Res. 17213-2008 Sala Constitucional — Electrification of Cahuita National Park does not violate the right to a healthy environmentElectrificación del Parque Nacional Cahuita no vulnera el derecho al ambiente sano

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 17213 - 2008

Fecha de la Resolución: 18 de Noviembre del 2008 a las 15:53

Expediente: 08-013226-0007-CO

Redactado por: Roxana Salazar Cambronero

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

 

* 080132260007CO *

Exp: 08-013226-0007-CO

Res. Nº 2008-17213

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y cuarenta y tres minutos del dieciocho de noviembre del dos mil ocho.

    Recurso de amparo interpuesto por Andrés González Castro, cédula de identidad número 1-1282-0903, Ariana Gamboa Delgado, cédula de identidad número 3-0408-0792, Danny Castillo Machado, cédula de identidad 7-0181-0668, Diana Cordero Chacón, cédula de identidad 1-1336-0362, Oscar Gutiérrez Calvo cédula de identidad 7-0169-0198 y Yendry Godínez Cerdas, cédula de identidad 1-282-751 contra el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ambiente y Energía.

 

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala  a las catorce horas treinta y cuatro minutos del treinta de setiembre del dos mil ocho los accionantes presentan recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que los recurrentes son estudiantes de cuarto año de la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad de Costa Rica, Sede Regional de Limón, y el veintisiete de setiembre del dos mil ocho visitaron el Parque Nacional Cahuita y se dieron cuenta que las entidades recurridas están realizando actividades previas para la colocación de cableado eléctrico que habilite dicho servicio a la zona del parque nacional, para lo cual, ya se encuentran ubicados los postes de concreto. Consideran que la prestación de ese servicio implica la alteración de una parte muy importante de la densa vegetación existente en el parque. Además, para colocar los cables de aprovisionamiento de energía eléctrica tiene que limpiarse una franja de toda la vegetación a lo largo de todo el cableado, lo que traerá como consecuencia directa la corta de muchos árboles y la poda de otra gran cantidad de ellos. Dicen que existen otras opciones de menor impacto que podrían ser implementadas en el proyecto de electrificación del parque nacional. Podrían existir las siguientes consecuencias inmediatas: 1. Podría haber contaminación visual; 2. La tala innecesaria de gran cantidad de árboles que implica la alteración del habitat para las especies de flora y fauna que ahí residen, y que por disposición legal se encuentra protegida; 3. Afectación de distintas especies animales, como los osos perezosos, de dos y tres dedos, monos, mapaches, ardillas, iguanas y muchas otras especies de aves, que utilizarían el tendido eléctrico como medio de estadía y desplazamiento, lo que puede causar la muerte de algunos por choque eléctrico. Estiman que este proyecto violenta la política conservacionista del país y con ello, el artículo 50 de la Constitución Política. Señalan además, que en apariencia no existe un estudio de impacto ambiental, y que en la Ley del Servicio de Parques Nacionales se establece de manera expresa que es prohibido para los visitantes construir líneas de conducción eléctrica o telefónica, acueductos o carreteras, o vías férreas, norma que retrata el cuidado que se pone en el eventual perjuicio que supone la intervención como la que se está denunciando, por lo que un estudio de impacto ambiental es lo mínimo que debería requerirse a las entidades denunciadas, dada la importancia reconocida a los recursos naturales. Solicitan la suspensión de toda obra atinente a la situación denunciada hasta tanto no se tenga claro el tipo de daño que se pueda causar a los recursos del parque y las medidas sustitutivas que puedan emplearse en aras de la preservación de los recursos naturales. Solicitan se declare con lugar el recurso.

2.- Informa Edwin Cyrus Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (folio 20) que las actividades que se desarrollan en el proyecto del Parque Nacional Cahuita  se encuentra apegada al Reglamento de la Ley Forestal, números 25.721-MINAE artículos 2, 18 y 19. Aclara que la electrificación en el Parque Nacional  Cahuita no implica ni lejanamente  el cambio de uso de suelo, asimismo para la realización del proyecto se cuenta con la vialidad ambiental otorgada por Setena resolución RVLA-1158-2006. Explica que el tendido se ejecutará sobre la calle pública que actualmente brinda acceso a los funcionarios y visitantes que ingresan al Parque. Que efectivamente se ejecutará un proyecto para dotar de energía eléctrica  una zona del Parque Nacional Cahuita, los postes y el claveado se ubicarán a la orilla de la calle pública que actualmente existe en el Parque. Menciona que el tipo de cable que utilizará el ICE es especial, no se hará una línea de tres cableados sino  un solo cable recubierto que se pondrá  en ésta área precisamente por tratarse de un parque nacional. Dice que por ser una de las prioridades la protección de la flora y la fauna se han tomado las previsiones necesarias para lo cuál se obtuvo la vialidad ambiental mediante resolución RVLA-1158-2006 SETENA. Que la Ley 6084 Ley de Creación de los parques nacionales prohíbe a los visitantes construir líneas de construcción eléctrica o telefónica acueductos, vías férreas, no al Estado, en este caso representado por el Minae y el ICE, en este caso mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional de Electrificación de Parques Nacionales Cahuita y Barbilla, refrendado por la Contraloría General de la República. Solicita se declare sin lugar el recurso.

3.- Informa Erick Jiménez González, Apoderado General Judicial del Instituto Costarricense de Electricidad (folios 83 y 107) que el informe se rinde de conformidad con la información suministrada por los funcionarios de este Instituto. Referente a los alegatos del accionante explica que  el cableado eléctrico va por el costado de una calle de acceso interno, calle que utilizan más de setenta mil visitantes al año, además de muchos estudiantes y científicos que utilizan sus actividades de investigación en pro de la naturaleza, de manera que para la colocación de los postes no se debió limpiar una franja de vegetación a lo largo de todo el cableado. Explica que los trabajos para llevar electricidad a las oficinas, parte administrativa y de investigación que construye mediante  un convenio ICE-MINAET que cuenta con un expediente digital en la Secretaría Técnica Ambiental  número 0966-08, además de la viabilidad ambiental otorgada por la Setena, mediante resolución RVLA-1158-2006 SETENA. Reitera que la potería se ubica a la orilla de la calle existente, utilizando un  cable especial, que no ocupa una cableado a tres hilos como tradicionalmente se hace en centros poblados, sino que el cable es recubierto precisamente para que no exista peligro a ningún animal, además de llevar protectores para evitar en lo posible que los animales suban por el tendido, ello por tratarse de un parque nacional.

4.- Informa Pedro Pablo Quirós Cortés, Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense de Electricidad (folio 105)  que ratifica en todos sus extremos el informe presentado por el Lic. Jiménez González, ratificación que debe entenderse como una declaración del suscrito  bajo fe de juramento.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

             Redacta la Magistrada Salazar Cambronero;  y,

Considerando:

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a.       Que mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional de Electrificación de Parques Nacionales Cahuita y Barbilla, refrendado por la Contraloría General de la República, se dispuso la construcción del tramo  de línea de distribución requerida para brindar servicio eléctrico al Parque Nacional Cahuita y el Parque Nacional Barbilla, ubicados en la provincia de Limón. (folios 31 al 43);

b.      Que por resolución RVLA-1158-2006-SETENA se otorgó viabilidad ambiental al proyecto  de construcción de línea de distribución eléctrica en Cahuita por determinar que la misma cumple con los decretos ejecutivos 31849-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC y 32079-MINAE. (folio 28);

c.       Que los postes y el claveado se ubicarán a la orilla de la calle pública existente, utilizando un  cable especial recubierto, además de llevar protectores para evitar que los animales suban por el tendido. (informes folios 20 y 83).

II.- Objeto del recurso: Acusan los accionantes que el Instituto Costarricense de Electricidad  y el MINAE están realizando actividades previas para la colocación de cableado eléctrico que habilite dicho servicio en el Parque Nacional Cahuita. Estima que tales trabajos lesionan el artículo 50 de la Constitución Política, ya que, no se cuentan con los permisos ambientales respectivos; se procederá a la tala de árboles y con ello a la afectación de distintas especies de animales, como los osos perezosos, monos, mapaches, ardillas, iguanas y muchas otras especies de aves.

III.- Esta Sala en la sentencia  2007003923  de las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo del dos mil siete dispuso lo siguiente:

“A.- Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. Este Tribunal en la sentencia No. 2003-6322, desarrolló el tratamiento jurisprudencial que le ha dado la Sala a este derecho constitucional, el cual se resume para los efectos de estudio en esta acción y se complementa con otras consideraciones. De previo a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala ya había reconocido la protección y preservación del ambiente como un derecho humano (sentencia número 1993-2233), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución, con fundamento en las siguientes consideraciones:

"V.)- La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos de vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: "La vida humana es inviolable." Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana.

Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: "Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico". Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco" (sentencia número 1993-3705, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).

"XIII.- El término "bellezas naturales" era el empleado al momento de promulgarse la Constitución (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho: el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. [...]

[...]

De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ejemplo podemos citar las sentencias 1580-90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido" (sentencia número 1993-6240, de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres).

"La norma 69, la Carta Política habla de la "explotación racional de la tierra" lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han indicado" (sentencia número 1993-2233).

Del artículo 69 de la Carta Fundamental se deriva el principio de explotación racional de la tierra, y se impone, tanto a los particulares como al Estado en su acepción más amplia, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables:

"II. La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual: a las instituciones públicas, haciendo respetar la legislación vigente y promoviendo esfuerzos que prevengan o eliminen peligros para el medio ambiente; a los particulares, acatando aquellas disposiciones y colaborando en la defensa del suelo, el aire y el agua, pues todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la composición, contenido o calidad de éstos resultará también perjudicial para la calidad de vida del humano" (sentencia número 4480-94, de las diez horas cuarenta y un minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro).

En la jurisprudencia constitucional, el concepto de "ambiente" no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental", al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros:

"Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental" (sentencia número 5893-95, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco; y en igual sentido, las número 3705- 93, supra citada, y número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve).

IV.- Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal descarta la lesión al artículo 50  de la Constitución Política. Del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional de Electrificación de Parques Nacionales Cahuita y Barbilla, refrendado por la Contraloría General de la República, se dispuso la construcción del tramo  de línea de distribución requerida para brindar servicio eléctrico al Parque Nacional Cahuita y el Parque Nacional Barbilla, ubicados en la provincia de Limón. Que por resolución RVLA-1158- 2006-SETENA se otorgó viabilidad ambiental al proyecto  de construcción de línea de distribución eléctrica en Cahuita por determinar que la misma cumple con los decretos ejecutivos 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y 32079-MINAE. Que los postes y el claveado se ubicarán a la orilla de la calle pública existente, utilizando un  cable especial recubierto, además de llevar protectores para evitar que los animales suban por el tendido. De lo anterior, la Sala verifica que el proyecto para la construcción del ramo de línea de distribución para brindar servicio eléctrico al Parque Nacional Cahuita y el Parque Nacional Barbilla cuenta con la viabilidad ambiental, que  la instalación de los postes y de claveado se realizará sobre la calle pública por lo que no se alterará abruptamente la vegetación aunado a que se utilizará cableado y protectores  especiales para parques nacionales. En consecuencia, se rechaza la lesión al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

 

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

 

            

            Adrian Vargas B.                                                                  Gilbert Armijo S.

 

 

            

            Ernesto Jinesta L.                                                                 Fernando Cruz C.

 

 

            

            Rosa Maria Abdelnour G.                                                     Roxana Salazar C.

EXPEDIENTE N° 08-013226-0007-CO

 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 02-04-2026 06:51:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and forty-three minutes on the eighteenth of November of two thousand eight.

    Amparo action (Recurso de amparo) filed by Andrés González Castro, identity card number 1-1282-0903, Ariana Gamboa Delgado, identity card number 3-0408-0792, Danny Castillo Machado, identity card number 7-0181-0668, Diana Cordero Chacón, identity card number 1-1336-0362, Oscar Gutiérrez Calvo identity card number 7-0169-0198 and Yendry Godínez Cerdas, identity card number 1-282-751 against the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad) and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía).


Whereas (Resultando):

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at fourteen hours thirty-four minutes on the thirtieth of September of two thousand eight, the claimants file an amparo action against the Costa Rican Electricity Institute and the Ministry of Environment and Energy. They state that the petitioners are fourth-year students in the Ecological Tourism program at the University of Costa Rica, Limón Regional Campus, and on the twenty-seventh of September of two thousand eight they visited Cahuita National Park and realized that the respondent entities are carrying out preliminary activities for the installation of electrical wiring to enable said service in the area of the national park, for which concrete posts are already located. They consider that the provision of this service entails the alteration of a very important part of the dense vegetation existing in the park. Furthermore, to install the electricity supply cables, a strip of all vegetation must be cleared along the entire length of the wiring, which will directly result in the felling of many trees and the pruning of a great many others. They say that there are other lower-impact options that could be implemented in the national park electrification project. The following immediate consequences could exist: 1. There could be visual pollution; 2. The unnecessary felling of a large number of trees that entails the alteration of the habitat for the flora and fauna species that reside there, and which is protected by legal provision; 3. Impacts on different animal species, such as two-toed and three-toed sloths, monkeys, raccoons, squirrels, iguanas and many other bird species, which would use the power lines as a means of resting and moving, which may cause the death of some by electric shock. They believe that this project violates the country's conservationist policy and, with it, Article 50 of the Political Constitution. They also point out that there apparently is no environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), and that the National Parks Service Law expressly establishes that it is prohibited for visitors to build electric or telephone transmission lines, aqueducts or roads, or railways, a rule that portrays the care taken regarding the potential damage that intervention such as that being reported entails, so an environmental impact assessment is the minimum that should be required of the respondent entities, given the recognized importance of natural resources. They request the suspension of all work pertaining to the reported situation until the type of damage that may be caused to the park's resources is clear and the alternative measures that may be used in the interest of the preservation of natural resources. They request that the action be granted.

2.- Edwin Cyrus Cyrus, Director of the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación Amistad Caribe) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy reports (folio 20) that the activities being carried out in the Cahuita National Park project are in compliance with the Regulations to the Forestry Law (Reglamento de la Ley Forestal), numbers 25.721-MINAE articles 2, 18 and 19. He clarifies that the electrification in Cahuita National Park does not imply, even remotely, a land-use change (cambio de uso del suelo), and likewise, for the execution of the project, there is the environmental viability (viabilidad ambiental) granted by SETENA resolution RVLA-1158-2006. He explains that the line will be run along the public road that currently provides access to the officials and visitors entering the Park. That a project to provide electrical power to an area of Cahuita National Park will indeed be carried out; the posts and wiring will be located at the edge of the public road currently existing in the Park. He mentions that the type of cable that ICE will use is special; a three-wire line will not be run but rather a single coated cable that will be installed in this area precisely because it is a national park. He states that because the protection of flora and fauna is one of the priorities, the necessary precautions have been taken, for which environmental viability was obtained through resolution RVLA-1158-2006 SETENA. That Law 6084, the Law Creating National Parks, prohibits visitors from building electric or telephone lines, aqueducts, railways, not the State, represented in this case by MINAE and ICE, in this case through the Inter-Institutional Cooperation Agreement for the Electrification of Cahuita and Barbilla National Parks (Convenio de Cooperación Interinstitucional de Electrificación de Parques Nacionales Cahuita y Barbilla), endorsed by the Comptroller General of the Republic. He requests that the action be dismissed.

3.- Erick Jiménez González, General Judicial Attorney-in-Fact of the Costa Rican Electricity Institute reports (folios 83 and 107) that the report is rendered in accordance with the information provided by officials of this Institute. Regarding the claimant's allegations, he explains that the electrical wiring runs along the side of an internal access road, a road used by more than seventy thousand visitors per year, in addition to many students and scientists who use it for their research activities for the benefit of nature, so that for the placement of the posts it was not necessary to clear a strip of vegetation along the entire length of the wiring. He explains that the work to bring electricity to the offices, administrative and research part that is built through an ICE-MINAET agreement has a digital file in the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental) number 0966-08, in addition to the environmental viability granted by SETENA, through resolution RVLA-1158-2006 SETENA. He reiterates that the utility poles are located at the edge of the existing road, using a special cable, which does not require a three-wire line as is traditionally done in population centers, but rather the cable is coated precisely so that there is no danger to any animal, in addition to having protectors to prevent animals from climbing up the line as much as possible, because it is a national park.

4.- Pedro Pablo Quirós Cortés, General Attorney-in-Fact without limit of sum of the Costa Rican Electricity Institute reports (folio 105) that he ratifies in all its aspects the report presented by Lic. Jiménez González, a ratification that must be understood as a declaration by the undersigned under oath.

5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

             Drafted by Judge Salazar Cambronero; and,

Considering (Considerando):

I.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a.       That through the Inter-Institutional Cooperation Agreement for the Electrification of Cahuita and Barbilla National Parks, endorsed by the Comptroller General of the Republic, the construction of the section of distribution line required to provide electrical service to Cahuita National Park and Barbilla National Park, located in the province of Limón, was ordered. (folios 31 to 43);

b.      That by resolution RVLA-1158-2006-SETENA, environmental viability was granted to the project to construct an electrical distribution line in Cahuita because it was determined that it complies with executive decrees 31849-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC and 32079-MINAE. (folio 28);

c.       That the posts and wiring will be located at the edge of the existing public road, using a special coated cable, in addition to having protectors to prevent animals from climbing up the line. (reports folios 20 and 83).

II.- Object of the action: The claimants allege that the Costa Rican Electricity Institute and MINAE are carrying out preliminary activities for the installation of electrical wiring to enable said service in Cahuita National Park. They believe that such work violates Article 50 of the Political Constitution, since the respective environmental permits do not exist; they will proceed to fell trees and thereby affect different animal species, such as sloths, monkeys, raccoons, squirrels, iguanas and many other bird species.

III.- This Chamber, in judgment 2007003923 of fifteen hours and two minutes on the twenty-first of March of two thousand seven, ordered the following:

“A.- On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. This Court, in judgment No. 2003-6322, developed the jurisprudential treatment that the Chamber has given to this constitutional right, which is summarized for the purposes of study in this action and is complemented with other considerations. Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the Chamber's jurisprudence had already recognized the protection and preservation of the environment as a human right (judgment number 1993-2233), by deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the 'rational exploitation of the land') and 89 (protection of natural beauties), all of the Constitution, based on the following considerations:

"V.)- Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains and supports us, not only for physical food, but also as psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in a contamination-free environment, which is the basis of a just and productive society. It is thus that Article 21 of the Political Constitution states: 'Human life is inviolable.' It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental and social well-being undeniably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and to the State's obligation to protect human life.

Likewise, from a psychological and intellectual point of view, one's state of mind also depends on nature, so that when the landscape becomes a useful space for rest and free time, its preservation and conservation are an obligation. This last aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally states: 'Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress.' Protecting nature from an aesthetic point of view is not commercializing it or transforming it into merchandise; it is educating the citizen to learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value" (judgment number 1993-3705, of fifteen hours on the thirtieth of July of nineteen ninety-three).

"XIII.- The term 'natural beauties' was the one used at the time the Constitution was enacted (November 7, 1949), which today has developed as a specialty of law: environmental law, which recognizes the need to preserve the environment not only as a cultural purpose, but as a vital need of every human being. In this sense, the concept of the right to a healthy environment surpasses the recreational or cultural interests that are also important aspects of life in society, but also constitutes a capital requirement for life itself. [...]

[...]

Thus, it is clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health, derived from the right to life, and through it, of a right to a healthy environment. By way of example, we can cite judgments 1580-90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as a constitutionally protected individual right" (judgment number 1993-6240, of fourteen hours on the twenty-sixth of November of nineteen ninety-three).

"Norm 69 of the Political Charter speaks of the 'rational exploitation of the land,' which constitutes a fundamental principle. Consequently, that protection and preservation, as well as the rational exploitation of the resources that have been indicated, are canons of the constitutional order" (judgment number 1993-2233).

From Article 69 of the Fundamental Charter derives the principle of rational exploitation of the land, and the obligation to protect and preserve renewable natural resources is imposed on both individuals and the State in its broadest sense:

"II. The protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally: to public institutions, by enforcing current legislation and promoting efforts that prevent or eliminate dangers to the environment; to individuals, by complying with those provisions and collaborating in the defense of the soil, air and water, since any harmful change resulting from a human act in the composition, content or quality of these will also be detrimental to the quality of human life" (judgment number 4480-94, of ten hours forty-one minutes on the nineteenth of August of nineteen ninety-four).

In constitutional jurisprudence, the concept of 'environment' has not been limited to the primary elements of nature, be they soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed without which basic demands -such as food, energy, housing, sanitation and recreation- would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more integral way, establishing a 'macro-environmental' concept, by also comprising aspects related to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation and others:

"Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, since this is only part of the environment. The policy of nature protection also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts out and thus manage to unify the legal set we call Environmental Law" (judgment number 5893-95, of nine hours forty-eight minutes on the twenty-seventh of October of nineteen ninety-five; and in the same sense, numbers 3705-93, cited above, and number 2988-99, of eleven hours fifty-seven minutes on the twenty-third of April of nineteen ninety-nine).

IV.- After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses the violation of Article 50 of the Political Constitution. From the report rendered by the representative of the respondent authority -which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that through the Inter-Institutional Cooperation Agreement for the Electrification of Cahuita and Barbilla National Parks, endorsed by the Comptroller General of the Republic, the construction of the section of distribution line required to provide electrical service to Cahuita National Park and Barbilla National Park, located in the province of Limón, was ordered. That by resolution RVLA-1158-2006-SETENA, environmental viability was granted to the project to construct an electrical distribution line in Cahuita because it was determined that it complies with executive decrees 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and 32079-MINAE. That the posts and wiring will be located at the edge of the existing public road, using a special coated cable, in addition to having protectors to prevent animals from climbing up the line. From the foregoing, the Chamber verifies that the project for the construction of the section of distribution line to provide electrical service to Cahuita National Park and Barbilla National Park has environmental viability, that the installation of the posts and wiring will be carried out on the public road, so the vegetation will not be abruptly altered, coupled with the fact that special wiring and protectors for national parks will be used. Consequently, the violation of the healthy and ecologically balanced environment is rejected. For the reasons stated, it is appropriate to dismiss the action.


Therefore (Por tanto):

The action is dismissed.


Ana Virginia Calzada M.

Acting Presiding Judge


Adrian Vargas B. Gilbert Armijo S.


Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.


Rosa Maria Abdelnour G. Roxana Salazar C.

EXPEDIENTE N° 08-013226-0007-CO

Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 02-04-2026 06:51:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República