He adds that through official communication No. SRC-392 (evidence No. 8), the legal representative of the Private Refuge was requested to provide the designs of the wastewater treatment system, granting a period of two months for the update of the management plan, and the proposal presented for the dog shelter was evaluated. Once the shelter proposal was analyzed, Resolution No. SRC-024-05- of December 9, 2005 (evidence No. 9) was issued, in which the management plan that contemplated the stray dog shelter within the Jaguarundí Wildlife Refuge was rejected, a resolution against which they filed a petition for revocation (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio). The respondent authority goes on to report that the representatives of the Jaguarundí Refuge, availing themselves of the cited recourse, requested a hearing from the Heredia Office of the Central Subregion, which was held on January 16, 2006, in order to present technical-scientific documents issued by professionals in the field to support the Administration at the time of issuing the final act: resolution No. SRC-024-05. He argues that the technical-scientific evidence presented by the representatives of the Jaguarundí Refuge consisted of a technical document issued by Ruth Tiffer Sotomayor, Mario Salazar Chacón, from the Tropical Scientific Center (Centro Científico Tropical), a document which indicates that said activity is not detrimental to the Wildlife Refuge, as long as it is controlled through an adequate management plan. He indicates that based on the comment documents and evaluating what was stated in Technical Report No. IT-VS-001-06 issued by Jorge Hernández, biologist and person in charge of the Wildlife Component of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central), in which it is established that while the activity is atypical, it is also true that if carried out in strict adherence to management standards, it can be compatible with the conservation objectives of the refuge, the petition for revocation was accepted and, likewise, the Ministerial Office resolved the appeal in favor of the Jaguarundí Refuge, in which the stray dog shelter activity was authorized for a period of two years, so that the Administration can assess the effect that this activity may have on the environment or any other effect it may cause to the wildlife of the Private Refuge, provided that it complies with the provisions issued in resolution 069-SINAC-2007 at 9:40 hours on June 5, 2007, and in R-073-SINAC-2007 at 8:00 hours on June 15, 2007 (evidence No. 10). He argues that the Administration will not allow the irregularities alleged by the petitioner regarding the contamination that said activity is causing in rivers and streams. "It is up to Mr. Rafael Varela to demonstrate it." On the point alleged by the petitioner that in the jurisdictions of several municipalities construction permits have been granted indiscriminately without a regulatory plan, he says that as it is not the competence of the Ministry but of the municipalities, he does not express any argument. He adds that since the State Forestry Administration became aware of opinion No. OJ-118-2004 of September 27, 2004, issued by the Office of the Attorney General of the Republic, approvals (vistos buenos) are no longer being granted for the processing of endorsements (visados) requested by possessors and owners who have their farms in the sector indicated by the cited Decree, which reads: "A strip of land two kilometers wide is declared inalienable, on one and the other side of the summit of the mountain known as Montaña del Volcán Barva, from the Hill called el Zurquí to the one known as Concordia, whether said strip is national or municipal property." Based on all the evidence provided and the arguments presented, the respondent authority says that it has been determined that the Ministry of Environment and Energy has carried out all the actions within its competence, in its capacity as the governing body in environmental matters, to guarantee the protection of said regulations, in the interests of protecting the constitutional right enshrined in article 50 of the Magna Carta.

3.- Under oath, Allan René Flores Moya, in his capacity as General Manager and legal representative of the Costa Rican Tourism Institute (folio 222), reports that it is not the competence of that entity the topic of the planning, use and exploitation of the water resources of the communities, nor the protection of groundwater and, especially, of the aquifers. Likewise, it is not its competence regarding the matters proper to the Public Services Company of Heredia, nor granting construction permits and, therefore, nor verifying the requirements for them to be granted. He indicates that that Institute, as the governing body of tourism activity in the country, has the authority to grant the tourism declaration, which is a recognition granted to individuals or legal entities who wish to subject their company to the fulfillment of a series of technical, economic and legal results that the ICT requires so that they can be classified as tourism-related. This is in accordance with what is established by the Regulation of Tourism Enterprises and Activities, the requirement for its granting being compliance with articles 3 and 4 of the same regulatory text. He continues, stating that article 6 of that Regulation indicates that the tourism declaration will be granted exclusively to remunerated lodging companies, travel agencies, restaurants, maritime transport, vehicle lessors, maritime transport, air transport, so he considers it evident that that Institute does not grant the tourism declaration to "Housing Projects", as the petitioner indicates, and it is clear, furthermore, that the Tourism Declaration is not necessary for a project of any nature to enter into operation, since it is a merely voluntary procedure on the part of the interested party. He argues that it is not the competence of the ICT regarding municipal properties, nor the direct implications of law No. LXV that the petitioner indicates. He requests that the ICT be absolved of all responsibility in this matter, because the action has no merit in the part that mentions it.

Faced with that situation, he continues reporting, on November 9, 2005, ARSSR-B-1755-2005 was sent to Municipal Mayor Jorge Herrera Paniagua, requesting him to close the school, the animal refuge, the veterinary hospital, and the Regio Centro para la Conciencia de la Tierra, represented by Mrs. Karin Hanne Hoad, because it lacks operating permits from that Ministry. A copy was sent to the then Minister of Health. On November 14, 2005, a copy was received of the complaint filed by Jorge Valerio Lobo, Coordinator of the Environmental Commission of the Municipality of San Rafael de Heredia, before the Agrarian Environmental Prosecutor's Office of the Public Prosecutor's Office, First Judicial Circuit of San José, who argued the existence of an animal clinic that is discharging dirty water and animal remains on the property located 1.5 km north of the Monte de la Cruz Recreational Center, and therefore requested that the veracity of that situation be investigated and an on-site inspection be carried out. On January 9, 2006, a copy was received of official letter DRCN-PAH-2189-2005 from the Regional Directorate, signed by the then Acting Director Dr. Marco Tulio Zumbado Ulate, responding to the Assistant Environmental Prosecutor's Office regarding Mr. Valerio's complaint, "where among other things specifically in point 4, they indicate that since the owners of the place did not allow our authorities to enter, we are unable to determine compliance with the regulations applicable to this type of activity, which could threaten health if they are contaminating the captured waters." (The boldface is from the original). On July 5, 2007, a copy was received of document 05-009973-647-PE from the Agrarian Environmental Prosecutor's Office, where Lic. Luis Herrera requested the Judge of the Preparatory Stage of the Criminal Court of Heredia to dismiss the case, for the arguments indicated therein. On June 26, 2006, a request was received for a location approval for the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, Escuela en las Nubes de Asís, and due to the scope of the project, on June 10, 2006, via official letter ARS-SR-B-977-2006, said request was sent to the Regional Directorate for the respective processing. On March 6, 2007, a copy was received in the Area of official letter DRCN-PAH-287-07 dated February 21, 2007, where the Regional Directorate informed Mr. Robert Hoad, Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi, that until the requested information is provided, the sanitary operating permit could not be authorized. On March 7, 2007, in official letter ARS-SR-B-286-2007, Alberto Vargas Esquivel, Municipal Mayor of San Rafael de Heredia, was informed that a copy of official letter DRCN-PAH-287-07 was attached for his information and pertinent purposes. He indicates that on folios 66, 67, and 68, there is official letter GE-149-06 of February 28, 2006, where the General Manager of SENARA informed the Assistant Environmental Prosecutor of the Public Prosecutor's Office about the recharge or aquifer report related to the Crime of Invasion of Protection Area and others against Robert Hoad and others. Official letter ASUB-071-2006 of February 17, 2006, was sent by the Director of the Operations Area and geologist Roberto Ramírez Ch. regarding the Environmental Center case, where it is considered in point 1. Conclusions, that SENARA considers the area where the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí is located as an aquifer recharge area of medium to high vulnerability, and the development of high-density constructions is not permitted, nor the use of septic tanks as a treatment system for urbanizations, nor the sealing of said recharge area. By official letter ARS-SR-B-PAH-680-06 of September 5, 2006, that Area Directorate informed the Regional Director that, having reviewed the plans submitted by the Humane Society of the United States of America for the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, located in Los Ángeles de San Rafael de Heredia, the plans for the completed works of the veterinary hospital and animal houses have not been provided. The Minister of Health continues reporting that the Director of the Rector Health Area of Barva-San Rafael de Heredia, in official letter ARS-SR-B-1008-2007 of June 25, 2007, in her report related to all actions taken and the facts of this appeal, has pointed out that by official letter RCN-AJ-092-2007 of April 9, 2007, an Incident of Nullity of Notification of Resolution against official letter DRCN-PAH-287-07 of February 21, 2007, was sent to the Directorate of Legal Affairs, and in official letter RCN-AJ-101-2007 of April 30, 2007, an Appeal filed by the special administrative and judicial attorney-in-fact of the Humane Society of the United States of America against official letter DRCN-PAH-287-07 was also sent to that Directorate. She points out that this Office, in resolution DM-3507-M-07 at 10:30 a.m. on June 27, 2007, resolved, in an interlocutory manner, both the appeal and the incident, ordering the suspension of the issuance of the final resolution on the Appeal and the Incident of Nullity of Notification of Resolution until the Constitutional Chamber definitively resolves the merits of amparo 07-007996-0007-CO. She requests that the appeal be dismissed.

            6.- José Manuel Ulate Avendaño reports under oath, in his capacity as Municipal Mayor of Heredia (folio 278), that with regard to the construction of an alleged "dog shelter" in a protected area (Centro para la Conciencia de la Tierra, known as Refugio Jaguarundí), it is not within the cantonal jurisdiction of that Municipality, so that situation—if it is indeed occurring—falls completely outside the legal competencies of that Local Government. Likewise, he believes it should be kept in mind that regarding the installation of electrical networks in the alleged areas, as the appellant rightly mentions, it is within the competence of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., which is therefore responsible for ensuring that those networks do not affect health or the environment. On the other hand, he clarifies that the allegations concerning the supposed granting of construction permits "indiscriminately" are absolutely unfounded, specifically regarding that municipal entity. He argues that the fact that this Municipality currently does not have a specific Regulatory Plan for the Central Canton of Heredia in no way entails a violation of the environment and health, much less the granting of construction permits "indiscriminately," since all construction permits granted within the cantonal jurisdiction of that Municipality fully comply with the regulatory provisions established by our current legal system, including the Urban Planning Law, the Construction Law and its Regulations, and other applicable regulations in urban planning, environmental, and health matters, as well as the provisions of the Regulatory Plan for the Greater Metropolitan Area (GAM). In any case, he adds, although that Municipality grants its construction permits in accordance with what our legal system orders, the Central Canton of Heredia is currently developing its respective regulatory plan. From that perspective, he considers it clear that the appellant's statements are unfounded, lacking evidentiary elements to support his claims, since, on the one hand, that Municipality is not the one that grants tourism declarations for the mentioned buildings because that is the competence of the Instituto Costarricense de Turismo (ICT), and, on the other, construction permits have not been granted "indiscriminately." He requests that it be noted that within the geographical area covered by Decree number LXIV of July 28, 1888, and specifically regarding the strip of territory corresponding to the Canton of Heredia, that Municipality has only granted two construction permits for the building of two cabins located on private property, specifically on Cerro Chompipe (district of Vara Blanca), constructions that, according to a report provided by the Operations Directorate of that Municipality (official letter DOPR-490-2007 of June 27, 2007), have all the permits and legal and regulatory requirements demanded by our legal system, among them, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by the Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) and the permits from the Ministry of Health. He adds that although the indicated Decree establishes an inalienable geographical area of the Montaña del Volcán Barva, from the hill called Zurquí to the one known as Concordia, in order to protect the lands where the sources that form the rivers supplying drinking water to different populations of the province of Heredia originate, in those areas the existence of private lands is possible, which are, in one way or another, restricted from carrying out a series of activities, but the Decree in question does not entirely prohibit the construction of certain works such as the two mentioned. The foregoing, he says, coupled with the fact that, as indicated, the two constructions have the corresponding environmental viabilities granted by SETENA, which is the competent body to issue said environmental license, as provided for by the Organic Environmental Law (articles 17, 20, 83, 84, and concordant articles). Consequently, he indicates that since SETENA granted the environmental licenses or viabilities in both cases, it is concluded that the only two constructions authorized by that Municipality in the alleged area do not represent any violation of the environment or human health, because they also have the permits from the Ministry of Health. In any case, if the appellant disagrees with the construction permits and the other authorizations granted by the competent authorities for those buildings, it is an aspect of mere legality that must be discussed in the corresponding ordinary jurisdiction and not before the Constitutional Chamber, given the summary nature of the amparo. However, he points out that the Municipal Council, aware that the preservation of natural resources and, specifically, water resources is a situation that must be addressed urgently and with absolute responsibility by local governments, in extraordinary session number one hundred-two thousand seven of May 31, 2007, agreed not to grant permits for any type of development within the territorial jurisdiction of the central canton of Heredia that falls within the area covered by Decree Law number LXV of July 30, 1888. Likewise, to request the Procuraduría General de la República to issue a ruling regarding the recovery of those areas mentioned in the indicated Decree that are currently registered under private names. It was also agreed to request the Instituto Geográfico Nacional to carry out a survey of the area covered by Decree number LXV of July 30, 1888, and determine the area of Cerro Dantas. Additionally, the municipalities of Barva, San Rafael de Heredia, Santa Bárbara, San Isidro, Santo Domingo, Moravia, Alajuela, Sarapiquí, Guácimo, Poás, and Puntarenas were requested to join the efforts being undertaken by that local government with the aim of recovering the areas covered by the Decree Law in question. It was also agreed to send a copy of the agreement to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, MINAE, SETENA, the Defensoría de los Habitantes, Provirena (the appellant), and the deputies of the Province. The Agreement was ordered to be published. Therefore, he requests that the appeal be dismissed.

            7.- Eladio Prado Castro reports under oath, in his capacity as Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (folio 291), that neither the Centro para la Conciencia de la Tierra (Refugio Jaguarundí) nor the Proyecto Amigos de los Animales were processed before its offices, so there is no record of background or documentation in its files and records as projects that have been approved by the entity he represents, and that, in any case, they do not correspond to housing projects, urbanizations, or subdivisions (fraccionamientos) for urban development purposes, which are matters requiring approval by INVU. He adds that as indicated, by legal provision contained in article 10, subsection 2) of the Urban Planning Law, the Directorate of Urbanism is responsible for approving, from an urban planning perspective, urbanization, subdivision, and condominium projects, which is carried out by the specialized unit once the project has the approval of the Ministry of Health and AyA, MINAE, agencies that analyze and approve the aspects within their competence. In its case, he says, projects are approved once it is verified that each of the required urban planning requirements has been met and that what is proposed complies with urban planning regulations. In general terms, he alleges, the appellant refers to the contamination of groundwater, an aspect that falls outside its competence, as the entity responsible for its protection is AyA. On the other hand, he says, this Institution does not have information on aquifers and springs (nacientes) in that area, and therefore does not issue a technical opinion in that regard. Likewise, he argues, environmental impact studies are not within the purview of INVU; rather, it is MINAE, through SETENA, that is the competent body in that field. Furthermore, he maintains that it is not its responsibility and competence to oversee health aspects related to permits for operating that type of activity (animal refuges) in that area, as that competence falls to the Ministry of Health. Regarding construction permits and buildings for mountain hotels, chalets, or rest cabins built under the guise of urban development projects, he states for the record that the appellant does not specify which urban development projects are at issue and which, in violation of urban planning regulations, were approved by the Directorate of Urbanism of the entity he represents, which prevents him from analyzing its actions and referring to the specific projects. Finally, he recalls that it is the responsibility of the municipalities to grant construction permits, as well as to exercise control and oversight of compliance with what has been authorized, both by the Local Government and by each of the entities and bodies participating in the process. He believes that as the entity that plans its territory, it is directly responsible for oversight and control in compliance with standards, seeking the greatest well-being and safety of all inhabitants, a control that has its legal basis in article 87 of the Construction Law. In the present case, he says, it is its responsibility to demand compliance with all the legal requirements established for granting permits and authorizations, based on the compatibility of the activity to be developed with the land use, according to the zoning of the place, and, prior to granting the permit, to have the authorizations from the other competent entities, according to the activity intended to be developed. Regarding the granting of municipal permits without a regulatory plan, he notes that in the cases of Vázquez de Coronado, Moravia, and San Isidro de Heredia, they have a Regulatory Plan and have the duty to abide by the regulations it contains. In the cases of the municipalities of Santo Domingo de Heredia, San Pablo de Heredia, San Rafael de Heredia, Barva de Heredia, Santa Bárbara de Heredia, and central Heredia, they currently do not have a Regulatory Plan, and therefore are obliged to apply the standards contained in Decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE (GAM), standards that must be complied with to grant land uses, as well as construction authorizations in each of their jurisdictions. In the case of urban development projects, they must have the approval of INVU, the Ministry of Health, AyA, and MINAE, prior to the local government authorizing their development. In conclusion, the respondent authority informs that INVU has not issued any administrative act approving either of the two projects cited by the appellant, and, therefore, has also not endangered the environment, natural resources, and especially the issue of water. He indicates that by legal mandate, the Directorate of Urbanism is only competent to authorize urbanization, condominium, and subdivision projects for urban development purposes as matters within its purview, once the legal requirements and demands for such purpose have been met, but it is not its competence to determine the existence or not of possible contamination of aquifers or the alteration and contamination of the environment. Thus, he reiterates, it was not the responsibility of the entity he represents to authorize projects aimed at protecting animals such as those indicated by the appellant, as that is rather the exclusive purview of the municipalities, whether providing land use, construction permits, and respective licenses, and they are responsible for the oversight of works developed in their jurisdictions. On the other hand, he argues that the appellant does not specify which urban development projects (chalets, mountain hotels, and rest cabins) were approved by INVU in contravention of the standards in force, making it impossible to analyze and rule on the actions taken by that entity regarding the approval of plans for urban development projects within its competence. He requests that the appeal be dismissed with respect to the actions of INVU, exonerating it from all liability and from the payment of damages arising from this action.

            8.- Edgar Allan Benavides Vílchez responds to the hearing granted, in his capacity as Manager with powers of general attorney-in-fact of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (folio 298), stating that he must refer to the so-called "Cerro Chompipe"—what does that hill encompass? In this regard, he says that Manrique Valerio, from the Strategic Business Unit for Electrical Energy of the Company he represents, drew up a plan indicating the affected areas as protection areas and the Refugios de Vida Silvestre Jaguarandi and Cerro Dantas, to which he will refer in this appeal. Likewise, he says, it delimits the area referred to as Cerro Chompipe (exhibit number 1). He adds that the report of the Procuraduría General de la República OJ-118-2004 (exhibit number 2), also submitted by the appellant as evidence, mentions the recharge zones in the northern part of Heredia, the importance that these water sources represent, and the validity of Law LXV of July 30, 1888. Cerro Chompipe is located in this area, hence the importance of the indicated Decree. He states that regarding the appellant's allegation concerning the installation of electrical networks for the private construction of chalets, cabins, and mountain hotels in the recharge zones and underground water reservoirs, mainly in the so-called protection zones, he says that all the areas known as the southern foothills of the Cordillera Volcánica Central (north of the city of Heredia) are considered aquifer recharge zones because the most important aquifers that supply drinking water to a large part of the Central Valley are found there. Precisely because of that, he says, is the visionary idea of Decree Law LXV of July 30, 1888. Since this law has not been enforced to this day, he affirms, and is still in force according to OJ-118-2004 of the Procuraduría General de la República, the area over the years developed infrastructure and livestock in plain sight and with the patience of the authorities responsible for enforcing it (among them the municipalities, at least regarding the authorization of constructions). He considers it important to remember that it is the municipalities that are responsible for granting permits for the construction of chalets, cabins, and mountain hotels in the recharge zones and underground water reservoirs. He affirms that these private initiatives have generally occurred in areas where private constructions (homes, hotels, and others) have existed for many years, as well as extensive areas dedicated to dairy farming. Consequently, he says, the ESPH is not responsible for granting construction permits and, rather, a cross-check control has currently been successfully implemented with the municipalities with the objective of verifying the availability of services (water and electricity) before issuing construction permits. He alleges that the Company is surprised, however, at how on occasion the municipalities have not used their constitutional local government power and have accepted that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) grant environmental feasibility (without a prior field study) to constructions that will undoubtedly affect the aquifers or surface waters (an example of the above are the constructions of Mr. Bejarano on the slopes of Cerro Chompipe), within the jurisdiction of the Municipality of the Central Canton of Heredia. He continues reporting that the Centro para la Conciencia de la Tierra, better known as Refugio Jaguarundí, was created by Decreto Ejecutivo N° 27212-MINAE of June 18, 1998, on lands belonging to the Sociedad Humana de los Estados Unidos de América Sociedad Anónima and the Sociedad Treinta y ocho-Sesis Sociedad Anónima (exhibit 1, exp. Jaguarundí). In this regard, he considers it pertinent to mention that by official letter SRC-392 of August 22, 2005, engineer Luis Guillermo Jiménez, head of the Central Subregion of MINAE, requested Mrs. Karin Anne Hoad, Executive Director of Refugio Jaguarundí, to present the construction permits granted by the Municipality prior to the declaration of the Refuge, as well as the permits for the new constructions; likewise, he requested a copy of the design of the septic tanks for the treatment of blackwater (exhibit 2, exp. Jaguarundí). He maintains that the ESPH does not know if those requests from the MINAE official were fulfilled, but—apparently—the Municipality did not grant the construction permits. He adds that on November 14, 2005, Mr. Jorge Valerio Lobo, municipal councilor and coordinator of the Environment Commission of the Municipality of San Rafael, filed a formal complaint before the Agrarian Environmental Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of San José, handled at the time by Lic. Luis Diego Hernández Araya, arguing that "the site is an animal clinic that is discharging dirty water and animal remains into the rivers that pass through the property" and "requests that the veracity of this information be investigated" (exhibit 3, exp. Jaguarundí). The complaint originates from official letter GA-462-2005 of November 10, 2005, addressed to Mr. Valerio by Ing. Vivian Solano of the Environmental Management Unit of the ESPH, due to complaints filed by Fernando Picado of the Health Committee Group of Los Ángeles de San Rafael (exhibit 4, exp. Jaguarundí). He points out that as can be seen, the ESPH has instead been concerned about what is happening in that refuge, which, it seems, today engages in other activities such as a dog shelter. Additionally, on November 30, 2005, Dr. Marco Tulio Zumbado, Regional Director of the Ministry of Health, expressed his concern to Lic. Luis Diego Hernández, as part of the complaint filed by councilor Jorge Valerio, and in point 1, he indicated that "the municipality of San Rafael de Heredia denied the land use because it is located in a protected zone or forest reserve with limitation of land use as stipulated by the Wildlife Conservation Law (No. 7317)." Therefore, since the Municipality denied the land use, no other institution can continue with the authorizations or permits, because that would violate the Urban Planning Law (No. 4240), specifically articles 15-16, 17, 57, and 58 (exhibit 5, exp. Jaguarundí). Moreover, he says that on July 20, 2005, via official letter N°2800-2005-DIM-SRH, José María Ulate Garro, Head of the Engineering Department of the Municipality of San Rafael, sent a note to Mrs. Karin Anne Hoad indicating that "your construction and operation of a dog shelter is being carried out without the respective permits and, as far as this department is concerned, completely outside the law" (exhibit 6, exp. Jaguarundí). Similarly, on August 1, 2005, in official letter CM-307-05, the Municipal Council informed the Environmental Commission of the note received from the Engineering Department (part of exhibit 6, exp. Jaguarundí). He mentions that Mrs. Karin Anne Hoad was notified of the constructions without a permit on June 20, 2005 (part of exhibit 6). On December 9, 2005, Lic. Luis Diego Hernández, accompanied by several people from the Ministry of Health and the Municipal Mayor, carried out an on-site inspection, finding various anomalies as noted in the witness interview (exhibit 7, exp. Jagurundi). Finally, he says that on June 12, 2006, Lic. Luis Diego Hernández requested the dismissal of the complaint filed by Mr. Valerio, because despite corroborating several non-compliances, "notification No. 1095 communicating the closure order was not addressed personally to Mrs. Hoad, nor was it even served on her, but rather on a construction worker named Martin Montero..." (he refers to page 6 of exhibit 8, exp. Jaguarundí). He argues that it is clear that the ESPH has not been responsible for the constructions carried out within the Refuge, much less for an eventual contamination of the Monge stream (tributary of the Segundo river). He states that the ESPH learned of the complaints made by the Environmental Commission and the Engineering Department about the constructions carried out without prior permission from the Municipality of San Rafael in the Refugio Jaguarundí (Conciencia de la Tierra), given the relationship between the ESPH's Environmental Management Unit and Mr. Jorge Valerio, president of the Municipality's Environmental Commission; however, it is not the Company's competence to evaluate, on a private property with restricted access, the existence or not of such illegal constructions. The respondent authority believes that the Municipality acted very leniently towards that Refuge and its responsibility for invasion of protected zones. He argues that the appellant does not specify which "Protection Zones" he is referring to, since prior to the construction of Refugio Jaguarundí, there was no declaration of a protection zone in the area where that Refuge is located. Regarding the appellant's petition to the ESPH to "elaborate and promulgate... regulations on the inventory, management, and categorization of aquifers...", he notes that they have already been delimited by studies carried out by the Environmental Hydrology Laboratory of the Universidad Nacional and Dr. Jenny Reynolds. He goes on to state that all nine urban cantons of the Heredia area are settled on the Barva aquifer, which is the most superficial, beneath which the Upper Colima and Lower Colima are located. Unfortunately, he says, those aquifers are suffering from a decrease in flow due to global warming on a planetary level, as well as from the proliferation of legal and illegal wells, as SENARA can attest in the official letter provided as evidence to this Court. Furthermore, these aquifers are becoming contaminated due to nitrates from agrochemicals used in agriculture, livestock farming, and the number of septic tanks for managing blackwater. Thus, he affirms, in 2002, the ESPH financed a study by the consulting firm Tecnoambiente S.A. to delineate the absolute protection zones and capture zones for sixteen water sources, using the analytical method of Protection Perimeters and the standards for calculating transit times between septic tank drainage and groundwater sources (refers to map 1 with information on the Protection Areas delineated by Tecnoambiente, and a map of Protected Wild Areas and the Protection Areas defined in the Tecnoambiente study and the land tenure study. Exp. Jaguarundí). That is, he says, the ESPH has not only invested in studies to define priorities in the protection areas of the springs it uses to bring water to the communities, but furthermore, the only way to limit land use in these areas is through the declaration of aquifer recharge areas, according to article 94 of the Regulation to the Ley Forestal N°7575 of January 23, 1997, whose procedure indicates that the declaration of an aquifer recharge area must be determined on a case-by-case basis and for each particular area, based on technical studies that determine the direction of underground flows and the importance of the aquifer for human consumption. Once this study is carried out, the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado, AFE) will prepare a survey of the area in question and a study on land tenure, and then proceed to carry out the respective appraisals and, by an administrative procedure, notify each owner or possessor so that they decide whether to voluntarily submit to the Forest Regime or accept payment by the AFE to formalize the direct purchase. Otherwise, the administrative procedure for notification will be terminated, and expropriation proceedings will be initiated.

Only when the voluntary submission of the property or the direct purchase has been accepted will a resolution be issued delimiting said aquifer; otherwise, it will be necessary to wait for the competent judge to place the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado, AFE) in possession of the corresponding property. To date, it indicates, the ESPH has met the first two requirements for declaring aquifer recharge areas. 1) Technical study determining the direction of subterranean flow (Tecnoambiente Study). It refers to map 1 expd. Jaguarundí); 2) Land tenure study in those areas, which was contracted during 2006 (refers to map 2 exped. Jaguarundí). Therefore, it affirms, the next step to follow is to request the AFE for the possibility of making the declarations of aquifer recharge areas to restrict land use in those zones. It deems it important to mention in this regard that this is a difficult task, because although a land tenure study is available, it is necessary to make the declaration of the zones, and it is very probable that in many of those areas the forest has already disappeared and there is infrastructure built years ago, such as the hotels in the zone. It reports that a recent technical report prepared by SENARA (2007), titled "Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifers, Central Valley of Costa Rica on the potential recharge of the Colima and Barva aquifers" ("Recarga potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central de Costa Rica sobre la recarga potencial der los acuíferos Colima y Barva"), indicates that water extraction exceeds its natural recharge capacity, aggravated by the existence of 5198 wells, whereby the risks of overexploitation of the water resource add to the threat of contamination and impermeabilization of recharge areas. It says that the report was provided as evidence to the case file. It states that this worries the ESPH as a provider of drinking water services for many communities and obliges it, rather, to be vigilant of the environmental deterioration of the zone and of constructions that place the water supply at greater risk. It informs that the ESPH is the only water user in that area that has a special tariff called the Water Tariff (Tarifa Hídrica), approved by ARESEP and paid by more than fifty-two thousand users from three cantons of Heredia, with the objective of paying for payment for environmental services (pago de servicios ambientales, PSA) for the protection of eight hundred sixty hectares of forest and for reforestation. It refers to map 3 exped. Jaguarundí which presents the properties submitted to the PSA. Regarding the Jaguarundí Refuge (Refugio Jaguarundí), as a Private Wildlife Refuge, it says that it is subject to compliance with a series of obligations and requirements before the Ministry of Environment and Energy. It points out that the forests of the Refuge are under the Forest Protection Certificates Regime, which also means that it is necessary to submit to a series of rules, requirements, and commitments before MINAE. The Center for Earth Consciousness (Centro para la Conciencia de la Tierra), as this Refuge is also known, is an institution, supposedly non-profit, that presumably works for the protection and conservation of the environment, which is why—apparently—it was declared a Public Utility Institution in 1999. Within the Refuge, there is an Environmental Education Center and a School dedicated to the environmental education of school-age children operates there. It affirms that they have no record of the granting of electrical power services to the Refuge, so they assume that they were granted so that the refuge could fulfill its objectives requiring electrical power; furthermore, as a general rule, all protected wild areas of the country have basic services, so the fact that there is an electrical line in the zone is not for the purpose of opening the granting of permits indiscriminately to favor activities that are not environmental conservation. This being the case, it says that it considers that the "Humane Society of the United States of America" ("Sociedad Humana de los Estados Unidos de América") and "Treinta y Ocho Seis S.A.", represented by Mrs. Karin Anne Hoad and representative of the Jaguarundí Wildlife Refuge (Refugio de vida Silvestre Jaguarundí), is the one who must answer for the irregular acts denounced in this amparo and that threaten the natural resources of the area in question. Regarding the request for electrical services for two cabins (hereinafter the Alfonso Bejarano case), on the slopes of the mentioned Hill, which has sparked a dispute at the level of the entire Heredia region, ESPH S.A. resolved to deny the request "(...) for two main reasons: firstly, the protectionist criterion of the zone must prevail and the refusal to grant the requested electricity permit must be maintained according to everything stated in that resolution; and secondly, the request must be rejected because it refers to an already denied and final request. The Environmental Management Unit is commissioned to coordinate the necessary procedures to obtain a possible revocation of the respective construction permit number 10596 granted by the Municipality of Heredia to Mr. Bejarano Arguedas, likewise to proceed with the formal opposition using the corresponding legal remedies for the annulment and/or revocation of Resolution Number 1169-2004 SETENA administrative file number 403-2004 SETENA." It reports that for all purposes, it validates the technical arguments put forth so that they are taken into consideration in this Appeal (Recurso), in the response to the Bejarano siblings. It believes it can be observed that the Public Services Company of Heredia (Empresa de Servicios Públicos de Heredia) has not lent itself to the construction of chalets, cabins, and mountain hotels in the recharge zones; quite the contrary, it is preventing them. It indicates that at the extraordinary meeting of the Urbanizations Commission of its principal (session number 08-2007), it was agreed that a report be prepared by the Office of Environment, Electrical Energy, and Aqueducts and Sewers, on the areas where vegetative services will be provided, areas where no more services will be granted, and areas where service requests will be studied, given that although they are in protected zones, the constructive damage is done and it is not possible to stop growth. It affirms that said report will be made known to the Commission and will be sent to the Board of Directors, so that an agreement in that regard may be issued (refers to the respective minutes, exhibit number four). This aspect, it says, is consistent with the petition made by the appellant to the Public Services Company of Heredia in their claims. It requests that this appeal be declared without merit as far as its principal is concerned, since it has been a responsible institution, to the point of having created the "water tariff" ("tarifa hídrica") with the consent of ARESEP, with the sole purpose of preserving the forests and aquifer layers. Likewise, it requests that notice be given to the representatives of the Jaguarundí Wildlife Refuge so that they may address the non-compliances referred to by the appellant, which do not correspond to actions of its represented entity.

9.- Carlos Ortíz Cárdenas reports under oath, in his capacity as General Judicial Attorney-in-Fact of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) (page 402), that this entity has not processed any file responding to the name of any project called "Jaguarundí Refuge in Heredia" ("Refugio Jaguarundí en Heredia"), "Humane Society" ("Sociedad Humana"), "Friends of Animals Project" ("Proyecto Amigos de los Animales"), nor "Center for Earth Consciousness" ("Centro para la Conciencia de la Tierra"). Regarding the problem raised by the appellant, it affirms that this Institute has had no participation because the facts subject to this amparo are limited to the supposed execution of activities by a company that, to date, has not carried out any procedure before AyA aimed at construction or development of works; therefore, evidently, it has no knowledge of the activities of said company in the zone. It argues that integrated water resource management clearly results, to a large extent, from inter-institutional coordination jointly with the different actors in the basin, and the vulnerability of the resource, both surface and subterranean, is evident due to human activities that are sometimes carried out without planning and in many cases outside the law. However, it says, AyA has not been consulted regarding this specific case, so the aforementioned aspects would be taken into account at the moment of granting or denying permits for the development of activities such as those that support this appeal. It requests that this appeal be declared without merit with respect to that entity.

10.- Tatiana Cruz Ramírez reports under oath, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) (page 416), that this Secretariat is not granting authorizations for projects under conditions that harm recharge areas and subterranean water reserves in the places indicated by the appellant. She indicates that upon reviewing the database held by this body, no project was found under the name of "Humane Society" ("Sociedad Humana") nor any activity called "Center for Earth Consciousness" ("Centro para la Conciencia de la Tierra"), "Jaguarundí Refuge" ("Refugio Jaguarundí"), or "Friends of Animals Project" ("Proyecto Amigo de los Animales"). She alleges that it is not for this Secretariat to rule on the relations between Decree-Law number LXV of July 28, 1888, and Executive Decree number 27212 of June 18, 1998, nor on the constitutionality of the mentioned Decree-Law. She argues that it must be taken into account that the very legal opinion of the Office of the Attorney General of the Republic cited by the appellant (OJ-118-2004 of September 27, 2004), also declares that they do not represent a binding opinion nor constitute a certification of the validity of the norm. She requests that the appeal be declared without merit as far as that Secretariat is concerned.

11.- Bernal Soto Zúñiga reports under oath, in his capacity as General Manager with powers of Generalissimo Attorney-in-Fact without limit of sum for the National Service of Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) (page 418), that this institution has not issued, for not having been consulted, any criterion or opinion in relation to the construction projects mentioned by the appellant; however, in relation to the issue of the construction and operation of a dog shelter within the buildings that have been called the Center for Earth Consciousness (Centro para la Conciencia de la Tierra), this Institution has issued a pronouncement by means of note ASUB 228-2006 in which it is indicated that the property is located in a zone of "aquifer recharge and of medium to high vulnerability, within this aquifer recharge area, more specific zonifications (immediate zones) may exist, divided into an absolute protection zone, where no human activity should be developed, at most, the development of reforestation for protection purposes is permitted; the intermediate zone has population density regulations, such as not locating human activities that endanger the quality of the waters"... (The bold highlighting is from the original). Regarding the petition referring to SENARA, it indicates that this entity prepared the hydrogeological and vulnerability maps of practically the entirety of the Greater Metropolitan Area (GAM) Area. The vulnerability maps and hydrogeological maps were produced in both digital and paper format, which were published with the support of several institutions and especially PRUGAM. These maps were delivered to all the municipalities of the GAM, through the mayors or the environmental offices of these, and many ASADAS, in several workshops that PRUGAM held during 2005 and 2006. This information is available to all organizations, municipalities, and institutions that require it. The Board of Directors of SENARA approved in 2006 the Vulnerability Map of the canton of Poás, according to agreement 3122, and the Matrix of Land Use Criteria According to the Vulnerability to Aquifer Contamination for the Protection of Water Resources, according to agreement 3303, in response to vote 1923-04 of February 25, 2004, issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). SENARA has communicated to the municipalities of the GAM and others located in zones where studies are being carried out, that the Matrix of Land Use Criteria According to the Vulnerability to Aquifer Contamination for the Protection of Water Resources is applicable in all cantons or zones where vulnerability maps approved or prepared by SENARA are available. It refers in this regard to Agreement No. 333 of the Board of Directors of SENARA. It indicates that the Board of Directors of SENARA adopted agreement 3416 with the purpose of communicating to all corresponding State entities the technical study prepared by SENARA, called "Potential Recharge of the Colima and Barba Aquifer" (sic), Central Valley, Costa Rica", for the decision-making that corresponds to each. With the purpose of demonstrating to the Constitutional Chamber the actions taken by this institution in the exercise of its powers and in faithful compliance with the powers conferred by Law number 6877, the following technical recommendation was adopted through the referred agreement: "THEREFORE: The Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE), as the governing body in water matters, is hereby made aware, as well as the institutions competent in water resource management (Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Health, municipalities of the Study's Area of Influence, National Institute of Housing and Urbanism, Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, National Environmental Technical Secretariat, and Public Services Company of Heredia), of the technical study prepared by SENARA, called "Potential Recharge of the Colima and Barba Aquifer (sic), Central Valley, Costa Rica", for the decision-making that corresponds to each, and in this regard it is recommended: "1) ZONIFICATION PROPOSAL a) It is recommended that the following Municipalities, located in the study's area of influence, which are the Municipalities of Santa Bárbara, San Rafael, Barva, the central canton of Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, Belén, San Pablo, Alajuela, the central canton of San José, Goicoechea, Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Montes de Oca, and Santa Ana, include, in what corresponds to the matter of planning, development, and urban growth, and in urban regulatory plans, the appropriate zonification and policies for land use (uso del suelo), consistent with the protection of water resources, considering the criteria of vulnerability to aquifer contamination. b) It is likewise recommended that the INVU, SETENA, and other entities that must evaluate or approve the construction of projects in the aquifer system zones, apply policies on land use that are consistent with the protection of water resources and vulnerability criteria. c) It is recommended that the Municipalities located in the Study's Area of Influence proceed with the preparation of hydrogeological vulnerability-to-aquifer-contamination maps, allowing for urban planning that considers the protection of water resources. d) For the above purposes, SENARA sends them the attached matrix, which forms an integral part of this agreement and contains the criteria of vulnerability to aquifer contamination, in order to serve as a guide and technical orientation for the preparation of land use policies. 2) PROPOSAL FOR THE EXPLOITATION OF WATER RESOURCES a) It is recommended that MINAE, as the governing body of the water sector, determine if the Lower Colima Aquifer, due to its strategic importance for the country, should be considered a water reserve for exclusive use in public drinking water supply. b) It is recommended that MINAE, as the entity granting water concessions, in view of the water balance situation presented in the technical report that SENARA is providing, determine an exploitation policy and criteria for granting concessions (including the maximum concessionable quantity, use priorities, under what conditions exploitation may be authorized, among others), allowing administrators to ensure the recovery of an adequate water balance for the Colima and Barva aquifers. c) It is recommended that MINAE, as the governing body of the water sector, analyze the possibility of adopting a policy of not allowing supply for activities through wells, in those cases where needs can be supplied by available public water services. d) It is recommended that MINAE, as the entity granting water concessions, review and, if necessary, redefine the criteria for granting concessions (allocations in liters per second, exploitation times, number of extractable cubic meters, etc.), in the interest of more precise monitoring and control of extracted quantities, allowing for the refinement of data serving as the basis for estimating the water balance. 3) PROPOSAL FOR THE CONTROL OF THE USE OF WATER RESOURCES a) It is recommended that MINAE, as the entity granting water concessions, establish a strategy and execute action plans to identify and close down all illegal water exploitations (Wells without a concession) existing in the study's area of influence, which are a fundamental cause in the disruption of the water balance presented in the study prepared by SENARA. b) It is recommended that the entity granting water concessions establish policies and a legal strategy to establish the mandatory requirement for all subterranean water concessionaires to have flow meters, so as to ensure that the flow actually extracted from the subsoil is not greater than the conceded quantity, which has also been considered a fundamental cause in the disruption of the water balance presented in the study prepared by SENARA. c) It is recommended that the governing authority in water matters, as well as the different entities competent in water resource management matters, carry out integrated water resource management allowing for the establishment of a permanent monitoring process on the variables of precipitation, land-use changes (cambios en el uso del suelo), climatic changes, growth of impermeabilization zones in aquifer recharge areas, factors of subterranean water contamination, phreatic levels, among other aspects, allowing for adequate control of the water balance of the Barva and Upper and Lower Colima aquifers. Notify this agreement to the Ministry of Environment and Energy, Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Health, National Institute of Housing and Urbanism, Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, National Environmental Technical Secretariat, Public Services Company of Heredia, as well as the following municipalities located in the study's area of influence: Santa Bárbara, San Rafael, Barva, the central canton of Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, Belén, San Pablo, Alajuela, the central canton of San José, Goicoechea, Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Montes de Oca, and Santa Ana…". The respondent authority continues stating that the study called Potential Recharge of the Colima and "Barba" Aquifer (sic), Central Valley, incorporates the zone indicated by Decree LXIV. It states that since it is the criterion of the Office of the Attorney General of the Republic that this zone is inalienable, it is not necessary to proceed to delimit the protection zones of the aquifers, since no type of activity should be permitted in this zone, except for that which ensures the protection of natural resources and especially water, this zone being classified as High Recharge and, therefore, requiring restrictions on activities that may cause some type of contamination. As substantive considerations, the respondent authority indicates that the responsible action, adhering to the legal mandates of this Institution conferred by its Creation Law No. 6877, has been demonstrated. It insists that this Institution has made a significant effort in the interest of coordinating inter-institutional efforts aimed at promoting efficient and sustainable use of water resources, proof of which is the completion of the water balance in the referred zone as well as the vulnerability matrix, which allows institutions, as a guide and technical orientation, to inform themselves for the issuance of land use permits, authorizations for construction projects within the concept of sustainable development, as well as the use of recommendations given on aquifer contamination vulnerability criteria, for the purpose of being included in urban planning projects and the preparation of land use policies. Likewise, it says, these studies serve as a basis to recommend to MINAE, the governing body of the water sector, to determine an exploitation policy and criteria for granting concessions, or to redefine the criteria for their granting, in the interest of precise monitoring and control of extracted quantities, allowing for the refinement of the data serving as the basis for estimating the water balance, all recommendations referred to in the transcript of agreement 3416, which are nothing more than measures aimed at establishing inter-institutional coordination aimed at overseeing and protecting the public domain asset. It indicates that it corresponds to the entities of the Public Administration that approve land uses for urban and tourism projects, those that authorize water concessions for domestic and agricultural use, tourism development; those that prepare land use plans, etc., to implement the recommendations that SENARA provides, prior to authorizing uses of the public domain asset in their different applications. It requests that this appeal be declared without merit against its represented entity.

12.- Rolando Hidalgo Villegas and Marta Lidia Segura Miranda report under oath, in their capacities as Municipal Mayor—the first—and incumbent councilmember for the 2006-2008 period—the latter—, both of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia (page 445), that regarding the notification to the Municipal Council, Mrs. Segura Miranda raises the exception of lack of standing because she does not exercise the legal or extrajudicial representation of this municipal entity, which rests solely with the Mayor. They indicate that the local government's competence to plan and control urban development is recognized by article 169 of the Political Constitution and numeral 15 and following of the Urban Planning Law number 4240 of November 15, 1968, while the instrument for executing it is the zoning regulation. By that means, the Municipality divides the urban area into various use zones (agricultural, industrial, commercial, residential, public, etc.), without the imposed restrictions being illegitimate; on the contrary, they are supported by reasons of social coexistence and satisfaction of the public interest. They indicate that to date this municipal entity does not have a Local Regulatory Plan and that despite the great efforts made by PRUGAM, the Tender for Advisory Services for the drafting of that Plan was published, which to date has been awarded to a Spanish company called IDOM, and from the beginning of the month, June 7, 2007, it began working on its preparation. Regarding the Zoning Regulation, they indicate that the Municipality of Santa Bárbara has made many efforts to achieve its publication; however, the lack of financial content has prevented it. They cite agreement 582.06, adopted by the Municipal Council of that canton in Ordinary Session No. 21, held on December 9, 2005, in which the Municipal Council agreed to approve the Study that the Interinstitutional Commission of Micro-Watersheds of Heredia presented to them, which concerns the Delimitation of Aquifer Protection Zones in the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, and Pará rivers, Heredia, Costa Rica. The transcribed text indicates that the study and agreement are about the coordinates of the Canton of Santa Bárbara, area of the Micro-Watersheds of the Segundo, Bermúdez, and Tibás rivers, requesting that the recommendations and conclusions made by the external legal advisor and the recommendations of the Environmental Commission be taken into account. According to the indicated transcript, the respondent Municipal Council established the following: 1) It declared the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, and Pará rivers as aquifer protection zones, with the objective of protecting and conserving the surface and subterranean water resources located in the canton's territory. That zone was subdivided into Zone 1 and Zone 2, whose geographic delimitation was described subsequently.

. 13.- Mercedes Hernández Méndez reports under oath, in her capacity as Mayor of the Municipality of Barva (page 629), that this municipality has not granted permits beyond what is permitted in the zones adjacent to the Braulio Carrillo National Park and the part corresponding to them of the Forest Protection Area of the Central Volcanic Mountain Range (Área de Protección Forestal de la Cordillera Volcánica Central). She affirms that the Wildlife Refuge referred to by the appellant is outside the jurisdiction of the canton of Barva, so she does not rule on that point. She denies that this Municipality has granted or is granting construction permits indiscriminately, with a purely mercantilist interest, far from it, but rather that in the little that has been built there, the criteria that exist in this regard in the Metropolitan Regional Plan (popularly called the GAM Plan), of 1982 and its reforms of 1997 and 2000, have been respected, while its Regulatory Plan is approved, which will soon be submitted to public hearing, but which, unfortunately, is still not approved and, therefore, is not in effect. However, she assures that while there is no Regulatory Plan in that canton, it is not a "free-for-all," but rather that this Municipality has been vigilant in complying with existing regulations and with the effective application of the GAM Plan. Based on the foregoing, they consider that what the appellant affirms, in the sense that in Barva—among others—construction permits are being approved indiscriminately, is not true. She maintains that there are no residential projects being approved in the aquifer recharge area, and even, in recent years, they have been reluctant to approve urban projects even in the canton's zones declared urban, that is, where these types of urban developments are permitted. Regarding the Decree alluded to by the appellant, she states that it raises many doubts about its current application, unless its scope can be detailed, since if one examines its content, in its first article it should be specified, among other things, what is understood by "...width, on one and the other side of the summit of the mountain known by the name of Mountain of the Barba Volcano..." ("...ancho, á uno y otros lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba..."), as it is unknown what the Decree refers to by "width" nor which is the referred summit. She considers this an excellent opportunity for the institution responsible for this type of delimitation to officially define the scope of that Decree in terms of boundaries, that is, the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), as she also believes an interpretation should be made of the rest of what the Decree indicates, for example, when it establishes "...from the hill called Zurquí to the one known by the name of Concordia..." ("...desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia..."), given that—she affirms—on the cartographic sheets the Zurquí hill can indeed be located, but not the one called Concordia. The Decree also refers to "...whether said zone is of national or municipal property..." ("...ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal..."), which, in the judgment of the respondent, raises the doubt of whether it only applies to lands that at that time were municipal or national, but she asks what happens with the eventual private lands existing at this moment. She requests that this appeal be declared without merit as far as that Municipality is concerned.

14.- Aracelly Salas Eduarte reports under oath, in her capacity as Mayor of the Municipality of San Pablo de Heredia (page 636), that several years ago this entity began the process of creating the Urban Development Plan for this canton, for which significant cadastral configuration work has been carried out to identify the different zones that can be located in this small canton, according to their land use. She affirms that this Municipality has always tried to exercise strict control over residential projects that could generate a problem of environmental contamination, managing to maintain low levels of contamination. She adds that due to the geographical situation of the canton, the construction of mountain hotels or chalets does not occur; however, urban growth is significant, so rigorous controls are maintained regarding mandatory compliance requirements, such as for example environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental), hydrological studies, on soil capacity, water drainage permits, compaction studies, and others. She maintains that the Municipality has also exercised control over the protection zone for springs (nacientes) and recharge zones, which are actually few in that canton. She finally expresses her willingness to implement a comprehensive joint regulatory framework for sustained, efficient, and effective environmental management.

15.- Marvin Chaves Villalobos and Elvia Dicciana Villalobos Argüello, in their capacities as President of the Municipal Council and Mayor, respectively, both of the Municipality of San Isidro de Heredia, report under oath (folio 641) that this appeal has “evidently” been filed without a minimum information-verification process, and it is lamentable—they say—that such a laudable effort as the appellant’s has not been complemented with at least basic research that would have allowed him to verify that this municipal entity has already fulfilled, without the need for a judicial body to require it, the obligation to enact a Regulatory Plan (Plan Regulador). They state that this is so because, aware of the area where that canton is located, in pursuit of guaranteeing a healthy and ecologically balanced environment, the Municipality has proceeded, gradually, to implement through the Regulatory Plan and its Regulations, published in La Gaceta issue 242 of December 15, 2005, the necessary measures to safeguard and guarantee a healthy and ecologically balanced environment and, above all, to protect the most important heritage of its canton, namely its natural resources. They affirm that said Regulatory Plan and its regulations allow the regulation of land uses (usos del suelo) within the limits of the canton of San Isidro de Heredia, based on the analysis of information obtained from the diagnosis, which considers aspects of both a regional and local nature, the latter being the product of a good percentage of updated field information gathering—from the base plan to the variables of social, environmental, and infrastructure environment—as well as consultation with competent institutions in different areas and the exhaustive work carried out with the communities through the implementation of citizen participation workshops. They add that this local government also has the Geomorphological Maps prepared by SENARA, which were incorporated into the modifications to the Regulatory Plan, maps that verify that pollution in the canton of San Isidro is very low. Finally, they maintain that since the implementation of the Regulatory Plan, the Regulation, and the Zoning Map, commercial and construction licenses have been restricted, without the appellant demonstrating the violation of the legal system by this municipality. They request that this appeal be dismissed with respect to this municipal entity.

16.- Heibel Rodríguez Araya, in his capacity as Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath (folio 657) that the report required of that entity was rendered by Carlos Ortiz Cárdenas, general judicial representative, so he ratifies in all its extremes the response offered by that official. He requests that the requested report be deemed rendered and, at the same time, reiterates that the actions that entity has executed have been in fulfillment of its purposes, so he requests that the appeal be dismissed regarding the responsibility of AyA.

16.- Adrián Varela Montero, in his capacity as President of the Municipal Council of the Municipality of Barva, reports under oath (folio 659) that from reading this amparo appeal, several complaints and petitions arise, some of which are not within their competence, such as the one related to the operation of an animal refuge. Regarding the mentioned electrical networks, he affirms that specific cases are not specified, making it impossible to address that aspect; moreover, the complaint about those networks is directed at the Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Regarding the complaint of indiscriminate granting of construction permits in areas of high vulnerability for water resources (recurso hídrico), he reports that in the case of this municipal entity they are not true, as it has always acted in compliance with the rules governing the matter, meaning the Construction Law, environmental laws, etc. He assures that in this canton, no hotel project or development of developments (urbanizaciones) or large housing complexes has been approved in the northern zone in recent years; on the contrary, they have tried to prevent the construction of infrastructure that represents a danger to aquifers (mantos acuíferos). Similarly, a systematic program of control of agricultural industries (flowers, pig farms, and others) has been exercised, so that they comply with all the restrictions in terms of health and environmental protection provided by national law. Regarding the Regulator Plan, he says that this municipality, aware of the importance of regulating urban development and protecting water resources, began the process for the approval of the Regulator Plan more than three years ago, a task they are carrying out in constant cooperation with community forces and with the aim of ordering and planning the development of the canton, always in a line especially directed at environmental protection. He affirms that at present they have completed three fundamental phases: diagnosis and prognosis, on whose proposals the documents have already been submitted by the consulting firm and were shown to the community, which provided some observations and recommendations that are being incorporated into the final proposals. Regarding Decreto N° LXIV of July 28, 1888, he says that thanks to the appellant they learned about it, so from this moment they began procedures, not only to establish its validity but, once that is achieved, to begin the process of identifying the area covered by said Decree and the properties located there. The idea is to identify the properties (fincas) and their current owners or possessors and to carry out a registry-based water study in order to, once the picture is clarified, begin the procedures for the eventual recovery of said lands and determine which administrative body will be responsible for that task. He considers it evident that this is a complex issue and that it is necessary to request from the Municipal Administration a report on the construction permits granted in the vulnerability zones, which likewise requires some time for its preparation. Regarding the Municipal Council he represents, he says they have taken the necessary agreements to follow up on the matter of the 1888 Decree, they give continuity to the process of drafting the Regulatory Plan, and they have even joined efforts with the Fuprovierna foundation, represented by the appellant, for which that Council recently approved the donation of municipal land to build its headquarters and classrooms to serve to provide environmental education to the community. In summary, he maintains that there is no passivity on the part of this Municipality; on the contrary, they are complying with the drafting of the Regulator Plan and with the follow-up on Decree N° LXV of 1888. Thus, he affirms that this Municipal Council has appointed three very important commissions for the environmental issue: the Environment Commission itself, the Public Works Commission, which is responsible for approving urban projects and others that may affect the environment, and the Regulatory Plan Commission; all exercise thorough control over permits for developments, hotels, and projects that endanger aquifers. He requests that this appeal be dismissed with regard to what affects them.

17.- Alberto Vargas Esquivel, in his capacity as Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, and Yensi Alfaro Hernández, in her capacity as President of the Municipal Council of the same entity, report under oath (folio 727) that this Municipality has tried to shut down the Centro para la Conciencia de la Tierra because it lacks municipal permits, which has not been possible because, as recorded in the notifications they affirm they provide as evidence, the representatives of that place have never wanted to receive any type of notification nor have they been allowed access to the property. He affirms that for this reason, this municipal entity faces the problem of being prevented from entering for municipal inspectors to inspect works under construction on private property. He indicates that by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 27212-MINAE of June 18, 1988, the property belonging to the Sociedad Humana de los Estados Unidos, which is located within the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, was declared private property. He argues that the law does not obligate the owner to grant access to private property, so—in his opinion—there is no legal or constitutional basis authorizing the inspectors of the Engineering Department to enter said private property without the registered owner’s authorization, since, in accordance with what Article 45 of the Constitution establishes, it is inviolable. He adds that if the Municipality verifies that a construction has been carried out on private land in violation of the provisions of Articles 88 and 89 of the Construction Law and its concordant provisions, it must initiate the procedure established by said law in Articles 90 to 97. That procedure culminates with the demolition order, but he argues that the Municipality could not execute it if it does not have the owner’s permission to enter his private property; consequently, he affirms, the sanction cannot be executed. As an example, he mentions and says he provides proof of the complaint filed before the Fiscal Agrario of the Public Ministry, brought by Jorge Valerio Lobo, coordinator at that time of the Environmental Commission. The case is processed under case file number 05-009973-647-PE of the Criminal Court of Heredia, and in it, the Prosecutor requested the definitive dismissal because one of the employees of the Centro para la Cooperación de la Tierra was notified and not its representatives, so the proceeding was not addressed, even after hearing the testimony of the inspectors, who indicated the impossibility of entering the property. He adds that other institutions also having competence in these cases have appeared in the process and who, despite all the efforts, have not been able to close the place, and this municipal entity has been respectful of the competences of the other bodies. He notes that the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental itself, in the aforementioned request for dismissal that it submitted to the Judge of the Preparatory Stage, acknowledges the efforts carried out by the Municipality of San Rafael de Heredia by summarizing, in the fourth and fifth points, the actions of the municipal officials who conducted inspections. He denies what is asserted by the appellant to the effect that this municipal entity grants construction permits indiscriminately and without a Regulator Plan that protects natural resources for future generations. He argues that its Regulator Plan has advanced through all the procedural stages that the legislation indicates for it to enter into force, currently being in the last one before the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), an entity that must approve it for it to take effect in their community. In the meantime, he says, that Municipality applies Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of April 7, 1997, which modified the Regional Plan for the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana), Executive Decree No. 13583-VAH-OFIPLAN of May 3, 1982. He indicates that Decree 25902 is an administrative act of general scope, so its issuance, validity, and effectiveness are governed by the provisions of the General Public Administration Law, Articles 128 et seq. They continue reporting that said Decree establishes in its Articles 1, 2, 3, and 4, legal and technical measures that determine a special protection zone (with predominantly agricultural use), where restrictions on indiscriminate urban development are imposed and urban areas are restricted. In it, special areas that support some reservation regarding land use and development are classified, as would be the case for conservable natural resources and areas demarcated as floodable, dangerous, or necessary for the purpose of containing peripheral urban growth, in order to prohibit the use of land for any purpose that is incompatible with the implemented zoning (Urban Planning Law, Articles 25, 26, 27, and 28). He considers that the restrictions of the Decree are reasonable and necessary, by virtue of the possible negative repercussions on the environment as a consequence of urban projects, subdivisions (fraccionamientos), and constructions. Thus, the constitutional principle of preventive environmental protection is strengthened, with the pursuit of a balanced use of natural resources. The Decree also indicates the urban quadrants based on current cartography and is supplementary in nature because it governs areas of municipalities without a Regulatory Plan. Its main objective is the urban planning of the Greater Metropolitan Area, and the public purpose is present with the pursuit of a territorial planning plan that materializes Article 50 of the Constitution. He estimates that since Decree No. 25902 conforms to the legality parameters of the legal system, in his opinion it is legally viable to use the map attached to it. Regarding Decree Law LXIV referred to by the appellant, they indicate that this municipal entity is in no way disregarding its scope, nor Legal Opinion No. OJ 118-2004 issued by the Procuraduría General de la República; however, it indicates that the zone established therein is ambiguous as to its delimitation, because it is not possible to affirm what the totality of the protected area is, since it is not possible to locate the so-called Cerro Concordia on the Barva cartographic sheet 1:50,000, where the delimitation of the Parque Nacional Braulio Carrillo is recorded. This, they say, was recognized by the Procuraduría General de la República. Based on the foregoing, they affirm that this Municipality has committed no omission of its functions and obligations, so they request the dismissal of this appeal, as well as that the Chamber order the closure of the Centro para la Conciencia de la Tierra and clarify the ambiguities of the 1888 Decree.

18.- Raúl Isidro Bolaños Arce and Patricia Hernández Barquero, in their capacities as Municipal Mayor and Head of the Department of Urban and Rural Control, respectively, both of the Municipality of Santo Domingo de Heredia, report under oath (folio 771) that the Refugio Jaguarundí is located in an area where this Municipality does not have jurisdiction. Regarding the indiscriminate granting of construction permits alleged by the appellant, they state that this is not true, because this municipal entity grants construction permits in compliance with current legal regulations. He affirms that in matters of resource protection, this Municipal Administration has been very careful with their protection and, specifically, with the application of the precautionary principle or in dubio pro natura, widely developed by the Chamber. Regarding the Regulator Plan, he indicates that it is not yet in force in this Municipality, due to an amparo appeal filed at the time by a citizen; however, currently this entity, in coordination with PRU-GAM, is drafting the Regulator Plan for the Canton of Santo Domingo de Heredia, and as part of that process, as well as in compliance with Executive Decree No. 32967-MINAE-SETENA, the Municipality of Santo Domingo de Heredia carried out the index of environmental fragility (índice de fragilidad ambiental) study for the Canton of Santo Domingo, which was approved by the Municipal Council in session number 33-2007 of May 28, 2007, a study that will be sent to SETENA for its corresponding analysis and study. He also says that procedures are underway at the administrative level to contract a consulting firm for the preparation of the environmental scoping study, which complements the previously described study and will allow the environmental issue to be addressed broadly in the Regulator Plan. He requests that this appeal be dismissed.

19.- Edgar Vargas Jiménez, in his capacity as Municipal Mayor of the Canton of Moravia, reports under oath (folio 776), in relation to the construction of electrical networks for the private construction of chalets and others in groundwater recharge (zonas de recarga) and reservoir areas, that in his jurisdiction the Empresa de Servicios Públicos de Heredia does not provide services of any kind. Likewise, he says that the so-called Centro para la Conciencia de la Tierra project was not built in his Canton, for which reason the Municipality of Moravia lacks the competence to supervise the functioning of said place, nor to influence decision-making by ESPH, which is a public utility corporation, with a legal nature and constituted by the capital of several municipalities of the Province of Heredia. He argues that his represented entity shares the appellant’s concerns regarding environmental protection, but insists that they have no relationship with the situation cited as the basis of the appeal. Regarding the indiscriminate approval of construction projects, they state that the Engineering and Operations Department of that Municipality prepared a report, in relation to the facts raised in the appeal, and in that regard stated the following, via official note DIOMM 492-07-2007: “July 17, 2007. DIOMM 492-07-2007… This Municipality does have a Regulator Plan, which under the very principle of its creation largely protects natural resources. I must indicate that the Municipal Planning Department administers the local Regulator Plan and is responsible for granting land use (uso de suelo) or rejecting it as appropriate in each project indicated there. The undersigned is struck by the mention that construction permits have been granted indiscriminately and without a Regulator Plan for the construction of mountain hotels, chalets, or rest cabins, under the pretext of housing projects. Therefore: Greater accuracy is requested regarding what has been reported, since according to our records, no permit of this nature has been granted, and if an application were made, it must beforehand contain the approval of the land use (uso de suelo) supported by the Regulator Plan and the other tourism, environmental, disability Law 7600, and other rules that regulate the matter…” (Bold is from the original). He continues reporting that it has not been found in their records that the municipal government (ayuntamiento) has granted construction permits in reserve areas or aquifer protection zones contrary to the regulatory legislation on natural resource matters. Likewise, he reports that his represented entity has a Regulator Plan that was prepared considering environmental feasibility, the argument the appellant makes in this regard not being justifiable. He argues that in general terms, the substance of this appeal refers to what the appellant considers a violation of his constitutional rights in matters of natural resources; however, the actions he claims violate his rights have occurred in the jurisdiction of other municipalities, which have no relationship with the Municipality of Moravia, so he requests that the appeal be dismissed.

20.- Leonardo Herrera Sánchez, in his capacity as Mayor of the Municipality of the Canton of Vázquez de Coronado, reports under oath (folio 837) that in 2005, the setup of an Environmental Geographic Information System (Sistema de Información Geográfico Ambiental, SIGA) began, which contains information from various institutions such as the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the Ministry of Agriculture, the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), the Instituto Tecnológico de Costa Rica, among others. This SIGA, he affirms, is constantly fed and corrected through the use of satellite positioning technology (GPS), consultation with institutions that, through in situ assessments, facilitate the formation of technical criteria, promoting better guidance in decision-making. In matters of the Administration’s social responsibility, he maintains that it was through this SIGA that, in official note SA-230-109 of September 19, 2005, the Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) was proposed the determination of a fragile area, under the protection of Administrative Resolution 2370-2004-SETENA. This area is based mainly on the protection of water resources and, in parallel, the soil resource (edáfico) and development (and not growth) in this zone in a manner compatible with the environment, minimizing the diminution and impact on existing resources. He adds that through official note SG-2911-2005-SETENA of November 17, 2005, the existence of the proposed zone was endorsed, and the procedure to follow was indicated, based on resolution 2370 SETENA of December 7, 2004. Likewise, as of the date of official note SG-2911-2005, all constructions located in this area were referred to SETENA. Then, starting in January 2006, through official note AL-201-0024-007, this department was officially notified of Agreement 3303 of SENARA, and environmental mitigation measures were requested for each construction permit, which are mainly directed toward reducing the impact caused by the discharge of domestic wastewater, whether gray or black, and soil sealing (impermeabilización del suelo). He adds that all permits requested from this Corporation, prior to their approval, are referred for analysis to the Environmental Sanitation section in order to determine their potential impact, not from a specific perspective limited to the lot but from a global perspective with respect to the environment, for which the impact regarding hydrography, emergency areas, permeability characteristics, impact on groundwater, existing and documented wells, water springs (nacientes hídricas), location with respect to Protected Wild Areas regulated by the National Environmental Planning Plan, and other more specific ones are considered, depending on the location provided on the cadastral map (plano catastrado). In this way, he assures, the goal is to guide decision-making based on technical information supported on a geo-bio-physical platform, to achieve minimizing the impact for the sake of sustainable development of the urban ecosystem, which should not be observed from a purely biological perspective, but must be considered as an integral part of the environment. He considers it important to note that this Corporation is in the process of preparing an Environmental Management Plan, which is not only limited in its essence to local impact but is framed within the watershed (cuenca hidrográfica) concept. He indicates that he forwards copies of official notes SA-230-109, SG-2911-2005-SETENA, and JD-126-06, and an example of an environmental assessment, based on the SIGA, a copy of which the Municipal Engineering Directorate gives to the interested party. By virtue of the foregoing, he considers it evident that this Municipality makes enormous efforts in favor of the protection of the natural resources of the zone and in pursuit of urban development that is subordinated to the maintenance of the ecological balance of the Canton, and that this labor, far from being neglectful, is every day taken to levels of greater social and ecological awareness, so he requests that the present appeal be dismissed.

21.- The Secretary of this Chamber recorded that, upon reviewing the document receipt control in the Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales and this case file, it does not appear that from June 27 to July 17, 2007, the President of the Municipal Council of Heredia, that of Santo Domingo de Heredia, that of Moravia, or that of Vázquez de Coronado submitted any writing or document to render the report that was requested of them in the resolution issued at 7:58 a.m. on June 18, 2007. (Folio 858)

22.- Rafael Varela Montero, known in the proceedings as the appellant, states, regarding MINAE, that: 1.- It is the Institution responsible for having applied the Executive Decree of 1888, in all its instances, and, therefore, for having carried out the procedures before the competent institution to demarcate and protect the mentioned zone. 2.- It has the responsibility to protect the forest and water resources, work carried out incompletely, given that in many cases it has ignored or been indifferent to reporting and acting against those persons or institutions that have disrespected the protected areas of rivers and springs in the case at hand, such as: springs Iris Hernández, San Miguel, El Cubano, El Gallito, etc., locatable in San José de la Montaña, as well as the spring La Condesa in San Rafael de Heredia, which are without any forest protection and, most seriously, there are houses practically on top of the springs. Just as permits were also granted to extract cypress wood and the 100 and 200 meters of forest protection for those springs were not respected, claiming they are intermittent, which—he affirms—is completely unfounded, because their flow (caudal) is always measured in April, May, and June to determine their true level of liters of water per second. 3.- It can be affirmed that MINAE has not fulfilled all its obligations in the protection of natural resources, since it has authorized refuge permits such as: FUNDANTAS AND JAGUARUNDÍ, on lands that are located within the DECREE of 1888. Moreover, a wildlife refuge cannot be for collecting stray dogs and, therefore, should be located in another zone with no environmental impact. 4.- MINAE has the inescapable responsibility to demarcate the area covered by the Decree, the areas of springs and rivers that are the basis for the recharge of the aquifers, Barva, Colima Inferior and Colima Superior, Echeverría. 5.- It is very likely that MINAE is paying landowners the forestry incentive (incentivo forestal), those who are within the Decree zone, and therefore is investing the money of all Costa Ricans in a “FEW” who have taken possession of them, and the law does not allow it, because on State lands, possession cannot be acquired if there is no Law that tacitly expresses it, and this has been established through several rulings by the Chamber, when defining demanial property (bienes demaniales). 6.- It can be deduced from all the recommendations that SENARA made to it, and which are binding in relation to water protection and, therefore, forest protection, that MINAE has not complied with the majority of them. 7.- MINAE has the obligation to watch over State property and, therefore, to report all civil, legal, public, and private persons who commit any crime against natural resources, which—he affirms—has not occurred in relation to the 1888 Decree, nor with the protection of the forest, its springs, and rivers. 8.- He assures that the foregoing demonstrates that MINAE has not complied in the application of the different laws and does not exercise control over them, so its application and compliance must be demanded. Regarding the Instituto Costarricense de Turismo (ICT), he says that once again the carelessness and lack of seriousness with which matters as delicate as the one involved in the present amparo appeal are handled is evident, as well as the lack of respect for the Chamber’s request, by trying to evade responsibilities and contribute as evidentiary documents a complaint against a doctor from the Children’s Hospital for malpractice, besides arguing “it is not the ICT’s competence or I cannot attest but it may be true.” Secondly, he alleges that the destruction of the forest and the construction of hotels and housing projects is observed daily, which must have had the authorization or feasibility from the Tourism authorities. In the place at issue, due to its high water wealth, no tourist activity that affects the aquifers should be permitted. He argues that the ICT must coordinate with the Municipalities, MINAE, ICAA, etc., the different activities to be developed in the aquifer protection and recharge areas, in accordance with the studies carried out by SENARA and the recommendations it suggests. Regarding the Ministry of Agriculture and Livestock, he says that the protection of soils is its responsibility and that it is wrong to ask the Chamber to exempt it from all responsibility, since he considers that there have been and continue to be many earthworks (movimientos de tierra) to level land and build housing complexes at the edge of springs, rivers, and other lands, destroying part of the topsoil that washes down streams and rivers, a product of the extraction of wood, mainly cypress and other species. Regarding the Ministry of Health, he indicates the following: 1.- They cannot exempt themselves from the responsibility that public health authorities have to ensure the quality of life for all Costa Ricans, their primary function being to coordinate with other public institutions the different actions to be taken to protect the aquifers, springs, and rivers from any contamination, and in those mountains and pastures, landowners have been reported who eliminate weeds with agrochemicals highly toxic to human health. 2.- Currently there are houses on the banks of springs, so he asks whether the Ministry of Health has control over them, whether it coordinates with MINAE and the Municipalities so that these areas are protected by the forest radius established by the Water Law and the Forestry Law? Regarding the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.

states that while it is true that its Board of Directors has adopted agreements for the protection of aquifers and works on expanding the forest cover and monitoring natural resources, it is also true that there is a lack of coordination with the different public entities that regulate the protection of springs (nacientes), rivers, and aquifers to prevent the construction of housing complexes, chalets, and tourism projects practically on top of the springs, such as the Fuentes de Iris Hernández, despite the fact that the Water Law (Ley de Aguas) and the Forestry Law (Ley Forestal) establish a protection area of 200 and 100 meters of forest, as well as on lands owned by the State where even kilometers of electric lines have been placed. Regarding the Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillado (ICAA), it states that it has the obligation to coordinate with the different public institutions that have all or part of the responsibility for protecting springs, rivers, and the aquifer recharge areas of the Barva, Upper and Lower Colima, and Echeverría aquifers (Mantos Barva, Colima Superior e Inferior, Manto Echeverría), which are the foundation and life of the country's development, especially of the Central Intermountain Valley (Valle Intermontano Central); therefore, it must contribute to the demarcation of the protected areas established by the 1888 Decree, as well as the protected areas established by the different laws, and especially the springs that have been captured for human consumption by the Municipalities, ASADAS, ESPHSA, ICAA, and which today have buildings practically at the capture sites themselves. It also indicates that the ICAA is a very important institution for the country's development, and therefore it must oversee any work carried out in the protected areas of springs, rivers, aquifers, and, consequently, the forest. It considers that it is obligated to demand compliance with the demarcation of the area established by the 1888 Decree, to protect the waters of Heredia, Alajuela, and San José, and thereby to be vigilant over them. Regarding the Jaguarundí Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí), it indicates that it is an area owned by the State, according to the 1888 Decree, that was purchased by the Humane Society of the United States, represented in Costa Rica by the Asociación Humanitaria de Costa Rica, and that it was established solely and exclusively to protect the forest and contribute to environmental education; it was not conceived to be converted into a shelter for stray dogs. It alleges that it is an "aquifer recharge zone," as established by the SENARA reports, and is located in two micro-watersheds, 100 to 150 meters from the Río Segundo and La Quebrada Monge, which supply the water resource for human consumption for the populations of Heredia and San Rafael. It contends that there are volatile contaminants produced by the bad odors from 100 or more dogs, whose waste is deposited less than 150 meters from where the ESPHSA captures water from the Río Segundo. It refers that in the report rendered to the Court, MINAE, the Ministry of Health, and the Municipality of San Rafael de Heredia itself acknowledge this and evade their responsibility, arguing that it is the Court that should take action in the matter, when those entities, from the moment they became aware of such irregularities, should have proceeded to close the premises, as established by current legislation. It deems this one more example of the apathy and indifference in respecting the laws and protecting the citizenry's Constitutional Right to enjoy a healthy environment. Regarding SETENA, it considers that it cannot be exonerated for many acts outside the law committed by private individuals. It alleges that it is not possible that they are unaware of the 1888 Decree and have not applied it to all those projects to which they have given environmental feasibility to build constructions. As an example, the DANTAS AND JAGUARUNDÍ REFUGE. It asks, what has been the control and authorization to open lanes five or seven meters wide within the mountain with primary forest, this being State property? Also, do SETENA officials have control over all the buildings that have been constructed on these State lands? Have they reported the institutions that have allowed constructions on the banks of springs, that is, in protected and public domain areas? It affirms that the Municipality of Heredia itself acknowledges in its report the granting of construction permits, and the ESPHSA confirms this irregularity, indicating that it supplied them with electrical power. Regarding the municipal entities, it says: 1) while it is true that the Municipalities of Coronado, Moravia, and San Isidro de Heredia justify that they have a Regulatory Plan (Plan Regulador), it would be advisable for them to inform the Court whether they have identified the area contemplated by the 1888 Decree, because, as was provided in the Amparo Action as Evidence No. 4 and 5, residential projects are promoted "with licenses granted by the ICT, tourism declaration, restaurants, trout farms, Canopy, tourism, Ecological Estates, etc." 2) Regarding the other Municipalities, it deems it essential to demand the Regulatory Plan, and says that although the majority of the new members of the municipal councils support its initiative to protect the mountain and the water resource, it is important that they demand the application of current legislation in all those projects that have not complied with the requirements for protecting springs, rivers, aquifers, and forests. 3) It argues that the respondent Municipalities, together with those of Alajuela and San José, must demand that MINAE demarcate the area contemplated in the 1888 Decree, requesting the demarcation of the protected areas of the springs and proceed to recover the lands that legally belong to them and that have been illegally invaded. 4) It considers that no construction should be permitted within the two-hundred-meter protection radius of springs and aquifers. It adds that from the studies conducted by SENARA in its report, it is established that mechanisms must be considered and applied in the protection of the aquifer recharge areas, rivers, and springs, given that they are of great importance for the generations of today and the future; therefore, institutions and civil society are obligated to protect them. (Folio 1111)


23.- José Alberto Brenes André requests to be considered as a joint party in this amparo, specifically regarding what was reported by the Municipality of Barva (folio 1121). He argues that tourism is a very important factor in the transport of pathogenic organisms, as he indicates he demonstrates below. He requests that in the final decision of this Amparo Action, the data he provided be weighed, and the maxim of in dubio pro natura be applied, for the well-being of present generations—since climate change is already affecting our lives—and future ones.


24.- By a resolution at three o'clock and one minute in the afternoon of November 8, two thousand seven (folio 1146), the Presiding Magistrate of this amparo action included the President of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) as a respondent.


25.- By a resolution at eight hours and nineteen minutes in the morning of November 12, two thousand seven (folio 1147), the Presiding Magistrate of this amparo action requested that the Director General of the National Registry (Registro Nacional) send a copy of the current legal standing of the Humane Society of the United States of America and of Sociedad Treinta y Ocho-Seis.


26.- Mario Alberto Leiva Vega reports under oath, in his capacity as President of the Environmental Administrative Tribunal (folio 1152), that by resolution number 074-06-3-TAA at ten hours and thirty-six minutes on January 16, two thousand six, it was agreed to transfer file number 150-05-03-TAA to SETENA, so that said Secretariat could evaluate the report prepared by the Department of Waters (Departamento de Aguas) of MINAE, and take it into account when conducting the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental). He indicates that the aforementioned resolution was notified to Mr. Guillermo Jiménez Alfaro on February 1, two thousand six; however, no appeal was filed against said pronouncement. Based on the foregoing, he requests that this amparo action be dismissed with respect to him.


27.- By a document received at the Secretariat of the Court at three o'clock in the afternoon of November 21, two thousand seven (folio 1159), Dagoberto Sibaja Morales, in his capacity as Director General of the National Registry, complied with the requirement made by the resolution at eight hours and nineteen minutes in the morning of November 12, two thousand seven.


28.- By a resolution at sixteen hours and fifty minutes on December 11, two thousand seven (folio 1164), the Presiding Magistrate of this amparo action granted a hearing to Edgar and Agustín Atmetlla Herra, in their capacity as Representatives of the Humane Society of the United States of America.


29.- By a document received at the Secretariat of the Court at fifteen hours and twenty-seven minutes on December 13, two thousand seven (folio 1166), Edgar Atmetlla Herrera and Agustín Atmetlla Herrera state that neither of them holds the general representation of the Humane Society of the United States, since although they have acted as lawyers for this association in various registry or administrative procedures, their powers are limited to that.


30.- By a resolution at ten hours and twenty-three minutes on January 8, two thousand eight (folio 1168), the Presiding Magistrate of this amparo action requested that the Director of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) provide a map delimiting the zone established by decree-law number 65 of July 28, eighteen hundred eighty-eight.


31.- By a resolution at ten hours and thirty minutes on January 8, two thousand eight (folio 1170), the Presiding Magistrate of this amparo action requested that the Director General of Immigration and Foreign Affairs (Dirección General de Migración y Extranjería) report the registered address of Mr. Robert Allan Hoad and Mrs. Karin Anne Hoad.


32.- By a document received at the Secretariat of the Court at fourteen hours and forty-five minutes on January 21, two thousand eight (folio 1176), the Director General of Immigration and Foreign Affairs complied with the requirement made by the resolution at ten hours and thirty minutes on January 8, two thousand eight.


33.- By a document received at the Secretariat of the Court at fourteen hours and fifteen minutes on January 22, two thousand eight (folio 1182), the Director General of the National Geographic Institute complied with the requirement made by the resolution at ten hours and twenty-three minutes on January 8, two thousand eight.


34.- By a resolution at fourteen hours and thirteen minutes on January 23, two thousand eight (folio 1184), the Presiding Magistrate of this amparo action requested that the Director General of Immigration and Foreign Affairs clarify whether Mr. and Mrs. Hoad were currently in the national territory.


35.- By a document received at the Secretariat of the Court at sixteen hours on February 7, two thousand eight (folio 1186), the Director General of Immigration and Foreign Affairs complied with the requirement made by the resolution at fourteen hours and thirteen minutes on January 23, two thousand eight.


36.- By a resolution at thirteen hours and thirty-eight minutes on February 11, two thousand eight (folio 1194), the Presiding Magistrate of this amparo action included Robert Allan Hoad and Karin Anne Hoad as parties to this amparo action.


37.- By a resolution at thirteen hours and thirty-two minutes on June 12, two thousand eight, the Presiding Magistrate of this amparo action (folio 1207) requested that the General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) provide a copy of the document entitled "Matrices of Land-Use Criteria According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of the Water Resource" (Matrices de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico).


38.- By a document received at the Secretariat of the Court at thirteen hours and fifty-six minutes on June 19, two thousand eight (folio 1209), the General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA) complied with the requirement made by the resolution at thirteen hours and two minutes on June 12, two thousand eight.


39.- In the proceedings that have been followed, the legal prescriptions have been respected.


Drafted by Magistrate Vargas Benavides; and,


Considering:


I.- Proven Facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them according to what was set forth in the initial order:


a. On July 30, eighteen hundred eighty-eight, the Constitutional Congress of Costa Rica issued Law Number 65, by which a strip of land two kilometers wide on either side of the summit of the mountain known as Montaña del Volcán Barva, from Cerro Zurquí to Cerro Concordia, was declared inalienable. (Folio 130 of the file).


b. By Legal Opinion number OJ-118-2004 of September 27, two thousand four, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) informed Deputy Quirico Jiménez Madrigal that there was no law expressly repealing Law Number 65, and therefore it remained in force. (Folios 80 to 91 of the file).


c. By official letter OH-418 of August 10, two thousand four, the Ministry of Environment and Energy filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal against Mr. Mario Ramírez Corrales, accusing said individual of having carried out construction in the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve without the corresponding permits. (Folios 193 to 196 of the file).


d. By resolution number 943-2004-SETENA at eleven hours and twenty minutes on June 22, two thousand four, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) granted environmental feasibility for the application to construct a small house in the District of Vara Blanca in Heredia, submitted by Mr. Mario Bejarano. (Folios 212 to 214 of the file).


e. By official letter SRC-OH-122 of March 7, two thousand five, the Ministry of Environment and Energy filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal against Maderas Comerciales del Monte S.A., accusing it of cutting trees near a spring. (Folios 199 to 202 of the file).


f. On April 23, two thousand five, officials from the Ministry of Environment and Energy conducted an inspection at Cerro Chompipe in the District of Vara Blanca, and were able to confirm that in the forested area, there was the construction of two rustic shelters (ranchos), an internal road, and ornamental trees that were not native to the area. (Report at folio 121 of the file).


g. By official letter SRC-OH-209 of April 26, two thousand five, Mr. Guillermo Jiménez Alfaro filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal, accusing Mr. Mario Bejarano of having caused environmental damage on his property located in Cerro Chompipe. (Folios 215 to 217 of the file).


h. By resolution 1467-05-3-TAA at ten hours and thirty-one minutes on October 31, two thousand five, the Environmental Administrative Tribunal ordered the National Environmental Technical Secretariat and the Heredia Subregional Office of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central) to submit a series of data necessary to resolve the complaint filed by Mr. Guillermo Jiménez Alfaro. (Folios 210 to 211 of the file).


i. By official letter SRC-497 of October 27, two thousand five, the Head of the Central Subregion of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) requested that the Environmental Administrative Tribunal report on the status of the complaint filed against Mr. Mario Bejarano. (Folios 205 to 206 of the file).


j. By resolution number 074-06-3-TAA, at ten hours and thirty-six minutes on January 16, two thousand six, the Environmental Administrative Tribunal ordered that file number 150-05-3-TAA, regarding the case of Mario Bejarano Arguedas, be transferred to the National Environmental Technical Secretariat, so that it could evaluate the report prepared by the Department of Waters of MINAE and take it into account when conducting the environmental impact assessment. (Folios 207 to 208 of the file).


k. By notification number 1087 of May 5, two thousand five, the Municipality of San Rafael warned the Humane Society of the United States of America that it had to comply with a series of requirements for the authorization of a veterinary hospital in the Jaguarundi Reserve. (Folio 769 of the file).


l. By official letter SRC-OH-280 of June 7, two thousand five, the Head of the Central Subregion and the Wildlife Coordinator of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area made several recommendations to the Director of said Area regarding the Jaguarundi Refuge. (Folios 67 to 69 of the file).


m. By notification number 1120 of June 20, two thousand five, the Municipality of San Rafael de Heredia warned the Humane Society of the United States of America that it had to comply with a series of requirements for the authorization of the dog shelter it had in the Jaguarundi Reserve. (Folio 54 of the file).


n. By official letter SRC-309 of July 4, two thousand five, the Ministry of Environment and Energy requested that the Jaguarundí Reserve provide the State Forestry Administration with a copy of the corresponding permits for the constructions being carried out at said location. (Report at folio 122 and folios 208 to 209 of the file).


o. By official letter CM-307-05 of August 1, two thousand five, the Secretary of the Municipal Council of San Rafael de Heredia informed the Environmental Commission of said Municipality that the Head of Engineering had verified that Mrs. Karin Anne Hoad was carrying out construction in the Jaguarundi Reserve without the respective permits. (Folio 51 of the file).


p. On August 5, two thousand five, the owner of the Jaguarundí Reserve submitted a management plan for said reserve, as well as the justification for the need to carry out a program with stray dogs. (Folio 177 of the file).


q. By official letter SRC-392 of August 22, two thousand five, the Head of the Central Subregion of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area requested from the Executive Director of the Jaguarundi Wildlife Refuge a series of data regarding the constructions and the disposal of blackwater, soapy water, and wash water in the aforementioned refuge. (Folio 58 of the file).


r. By official letter ARS-SR-B-696-2005 of October 11, two thousand five, Mr. Víctor Manuel Alfaro Carvajal, Professional in Human Environment of the San Rafael-Barva Health Area, reported that an inspection had to be carried out at the animal shelter located in the Jaguarundí Refuge. (Folio 255 of the file).


s. By official letter ARS-SR-B-1755-2005 of November 9, two thousand five, the Director of the San Rafael-Barva Health Governing Area and the Head of the Environment Protection Unit, Central North Region of the Ministry of Health, requested that the Municipal Mayor of San Rafael proceed to close the School, the Animal Refuge, the Veterinary Hospital, and the Refuge of the Center for Earth Consciousness, located in the Jaguarundi Reserve, as they lacked sanitary operating permits. (Folio 256 of the file).


t. By official letter GA-462-2005 of November 10, two thousand five, the Environmental Management Unit of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia informed the Coordinator of the Municipal Environmental Commission of San Rafael about the complaint filed by the Comité Salud de los Ángeles de San Rafael Group, which accused the Veterinary Clinic of the Jaguarundi Refuge of discharging dirty water and animal remains into the rivers that ran through that property. (Folio 49 of the file).


u. On November 14, two thousand five, the Coordinator of the Environmental Commission of the Municipality of San Rafael de Heredia filed a complaint with the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), requesting an investigation into the facts reported by the Comité Salud de los Ángeles de San Rafael Group. (Folios 55 to 56 of the file).


v. By official letter number 837-2005 AMSRH of November 14, two thousand five, the Municipal Mayor of San Rafael de Heredia filed a complaint with the Public Prosecutor's Office for the breaking of seals at the Center for Earth Consciousness. (Folio 257 of the file).


w. By official letter DRCN-PAH-2189-2005 of November 30, two thousand five, the Ministry of Health informed the Public Prosecutor's Office that it had not been possible to enter the Jaguarundí Refuge to investigate the alleged irregularities occurring at said location. (Folios 70 to 71 of the file).


x. By resolution number SRC-024-05 of December 9, two thousand five, the Head of the Central Subregion of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area rejected the management plan for the dog shelter intended to be built in the Jaguarundi Private Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre de Propiedad Privada Jaguarundi). (Folio 179 of the file).


y. On an unspecified date, the representatives of the Jaguarundí Wildlife Refuge filed a revocation motion with a subsidiary appeal against resolution number SRC-024-05. (Report at folio 122 of the file).


z. By a Technical Report of February 15, two thousand six, Ms. Ruth Tiffer Sotomayor, M.Sc., and Mr. Marlon Salazar Chacón, from the Tropical Science Center (Centro Científico Tropical), concluded that a shelter for stray dogs could be built in the Jaguarundi Wildlife Refuge without posing a risk to the environment. (Folios 134 to 147 of the file).


aa) On an unspecified date, Mr. Jorge Hernández, Biologist in charge of the Wildlife Component of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, issued Technical Report number IT-VS-001-06, which indicates that a shelter for stray dogs could be developed in the Jaguarundí Wildlife Refuge, provided a series of recommendations were met. (Folios 132 to 133 of the file).


bb) By official letter ASUB-071 of February 27, two thousand six, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage made a series of recommendations regarding water treatment at the Jaguarundí Wildlife Refuge. (Folios 275 to 276 of the file).


cc) By administrative warning number one of April 25, two thousand six, the Municipal Mayor of San Rafael de Heredia requested that the representative of the Humane Society of the United States proceed to clean the lands of her property. (Folio 762 of the file).


dd) By inspection record number 2440 of April 28, two thousand six, officials of the Municipality of San Rafael de Heredia attested that on that day they were not allowed to enter the Center for Earth Consciousness, a location where they intended to carry out an inspection. (Folio 759 of the file).


ee) By a document of June 12, two thousand six, the Public Prosecutor's Office requested the Criminal Court of Heredia to dismiss the complaint filed against the Jaguarundí Wildlife Refuge. (Folios 391 to 398 of the file).


ff) By official letter DRCN-PAH-287-07 of February 21, two thousand seven, the Ministry of Health informed the Representative of the Jaguarundí Wildlife Refuge that no sanitary operating permit would be authorized for the dog shelter it intended to build until it provided the duly authorized construction plans. (Folios 271 to 272 of the file).


gg) By official letter RCN-AJ-092 of April 9, two thousand seven, an incident of nullity of notification of resolution DRCN-PAH-287-07 of February 21, two thousand seven, was sent to the Directorate of Legal Affairs of the Ministry of Health. (Report at folio 236 of the file).


hh) By official letter RCN-AJ-101-2007 of April 30, two thousand seven, an appeal filed by the Humane Society of the United States of America against official letter DRCN-PAH-287-07 was sent to the Directorate of Legal Affairs of the Ministry of Health. (Report at folio 236 of the file).


ii) By resolution number R-069-SINAC-2007 at nine hours and forty minutes on June 5, two thousand seven, the Acting Director General of the National System of Conservation Areas (SINAC) granted the appeal filed by the Jaguarundí Wildlife Refuge against resolution SRC-024-05, and authorized the activity of a shelter for abandoned dogs at said location, provided it complied with a series of provisions. (Folios 168 to 175 of the file).


jl) By official letter ASUB-228-2006 of June 14, two thousand six, the General Manager of SENARA was informed about the limitations to which the Center for Earth Consciousness was subject. (Folio 442 of the file).


kk) By resolution number DM-3507-M-07 at ten hours and thirty minutes on June 27, two thousand seven, the Minister of Health decided to suspend the resolution of the appeals filed against resolution DRCN-PAH-287-07, until the Constitutional Court resolved amparo action 07-007996-0007-CO. (Report at folio 236 and folios 248 to 251 of the file).


ll) In session number 08-2007 of June 5, two thousand seven, the Urbanization Commission of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia ordered that a report be prepared by the Office of Environment, Electric Power, and Aqueducts and Sewers, on areas where vegetation services would be provided, areas where no further services would be granted, and areas where service requests would be studied. (Report at folio 322 and folios 358 to 359 of the file).


mm) By a resolution at nine o'clock in the morning of July 5, two thousand seven, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia denied the request for electrical installation made by Mr. José Alfonso Bejarano Arguedas, because there was a risk to nature. (Folios 341 to 357 of the file).


nn) By agreement number 3416, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage ordered that the technical study called "Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley of Costa Rica," which contained a series of recommendations regarding the use of the water resource in various zones, including the one established by Law Number 65, be brought to the attention of the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, Municipalities, the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the National Environmental Technical Secretariat, and the Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Attached to said study was a matrix containing aquifer contamination vulnerability criteria, intended to serve as a guide and technical orientation for the development of land-use policies. (Folios 438 to 441 of the file).


ññ) As of the date they render their report within this amparo action, the authorities of the Municipality of the Central Canton of Heredia had only granted two construction permits within the zone established by Law Number 65, which were given after all requirements established by current legislation were met. (Report at folio 280 of the file)


oo) In the Extraordinary Session number 100-2007 held on May 31, two thousand seven, the Municipal Council of the Municipality of the Central Canton of Heredia [agreed] not to grant any type of permit in the territorial jurisdiction of the canton that was within the area covered by Law Number 65.

(Folios 289 to 290 of the case file).

pp) By agreement 582.06, adopted at Regular Session No. 21, held on December ninth, two thousand five, the Municipal Council of Santa Bárbara agreed to approve the Study that the Interinstitutional Commission for Micro-Watersheds of Heredia presented to them, for which reason it declared the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, and Pará rivers as aquifer protection zones, with the aim of protecting and conserving the surface and underground water resources located in the canton’s territory. (Report at folios 455 to 456 of the case file).

qq) By official communication SA-230-109 of September nineteenth, two thousand five, the Municipality of Coronado requested the National Environmental Technical Secretariat to inform it of the procedure to follow regarding construction permits requested in certain areas of the canton. (Folios 839 to 842 of the case file).

rr) By official communication SG-2911-2005-SETENA of November seventeenth, two thousand five, the National Environmental Technical Secretariat responded to official communication SA-230-109. (Folio 843 of the case file).

ss) By official communication JD-126-06 of October second, two thousand six, SENARA sent the Municipality of Coronado a copy of the matrix of “Land-Use Criteria According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources.” (Folios 844 to 851 of the case file).

tt) As of the date on which the National Environmental Technical Secretariat and the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers submitted their report in this amparo proceeding, no type of permit application had been filed before said institutions by the Center of Conscience for the Earth. (Report at folios 403 and 416 of the case file).

II.- Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not considered proven:

a) That the Ministry of Environment and Energy had supervised compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007.

b) That the respondent municipalities and MINAE had applied the recommendations made by the study entitled "Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica," prepared by the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage.

c) That MINAE had physically delimited the zone established by decree-law number 65 of eighteen eighty-eight.

III.- On the problem of water scarcity. In recent years, the issue of access to water has become a global problem due to the increasing scarcity of the precious liquid. According to the second United Nations Report on the Development of Water Resources, approximately one billion one hundred million people lack access to potable water in the world, a number that increases daily due to the contamination or disappearance of the sources that supply the planet. The aforementioned report notes that more than four thousand children die daily from diseases caused by the lack of potable water, such as diarrhea, which kills more than one million eight hundred thousand people annually, the majority of whom are under five years of age. It is also mentioned that by the year two thousand twenty-five, two billion seven hundred million people—equivalent to one-third of the world’s population—will experience problems of water scarcity, a situation that could generate demographic catastrophes never before seen. The United Nations considers that the lives of one million six hundred thousand people could be saved each year if they were offered the possibility of accessing potable water; however, in most regions of the world, the necessary actions to fulfill this objective have not yet been adopted. In the specific case of Latin America, various studies consider that more than sixty million people lack access to potable water in the region, despite the fact that South America holds only six percent of the world’s population and enjoys twenty-six percent of the planet’s water resources. The data set forth above generate great concern within the United Nations, which has called upon the different governments of the globe to adopt the appropriate measures to mitigate the problem described above in their territories.

IV.- On groundwaters and their protection. Groundwaters have become the primary means of public supply in the Central American region, as most surface sources have been contaminated by human action. In the specific case of Costa Rica, it is estimated that approximately seventy percent of the water consumed daily by the country’s inhabitants comes from groundwaters, a situation that highlights the importance of protecting this resource. Precisely on this particular topic, it is relevant to note what this Court stated in judgment number 2004-01923, of fourteen hours fifty-five minutes on February twenty-fifth, two thousand four, in which it indicated, in pertinent part:

“V.- GROUNDWATERS. In contrast to so-called surface waters, which flow over the earth’s crust and may be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwaters are those found beneath the earth’s surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; their most important source is rainwater that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The waters contained in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the velocity of groundwater movement depends, in essence, on the hydraulic gradient. Groundwaters are an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of which 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwaters, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the primary source of public supply is groundwaters, compared to surface waters, which are notably exposed to contamination and degradation by harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the particular case of our country, it has been estimated that the annual potential recharge of groundwaters is approximately 47,000 million cubic meters per year, representing 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater intakes. The consumption and use of groundwaters, compared to surface waters, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages, such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwaters is carried out gradually depending on the increase in demand for the service, and the catchment areas can be located near the place where the demand arises, all of which reduces the costs of conveyance, treatment, and storage; b) the natural physical-chemical quality of groundwaters is more constant than that of surface waters and is potable with little or no treatment; c) because there is soil or rock above the groundwaters, they are more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability in dry seasons or during rainfall are minimal compared to those of surface waters; e) they constitute a strategic reserve to confront states of emergency due to public calamity, internal unrest (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.

VI.- GROUNDWATERS AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The topic of groundwaters is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its Article 50, proclaims the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and for maintaining the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to potable water ensures the rights to life—’without water no life is possible,’ states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to health—indispensable for nourishment, drinking, and hygiene—(Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual a decent well-being and quality of life (Article 33 of the Political Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in large proportions. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve human life and health and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, nearly 5.5 billion people will suffer from water scarcity, with 5 to 10 million people dying annually from the use of untreated water. Furthermore, at present, the duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited has been recognized (sustainable development), so present needs must be satisfied without compromising the capacity of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological perspective, is a precious asset, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—non-contaminating or environmentally compatible water use.”

From the foregoing, the importance of groundwaters as a means of guaranteeing access to potable water for a large part of the national population is deduced. Therefore, the State is obligated to guarantee their protection, through the use of the powers conferred to it for this purpose by the Legal System, in order to comply with the provisions of Article 50 of the Constitution.

V.- On decree-law number 65. By means of decree-law number 65 of July twenty-eighth, eighteen eighty-eight, the legislator ordered the protection of one of the zones in which the water springs that supply the inhabitants of the provinces of Heredia, Alajuela, and part of San José are located, providing for this purpose, in pertinent part, the following:

THE CONSTITUTIONAL CONGRESS OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA,

Whereas the conservation of the mountains in which originate the streams and springs (manantiales) that supply water to the province of Heredia and a part of that of Alajuela is of public utility,

DECREES:

Art. 1—A zone of land two kilometers wide, on both sides of the summit of the mountain known by the name of Montaña del Volcán de Barba, from the hill called El Zurquí to that known by the name of Concordia, whether said zone be national or municipal property, is declared inalienable.

Art. 2—The Executive Branch is authorized to increase or decrease the extent of the zone referred to in the preceding article if, after carrying out the respective survey by means of a scientific commission, it deems it appropriate to modify it in the manner indicated by said commission.

As can be seen from the reading of the cited norm, the intention of the legislator of the century before last was to ensure that the provinces of Alajuela, Heredia, and San José could guarantee themselves, in the future, the water resources necessary to satisfy the needs of the population. To achieve this, the legislator provided for the creation of an inalienable zone, which could not be the object of any type of possession due to its public nature, as this Court has held in a series of pronouncements, such as judgment number 422-96 of January twenty-second, two thousand six, in which it was stated in pertinent part:

“(…) The public domain is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. These are public goods or things, or public assets, which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men, that is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected by the service they provide, and this service is invariably essential by virtue of an express norm. Therefore, their characteristics are being inalienable, imprescriptible, and unattachable; they may not be mortgaged nor be susceptible to any encumbrance. As they are outside commerce, these assets cannot be the object of possession, although one may acquire a right to the use, not a right to property. (…)”

VI.- Based on the reasoning set forth in the preceding recitals (considerandos), this Chamber considers that in the present case a violation of the provisions of Article 50 of the Constitution is evident, which is attributable to the State and the respondent municipalities. With respect to the Costa Rican State, it is considered proven that over the years, it has not carried out the corresponding tasks to delimit the zone encompassed by law number 65 of eighteen eighty-eight, in order to ensure that no type of human activity is carried out in that place, thus fulfilling the intention of the legislator at the time of issuing the cited norm. Said inertia persists even to the present day, since the Ministry of Environment and Energy, as the authority charged with overseeing the country’s natural resources, has failed in its duty to delimit and effectively monitor the strip of land established by law number 65, despite the fact that the legislator affected said zone as part of the public domain in order to create an area free of any type of interference by private parties, an intention that has not been fulfilled to date, since the record shows that construction permits have even been granted in said terrain. In the case of the respondent municipalities, it is deduced from the evidence provided in the case file that said corporations have granted construction permits in the zone encompassed by decree-law number 65, a situation that violates not only the desire of the legislator at the time of promulgating the cited norm, but also violates the provisions of Article 50 of the Constitution, for the reasons set forth above. It is worth mentioning that although law number 65 does not clearly establish the degree of limitation to which the zone established by said law was subject, the truth is that in application of the in dubio pro natura principle, and taking into account the spirit of the cited norm, this Chamber considers that it must be understood that said protection is total, and therefore no type of permit or concession may be granted in said strip of land. Likewise, this Court considers that none of the respondent authorities may claim ignorance of the provisions of law number 65, since although more than a century has passed since its creation, said norm remains in force, as deduced from Legal Opinion number OJ-118-2004 of the Office of the Attorney General of the Republic. Thus, for the reasons set forth above, it is appropriate to grant the appeal (recurso) on this point, ordering the respondent Ministry to coordinate with the National Geographic Institute to physically delimit the zone encompassed by the aforementioned law, and then to recover the lands located therein that are being occupied by private parties; and ordering the respondent municipalities to refrain from granting any type of permit within the perimeter established by law number 65.

VII.- On the study "Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica." In the case under study, the attention of this Chamber is drawn to the fact that as of the date on which the respondent municipalities submitted their report in this matter, there is no evidence whatsoever that they had prepared and incorporated into their regulations the hydrogeological maps recommended by SENARA in the study entitled “Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica,” despite the express recommendation to incorporate said documents into the cantonal urban planning, and despite the fact that they were even sent the Matrices of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability for the protection of water resources, to serve as a basis for making the aforementioned maps. In the opinion of this Court, said omission is contrary to the provisions of Article 50 of the Political Constitution, since the cited documentation allows for the determination of zones in which constructions may be carried out, the limitations to which said processes are subject, as well as the sites where it is not possible to carry out any type of building, due to the degree of soil vulnerability. For the foregoing reasons, this Court considers that the amparo must be granted on this point, ordering the respondent municipalities to adopt the corresponding measures to incorporate into their urban development regulations and permit authorization processes the document prepared by SENARA.

VIII.- On the refuge for abandoned dogs in the Jaguarundí Wildlife Refuge. In the present case, the petitioner complains that a refuge for abandoned dogs operates in the Jaguarundí Wildlife Refuge without the corresponding operating permits. Likewise, he alleges that personnel of the refuge have thrown animal waste into the river, contaminating the Quebrada Monge, which is a tributary of the Río Segundo, from which the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. draws water to supply the population of the canton of San Rafael de Heredia. In their reports, the Municipality of San Rafael de Heredia and the Ministry of Health accept that the refuge for abandoned dogs operates without the corresponding permits; however, they explain that they have been unable to close it down because they have not been permitted to enter the site where it is located. On the other hand, in his report, the Minister of Environment and Energy explains that the respondent Ministry, by resolution number R-069-SINAC-2007 of nine hours forty minutes on June fifth, two thousand seven, granted the aforementioned refuge the corresponding operating permit, which was subject to compliance with a series of requirements. In view of the foregoing, this Court considers that in this case the alleged violation of the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution is established, which is attributable to the Municipality of San Rafael, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy. In the case of the first two authorities, this Chamber considers that they have failed in their obligation to ensure that any type of activity carried out that may endanger people’s health has the corresponding permits, since in this matter they have not proceeded to close down the dog refuge located in the Jaguarundí Reserve, despite having full knowledge that it lacks the corresponding operating permits. In this regard, the argument raised by the respondents that they have not been permitted to enter the place where the cited refuge is located is not acceptable, since both authorities should have taken the appropriate steps with the Public Police Force to guarantee their entry to the aforementioned place, as the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment are at stake. Likewise, the omission described above has prevented the respondents from carrying out the appropriate inspections to address the complaint filed by the Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael regarding the possible contamination of the Quebrada Quesada by refuge personnel, thus also violating their obligation to investigate any problem that could endanger the population’s health. Furthermore, with respect to the Ministry of Environment and Energy, this Court considers that said authority has failed in its duty to monitor that the personnel of the refuge for abandoned dogs complied with the recommendations set forth in resolution R-069-SINAC-2007, which were issued precisely to ensure that the refuge’s operation would not affect the environment or people’s health. Therefore, the appeal (recurso) must also be granted on this point, as is hereby done.

IX.- Finally, with respect to the rest of the respondent authorities, this Chamber considers that it cannot be proven that they violated the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution; therefore, the appeal must be dismissed as to them.

Therefore (Por tanto):

The appeal (recurso) is declared with merit, solely with respect to the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. Roberto Dobles Mora, or whoever holds the office of Minister of Environment and Energy, is ordered as follows: a) That within a period of seven months from the notification of this judgment, carry out the actions within the scope of his powers so that the zone established by law number 65 of 1888 is physically delimited, and thereafter, initiate the processes for the recovery of the lands located in said sector that are being occupied by private parties; b) That he immediately verify compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007 by the personnel of the Jaguarundí Wildlife Refuge, and in case of non-compliance with the provisions of said pronouncement, proceed in accordance with the law. José Manuel Ulate Avendaño, or whoever holds the office of Municipal Mayor of the Central Canton of Heredia, Rolando Hidalgo Villegas, or whoever holds the office of Mayor, and Marta Lidia Segura Miranda, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia, Mercedes Hernández Méndez, or whoever holds the office of Mayor, and Adrián Varela Montero, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of Barva de Heredia, Marvin Chaves Chinchilla, or whoever holds the office of Mayor, and Elvia Villalobos Argüello, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Isidro de Heredia, Aracelly Salas Eduarte, or whoever holds the office of Mayor of San Pablo de Heredia, Alberto Vargas Esquivel, or whoever holds the office of Mayor, and Yensi Alfaro Hernández, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, Rafael Isidro Bolaños Arce, or whoever holds the office of Municipal Mayor of Santo Domingo de Heredia, Edgar Vargas Jiménez, or whoever holds the office of Municipal Mayor of Moravia, and Leonardo Herrera Sánchez, or whoever holds the office of Municipal Mayor of Vásquez de Coronado, are ordered as follows: a) That they immediately refrain from granting any type of permit within the zone established by law number 65 of 1888, with respect to their jurisdictions; b) That they proceed to hire the necessary professionals for the preparation of the hydrogeological vulnerability maps recommended by SENARA in its report entitled “Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica,” which must be included in the urban development regulations of their jurisdictions, as recommended by the aforementioned authority. María Luisa Ávila Argüello, or whoever holds the office of Minister of Health, Alberto Vargas Esquivel, or whoever holds the office of Mayor, and Yensi Alfaro Hernández, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, are ordered to immediately proceed to carry out the actions that, in accordance with the law, are applicable against the abandoned dog refuge that exists in the Jaguarundí Wildlife Refuge, and to investigate the complaint filed by the Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael regarding the alleged contamination existing at said site. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado are ordered to pay the damages (costas, daños y perjuicios) on which this declaration is based, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. As to the other respondent authorities, the appeal is dismissed.

Ana Virginia Calzada M.
President

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Marta María Vinocour F. Roxana Salazar C.

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