Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La disposición impugnada no posee carácter normativo y, en consecuencia, debe ser atacada en la vía de amparo y no de acción. El decreto ejecutivo número 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008 declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S. A., a la que se habilita - previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación- para la corta de árboles (inclusive de especies vedadas) y el desarrollo de obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, la empresa desarrolladora debe cumplir cada una de las medidas de compensación previstas en el Considerando IX del citado decreto y rendir un informe a la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Así pues, a simple vista y no obstante la denominación de “decreto ejecutivo” que se le otorgó, se trata de una disposición concreta y particularizada, sin alcance general ni carácter normativo, que se limita a calificar el interés público y la conveniencia nacional de un proyecto claramente individualizado en cuanto a sujeto y contenido.
En supuestos similares al recién descrito, la jurisprudencia de la Sala ha sido clara y reiterada en el sentido de que, si en el cuestionamiento de disposiciones como la de interés se alega infracción de derechos fundamentales u otras normas constitucionales que reconocen derechos subjetivos a las y los ciudadanos, la vía de impugnación no es la de la acción de inconstitucionalidad sino la de amparo, para lo cual se puede -y se debe- calificar la verdadera naturaleza jurídica del texto acusado.
English (translation)The challenged provision does not have a normative character and, consequently, must be challenged through an amparo appeal and not an action. Executive Decree No. 34801-MINAET of October 13, 2008, declares the Crucitas Mining Project, developed by the company Industrias Infinito, S.A., to be of public interest and national convenience, enabling it—subject to prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas—to cut trees (including protected species) and develop infrastructure works in protected areas, as indicated in the project. As a result, the developer must comply with each of the compensation measures provided in Considerando IX of said decree and submit a report to the corresponding office of the National System of Conservation Areas. Thus, at first glance and notwithstanding the label of “executive decree” given to it, it is a concrete and particularized provision, without general scope or normative character, limited to qualifying the public interest and national convenience of a project clearly individualized in terms of subject and content.
In similar cases to the one just described, the Chamber's jurisprudence has been clear and reiterated to the effect that, if the challenge to provisions such as the one at issue alleges infringement of fundamental rights or other constitutional norms that recognize subjective rights of citizens, the proper means of challenge is not the action of unconstitutionality but amparo, for which the true legal nature of the challenged text can—and must—be assessed.
Dismissed
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 17292 - 2008 Fecha de la Resolución: 19 de Noviembre del 2008 a las 14:45 Expediente: 08-014304-0007-CO Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución * 080143040007CO * Exp: 08-014304-0007-CO Res. Nº 2008017292 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil ocho. Acción de inconstitucionalidad promovida por Jorge Enrique Romero Pérez, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-316-218, cuyo estado civil y domicilio no indica; contra el decreto ejecutivo número 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:26 horas del 22 de octubre del 2008, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008, que declaró de interés público y conveniencia nacional el denominado “Proyecto Minero Crucitas”. Alega que en el decreto indicado, el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente, con la justificación de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional, autorizan a una empresa minera a cortar todos los árboles que requieran, incluyendo las especies en veda, entre las que se encuentran gran cantidad de la especie almendro amarillo (dipteryx panamensis), especie que además de estar amenazada per se, constituye el hábitat fundamental y principal fuente de alimento en época reproductiva de la lapa verde (ara ambiguus), especie que se encuentra seriamente amenazada de extinción. Todo esto a pesar de lo establecido por el propio Poder Ejecutivo en el decreto Nº 25700 del 15 de noviembre de 1996 con respecto a otras especies amenazadas y a jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional, vertida en los votos 2486-2002 y 13426-2008, en los cuales se le prohíbe expresamente al Ministerio del Ambiente otorgar cualquier tipo de permiso de corta o aprovechamiento de la especie de árbol almendro amarillo. Con esta autorización, sin ningún tipo de justificación técnica y de forma arbitraria, se atenta directamente contra el equilibrio ambiental y la biodiversidad de toda la Región Huetar Norte de Costa Rica y el sur de Nicaragua, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, el Refugio Nacional Mixto Maquenque y el Corredor Biológico San Juan-La Selva. La justificación para la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas únicamente se fundamenta en los posibles beneficios económicos que se especula que va a generar. El decreto impugnado además es absolutamente omiso en cuanto a la valoración del costo socio-ambiental que implicaría la destrucción total de más de 196 ha. de bosque (incluyendo las especies con protección especial por su importancia en el ecosistema) y de zonas de protección de ríos y quebradas que invadirá y destruirá la empresa minera, con su consiguiente afectación del recurso hídrico. El decreto no tiene ninguna base científico-técnica que en forma objetiva permita valorar el costo socio-ambiental de tal destrucción y que permita con algún grado de certeza establecer que el beneficio social de esta destrucción es mayor que el costo socio-ambiental de la misma, como lo exige la legislación forestal vigente. Además de lo anterior, en toda el área del bosque que se pretende desaparecer, no se pretende construir ningún tipo de infraestructura, entendida como “Conjunto de servicios básicos para el funcionamiento de una economía moderna”, sino que lo que se va a llevar a cabo son grandes excavaciones en la tierra para procesar el material mediante lixiviación de cianuro, con el fin de extraer el oro que se encuentra diseminado en la tierra. El procesamiento se hará en otra zona distinta de donde se harán las excavaciones, que incluyen la utilización de explosivos. También se contempla en esa zona de bosques construir las lagunas de relaves para almacenar el material cianurado. Es evidente entonces que lo decretado por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente va en contra de nuestro derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. Primeramente porque el decreto impugnado autoriza, en forma arbitraria y sin ninguna justificación, la corta de árboles de almendro amarillo, sobre los cuales existe prohibición expresa de tala, emanada directamente por esta Sala Constitucional, entre otros, mediante los votos 2486-2002 y 13426-2008, por estimar esta Sala que es una especie clave en la protección de la lapa verde, que -a su vez- es una especie amenazada de extinción. En segundo lugar, porque la declaratoria de conveniencia nacional que hace el Poder Ejecutivo, mediante el decreto que se impugna, va más allá de lo establecido en la legislación ambiental-forestal, al declarar de conveniencia nacional una actividad económica que no podría ser considerada como un “proyecto de infraestructura”, a la luz de lo que tal término significa y en consonancia con la intención del legislador reflejada en la norma, de limitar al máximo la eliminación de los bosques, en aplicación del principio de irreductividad del bosque, vaciando entonces de contenido la norma de referencia. En tercer lugar, la declaratoria de conveniencia nacional cuestionada carece de la más mínima base científico-técnica que permita establecer, sin lugar a dudas y de manera objetiva, que los beneficios sociales que traería la operación de la mina de oro a cielo abierto con lixiviación de cianuro son mayores que el costo socio-ambiental que implicaría la devastación de las más de 196 ha. de bosque, incluyendo la desaparición de todos los árboles de almendro amarillo existentes en la zona que se destruirá, la irremediable extinción en la zona de la lapa verde, la destrucción de la biodiversidad existente y su repercusión en las áreas silvestres protegidas que se encuentran en el área de influencia de la destrucción autorizada, con el agravante de que la Administración no ha establecido los instrumentos apropiados para llevar a cabo la medición del beneficio social versus el costo socio-ambiental, como lo exige la ley. Todo lo anterior va en contra de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad que deben aplicarse en este caso, en el que está en juego el equilibrio ambiental y su protección, previsto en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que la interpone en forma directa, sin asunto previo pendiente de resolver, con base en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Lo anterior al amparo de la amplia legitimación que deriva del artículo 50 de la Constitución Política para la tutela de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como de la reiterada jurisprudencia de la Sala que considera a dicha materia como de interés difuso (sentencia 3705-93, entre otras). 3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y, Considerando: I.- La disposición impugnada no posee carácter normativo y, en consecuencia, debe ser atacada en la vía de amparo y no de acción. El decreto ejecutivo número 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008 declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S. A., a la que se habilita - previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación- para la corta de árboles (inclusive de especies vedadas) y el desarrollo de obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, la empresa desarrolladora debe cumplir cada una de las medidas de compensación previstas en el Considerando IX del citado decreto y rendir un informe a la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Así pues, a simple vista y no obstante la denominación de “decreto ejecutivo” que se le otorgó, se trata de una disposición concreta y particularizada, sin alcance general ni carácter normativo, que se limita a calificar el interés público y la conveniencia nacional de un proyecto claramente individualizado en cuanto a sujeto y contenido. II.- En supuestos similares al recién descrito, la jurisprudencia de la Sala ha sido clara y reiterada en el sentido de que, si en el cuestionamiento de disposiciones como la de interés se alega infracción de derechos fundamentales u otras normas constitucionales que reconocen derechos subjetivos a las y los ciudadanos, la vía de impugnación no es la de la acción de inconstitucionalidad sino la de amparo, para lo cual se puede -y se debe- calificar la verdadera naturaleza jurídica del texto acusado: “De conformidad con el artículo 73 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sólo cabe la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. De modo que, a fin de resolver esta acción, es indispensable entrar a analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado. Es claro que, aún cuando esa disposición ha sido denominada por el propio Poder Ejecutivo como decreto, no lo es. En efecto, un decreto, para ser tal, debe ser una norma general, es decir, que regule situaciones abstractas y no específicas y concretas, ya que la sola forma no es, por sí sola, la que hace que una disposición sea un decreto, sino que lo que le da esa característica es su contenido. El llamado Decreto Ejecutivo Número 21878 MP-S, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 18 del veintisiete de enero de mil novecientos noventa y tres no es, desde ningún punto de vista, una disposición general y, por lo tanto, no es una norma en sentido estricto, sino que es un acto concreto y específico, (...). De modo que mediante dicho acto se establecen situaciones concretas, como las citadas en los artículos transcritos, y no normas de carácter general. Este es un acto que contiene una decisión no normativa, aunque pueda afectar a un número indeterminado de personas. Se trata de un acto que resuelve una situación concreta y ofrece una consecuencia específica, (…). Con esas características, aún teniendo dos artículos, no estamos en presencia de un acto normativo. Así las cosas, lo impugnado no es, pese al nombre y a la forma en que se estructuró, un decreto sino un simple acuerdo, que como tal es susceptible de impugnación por la vía del amparo.” (Nº 4422-93 de las 10:30 horas del 7 de setiembre de 1993; los paréntesis no son del original). Y también: “II.- En el caso que nos ocupa, lo impugnado -según se desprende de la copia aportada por el actor a folio 13- constituye un acuerdo concreto adoptado por el Poder Ejecutivo y no una disposición de alcance general, como se dio en el expediente 03-004485-0007-CO a que alude el actor. Tal y como lo establece la norma precitada en su inciso b), contra esta clase de actos subjetivos de las autoridades públicas cabe plantear la acción de inconstitucionalidad únicamente de modo residual; vale decir, cuando contra ellos no procedan más bien los recursos de habeas corpus o de amparo, como lo ha dicho esta Sala: ‘De lo expuesto se advierte claramente, que no estamos en presencia de un cuerpo de carácter normativo y de alcance general (decreto reglamentario en la nomenclatura del artículo 121 de la Ley General de la Administración Pública), sino más bien de un acto administrativo subjetivo, como tal no normativo, cuya validez en esta sede ha de analizarse en la vía del recurso de amparo, y no mediante la acción de inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto expresamente en el inciso b) del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (en el mismo sentido, véanse las sentencias de esta Sala números 4422-93, de las diez horas treinta minutos del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres y 3936-95, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco).’ (Nº 885-97 de las 15:24 horas del 11 de febrero de 1997). III.- Puesto que en el sub examine se alega como infringido el derecho fundamental a la paz y a la institucionalidad civilista que la Sala examinó en la sentencia 2004-09992 de las 14:31 horas del 8 de setiembre del 2004 y, al tratarse lo cuestionado de un acuerdo concreto, sin alcance normativo, la armónica aplicación de los artículos 29 y 73 inciso b) de la Ley de esta jurisdicción conduce a concluir que estamos más bien ante materia amparable.” (Nº 2005-16773 de las 16:50 horas del 30 de noviembre del 2005). III.- En el caso que nos concierne, si la disposición cuestionada infringe el derecho fundamental consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, relativo al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ello es, es pasible de examen en la vía de amparo y no en la (residual) de acción. Lo que procede, entonces, es darle trámite como tal y así se declara. Los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y ordenan dar curso.- Por tanto: Se rechaza de plano la acción. Desglósese -previa certificación que deberá dejarse en autos- el memorial que corre agregado de folio 1 al 11 del expediente, para que se tramite como un recurso de amparo nuevo. Los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y ordenan dar curso.- Ana Virginia Calzada M. Presidenta a.i. Luis Paulino Mora M. Gilberth Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G. Jorge Araya G. Expediente N°08-14304-0007-CO.- Voto salvado de los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro con redacción del primero: Discrepamos del criterio sostenido por la mayoría de este Tribunal Constitucional en la sentencia N°2008-17292 de las 14:45 hrs. de 19 de noviembre de 2008, en cuya razón fue rechazada de plano esta acción de inconstitucionalidad. Lo anterior por cuanto, en el caso presente es innegable el carácter normativo de las disposiciones del Decreto Ejecutivo N°34801- MINAE de 13 de octubre de 2008, en que se declara de interés público y de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, desarrollado por la empresa Industrias Infinito, Sociedad Anónima, no sólo por la forma (en cuanto se impugna una disposición con alcance general como lo es un Decreto Ejecutivo), sino también en cuanto su contenido, todo lo cual hace admisible este proceso jurisdiccional en cuanto a su objeto, a partir de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Pero la admisibilidad de este asunto no sólo es exigida por las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que regulan el trámite de este proceso, sino también por la aplicación de diversos principios reconocidos en la Constitución Política, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en que se tutela el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, en concreto, el principio precautorio, el cual aparentemente ha sido socavado a causa de la situación impugnada en esta acción de inconstitucionalidad. Por lo expuesto, los suscritos Magistrados salvan su voto y ordenan dar curso a esta acción. Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C. EXPEDIENTE N° 08-014304-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 06-02-2026 06:48:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 17292 - 2008 Date of Resolution: November 19, 2008 at 14:45 Case File: 08-014304-0007-CO Drafted by: Ana Virginia Calzada Miranda Type of matter: Unconstitutionality action (Acción de inconstitucionalidad) Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution * 080143040007CO * Exp: 08-014304-0007-CO Res. No. 2008017292 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and forty-five minutes of the nineteenth of November of two thousand eight. Unconstitutionality action (Acción de inconstitucionalidad) brought by Jorge Enrique Romero Pérez, of legal age, attorney, holder of identity card number 1-316-218, whose marital status and domicile are not stated; against Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34801-MINAET of October 13, 2008. Resultando: 1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 13:26 hours on October 22, 2008, the petitioner requests that Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34801-MINAET of October 13, 2008, which declared the so-called “Crucitas Mining Project” (Proyecto Minero Crucitas) to be of public interest and national convenience (conveniencia nacional), be declared unconstitutional. He alleges that in the indicated decree, the President of the Republic and the Minister of the Environment, with the justification of the declaration of public interest and national convenience (conveniencia nacional), authorize a mining company to cut down all the trees it requires, including species under a logging ban (veda), among which are a large number of the almendro amarillo species (dipteryx panamensis), a species that, in addition to being threatened per se, constitutes the fundamental habitat and main source of food during the reproductive season of the great green macaw (lapa verde, ara ambiguus), a species that is seriously threatened with extinction. All this despite what the Executive Branch itself established in Decree No. 25700 of November 15, 1996 regarding other threatened species and the binding jurisprudence of this Constitutional Chamber, set forth in rulings 2486-2002 and 13426-2008, in which the Ministry of the Environment is expressly prohibited from granting any type of logging or harvesting permit for the almendro amarillo tree species. With this authorization, without any type of technical justification and in an arbitrary manner, the environmental balance and biodiversity of the entire Northern Huetar Region of Costa Rica and southern Nicaragua are directly threatened, including the Northern Border Corridor Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte), the Maquenque Mixed National Wildlife Refuge (Refugio Nacional Mixto Maquenque), and the San Juan-La Selva Biological Corridor (Corredor Biológico San Juan-La Selva). The justification for the declaration of public interest and national convenience (conveniencia nacional) of the Crucitas Mining Project (Proyecto Minero Crucitas) is based solely on the possible economic benefits it is speculated to generate. The challenged decree is also absolutely silent regarding the valuation of the socio-environmental cost that would entail the total destruction of more than 196 hectares of forest (including species with special protection due to their importance in the ecosystem) and of the protection zones of rivers and streams that the mining company will invade and destroy, with its consequent impact on water resources. The decree has no scientific-technical basis that objectively allows for the valuation of the socio-environmental cost of such destruction and that allows establishing with some degree of certainty that the social benefit of this destruction is greater than its socio-environmental cost, as required by current forestry legislation (legislación forestal). In addition to the above, in the entire forest area intended to be cleared, no type of infrastructure, understood as the "Set of basic services for the functioning of a modern economy," is intended to be built, but rather what will be carried out are large excavations (excavaciones) in the earth to process the material by cyanide leaching (lixiviación de cianuro), in order to extract the gold that is disseminated in the earth. The processing will be done in another zone distinct from where the excavations (excavaciones) will be made, which include the use of explosives. It is also contemplated in that forested zone to build tailings ponds to store the cyanide-laced material. It is evident then that what was decreed by the President of the Republic and the Minister of the Environment goes against our constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. Firstly, because the challenged decree arbitrarily and without any justification authorizes the cutting of almendro amarillo trees, upon which there is an express prohibition on felling, issued directly by this Constitutional Chamber, among others, through rulings 2486-2002 and 13426-2008, because this Chamber considers it a key species in the protection of the great green macaw (lapa verde), which -in turn- is a species threatened with extinction. Secondly, because the declaration of national convenience (conveniencia nacional) made by the Executive Branch, through the challenged decree, goes beyond what is established in the environmental-forestry legislation, by declaring as of national convenience (conveniencia nacional) an economic activity that could not be considered an "infrastructure project," in light of what such a term means and in accordance with the legislator's intention reflected in the norm, to limit to the maximum the elimination of forests, in application of the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, thereby emptying the reference norm of its content. Thirdly, the questioned declaration of national convenience (conveniencia nacional) lacks the most minimal scientific-technical basis that would allow establishing, without any doubt and objectively, that the social benefits that the operation of the open-pit gold mine using cyanide leaching (lixiviación de cianuro) would bring are greater than the socio-environmental cost that would entail the devastation of more than 196 hectares of forest, including the disappearance of all existing almendro amarillo trees in the zone that will be destroyed, the irremediable extinction in the zone of the great green macaw (lapa verde), the destruction of the existing biodiversity and its repercussion on the protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) that are in the area of influence of the authorized destruction, with the aggravating factor that the Administration has not established the appropriate instruments to carry out the measurement of social benefit versus socio-environmental cost, as required by law. All the above goes against the constitutional principles of reasonableness and proportionality that must be applied in this case, where environmental balance and its protection, set forth in Articles 50 and 89 of the Political Constitution, are at stake. 2.- In order to substantiate the standing he holds to bring this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad), he indicates that he files it directly, with no prior pending matter to be resolved, based on the provisions of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. The aforementioned is under the protection of the broad standing derived from Article 50 of the Political Constitution for the protection of a healthy and ecologically balanced environment, as well as from the reiterated jurisprudence of the Chamber that considers said matter to be of a diffuse interest (Ruling 3705-93, among others). 3.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject flatly or on the merits, at any time, including from the moment of its presentation, any petition brought before it that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a prior, identical or similar petition that was rejected. Drafted by Magistrate Calzada Miranda; and, Considerando: I.- The challenged provision does not have a normative character and, consequently, must be challenged through the amparo (amparo) recourse and not through an action. Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34801-MINAET of October 13, 2008 declares of public interest and national convenience (conveniencia nacional) the Crucitas Mining Project (Proyecto Minero Crucitas), developed by the company Industrias Infinito, S. A., which is empowered - upon prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) - for the cutting of trees (including species under a logging ban) and the development of infrastructure works in protection areas, as indicated in the project. As a consequence of the foregoing, the developing company must comply with each of the compensation measures set forth in Considerando IX of the cited decree and submit a report to the corresponding office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Thus, at first glance and despite the designation of "Executive Decree" (Decreto Ejecutivo) that was given to it, it is a concrete and particularized provision, without general scope or normative character, which is limited to qualifying the public interest and national convenience (conveniencia nacional) of a project clearly individualized in terms of subject and content. II.- In cases similar to the one just described, the Chamber's jurisprudence has been clear and reiterated in the sense that, if the challenge to provisions like the one of interest alleges an infringement of fundamental rights or other constitutional norms that recognize subjective rights to citizens, the proper recourse for challenge is not the unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) but rather the amparo (amparo) recourse, for which the true legal nature of the challenged text can -and must- be qualified: "In accordance with Article 73, subsection a) of the Law of Constitutional Jurisdiction, the unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) only applies against laws and other general provisions that infringe upon some constitutional norm or principle. Thus, in order to resolve this action, it is essential to analyze the legal nature of the challenged act. It is clear that, even though this provision has been called a decree by the Executive Branch itself, it is not one. In fact, a decree, to be such, must be a general norm, that is, it must regulate abstract and not specific and concrete situations, since the form alone does not, by itself, make a provision a decree; rather, it is its content that gives it that characteristic. The so-called Executive Decree (Decreto Ejecutivo) Number 21878 MP-S, published in the Official Gazette La Gaceta No. 18 of January twenty-seventh, nineteen ninety-three, is not, from any point of view, a general provision and, therefore, it is not a norm in the strict sense, but rather a concrete and specific act, (...). Thus, through said act, concrete situations are established, like those cited in the transcribed articles, and not norms of a general nature. This is an act containing a non-normative decision, even though it may affect an indeterminate number of persons. It is an act that resolves a concrete situation and offers a specific consequence, (…). With these characteristics, even having two articles, we are not in the presence of a normative act. Thus, what is challenged is not, despite the name and the form in which it was structured, a decree but rather a simple agreement, which as such is susceptible to challenge through the amparo (amparo) recourse." (No. 4422-93 of 10:30 hours on September 7, 1993; parentheses are not from the original). And also: "II.- In the case at hand, what is challenged -as can be deduced from the copy provided by the plaintiff on folio 13- constitutes a concrete agreement adopted by the Executive Branch and not a provision of general scope, as occurred in case file 03-004485-0007-CO to which the plaintiff alludes. As established by the aforementioned norm in its subsection b), against this class of subjective acts of public authorities, the unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) may only be filed in a residual manner; that is, when the remedies of habeas corpus or amparo (amparo) do not apply against them, as this Chamber has stated: 'From the foregoing, it is clearly seen that we are not in the presence of a body of normative character and general scope (regulatory decree in the nomenclature of Article 121 of the General Law of Public Administration), but rather a subjective administrative act, as such non-normative, whose validity in this venue must be analyzed through the amparo (amparo) recourse, and not by means of the unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad), by virtue of what is expressly provided in subsection b) of Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction (in the same sense, see rulings of this Chamber numbers 4422-93, of ten hours thirty minutes of September seventh, nineteen ninety-three and 3936-95, of fifteen hours forty-five minutes of July eighteenth, nineteen ninety-five).' (No. 885-97 of 15:24 hours on February 11, 1997). III.- Given that in the sub examine, the fundamental right to peace and to civilian institutionality that the Chamber examined in Ruling 2004-09992 of 14:31 hours on September 8, 2004 is alleged to be infringed, and given that what is questioned constitutes a concrete agreement, without normative scope, the harmonious application of Articles 29 and 73 subsection b) of the Law of this jurisdiction leads to the conclusion that we are instead dealing with a matter amenable to amparo (amparo)." (No. 2005-16773 of 16:50 hours on November 30, 2005). III.- In the case that concerns us, if the challenged provision infringes upon the fundamental right enshrined in Article 50 of the Political Constitution, relating to the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment. That is, it is susceptible to examination through the amparo (amparo) recourse and not through the (residual) action. What is appropriate, then, is to process it as such, and it is so declared. Magistrates Armijo and Cruz dissent and order it to proceed.- Por tanto: The action is rejected flatly. The brief attached from folio 1 to 11 of the case file shall be detached -upon prior certification to be left in the record- to be processed as a new amparo (amparo) recourse. Magistrates Armijo and Cruz dissent and order it to proceed.- Ana Virginia Calzada M. Acting Presiding Judge Luis Paulino Mora M. Gilberth Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G. Jorge Araya G. Case File No. 08-14304-0007-CO.- Dissenting vote of Magistrates Armijo Sancho and Cruz Castro, drafted by the first: We disagree with the criterion held by the majority of this Constitutional Tribunal in Ruling No. 2008-17292 of 14:45 hrs. on November 19, 2008, on which basis this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) was flatly rejected. The foregoing because, in the present case, the normative character of the provisions of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34801-MINAE of October 13, 2008, in which the Crucitas Mining Project (Proyecto Minero Crucitas), developed by the company Industrias Infinito, Sociedad Anónima, is declared of public interest and national convenience (conveniencia nacional), is undeniable, not only due to its form (insofar as a provision with general scope, such as an Executive Decree (Decreto Ejecutivo), is challenged), but also regarding its content, all of which makes this jurisdictional proceeding admissible regarding its object, based on the provisions of subsection a) of Article 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction. But the admissibility of this matter is not only required by the provisions of the Law of Constitutional Jurisdiction that regulate the processing of this proceeding, but also by the application of various principles recognized in the Political Constitution, as well as in International Human Rights Law, in which the right to a healthy and ecologically balanced environment is protected, and specifically, the precautionary principle, which has apparently been undermined due to the situation challenged in this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad). For the reasons set forth, the undersigned Magistrates dissent and order this action to proceed. Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C. EXPEDIENTE N° 08-014304-0007-CO Phones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 02-06-2026 06:48:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República