Res. 17776-2008 Sala Constitucional — Administrative eviction for occupation of public domain propertyDesahucio administrativo por ocupación de bien demanial

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Sala Constitucional

Resolución Nº 17776 - 2008

Fecha de la Resolución: 09 de Diciembre del 2008 a las 08:34

Expediente: 08-015453-0007-CO

Redactado por: Adrián Vargas Benavides

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

 

* 080154530007CO *

EXPEDIENTE N° 08-015453-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2008-17776

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas y treinta y cuatro minutos del nueve de diciembre del dos mil ocho.

             Recurso de amparo interpuesto por LUIS HERNÁNDEZ ALPIZAR y ROSA ROMERO MENDOZA, cédulas de identidad números: 0700250348 y 0201770700, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA). 

Resultando:

           1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las seis horas cincuenta y tres minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, y manifiestan que el 18 de enero de 2006 por medio de un contrato privado adquirieron una propiedad del señor Gerardo Céspedes Picado, ubicada en Miraflores de Batán, y en el documento consta la venta del derecho de posesión y las mejoras, posesión que había ostentado por más de 7 años de forma quieta, pública, pacífica de buena fe y a título de dueño. Dicen que por resolución 2928-07-DM de las 10:00 horas del 18 de julio de 2007, del Ministerio de Seguridad Pública, se acogió la gestión de desahucio administrativo planteada por parte del Instituto de Desarrollo Agrario. Indican que a partir de ese momento iniciaron una serie de gestiones para ser considerados como beneficiarios del IDA, lo que hasta la fecha ha sido imposible a pesar de existir criterios técnicos que avalan su condición. Señalan que la Junta Directiva del IDA, por acuerdo número 18 de la Sesión Ordinaria 034-2007 del 08 de octubre de 2007, acordó avalar el procedimiento de desalojo administrativo dictado en su contra. Alegan que por medio de recurso de revocatoria con apelación subsidiaria y nulidad concomitante, de fecha 19 de noviembre de 2007, se recurrió el acuerdo citado. Indican que con el fin de que fuera conocido por la Junta Directiva del IDA el recurso planteado contra el acuerdo 18 de la Sesión Ordinaria 034-2007, por nota del 22 de noviembre de 2007, dirigida por el Ing. Alberto José Amador Zamora al Lic. Walter Ulate Calderón, el primero solicitó dejar el acuerdo recurrido en suspenso, con el fin de realizar el respectivo estudio social, para determinar si eran sujetos de clasificar como beneficiarios del IDA. Dicen que en razón de lo anterior, la Junta Directiva del IDA, por medio del oficio JD-0230-2008, ordenó al Ing. José Miguel Zúñiga Loaiza, Director de la Región Huetar Atlántica, realizar el respectivo estudio socioeconómico de la selección de beneficiarios. Apuntan que por oficio ORS-0109-2008 del 20 de febrero de 2008 se realizó el respectivo estudio por parte del Técnico Jorge Jiménez Salas, Encargado Agrario, donde se recomendó que se les declarara beneficiarios, en razón de haber obtenido el puntaje establecido por el Reglamento para la Selección y Adjudicación de Solicitantes de Tierra. Mencionan que la Junta Directiva, en el artículo 36 de la Sesión Ordinaria 010-2008 del 10 de marzo de 2008, acogió las recomendaciones del Ing. José Miguel Zúñiga, Director de la Región Huetar Atlántica, y dispuso mantener el desalojo administrativo. Argumentan que el 08 de abril de 2008 presentaron recurso de revocatoria con apelación  subsidiaria  contra el acuerdo número 36 citado. Explican que por acuerdo número 45 de la Sesión Ordinaria 023-2008 celebrada el 30 de junio de 2008, la Junta Directiva del IDA acogió la recomendación del oficio DAJ-643-08 suscrita por la Dirección de Asuntos Jurídicos, por lo que se rechazó sus recursos y se ordenó el desalojo, con lo que la Junta Directiva violó el debido proceso, pues no elevó el recurso de apelación al jerarca impropio. Alegan que presentaron recurso de reposición y apelación subsidiaria y nulidad absoluta contra el artículo 45 citado. Indican que por oficio número JD- 0468-2008 del 8 de julio de 2008 el Secretario de la Junta Directiva del IDA, Lic. Walter Ulate Calderón, remite el documento de apelación al Lic. Carlos García Anchía, Director de Asuntos Jurídicos del IDA, con el fin de determinar el criterio legal y resolver el asunto. Aducen que a la fecha no han recibido la respectiva resolución referente al recurso planteado, pero para su sorpresa, han sido notificados que se procederá a realizar el desalojo administrativo el catorce de noviembre en horas de la mañana, por lo que esa actuación administrativa viola el debido proceso y el derecho de respuesta. Mencionan que enviaron una nota el 13 de noviembre del 2008 a la Lic. Marjorie Calderón Campos, Asesora Legal de la Dirección Regional del IDA, indicándole lo acontecido y se adjuntó el oficio JD-0468-2008. Aducen que dicha funcionaria les indicó, vía telefónica, que realizadas las consultas a la Dirección Jurídica le manifestaron que dicho recurso no sería atendido, ya que por medio del acuerdo número 07 de la sesión Extraordinaria número 014-2007, celebrada el 27 de junio de 2007,  se dio por agotada la vía administrativa. Argumentan que no obstante lo anterior, el IDA le había dado curso a todas las demás gestiones realizadas por ellos con posterioridad a ese acuerdo, y no es hasta esta fecha que esgrimen el argumento en mención. Alegan que si bien es cierto, el inciso 5) del artículo 7 de la referida Sesión, señala "Agotar la vía administrativa para que los señores indicados acudan a la vía judicial en reclamo de los derechos que consideren lesionados",  dicho procedimiento no se realizó con apego a lo que establece el artículo 356, incisos 1), 2) y 3) de la Ley General de la Administración Pública, ya que no consta situación alguna en ese sentido en el respectivo expediente. Dicen que esa situación los deja en total indefensión, ya que esperaban las resoluciones pertinentes de los recursos y no verse desalojados de manera abrupta, con irrespeto del debido proceso. Alegan que en los documentos aportados con el recurso el IDA manifiesta, por medio de sus funcionarios, pleno conocimiento de la ocupación que ejercen en la Granja # 2 e incluso manifiestan que se están realizando los trámites de titulación respectivos. Arguyen que ese actuar de funcionarios de la Institución crea una expectativa de derecho, la cual viene a violentarse en razón del Acuerdo de la Junta Directiva, ya que contraviene el principio de protección de la confianza legítima, que la relación que mantenían con el IDA era lícita y que sus expectativas como interesados eran razonables, por lo que la Junta Directiva debía mantener las situaciones jurídicas, aunque las mismas no sean totalmente conforme con el ordenamiento jurídico, para no violentar esos principios. Mencionan que su permanencia en la propiedad ha sido de forma quieta, pública y pacífica, y tal como se desprende del artículo 45 constitucional, ostentarían un derecho de posesión sobre el inmueble, por lo que el IDA estaría violentando ese derecho, al no existir resolución alguna que se los niegue. Solicitan los recurrentes que  se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

            2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

            Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,

Considerando:

    I.-  Esta Sala con anterioridad se ha referido a la ocupación indebida de un bien público, así por medio de la sentencia número 2006-15775 de las 16:09 horas del 31 de octubre de 2006, dispuso lo siguiente:

            “I.- Alegan los recurrentes que poseen desde hace cinco años un inmueble ubicado en La Virgen de Sarapiquí, y que el doce de octubre pasado se les notificó una orden de desalojo dentro de un procedimiento de desahucio administrativo en que no se les menciona, promovido por el Instituto de Desarrollo Agrario, instituto que alega ser propietario de la finca en cuestión.

 

            II.- La resolución que impugnan los recurrentes, número 3225-06-D.M. de las trece horas cincuenta minutos del siete de septiembre del dos mil seis, tiene por demostrado que el inmueble en cuestión es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, institución de derecho público. Esa condición de derecho público de la propietaria del inmueble, se extiende a sus propiedades, las cuales se convierten por ese hecho en "bienes demaniales". En relación con la naturaleza jurídica de esos bienes, este Tribunal en sentencia número 2306-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre, indicó:

 

            "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión..."

 

            III.- Es claro entonces, que al ser la propiedad ocupada un bien público, no es necesario realizar ningún procedimiento previo a su desalojo, pues solamente debe verificarse, en el sitio, que el inmueble invadido sea efectivamente propiedad del instituto u órgano público gestionante. En ese sentido, el desalojo ordenado no viola ningún derecho fundamental y resulta procedente, pues al tratarse de un bien demanial, cualquier posesión resulta precaria y por ello, no tiene ninguna relevancia cuanto tiempo han poseído los recurrentes, ni cuáles actos posesorios han realizado; tampoco es necesario dar audiencia alguna a los poseedores, pues la precariedad de su situación hace que en cualquier momento puedan ser desalojados, dándoles solamente un tiempo prudencial para el desalojo voluntario, el cual fue respetado por las autoridades recurridas y se encuentra sobradamente cumplido (nótese que la notificación -según el propio dicho de los recurrentes- se produjo el doce de octubre de este año, se les confirieron setenta y dos horas para el desalojo voluntario, y el desalojo se hizo efectivo el veinticinco de octubre pasado). Debido a que no existen motivos para variar la jurisprudencia establecida por este Tribunal en esta materia, lo procedente es rechazar el recurso. (En igual sentido ver sentencia número 2000-08138 de las dieciséis horas con veinticuatro minutos del doce de setiembre del dos mil).-“

En el caso bajo estudio, y de conformidad con lo dispuesto en la sentencia parcialmente transcrita, al acreditarse que los amparados detentan de manera ilegítima un bien de dominio público, pues en el mismo escrito de interposición del recurso indican que mediante contrato privado adquirieron el inmueble que es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, bien que es de naturaleza pública, y sin que se alegue que haya existido ningún acto de adjudicación del terreno, por ello, con la decisión de proceder con el desalojo no se aprecia ninguna violación a sus derechos fundamentales. En relación con lo anterior, de los documentos aportados al expediente y de lo manifestado en el escrito de interposición del recurso, se observa que desde que fue acogido el desahucio administrativo por el Ministerio de Seguridad Pública en el mes de julio de 2007, el cual fue avalado por la Junta Directiva por acuerdo de octubre de 2007, hasta la fecha, las autoridades del Instituto recurrido han atendido y resuelto las gestiones planteadas por los amparados, e incluso, en Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto recurrido ya se había resuelto dar por agotada la vía administrativa, por lo que en ese aspecto, pueden acudir los recurrentes a la vía de legalidad ordinaria  para determinar allí lo que en Derecho corresponda en relación con el inmueble. Aunado a lo anterior, también consta en autos que la Junta Directiva del IDA autorizó el pago de las mejoras que se produjeron en los terrenos. Con fundamento en lo expuesto, el recurso resulta improcedente en este aspecto.

II.- Ahora bien, los amparados también alegan que la Junta Directiva, por acuerdo número 45 de la Sesión Ordinaria 023-2008 celebrada el 30 de junio de 2008, rechazó los recursos interpuestos y ordenó el desalojo del inmueble, sin que se haya elevado el recurso de apelación ante el jerarca impropio. En el caso, se observa que la Junta Directiva es el órgano máximo de la Institución recurrida, por lo que es importante destacar lo que esta Sala ha establecido respecto de la doble instancia en vía administrativa. Así por medio de la resolución número 06136-2007 de las diecisiete horas con cuarenta minutos del ocho de mayo de dos mil siete, estableció lo siguiente:

            "IV.- Doble instancia en sede administrativa.  El criterio sostenido por la Sala es que la doble instancia en el procedimiento administrativo sancionatorio no  constituye derecho fundamental amparable en esta vía, de manera que su inexistencia  no representa una vulneración al derecho de petición, ni al debido proceso o al derecho de defensa del administrado, considerando que el acto final deja expedita la vía jurisdiccional, donde con toda amplitud puede ofrecer sus argumentos y la prueba pertinente quien se sienta afectado por una decisión proveniente de la Administración que estime ilegal.  Así se desprende del extracto de la sentencia de esta Sala No.  2006-08497 de las catorce horas con cuarenta y siete minutos del catorce de junio del dos mil seis, que se cita de seguido:

 

            “…. V.-  SOBRE LA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 80 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 13606.  De otra parte, acusa el accionante que el artículo 80 citado, contempla el recurso de apelación, únicamente, para determinados casos y no para todas las sanciones que lleguen a ser impuestas a los agremiados por el Colegio de Contadores Públicos. Sobre este punto en particular, resulta menester indicar, en primer término, que el derecho a la doble instancia surge de lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, párrafo 2°, inciso h), en consuno con el artículo 14, punto 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante lo anterior, esas disposiciones se refieren, única y exclusivamente, a que toda persona inculpada por un delito tiene el derecho de recurrir el respectivo fallo ante un juez o tribunal superior. De este modo, este Tribunal en reiterada jurisprudencia, ha establecido con meridiana claridad que los citados instrumentos internacionales establecen la doble instancia como derecho humano de todo imputado en una causa penal por delito, de recurrir el fallo ante un superior, más no, indistintamente, en todas las materias. Es decir, si bien existe un derecho fundamental, a que un fallo condenatorio sea revisado por un juez o tribunal superior, que ha de ser distinto a aquél que dictó el fallo, este es un derecho aplicable en forma exclusiva a la materia penal. Así, sobre el particular, este Tribunal en la sentencia No. 05347-05 de las 09:03 hrs. del 6 de mayo del 2005, indicó:

 

            “(...) VI.- Sobre la acusada violación del principio de la doble instancia, contrario a lo que se ha dicho para la doble incriminación, se trata de un principio que tiene carácter de derecho fundamental solo en sede penal. Administrativamente es posible sancionar en única instancia, caso típico del acto emanado del jerarca, donde cabría tan solo el recurso de reposición. Las consecuencias menos gravosas de la sanción administrativa frente a la penal y la posibilidad de discutirla posteriormente en vía jurisdiccional, justifican la diferencia (...).” (El destacado no forma parte del original). (Ver en similar sentido los Votos No. 7637-05 de las 11:34 hrs. del 17 de junio del 2005, No. 4887-05 de las 11:20 hrs. del 29 de abril del 2005, y No. 1434-05 de las 17:52 hrs. del 14 de febrero del 2005).

 

            A tenor de lo expuesto, en el procedimiento administrativo, no existe la obligación de establecer una doble instancia en todos los supuestos en los que se llegue a imponer una sanción a un administrado. Lo anterior, debido a que, agotada la vía administrativa, si el administrado opta por hacerlo y de conformidad con el Voto No. 3669-06 de las 15:00 hrs. del 15 de marzo del 2006, tiene expedito el acceso a la vía contenciosa administrativa, esto es, a la tutela judicial efectiva.  (…)”.

            En virtud de lo anterior, el amparo resulta improcedente también en cuanto a este otro aspecto.

III.- De otra parte, en cuanto a la suspensión de los efectos del acto, dada la falta de resolución de recursos de reposición y apelación, no llevan razón los recurrentes. Cabe aclarar que la Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad del administrado. Por esto, la interposición de recursos no tiene efecto suspensivo, a menos que el servidor que lo haya dictado, su superior jerárquico, la autoridad que decide el recurso o el órgano jurisdiccional que conoce del conflicto, ordenen suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de difícil reparación, o cuando se trate de actos ineficaces o absolutamente nulos (Ver artículos 146 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública). En virtud de lo anterior, dado que no se le ha violado ningún derecho fundamental a los recurrentes, el amparo resulta improcedente y así se declara.

Por tanto:

             Se rechaza por el fondo el recurso.

 

                    

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

 

 

            Adrián Vargas B.                                                                    Gilbert Armijo S.

 

 

 

 

            Ernesto Jinesta L.                                                                    Fernando Cruz C.

 

 

 

 

            Rosa María Abdelnour G.                                                       Roxana Salazar C.

 

jc/oc.-

EXPEDIENTE N° 08-015453-0007-CO

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:47:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

* 080154530007CO *

EXPEDIENTE N° 08-015453-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2008-17776

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eight hours and thirty-four minutes on the ninth of December, two thousand eight.

             Amparo appeal (Recurso de amparo) filed by LUIS HERNÁNDEZ ALPIZAR and ROSA ROMERO MENDOZA, identity card numbers: 0700250348 and 0201770700, against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA).

Resultando:

           1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at six hours and fifty-three minutes on the fourteenth of November, two thousand eight, the appellants file an amparo appeal against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, and state that on January 18, 2006, through a private contract, they acquired a property from Mr. Gerardo Céspedes Picado, located in Miraflores de Batán, and the document records the sale of the right of possession and the improvements, possession that had been held for more than 7 years in a quiet, public, peaceful manner, in good faith, and as owner. They say that by resolution 2928-07-DM of 10:00 hours on July 18, 2007, from the Ministerio de Seguridad Pública, the administrative eviction (desahucio administrativo) proceeding filed by the Instituto de Desarrollo Agrario was granted. They indicate that from that moment they initiated a series of efforts to be considered as IDA beneficiaries, which to date has been impossible despite the existence of technical criteria that support their condition. They point out that the Junta Directiva of the IDA, by agreement number 18 of the Ordinary Session 034-2007 of October 8, 2007, agreed to endorse the administrative eviction (desalojo administrativo) procedure ordered against them. They allege that by means of a motion for reconsideration with subsidiary appeal and concomitant nullity (recurso de revocatoria con apelación subsidiaria y nulidad concomitante), dated November 19, 2007, the cited agreement was appealed. They indicate that in order for the appeal filed against agreement 18 of the Ordinary Session 034-2007 to be heard by the Junta Directiva of the IDA, by note of November 22, 2007, addressed by Ing. Alberto José Amador Zamora to Lic. Walter Ulate Calderón, the former requested to leave the appealed agreement in suspense, in order to carry out the respective social study, to determine if they were eligible to be classified as IDA beneficiaries. They say that because of the above, the Junta Directiva of the IDA, through official communication JD-0230-2008, ordered Ing. José Miguel Zúñiga Loaiza, Director of the Huetar Atlántica Region, to carry out the respective socioeconomic study for the selection of beneficiaries. They note that through official communication ORS-0109-2008 of February 20, 2008, the respective study was carried out by Técnico Jorge Jiménez Salas, Agricultural Officer (Encargado Agrario), where it was recommended that they be declared beneficiaries, because they had obtained the score established by the Reglamento para la Selección y Adjudicación de Solicitantes de Tierra. They mention that the Junta Directiva, in article 36 of the Ordinary Session 010-2008 of March 10, 2008, accepted the recommendations of Ing. José Miguel Zúñiga, Director of the Huetar Atlántica Region, and ordered to maintain the administrative eviction. They argue that on April 8, 2008, they filed a motion for reconsideration with subsidiary appeal against the cited agreement number 36. They explain that by agreement number 45 of the Ordinary Session 023-2008 held on June 30, 2008, the Junta Directiva of the IDA accepted the recommendation of official communication DAJ-643-08 signed by the Dirección de Asuntos Jurídicos, therefore their appeals were rejected and the eviction was ordered, with which the Junta Directiva violated due process, because it did not elevate the appeal to the improper superior (jerarca impropio). They allege that they filed a motion for reconsideration and subsidiary appeal and absolute nullity against the cited article 45. They indicate that by official communication number JD- 0468-2008 of July 8, 2008, the Secretary of the Junta Directiva of the IDA, Lic. Walter Ulate Calderón, forwards the appeal document to Lic. Carlos García Anchía, Director of Asuntos Jurídicos of the IDA, in order to determine the legal opinion and resolve the matter. They adduce that to date they have not received the respective resolution regarding the filed appeal, but to their surprise, they have been notified that the administrative eviction will proceed on the fourteenth of November in the morning hours, so that administrative action violates due process and the right of response. They mention that they sent a note on November 13, 2008, to Lic. Marjorie Calderón Campos, Legal Advisor of the Regional Directorate of the IDA, indicating what happened and attaching official communication JD-0468-2008. They adduce that said official told them, by telephone, that after making inquiries to the Legal Directorate, they were told that said appeal would not be addressed, because by means of agreement number 07 of the Extraordinary Session number 014-2007, held on June 27, 2007, the administrative channel was deemed exhausted (agotada la vía administrativa). They argue that notwithstanding the foregoing, the IDA had processed all other efforts made by them subsequent to that agreement, and it is not until this date that they wield the argument in question. They allege that even if it is true that subsection 5) of Article 7 of the referred Session, states "Exhaust the administrative channel so that the indicated individuals may resort to the judicial channel in claim of the rights they consider violated," said procedure was not carried out in compliance with what is established in Article 356, subsections 1), 2) and 3) of the Ley General de la Administración Pública, since no situation in that sense is recorded in the respective file. They say that this situation leaves them in total defenselessness, as they were awaiting the pertinent resolutions of the appeals and not to be abruptly evicted, with disrespect for due process. They allege that in the documents provided with the appeal, the IDA states, through its officials, full knowledge of the occupation they exercise in Farm (Granja) # 2 and even state that the respective titling procedures are being carried out. They argue that this action by officials of the Institution creates a legitimate expectation of a right, which is violated by reason of the Junta Directiva's Agreement, since it contravenes the principle of protection of legitimate expectations (principio de protección de la confianza legítima), that the relationship they maintained with the IDA was lawful and that their expectations as interested parties were reasonable, therefore the Junta Directiva should have maintained the legal situations, even if they are not entirely in conformity with the legal system, so as not to violate those principles. They mention that their permanence on the property has been in a quiet, public, and peaceful manner, and as follows from Article 45 of the Constitution, they would hold a right of possession over the property, so the IDA would be violating that right, as there is no resolution that denies it to them. The appellants request that the appeal be granted, with the legal consequences.

            2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition presented to its knowledge that turns out to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a previous, equal or similar rejected petition.

            Judge Vargas Benavides writes; and,

Considerando:

    I.- This Chamber has previously referred to the improper occupation of a public good, thus through judgment number 2006-15775 of 16:09 hours on October 31, 2006, ordered the following:

            "I.- The appellants allege that they have possessed for five years a property located in La Virgen de Sarapiquí, and that on the twelfth of last October they were notified of an eviction order within an administrative eviction (desahucio administrativo) proceeding in which they are not mentioned, promoted by the Instituto de Desarrollo Agrario, an institute that claims to be the owner of the farm in question.

 

            II.- The resolution that the appellants challenge, number 3225-06-D.M. of thirteen hours and fifty minutes on September 7, two thousand six, has it proven that the property in question is owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, a public law institution. That condition of public law of the property owner extends to its properties, which become by that fact "demanial goods (bienes demaniales)". In relation to the legal nature of those goods, this Tribunal in judgment number 2306-91, of fourteen hours and forty-five minutes on November 6, indicated:

 

            "The public domain is made up of goods that manifest, by express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest. They are called dominical goods, demanial goods, public goods or things, which do not belong individually to private persons and which are destined for a public use and subject to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their nature and vocation. Consequently, those goods belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express norm. Characteristic notes of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged or be subject to encumbrance in the terms of Civil Law, and administrative action substitutes for interdicts to recover the domain. As they are outside commerce, these goods cannot be the object of possession..."

 

            III.- It is clear then, that since the occupied property is a public good, it is not necessary to carry out any procedure prior to its eviction, because it must only be verified, at the site, that the invaded property is effectively property of the managing public institute or body. In that sense, the ordered eviction does not violate any fundamental right and is appropriate, as being a demanial good, any possession is precarious and therefore, it has no relevance how long the appellants have possessed, nor which possessory acts they have carried out; nor is it necessary to give any hearing to the possessors, because the precariousness of their situation means they can be evicted at any time, giving them only a reasonable time for voluntary eviction, which was respected by the respondent authorities and is amply fulfilled (note that the notification -according to the appellants' own statement- occurred on the twelfth of October of this year, they were given seventy-two hours for voluntary eviction, and the eviction was made effective on the twenty-fifth of last October). Because there are no reasons to vary the jurisprudence established by this Tribunal on this matter, the appropriate course is to reject the appeal. (In the same sense see judgment number 2000-08138 of sixteen hours and twenty-four minutes on September 12, two thousand).-"

In the case under study, and in accordance with the provisions of the partially transcribed judgment, when it is proven that the protected parties illegally hold a public domain good, as in the same brief initiating the appeal they indicate that through a private contract they acquired the property that is owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, a good that is of a public nature, and without it being alleged that there has been any act of land adjudication (adjudicación del terreno), therefore, with the decision to proceed with the eviction, no violation of their fundamental rights is observed. In relation to the foregoing, from the documents provided to the file and from what was stated in the brief initiating the appeal, it is observed that from the time the administrative eviction (desahucio administrativo) was granted by the Ministerio de Seguridad Pública in July 2007, which was endorsed by the Junta Directiva by agreement of October 2007, to date, the authorities of the respondent Institute have addressed and resolved the efforts raised by the protected parties, and indeed, in Extraordinary Session of the Junta Directiva of the respondent Institute, it had already been resolved to consider the administrative channel exhausted (agotada la vía administrativa), therefore in that aspect, the appellants may resort to the ordinary legality channel to determine there what corresponds in Law regarding the property. In addition to the foregoing, it is also recorded in the proceedings that the Junta Directiva of the IDA authorized the payment for the improvements that occurred on the lands. Based on the foregoing, the appeal is inappropriate in this aspect.

II.- Now then, the protected parties also allege that the Junta Directiva, by agreement number 45 of the Ordinary Session 023-2008 held on June 30, 2008, rejected the filed appeals and ordered the eviction of the property, without the appeal having been elevated before the improper superior (jerarca impropio). In the case, it is observed that the Junta Directiva is the maximum body of the respondent Institution, so it is important to highlight what this Chamber has established regarding the double instance (doble instancia) in the administrative channel. Thus, through resolution number 06136-2007 of seventeen hours and forty minutes on May 8, two thousand seven, it established the following:

            "IV.- Double instance in administrative venue. The criterion held by the Chamber is that the double instance in the sanctioning administrative procedure does not constitute a fundamental right protectable in this channel, so its inexistence does not represent a violation of the right of petition, nor of due process or the right of defense of the administered, considering that the final act leaves the jurisdictional channel open, where whoever feels affected by a decision from the Administration that they consider illegal can offer their arguments and the pertinent evidence with full breadth. This follows from the excerpt of the judgment of this Chamber No. 2006-08497 of fourteen hours and forty-seven minutes on June 14, two thousand six, cited below:

 

            ".... V.- ON THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 80 OF DECRETO EJECUTIVO No. 13606. On the other hand, the plaintiff accuses that the cited Article 80 contemplates the appeal (recurso de apelación), solely, for certain cases and not for all sanctions that may be imposed on the members by the Colegio de Contadores Públicos. On this particular point, it is necessary to indicate, first of all, that the right to the double instance arises from what is established by the Convención Americana sobre Derechos Humanos, in Article 8, paragraph 2°, subsection h), in conjunction with Article 14, point 5, of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Notwithstanding the foregoing, those provisions refer, solely and exclusively, to the fact that every person accused of a crime has the right to appeal the respective ruling before a superior judge or court. In this way, this Tribunal in reiterated jurisprudence, has established with crystalline clarity that the cited international instruments establish the double instance as a human right of every accused in a criminal case for a crime, to appeal the ruling before a superior, but not, indistinctly, in all matters. That is, while a fundamental right exists for a condemnatory verdict to be reviewed by a superior judge or tribunal, which must be different from the one that issued the verdict, this is a right exclusively applicable to criminal matters. Thus, on this point, this Tribunal in judgment No. 05347-05 of 09:03 hrs. on May 6, 2005, indicated:

 

            "(...) VI.- On the accused violation of the principle of the double instance, contrary to what has been said for double incrimination, it is a principle that has the character of a fundamental right only in criminal venue. Administratively, it is possible to sanction in a single instance, a typical case of an act emanating from the superior (jerarca), where only the motion for reconsideration (recurso de reposición) would be possible. The less grievous consequences of the administrative sanction compared to the criminal one and the possibility of discussing it later in the jurisdictional channel, justify the difference (...)." (The highlighting is not part of the original). (See in similar sense Votos No. 7637-05 of 11:34 hrs. on June 17, 2005, No. 4887-05 of 11:20 hrs. on April 29, 2005, and No. 1434-05 of 17:52 hrs. on February 14, 2005).

 

            According to the foregoing, in the administrative procedure, there is no obligation to establish a double instance in all cases in which a sanction is imposed on an administered. The foregoing, because, once the administrative channel is exhausted (agotada la vía administrativa), if the administered chooses to do so and in accordance with Voto No. 3669-06 of 15:00 hrs. on March 15, 2006, has expedited access to the administrative litigation channel (vía contenciosa administrativa), that is, to effective judicial protection. (...)".

            By virtue of the foregoing, the amparo is also inappropriate regarding this other aspect.

III.- Moreover, regarding the suspension of the effects of the act, given the lack of resolution of motions for reconsideration (recursos de reposición) and appeal (recursos de apelación), the appellants are not correct. It must be clarified that the Administration will have the power to execute by itself, without resorting to the Courts, effective, valid or voidable administrative acts, even against the will of the administered. Therefore, the filing of appeals does not have a suspensive effect, unless the official who issued it, their hierarchical superior, the authority deciding the appeal, or the jurisdictional body hearing the conflict, orders to suspend the execution when it could cause serious or difficult to repair damages, or when it involves ineffective or absolutely null acts (See Articles 146 and following of the Ley General de la Administración Pública). By virtue of the foregoing, given that no fundamental right of the appellants has been violated, the amparo is inappropriate and is declared as such.

Por tanto:

             The appeal is rejected on the merits.

 

                

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

 

 

            Adrián Vargas B.                                                   Gilbert Armijo S.

 

 

 

 

            Ernesto Jinesta L.                                                   Fernando Cruz C.

 

 

 

 

            Rosa María Abdelnour G.                                      Roxana Salazar C.

 

jc/oc.-

EXPEDIENTE N° 08-015453-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:47:17.

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