Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)IV.- La Sala considera que el decreto impugnado es inconstitucional en su totalidad, por vulnerar el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. [...] El Decreto impugnado regula únicamente la actividad o proyectos de ecoturismo en los bosques de la zona marítimo terrestre, demarcados por el MINAE, y omite hacerlo para las demás áreas silvestres protegidas y bosques del Patrimonio Natural del Estado. Con todo, no justifica esta diversidad de trato, que riñe con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad en materia ambiental.
VI.- El Decreto impugnado, en su artículo 4°, admite la ejecución de proyectos ecoturísticos con corta de árboles y aprovechamiento del recurso forestal. A tono con la Ley Forestal, artículo 1°, en virtud del interés público y salvo lo estipulado en su artículo 18, que autoriza el ecoturismo, "se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado". La legislación es conservacionista, y ninguna de sus normas permite, en forma expresa, la tala dentro de las Áreas Silvestres Protegidas.
English (translation)IV.- The Chamber considers that the challenged decree is unconstitutional in its entirety, for violating Article 50 of the Political Constitution, which recognizes the right to a healthy and ecologically balanced environment. [...] The challenged decree only regulates ecotourism activities or projects in the forests of the maritime-terrestrial zone, demarcated by MINAE, and omits doing so for the other protected wildlands and forests of the State's Natural Heritage. In any case, it does not justify this diversity of treatment, which clashes with the constitutional principles of reasonableness and proportionality in environmental matters.
VI.- The challenged decree, in its article 4°, permits the execution of ecotourism projects with tree felling and exploitation of forest resources. In accordance with article 1 of the Forestry Law, by virtue of public interest and except as stipulated in article 18, which authorizes ecotourism, "the felling or exploitation of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones, wildlife refuges and forest reserves owned by the State is prohibited." The legislation is conservationist, and none of its norms expressly permits logging within Protected Wildlands.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 17650 - 2008 Fecha de la Resolución: 05 de Diciembre del 2008 a las 12:23 Expediente: 04-005627-0007-CO Redactado por: Gilbert Armijo Sancho Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución * 040056270007CO * Exp: 04-005627-0007-CO Res. Nº 2008017650 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y veintitrés minutos del cinco de diciembre del dos mil ocho. Recurso de amparo interpuesto por Juan Cristóbal Figuerola Landi, cédula de residencia 758-147819-001865, contra el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la Municipalidad del cantón de Aguirre. Resultando: 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:30 horas de 11 de junio de 2004, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la Municipalidad del cantón de Aguirre y manifiesta que el 27 de mayo del 2002 se presentó a la Oficina Subregional de Aguirre y Parrita del Area de Conservación Pacífico Central del Ministerio del Ambiente y Energía (ACOPAC), una solicitud por parte de la empresa Playa Dulce Vida S.A., a efecto de que se autorizara un inventario forestal dentro de un terreno donde se pretende desarrollar un complejo turístico, ubicado en el sector costero de Quepos conocido como Playa Espadilla. Que a pesar de varios estudios realizados por oficinas del Ministerio del Ambiente y Energía y ACOPAC, en los que se establece que la autorización de inventario y tala de árboles solicitada por la empresa citada ocasionará un impacto importante a los ecosistemas que existen en la zona, que es zona protegida, ante un recurso de revisión planteado por el representante legal de la empresa interesada, el ministro, por resolución número R-171-2004-MINAE, decidió apartarse de esos criterios técnicos, y autorizar la tala de cuarenta y seis árboles en la zona, situación que resultaría en un grave daño al medio ambiente del lugar. Se trata, según un informe de 1997 del Instituto Nacional de Investigación y Servicios Forestales, de un bosque en primeras etapas de regeneración que presenta cincuenta y una especies, recomendando que no sea intervenido. Los terrenos solo pueden ser utilizados para preservar flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica. Asimismo, en el Decreto Ejecutivo 31750-MINAE- TUR se aplican criterios de aprovechamiento forestal a desarrollos turísticos, contradiciendo los criterios técnicos y legales del Ministerio del Ambiente y Energía. Solicita el recurrente que se ordene suspender la corta que autoriza la resolución 171- 2004 y se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 31750-MINAE-TUR (folio 1). 2. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, ministro de Ambiente y Energía, informa bajo juramento que el informe al que alude el actor del Instituto Nacional de Investigación y Servicios Forestales no prohíbe la tala, sino que contiene un grupo de observaciones sobre la forma en que el proyecto turístico en cuestión puede desarrollarse. Los terrenos donde se encuentra el proyecto fueron terrenos de pastoreo, cultivos y charrales. Sobre los suelos, en un informe posterior, del 19 de agosto de 2003 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se asegura su aptitud para obras de infraestructura urbanística, las cuales no les causaría efectos nocivos en vista de su limitada capacidad productiva. Por otro lado, la oficina estatal competente para evaluar el posible impacto ambiental del proyecto le otorgó la viabilidad ambiental. Se han detectado vicios de nulidad en la resolución ACOPAC-OSRAP-073-02, la que será revisada, siguiendo los procedimientos pertinentes. Consta en el expediente relacionado con el proyecto el informe técnico ACOPAC-OSRAP-802-02 del 12 de noviembre de 2002 donde se recomendó suspender temporalmente cualquier obra y corta de árboles en el módulo V-4 mientras no se realice una visita conjunta con el Instituto Geográfico Nacional con el fin de establecer si se trabajaba en la zona pública de la playa. A la corta de árboles en otros módulos se le dio el visto bueno en el mismo informe, pues se contaba con viabilidad ambiental. El actor acude simplemente al término “bosque” y omite hacer la diferencia que hace la Ley Forestal de “bosque secundario”. En el análisis del documento “Plan de manejo para el bosque secundario de una propiedad en concesión del Proyecto Dulce Vida S.A.” se explicó que no podía aplicársele los criterios de los Decretos Ejecutivos 30763-MINAE y 27998-MINAE porque fueron diseñados para la producción permanente de productos forestales, y lo que se buscaba ahí era suprimir cuarenta y dos árboles para establecer una infraestructura habitacional. Con el Decreto Ejecutivo 31750-MINAE-TUR se procura llenar ese vacío. En el oficio ACOPAC-D-551-04 del 21 de abril de 2004 el Director del Area de Conservación Pacífico Central se declaró incompetente, pues el proyecto ya tenía viabilidad ambiental. Con base en esto su Despacho consideró superadas todas las etapas técnicas y acogió el recurso de revisión, otorgando el permiso pedido para cortar árboles. Solicita que se desestime el recurso planteado. Solicita que se desestime el recurso planteado (folio 21). 3. Alex Max Contreras Serrano, alcalde municipal del cantón de Aguirre, informa bajo juramento que es al Ministerio del Ambiente y Energía al que le compete la supervisión de la materia ambiental. De conformidad con el plan regulador para la zona, esta tiene uso de hotel, cabinas y camping. Pide que se declare sin lugar el amparo (folio 28). 4. Glenn Jampol, apoderado con facultades suficientes en representación de la firma “Playa Dulce Vida, Sociedad Anónima”, contesta la audiencia concedida y manifiesta que todas las actuaciones de la empresa a su cargo se han realizados en estricto apego al ordenamiento. Asegura que todos los procedimientos se han llevado a cabo acatando lo resuelto por el Ministerio de Ambiente y Energía. Pide que se desestime el amparo en cuanto se dirige contra la empresa que representa (folio 38). 5. Por escrito recibido a las 11:55 horas de 12 de agosto de 2008, el recurrente realiza alegatos sobre el amparo (folio 106). 6. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y, Considerando: I. Objeto del recurso. El recurrente impugna la resolución R-171-2004-MINAE que autorizó a la empresa Playa Dulce Vida S.A. para que procediera con la tala de 46 árboles en Playa Espadilla, sector costero de Quepos, esto tomando como fundamento el contenido del Decreto Ejecutivo número 31750-MINAE-TUR de 14 de mayo de 2004. Estima que tanto esa decisión, como el decreto en el que se fundamentó, resultan lesivos del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, por ende, contrarios al Derecho de la Constitución. II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a. Por resolución R-171-2004-MINAE de 09:00 horas de 14 de mayo de 2004, el ministro a.i. de Ambiente y Energía autorizó la solicitud de corta de 46 árboles en la zona de Playa Espadilla en Quepos, cantón de Aguirre, planteada por la empresa Dulce Vida Sociedad Anónima (hecho incontrovertido). III. Hechos no probados. Ninguno que interese para resolver el amparo. IV. Sobre el fondo. La resolución de este asunto depende, absolutamente, de la forma en que la Sala falló la acción de inconstitucionalidad planteada contra el Decreto Ejecutivo número 31750-MINAE-TUR de 22 de abril de 2004, publicado en La Gaceta número 94 de 14 de mayo de 2004 que, a su vez, sirvió de sustento normativo para dictar la resolución R-171-2004-MINAE de 09:00 horas de 14 de mayo de 2004. En ese sentido, en la sentencia 2008-16975 de 14:53 horas de 12 de noviembre de 2008 el Tribunal decidió declarar inconstitucional esa disposición normativa, pues se consideró que: “III.- Los motivos de inconstitucionalidad alegados por los recurrentes. Los motivos de inconstitucionalidad del Decreto impugnado, alegados por los recurrentes, pueden resumirse así: a) La definición del término ecoturismo que establece el Decreto permite el cambio de uso del suelo y actividades que pueden deteriorar el Patrimonio Natural del Estado o causarían graves daños a las áreas silvestres protegidas, en contra de lo dispuesto en el artículo 50 constitucional, la Convención para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural (Ley 5980), arts. 4 a 7, la Convención de Ramsar (Ley 7224), arts. 1 a 5, Ley Forestal, arts. 3, 13, 14, 15, 18 y 19; variando el significado y alcances del término, definido por la comunidad internacional, tratados internacionales suscritos por el país y las leyes vigentes, limitando el ecoturismo a la zona marítimo terrestre donde hay bosque, cuando lo cierto es que esa actividad es aplicable a todas las áreas silvestres protegidas. b) El Decreto permite la construcción de edificaciones, así como el aprovechamiento y corta del bosque que dentro del Patrimonio Natural del Estado (arts. 2°, 3°, y 4°), y que se realicen actividades que tienden al lucro de pocos empresarios en lugar de promover la conservación, violando así la Ley Forestal, artículos 3, 13, 14 y 19, así como la jurisprudencia constitucional (se invoca la sentencia número N° 4587-97) y de la Procuraduría General de la República (dictamen C-321-2003 y opinión jurídica O. J.-014-2004). c) El Decreto delega a las Municipalidades el otorgamiento de concesiones en áreas boscosas de la zona marítimo terrestre (art. 4°, inc. 1°), lo que es competencia única del Estado, por medio del MINAE, según las Leyes 6043 y Forestal, a las cuales se opone. d) El Decreto entraña una lógica utilitarista, contraria a la lógica ambiental, contemplando los árboles aisladamente del resto de la biodiversidad y se desconoce si un 15 por ciento para bosque primario o 25 para bosque secundario será suficiente, cambiándose todo el ecosistema y dejando de ser u natural, para convertirlo en uno intervenido.- IV.- La Sala considera que el decreto impugnado es inconstitucional en su totalidad, por vulnerar el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En efecto, como lo ha puesto de relieve el informe de la Procuraduría General de la República, el Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes). V.- Como lo indica la Procuraduría General de la República, el Decreto impugnado presupone la administración municipal de las áreas de bosques de la zona marítimo terrestre, con la consiguiente competencia para otorgar concesiones y aplicar dentro de ellas la Ley 6043. Así, el artículo 2° incorpora las "áreas de bosque de la zona marítimo terrestre" al "respectivo Plan Regulador Costero en el marco de la Ley 6043". Ese Plan Regulador Costero es la figura propia de planificación de la zona marítimo terrestre administrada por las Municipalidades, y requisito esencial para que éstas puedan otorgar concesiones con fines turísticos. (Ley 6043, arts. 31, 33 y 38; 17 y 18 de su Reglamento, Decreto 7841-P). Los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 7° desarrollan esa incorporación de los bosques de la zona marítimo terrestre al Plan Regulador; además, es categórico acerca de la competencia que asigna a los gobiernos locales en dichas áreas, al exigir para los proyectos ecoturísticos que impliquen corta y aprovechamiento del recurso forestal, la "concesión otorgada por la Municipalidad competente" (art. 4° inc. 1°). En este extremo, el Decreto excede los límites del ejercicio de la potestad reglamentaria, al atribuir a las Municipalidades una competencia que por ley no tienen para administrar y otorgar concesiones sobre el Patrimonio Natural del Estado en los litorales (Áreas Silvestres Protegidas y demás bosques o terrenos forestales públicos), aparte de que producen una mutación de destino del demanio público, convirtiéndolo en explotación turística particular, con lo cual infringe los artículos 13 de la Ley Forestal y 73 de la Ley 6043, los cuales deja insubsistentes. Por último, la concesión es el medio normal de aprovechamiento de las áreas de la zona marítimo terrestre administradas por las Municipalidades (Ley 6043, art. 39) e irreconciliable con los objetivos de ciertas Áreas Silvestres Protegidas, de conservación absoluta; por ejemplo, parques nacionales y reservas biológicas. Por esa razón, el Decreto sería contrario a la Ley de Parques Nacionales, N° 6084 (art. 12), que prohíbe otorgar concesiones para la explotación de productos de los parques nacionales o para establecer otras instalaciones que las del Área de Conservación del MINAE, antes Servicio de Parques Nacionales. Por su parte, la Ley de Biodiversidad, N° 7788, artículo 39, contiene otra prohibición de otorgar concesiones dentro de las áreas silvestres protegidas estatales que autoricen el acceso a los elementos de la biodiversidad a favor de terceros o la construcción de edificaciones privadas. Sólo las permite en favor de organizaciones, sobre todo regionales, sin fines de lucro, que apoyen la conservación de los recursos naturales, para servicios y actividades no esenciales, que son: estacionamientos, servicios sanitarios, administración de instalaciones físicas, servicios de alimentación, tiendas, construcción y administración de senderos, de la visita y otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación. Es criterio reiterado de esta Sala que "la sumisión del reglamento a la ley es absoluta" e implica que "no puede dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador o regular un cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta (SALA CONSTITUCIONAL, votos 2934-93, 5227-94, 6198-95, 2381-96, 2382-96, 6689-96, 1607-98, 0998-98, 1998-07967, 1999-05445, 1999-05669, 1999-07619, 1999-09236). Aunque la infracción de un Decreto a textos de Ley se ubica, en principio, en el plano de legalidad, cuando la misma afecta a la vez derechos fundamentales, como sería el derecho a un medio ambiente adecuado, el vicio trasciende a la esfera constitucional y adquiere esa connotación (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias números 459-91, 3550-91 y 4702-93, 2001- 02074, entre otros). Concretamente, en la sentencia número 2001-02074, la Sala consideró que: "II.- …en tanto el incumplimiento en la asignación de recursos para el sector forestal lesiona la posibilidad de hacer efectivo el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que protege el artículo 50 constitucional, el asunto discutido se logra enmarcar dentro del ámbito de competencia de este Tribunal de garantías fundamentales. Como dispone la resolución N° 5691-98 "la inquietud de la Sala por la estabilidad y la armonía ecológica ha sido férrea, pues proteger la naturaleza, que es patrimonio mundial, es también salvaguardar no solo la vida del hombre y su salud, sino también la de la humanidad sobre la tierra, desarrollando de esta forma el contenido, no solo de los convenios internacionales en esa materia, sino también el artículo 21 de nuestra Constitución Política (…). De lo expuesto se concluye que la negación de los recursos económicos que por ley corresponden a los programas de protección y restauración forestal conlleva una infracción a los postulados del artículo 50 de la Constitución Política, y por ello se trata de un asunto que rebasa sensiblemente lo que pudiera estimarse como un mero incumplimiento legal, para adquirir relevancia constitucional, toda vez que implica la inobservancia por parte del Estado de la obligación que expresamente le impone esa norma en el sentido de garantizar, defender, y preservar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado". VI.- El Decreto impugnado, en su artículo 4°, admite la ejecución de proyectos ecoturísticos con corta de árboles y aprovechamiento del recurso forestal. A tono con la Ley Forestal, artículo 1°, en virtud del interés público y salvo lo estipulado en su artículo 18, que autoriza el ecoturismo, "se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado". La legislación es conservacionista, y ninguna de sus normas permite, en forma expresa, la tala dentro de las Áreas Silvestres Protegidas. Antes bien, los comentarios hechos en el seno de la Asamblea Legislativa durante el trámite del Proyecto de la Ley Forestal 7575, van en sentido contrario: "Estos primeros artículos definen la esencia del proyecto, el cual es para la protección de los bosques, el manejo adecuado y la siembra de la madera. Establece la prohibición total a la corta en terrenos del Estado y en las áreas de conservación, además, algo que es completamente novedoso, que es el no cambio de uso…" (Acta N° 28 de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, pg. 14; f. 2840 del expte. legislativo. Se agrega el subrayado). VII.- Es importante señalar que la misma jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal ha incluido también la corta de árboles en el ilícito de aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada, sin autorización o sin ajustarse a lo autorizado, que sanciona el articulo 61 inciso a) (sentencias números 226-F-97, 524-F-97, 704-F97 y 2001-929). El artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, califica como acto delictivo la invasión de las áreas de conservación o áreas silvestres protegidas, que en criterio del Tribunal de Casación Penal abarca la acción de deforestar: "La acción de deforestar en un área protegida se ejecuta" (…) con la acción de irrumpir, penetrar, ocupar, acometer, etc., de tal forma que la acción de invadir a que alude el recurrente, no se refiere a la de invadir con fines de ejercer posesión". Y encasilla el acto de "deforestar un bosque protegido o intervenido, causando un perjuicio a la flora y fauna del lugar" (sentencia N° 2003-0713). El artículo 6°, inciso a), asigna a la Administración Forestal del Estado la competencia de conservar los recursos forestales del país en terrenos del Patrimonio Natural del Estado. Y el 48 de la Ley Orgánica del Ambiente impone al Estado la obligación de conservar, proteger y administrar el recurso forestal. Al no hacer ninguna reserva referente a las áreas de conservación absoluta, el Decreto contraviene lo dispuesto en la Ley N° 6084, del Servicio de Parques Nacionales, que encarga al hoy MINAE velar por la conservación de los parques nacionales (art 3° inc. d), prohíbe en estos la tala de árboles, extraer productos forestales, realizar cualquier tipo de actividades comerciales e industriales (art 8, incisos 1 y 15), y otorgar concesiones para la explotación de productos de los parques naciones, o permisos para establecer instalaciones que no sean de la respectiva Área de Conservación del MINAE (artículo 12). Además, existen las limitantes para concesiones dentro de las Áreas Silvestres Protegidas estatales que contempla la Ley de Biodiversidad, artículo 39, y para manglares o, en general, los humedales en la Ley Orgánica del Ambiente, que declara de interés público su conservación (art. 41), encomienda al MINAE prevenir y combatir la degradación de estos ecosistemas (art. 42), y prohíbe la construcción de obras o infraestructura que los dañen (art. 43). El Decreto 31750-MINAE-TUR se contrapone al Reglamento a la Ley Forestal en su artículo 2º, que define los permisos de uso, a otorgar en las categorías de manejo del Patrimonio Natural del Estado donde sean permitidos, como las "autorizaciones para el uso de partes de terrenos de propiedad Estatal, para fines que NO conlleven el aprovechamiento forestal". (Se añade el subrayado). También, el Decreto se contrapone al artículo 11, párrafo 1° de ese Reglamento que señala que: "La Administración Forestal del Estado concederá permisos de uso del patrimonio natural y forestal del Estado únicamente a aquellos proyectos que NO requieran aprovechamiento forestal y que no afecten los ecosistemas…, etc" (Se destaca el subrayado). Finalmente, el Decreto 31750-MINAE-TUR también contradice el artículo 3° del Decreto 22550-MIRENEN, según el cual: "El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas -hoy MINAE- no otorgará permisos o concesiones en áreas de humedales estuarinos ocupados por manglar cuando la actividad a desarrollar implica un cambio de uso de la tierra, salvo en los casos de instalación de salinas, en las cuales se autorizará la eliminación de manglar de acuerdo a criterios técnicos que afecten el área mínima necesaria para construir canales artificiales". La Ley Forestal prohíbe cambiar el uso del suelo en terrenos cubiertos de bosque y castiga como delito su transgresión (arts. 19 y 62 inciso c). Si bien la norma está inmersa en el capítulo de la propiedad forestal privada, no parece lógico someter ésta a un régimen conservacionista más estricto que la propiedad forestal pública, para la que no hay norma expresa que autorice la corta o aprovechamiento forestal. La tala del bosque en las Áreas Silvestres Protegidas para construir obras con miras a la explotación turística cambia el destino natural del suelo en el sector deforestado, contra los postulados de la Ley del Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y provoca daños ambientales al ecosistema boscoso, teniendo las acciones para tutelar la integridad de los bienes asidero en el artículo 50 constitucional. VIII.- Como lo señalara la Procuraduría General de la República, el Tribunal de Casación Penal ha insistido también en que el cambio ilícito del uso del suelo del bosque, para dedicarlo a otros fines, es una actividad nociva al ambiente; al efecto, ha derivado de las disposiciones existentes el principio de irreductibilidad del bosque y dispuesto la restitución del área de bosque afectada al estado anterior a los hechos, para garantizar el derecho constitucional de un ambiente sano y equilibrado. El Decreto impugnado regula únicamente la actividad o proyectos de ecoturismo en los bosques de la zona marítimo terrestre, demarcados por el MINAE, y omite hacerlo para las demás áreas silvestres protegidas y bosques del Patrimonio Natural del Estado. Con todo, no justifica esta diversidad de trato, que riñe con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad en materia ambiental. Esta regulación parcial o fragmentaria, que adversa la unidad de gestión, la actividad y proyectos de ecoturismo en los bosques del Patrimonio Natural del Estado quedan sujetos a regulaciones dispares, según se hallen o no en la zona marítimo terrestre. Esto atentaría contra el principio de igualdad, por la disímil normativa aplicable a los interesados en llevarlos a cabo, en razón de la ubicación de los inmuebles. El Decreto, artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 7°, en concordancia con el 4° inciso 2, subordina las áreas de bosque de la zona marítimo terrestre en que se realizarán proyectos ecoturísticos implicativos de corta de árboles y aprovechamiento forestal, a una simultánea y divergente planificación, con distintos objetivos, normas y técnicas regulatorias: los Planes Reguladores y Planes de Manejo. Lo que es contrario a la utilización racional y sostenible de ese recurso (artículo 50 constitucional). IX.- Por último, el Decreto impugnado deroga el artículo 11 del Reglamento a la Ley Forestal (art 9° del Decreto 31750), el cual disponía que: "Las labores de investigación y ecoturismo contempladas en el artículo 18 de la Ley, cuando se trate de facilidades para hospedaje dentro de las áreas del Patrimonio Natural del Estado, se limitarán a estructuras rústicas, de acuerdo con el entorno natural, orientadas principalmente al hospedaje de investigadores y secundariamente turistas, con tal de no interferir o competir con el bienestar de las poblaciones locales en el área de amortiguamiento". Condicionaba las construcciones a estructuras rústicas permitidas en el Patrimonio Natural del Estado, más acordes con el ecoturismo y el Decreto viene a autorizar una nueva orientación económica, que brinda menor protección que el régimen anterior, para las áreas de conservación estricta o parques nacionales. Aparte de suprimirse la exigencia de las estructuras rústicas, el Decreto (artículo 3°) permite construcciones de hasta tres niveles y utilizar considerables espacios, sin precisar el sitio en que se ubicarán, en la ejecución de los proyectos y actividades (15% del área en concesión para bosques primarios y 25% para bosques secundarios), con las transformaciones o alteraciones ambientales que se seguirían en el suelo edificado. Las áreas silvestres públicas, de las que es guardián el Estado, conforman ecosistemas frágiles de gran biodiversidad, cuyos daños pueden producir consecuencias irreversibles e impedir la preservación de los recursos a largo plazo. Lo anterior, impone una cuidadosa valoración de los costos ambientales y beneficios sociales anejos a los proyectos y actividades a ejecutar dentro de ellas.- X.- Como consecuencia de lo anterior, procede declarar con lugar la presente acción de inconstitucionalidad y anular el Decreto impugnado.-” V. En este asunto, dado que la Sala declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente 04-005607-0007-CO, contra el Decreto Ejecutivo número 31750-MINAE-TUR de 22 de abril de 2004, anulándolo del ordenamiento, y este a su vez servía de fundamento a la resolución R-171-2004- MINAE de 09:00 horas de 14 de mayo de 2004, lo que procede en este caso es estimar el amparo y anular ese acto administrativo, como al efecto se ordena. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se anula la resolución R-171- 2004-MINAE de 09:00 horas de 14 de mayo de 2004 dictada por el ministro a.i. de Ambiente y Energía. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.- Ana Virginia Calzada M. Presidenta a.i. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G. Roxana Salazar C. Jorge Araya G. EXPEDIENTE N° 04-005627-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:27:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 17650 - 2008 Date of Resolution: December 5, 2008 at 12:23 Expediente: 04-005627-0007-CO Drafted by: Gilbert Armijo Sancho Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution * 040056270007CO * Exp: 04-005627-0007-CO Res. No. 2008017650 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at twelve hours and twenty-three minutes of December fifth, two thousand eight. Amparo appeal filed by Juan Cristóbal Figuerola Landi, residence ID 758-147819-001865, against the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the Municipality of the canton of Aguirre. Whereas: 1. By document received at the Secretariat of the Sala at 09:30 hours on June 11, 2004, the petitioner files an amparo appeal against the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the Municipality of the canton of Aguirre and states that on May 27, 2002, a request was submitted to the Aguirre and Parrita Subregional Office of the Pacífico Central Conservation Area of the Ministry of Environment and Energy (ACOPAC) by the company Playa Dulce Vida S.A., in order to authorize a forest inventory within a piece of land where it is intended to develop a tourist complex, located in the coastal sector of Quepos known as Playa Espadilla. That despite several studies carried out by offices of the Ministry of Environment and Energy and ACOPAC, which establish that the inventory authorization and felling of trees requested by the cited company will cause a significant impact on the ecosystems that exist in the area, which is a protected area, following a review appeal filed by the legal representative of the interested company, the minister, by resolution number R-171-2004-MINAE, decided to deviate from those technical criteria, and authorize the felling of forty-six trees in the area, a situation that would result in serious damage to the local environment. It concerns, according to a 1997 report from the Instituto Nacional de Investigación y Servicios Forestales, a forest in early stages of regeneration that presents fifty-one species, recommending that it not be intervened. The lands can only be used to preserve flora and fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty. Likewise, in Decreto Ejecutivo 31750-MINAE-TUR, forest harvesting (aprovechamiento forestal) criteria are applied to tourism developments, contradicting the technical and legal criteria of the Ministry of Environment and Energy. The petitioner requests that the felling authorized by resolution 171-2004 be ordered suspended and that the unconstitutionality of Decreto Ejecutivo 31750-MINAE-TUR be declared (folio 1). 2. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, minister of Environment and Energy, reports under oath that the report from the Instituto Nacional de Investigación y Servicios Forestales alluded to by the plaintiff does not prohibit felling, but rather contains a group of observations on how the tourism project in question can be developed. The lands where the project is located were pasturelands, crops, and scrublands (charrales). Regarding the soils, in a subsequent report, dated August 19, 2003, from the Ministry of Agriculture and Livestock, their suitability for urban infrastructure works is assured, which would not cause them harmful effects in view of their limited productive capacity. On the other hand, the state office competent to evaluate the possible environmental impact of the project granted it environmental viability (viabilidad ambiental). Grounds for nullity have been detected in resolution ACOPAC-OSRAP-073-02, which will be reviewed, following the pertinent procedures. The expediente related to the project contains technical report ACOPAC-OSRAP-802-02 of November 12, 2002, where it was recommended to temporarily suspend any work and tree felling in module V-4 until a joint visit is made with the Instituto Geográfico Nacional in order to establish if work was being done in the public beach area (zona pública). Felling of trees in other modules was given approval in the same report, as there was environmental viability. The plaintiff simply uses the term "forest (bosque)" and omits the distinction the Ley Forestal makes of "secondary forest (bosque secundario)". In the analysis of the document "Management Plan for the secondary forest of a property under concession of the Proyecto Dulce Vida S.A.", it was explained that the criteria of Decretos Ejecutivos 30763-MINAE and 27998-MINAE could not be applied because they were designed for the permanent production of forest products, and what was sought there was to remove forty-two trees to establish housing infrastructure. Decreto Ejecutivo 31750-MINAE-TUR seeks to fill that void. In official letter ACOPAC-D-551-04 of April 21, 2004, the Director of the Pacífico Central Conservation Area declared himself incompetent, as the project already had environmental viability. Based on this, his Office considered all technical stages overcome and granted the review appeal, issuing the requested permit to fell trees. He requests that the appeal filed be dismissed. He requests that the appeal filed be dismissed (folio 21). 3. Alex Max Contreras Serrano, municipal mayor of the canton of Aguirre, reports under oath that it is the Ministry of Environment and Energy that is responsible for the supervision of environmental matters. In accordance with the regulatory plan (plan regulador) for the area, it is zoned for hotel, cabins, and camping. He requests that the amparo be declared without merit (folio 28). 4. Glenn Jampol, proxy with sufficient powers representing the firm "Playa Dulce Vida, Sociedad Anónima", answers the hearing granted and states that all actions of the company under his charge have been carried out in strict adherence to the law. He assures that all procedures have been carried out complying with what was resolved by the Ministry of Environment and Energy. He requests that the amparo be dismissed insofar as it is directed against the company he represents (folio 38). 5. By document received at 11:55 hours on August 12, 2008, the petitioner makes arguments regarding the amparo (folio 106). 6. In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Armijo Sancho; and, Considering: I. Object of the appeal. The petitioner challenges resolution R-171-2004-MINAE that authorized the company Playa Dulce Vida S.A. to proceed with the felling of 46 trees in Playa Espadilla, coastal sector of Quepos, this based on the content of Decreto Ejecutivo number 31750-MINAE-TUR of May 14, 2004. He considers that both that decision, and the decree on which it was based, are harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment and, therefore, contrary to Constitutional Law. II. Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited thus or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order: a. By resolution R-171-2004-MINAE at 09:00 hours on May 14, 2004, the acting minister of Environment and Energy authorized the request for felling 46 trees in the Playa Espadilla area in Quepos, canton of Aguirre, filed by the company Dulce Vida Sociedad Anónima (uncontroverted fact). III. Unproven facts. None of interest for resolving the amparo. IV. On the merits. The resolution of this matter depends, absolutely, on the manner in which the Sala ruled on the unconstitutionality action filed against Decreto Ejecutivo number 31750-MINAE-TUR of April 22, 2004, published in La Gaceta number 94 of May 14, 2004, which, in turn, served as normative support for issuing resolution R-171-2004-MINAE at 09:00 hours on May 14, 2004. In that sense, in judgment 2008-16975 at 14:53 hours on November 12, 2008, the Tribunal decided to declare that normative provision unconstitutional, as it was considered that: "III.- The grounds of unconstitutionality alleged by the petitioners. The grounds of unconstitutionality of the challenged Decree, alleged by the petitioners, can be summarized as follows: a) The definition of the term ecotourism (ecoturismo) established by the Decree allows a land-use change (cambio de uso del suelo) and activities that can deteriorate the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) or cause serious damage to protected wild areas, against the provisions of article 50 of the Constitution, the Convention for the Protection of the Natural and Cultural Heritage (Ley 5980), arts. 4 to 7, the Ramsar Convention (Ley 7224), arts. 1 to 5, Ley Forestal, arts. 3, 13, 14, 15, 18, and 19; varying the meaning and scope of the term, defined by the international community, international treaties signed by the country, and current laws, limiting ecotourism to the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) where there is forest, when the reality is that that activity is applicable to all protected wild areas. b) The Decree allows the construction of buildings, as well as the harvesting (aprovechamiento) and felling of forest within the Natural Heritage of the State (arts. 2°, 3°, and 4°), and that activities tending to the profit of a few businesspeople be carried out instead of promoting conservation, thus violating the Ley Forestal, articles 3, 13, 14, and 19, as well as constitutional jurisprudence (judgment number No. 4587-97 is invoked) and of the Procuraduría General de la República (opinion C-321-2003 and legal opinion O.J.-014-2004). c) The Decree delegates to the Municipalities the granting of concessions in forested areas of the maritime-terrestrial zone (art. 4°, inc. 1°), which is the sole competence of the State, through MINAE, according to Leyes 6043 and Forestal, which it opposes. d) The Decree entails a utilitarian logic, contrary to environmental logic, considering trees in isolation from the rest of biodiversity, and it is unknown whether 15 percent for primary forest (bosque primario) or 25 percent for secondary forest will be sufficient, changing the entire ecosystem and ceasing to be natural, to convert it into an intervened one.- IV.- The Sala considers that the challenged decree is unconstitutional in its entirety, for violating article 50 of the Political Constitution, which recognizes the right to a healthy and ecologically balanced environment. Indeed, as highlighted by the report of the Procuraduría General de la República, the Natural Heritage of the State is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas (Ley Forestal, arts. 6 inc. a and 13 para. 2°, and 14; Ley Orgánica del Ambiente, article 32, para. 2°). It is composed of two important components: a) The Protected Wild Areas, whatever their management category, declared by Law or Decreto Ejecutivo: forest reserves, protective zones (zonas protectoras), national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Ley Forestal 7575, arts. 1°, para. 2°, 3° inc. i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, article 32; Ley de Biodiversidad No. 7788, arts. 22 ff. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales No. 6084, article 3° incs. d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE No. 7152 and its Regulation; Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, article 82, inc. a). b) The other forests and forest lands or lands of forest aptitude belonging to the State and public institutions (article 13 of the Ley Forestal), which have an immediate legal affectation. For the maritime-terrestrial zone, the same Ley 6043 (article 73) excludes Protected Wild Areas from its scope and subjects them to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forest aptitude on the coastlines are also under the administration of the Ministry of Environment and are governed by its specific regulations (Ley Forestal, article 13 and concordant). V.- As indicated by the Procuraduría General de la República, the challenged Decree presupposes the municipal administration of the forest areas of the maritime-terrestrial zone, with the consequent competence to grant concessions and apply Ley 6043 within them. Thus, article 2° incorporates the "forest areas of the maritime-terrestrial zone" into the "respective Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) within the framework of Ley 6043". That Coastal Regulatory Plan is the planning figure typical of the maritime-terrestrial zone administered by the Municipalities, and an essential requirement for them to be able to grant concessions for tourism purposes. (Ley 6043, arts. 31, 33, and 38; 17 and 18 of its Regulation, Decreto 7841-P). Articles 1°, 2°, 3°, 5°, and 7° develop that incorporation of the forests of the maritime-terrestrial zone into the Regulatory Plan; moreover, it is categorical about the competence it assigns to local governments in said areas, by requiring for ecotourism projects that involve felling and harvesting (aprovechamiento) of forest resources, the "concession granted by the competent Municipality" (art. 4° inc. 1°). In this respect, the Decree exceeds the limits of the exercise of regulatory power, by attributing to the Municipalities a competence that by law they do not have to administer and grant concessions over the Natural Heritage of the State on the coastlines (Protected Wild Areas and other public forests or forest lands), besides producing a change of purpose of the public domain (demanio público), converting it into private tourism exploitation, thereby infringing articles 13 of the Ley Forestal and 73 of Ley 6043, which it renders insubsistent. Finally, the concession is the normal means of exploiting the areas of the maritime-terrestrial zone administered by the Municipalities (Ley 6043, art. 39) and irreconcilable with the objectives of certain Protected Wild Areas, of absolute conservation; for example, national parks and biological reserves. For that reason, the Decree would be contrary to the Ley de Parques Nacionales, No. 6084 (art. 12), which prohibits granting concessions for the exploitation of products from national parks or for establishing installations other than those of the MINAE Conservation Area, formerly Servicio de Parques Nacionales. For its part, the Ley de Biodiversidad, No. 7788, article 39, contains another prohibition on granting concessions within state-protected wild areas that authorize access to biodiversity elements in favor of third parties or the construction of private buildings. It only allows them in favor of organizations, especially regional ones, non-profit, that support the conservation of natural resources, for non-essential services and activities, which are: parking lots, sanitary services, administration of physical facilities, food services, shops, construction and administration of trails, visitation, and others defined by the Regional Council of the Conservation Area. It is repeated criteria of this Sala that "the submission of the regulation to the law is absolute" and implies that "it cannot nullify legal precepts or contradict them, it cannot supplant the law producing a certain effect not desired by the legislator or regulating a certain content not contemplated in the norm being regulated (SALA CONSTITUCIONAL, votes 2934-93, 5227-94, 6198-95, 2381-96, 2382-96, 6689-96, 1607-98, 0998-98, 1998-07967, 1999-05445, 1999-05669, 1999-07619, 1999-09236). Although the infringement by a Decree of legal texts is located, in principle, on the plane of legality, when it simultaneously affects fundamental rights, such as the right to an adequate environment, the defect transcends to the constitutional sphere and acquires that connotation (SALA CONSTITUCIONAL, judgments numbers 459-91, 3550-91, and 4702-93, 2001-02074, among others). Concretely, in judgment number 2001-02074, the Sala considered that: "II.- …insofar as the failure to allocate resources for the forest sector harms the possibility of making effective the right of every person to enjoy a healthy and ecologically balanced environment protected by article 50 of the Constitution, the discussed matter fits within the scope of competence of this Tribunal of fundamental guarantees. As resolution No. 5691-98 provides 'the Sala's concern for ecological stability and harmony has been unwavering, because protecting nature, which is world heritage, is also safeguarding not only human life and health, but also that of humanity on earth, thus developing the content, not only of international conventions on the matter, but also article 21 of our Political Constitution (…). From the foregoing, it is concluded that the denial of the economic resources that by law correspond to forest protection and restoration programs entails an infringement of the postulates of article 50 of the Political Constitution, and therefore it is a matter that substantially goes beyond what could be considered as a mere legal non-compliance, to acquire constitutional relevance, since it implies the State's failure to observe the obligation expressly imposed by that norm to guarantee, defend, and preserve the right of every person to enjoy a healthy and ecologically balanced environment'". VI.- The challenged Decree, in its article 4°, admits the execution of ecotourism projects with tree felling and harvesting of forest resources. In accordance with the Ley Forestal, article 1°, by virtue of public interest and except as stipulated in its article 18, which authorizes ecotourism, "the felling or harvesting of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones, wildlife refuges, and forest reserves owned by the State is prohibited". The legislation is conservationist, and none of its norms expressly permit logging within Protected Wild Areas. Rather, the comments made within the Legislative Assembly during the processing of the Ley Forestal 7575 Bill go in the opposite direction: "These first articles define the essence of the bill, which is for the protection of forests, adequate management, and the planting of wood. It establishes a total prohibition on felling on State lands and in conservation areas, in addition, something completely novel, which is no change of use…" (Acta No. 28 of the Comisión de Asuntos Agropecuarios, pg. 14; f. 2840 of the legislative expediente. Emphasis added). VII.- It is important to note that the jurisprudence of the Tribunal de Casación Penal has also included tree felling in the illicit act of harvesting forest products on private property, without authorization or without complying with what was authorized, which article 61 inc. a) penalizes (judgments numbers 226-F-97, 524-F-97, 704-F97, and 2001-929). Article 58 inc. a) of the Ley Forestal classifies the invasion of conservation areas or protected wild areas as a criminal act, which in the opinion of the Tribunal de Casación Penal encompasses the action of deforesting: "The action of deforesting in a protected area is executed" (…) with the action of breaking in, penetrating, occupying, attacking, etc., in such a way that the action of invading alluded to by the appellant does not refer to invading for the purpose of exercising possession". And it classifies the act of "deforesting a protected or intervened forest, causing harm to the flora and fauna of the place" (judgment No. 2003-0713). Article 6°, inc. a), assigns to the State Forest Administration the competence to conserve the country's forest resources on lands of the Natural Heritage of the State. And article 48 of the Ley Orgánica del Ambiente imposes on the State the obligation to conserve, protect, and administer forest resources. By making no reservation regarding areas of absolute conservation, the Decree contravenes the provisions of Ley No. 6084, of the Servicio de Parques Nacionales, which entrusts the current MINAE with ensuring the conservation of national parks (art 3° inc. d), prohibits the felling of trees, extraction of forest products, carrying out any type of commercial and industrial activities (art 8, incs. 1 and 15), and granting concessions for the exploitation of products from national parks, or permits to establish installations that are not those of the respective MINAE Conservation Area (article 12). In addition, there are the limitations for concessions within state Protected Wild Areas contemplated by the Ley de Biodiversidad, article 39, and for mangroves or, in general, wetlands in the Ley Orgánica del Ambiente, which declares their conservation of public interest (art. 41), entrusts MINAE to prevent and combat the degradation of these ecosystems (art. 42), and prohibits the construction of works or infrastructure that damage them (art. 43). Decreto 31750-MINAE-TUR clashes with the Regulation to the Ley Forestal in its article 2º, which defines use permits (permisos de uso), to be granted in the management categories of the Natural Heritage of the State where they are permitted, as "authorizations for the use of parts of State-owned lands, for purposes that DO NOT entail forest harvesting". (Emphasis added). Also, the Decree clashes with article 11, paragraph 1° of that Regulation which states that: "The State Forest Administration shall grant use permits for the natural and forest heritage of the State only to those projects that DO NOT require forest harvesting and that do not affect the ecosystems…, etc." (Emphasis highlighted). Finally, Decreto 31750-MINAE-TUR also contradicts article 3° of Decreto 22550-MIRENEN, according to which: "The Ministry of Natural Resources, Energy, and Mines -today MINAE- shall not grant permits or concessions in estuarine wetland areas occupied by mangrove when the activity to be developed implies a land-use change, except in cases of salt mine installation, in which the elimination of mangrove will be authorized according to technical criteria affecting the minimum area necessary to build artificial channels". The Ley Forestal prohibits changing land use on lands covered with forest and punishes its transgression as a crime (arts. 19 and 62 inc. c). Although the norm is embedded in the chapter on private forest property, it does not seem logical to subject it to a stricter conservation regime than public forest property, for which there is no express norm authorizing forest felling or harvesting. Felling forest in Protected Wild Areas to build works for tourism exploitation changes the natural destination of the soil in the deforested sector, against the postulates of the Ley del Uso, Manejo y Conservación de Suelos, and causes environmental damage to the forest ecosystem, with the actions to protect the integrity of the assets grounded in article 50 of the Constitution. VIII.- As noted by the Procuraduría General de la República, the Tribunal de Casación Penal has also insisted that the illicit change of land use of the forest, to dedicate it to other purposes, is an activity harmful to the environment; to this effect, it has derived from existing provisions the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest and ordered the restitution of the affected forest area to the state prior to the acts, to guarantee the constitutional right to a healthy and balanced environment. The challenged Decree only regulates the activity or ecotourism projects in the forests of the maritime-terrestrial zone, demarcated by MINAE, and omits to do so for the other protected wild areas and forests of the Natural Heritage of the State. Nevertheless, it does not justify this diversity of treatment, which conflicts with the constitutional principles of reasonableness and proportionality in environmental matters. This partial or fragmentary regulation, which undermines management unity, means that ecotourism activity and projects in the forests of the Natural Heritage of the State are subject to disparate regulations, depending on whether they are located in the maritime-terrestrial zone or not. This would violate the principle of equality, due to the dissimilar regulations applicable to those interested in carrying them out, based on the location of the properties. The Decree, articles 1°, 2°, 3°, 5°, and 7°, in concordance with 4° inc. 2, subordinates the forest areas of the maritime-terrestrial zone where ecotourism projects involving tree felling and forest harvesting will be carried out to simultaneous and divergent planning, with different objectives, norms, and regulatory techniques: the Regulatory Plans (Planes Reguladores) and Management Plans (Planes de Manejo). This is contrary to the rational and sustainable use of that resource (article 50 of the Constitution). IX.- Finally, the challenged Decree repeals article 11 of the Regulation to the Ley Forestal (art 9° of Decreto 31750), which provided that: "The research and ecotourism activities contemplated in article 18 of the Law, when it concerns lodging facilities within the areas of the Natural Heritage of the State, shall be limited to rustic structures, in accordance with the natural environment, oriented mainly to the lodging of researchers and secondarily tourists, provided they do not interfere or compete with the well-being of local populations in the buffer zone (área de amortiguamiento)". It conditioned constructions to rustic structures permitted in the Natural Heritage of the State, more consistent with ecotourism, and the Decree comes to authorize a new economic orientation, which provides less protection than the previous regime, for strict conservation areas or national parks. Apart from eliminating the requirement for rustic structures, the Decree (article 3°) allows constructions of up to three levels and using considerable spaces, without specifying the site where they will be located, in the execution of projects and activities (15% of the area under concession for primary forests and 25% for secondary forests), with the environmental transformations or alterations that would follow in the built-upon soil. The public wild areas, of which the State is the guardian, make up fragile ecosystems of great biodiversity, whose damage can produce irreversible consequences and prevent the long-term preservation of resources. The foregoing imposes a careful assessment of the environmental costs and social benefits attached to the projects and activities to be executed within them.- X.- As a consequence of the foregoing, it is appropriate to grant the present unconstitutionality action and annul the challenged Decree.-" V. In this matter, given that the Sala granted the unconstitutionality action processed under expediente 04-005607-0007-CO, against Decreto Ejecutivo number 31750-MINAE-TUR of April 22, 2004, annulling it from the legal system, and this in turn served as the basis for resolution R-171-2004-MINAE at 09:00 hours on May 14, 2004, what is appropriate in this case is to grant the amparo and annul that administrative act, as is hereby ordered. Therefore: The appeal is granted. Consequently, resolution R-171-2004-MINAE at 09:00 hours on May 14, 2004, issued by the acting minister of Environment and Energy, is annulled. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment procedure of the contentious-administrative jurisdiction. Notify.- Ana Virginia Calzada M. Acting President Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G. Roxana Salazar C. Jorge Araya G. EXPEDIENTE No. 04-005627-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:27:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República