Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)El punto medular que se plantea en la presente acción, radica en la contraposición que el accionante dice encontrar entre el artículo 65 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la Ley Forestal y el artículo 23 de la Ley Forestal. No obstante lo anterior, si el promovente estima que el Poder Ejecutivo ha excedido las potestades que le han sido constitucionalmente conferidas, al dictar un reglamento contrario a la ley, lo cierto es, que ello no comporta un verdadero conflicto de constitucionalidad, por cuanto no vulnera, al menos en forma directa, un derecho fundamental. Bajo tales consideraciones, si el actor considera que la norma reglamentaria aquí impugnada resulta ilegal, deberá si a bien lo tiene, plantear el punto ante la jurisdicción contencioso administrativa, para hacer valer sus derechos.
English (translation)The core point raised in this action lies in the contradiction that the plaintiff claims to find between Article 65 of Executive Decree No. 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Forest Law Regulation, and Article 23 of the Forest Law. However, if the petitioner considers that the Executive Branch has exceeded its constitutionally conferred powers by issuing a regulation contrary to the law, the truth is that this does not constitute a true constitutional conflict, since it does not violate, at least directly, a fundamental right. Under such considerations, if the plaintiff believes the challenged regulatory provision is illegal, it must, should it so choose, bring the matter before the administrative litigation jurisdiction to assert its rights.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 15443 - 2008 Fecha de la Resolución: 15 de Octubre del 2008 a las 14:49 Expediente: 08-011608-0007-CO Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución * 080116080007CO * Exp: 08-011608-0007-CO Res. Nº 2008015443 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cuarenta y nueve minutos del quince de octubre del dos mil ocho. Acción de inconstitucionalidad promovida por Charada S.A.; contra el párrafo final del artículo 65 del Reglamento de la Ley Forestal. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:58 horas del 25 de agosto del dos mil ocho, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del párrafo final del artículo 65 del Reglamento de la Ley Forestal. Alega que los efectos de la norma impugnada son ruinosos desde el punto de vista que les genera un daño patrimonial. Ya que la aplicación que está invocando la Municipalidad de Sarapiquí es contraria al artículo 23 de la Ley Forestal así como los principios de la jerarquía de las normas y de regularidad jurídica. Alega que los propietarios de bosques naturales que contratan con el Estado por “servicios ambientales” reciben el pago de servicios como una compensación económica por el no cambio de uso de la tierra, disposición contemplada en el artículo 19 de la Ley Forestal. Alegan además que la compensación económica que reciben no es un incentivo, ya que los incentivos se encuentran en el artículo 23 de la Ley Forestal. Considera que desde el pago del impuesto a los bienes inmuebles salió del ámbito de Tributación Directa y pasó a las Municipalidades, dejó por ende de ser un tributo o impuesto fiscal, ya que quedó como beneficiario las Municipalidades y no el Estado. Alega que viendo lo anterior sería el inciso b) del artículo 23 de la Ley Forestal el que no se podría obtener conjuntamente con el pago de servicios ambientales, conforme al artículo 65 del Reglamento de la Ley Forestal, cuestión que la Municipalidad de Sarapiquí considera de otra forma y le niega a su representada el beneficio contemplado en el inciso a) del artículo 23 de la Ley Forestal. Indica que el párrafo final del artículo 65 del Reglamento de la Ley Forestal al decir que “no se podrá optar por incentivos fiscales y pago de servicios ambientales en forma simultánea” es inconstitucional conforme al inciso 3) del artículo 140 de la Constitución Política, porque está modificando la Ley Forestal, excediendo además como se sabe sus competencias legales y constitucionales e invadiendo poderes que no le pertenecen. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover la presente acción, el accionante señaló que La Municipalidad de Sarapiquí ha interpuesto Proceso Ejecutivo Simple contra CHARADA S.A., que se tramita en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Sarapiquí, mediante expediente judicial número 07-000126-0377 CI (folio 02). 3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y, Considerando: I.- DE PREVIO. La gestión incumple con algunos de los requisitos formales establecidos en la Ley de esta jurisdicción para la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad. En efecto, no se agregó ni canceló el timbre del Colegio de Abogados que corresponde a la autenticación del escrito inicial. Tampoco se aportaron las 8 copias que establece el párrafo segundo del artículo 79 ídem. Aún así, se estima oportuno prescindir de la prevención que de otro modo cabría efectuar conforme al artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por motivos de economía procesal, en atención a lo que seguidamente se resuelve. II.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR TRATARSE DE UN CONFLICTO DE DE MERA LEGALIDAD. El accionante solicita que se declare inconstitucional el artículo 65 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la Ley Forestal, por considerar que es violatoria al artículo 140, inciso 18), de la Constitución Política, pues excede la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, al restringir la aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Forestal número 7575, el cual establece incentivos a los propietarios de bosques naturales que generan servicios ambientales, que consiste en la exención del pago del impuesto a los bienes inmuebles. Sin embargo, el artículo 65 del Decreto Ejecutivo 25721- MINAE, establece que no se podrá optar por incentivos fiscales y pago de servicios ambientales en forma simultánea. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que el determinar si una norma reglamentaria contraviene o excede lo establecido en una ley, es una discusión que no corresponde ser dilucidada en esta sede constitucional, salvo en aquellos casos en los que se considere que la norma reglamentaria vulnere algún derecho fundamental, pues de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, el control de legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. En ese sentido, esta Sala ha sostenido lo siguiente: “III.- Inadmisibilidad de la acción en razón del objeto impugnado. De conformidad con lo expuesto, puede verse entonces, que lo impugnado por el accionante tiene que ver con la contradicción entre el contenido de una norma reglamentaria y lo previsto en la ley. Sobre ese particular, este Tribunal ha resuelto que la invocación de inconstitucionalidad motivada en la exclusiva violación del principio de legalidad administrativa es un asunto que se reserva a la jurisdicción ordinaria, precisamente al tenor de lo dispuesto en los artículos 11, 49, 121 y 140 Constitucionales. La simple infracción del exceso de la potestad reglamentaria debe ventilarse en la Jurisdicción Contencioso- administrativa, toda vez que esta labor fue asignada por el Constituyente al juez contencioso, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política; lo cual obliga a interpretar de forma sistemática el texto constitucional y entender que las cuestiones de legalidad han de someterse a la citada Jurisdicción, con el fin de mantener una uniforme distribución de las competencias y el respeto de todas las reglas que conforman el sistema previsto en la Constitución Política. En ese sentido, se ha señalado que cualquier impugnación como la que se plantea, conlleva implícita una presunta violación a la Constitución Política, dado que de ella se deriva todo el ordenamiento jurídico, pero en la propia Constitución existe un reparto de competencias con el fin de garantizar al ciudadano una manera de proteger las distintas clases de derechos e intereses que posee. De esa forma, se regulan en la Constitución Política, las jurisdicciones contenciosa y de trabajo (artículos 49 y 70) y es dentro de este contexto que debe incrustarse la jurisdicción constitucional, en el entendido de que su competencia se complementa y no se superpone a las señaladas, a los fines de protección del ciudadano…” (Ver en igual sentido, la sentencias números 14901-2006 y 1149-2000). El punto medular que se plantea en la presente acción, radica en la contraposición que el accionante dice encontrar entre el artículo 65 del Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996, que es Reglamento a la Ley Forestal y el artículo 23 de la Ley Forestal. No obstante lo anterior, si el promovente estima que el Poder Ejecutivo ha excedido las potestades que le han sido constitucionalmente conferidas, al dictar un reglamento contrario a la ley, lo cierto es, que ello no comporta un verdadero conflicto de constitucionalidad, por cuanto no vulnera, al menos en forma directa, un derecho fundamental. Bajo tales consideraciones, si el actor considera que la norma reglamentaria aquí impugnada resulta ilegal, deberá si a bien lo tiene, plantear el punto ante la jurisdicción contencioso administrativa, para hacer valer sus derechos. En virtud de lo expuesto, la acción resulta inadmisible, como en efecto se impone. III.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, resulta procedente rechazar de plano la acción, como en efecto se impone. Por tanto: Se rechaza de plano la acción. Ana Virginia Calzada M. Presidenta a.i. Luis Paulino Mora M. Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G. EXPEDIENTE N° 08-011608-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 03-05-2026 04:01:15. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and forty-nine minutes on the fifteenth of October, two thousand eight. An acción de inconstitucionalidad brought by Charada S.A.; against the final paragraph of Article 65 of the Reglamento de la Ley Forestal. Resultando: 1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 10:58 a.m. on the twenty-fifth of August, two thousand eight, the claimant requests that the unconstitutionality of the final paragraph of Article 65 of the Reglamento de la Ley Forestal be declared. It alleges that the effects of the challenged provision are ruinous from the standpoint of causing it patrimonial harm, since the application being invoked by the Municipalidad de Sarapiquí is contrary to Article 23 of the Ley Forestal as well as the principles of hierarchy of norms and legal regularity. It alleges that the owners of natural forests who contract with the State for “environmental services (servicios ambientales)” receive the payment for services as an economic compensation for the no land-use change (no cambio de uso de la tierra), a provision contemplated in Article 19 of the Ley Forestal. It further alleges that the economic compensation they receive is not an incentive (incentivo), since the incentives are found in Article 23 of the Ley Forestal. It considers that from the moment the payment of the immovable property tax left the scope of Direct Taxation and passed to the Municipalities, it therefore ceased to be a fiscal levy or tax, since the Municipalities and not the State remained as the beneficiary. It alleges that, in view of the foregoing, it would be subparagraph b) of Article 23 of the Ley Forestal that could not be obtained simultaneously with the payment for environmental services (pago de servicios ambientales), pursuant to Article 65 of the Reglamento de la Ley Forestal, a matter which the Municipalidad de Sarapiquí considers otherwise and denies its represented party the benefit contemplated in subparagraph a) of Article 23 of the Ley Forestal. It indicates that the final paragraph of Article 65 of the Reglamento de la Ley Forestal, by stating that “one may not simultaneously opt for fiscal incentives and payment for environmental services,” is unconstitutional according to subparagraph 3) of Article 140 of the Constitución Política, because it is modifying the Ley Forestal, thus exceeding, as is known, its legal and constitutional powers and invading powers that do not belong to it. 2.- In order to substantiate the standing (legitimación) it holds to bring this action, the claimant indicated that the Municipalidad de Sarapiquí has filed a Proceso Ejecutivo Simple against CHARADA S.A., being processed in the Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Sarapiquí, under judicial expediente number 07-000126-0377 CI (folio 02). 3.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to dismiss summarily or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient grounds for judgment to dismiss it, or that it constitutes a mere reiteration or reproduction of a prior, equal or similar, dismissed petition. Drafted by Magistrate Calzada Miranda; and, Considerando: I.- PRELIMINARY MATTER. The petition fails to comply with certain formal requirements established in the Ley de esta jurisdicción for the admissibility of acciones de inconstitucionalidad. Indeed, the Colegio de Abogados stamp corresponding to the authentication of the initial writ was neither attached nor paid. Neither were the 8 copies provided as established in the second paragraph of Article 79 of the same law. Even so, it is deemed appropriate to dispense with the pre-admission notice (prevención) that would otherwise be warranted pursuant to Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, for reasons of procedural economy, in light of what is decided below. II.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION BECAUSE IT CONCERNS A MERE LEGALITY CONFLICT. The claimant requests that Article 65 of the Decreto Ejecutivo number 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Reglamento a la Ley Forestal, be declared unconstitutional, considering that it violates Article 140, subparagraph 18), of the Constitución Política, since it exceeds the regulatory power (potestad reglamentaria) of the Poder Ejecutivo, by restricting the application of the provisions of Article 23 of the Ley Forestal number 7575, which establishes incentives for owners of natural forests that generate environmental services, consisting of the exemption from payment of the immovable property tax. However, Article 65 of the Decreto Ejecutivo 25721-MINAE establishes that one may not simultaneously opt for fiscal incentives and payment for environmental services. On repeated occasions, this Chamber has indicated that determining whether a regulatory provision contravenes or exceeds what is established in a law is a discussion that is not to be settled in this constitutional venue, except in those cases in which the regulatory provision is considered to violate some fundamental right, since, pursuant to Article 49 of the Constitución Política, the control of legality of the administrative function of the State, of its institutions, and of every other public law entity, corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. In that sense, this Chamber has held the following: “III.- Inadmissibility of the action by reason of the challenged subject matter. In accordance with the foregoing, it can thus be seen that what is challenged by the claimant has to do with the contradiction between the content of a regulatory provision and what is provided for in the law. In this regard, this Tribunal has ruled that the invocation of unconstitutionality based on the exclusive violation of the principle of administrative legality is a matter reserved to the ordinary jurisdiction, precisely in accordance with the provisions of Articles 11, 49, 121, and 140 of the Constitution. The mere infringement of an excess of the regulatory power must be ventilated before the Contentious-Administrative Jurisdiction, since this task was assigned by the Constituent Power to the contentious-administrative judge, as can be inferred from the provisions of Article 49 of the Constitución Política; which obliges a systematic interpretation of the constitutional text and an understanding that questions of legality must be submitted to the cited Jurisdiction, in order to maintain a uniform distribution of powers and respect for all the rules that make up the system provided for in the Constitución Política. In that sense, it has been pointed out that any challenge such as the one raised implicitly entails an alleged violation of the Constitución Política, given that the entire legal order derives from it, but in the Constitution itself there is a distribution of powers in order to guarantee the citizen a way to protect the different classes of rights and interests they possess. In this manner, the contentious and labor jurisdictions (Articles 49 and 70) are regulated in the Constitución Política, and it is within this context that the constitutional jurisdiction must be embedded, with the understanding that its competence complements and does not superimpose upon those mentioned, for the purposes of the citizen's protection…” (See, in the same vein, judgments numbers 14901-2006 and 1149-2000). The core point raised in this action lies in the contraposition that the claimant states it finds between Article 65 of the Decreto Ejecutivo number 25721-MINAE of October 17, 1996, which is the Reglamento a la Ley Forestal, and Article 23 of the Ley Forestal. Notwithstanding the foregoing, if the petitioner considers that the Poder Ejecutivo has exceeded the powers constitutionally conferred upon it, by issuing a regulation contrary to law, the fact is that this does not constitute a true constitutional conflict, since it does not violate, at least directly, a fundamental right. Under such considerations, if the claimant considers that the regulatory provision challenged here is illegal, it must, if it deems appropriate, raise the point before the contentious-administrative jurisdiction, to assert its rights. By virtue of the foregoing, the action is inadmissible, as is hereby imposed. III.- CONCLUSION. By virtue of the foregoing, it is appropriate to dismiss the action summarily, as is hereby imposed. Por tanto: The action is dismissed summarily. Ana Virginia Calzada M. Acting Presiding Judge Luis Paulino Mora M. Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G. EXPEDIENTE N° 08-011608-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-05-2026 04:01:15. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República